El FSLN capturó la dirección política de las masas, ya en pleno período de movilización revolucionaria contra el régimen de Somoza, por medio de una estrategia de alianza con la burguesía nacional de Nicaragua. En un primer momento justificó esta postura en la necesidad de “aislar” a Somoza, luego la presentó como un curso ineludible para resolver la “reconstrucción nacional” del país, desbastado por la dictadura y su sangrienta guerra contra las masas. En cualquiera de los casos, ese planteamiento importaba lo siguiente: frenar la ejecución de las medidas democráticas y nacionales, impedir que el proletariado y las masas se irguiesen en sus propias organizaciones de poder, de modo de asegurar la colaboración con la burguesía. En las condiciones precisas de la revolución, es decir, luego del fracaso de todas las tentativas por reemplazar a Somoza por un gobierno burgués con la exclusión del sandinismo, el FSLN integró a sus planteos pequeño burgueses radicales los específicos de las fracciones burguesas opositoras, lo que concluyó en un planteamiento de “democracia pluralista” y unidad nacional” —vigas maestras de una reconstrucción del Estado burgués.
Todo esto permite ver que lo que ocurrió exactamente en Nicaragua fue esto: los explotadores nativos, en completa bancarrota por la intransigencia de Somoza, lograron forzar su camino hacia la dirección de la revolución, imponiendo sus planteamientos por medio de una alianza con el FSLN. Por inestable que fuese la perspectiva de una combinación política como ésta, es indudable que abrió al gran capital una alternativa dentro del campo revolucionario, lo que es un instrumento precioso para la contrarrevolución tomada en su conjunto.
Ni que decir que un éxito de esta estrategia democratizante importaría el retorno de Nicaragua a un status de semicolonia del imperialismo, en el mejor de los casos con un barniz democratizante.
Pero la burguesía de Nicaragua hace mucho que ha caducado como una clase capaz de resolver los problemas del desarrollo nacional. Fue históricamente incapaz de superar la balcanización de Centroamérica, que siguió en poco al hundimiento del colonialismo español. Su fracción más auténticamente capitalista, que se desarrolla junto a la transformación de la producción de café como rama del comercio mundial, se estructura sobre la base de la más brutal expropiación del pequeño campesino, abriendo un abismo con la mayoría nacional. De otro lado, todos sus intereses económicos la atan al imperialismo mundial, para quien, además, Nicaragua tenía un valor estratégico militar fundamental. Es por estos factores que fracasaron las tentativas nacionalistas de fines del siglo pasado, y que la “guerra constitucional” emprendida por esta fracción de los terratenientes burgueses culminará con el apoyo a la intervención de los “marines”.
El movimiento dirigido por Sandino (1928-33) nace del riñón de los terratenientes liberales y se diferencia de ellos por plantear una lucha intransigente por la retirada incondicional de los “marines”. Sandino es el primero en cometer el error de separar la lucha nacional de la revolución social, así como de identificar la independencia política con la emancipación nacional. Es esta estrategia la que explica su derrota.
Cuarenta años más tarde, los que se reclaman sus discípulos se orientan en la misma dirección. Pero las condiciones no son las mismas, ya que, entretanto, ha hecho irrupción-y esto a nivel de toda América Central- junto al semi-proletariado agrícola, la clase obrera industrial, que tiene la oportunidad de madurar en el curso de un mismo período político, y en las condiciones creadas por la revolución, de modo de transformarse en el caudillo de la revolución.
La burguesía que ha impuesto su presencia a las masas por medio del FSLN, ha estado históricamente vinculada a la opresión de la mayoría nacional, y esto en la forma extrema de la dictadura somocista. Esto significa, precisamente, que carece de toda autonomía, sea frente al imperialismo, sea para autogobernar con métodos democráticos. Este carácter fantasmal de los oligarcas de este país se ha acentuado con la revolución, que al abatir la vieja estructura del Estado ha dejado al desnudo su espantoso raquitismo social, así como que su representación y función políticas no son un resultado de su propio peso en la sociedad sino de sus lazos con el gran capital internacional. Por eso, si se despoja al proceso político nicaragüense de su retórica y de sus ficciones nacionales, no existe dificultad en ver que la estrategia frentista-burguesa no es otra cosa que un frente de colaboración con el imperialismo yanqui. ¡Cómo que todo el ajetreo con un miserable crédito de 75 millones de dólares se resolvió al instante con la solución de recambio burgués dada a la última crisis de la Junta!
Es así que con una situación revolucionaria que va envolviendo a toda América Central, lejos de formular un planteamiento de unidad revolucionaria centroamericana, llamando a los trabajadores de EEUU a repetir y superar su movilización por Vietnam, el FSLN se entrampa en sus criterios “nacionales” y se produce en El Salvador el mismo intento burgués-frentista, donde una fracción de la oligarquía busca imponerse en la dirección del proceso revolucionario a través del visto bueno de los tres bloques de la izquierda combativa. Es el imperialismo el que aprovecha este proceso, reconstruyendo sus posiciones en la Junta salvadoreña y en el GRN de Nicaragua, así como antes maniobró, mediante el tratado del canal de Panamá, en aislar otros focos de convulsión revolucionaria.
No hay un detalle de esta estrategia política que no haya sido discutido y acordado en La Habana, cuyo gobierno está empeñado a rajatablas en abrir una fase de “detente” con el imperialismo norteamericano. El castrismo cree firmemente que se le puede imponer a los yanquis el reconocimiento de regímenes políticos dirigidos por fuerzas afines a la suya, toda vez que estos no se empeñen en superar el marco democrático. El castrismo aparece así como el garante político del orden burgués, llegando a un extremo de oportunismo sin comparación con el pasado (apoyo a Allende, Velasco Alvarado, Torrijos, Campora, etc.). Todo el tratamiento dado a la provocación imperialista relativa a la cuestión de los que quieren emigrar de la isla revela esa orientación a una actitud de total desprecio ante la opinión odrera mundial, tratando a la masa que quiere emigrar de antisocial, sin hacer la menor autocrítica real al enorme burocratismo que ha contribuido a esta situación; b) la utilización de esta crisis para reclamar al imperialismo y una negociación global de sus relaciones -lo que pone en el tapete la negociación de la revolución en América Central.
“Las revoluciones proletarias -decía Marx- se critican continuamente a sí mismas, interrumpen su curso sin cesar, vuelven a lo que parecía ya realizado para recomenzar todo de nuevo…” Esta es la actitud que corresponde a los marxistas, hoy más que nunca, rechazando la complacencia burocrática de los que se acercan a la lucha revolucionaria sólo para medrar con ella.
La reconstrucción empantanada
A ocho meses del triunfo sandinista la revolución nicaragüense sigue empantanada en relación a la resolución de los gravísimos problemas heredados del pasado, tanto el lejano como el inmediato. En los últimos meses se han sucedido una serie de huelgas obreras en resistencia a la política pro-capitalista del sandinismo, al tiempo que los capitalistas nativos y extranjeros acrecentaban el sabotaje productivo y las presiones de todo orden sobre el gobierno.
