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IXº Congreso del Partido Obrero Argentina: El carácter de la nueva etapa

Por Luis Oviedo
Comisión redactora: Julio Magri, Néstor Pitrola, Marcelo Peralta, Luis Oviedo 
Redacción final: Luis Oviedo
 
 
Desde el Santiagueñazo (diciembre de 1993) y, en particular, desde el primer Cutralcazo (junio/julio de 1996), diversos sectores de las masas trabajadoras y explotadas del país han desarrollado una extraordinaria actividad combativa.
 
Los cortes de rutas; las ocupaciones de fábrica (en Atlántida, en Fiat, en Renault); las ocupaciones de intendencias y edificios públicos; las huelgas generales por tiempo indeterminado (docentes de Neuquén, trabajadores del pescado de Mar del Plata); los piquetes (que hicieron cumplir los paros generales en el transporte y en el comercio, en particular en Córdoba y Rosario); las manifestaciones de masas; los enfrentamientos callejeros con la gendarmería y la policía; las asambleas populares. Se trata de métodos de lucha drásticos, atentatorios de la legalidad democrática, de la propiedad capitalista y del poder del Estado burgués; en otras palabras, se trata de métodos de lucha revolucionarios.
 
Con esos métodos de lucha, los trabajadores salieron a la lucha en defensa de programas, reivindicaciones y planteamientos que aunque todavía incompletos, parciales o tentativos revelan una creciente claridad de los explotados sobre la situación en su conjunto.
 
Los planteos de fogoneros y piqueteros neuquinos y salteños con relación a la desocupación y a la privatización de la industria petrolera pusieron al desnudo la incompatibilidad de la política capitalista con las reivindicaciones elementales de las masas para la subsistencia. Las puebladas en las provincias ricas en petróleo y, sin embargo, vaciadas productiva y financieramente, ayudaron a sacar a luz que YPF y las petroleras privadas han procedido a una colosal transferencia de capitales al exterior, que equivale a un vaciamiento industrial y patrimonial, y a una gigantesca depredación ecológica. El reclamo del aumento de las regalías petroleras y gasíferas y la exigencia de que se destinen al desarrollo industrial de las provincias extractoras plantea, en perspectiva, la renacionalización sin pago de las empresas privatizadas, bajo control de la clase obrera. Aún en forma tentativa, estas luchas plantearon la cuestión del control obrero: "la cuestión de la gestión de los trabajadores aparece claramente en el punto del acuerdo (para el levantamiento del primer Cutralcazo) referido a la distribución de los víveres (...) los piqueteros impusieron su derecho a voz y voto en la comisión encargada (...) cuando formularon esta exigencia, denunciaron la completa inacción de las municipalidades, es decir, vincularon el reconocimiento del derecho a la gestión popular con el derrumbe de las instituciones estatales existentes" (1).
 
La pueblada jujeña puso al descubierto que los ingenios azucareros habían literalmente vaciado a los bancos de sus provincias y a sus presupuestos estatales, mientras procedían a una concentración de tierras que no pretendían poner en producción. La confiscación de la oligarquía agraria es la perspectiva que se desprende de los reclamos de los piqueteros jujeños.
 
En resumen, podemos decir que, desde el Santiagueñazo y el primer Cutralcazo, "el pueblo lucha cada vez más; este pueblo que lucha se da cada vez mejores programas; con la lucha y la conciencia surge también una nueva generación de la clase obrera" (2).
 
Estas dos características de las luchas obreras y populares sus métodos y sus programas confirman los pronósticos formulados por el PO a partir de esas dos grandes rebeliones obreras que fueron el Santiagueñazo y el Cutralcazo.
 
En diciembre de 1993 (es decir, ¡hace ya más de cuatro años!), señalamos que "(el Santiagueñazo) es una rebelión que marcará época en los años 90". Pronosticamos que, como el Cordobazo de 1969, iniciaría una etapa de luchas y rebeliones populares ("Santiagueñazo: el Cordobazo de los 90"). Fuimos incluso más lejos al plantear que, si se exceptúa la importancia política y social de Córdoba y la presencia en esta provincia de un concentrado proletariado industrial, "en todo lo demás, el Santiagueñazo superó al Cordobazo". Lo superó porque sometió al poder político a una implacable demolición; porque se extendió al interior de la provincia y, fundamental, porque no estuvo dirigido contra una dictadura sino contra una democracia. En oposición a quienes planteaban que se trataba de un estallido espontáneo, dijimos que "por el solo hecho de haber demolido las instalaciones de todos los centros del poder político y de haber enfrentado a la policía, los manifestantes del Santiagueñazo demostraron una elevada conciencia, típicamente política ...". Por todo esto, concluíamos en 1993, "el Santiagueñazo ha cumplido un enorme papel de pedagogía nacional (...) Para el conjunto de los movimientos sociales reivindicativos y de lucha, muestra el camino de la huelga general, de la acción callejera, de la ocupación de edificios, de las Asambleas populares y del poder" (3).
 
