I Publicado en “Política Obrera” número 320
La situación política se caracteriza por una acentuación de la tendencia a la disgregación de la dictadura militar. Su evidencia es la descomposición del frente unido de los explotadores que sostuvo al golpe militar en 1976. Esto significa que el actual régimen político ha entrado en contradicción con una de sus condiciones principales de existencia, que es, precisamente, el frente unido de la patronal. De esta manera, para todo un sector de los explotadores la permanencia de la dictadura comienza a dar pura pérdida, esto ya que difícilmente pueda seguir bloqueando un reanima-miento de las masas, mientras que, de otro lado, no logra parar la ola de quiebra ni se revela capaz de adoptar un verdadero plan de rescate económico de la burguesía.
El proceso de disgregación de la dictadura se expresa en otro hecho muy importante, en el desplazamiento que ha habido en la base de la dictadura de Videla a Viola. Bajo Videla, la manija la tenía un sector del capital financiero, que, en cierto momento, llegó a entrar en choque con la burguesía nacional. Bajo Viola, el centro se ha desplazado hacia el gran capital industrial y agropecuario, que, por el momento, no ha entrado en un choque abierto con los agentes directos del imperialismo. Pero este choque está planteado, dada la enormidad de la crisis, en relación a cómo va a ser distribuida entre los diferentes sectores capitalistas.
Pero, un gobierno que a su enfrentamiento estructural contra las masas une la perspectiva de choques más o menos serios con el capital financiero internacional, es un gobierno tendencialmente débil. Este hecho se revela ya en la incoherencia de sus planes económicos y en la lentitud para decidirlos. El plan Sigaut es insuficiente para reactivar la economía, pero es suficiente por demás para disparar una fenomenal carestía. Se trata de un plan de caos, pues descompone aún más el proceso de acumulación capitalista y agrava hasta el paroxismo las condiciones de las masas. Este plan subvierte las condiciones impuestas por Martínez de Hoz a los trabajadores, pues destruye, con la fabulosa carestía que desata, los métodos de reajuste salarial retrasado implantados en los últimos cinco años.
La crisis económica ha acentuado, y no debilitado, la dependencia de la burguesía nacional respecto del imperialismo. El endeudamiento externo y la potencial cesación de pagos colocan a la burguesía argentina como un deudor en quiebra frente a los acreedores extranjeros. Por eso los primeros pasos de Viola fueron renegociar el plan económico con el imperialismo yanqui, viajando a los Estados Unidos. El resultado se aprecia en el plan Sigaut, que deja en manos de la gran banca la refinanciación pedida por la burguesía industrial y agraria, y que evita lanzar un amplio plan de reactivación.
El problema político que plantea la disgregación del frente burgués que sostiene a la dictadura, es que ésta no puede gobernar como lo venía haciendo, es decir, sobre la base del inmovilismo y la represión. Las designaciones de Viola plantean una tendencia hacia la "institucionalización”, que sirva para repartir las responsabilidades del mantenimiento de la dictadura y que ofrezca una mayor utilización del aparato del Estado a la burguesía nacional.
La “institucionalización”, sin embargo, debe superar dos escollos: la tendencia de la crisis económica hacia el agravamiento y la oposición cerrada de la casta militar. La primera obstaculiza la posibilidad de una conciliación de intereses entre los diferentes sectores de explotadores y, en particular, entre el imperialismo y la burguesía nativa. Pero la “institucionalización” sólo puede marchar si existe una convergencia entre ambos. La casta militar, dado su fabuloso compromiso con las decenas de miles de crímenes, no acepta otra garantía de su impunidad que un gobierno digitado por ella misma.
Es esta contradicción la que debe hacer estallar, en nuevas condiciones, el antagonismo entre el ejecutivo y la Junta Militar. El primero está obligado a tomar en cuenta las presiones de la burguesía y la que va emergiendo de las propias masas, mientras que la Junta expresa el espíritu de casta de los militares. Detrás del inmovilismo de la Junta están también los Alsogaray y Martínez de Hoz, que esperan de la presente crisis la oportunidad para retomar el ejercicio directo del poder.