Indudablemente el rumbo que está pegando la revolución está determinado por la estrategia política de su dirección, el FSLN. Este ha delineado un plan político y económico que consiste en la colaboración con la burguesía nativa, y por su intermedio con el capital mundial, como supuesta vía para la reconstrucción económica del país, saqueado por el somocismo y destruido por la guerra civil.
Haciendo un balance de estos ocho meses, puede verse el fracaso de los planes de la Junta de Gobierno y el FSLN en lograr el aporte de crédito del exterior para reactivar la producción y la colaboración del capital privado para poner en marcha las fábricas y empresas que en gran parte continúan en su poder, esto al mismo tiempo que se negaban aumentos salariales imprescindibles y se negaba el pago del aguinaldo.
“En general, la ayuda internacional ha sido pobre”, señaló el “Latin American Economic Report” (19/10/79). La CEPAL (Comisión Económica para América Latina), estimó en 1.000 millones de dólares el déficit de la balanza de pagos para 1980 y en 500 millones las necesidades financieras de este año para reparar los daños de la guerra civil. Frente a esto, puede contabilizarse en menos de 350 millones los créditos recibidos del exterior y en términos nada favorables. Así, el Fondo de Inversiones de Venezuela aportó dos créditos de 20 millones “por seis meses y al 10,5 por ciento de interés, términos descriptos por algunas fuentes como ‘semiduro’” (ídem). El senado norteamericano anuló días atrás un crédito de 75 millones de dólares que ya había aprobado, por pocos votos, la Cámara de Representantes.
En general, la actitud del gran capital ha sido de largar algún dinero a “cuenta gotas”, en términos cortos y a un alto precio político. Venezuela que otorgó 40 millones por ejemplo, lo “condicionó a la selección de ciertos políticos ‘moderados’ como miembros del gabinete nicaragüense” (ídem).
Los sandinistas no vacilaron en entrevistar al Papa y al Consejo de las Américas, en EEUU (que reúne’ a los más grandes monopolios yanquis con Rockefeller a su cabeza), en demanda de ayuda. El Papa previno a los sandinistas de que las prerrogativas de la Iglesia deben ser mantenidas; la banca imperialista alertó al FSLN de que no siguiera el ‘‘modelo cubano”. El ministro Whelock expuso los planes de moderación del sandinismo y aunque “el Consejo de las Américas le prodigó un aplauso sostenido e intenso al comandante guerrillero como hace tiempo no se recordaba en un auditorio tan completo y tan claro en sus ideas” (“El Diario” Caracas 12/12/79), la banca imperialista no aflojó un dólar.
Tampoco en la colaboración privada interna las cosa;? han ido mejor. La Junta de Gobierno y el sandinismo aprobaron un Plan de Reactivación Económica cuyo eje es el acrecentamiento del papel del capital privado en la economía del país. El plan de 1980 prevé una participación privada en la producción superior a la estatal. Así, “en el sector agropecuario el 19 por ciento corresponde al Estado y el 81 por ciento al sector del capital privado; en el manufacturero, básicamente en el agroindustrial e industrial, el 25 y 75; en la construcción, 70 y 30 por ciento; en la minería, el 100 por ciento estatal; en los servicios, incluyendo la banca, 55 y 45 por ciento. El índice promedio nos da que el Producto Bruto interno el 41 por ciento corresponde al Estado y el 59 por ciento al sector privado” (Alfonso Robelo miembro de la Junta en “Clarín”, 19.1.80). Otra cuestión decisiva que aclaró Robelo es que “a pesar de que tenemos efectivamente nacionalizada la comercialización de los principales productos de exportación a través de las distintas reparticiones del Ministerio de Comercio Exterior, no tenemos el control del aparato de producción. Comercio Exterior debe cumplir una función de control para lograr mejores precios y manejar menor la moneda dura extranjera. Pero en ningún momento debe servir para captar excedentes económicos, que sólo deben recaudarse por la vía de los impuestos Por eso creamos los impuestos de exportación Por otro lado, el comercio interior no está monopolizado, sirve para un control paralelo para poder competir con los canales tradicionales de producción”
A pesar de estas enormes concesión la situación de parálisis de la economía (fábricas sin funcionar, falta de dinero en la Tesorería del Estado etc.) no se ha revertido pues el capital se siente más seguro afuera que adentro, y, condiciona sus inversiones a concesiones políticas de fondo. El COSEP (Consejo Superior de la Iniciativa Privada), central empresaria, exigió en un pronunciamiento “que se fijen lineamientos a corto plazo (de cero a dos años) para establecer los procedimientos en la producción, importaciones, financiamientos y habilitaciones y pide reglamentar las relaciones laborales para impedir que los conflictos entre patrones y obreros sigan siendo impulsados al extremo de parar la producción” (“Clarín”, 9.12.79).
La burguesía nativa exige la implementación de un plan político que acreciente su participación y control de los resortes del Estado y desmantele las conquistas obreras y campesinas, presionando para ello por medio de la “parálisis de la producción”, la evasión de capitales y el chantaje imperialista.
La dirección sandinista ha realizado concesiones importantísimas en el sentido de la exigencia empresaria. Así un reciente decreto “suspendió por tiempo indeterminado las confiscaciones de bienes muebles e inmuebles y centenares de cuentas bancadas que estaban siendo investigadas fueron desbloqueadas (LAR, 23/11/79). Al mismo tiempo un porcentaje del aguinaldo fue pagado en una especie de impuesto forzoso a obreros y empleados en beneficio del tesoro estatal. Y Alfonso Robelo y Tomás Borge “prometieron a unos mil ganaderos reunidos en Chontales, al oriente del país, que continuarán recibiendo apoyo del Estado para seguir trabajando en forma privada” (“Clarín’’, 13/2/80). Estos créditos sumarán 30 millones de dólares y’ Borge a su vez sostuvo que el gobierno “les proveerá armas para defender sus instalaciones” amenazadas por “bandas de maleantes”.
Como el sabotaje capitalista no se detiene, contradictoriamente con estas medidas, el FSLN se vio obligado a decretar recientemente la prisión de quienes evaden divisas. De este modo, por la vía principal de las concesiones y la supletoria de la coerción, el FSLN intenta encauzar a la burguesía nativa por la senda de la “colaboración” con la revolución.
Pero el resultado no puede ser más claro. La inflación ya trepa al 60 por ciento, el desempleo afecta a un tercio de la fuerza de trabajo, la productividad ha caído verticalmente. Según un semanario como “The Economist” la inversión privada es casi nula, y la estatal (270 millones de dólares) absolutamente insuficiente. La revista confirma también la gran evasión de divisas y capitales, efectuada en abril último, esto en pleno régimen revolucionario.
No existe ninguna posibilidad de poner en marcha el país en tales condiciones. Las 3/5 partes de la economía siguen en manos privadas, entre ellas el estratégico sector algodonero. El capital privado no emprende ninguna iniciativa. Este hecho, solamente, ya prueba la superioridad que tendría una nacionalización masiva bajo control obrero.