Dos años y medio después, señalamos que "la (primera) pueblada cutralquense fue una revolución, porque se abrió paso golpeando al Estado capitalista, porque lo redujo en gran parte a la impotencia y porque, en esa misma medida lo sustituyó por una organización, incipiente pero real, que asumió la representación y la autoridad de las masas (...) Por sus métodos y características (el Cutralcazo) alumbró una nueva realidad política, que choca frontalmente con todo el orden existente y que, por ese motivo, muestra la vigencia de una nueva perspectiva (...) La pueblada de Cutral Co - Plaza Huincul es una demostración irrefutable de que en todo movimiento profundo de los explotados se expresa instintivamente la tendencia a la reorganización de la sociedad sobre nuevas bases" (4).
 
Es imposible no encontrar las huellas del Santiagueñazo y del Cutralcazo en las luchas de los desocupados en todo el país, en las puebladas de Cutral Co, de Tartagal, de Cruz del Eje y de Jujuy; en la huelga de los docentes neuquinos, en las ocupaciones de las automotrices cordobesas, en las huelgas de los petroleros, en el proceso de reorganización sindical en Metrovías y la UTA, en la lucha de los colectiveros de TDO, en la lucha de dos meses de Atlántida, en la huelga general de los trabajadores del pescado de Mar del Plata, en las manifestaciones democráticas y juveniles contra los asesinatos del poder; en todas y cada una de las expresiones de lucha de los explotados de los últimos tiempos.
 
El desarrollo de los acontecimientos demostró lo acertado de estas caracterizaciones y del conjunto de la política derivada de ellas:
 
Con relación al programa de lucha, el VIIº Congreso del PO (1995) había votado: "1. Abajo el régimen fundido de Menem y Cavallo, que arrastra y quiere arrastrar todavía más a los explotados y al país a su propio hundimiento; 2. Que la crisis la paguen ellos; 3. Que se abran las cuentas del Estado y de los capitalistas; 4. Por un seguro al parado de 500 pesos; por una jubilación mínima de 450 pesos; por un salario mínimo igual a la canasta familiar (1.100 pesos); escala móvil de horas de trabajo; abajo todas las formas de flexibilización y de desconocimiento del contrato colectivo de trabajo; apoyo a todas las reivindicaciones populares; 5. No a la privatización de la salud ni de las obras sociales; por una salud estatal y gratuita bajo el control y gestión de los trabajadores; 6. Por la unificación de todas las luchas con una plataforma única: huelga general; 7. Fuera Menem-Cavallo y sus gobernadores; 8. Asambleas Populares, congresos de bases y congresos de trabajadores en lucha en todas las provincias y el país; denunciamos el planteo de formar multisectoriales con las patronales grandes y pequeñas, como una política de recambio del sistema, de paz social, y de derrota de los trabajadores; 9. Reconstruyamos y desarrollemos la organización obrera y de las masas, reventada por la burocracia sindical de todas las tendencias; 10. Formemos una dirección revolucionaria reclutando a la nueva generación de luchadores; 11. Por un gobierno de trabajadores. Por la unidad socialista de América Latina".
 
Como tareas para el desarrollo de una vanguardia obrera, fue decidida:
 
una campaña de suscripciones en masa, que concluyó con un éxito indudable;
 
una campaña de apertura de locales, concebidos como centros de organización político-reivindicativa de los explotados, que llevó a inaugurar casi 200 locales;
 
el llamamiento aprobado por el VIIIº Congreso del PO (diciembre de 1996) planteó la posibilidad de la formación de un frente de las organizaciones partidistas y no partidistas de la clase obrera, lo que marcó un salto en la proyección de una política frentista de carácter revolucionario;
 
la convocatoria a Asambleas Nacionales de Trabajadores, concebidas como el ámbito en el cual el Partido Obrero debate con la vanguardia obrera, en el cuadro de una experiencia política y de lucha común, los planteamientos políticos de la etapa, un programa y las tareas que se desprenden de ellos.
 
El significado de las luchas obreras
 
Por sus métodos y por sus programas, las luchas que han desarrollado y desarrollan las masas son una manifestación objetiva de la hondura que ha alcanzado la crisis del régimen social y político imperante.
 
Desde el punto de vista subjetivo, es decir, desde el punto de vista de la conciencia, plantean la posibilidad de una nueva generación obrera revolucionaria. Se trata del hecho más cargado de potencialidades revolucionarias que haya sucedido en la Argentina desde el Cordobazo, hace tres décadas.
 
Las tendencias revolucionarias que comienzan a hacerse presentes en la clase obrera argentina son la expresión concreta y positiva de la crisis del peronismo y del hundimiento del régimen político menemista: no es casual que las tendencias más combativas y los métodos de lucha más radicales se hayan visto entre la masa de trabajadores que en 1995 votó al peronismo. También se destaca el crecimiento del Partido Obrero (en número de votos, de locales, de suscripciones, de militantes y en su extensión geográfica), y su preeminencia creciente sobre la izquierda democratizante.
 
Desde el punto de vista metodológico, es imposible separar el análisis de estas tendencias y manifestaciones revolucionarias que recorren a la clase obrera argentina de la actividad y de los planteamientos del partido que las recoge, las analiza y pugna por generalizarlas y llevarlas un peldaño más arriba.
 