La debilidad del gobierno, la enormidad de la crisis económica y la crisis del régimen Junta-ejecutivo, plantean la inminencia de una crisis política general. Desde el punto de vista de la dictadura, esta crisis se ha de mover entre estas dos alternativas: reversión hacia un régimen superduro o formación de un gobierno bonapartista. Este último significa que Viola u otro caudillo militar toman a su cargo el disciplinamiento de las tendencias opuestas en las fuerzas armadas y en la burguesía, para lo que puede llegar a apelar a una cierta demagogia de masas o “democratizante”. Un gobierno bonapartista buscaría salir de la crisis económica con medidas de excepción. De esta manera, la vía para una salida de "institucionalización” o más directamente "democratizante” no puede hacerse efectiva de inmediato, pues tiene que pasar por esta crisis política.
Los partidos políticos burgueses no se han transformado, en la presente crisis, en el canal principal de la burguesía, como ocurrió con la Hora del Pueblo en 1970. Su actuación sirvió como un elemento auxiliar de la agitación que la burguesía promovió para alterar el plan de Martínez de Hoz. Esta mediocridad de los partidos burgueses es la consecuencia de que el peronismo no representa un canal profundo de ilusión de las masas y de que el reflujo en que éstas aún se encuentran, lleva a la burguesía a evitar los "remedios heroicos” de las elecciones, en favor de una convergencia con la casta militar.
Existen evidencias de que el caos económico y el fracaso político de la dictadura ya están provocando un nuevo reanimamiento de masas, pero no limitado a ciertos sectores del proletariado. La movilización de los familiares de los desaparecidos y su transformación en un centro de la política nacional y en un punto de convergencia para diferentes sectores de trabajadores, es la expresión más visible de esta recomposición. Pero en el movimiento sindical la multiplicación de luchas victoriosas es también un síntoma claro.
En relación a esta actuación de conjunto, la burocracia sindical se ha revelado como uno de los sectores más conservadores, incluso por referencia a la propia burguesía (que realizó algunos paros). La propia CGT de Miguel responde a esta caracterización. Se ha estructurado, no como un recurso defensivo contra la dictadura (en tal caso se hubiera centrado en la lucha contra la ley de asociaciones profesionales y contra el "Martinazo”) sino como un auxiliar propagandístico del frente burgués anti-Martínez de Hoz y de Isabel Perón. No ha organizado un solo sector del movimiento obrero y en el gran conflicto de La Cantábrica mostró que está jugada en el sentido contrario. La burocracia sindical no es una víctima sino una beneficiaría de la desorganización de la clase: sin esto no estaría usufructuando de los privilegios de que sigue gozando. Las “normalizaciones” de las regionales son, en su mayoría, pura cáscara. Lo que esta planteado es la organización real de la clase obrera, desde la fábrica.
La lucha contra el plan Sigaut y la lucha por los reclamos democráticos está planteada ahora como el centro de las preocupaciones de los trabajadores. Esto significa que las reivindicaciones motoras son: el mínimo de 200 millones, y el aumento de 80 millones; la oposición a todo despido, por jornadas reducidas sin mengua del salario; por un seguro
para todos los desocupados; por la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos. Estas reivindicaciones deben llevar a las dos grandes consignas del momento: delegados en todas las secciones y fábricas, masificación de los comités de familiares y pro-familiares en todo el país. En la lucha por delegados es necesario plantear la reivindicación de la plena garantía para su elección y funcionamiento. Es exactamente el momento de que, por el fracaso de la dictadura y la incorporación de otras clases al enfrentamiento con el gobierno, se presenta la mejor oportunidad para un impulso gigantesco de organización de la clase obrera.
Un lugar especial lo ocupa el movimiento estudiantil, que no puede sino reflejar la situación cambiante en la burguesía y en la pequeña burguesía. Los síntomas de reanimamiento y confianza son, en el estudiantado, muy claros. Se abre, por esto, una etapa de organización masiva de los centros, no como organizaciones electoralmente representativas (por el momento), sino como organizaciones de combate. La fracción stalinista de la dirección de la FUA es el centro de oposición a esta lucha, esto porque sabe que no va a ganar sino que va a perder en influencia en una situación de organización amplia y de lucha del movimiento estudiantil. Para los stalinistas se trata de no perder el monopolio del “diálogo” con la dictadura, no permitiendo al movimiento estudiantil un progreso propio. Hay que combatir a este sector y concentrarse en comités procentro que reúnan el más amplio frente único. Así se recuperará la FUA.
