La reunión de una Asamblea Constituyente, largamente reclamada por numerosos sectores sociales que querían ver plasmadas en la estructura del Estado reivindicaciones de características indigenistas, agrarias o antiimperialistas, parecía ser la gran oportunidad para que Evo Morales y el MAS pudieran concretar el planteo de “refundar” la nación. El marco de una Constituyente convocada a breve término debía servir para concretar sin más dilaciones la nacionalización de los hidrocarburos (sin expropiación), que distingue a la posición del oficialismo. Aunque la Asamblea sería convocada dentro del cuadro legal vigente, la consagración plebiscitaria de Evo Morales en la elección de diciembre pasado dejaba la posibilidad de que la Constituyente fuera efectivamente soberana en su capacidad de decisión política, con referencia a la oposición de la oligarquía de Santa Cruz y de los monopolios internacionales de los hidrocarburos. Admitidas todas sus limitaciones, esta Constituyente apuntaba a convertirse en un foro nacional obligado, en el cual confrontarían los planteos de las más diversas clases sociales y partidos.
El pacto que alumbra la convocatoria de la Constituyente, entre el gobierno y el MAS, de un lado, y la oligarquía cruceña y el derechista Podemos, del otro, para el mes de julio próximo, da lugar a otra cosa: a una Constituyente condicionada. El gobierno prefirió tomar el camino de un contubernio para sortear el obstáculo que representaba para él la falta de una mayoría suficiente en el Congreso, cuando tenía reunidas todas las condiciones políticas para imponer una Constituyente sin condicionamientos, si decidía recurrir a la movilización popular. El pacto con la derecha política y con la oligarquía agraria-petrolera ha creado una circunstancia singular: el Estado Mayor del Pueblo, que en la campaña electoral apoyó a Morales, anunció que realizará “una férrea campaña por ‘no’ a las autonomías” (Bolpress, 6/3). (Miguel Zubieta, dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz rechazó tanto el referéndum como la Constituyente, por desconocer representaciones autónomas para trabajadores e indígenas, ídem).
Para el dúo gubernamental (los diarios dicen que el ‘artífice’ del arreglo fue García Linera, el vice de Evo), el acuerdo con la derecha es una especie de compromiso entre posiciones contradictorias forzado por la correlación de fuerzas o, en palabras de García Linera, por una situación de “empate catastrófico”. Pero después de las insurrecciones de octubre de 2003 y de julio de 2005, y del plebiscito presidencial de diciembre pasado, esta caracterización tergiversa la realidad. Sustituye a la relación de fuerzas en la sociedad y en la política por la que existe en el Congreso, o sea que le devuelve a la derecha y a la oligarquía una fuerza que ha perdido, incluso en las urnas y que perdería todavía más luego de la derrota electoral de diciembre, que, ella sí fue sencillamente catastrófica.
El pacto le retira a la Constituyente y al conjunto de la nación boliviana la atribución de decidir sobre las autonomías departamentales, que serán resueltas por un referendo independiente de cada departamento, con carácter de vinculante para los constituyentes en su conjunto. Se da así la contradicción, que los pactistas encuentran totalmente tolerable que la asamblea constitucional se convoque en el marco de la Constitución política vigente del Estado, mientras el refe-rendo tiene lugar violentando esa constitución política, que tiene un carácter unitario, pues otorga una soberanía constitucional a los departamentos, que le retira a la ciudadanía tomada en su conjunto. La reivindicación autonómica expresa los intereses especiales de la oligarquía cruceña, en especial, así como de otros departamentos con hidrocarburos en su subsuelo. En esta misma medida es una reivindicación de los monopolios internacionales. Lo dice textualmente Salvador Ric Riera, un empresario cruceño de cuarenta millones de dólares de patrimonio, ministro de Obras y Servicios Públicos de Evo Morales: ‘las empresas petroleras apoyan el proceso de autonomías, porque parecería que les es más fácil negociar con gobiernos regionales….” (Página/12,8/2).