Medidas con el termómetro de la agitación política, las expresiones de esta tendencia revolucionaria son más que manifiestas:
 
La dureza y la energía con que los docentes neuquinos sostuvieron la huelga durante cinco semanas y el abierto repudio que manifestaron en sus asambleas a la traición de su dirección.
 
La empecinada negativa de los piqueteros y docentes neuquinos a abandonar los puentes; la negativa de los piqueteros jujeños a abandonar las rutas y las derrotas que infligieron a la gendarmería que intentó desalojarlos.
 
La negativa de los piqueteros jujeños a desarmar sus piquetes, después de levantar los cortes de ruta, y su decisión de mantenerlos, convertidos en ollas populares: "la victoria de Jujuy consiste precisamente en que ha quedado establecido un poder organizado de las masas, que permitirá ejercer una vigilancia popular sobre el poder del Estado y que servirá para impulsar futuras movilizaciones todavía más profundas ..." (5).
 
Los piquetes obreros que, a pesar de la represión, garantizaron el paro general del 14 de octubre convocado por la CTA y el MTA, sin ninguna perspectiva de continuidad, dominguero, sin organización y subordinado a la perspectiva política de la Alianza.
 
La aparición en las luchas, de manera cada vez más decisiva, masiva y dirigente, de la juventud obrera y, en particular, de la mujer obrera, es decir, de las capas más explotadas de la población trabajadora. En ocasión del Encuentro de Mujeres, que se realizó en San Juan, Prensa Obrera destacó que se había producido un brusco cambio en la composición social y la agenda política del Encuentro (ya preanunciado como tendencia en los anteriores), con la masiva presencia de mujeres piqueteras, obreras, desocupadas, campesinas.
 
La enorme lucha de Atlántida, en la que una fracción de la clase obrera enfrentó un combate durísimo sabiendo, de entrada, que enfrentaba el riesgo de sufrir una severísima derrota, pero no estaba dispuesta a una capitulación sin combate que llevara a la desmoralización de la clase obrera y a la destrucción del paciente trabajo de construcción clasista llevado a cabo durante años por su Comisión Interna.
 
La derrota fue directamente infligida por el enemigo de clase y por la burocracia sindical. Llegó después de dos meses de una lucha heroica que recurrió a todos los métodos propios del movimiento obrero: la huelga, la ocupación de planta, los piquetes, los cortes de ruta, la olla popular, el fondo de huelga, la manifestación de masas, el establecimiento de lazos de solidaridad internacional con los gráficos del Cono Sur, la organización de las mujeres y los hijos de los huelguistas, la agitación popular y la campaña de boicot. En esos dos meses de lucha, Atlántida se convirtió en un punto de reagrupamiento para el movimiento obrero combativo de la zona norte y de todo el país, lo que se manifestó en la convocatoria, votada en asamblea general, al acto político del 1º de Mayo, junto con otras direcciones sindicales antiburocráticas y un conjunto de partidos de izquierda.
 
La existencia, permanencia y extensión de un movimiento de los desocupados que por su peso social y su capacidad de movilización y lucha, es una creación significativa de los explotados argentinos.
 
Las grandes manifestaciones contra los crímenes que involucran a la policía y a los organismos represivos (Cabezas, aniversario del atentado a la Amia) y, en particular, las sistemáticas movilizaciones juveniles contra la policía del gatillo facil.
 
El propio resultado de las elecciones, cuyo significado más importante es el aumento de la votación de la izquierda (incluido Pueblo Unido) y, particularmente, la votación del Partido Obrero. En este sentido, los trabajadores han dado un paso pequeño pero de características históricas, pues han dejado de votar por sus verdugos para votar por sus compañeros.
 
Una de las manifestaciones más claras de las tendencias que comienzan a manifestarse en la clase obrera es la respuesta de una significativa fracción de su vanguardia al llamamiento formulado por el PO para que las organizaciones partidistas y no partidistas de la clase obrera organizaran una jornada de lucha común el 1º de Mayo. El solo hecho de un planteamiento de estas características inédito para las actuales generaciones de luchadores y militantes prueba la existencia de un proceso de cambios en la vanguardia de la clase obrera. El PO formuló este planteo en función de las condiciones objetivas la segunda pueblada de Cutral Co, la huelga docente de Neuquén, la huelga de Atlántida, el conflicto de las automotrices cordobesas, y porque además también se desarrollaban condiciones subjetivas. Resulta evidente el grado de conciencia que demostró esta vanguardia obrera Atlántida, los delegados de las automotrices cordobesas, TDO, que respondió positivamente a este llamamiento, que la izquierda democratizante se lanzó a boicotear.
 
La movilización de los explotados argentinos es inseparable de la extensión de las luchas en el plano internacional, como las ocupaciones de tierras, edificios públicos y las marchas multitudinarias en Brasil; la pueblada que volteó a Bucaran en Ecuador; la insurrección en Albania; las luchas de los obreros europeos y norteamericanos; el levantamiento obrero que ha comenzado en el Asia. Asistimos a una reversión de las iniciativas políticas e ideológicas reaccionarias de la última década.
 