La disyuntiva es simple: o capitular ante el sabotaje económico de la burguesía y la presión del capital financiero mundial, o emprender la expropiación de la burguesía, llamar a las masas a un sacrificio en función de sus intereses históricos (y no como ocurre en la actualidad al servicio del capital) y lanzar una campaña de solidaridad material y política con la revolución. Es necesario dejar claro que la aceptación de la primera alternativa será la más penosa y dolorosa para las masas, pues la reconstrucción capitalista se hará sobre la máxima explotación, opresión y sufrimiento de la población laboriosa. Si el FSLN está pensando en ser el guardián contra los “excesos” de una reconstrucción capitalista está simplemente esperando en el limbo. La teoría del Estado antiimperialista que corregirá las deformaciones del capital extranjero no tuvo ni tendrá lugar en la historia.
Los “campeones” de los pueblos oprimidos como las burocracias stalinistas contrarrevolucionarias, no se han presentado para ayudar a la reconstrucción de Nicaragua, Dejan el terreno libre para la acción imperialista. Un planteo de ruptura con la burguesía, de formación de un gobierno obrero y campesino, de llamamiento a la solidaridad internacional y al impulso de la revolución centroamericana, debería ir acompañado del reclamo a las direcciones contrarrevolucionarias de los Estados Obreros en favor de una ayuda inmediata y masiva a Nicaragua.
Política pequeño burguesa y régimen político
“El carácter de clase de una revolución está dado por el carácter del régimen político que ella instaura (León Trotski, “La revolución española”). El hecho de que el sandinismo estructure una Junta de tipo democratizante encierra a la revolución en el terreno de la revolución burguesa. La constitución del Gobierno de Reconstrucción Nacional significa que el poder político ha quedado en manos de la burguesía, tanto por la presencia burguesa en él, como porque esta revela la orientación fundamental de la dirección política sandinista: no sacar a Nicaragua del sistema de los Estados burgueses. La formación del GRN coincidió con el punto más alto en la movilización revolucionaria de las masas y el primer objetivo de su formación fue evitar que estas estructurasen su propio poder cuando el empuje revolucionario concluyó destruyendo a la Guardia Nacional.
La constitución del gobierno burgués de la Junta, por un lado y la destrucción del ejército burgués somocista, por otro, determinan la conformación de un régimen especial de dualidad de poderes, donde se enfrentan el poder formal de la burguesía representado por el GRN, y las organizaciones de masas dirigidas por la pequeño burguesía. El sandinismo mediatiza estas organizaciones con su participación en el GRN.
La dualidad de poderes en Nicaragua se encuentra oscurecida por la falte de independencia del proletariado. En uno y otro polo de esta dualidad domina la burguesía. Sin la existencia de un partido revolucionario la dualidad de poderes sólo puede existir larvada, fantasmal, nunca puede erguirse al nivel del enfrentamiento cabal entre las clases antagónicas. Pero para el imperialismo esta dualidad debe ser suprimida, pues lo contrario significa una vigencia apenas restringida del derecho de propiedad. El imperialismo exige del FSLN la reconstrucción del Estado, y no le importa que este camino se emprenda con slogans democratizantes. La función del democratismo en la revolución, es estrangularla.
Entre los compromisos asumidos por el FSLN con el embajador Brosder, con el pacto andino y con la oposición burguesa nicaragüense, figuraba la creación de un Consejo de Estado, que tendría mayoría de representantes burgueses. Pero la inactualidad de este consejo con el ascenso de la revolución, su contradicción demasiado evidente con la radicalización de las masas, obligó al sandinismo a postergar su constitución, y esto se transformó en un factor de roce con la burguesía y el imperialismo. Si el sandinismo, sin embargo, postergó la creación del consejo, no fue para desechar este organismo de conciliación con la burguesía sino para salvar este planteo del naufragio irremediable que hubiera sobrevenido a un violentamiento tan abierto del proceso revolucionario. Si no se podía imponer tal institución al menos había que salvar su perspectiva.
Por su programa de respeto a la propiedad privada, el sandinismo y el GRN son incapaces de llevar adelante las tareas democráticas. La constitución del GRN y el proceso de reorganización del Estado burgués representa la preparación de la contrarrevolución democrática que, de desarrollarse, retrogradaría a Nicaragua a su status semicolonial. Como decía Trotsky en Lecciones de Octubre: “Considerada en sí misma la revolución de febrero era una revolución burguesa. Pero como revolución burguesa había llegado demasiado tarde y no contenía en si misma ningún elemento de estabilidad. Desgarrada por contradicciones que se manifestaron inmediatamente por medio de la dualidad de poder, ella debía transformarse o bien en introducción directa a la revolución proletaria – que fue lo que ocurrió -, o bien, bajo un régimen de oligarquía burguesa arrojaría a Rusia a un estado semicolonial”.
No hay posibilidad de desarrollo de la revolución si no hay un recurso hacia el estado obrero, La existencia de un régimen de dualidad de poder implica una doblo alternativa, o se derroca al poder de la burguesía corporizado en los funcionarios burgueses del gobierno de R.N., o se avanza en la reestructuración del estado burgués destruyendo todos los vestigios de doble poder.
Con toda la importancia que tiene la profundidad de la movilización de las masas nicaragüenses, la resolución positiva de la fase de dualidad de poderes, plantea como necesidad perentoria él logre de la independencia política del proletariado con la construcción de su partido revolucionario. La política pequeño burguesa del sandinismo de reconstrucción del estado burgués, se ha demostrado como un instrumento de bloqueo y estrangulamiento de la revolución.
Entran en crisis los acuerdos de noviembre
De julio a noviembre del 79 se lleva adelante el plan de reconstrucción inicialmente concebido. El sandinismo reprime las iniciativas de ocupación de tierras no previstas en las confiscaciones de las propiedades de Somoza, las ocupaciones de fábrica y el boicot al pago de los elevadísimos alquileres. Pero ante el auge de este movimiento se ve obligado a ceder; nombra interventores en los nuevos fundos ocupados, rebaja los alquileres, tolera una forma retaceada de control obrero. Esto pone en crisis los acuerdos con la burguesía que se resuelve en noviembre mediante un decreto que suspende por tiempo indeterminado las confiscaciones de bienes muebles e inmuebles y que desbloquea centenares de cuentas bancarias que estaban siendo investigadas (aquí tenemos el “misterio de la evasión de divisas”).
El conjunto de esta orientación encuentra la oposición creciente de obreros, campesinos y milicianos. Un indicio de esto se reflejó en Masaya cuando el comandante Tomás Borge, después de la vana tentativa de otros tres altos jefes, se dirigió a un cuartel donde 500 milicianos estaban dispuestos a abrir fuego” (“Le Monde”, 27/10/79). Estos milicianos se negaban a entregar las armas y Borge tuvo que dar seguridades a los amotinados de que los “fusiles
revolucionarios no apuntarán a los revolucionarios”.