El otro aspecto tramposo del pacto es que los referendos departamentales ‘pre-existentes' a la futura constitución nacional no tienen un carácter confrontativo pues la pregunta que se pone a la población de los departamentos es apoyada igualmente por Podemos y por el MAS. El condicionamiento de la Constituyente es doble: por un referendo vinculante y por un pacto MAS-Podemos sobre los términos del propio referendo. Esto explica que el decreto de convocatoria excluya el reclamo de numerosas organizaciones populares al derecho a una representación independiente en la Asamblea. Este rechazo delata la completa impostura de los García Linares, que empezaron su carrera política como ‘autogestionarios’ y que una vez funcionarios descubren las ventajas de las ‘estructuras partidarias’, en especial en Bolivia, donde no hay partidos sino aglomeraciones burocráticas.
Es cierto, sin embargo, como no hubiera podido ser de otro modo, que la reglamentación o características políticas concretas de las autonomías serán establecidas por la Constituyente. Es aquí que entra en juego el sistema electoral aprobado en el pacto, que desecha el distrito nacional único y establece un sistema mixto que divide a la elección de la representación popular en 70 distritos y nueve departamentos; en los distritos se eligen tres representantes, dos por la mayoría y un por la minoría -lo cual elimina la representación proporcional y por lo tanto la representación de una gran parte de la ciudadanía y de numerosas tendencias políticas; en los departamentos, a la mayoría se le asignan dos bancas de cinco y una a las tres minorías siguientes. Este ‘sistema’ asegura a la derecha una representación mínima del 30%, o sea que le otorga una sobrerepresentación, que la deja a sólo tres puntos de número de votos necesario (un tercio) para bloquear las reformas que no le convengan. De acuerdo a esto, la señalada tentativa de superar el ‘empate catastrófico’ ha producido un ‘refinado’ empate permanente. Pero por aquello de que “no hay bueyes sin cornadas”, es también evidente que si la derecha bloquea una reglamentación de la autonomía adversa a sus intereses, se quedaría sin autonomía. Llegado a este punto, el referendo vinculante deja de vincular y los referendos quedan desreferendados. Se alcanzaría, en este extremo, el empate del empate, que deberá ser zanjado por otro compromiso o pacto, o por una intervención popular ajena a pactos y compromisos.
La cuestión autonómica debutó en Bolivia como un reclamo del indigenismo a una autonomía nacional y ha concluido como el reclamo fundamental de la oligarquía. Tiene que ver directamente con la propiedad -y no secundariamente con la propiedad agraria. Una reciente descripción de El Diario (5/3) señala, con referencia a Santa Cruz de la Sierra, a “las familias Antelo, con más de 116.000 hectáreas; la familia Gutiérrez, con casi 100.000 hectáreas; la familia Passer Bowles, con más de 72.000 hectáreas”. Con referencia al departamento del Be-ni: “la familia Sivaut, con más de 100.000 hectáreas; la familia Els-ner, con más de 115.000 hectáreas, y prácticamente la misma familia, aunque con un otro apellido, Bauer Elsner, con más de 73.000 hectáreas”. La reivindicación de la autonomía, por parte de estas ‘familias’, no significa otra cosa que la posibilidad de ejercer un poder político ‘autónomo’ para enfrentar el creciente movimiento de trabajadores sin tierra en estas regiones.
Evo Morales ha hecho un compromiso, por muchas de las razones expuestas todavía inestable, con la derecha parlamentaria y la oligarquía, a expensas del campesino sin tierra. La autonomía política de los departamentos sólo podría servir a una mayor intervención popular si se basa en la confiscación de la gran propiedad agraria y en la renacionalización sin pago de los hidrocarburos.
El pacto priva al gobierno de una poderosa arma de presión para obligar a las petroleras a someterse a su programa de reconversión de los contratos, asociación con mayoría estatal e inversiones para industrializar el gas en Bolivia. Es que saca del escenario la posibilidad de una Constituyente con mayorías populares decisivas y poderes completos. En el marco del pacto el gobierno queda condicionado a llegar a un acuerdo con las petroleras, para que sea refrendado por la asamblea. Lo mismo vale para la licitación de los yacimientos de hierro extraordinarios de Mutún, en cuya licitación se han inscripto las poderosas siderúrgicas Mittal (primera del mundo), la brasileña EBX y Techint-Siderar. El ya citado ministro de Obras Públicas cree “que hay que postergar la apertura de los sobres…; pensar en un polo de acero y petroquímica en el mismo lugar…; modificar antes el Código Minero”. Este ministró asegura querer “un mercado interno fuerte y una burguesía local productiva”, lo que demuestra que el nuevo equipo gobernante carece del sentido de los tiempos históricos.