Es a la luz de un cuadro de conjunto signado por el agotamiento del peronismo; el hundimiento del régimen político; la crisis económica internacional; la crisis del Mercosur; la división de la burguesía; los recambios de régimen político, y movilizaciones de masas más amplias y revolucionarias a nivel mundial; la reversión de las tendencias ideológicas dominantes, que puede apreciarse la transición hacia una nueva etapa política, que debe llevar a la completa superación política de la clase obrera de los cadáveres putrefactos del policlasismo peronista, la burocracia sindical y la demagogia democratizante de la pequeña burguesía.
 
La política de la burocracia sindical. La CGT
 
La CGT menemista, golpeada por la derrota electoral del gobierno, pactó el recambio de Caro Figueroa por Erman González y la moneda de cambio ha sido, una vez más, la aplicación de la privatización gradual de las Obras Sociales, planteada por el Banco Mundial. El otro logro de la CGT es la participación de la burocracia central en los convenios por empresa.
 
La burocracia, al poner el acento en la reforma laboral, presenta a la ola masiva de suspensiones y despidos como una situación pasajera derivada de la crisis asiática. Sin embargo, se ha denunciado recientemente que se están firmando 25 convenios mensuales por empresa, con flexibilidad laboral, extensión de la duración de los contratos temporarios, fraccionamiento de las vacaciones; estos convenios que tienen un carácter ilegal, porque violan las disposiciones de la ley de contrato de trabajo caracterizan de conjunto el programa y la política de la burocracia menemista. Este es el argumento que está esgrimiendo el sindicalismo oficialista para obtener su reconocimiento como firmante de los futuros convenios de empresa: la firma ahora, en cantidades industriales y al margen de la ley de estos convenios por empresa flexibilizados. Entre tanto, la burguesía pasa a los hechos (Siderca, Fate, transporte, precarización absoluta de los nuevos empleos), mientras busca superar la crisis política del gobierno que empantana la reforma.
 
El acta-acuerdo CGT-gobierno está en total sintonía con los compromisos adoptados por Roque Fernández con el FMI: reduce el 30% las indemnizaciones por despido; elimina el piso de dos sueldos y reduce el preaviso; autoriza la eliminación de la indemnización y el seguro de desempleo en un plazo de tres años y su reemplazo por un fondo de retiro administrado por las AFJP; permite que los convenios puedan modificar total o parcialmente y en cualquier sentido los acuerdos generales y la ley; privilegia los acuerdos por empresa y los convenios individuales, atomizando al movimiento obrero; deroga los estatutos especiales y elimina la vigencia indefinida de los convenios. La operación Erman busca rescatar esta acta del golpe electoral. Entrelazada con el Estado, los gobiernos y los políticos patronales, la burocracia carece de la más mínima independencia para llevar adelante una lucha consecuente.
 
El modelo sindical de la CTA
 
La burocracia opositora de la CTA y el MTA no escapa a esta regla, como lo prueba su indiferenciación práctica con la burocracia menemista en la flexibilización de los choferes de colectivos y en Metrovías (UTA), en la brutal flexibilización de los convenios de OCA (camioneros), en la derrota del Area Material Córdoba, en la política de la CTA en Fiat y Río Turbio, en la traición de la huelga docente neuquina y el Cutralcazo, en el fracaso de la carpa docente. Su programa coincide con el planteo estratégico de la burguesía: modernizar las relaciones laborales, es decir, flexibilizar y atomizar al movimiento obrero.
 
La CTA basa la estrategia de la nueva central en reformas parlamentarias a la ley de asociaciones profesionales y a la ley de convenios. La ley de asociaciones profesionales 23551, o ley Britos, es un sistema de avales proscriptivos, exigencias de antigüedad, requisitos afiliatorios, intervencionismo de las comisiones internas de fábricas y empresas, de reducción del número de delegados, con mandatos a dos años no revocables, basado en el contralor del Ministerio de Trabajo, que consagra el monopolio burocrático de las cuentas y la digitación de las personerías por el Estado.
 
Sin embargo, la CTA critica este instrumento de regimentación e intervencionismo del Estado sobre las organizaciones obreras y de perpetuación de la casta burocrática sólo en un aspecto, el monopolio de la personería gremial.
 
Para la CTA, la dominación de la burocracia sindical estaría en crisis por causas externas al sindicalismo: desempleo, precarización, automatización, globalización, etc. La crisis capitalista y la tendencia patronal a la superexplotación obrera son presentadas como factores externos a los sindicatos y no como el escenario político donde se pone a prueba su carácter como organizaciones de clase, y de herramientas de lucha contra la barbarie capitalista, y el valor de sus direcciones. La causa de la crisis del sindicalismo es la integración de la burocracia al Estado capitalista y su subordinación al nacionalismo burgués, algo que a la CTA le parece normal. Por eso, no logra explicar porqué el sindicalismo burocrático está en crisis en el preciso momento en que las masas procuran desarrollar una actividad combativa y dotarse de organizaciones apropiadas para llevar sus luchas a la victoria.
 