La crisis de la dictadura y la perspectiva de una lucha generalizada de los trabajadores vuelven a darle un carácter acuciante a las consignas relacionadas con una movilización de conjunto contra la dictadura militar. Se vuelve a plantear la pertinencia de la consigna de Asamblea Constituyente democrática y soberana por dos motivos: porque le disputa a los partidos “democratizantes” su planteo de convergencia con la dictadura, en función de un "diálogo” o "institucionalización” -lo que tiene enorme importancia en la lucha por orientar a la clase media e importantes sectores obreros; y porque orienta en bloque al propio proletariado a concentrar su lucha por reconquistar sus derechos políticos y de organización. La ventaja de la consigna de Constituyente democrática y soberana sobre otras consignas que también puedan referirse a una lucha para echar a la dictadura, estriba en que permite plantear, aún en el terreno democrático, la cuestión de destruir los fundamentos sociales y económicos de la constante militarización del país, uniendo así la agitación democrática con la relativa a la revolución social. Esto es esencial en la presente etapa de desarrollo político de la clase obrera.
II Publicado en “Política Obrera” Numero 321
La crisis política ha proseguido su trabajo en profundidad en todo el mes de mayo. Por primera vez, las oficinas de rumores, que se alojan en instituciones poderosas del Estado, plantearon la inminencia de una caída de Viola. Desde que este fuera nombrado, hace 8 meses, por la Junta Militar, en estas páginas se anticipó, explicó y se sacaron las conclusiones del proceso de disgregación de la dictadura militar.
La situación presente comporta varios factores.
Se puede decir que, al cabo de dos meses, se ha quebrado el frente de sustentación del gobierno de Viola (el que, a su vez, era una recomposición de la ruptura del frente que había sostenido a Videla hasta 1980). Esta quiebra se revela en el completo agotamiento de las medidas económicas de Sigaut. No sólo las tendencias de la crisis económica en lugar de detenerse se han agravado; existe, además, una persistente fuga de capitales, bajo tolerancia oficial, que demuestra que el nuevo plan económico no tiene el aval, ni es un factor de unificación de la burguesía. El dólar ya ha disparado a los 4.000 pesos, y se verifican salidas de divisas que llegan a los 300 millones de dólares diarios.
La quiebra del frente burgués nucleado en torno de Viola tiene su expresión en la inminente crisis de gabinete. Oxenford y Aguado, de un lado, estarían enfrentados a Sigaut y García Martínez (éste desató toda una crisis declarando a "La Nación” que el país está al borde del colapso, lo que Economía se cuidó de no desmentir); el centro de la discrepancia sería que los primeros querrían implantar alguna suerte de control de cambios para : 1) evitar que los pesos se transformen en dólares; 2) que, de esta manera, una mayor inyección de créditos haga bajar las tasas de interés, y no como ahora, que sirven para financiar la salida de divisas, la que provoca la escasez de dinero en el mercado interno.
A esto se le ha dado en llamar "romper por completo con el esquema de Martínez de Hoz”. No es, ciertamente, así, en tanto los bancos y financieras gocen de su actual libertad; a partir de esto seguirán las huidas clandestinas de capital y se formará un mercado negro.
Según algunos comentaristas, esta crisis de gabinete se resolvería en contra de Sigaut. Parece lo más probable, desde que Frondizi ha declarado que hay que seguir apoyando a Viola. Toda la fragilidad del nuevo gabinete se vería retratada en el hecho de que tendría por eje precisamente, al desarrollismo.
Los Martínez de Hoz y Alsogaray siguen siendo los ejes de los ataques al gobierno de Viola, actuando desde la trinchera de la gran banca y el imperialismo. Los cambios económicos, desde 1976, les han dado un enorme poder desestabilizador, pues controlan los principales medios financieros y sectores industriales y latifundistas decisivos. Tienen aliados poderosos en la Junta. Están estimulando el caos y dejan que se agoten las experiencias contrarias, puesto que pretenden volver con todo, a caballo de un enérgico endurecimiento militar. Juegan con fuego, y esto demuestra la hondura de la división interburguesa.
