El ‘boom’ petrolero no inmuniza a Venezuela de convulsiones y crisis. Tampoco las acciones que viene encarando el gobierno de Chávez son el resultado de un esquema ideológico preestablecido. El ‘lock-out’ patronal de 2002/3 ha significado una quiebra de las relaciones sociales, que se ha agravado con el tiempo.
Uno de los epicentros de la crisis se registra en el campo. El carácter parasitario de la burguesía venezolana puede medirse por el sencillo hecho de que un país tan rico en tierras importa el 70 por ciento de los alimentos. La burguesía ha vivido a expensas del petróleo. EI campo permanece en una abrumadora proporción ocioso e improductivo. El 75 por ciento de las tierras están en manos del 5 por ciento de los propietarios. La población agraria ocupa a sólo el 14 por ciento de los habitantes.
Chávez anunció medidas de reforma agraria, que se limitan a autorizar la expropiación de tierras sin cultivar superiores a 5.000 hectáreas y a condición de que sus dueños no puedan acreditar títulos de propiedad. Se trata de un universo muy estrecho de explotaciones, pero todavía es muy poca la tierra asignada y ninguna la expropiada. El empantana-miento en que se encuentra la reforma ha desatado ocupaciones de tierras y la reacción de los terratenientes, que contratan sicarios (asesinos a sueldo) o cuentan con la colaboración de parte del aparato estatal local. Se ha puesto en marcha una articulación de los campesinos en la Conferencia Campesina, patrocinada por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, que ha tomado un conjunto de resoluciones de lucha.
El quebranto industrial no le va a la zaga. El semanario The Economist dice que un 40% de las 11.000 firmas industriales ha ido a la bancarrota desde que Chávez es presidente, pero en realidad esto es el producto del ‘lock-out’ de hace tres años. Al final de esos 64 días de paralización, las empresas se enfrentaron a la obligación de pagar los salarios de los trabajadores y saldar deudas o recurrir a créditos sin contar con ingresos por producción ni liquidez.
Está sobre el tapete la cuestión de las empresas paralizadas, inactivas y quebradas.
Chávez denunció la existencia de 700 empresas cerradas; están siendo investigadas 1.149.
En el acto inaugural del Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas, Chávez anunció la expropiación de dos empresas, la siderúrgica Sideroca y una central azucarera. Dos meses antes, habían sido expropiadas la papelera Invepal y la productora de válvulas Inveval.
En los casos nombrados, el decreto de expropiación indemniza a los propietarios y transfiere el 51 por ciento de las acciones de la empresa al Estado y el otro 49 por ciento a una cooperativa integrada por sus trabajadores. En Invepal, el Estado venezolano ya ha desembolsado varios millones de dólares. Los trabajadores deberán comprar su parte con un porcentaje de la producción. Los niveles salariales del trabajador venezolano son extremadamente bajos. La remuneración promedio no alcanza a los 440.000 bolívares (alrededor de 200 dólares). Las empresas recuperadas no son la excepción.
La “cogestión”, por su parte, en su corta existencia, ya ha dado lugar a conflictos entre la burocracia estatal y los trabajadores, en particular en Inveval. Si bien el decreto gubernamental decía que la conducción debía quedar reservada a los trabajadores, lo cierto es que está en manos de funcionarios estatales que designan a los gerentes y toman las decisiones relevantes.
En los conflictos que se están suscitando, emerge la exigencia de que se expropien las empresas y se establezca una cogestión paritaria (grupo Polar, segundo grupo empresario local; las transnacionales Heinze, que cuenta con una procesadora de tomates, y Parmalat, que posee dos plantas, entre otras).
Aunque la cogestión estatal-obrera ha sido muy publicitada, el gobierno se ha inclinado por esta opción sólo como excepción y cuando se han agotado otras variantes. La línea dominante es procurar una suerte de cogestión obreros-empresarios privados. A las empresas privadas que operan de esta forma se les otorgan créditos baratos, se refinancian sus deudas con el Estado y se les da tratamiento privilegiado en las compras del Estado, así como una generosa eximición de impuestos. Estas prebendas explican que Fedecámaras (la Unión Industrial venezolana) haya saludado la iniciativa de la cogestión y que numerosos empresarios se hayan anotado para acogerse a sus beneficios.