Al descontento generalizado pro la incautación de una parte del aguinaldo se sucedieron en enero y febrero una serie de huelgas que obligaron a la dirección sandinista a dar marcha atrás en sus planes originales. Una huelga ocurrió en la construcción de Managua, que cuenta con 4.000 obreros. El gobierno intento deducir una parte del sueldo en favor de la “reconstrucción del país”. Los obreros salieron a la huelga exigiendo el jornal entero, la instalación de un comedor, una proveeduría con bajos precios y el pago de los días de huelga. Al tercer día de huelga, el gobierno tuvo que conceder las demandas. En el ingenio San Antonio, el más importante del país, el comandante Ruiz trato de convencer a los obreros en asamblea para que levantaran la huelga por la difícil situación económica. Fue obligado a abandonar la asamblea y solamente cuando se concedieron las reivindicaciones pudo nuevamente dirigir la palabra.
En el gremio de la construcción, la dirección sandinista intento reconocer únicamente a la Central Sandinista de Trabajadores (CS) cuando la mayoría del gremio estaba afiliado a la CGT-i de la dirección stalinista. Varias manifestaciones y una huelga obligaron al sandinismo a rever su actitud.
A fines de febrero pasado se produce una oleada de huelgas en el sector fabril, que presenta el punto más alto de movilización desde la victoria revolucionaria de julio. Se producen huelgas por aumentos de salarios que son acompañadas por huelgas de solidaridad, que abarcan a varias decenas de fábricas. Por otro lado, otro conjunto de empresas son ocupadas por los obreros en respuesta a maniobras de sabotaje de la patronal.
Es en este contexto que el sandinismo lanzó un virulento ataque contra una serie de grupos, como Frente Obrero, CAUS -central sindical en manos de una rama del stalinismo, el diario El Pueblo, etc., quienes apoyaban el movimiento huelguístico. Evidentemente, concedidas las reivindicaciones, el sandinismo apuntó a desmantelar las direcciones sindicales no-sandinistas opositoras en un intento por subordinar a todo el movimiento obrero a sus planes económicos y políticos.
Es a la luz de esta situación que debe ubicarse el parcial cambio de gabinete de fines de año, en el que varias figuras burguesas fueron reemplazadas por comandantes sandinistas en los ministerios de Defensa, Agricultura, Industria y Planeamiento, mientras Economía y Banco Central siguieron en manos de notorios capitalistas. Ante el impasse económico productivo, el sabotaje capitalista y el descontento en sectores de las masas, el sandinismo se vio obligado a tomar directamente en sus manos sectores vitales del aparato del Estado, en un intento por ejercer su autoridad para disciplinar a los capitalistas y a la oposición obrera en torno al Plan de Reactivación Económica.
Se trataba de una formidable presión de masas. El sandinismo vuelve a ceder y, en marzo, anula de hecho los decretos de noviembre, lo que le permite confiscar firmas luego de cumplidos treinta días de investigación pública para determinar si ha existido evasión de capitales o sabotaje económico. Pero esta ley es una compuerta que se abre a las ocupaciones de tierras y fábricas. The Economist caracteriza así esta fase del ascenso: “El trote de la evolución hacia el estilo cubano de socialismo se ha transformado en galope mes pasado cuando los obreros comenzaron a ocupar Moneas y tierras ilegalmente” (10/5/80). El 17 de febrero, la Asociación de Trabajadores del Campo había realizado una concentración de treinta mil personas en Managua, exigiendo que ni una pulgada de tierra fuese restituida a sus propietarios”, en referencia a los fundos intervenidos por el IMRA. Frente a este ascenso, el sandinismo debe dar marcha atrás en lo acordado en noviembre y lanza un primer decreto el 2 de marzo por el que se expropia toda la agricultura privada intervenida por el IMRA, lo que representa la primera expropiación oficial de tierras no somocistas. El segundo decreto faculta al gobierno para atender las demandas obreras de intervención e investigación de empresas sospechosas de descapitalización.
El desarrollo de la movilización ha echado por tierra los acuerdos de noviembre y ha abierto un nuevo curso de choques con la burguesía.
Ruptura de la Junta
En respuesta a estos decretos, el COSEP declaró el 5/3 que con ellos, el gobierno “perjudicaba seriamente su propia credibilidad” y estimulaba la “atmósfera de anarquía y desorden social evidenciadas por las tomas de fábrica y de haciendas, y las agresiones gratuitas…” Los criadores de ganado, plantadores de algodón y de café comenzaron a hacer un gran número de reuniones denunciando la “inseguridad” en que vivían los propietarios.
Lo más espectacular de la ofensiva burguesa fue llevado adelante por el ministro Robelo, miembro de la junta, quien convocó el 16 de marzo a un acto de 5.000 personas para relanzar el Movimiento Democrático Nicaragüense. En este y otros actos realizados en la semana previa se agitó todo un programa de ahogo de la revolución: “elecciones libres tiempo más corto posible”, el “respeto al Programa de Gobierno adoptado por la Junta en julio pasado”, el ejército y la policía deben estar “al servicio de la nación y no al de una Ideología o partido en particular”, la “propiedad Individual” y la “propiedad privada en los medios de producción debe ser respetada”.
Que toda esta campaña está directamente manejada por el imperialismo lo reveló el hecho que días antes de lanzarse Robelo realizó una “visita privada” al secretario del Departamento de Estado Warren Christopher. Con lo que se demuestra una vez más que la Junta de gobierno representa una alianza con los representantes directos del imperialismo.
Un aspecto esencial de la contraofensiva burguesa-imperialista lo ha constituido la movilización
contrarrevolucionaria de la pequeña burguesía. No sólo Robelo convocó abiertamente a un acto público, sino que se hicieron presentes otras formas de esta movilización. El 9 de marzo, los pequeños comerciantes de Managua salieron a la calle para protestar contra el control de precios. Esto nos está revelando los diferentes frentes con que se intensifica la contraofensiva burguesa contra el ascenso de las masas, tejo la mirada tolerante del FSLN. La función de esta tolerancia es usar la presión contrarrevolucionaria “democrática” para domesticar a las masas con el argumento de la “unidad nacional”.
En la respuesta que dio el sandinismo a esta campaña se evidenció su voluntad de mantener a cualquier precio la política de conciliación. La Dirección Nacional del FSLN expresó “optimismo” sobre las declaraciones de Robelo “en el sentido de que se propone trabajar consistentemente dentro de la revolución”, aunque “para revitalizar el movimiento que lidera lamentablemente desarrolló ataques a varias acciones del gobierno del cual él forma parte al más alto nivel”. Agregando: “El FSLN se propone a través de este comunicado un llamado a la reflexión en favor del fortalecimiento de la unidad nacional para la revolución” (Intercontinental Press, 31/3/80).
¡Cómo contrasta esto con la represión desencadenada contra la oposición de carácter izquierdista! ¡Cuánta tolerancia con los medios políticos y periodísticos de la burguesía (La Prensa), mientras se amordaza la libre expresión de los sectores que se reclaman de las masas! Todo esto revela la tendencia política fundamental del FSLN.