El estrechamiento de la base social de Viola se entrelaza con una tendencia a chocar con el propio imperialismo. Pareciera que la “luna de miel” que le prometiera Reagan a Viola, en marzo pasado, se acabó. El reajuste de la política económica introducido por Viola y la perspectiva de que se establecerían restricciones al gran capital, en especial bancario, sería, de por sí, una causa poderosa para tal deterioro.
Pero a esto se le agregan problemas fundamentales de política exterior. Ya se sabe que ésta es una continuación de la política interior. Como Viola se ha distanciado del equipo de Martínez de
Hoz, no podía continuar con una política exterior ligada a los aliados internacionales de aquél. Cuando Videla viajó a Brasil, en 1980, propuso, contra viento y marea, un pacto anticomunista en el Cono Sur. Ahora Viola se reúne con Figueiredo y se definen contra todo tratado de este carácter. Viola está buscando una alianza con el ala militar pro apertura de Brasil. Para "La Prensa" Viola y Figueiredo firmaron una declaración tercermundista (!).
Pero en la entrevista con Reagan, Viola había prometido una integración militar estratégica con Estados Unidos.
Lo menos que se puede decir es que esto parece congelado. Reagan prometió terminar con la demagogia de los derechos humanos, y esto tampoco se dio, pues el senado yanqui ha vuelto a condicionar la ayuda militar norteamericana a la publicación de la lista de los desaparecidos. Esta lista es un pretexto para desestabilizar a Viola.
Las variantes diplomáticas introducidas por Viola (y el desarrollista Camillión) se superponen a la diplomacia realmente imperante, que es la de los Estados Mayores Militares. Esta situación se añade, entonces, como otro factor de crisis, entre la Junta y el presidente.
La quiebra en el frente burgués de apoyo a Viola, por un lado, el nuevo frente de choques abierto con el imperialismo, son los dos grandes factores explosivos que se han añadido en los últimos 40 días a la crisis de la dictadura. (La crisis con la Corte se inscribe en esta situación).
Los partidos políticos burgueses han comenzado a desesperarse, ya que ven que la crisis y una caída de Viola pueden liquidar las posibilidades de una “institucionalización” conversada con la dictadura. En lugar de abandonar el barco y presentarse con una perspectiva propia ante las masas (forma de reconstruir una autoridad alternativa a la de las fuerzas armadas en crisis) se inclinan al apoyo a muerte a Viola, en especial el desarrollismo y la mayoría del peronismo. Pretenden así fortalecer a Viola contra la fracción anti-institucionalista, cuando lo que hacen, en realidad, es hacerse arrastrar a la crisis de conjunto de la dictadura, en mayor medida que como lo han venido haciendo desde el 76. Así trabaja la historia, como el tope socavando inexorablemente todas las bases del presente régimen capitalista. (N° sólo de la dictadura).
La agudización de la crisis plantea 3 los explotados y a los revolucionarios sus propias responsabilidades. Estas son- ampliar la agitación para terminar con la dictadura, poniendo como centro d® este movimiento las reivindicaciones democráticas y la convocatoria de un3 Asamblea Constituyente soberana y democrática.
27 de mayo de 1981
III Publicado en “Política Obrera” 322
"El que a hierro mata, a hierro muere . En 1976 la burguesía argentina y el imperialismo le “fabricaron” al gobierno peronista una salvaje crisis de balance de pagos, una colosal inflación y una virtual huelga impositiva. En las tertulias de los oligarcas se festejaba la proeza de quienes habían ostensiblemente retenido los aportes previsionales, especulado al alza del dólar y remarcado inconsiderada-mente los precios. El golpe militar se montó sobre la subversión de la burguesía. Pero los patrones escupieron para arriba, porque de aquella desorganización económica nace la bancarrota actual; de aquel sometimiento a los acreedores extranjeros, la actual deuda externa; de aquella indexación de los beneficios y congelamiento de salarios, la actual crisis de sobreproducción. De aquel sabotaje a las finanzas públicas, el monstruoso endeudamiento actual del Estado. Los militares que se sentaron en el poder a favor del caos y la crisis económica, se reencuentran con la crisis económica como artífice de una crisis de poder. La camarilla militar se alzó con el Estado gracias al auxilio de una “huelga financiera", otra “huelga financiera”, pone a la orden del día la descomposición del régimen militar. Las leyes de la historia son más agudas que el filo de las bavonetas.