La nueva central sería una opción para la incorporación de sectores no tradicionales, a saber, jubilados, desocupados e incluso cuentapropistas. Pero no es su política que los jubilados y los desocupados tengan sindicatos propios, sino que se manejen como comisiones del aparato sindical. Sí se busca convertir al sindicalismo en un movimiento social plural, para quitarle su connotación clasista.
 
La idea de la CTA de modificar el régimen de exclusividad sindical para adecuarlo a la normativa internacional la obliga a aclarar que "(el) planteo no es un cuestionamiento a la unidad sindical", precisamente porque una vez pasado en limpio, lo único que queda en pie de su planteo es la división de aparatos, desprovista de toda estrategia capaz de unir a la clase obrera para enfrentar la crisis capitalista.
 
Otro cuestionamiento de la CTA a la ley de asociaciones profesionales es la preeminencia del sindicato de actividad sobre el de menor rango, grupo, empresa, etc. Esto constituye una desembozada propuesta de sindicatos por empresa, que haría las delicias de la mismísima Techint.
 
La CTA hace esfuerzos extremos para poner su programa en línea con la Alianza. El especialista sindical de la Alianza, Julio Godio (un viejo funcionario de los organismos laborales del imperialismo), se despachó a favor de una rebaja del 40% al 50% de las indemnizaciones y por la rebaja de los aportes patronales para blanquear el empleo. El alineamiento con la Alianza coloca a la CTA en la disyuntiva de ser cooptado directamente por un sector del gran capital que busca terciar en la reforma laboral, recortando todavía más las conquistas para combatir la competencia desleal que provoca la contratación de obreros en negro. Según Clarín (23/12), nueve de cada diez nuevos empleos son precarios, a prueba, sin beneficios sociales ni previsionales, con un altísimo nivel de rotación.
 
Nuestro planteo de agosto de 1997 a la CTA y al MTA, señalando que "enfrentan un dilema insoslayable: o rompen con la Alianza o se convierten en lugartenientes sindicales y en verdugos de la clase obrera", fue confirmado por la realidad. La emergencia de nuevas y grandes luchas contra las consecuencias devastadoras de la crisis planteará, una y otra vez, esta disyuntiva. En este proceso inevitable de choques y crisis, la consigna del Congreso de Bases y la exigencia de la ruptura con Duhalde y la Alianza cobrarán enorme vigencia política. No se puede descartar que, como consecuencia de la presión de abajo y de los golpes de la crisis, estas direcciones tomen determinadas iniciativas de lucha. Pero carecen de toda posibilidad de llevarlas consecuentemente adelante. Sistemáticamente debemos impulsar una nueva dirección de los trabajadores.
 
El MTA
 
El carácter más oscilante del MTA respecto a la CTA, ha tenido expresión en su proyecto de reducir la semana laboral a 40 horas. Después de una inauguración sonora de la campaña, no se volvió a hablar más de ella.
 
En cuanto a la negociación colectiva, el MTA cierra filas con la CGT oficial y toma el viejo argumento de Miguel: el peligro del debilitamiento de la burocracia ante el cuadro de luchas y levantamientos obreros que se avecinan con la crisis. En este punto, el enfrentamiento entre el MTA y la CTA es muy agudo.
 
El MTA agita la vuelta al peronismo, pero consiguió la presencia de un solo legislador ¡para colmo radical! en el lanzamiento de su proyecto de las 40 horas en el Bauen. El planteo industrialista del momento es rebajar los aportes patronales, reducción concreta y efectiva del gasto público (despidos de trabajadores estatales, flexibilidad docente) y la más amplia libertad de contratación (liquidación de los convenios y las indemnizaciones).
 
El proyecto de las 40 horas no rompe de un modo general con el horizonte de la modernización de las relaciones laborales (convenios articulados, recursos de crisis), pero la inclusión de algunas reivindicaciones concretas como las 6 horas por insalubridad, el salario mínimo de 500 pesos en un año de plazo para los activos y jubilados, la derogación de los contratos basura lo transforman en una iniciativa que choca con la política de reforma laboral. Como consecuencia de ello, el proyecto no encuentra padrinos que lo adopten entre las fuerzas políticas de la burguesía y, por lo tanto, su perspectiva parlamentaria está completamente fundida.
 
La iniciativa podría tener vida apoyada en un Congreso de Bases y en un plan de lucha, algo que el MTA no está dispuesto a hacer, como lo demuestran sus últimas movilizaciones a la Corte Suprema y el acto de la Federación de Box, orientados exclusivamente al reemplazo de Daer por Viviani, un hombre de Miguel, en la cúpula de la CGT. En este punto, el levantamiento sin fecha del Confederal dejó sin eje, nuevamente, al MTA.
 
Semejantes oscilaciones son la causa de permanentes choques internos entre Camioneros, la UTA y la UOM. El ascenso del gremio de camioneros (movilizaciones, cortes de rutas) no encuentra una salida en el marco de la estrecha política de su dirección; tampoco los trabajadores de Metrovías o los del transporte, afectado por una crisis impresionante.
 