Pero fue con el anuncio de la alteración de la composición del Consejo de Estado que la burguesía profundizó su contraofensiva. Se estableció en el nuevo Consejo una mayor presencia numérica de representantes de organizaciones de masas controladas por el FSLN. Pero si bien se mira, ésta era la única forma viable de salvaguardar la constitución de este organismo de conciliación de clases, en condiciones de ascenso de la presión de masas. Así lo dijo Sergio Ramírez, miembro de la Junta, quien justificó los cambios introducidos debido a las “diferentes fuerzas sociales que han emergido” con la revolución. Pero es un hecho que hoy estas fuerzas son las mismas que en julio del 79, lo que ocurre es que no se las pudo domesticar. Lo esencial, entonces, de la medida sandinista es el intento de salvaguardar al Consejo de Estado como organismo estatal burgués de conciliación de clases.
Una política revolucionaria consistiría en el impulso de la movilización para barrer definitivamente a la burguesía e implantar un verdadero poder revolucionario asentado en la representación de las organizaciones de masas en lucha. El sandinismo ha optado, por el contrario, por el reflotamiento del Consejo de Estado, cuya puesta en funcionamiento venía reclamando largamente la burguesía y el imperialismo.
Los que hacen alharaca con la “mejoría” de la composición deberían reflexionar que la efectivización del Consejo es una medida que reduce la importancia de las organizaciones de base de las masas que se desarrollaron durante la guerra civil y refuerza políticamente a la Junta de gobierno, que tiene mayoría burguesa (Nota: Sergio Ramírez es un elemento de la burguesía, su sandinismo tiene enteramente un carácter burgués. En julio del 79 declaraba: “nadie piense en Nicaragua que en el futuro el país no necesitará de capitalización interna, que no necesitará de inversiones externas, que no necesitará de una transferencia tecnológica ordenada. Nicaragua no va a aislarse de su contexto geopolítico, no va a renunciar a sus fronteras. Sólo aspiramos a la dignidad y a la integridad, al respeto internacional” -Sergio Ramírez, 23/4/79 en Costa Rica, Revista “Nueva Sociedad”, Nro. 43, julio-agosto 79).
Las renuncias de Chamorro y Rebelo a la Junta de Gobierno fueron un acto de presión de las fuerzas del capital para forzar al sandinsimo a defender sus posiciones contra el ascenso obrero. En medio de la crisis, con Robelo, el FSLN reclamó del empresariado una declaración de confianza. Según The Economist (10/5) “Willian Baez, uno de los principales líderes empresarios, fueron suministradas nueve condiciones a los sandinistas por parte de los empresarios a cambio de una declaración de apoyo al gobierno. Las demandas son ampliamente políticas e incluyen la garantía de un calendario electoral. Los patrones también están pidiendo que cualquier acuerdo entre ellos y los sandinistas sea suscripto por otros países democráticos de América Latina tales como los cinco miembros del pacto andino. Las discusiones han hecho el suficiente progreso esta semana como para que los empresarios acuerden participar en el Consejo de Estado -aunque pueden retirarse si las discusiones se empantanan. Las recriminaciones entre Robelo y los sandinistas han ido demasiado lejos como para que se le pida que vuelva a la Junta. Pero se ha pedido a otros dos hombres de negocios que entren en ella”.
El alcance de la maniobra política referida al Consejo de Estado, en el sentido de atar a las masas a una política de reconstrucción del Estado burgués, pudo verse en el mitin del 1° de mayo organizado por el sandinismo, donde centenares de miles de manifestantes coreaban la consigna ”el pueblo está organizado en el Consejo de Estado”. Está claro que se trata de modelar la conciencia de las masas en apoyo a un planteamiento burgués, utilizando la presión de la burguesía como una palanca contra el movimiento independiente instintivo de los trabajadores.
La crisis iniciada con la renuncia de Chamorro y Robelo, lejos de conducir a un planteo de ruptura con la burguesía, fue un intento de reconstruir el acuerdo con ella, esto en un cuadro de mayor sabotaje y presión del gran capital.
El reciente nombramiento de dos conspicuos representantes del capital en reemplazo de los renunciantes, para integrar la Junta de gobierno, indican que la crisis se ha cerrado sólo por el momento, con el beneplácito de la burguesía y el imperialismo (que al mismo tiempo aprobó el crédito de 75 millones de dólares antes rechazado). Finalmente el 12 de mayo, Tomas Borge anuncia la adopción, por parte del Sandinismo, del programa presentado por los empresarios al anunciar elecciones municipales para el año próximo y elecciones nacionales en 1982 y 1983. Para preparar estas elecciones “se pedirá colaboración ^Tribunal Supremo de elecciones de Costa Rica”, agregando el Comandante sandinista que “nos gustaría que algunos países como Costa Rica, Venezuela y Méjico vengan aquí a observarnos y tal vez algunos organismos internacionales también”’ (Clarín, 12/5/80).
El desenlace de la crisis representa un claro triunfo de la burguesía. El anunciado calendario electoral significa un paso más en la reconstitución del estado burgués, Mientras se respeta a propiedad privada, la total garantía de propaganda y agitación para el gran capital y el imperialismo (eso significan las elecciones libres) le posibilitan a éste movilizar todo su poderío económico para reconstituir sus bases de apoyo político. La salida electoral le permitirá al gran capital seguir saboteando al economía mientras se les hace pagar a los sandinistas todo el costo político del estancado proceso de reconstrucción.
Ahora bien, para otro sector de la burguesía mundial, la agudización de la lucha de clases en Centroamérica estaría determinando un agotamiento de las maniobras democratizantes, por lo tanto, la necesidad de pasar a un intervencionismo armado. Una parte del Congreso norteamericano pareció reflejar esta caracterización, cuando se postergó e crédito de los 75 millones. Las maniobras militares yanquis en el Caribe también se inscriben en esa dirección. Finalmente, la diplomacia argentino-brasileña, activamente alentada por los yanquis, busca armar un reaseguro general, no sólo en el cono sur (Bolivia) sino también en Centroamérica Este curso está efectivamente en marcha y se habla de la formación de ejércitos enteros en el lado de enfrente de las fronteras. Con todo, la primera línea de la diplomacia del imperialismo sigue siendo la que ha sido empeñada hasta ahora: utilizar al máximo las maniobras seudo democráticas. “El congreso (de EEUU) puede estar desesperándose demasiado pronto”, dice The Economist, quien agrega que la renuncia de Robelo ha sembrado la confusión en las filas de la dirección sandinista. Y el semanario británico concluye: “En tanto los sandinistas continúen ponderando los peligros (de una ruptura con la burguesía), la revolución no habrá pasado el punto de no retorno” (dicho antes del nombramiento de los dos nuevos representantes en la Junta).
El conjunto de la política sandinista (por encima de vacilaciones, maniobras y concesiones —inevitables en una revolución) lleva a su total capitulación ante el imperialismo. Esto vuelve a poner en evidencia una tesis fundamental del trotskismo; la pequeño burguesía, por sus limitaciones de clase (propiedad privada, estrechez nacional) es incapaz de llevar a su término la revolución permanente. Que la política del FSLN está impulsada a fondo por el castrismo, nos indica el carácter absoluto de esta ley de la revolución. Por lejos que llegue en su ruptura con la burguesía, si una dirección pequeño burguesa no concluye asimilada por el partido obrero, su radicalismo deberá
finalmente revertirse contra la revolución mundial.