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La burguesía argentina está en bancarrota. Esta bancarrota es un producto del propio capitalismo. La política de Martínez de Hoz no inventó la crisis, es la crisis la que explica el plan de Martínez de Hoz, cuya finalidad principal era descargar la crisis concentradamente sobre los trabajadores. La especulación es el propio modo de existencia del capital; no se ve cómo podría ser de otra manera cuando la economía no funciona sobre la base de un plan central. La política de
Martínez de Hoz exacerbó esa tendencia propia del capital, esto porque pretendió acelerar el proceso de monopolización de la producción en beneficio de la gran burguesía. Los Greco, Oddone, Sasetru, Garovaglio Zorraquín, Tornquist, etc., se lanzaron de lleno a centralizar el dinero de los depositantes para comprar empresas en crisis y montar enormes conglomerados. La búsqueda de la tasa mayor de beneficio los llevó a endeudarse a 30 días e invertir esas deudas en activos fijos. La propia especulación que propiciaron con la finalidad de aplastar a los grupos más débiles los hizo sus víctimas, ya que en ningún momento se logró modificar la situación de que el 80 por ciento de los depósitos bancarios dejara de estar a 30 días. El rápido estallido de la crisis refleja la dependencia y la insolvencia estructurales de la industria argentina: un débil mercado interno y falta de mercados exteriores propios, falta de capital propio genuino (el de la mayor parte de la industria está contablemente inflado) y una dependencia fantástica de los créditos. El famoso "cepo cambiario” (sobrevaluación del peso), chivo emisario de la crisis, es una consecuencia de la crisis, no la explica. Hasta fines de 1978 no hubo cepo sino pico (subvaluación) y la producción industrial cayó estrepitosamente en 1978. La insolvencia de los bancos y truts que luego se fueron a pique, estaba ya planteada antes de la tablita cambiarla. Para evitar la crisis bancaria Martínez de Hoz tuvo que fomentar la constante expansión del crédito (interno y externo) y la emisión de moneda; la tablita se “inventó” para contrarrestar la inflación así creada, mediante un déficit del comercio exterior (salen dólares, se absorbe circulante). Como quiera que los bancos se hundieran, la inflación estalló, ya que el Banco Central emitía para pagar los depósitos. Se acentuó el cepo cambiario, pero esto ya no explica nada, porque la crisis era un hecho. Como lo prueba lo hecho por Sigaut, la bancarrota era insoslayable cualquiera fuera la política cambiaría. A mechados del 80, el "Economic Survey” sentenció muy justamente: “si se devalúa quiebra medio país, si no se devalúa quiebra la otra mitad”.
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La presente catástrofe económica es responsabilidad principal del actual gobierno, ya que podía (teóricamente) haber tomado medidas que frenaran la crisis. Estas medidas eran, fundamentalmente, la nacionalización de la banca, el control de cambios, el congelamiento de los precios y aumento de los salarios. Se hubiera parado así la evasión de divisas, la inflación y la carestía. El Estado hubiera procedido a reorganizar a la industria, mediante una investigación de sus operaciones comerciales. Con este solo control, hubiera cesado la evasión impositiva. La reactivación de la demanda hubiera parado la desocupación. Viola-Sigaut han elegido la línea de la intocabilidad de la banca, tolerando, con esto, el mayor negociado de toda la historia. Han reventado el mercado de consumo, al mantener la libertad de precios; los salarios industriales cayeron un 20 por ciento entre abril y julio; la desocupación pasó de quinientos mil a un millón de personas. Se ha dado libre curso a la depresión industrial. Al mismo tiempo se ha establecido un subsidio sin precedentes a la renovación de créditos con el exterior, mediante la garantía del tipo de cambio de 3.300 pesos por dólar durante 18 meses. Se ha emitido un redescuento para socorrer industrias por el canal de los bancos, dinero que fue usado para especular con la devaluación del peso. Bajo la presión de la crisis, el actual gobierno militar supera por lejos al anterior en la postración de la dictadura ante el capital financiero. La afirmación de que lo que ocurre es a causa de la “herencia”, es una miserable impostura de los partidos burgueses, para quienes el enemigo es siempre aquél que no tienen enfrente.