La izquierda
 
Frente a una situación caracterizada por la tendencia objetiva y subjetiva de la clase obrera y las masas explotadas a la lucha, la izquierda acentuó sus características democratizantes y su tendencia a las combinaciones electoralistas sin principios.
 
Las manifestaciones son abrumadoras:
 
Su adaptación justificatoria a la directiva de Aten (CTA) durante la huelga docente de Neuquén y, en particular, su apoyo político a la dirección de Aten Capital, a la que presentaban como una dirección combativa y clasista. Estas direcciones docentes traicionaron la huelga, levantándola sin obtener ninguna de las reivindicaciones, precisamente en el momento en que la movilización de toda la provincia había puesto al gobierno al borde del nocaut. La traición de estas direcciones fue completa: el levantamiento de la huelga, además, dejó aislados a los piqueteros de Cutral Co, que habían salido a cortar las rutas en apoyo a los docentes. La izquierda democratizante calificó el acta capituladora que firmaron las burocracias de Aten para levantar la huelga como una "victoria" (aquí también debe incluirse al Pts, que le concede a la burocracia haber obtenido algunas de las reivindicaciones planteadas).
 
Su política frente al Sitramf, el Sindicato de Trabajadores Mecánicos de Fiat, que surgió en Fiat Auto de Córdoba luego de la gran lucha del 96 (con ocupación de planta incluida) contra el convenio Fiat-Smata y la burocracia de Rodríguez-Campellone. En relación a la lucha de los mecánicos cordobeses, "la izquierda (democratizante) no quiere fijar una posición propia de oposición a la absorción del Sitramf por parte de Lorenzo Miguel; es decir que no defiende la independencia del Sitramf. No lucha por su reconocimiento; no lucha por la formación de una Interfabril en el Smata-Córdoba; no lucha por la expulsión de Campellone del Smata, es decir por la completa derrota del convenio Fiat-Smata, que debe ser un objetivo estratégico para toda la clase obrera" (6).
 
La izquierda apoyó la estrategia de la Directiva encabezada por Carlos Gallo de incorporar el Sitramf a la UOM (como seccional Ferreyra) ... mientras la UOM boicoteaba los paros convocados en Fiat por la reincorporación de los activistas despedidos, con la excusa de un futuro (nunca concretado) plan de lucha nacional. Esto le permitió a la patronal seguir promoviendo despidos de activistas y avanzar en la aplicación del convenio Fiat-Smata, sin encontrar ninguna resistencia sindical.
 
Su activo boicot a la lista docente salteña integrada por los mejores activistas del gremio y encabezada por militantes del PO, y la conformación de una lista de toda la izquierda con el único objetivo de impedir una victoria clasista en el principal gremio de la provincia.
 
Su oposición a conformar Interfabriles en Córdoba, en la Zona Norte del Gran Buenos Aires que sirvieran como puntos de apoyo a los fundamentales conflictos que se desarrollaban.
 
Su política frente al acto del 1º de Mayo, donde se negó a que el lugar protagónico lo jugaran las organizaciones de fábrica o sindicales que habían promovido las principales luchas de los últimos meses. Así, se enfrentó a la unidad de acción común de las organizaciones obreras combativas, partidistas y no partidistas, que hubiera servido para desarrollar la conciencia de clase de las organizaciones no partidistas y para romper el aislamiento pequeñoburgués de la izquierda democratizante.
 
Su hostilidad a la conformación de un polo obrero y de izquierda, de oposición al ménemo-duhaldismo y a la Alianza en las elecciones.
 
Su movimientismo, es decir, su tendencia a la auto-degradación, a la búsqueda de su rescate por el centroizquierda y su desprecio al programa.
 
El extraordinario retraso del Mst para romper con la directiva traidora de Aten Capital, de la cual formaba parte: recién cuarenta días después del levantamiento de la huelga y con el argumento de que "la dirección traicionó" ... lo cual suena como una excusa torpe después de que apoyó toda su política durante la huelga y calificó el acta capituladora como una "victoria".
 
La política del Ptp en Siderca, que dejó pasar sin lucha el despido del principal miembro de la Interna. Peor aún, se negó obstinadamente a una acción común con Atlántida, en ese momento en conflicto, que hubiera sido la base para la formación de una Interfabril en la Zona Norte.
 
La participación del Pc y de la Cpl en la lista única de la burocracia degennarista en las elecciones de la CTA.
 
La subordinación política del Ptp a la CTA y al MTA.
 
El frentismo descompuesto del Mst y del Pc, de cúpula, de espaldas a las masas y subordinado a los banqueros de la jubilación privada.
 
El abstencionismo del Ptp, que apenas disimulaba su apoyo a la Alianza.
 
La tendencia a la disolución política del Mas.
 
El contraste con la política del PO es rotundo.
 
Nuestra oposición política a la directiva de Aten Capital, desde mucho antes que comenzara la huelga docente (por su traición a la lucha de los desocupados, a los que calificaba de "lúmpenes"), sentó las bases para una política independiente durante la huelga, para la denuncia del acta de la traición en el mismo momento en que ésta era firmada, para la masiva oposición de los docentes al levantamiento capitulador de la huelga y para una política de reconstrucción política y organizativa del activismo después de la derrota.
 