Programa y tareas
En la declaración de diciembre pasado la TCI afirmaba que “la caída de Somoza significa el fin de la revolución burguesa. Esto porque la burguesía está en el poder y demuestra su condición de clase caduca, empeñándose en la liquidación de la revolución. El fin de la revolución burguesa significa que sobre la base de un régimen burgués representativo sólo puede ponerse en marcha la contrarrevolución, porque la burguesía está ferozmente en contra de la revolución agraria y nacional. Sólo un programa de dictadura proletaria es compatible con la ejecución de las tareas democráticas.”
Con la caída de Somoza, los intereses profundamente antagónicos que se disimulaban tras la bandera democrática general contra la dictadura han salido a relucir. Con la instauración del gobierno de reconstrucción nacional se ha puesto de manifiesto que la participación de la burguesía en el campo de la revolución democrática se realizó para abortar la revolución. La burguesía no aportó ninguna fuerza social al combate de las masas. Todo el objetivo que se trazó con su participación en el campo revolucionario fue la defensa de sus intereses de clase, la defensa de la propiedad privada, la defensa del orden burgués. Hizo esfuerzos desesperados para contener el movimiento de las masas tras su limitado objetivo de operar un desplazamiento ordenado de Somoza y rescatar el andamiaje estatal somocista, en disgregación, y reconstruirlo bajo la pantalla democratizante.
Con el desmantelamiento del Estado somocista por la acción directa, revolucionaria de las masas (contra el operativo de recambio diseñado por la burguesía nicaragüense, el imperialismo y las burguesías latinoamericanas), la burguesía se propuso como primer objetivo evitar la instauración de un poder revolucionario apoyado y responsable directamente ante las organizaciones de las masas en lucha. Este objetivo so logra con la instauración del GRN. La burguesía, que tras la caída de Somoza carecía de toda base de poder propio (de aparato armado), logra esto por la total y exclusiva responsabilidad de la política de la dirección sandinista, que basa su estrategia en llevar adelante las tareas democráticas y nacionales con la colaboración de la burguesía y el imperialismo. Logrado este primer objetivo contrarrevolucionario (de ahogo y freno de la revolución) la burguesía y el imperialismo utilizan los puestos en el nuevo aparato gubernamental, cedidos gratuitamente por la dirección sandinista, para organizar la contrarrevolución bajo el manto democrático. Las banderas que levanta para ello son las de pluralismo político y la de elecciones, para ir conformando todos los estamentos del nuevo aparato gubernamental.
Con el cronograma electoral, la burguesía y el imperialismo buscan hacer cargar al sandinismo con todo el costo político de la crisis y operar una diferenciación política en su seno de un ala abiertamente burguesa. La perspectiva electoral es una conquista fundamental de la burguesía porque a partir de ahora se lanzará a atacar toda movilización de las masas que cuestione sus intereses como contraria a un acuerdo para llegar a las elecciones, como contrario al pluralismo. El triunfo completo de los objetivos burgueses sólo puede significar el aplastamiento de los elementos de doble poder que han surgido de la movilización revolucionaria. La perspectiva electoral consagra la supremacía del derecho y del Estado burgués sobre la acción directa y la movilización de las masas.
La acción contrarrevolucionaria de la burguesía democratizante en estrecha alianza y bajo la dirección del imperialismo (la reacción en toda la línea) la tipifican como una clase profundamente antinacional, contrapuesta radicalmente a las tareas democráticas, agrarias y nacionales de la revolución nicaragüense. Una vez más se demuestra que estas sólo pueden ser llevadas adelante por la clase obrera en el poder acaudillando al conjunto de las masas explotadas.
No hay camino intermedio; o la revolución democrática es una introducción de la revolución proletaria o se trastoca en su contrario, en la contrarrevolución sostenida por el imperialismo. El empantanamiento de la revolución nicaragüense es la consecuencia exclusiva del carácter pequeño burgués de la dirección que se ha puesto a su cabeza, así como de la influencia que sobre ella ejercen el stalinismo y el castrismo. Para que la revolución se desarrolle es imprescindible la construcción del partido revolucionario de la clase obrera. Esta tarea sólo puede encararse a partir de delimitar la estrategia proletaria de la política pequeño burguesa del sandinismo, de conciliación de clases. Se trata de hacer madurar al partido revolucionario a partir de la confrontación de la experiencia de las masas con la política vacilante de su dirección. Para ello hay que levantar todas aquellas consignas transitorias que impulsen la movilización, fortalezcan la confianza de las masas en sus propias fuerzas, y las aparten de todos los intentos de regimentación y de subordinación al cuadro burgués democratizante.
Parece existir un proceso de división dentro del FSLN entre: a) un ala radical (Wheelock, Bayardo Arce); b) un ala castrista (Borge, Ortega); c) un ala socialdemócrata (Edén Pastora). El imperialismo está tratando de meter una cuña en esta división. Surge claro, sin embargo, que no existe en la superficie un ala que pugne por una estrategia proletaria.
La TCI debe orientar las distintas expresiones radicales que reflejen la evolución de las masas en el sentido de la estrategia de la dictadura proletaria.
Contra el plan económico de reconstrucción capitalista (que apaña el sabotaje del gran capital a la reconstrucción económica) hay que impulsar la expropiación de la oligarquía agraria y el control obrero de la producción generalizada, como base de la planificación.
Contra los planteos de intervención militar del imperialismo y de las burguesías limítrofes hay que postular el armamento general de las masas y la constitución de milicias obreras y territoriales.
Esta es la perspectiva que deben darse las ocupaciones de tierras y las tomas de empresa.
Contra la regimentación, por la independencia de los sindicatos y de las organizaciones de las masas del gobierno.
Fuera los ministros y funcionarios burgueses, fuera la burguesía del gobierno. Por un gobierno independiente de la burguesía y responsable ante los sindicatos, los comités de base, las milicias y las organizaciones de las masas en lucha.
El Salvador y América Central
El golpe que propiciaron los yanquis en El Salvador en octubre pasado representó un ajuste de mira del imperialismo para derrotar el movimiento revolucionario en desarrollo alentado por la revolución nicaragüense.
El reemplazo del dictador Romero por una Junta militar consiguió la unificación del conjunto de la burguesía salvadoreña detrás de un proyecto democratizante con la participación de la Democracia Cristiana y la Iglesia. La participación de este sector debía servir como puente para lograr una tegua y un acuerdo por parte de la izquierda para enchalecar a través de esta al movimiento revolucionario de las masas. El stalinismo – importante en el movimiento obrero – entró de cabeza a este esquema.
Para impulsar este plan el gobierno de la Junta lanzó una reforma agraria que perseguía como objetivo central la ocupación militar de las zonas rurales y aplastar a las guerrillas campesinas; subsidiariamente, buscaba producir una diferenciación burguesa de una capa del campesinado para utilizarla como base política de apoyo.