El pacto que lleva a la convocatoria constitucional es el resultado de enormes presiones sociales enfrentadas. “De lo contrario, el país volvería a convulsionarse”, declaró Evo Morales, en referencia a “la importancia de respetar la fecha de la elección de constituyentes” (La Razón, La Paz, 23/2). Para absorber esa presión popular fue al pacto con la derecha. Ahora tiene que asegurar que la Constituyente interprete sin desvíos los compromisos y las presiones en presencia. Desde su inauguración, el flamante gobierno fue generoso en declaraciones, especialmente cuando se contradecían unas a otras, pero avaro en medidas. Hay órdenes de detención por contrabando contra funcionarios de Repsol, pero Morales recibe al presidente de la firma y asegura que la reconversión de contratos está en marcha. Petrobras repite que el acuerdo con Bolivia no tiene trabas, pero acaba de recibir de la chavista PDVSAuna oferta de gas a un precio inferior al que reclama Evo Morales, para inducir a Brasil a apoyar el gasoducto sudamericano. Cada vez es más claro el bloqueo político, del lado de Lula, Kirchner y Chávez, contra una línea independiente en materia de hidrocarburos por parte de Bolivia. El embajador norteamericano, a su vez, asegura que las relaciones con La Paz “han dejado atrás los enfoques del pasado”, pero el comando sur del Pentágono desautoriza los nombramientos militares del gobierno boliviano e insiste en las discrepancias sobre el cultivo de coca. Los pactos, los compromisos, las giras por el exterior y las conversaciones de cancillerías no han encaminado ninguno de los problemas planteados -no digamos que los hayan resuelto. Las masas no tienen respiro porque el gobierno ha incumplido con la promesa de duplicar el salario mínimo y, por otro lado, sólo ha autorizado aumentos salariales del 7%. Evo Morales tampoco ha cumplido con derogar el decreto 21.060, que estableció la precariedad laboral en la década ‘neoliberal’. Un conflicto nuevo, pero de envergadura, lo constituye la cuestión de la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, esto a partir de que el acordado por parte de Colombia y otros países andinos, expulsa a los exportadores de soja boliviana de esos mercados.
Hasta donde sabemos, una parte de la izquierda ha decidido volver a votar en blanco a la espera de que ‘se agote’ la experiencia ‘reformista’ de la ‘burocracia campesina’ y las masas ‘se eleven’ al programa revolucionario. Lo que hay que hacer es todo lo contrario: orientar las presiones sociales que recibirá la Constituyente, cualquiera sea su composición y cualesquiera sus limitaciones, pero de un modo revolucionario, formando comités agrarios, comités fabriles, comités mineros, asambleas populares. O sea, oponer las aspiraciones de las masas a los designios de los constituyentes, con un programa claro de reivindicaciones, desde la expropiación de las petroleras, la gran propiedad agraria y los bancos hasta el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el control obrero. En oposición a la expectativa profesoral de que las masas se ‘eleven’ al ‘programa’, es necesaria una política que permita participar en todas las fases de la lucha y desarrollar todos los estadios que recorre la conciencia de las masas. Naturalmente, el punto de partida de cualquier intervención es la denuncia de la Constituyente pactista, el boicot al referéndum autonómico y la reivindicación de una Constituyente soberana convocada por las asambleas populares y los comités de trabajadores. La oposición metódica a la Constituyente y al referéndum, o sea, mediante la movilización por las reivindicaciones y el agotamiento activo de las ilusiones que promueve en las masas, es un paso fundamental para, de un lado, explotar las contradicciones del proceso político actual y desarrollar con ello una oposición revolucionaria con base de masas. En los departamentos que ello sea posible, sería importante presentar candidaturas de oposición al pacto y revolucionarias, incluso apoyar a aquellas que tengan ese carácter.
Explotar las posibilidades de una presentación electoral y de una eventual representación en la Constituyente, por pequeña sea, es parte de la propuesta de conjunto de orientar las presiones populares sobre la Constituyente en una perspectiva revolucionaria.
