A veces, para comprender con mayor precisión un planteo es útil analizarlo a la luz de una situación concreta. Para el caso (el planteo de la CTA de un "seguro de empleo y formación" para jefes de familia), analizamos cómo sería su aplicación en la provincia de Neuquén, según lo desarrolla el folleto de la propia CTA.
Lo tomamos sobre todo en el aspecto en que la CTA relaciona su propuesta y la "oferta productiva que se encuentre en situación crítica o de paro forzado".
El universo de oferta productiva en esa situación es abundante en la zona, ya que gran parte de la economía regional (Pymes en su gran mayoría) está atravesando por esa coyuntura. Por ejemplo, en una industria típicamente regional como la fruticultura, decenas de empresas tipo Pyme se encuentran en convocatoria de acreedores (contándose en esa situación incluso algunas de mayor envergadura). O, por citar otro caso, se pueden mencionar los emprendimientos de ex empleados de YPF, hoy contratistas de servicios petroleros, que están al borde de la quiebra y serán auxiliados con fondos de Repsol en base al acta firmada en su momento por la petrolera y Sobisch.
Tomamos así los dos ramos fundamentales de la economía regional: los hidrocarburos en Neuquén y la fruticultura en Río Negro.
En Prensa Obrera Nº 670 ya se demostró que la paternidad intelectual del proyecto de la CTA le corresponde a Techint y el llamado grupo productivo.
Pero respecto a Neuquén, hay algo más.
En el Nº 1 (junio de 2000) de la revista de la Acipan (Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén), que nuclea a los empresarios de la capital neuquina, se puede leer que esta cámara patronal reclama, entre otros puntos, "que los subsidios al desempleo como los planes Trabajar y otros, sean transformados en subsidios directos a las Pymes que generan puestos de trabajo. Y así lograremos incorporar rápidamente mano de obra y generar dignidad en el hombre mediante un empleo".
En el Nº 2 (julio de 2000) se explaya más sobre este punto y pide directamente la implementación en Neuquén de lo que llama el modelo Córdoba, consistente en que "el Estado paga un salario de 140 pesos por cuatro horas de trabajo durante un año" (para los jóvenes) y que "el Estado paga el salario de 250 pesos durante 10 años de trabajo" (para mayores).
Aclara que "las empresas no pueden producir despidos por todo el tiempo en que dura el plan".
¿Y quién querría despedir con esos valores salariales, si incluso "el Estado se hace cargo de la ART y realiza el aporte jubilatorio y de la obra social"?
Acipan cataloga este modelo Córdoba como "muy interesante" y como responsable del bajo indice de desocupación en esa provincia (cuatro puntos abajo de Neuquén).
También comenta que dichos programas salieron por decreto de De la Sota, que "unos 15.000 jóvenes hicieron uso de este plan…" y que elimina el problema del padrón de desocupados, ya que el empleo lo consigue el interesado.
Manos a la obra
Es desde hace mucho tiempo que los empresarios y los diputados patronales buscan eliminar la Ley 2.128 (una especie de Plan Trabajar provincial), y que impulsan destinar para subsidios al capital los casi 12 millones de pesos anuales del presupuesto destinados al seguro de esa ley.
Esa ley es una conquista obtenida en base a la movilización de los gremios y de la Coordinadora de Desocupados a mediados del año 95, y su incumplimiento generó, entre otras cosas, la ocupación del Palacio Municipal en setiembre de ese año y de la Casa de Gobierno en octubre (con represión por parte de Sobisch).
Los empresarios de Acipan realizaron una ronda de conversaciones "con distintos sectores políticos". En una de esas visitas, su Comisión Directiva se reunió con el bloque de la Alianza, que le prometió una "pronta aprobación de la ley Pyme". Y un par de semanas después se conoce que desde la Secretaría de Trabajo de la provincia se trazó "un plan para subsidiar parte de los salarios" para las Pymes (La Mañana del Sur, 2/8/00).
Ese subsidio consiste precisamente en que "…si captan desocupados a quienes asiste el Estado con planes de empleo, podrán reducir costos porque se les garantiza que el subsidio se continuará pagando a la persona que incorporen por un período de hasta 12 meses" (ídem).
Se trata de los 150 pesos de la Ley 2.128 y planes Trabajar.
La Legislatura detalló los requisitos para acceder al subsidio, que no son otros que los del famoso modelo Córdoba, y hasta se instrumentaría mediante "un decreto del gobernador".
Como dos gotas de agua
La propuesta de la CTA se parece, en sus fundamentos y objetivos, como dos gotas de agua a la de Acipan y el gobierno. Hasta utilizan la misma terminología, ya que denominan a los planes Trabajar o de la Ley 2.128, planes de empleo, cuando en realidad se trata de verdaderos trabajos en negro que fijan un techo salarial en los 150/180 pesos, contra los trabajadores efectivos del Estado, cuyo salario garantizado de bolsillo es de 500 pesos, o de la actividad privada, cuyo promedio está muy por encima del subsidio.
Esto quiere decir que de aprobarse por ley o vía decretazo esta iniciativa de las patronales, los trabajadores de un sanatorio, un galpón de empaque, un matadero, un aserradero, etc., sufrirían la coerción a la baja salarial de los nuevos empleos, no pudiendo encontrar en su central una decidida política de oposición a este chantaje antisalarial.
La diferencia con la propuesta patronal no puede reducirse a lo que va de los 150/180 pesos de los planes de empleo a los 380 pesos que propone la CTA.
La CTA local, al menos, en 1996 realizó un congreso de desocupados conjuntamente con la Coordinadora y allí se votó por un "seguro al desocupado de 500 pesos sin discriminación desde los 16 años". Una consigna que reiteró el congreso de desocupados recientemente realizado en Cipolletti.
Ambos planteos están en una perspectiva totalmente diferente del que lleva como norte "La marcha grande por el trabajo". El planteo de un verdadero seguro al desocupado, especialmente para los gremios de la CTA, que nuclea mayoritariamente a trabajadores estatales, es otra forma de defender el salario del compañero estatal y su piso de 500 pesos. Y para ganar, incluso, a la lucha a todos los compañeros de los planes que realizan su "contraprestación laboral" en el Estado (en hospitales, escuelas, UAF, municipios, etc.).
Ni hablar que también significaría otro capítulo en la lucha política que los trabajadores nucleados en la CTA venimos sosteniendo frente a las patronales de Acipan, y un puente hacia sus trabajadores. De clase a clase.
No hay otra manera clasista de plantear esta cuestión.