El imperialismo tuvo un cierto éxito inicial en darle aire al proyecto de la Junta, logrando el apoyo del PC y de algunas organizaciones guerrilleras. Pero el auge de la insurgencia de las masas, que se profundizó a partir del golpe, aniquiló las posibilidades del operativo imperialista. El camino de la guerra civil quedó abierto.
Por un lado, la Junta se ha visto obligada a desatar verdaderas masacres para intentar contener la acción revolucionaria, lo que terminó rápidamente con cualquier ilusión reformista en su demagogia inicial. Por otro lado, la oligarquía que mantiene el control del grueso del aparato militar y paramilitar empleado en la represión, ha desatado todo un movimiento golpista tendiente a recuperar el gobierno, lo que determina un enfrentamiento con la Democracia Cristiana. El gobierno de la Junta tiende a disgregarse con el enfrentamiento entre los militares y la DC, las dos bases políticas del golpe de octubre.
El mayor peligro que afronta el movimiento revolucionario en El Salvador es la política de sus direcciones que se han orientado claramente hacia una estrategia de recambio burgués y de alianza con la burguesía democratizante. El primer paso consistente en este sentido fue dado el 23 de febrero pasado con la firma de una plataforma común gubernamental entre las tres más importantes organizaciones guerrilleras y la Unión Democrática Nacionalista, un frente del PC con personalidades burguesas. La plataforma brega por la instauración de un gobierno democrático con “la participación de todas las capas sociales… pequeños y medianos empresarios industriales, comerciales, artesanales, agropecuarios (pequeños y medianos cafetaleros y de los otros renglones de la agricultura y ganadería). Comprenderá asimismo a los profesionales honestos, al clero progresista, a partidos democráticos como el MNR, los sectores avanzados de la Democracia Cristiana, a los oficiales dignos y honestos del Ejército…” (Marka, 17/4).
Con esta orientación la izquierda salvadoreña que está a la cabeza de la movilización, está ayudando, conscientemente, a los sectores democratizantes de la burguesía a liderar todo el proceso de recambio político. Como en el caso del FSLN la voluntad de aliarse a la burguesía va a condicionar las tareas nacionales y democráticas a las exigencias que imponga la burguesía para la integración de un gobierno burgués de coalición.
El 19/4 se da un paso concreto en la conformación de la coalición burguesa prevista en febrero, con la constitución del Frente Democrático Revolucionario, en el cual confluyen (aparte de las organizaciones que suscribieron el acuerdo mencionado) el Movimiento Social Cristiano, la Federación de pequeños empresarios, y sectores conservadores liderados por el latifundista Enrique Álvarez Córdoba (elegido secretario general del FDR), que representa “a algunos terratenientes conservadores que pertenecen a las famosas ‘14 familias’ que tradicionalmente ‘gobernaron’ este país.” (Clarín, 20/4).
En relación a la situación de Nicaragua, con anterioridad a la caída de Somoza, el frente gubernamental tiene una base social más amplia y su estructura represiva está en parte organizada sobre elementos de la pequeño burguesía.
Asimismo, en el campo revolucionario, las organizaciones de Izquierda no tienen aún un lrresistible carácter de masas – éstas, al menos, no se encuentran aún en la fase desencadenante de la insurrección. El gran peligro del frente burgués es que sirva para paralizar a las direcciones de izquierda en impulsar la tendencia de las masas al alzamiento nacional -configurando las condiciones de una masacre que echa atrás al movimiento de masas por todo un período. El proletariado salvadoreño, más fuerte y experimentado que el de Nicaragua, no se ha convertido en caudillo nacional, esto porque carece de su partido. Pero existen indicios de que comenzará a entrar con sus poderosos contingentes a la lucha, en una serie de paros generales contra la represión.
Nicaragua, El Salvador, levantamientos indígenas en Guatemala, huelgas en la “pacífica” Costa Rica. La concentración de esta enorme presión revolucionaria, única en la historia de América Central, que amenaza alterar el viejo equilibrio en México, a las puertas de la metrópoli, depende de la calidad de la estrategia política de la dirección de las masas. El proceso abierto no ha de culminar en un solo acto; contra esto conspira la inestabilidad política general del imperialismo. Las masas han de madurar entretanto.
Pero la formulación de una estrategia de revolución proletaria debe ser aún formulada, y esta es la irreemplazable tarea del momento.
La debacle del SU y el CP
Con el triunfo sandinista en julio del año pasado, el SU pasó a darle un apoyo incondicional al FSLN y a la Junta de Reconstrucción. Caracterizó que se trataba de un poder revolucionario que marchaba hacia el socialismo. En octubre, en una resolución especial, el SU planteó su oposición al alejamiento de los miembros y ministros burgueses del Gobierno, con el argumento de que era prematuro y de que no correspondía a la conciencia y organización de las masas.
En la resolución de su último congreso, dicen: “Centrar la propaganda política en la consigna ‘fuera los ministros burgueses’ sería caer en un esquema sectario. Esta orientación no tiene en cuenta la gran solución de continuidad que se ha producido en términos de poder militar, del centro del verdadero control del poder… Lo que busca esta consigna es el enfrentamiento directo, a nivel nacional e internacional, fundado únicamente en la afirmación justa de que en el gobierno actual existen fuerzas antagónicas.” De esta manera, el SU ha pregonado abiertamente la conciliación de las “fuerzas antagónicas”, y esto tratándose de los explotados y el imperialismo, de la revolución y la contrarrevolución. El SU, por esto, no puede invocar a su favor ninguna “renuncia” o expulsión de ministros burgueses, porque va contra su estrategia declarada. El SU está a la derecha del FSLN, y se coloca más a la derecha aún respecto a su posición de “apoyo crítico” al gobierno del MNR en Bolivia, durante la revolución del 52.
El SWP expresó más abiertamente esta orientación, calificando al gobierno de “gobierno obrero-campesino”, de ruptura con el imperialismo y la burguesía. Con esta orientación pasaron a justificar todas las concesiones del FSLN a la burguesía, presentándolas como medidas radicales y también avalaron la represión del FSLN contra organizaciones de izquierda no sandinistas (cierre de El Pueblo, detención de miembros de Frente Obrero). Con la renuncia de Chamorro y Robelo, los mandelistas, que en octubre se opusieron a calificar a la Junta de Gobierno de obrero-campesina como reclamaba el SWP, saludaron fervorosamente que “ahora, podemos, hablar de un gobierno obrero-campesino”, o sea, de “un gobierno donde la burguesía fue eliminada del poder político” (en “Tempo”). De este modo, la crisis en la Junta, provocada para arrancar mayores compromisos al FSLN, fue presentada por el SU cómo su contrario. Tenemos aquí esbozada una estrategia de disolución en una política pequeño burguesa, que actúa a cuenta de la burguesía democratizante, lo que significa el pasaje abierto al campo de la burguesía.