Nuestra oposición a la disolución del Sitramf en la UOM y nuestro planteo, con un conjunto de activistas, de "no esperar nada de Miguel", de que "lo fundamental es el plan de lucha de Fiat Auto" y de la necesidad de la convocatoria de una interfabril con los delegados de base y activistas de Ciadea, VW y las autopartistas, "que se constituya en un comando único de los trabajadores automotrices en lucha, para la reorganización de los cuerpos de delegados y la denuncia de los convenios".
 
Nuestra insistencia, verdaderamente obsesiva, en el planteo de la unidad político-reivindicativa de las organizaciones de lucha, partidistas y no partidistas, de la clase obrera (1º de Mayo, elecciones) y el desarrollo de las Asambleas Nacionales de Trabajadores.
 
Por sus programas (nacionalistas, democratizantes, propatronales, cooperativistas) y por su acción política cotidiana (subordinada a la burocracia y a la Alianza; cupular; anticlasista y hostil a la independencia política del proletariado), la izquierda democratizante es un peso muerto. La izquierda no concibe el accionar político fuera de los marcos democratizantes, es decir, fuera de los marcos del Estado burgués.
 
La crisis económica
 
La crisis económica mundial es el principal factor en el inicio de un período de gigantescas convulsiones económicas, sociales y políticas. Fue preparada por la ruptura de todos los equilibrios económicos internacionales, el hundimiento bancario y bursátil japonés, iniciado hace ya cinco años, de un lado, y el endeudamiento y la sobrevaluación de Estados Unidos, por el otro.
 
El actual derrumbe incorpora la confiscación más gigantesca de la historia de los países coloniales y semicoloniales, cuyo epicentro fue la llamada década perdida en los años 80 (entre 1975 y 1990, el producto bruto por habitante en la Argentina, cayó un 25% aproximadamente), y la depredación de las economías del Este europeo a partir del derrumbe del Muro de Berlín y de la liquidación de la Unión Soviética en el inicio de los 90. Este enorme proceso de expropiación no pudo revertir la tendencia al estancamiento de la economía capitalista y dio lugar a un proceso especulativo que no tiene antecedentes en la historia del siglo XX, y concluye ahora bajo la forma de la caída estrepitosa de los mercados financieros del mundo entero.
 
El régimen menemista buscó adaptarse sin ningún tipo de condiciones a estas condiciones mundiales. Si la crisis fuera importada, como dicen los oficialistas, es simplemente porque el propio régimen se vanaglorió de importar lo que consideraba la dinámica propia del mundo moderno. La criminalización de los negocios, la acentuación de las desigualdades sociales y nacionales, la desintegración de los mercados, el despilfarro de los recursos y el uso de la violencia en la captura de posiciones de la competencia, son características salientes de esta fase de descomposición. Mientras las usinas intelectuales del gran capital proclaman que con la globalización el funcionamiento cíclico del capital y sus crisis periódicas quedan abolidos, las tendencias subterráneas de la crisis operan con más vigor que nunca.
 
Derrumbe del plan Cavallo
 
El derrumbe del plan Cavallo comenzó a principios de 1994, cuando el aumento de la tasa de interés en EE.UU. le puso un límite a la entrada del capital especulativo y a la reactivación del consumo basada en la bicicleta financiera y el endeudamiento público. La devaluación mejicana (tequila), de diciembre de 1994, potenció ese derrumbe y provocó una espectacular destrucción de fuerzas productivas. La crisis se manifestó con una caída pronunciada de la producción, una fuga de depósitos bancarios del orden de los 8.000 millones de dólares y un aumento de la desocupación oficial, que trepó al 18,5 %.
 
Esta crisis fue conjurada a través de un acuerdo con el FMI, que obligó al gobierno ménemo-cavallista a aumentar los impuestos al consumo y a armar una red de seguridad bancaria, para evitar el colapso de los bancos. Esta salida elevó el endeudamiento en más de 10.000 millones y, a pesar de los mayores impuestos, el déficit fiscal siguió en ascenso, superando los 7.000 millones de dólares. Los índices de producción industrial que se usaron en ese momento para mostrar la salud del plan Cavallo y la superación del tequila fueron, simplemente, ficticios: la existencia de una masa de millones de desocupados, sin posibilidades de ser reabsorbida, es su mayor refutación. Peor, algunas de las ramas que fueron mostradas como la prueba de la reactivación como la automotriz basaron su recuperación en el comercio administrado con Brasil.
 
La caída de Cavallo se explica por el derrumbe de su plan y por las luchas obreras y populares contra las consecuencias catastróficas del fracaso del plan y de los intentos gubernamentales por salvarlo.
 
Esta crisis abrió un nuevo proceso de confiscación, ya no a través de las privatizaciones de las empresas estatales, sino directamente con el desplazamiento de la gran burguesía argentina de bancos, grupos económicos, compañías de seguros, industrias y campos.
 