La cogestión opera como una transición hacia otra etapa de acumulación privada, ‘post lock-out’. Esto, por supuesto, no asegura que vaya a sacar a Venezuela de la bancarrota industrial. Como ya ocurrió en el pasado, dichos recursos pueden servir para la fuga de capitales o la especulación financiera.
Con el agravamiento de la crisis, Chávez ha comenzado a hablar de “la revolución en la revolución” y del “socialismo del siglo XXI”, pero hasta ahora no ha pasado de los umbrales de un rescate del capital por medio de subsidios y de la mencionada cogestión. La acción emprendida por Chávez para recuperar la capacidad de decisión del Estado venezolano en el uso de sus recursos petroleros está limitada por éste horizonte social. Por otro lado, los ingresos del petróleo circulan monetariamente por los bancos venezolanos, 100 por ciento extranjeros, que, a cambio, han acumulado el 50 por ciento de la deuda pública. El gobierno paga puntualmente esta deuda, girando un promedio del 8 por ciento del PBI. Un descenso de los precios internacionales de los hidrocarburos sería suficiente para tirar abajo toda esta ingeniería financiera.
Por otro lado, los grandes grupos empresarios están marginal o excepcionalmente afectados por las medidas de intervencionismo estatal. En áreas estratégicas, como la del petróleo o la petroquímica, se acentúa la llamada apertura petrolera, o sea la asociación con los pulpos petroleros internacionales, en especial en la cuenca del Orinoco, donde se concentra una de las mayores reservas del mundo. En otra rama, como la siderúrgica, Sidor, en manos de Techint, ha sido rescatada en su momento por el Estado. Sidor ha estado pagando al Estado, en los últimos cinco años, un precio ridículo por el mineral de hierro que le proveía.
La libertad de que goza el capital mina las medidas que el gobierno establece en diferentes planos para reencauzar la economía. El control de cambios y de precios se ve socavado por el mercado negro y por la remarcación de precios. La inflación ha trepado al 23 por ciento anual, mientras los sueldos permanecen congelados. Nada retrata posiblemente mejor los límites de esta nueva experiencia política nacionalista que este virtual congelamiento de los salarios. En este contexto, el papel de las llamadas “misiones” (campaña de movilización masiva de recursos humanos y materiales volcados a las barriadas y zonas más carenciadas, para la alfabetización, salud, asistencia social) se circunscriben a mitigar los aspectos extremos de la pobreza.
El capital procura imponer su ley en este plan de recuperación. Los trabajadores de Invepal vieron demorado el comienzo de la producción, porque el Banco de Venezuela, que pertenece a un grupo extranjero, mantuvo bloqueada la financiación de la pulpa de papel. Los empresarios productores de maíz mantuvieron paralizada más de la mitad de la producción para extorsionar al gobierno con una suba del precio máximo de la harina.
Chávez pretende superar este conflicto, sea buscando una asociación del Estado con el capital privado, sea acentuando la tutela del gobierno sobre la actividad privada, sea mediante una combinación de ambos recursos. Se pretende establecer una armonía de intereses que no existe.
Pero, donde no hay vacilaciones es con relación a la clase obrera. En distintas industrias estatales, en particular en la industria petrolera, y también privadas, hubo una importante experiencia de control obrero durante el paro patronal de fines de 2002. Los trabajadores desafiaron el lock-out patronal y no permitieron que se parara la producción, como en el caso de las refinerías de Puerto La Cruz y El Palito. Pasaron por encima de los directivos comprometidos con la conspiración. Ahora, las autoridades procuran recuperar la plenitud de la conducción en las industrias estratégicas.
El gobierno puso en marcha una reestructuración de PDVSA y desplazó a los directivos golpistas, pero también desarticuló el control obrero, volviendo a la jerarquía de mando, con gerentes nombrados por el Ministerio. Con la asunción de la nueva Junta Directiva, a partir de principios de 2005, se asiste a una escalada de carácter derechista. Se ha puesto en marcha una campaña de despidos, traslados arbitrarios, listas negras y persecución de activistas, y son desplazados gerentes que se opusieron en su momento al golpe.
El problema de la nacionalización de los bancos, del monopolio del comercio exterior, del cese del pago de la deuda externa, de la existencia de un plan único elaborado y dirigido por los trabajadores para superar la miseria de nuestras naciones, y la gestión y el control obrero, cobran una inusitada y enorme vigencia, y en forma creciente se incorpora al debate cotidiano de los pueblos latinoamericanos.