El semanario Rouge (16/5/80) vuelve a tratar sobre la crisis abierta en el Consejo de Estado y la atribuye a la incapacidad do la burguesía para bloquear el ascenso de masas promovido por el FSLN. Pasa por alto, así, toda la acción del FSLN contra este ascenso, así como los repetidos acuerdos que firmó con la burguesía. Esconde el hecho de que la crisis fue montada para forzar al FSLN a un compromiso más claro con el capital. Rouge defiende abiertamente al GRN, al decir que éste no ha servido a la burguesía para imponer su política, lo que equivale a querer camuflar el carácter y la función burguesa de ese gobierno. El semanario mandelista se opone también a la consigna de “no al antidemocrático Consejo de Estado”; esto porque sería lo que igualmente sostienen Robelo y Cía.
El SU se traga así toda la maniobrada imposición del nuevo Consejo de colaboración de clases y se coloca en el punto de vista de Robelo, de que el Consejo sería “totalitario”, “comunista”, etc. El SU, igualmente, se opone a la consigna de “destrucción del GRN”, esto porque el retiro de Robelo y la Chamorro “representa un paso adelante hacia el poder de los obreros y campesinos”. Pero el SU estaba en centra de esta consigna antes de esas renuncias, y seguramente tendrá que seguir en contra después que los puestos vacantes han sido cubiertos por dos notorios representantes de la burguesía. Considerada en su aspecto inmediato, la posición del SU refleja el intento de medrar propagandísticamente con la revolución y muñirse del aval del FSLN ante la opinión pública pequeño burguesa, en especial en los países imperialistas. De conjunto, indica el pasaje del SU hacia el campo burgués, ya señalado por la TCI.
Para el SU, la orientación del FSLN es equivalente a la del castrismo en la revolución cubana, y esto determinaría que se debe seguir una política similar de apoyo incondicional. Aquí el SU está diciendo más de lo que aparenta. De un lado, confiesa su total indiferenciación del castrismo, como si el hecho de que una dirección pequeño burguesa pueda llegar a una ruptura con la burguesía en el curso de la revolución la tipifica como trotskista, y asegura que no se ha de volver contra los objetivos revolucionarios en lo interior y en lo exterior. Por otro lado, la orientación del FSLN es la opuesta a la de Castro en el período 1956-62. Mientras que el castrismo nace de los partidos burgueses y va rompiendo progresivamente con el capital hasta su expropiación, el FSLN se conforma como una corriente foquista identificada con el programa de la revolución cubana. Pero esta divergencia de tendencia entre ambas direcciones en los períodos equivalentes de ambas revoluciones, no debe ocultar su convergencia actual en una política de colaboración con el imperialismo. Se diluyen con esto varias cosas. Primero, el factor internacional de la presión del castrismo y la burocracia, y su política de aislar a la revolución nicaragüense en la medida en que ésta pueda cobrar un carácter proletario. Segundo, que la tendencia del FSLN es hacia lo que fue la política clásica de la pequeño burguesía en la revolución, de terminar capitulando ante el imperialismo. Esta tendencia es también la actual del castrismo, lo que revela que una dirección radical que no concluye asimilada por el partido proletario, termina revirtiendo sus tendencias más revolucionarias y volcándose hacia la colaboración con el imperialismo.
La posibilidad (aunque disminuida) de que un conjunto excepcional de circunstancias (guerra civil en América Central, agravamiento del enfrentamiento EEUU-URSS) lleve al FSLN por el camino inicial del castrismo no puede excluirse en términos absolutos. Pero lo que importa es su tendencia presente, y ésta lleva a entregarse al imperialismo.
El Comité Paritario ha tenido una política contradictoria en el curso de la revolución, lo que no ha impedido a sus tres componentes unirse sin reparos… tomando como base sus políticas en Nicaragua. La Fracción Bolchevique se metió al FSLN constituyendo una Brigada sometida políticamente al «andinismo. En noviembre de 1977 llegaron a decir lo siguiente (Revista de América Nro. 6);
“Por la presencia en él de notorios personajes reaccionarios, por su ligazón con los planteos de la Cata Blanca, el frente opositor tiende a constituirse en una especie de ‘Frente Democrático’ que, al tiempo que intenta terminar con la dictadura somocista, trata de impedir desde el comienzo cualquier acción independiente de las masas nicaragüenses que ponga en peligro al capitalismo en el país.
“Sin embargo, esta definición no debe ocultar a los marxistas revolucionarios de Nicaragua que se trata de un fenómeno contradictorio. Regresivo en tanto forme parte de la estrategia mundial del imperialismo yanqui, pero enormemente progresivo en tanto puede llevar al fin de la dictadura somocista y a detonar -antes o después- un pujante movimiento de masas en el país.”
En suma, el viejo cambalache morenista, con caracterizaciones que disparan en direcciones opuestas, pero en la que no puede sino prevalecer el planteamiento oportunista.
Se trata de una postura clásica de sometimiento a la burguesía. Ahora en El Salvador vuelven con lo mismo, y así califican de “hecho político importante y progresivo” la declaración y constitución de la Coordinadora Nacional (Convergencia Socialista, San Pablo, Nro. 8).
La OCI, por su lado, llegó a ver tres veces el nacimiento de la revolución proletaria: con los acontecimientos que siguieron al asesinato de Chamorro, con la insurrección de setiembre y con la revolución de julio. Confundía el papel decisivo de las masas en la revolución con la exigencia de una presencia independiente y dirigente del proletariado, para caracterizar a una revolución como obrera. Esta posición es el resultado de su peculiar teoría que deriva el carácter proletario de cualquier acontecimiento del carácter de la época actual, como de declinación histórica del capitalismo. Es un caso clásico de sustitución de lo concreto por lo abstracto, de análisis de las fuerzas en presencia en la revolución desde el limbo de los principios generales.
La crisis en la Junta llenó de temores convulsivos al CP, porque vio en la salida de Robelo y la Chamorro la posibilidad de una victoria “teórica” de sus rivales-hermanos del SU. Así, veló totalmente la maniobra del nuevo Consejo de Estado y presentó los acontecimientos como “una indiscutible victoria de los obreros y los campesinos de Nicaragua” (Declaración del CP, Informations Ouvrieres, 3/5/80). Más aún, llegó a ver al FSLN como “incluso tomando la iniciativa de movilizaciones limitadas y controladas de los trabajadores” (ídem), es decir, un principio de reversión en la política pro-burguesa del FSLN —en definitiva, la posibilidad de que su ruptura con la burguesía ya esté inscripta en la crisis presente. Como se ve, la revolución proletaria es una madre generosa, y así como en Irán se prendía de las mezquitas y del islamismo para imponerse, aquí ya se estaría valiendo del FSLN, cuando en realidad se estaba preparando un fraude político contra las masas. Entonces, la generalidad de la revolución proletaria revela aquí como se transforma en un principio de ilusión en el radicalismo pequeño burgués.
Por un plan práctico de tareas
La reunión de la TCI aprobó un plan práctico de actividades para acercar nuestros planteamientos políticos a la revolución en Centroamérica. Las características de esta intervención deberán ser resueltas en conformidad con otros aspectos prácticos y organizativos.
21/5/80
Texto presentado por Política Obrera y aprobado por la C.I.
