En la madrugada del lunes 14 de noviembre, la sede central del Partido Obrero -ubicada en pleno centro de Buenos Aires- sufrió un atentado criminal. Desconocidos ingresaron a la sede por los techos, forzando y destruyendo las rejas de seguridad, para iniciar un incendio, en tres distintos focos, que destruyó la sala central en la planta baja, donde se encontraban computadoras, archivos y materiales de trabajo. También se verificó, entre otros daños, el robo del disco rígido de una computadora. No se trata, pues de una mera destrucción edilicia, sino también de la búsqueda de información acerca del PO, es decir a una operación de espionaje.
El atentado fue la culminación de una escalada de ataques, provocaciones y falsas denuncias del gobierno de Kirchner contra el PO.
Cuatro días antes de las importantes marchas antiimperialistas contra la presencia de Bush en Argentina y contra Cumbre de las Américas en Mar del Plata -que tuvieron un fuerte protagonismo del Partido Obrero y el Polo Obrero- el ministro del Interior había formulado imputaciones criminales contra el PO con motivo de las violentas protestas de los usuarios contra el (mal) servicio privatizado de los ferrocarriles en una estación del Gran Buenos Aires. Ante la requisitoria legal del PO, el ministro Fernández debió retractarse, aunque no lo hizo en forma pública.
Las mismas provocaciones oficiales se repitieron luego de la gran marcha anti-Bush-Kirchner-FMI, que terminó con una brutal represión policial.
El atentado coincidió con un hecho político central en la capital argentina: el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra (fuertemente sostenido por Kirchner), enfrentaba ese lunes 14 la votación que lo llevaría a juicio político por su responsabilidad en la muerte de 194 personas en un incendio ocurrido en la discoteca Cromañón en la noche del 30 de diciembre de 2004. El Partido Obrero estuvo desde el primer momento junto a los familiares de las víctimas en todas sus movilizaciones. En la noche previa a la votación (y al atentado), el domingo 13, en uno de los “talk shows” políticos más seguidos de la TV, una legisladora ibarrista (Alicia Caruso) acusó al dirigente del Partido Obrero, Marcelo Ramal, de ser el “instigador” en los incidentes que dos días antes habían hecho naufragar el intento de sepultar el juicio político a Ibarra.
Pasadas tres semanas del atentado, ni el gobierno nacional, ni el de la Ciudad de Buenos Aires pronunciaron una palabra de rechazo o condena al hecho. Incluso, ni siquiera han intentado interiorizarse de un hecho criminal que, por su gravedad, afecta a la seguridad de las personas (el incendio pudo haberse propagado a los edificios lindantes) y a la vida política argentina. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires calificó como “una complicidad objetiva” con los atacantes la falta de solidaridad e incluso de interés del gobierno de la Ciudad (y, por extensión, al gobierno nacional) ante el atentado.
En los días posteriores al atentado, otros locales regionales del PO sufrieron ataques. En los días previos al atentado contra el PO, otros “desconocidos” habían ingresado a las oficinas del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), dirigido por el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, para robar computadoras y documentación. En los días posteriores, el local de ATE (sindicato de trabajadores estatales) en Esteban Echeverría fue objeto de un intento intencional de incendio.
El Partido Obrero agradece los innumerables mensajes de solidaridad recibidos, tanto nacionales como internacionales, y reafirma la necesidad de una campaña sistemática, incluso de alcance internacional, para el esclarecimiento del atentado.