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De la crisis se ha pasado a la depresión, es decir, a una caída vertical de la producción y del empleo. La desvalorización del peso y los subsidios del gobierno han relanzado una feroz carestía. La cesación de pagos frente al exterior es inevitable. El déficit del Tesoro llega a valores que superan el record histórico. Sesenta bancos están en liquidación y otros 120 están en la fila; una gran parte de la burguesía industrial y agraria se ha declarado en quiebra. Las cifras de quebrantos también son históricas. El gran capital imperialista comienza a hacer ofertas para llevarse a precios de remate bancos o industrias. La perspectiva general es de acentuación de la bancarrota económica.
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La crisis y la bancarrota han quebrado la unidad de la burguesía y la unidad política de la dictadura. El nuevo gobierno no ha encontrado una fórmula de compromiso entre la burguesía industrial y agraria en crisis y el gran capital bancario, nacional e internacional. La oposición entre la Unión Industrial y Sigaut, respecto al bono de refinanciación industrial, traduce la violenta oposición entre esos intereses. La fragmentación del frente burgués se acentúa día a día y lo mismo ocurre con el frente militar. Los oficiales retirados, la Marina y siete jefes de la fuerza aérea, han protagonizado incidentes que revelan la división militar. Está planteada una crisis política mayor que, en las condiciones de la dictadura, significa una crisis de régimen político, una crisis de poder. Lo que está planteado para los explotadores es una alteración de rumbo de la dictadura, incluso su suplantación. La base del gobierno de Viola se ha reducido en extremo y no cuenta con el apoyo de ningún sector que no esté conspirando por otro lado; la división del gabinete es completa. Está planteada la posibilidad del golpe militar.
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El régimen militar ha perdido la iniciativa política, pero conserva el poder. Esa iniciativa tiende a ser tomada por los elementos descontentos de la burguesía y por los políticos democratizantes. Pero este bloque no tiene el poder, ni lucha por él. La iniciativa que la situación les ha puesto en las manos les quema como brasa ardiente. La multisectorial convocada por la UCR se configura como una línea auxiliar de Viola contra un golpe de derecha, y no como una alternativa autónoma. Los partidos burgueses han vuelto a sacar sus cabezas de las cuevas, lo que era previsible ante la emergencia de la crisis, pero sus planteos están por debajo de los ya bien cobardes de 1969-73. Procuran un puente con la dictadura, quiere decir que le ceden a ésta la iniciativa para salir de la crisis. Depurado de su palabrerío, la función de la multi es encadenar al proletariado detrás del espejismo democrático. Como variante final pueden actuar como sustitutos si se produce un desplome de la dictadura. La agudeza de la presente crisis económica es lo que hace improbable de que prevalezca una línea de “institucionalización”. A nivel de los mandos militares, las posiciones de este tipo son todavía minoritarias. Los explotadores tienen que zanjar sus diferencias en relación a cómo salir de la crisis, antes de empeñarse en un curso de “institucionalización”. No existe un frente militar unido detrás de esta variante, sino una completa falta de acuerdo sobre el rumbo político. Está planteada la variante de una “bolivianización” golpista de la dictadura.
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La crisis se procesa como una dura pugna interburguesa, porque el proletariado no ha pasado a ocupar su lugar en el escenario político. Todos los cambios tácticos de la dictadura respecto al peronismo, al conjunto de los partidos y a la burocracia apuntan a bloquear una movilización obrera. Los cinco años de reflujo y represión, sumado a la desorganización económica y a la desocupación, son el material que usa la burocracia sindical para bloquear la presencia de la clase obrera. La mayoría de los burócratas cree todavía que se podrá controlar al proletariado, como lo muestra la conducta de Torres en el paro del SMATA, la alevosa colaboración de la CNT con la dictadura y el sabotaje de Lorenzo Miguel a la llamada jornada nacional.
Es indudable que no se está más en una situación contrarrevolucionaria, pero todavía está por verse qué nueva situación emerge de ella. Dada la hondura de la crisis, una intervención de masas del tipo 1969-73, producirá una clara situación revolucionaria. Si la dictadura y sus aliados logran mantener aislada la lucha de la clase, si no se manifiesta un enérgico repunte de la pequeño burguesía, puede pasarse a una situación de descomposición económica Insta que la crisis toque su fondo, esto en un cuadro de convulsiones políticas interburguesas.
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Este cuadro de conjunto de la situación política plantea una primera consiana de fierro: luchar contra el aislamiento de la resistencia obrera, orientarla hacia una lucha de conjunto, volver a poner a la orden del día, entre los métodos de lucha, el paro activo, la movilización callejera, la ocupación conjunta de fábricas, la huelga nacional. En la presente lucha obrera, los sindicatos tienen una enorme importancia, pero no ocupan la misma posición dirigente que en el pasado. La burocracia ha sido cómplice con la liquidación de las organizaciones de fábrica y está mucho más lejos de la presión de las masas. Por eso es importante que en luchas como las del SMATA, que envuelven a varias fábricas, se propugne la formación de comités de huelga de los representantes de las fábricas en lucha. Puede ser muy importante un trabajo preparatorio en este sentido, organizando interfabriles de uno o varios sindicatos. Una función de este tipo pueden cumplir las CGTs regionales, allí donde estén más vinculadas a las fábricas. Toda iniciativa de lucha debe ser aprovechada para poner en pie los cuerpos de delegados; en este sentido vale como consigna de agitación la de plenarios de delegados abiertos de todas las fábricas que se elijan donde no los hay.
El ritmo agudo de la crisis y de los despidos plantea la ocupación de fábricas, tendencia que ya está en marcha. Pero hay que plantear la ocupación conjunta de las fábricas, contra el aislamiento. La consigna de seguro al parado puede ser útil para la organización de los desocupados y la organización de marchas de obreros sin empleo.
El problema es cómo las masas han de asimilar la crisis; pero la función de un partido revolucionario es orientar a que lo hagan de un modo positivo y ayudar a que sorteen los obstáculos que se ponen en ese camino. A cada manifestación de la tendencia de las masas a intervenir hay que plantear el paro activo nacional.
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La lucha contra la dictadura debe atraer a todas las clases que son víctimas del régimen presente. No es esto lo que está en discusión con los reformistas o demócratas burgueses. Lo que está en discusión es quién lidera esta lucha, lo que equivale a determinar cuáles deben ser sus objetivos. Lo que está planteado es la lucha por acabar con el régimen militar y conquistar la libertad política irrestricta. Esto quiere decir, hacer efectiva la soberanía popular. Significa: a) libertad a todos los presos políticos y a los condenador por los consejos de guerra, disolución de éstos; b) aparición con vida de los compañeros desaparecidos, castigo a los secuestradores y criminales; c) elecciones libres, sufragio universal; d) carácter electivo de todas las funciones públicas y judiciales, posibilidad de revocación por demanda popular; e)derechos políticos y sindicales para soldados y suboficiales, elección y promoción de los mandos militares por sufragio universal, disolución de la policía de seguridad y de los servicios de informaciones de las fuerzas armadas,adiestramiento militar gratuito para la población; f) completa libertad de organización de partidos y sindicatos. Hacer vigente la soberanía popular significa acabar con la dictadura y convocar a una Asamblea Constituyente Democrática y Soberana, sobre las bases expuestas.
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La catástrofe económica plantea:
a) nacionalizar la banca; b) suspender el pago de la deuda externa; c) detener los juicios contra los pequeños propietarios; d)investigar los libros de las empresas; control obrero de la producción y la banca; e) plena ocupación mediante un reparto de las horas de trabajo disponibles; f) aumento del 100 por ciento de los salarios; congelamiento de precios, g) plan de reactivación industrial a cargo de una conferencia nacional de comités de control obrero.
10 de julio de 1981