Según datos del gobierno, sin incluir las privatizaciones, los capitales extranjeros compraron a burgueses locales 423 empresas de gran porte, que sumaron más de 20.000 millones de dólares desde 1992 a setiembre de 1997, "de los cuales poco menos de 10.000 millones se realizaron durante 1997". En los tres meses siguientes, continuaron las compras, como las de las empresas de Yabrán por parte del Grupo Exxel, de varias compañías de seguros y otros bancos por otros fondos especulativos norteamericanos.
 
Los bancos fueron el destino predilecto de estas compras, lo que revela que la crisis bancaria de 1995 fue resuelta a través de una liquidación general de posiciones de los banqueros locales. Esto arrastró a las AFJP, que ya en un 75 por ciento están en manos de grupos extranjeros, y a las compañías de seguros (desde 1995 en adelante, fueron liquidadas 60 compañías). Una industria clave y tradicional de la burguesía argentina, la alimentación, fue la segunda donde se registraron compras por la monopolización económica que se abrió a partir del Mercosur.
 
A diferencia del período de las privatizaciones, donde el imperialismo europeo tuvo un papel importante, las compras de 1995 en adelante tienen al capital norteamericano en primer lugar. De los 20.000 millones en compras, 8.000 corresponden a grupos norteamericanos, como el Citibank, Exxel, TCI.
 
Aunque la prensa exaltó las suculentas sumas que se llevaron los vendedores, esta liquidación de compañías obedeció a la necesidad de la burguesía nacional de cubrir pérdidas en esos u otros negocios, o a su incapacidad de mantenerse en las nuevas posiciones a las que había ingresado por medio de las privatizaciones.
 
Conviene recordar aquí que, en el Informe Político al Vº Congreso, en enero de 1992, el PO refutó la tesis de que la convertibilidad y las privatizaciones de las empresas públicas a manos de los pulpos nacionales implicaban un fortalecimiento de la burguesía nacional. Y pronosticamos entonces que "al menor problema financiero, los bancos meten la mano en el capital de la burguesía nacional... ".
 
El Frepaso fue una punta de lanza de esta colonización, con el reclamo de seguridad jurídica y de la lucha contra la corrupción, consignas del imperialismo norteamericano para desplazar a los grupos rivales en la conquista de las últimas posiciones privatizadoras. Ahora, que las empresas de Yabrán pasaron a manos de los yanquis, se aprecia el trasfondo político-económico de toda la campaña frepasista y de la Alianza contra Yabrán.
 
La prensa argentina y mundial mistificó el proceso de inversión en Argentina. Un análisis de la Secretaría de Industria desmiente las cifras que se adjudican a la llamada inversión directa, cuando dice que "el stock de capital total en Argentina muestra tasas de crecimiento del 3,6% durante la década del 70. Durante los 80, esta tendencia continuó pero a tasas cada vez menores hasta 1982, año a partir del cual se produce un estancamiento del stock de capital. Recién a partir de 1991, el stock retorna a un sendero de crecimiento con tasas promedio del 2,1% anual. Si consideramos el período comprendido entre 1993 y 1996, el valor promedio de las tasas de crecimiento del stock de capital, asciende al 2,7%" (7).
 
El proceso de privatizaciones, primero, y de absorciones y fusiones, después, no permitió aumentar el stock de capital a tasas superiores a las del 70, con el agravante de que por la caída en la década del 80, en los 90 se partió de un nivel más bajo. El crecimiento es un 40% inferior al de los 70. Significa que la extranjerización de la propiedad ha centralizado capitales pero no ha impulsado una acumulación de conjunto.
 
Una parte de esas compras tiene un carácter puramente especulativo, pues apunta a su posterior reventa. Estas empresas se absorben, normalmente, con fondos del narcotráfico, al que se le ofrece la oportunidad de lavar dinero. Por ejemplo, el Grupo Exxel compró empresas de medicina privada porque van a valer más cuando se complete la desregulación de las obras sociales. Otro fondo, el Newbridge, que compró compañías de seguros, textiles, comunicaciones, declaró que "el objetivo es entrar en sectores con posibilidad de crecimiento rápido para salir en 5 años con un rendimiento atractivo ..." (8).
 
Nueva crisis
 
Este ciclo especulativo-confiscatorio agravó el endeudamiento nacional, que trepa a los 150.000 millones, el déficit fiscal 6.000 millones y el quebranto de las cuentas externas 20.000 millones a renovar en 1998.
 
Esos números indican que, de conjunto, no se ha salido de la crisis; peor aún, que la explosividad de este cuadro ha sido agravada por la crisis financiera mundial.
 
La combinación de déficit fiscal y déficit externo plantea un colapso más o menos inmediato de las cuentas públicas. Es que Argentina tiene déficit fiscal a pesar de los extraordinarios ingresos por los impuestos a las importaciones que le originan su balanza comercial deficitaria. Como el gobierno está obligado a cortar importaciones para bajar el déficit de la balanza comercial, inevitablemente se le caerá una parte sustancial de los impuestos de importación, poniendo al desnudo la verdadera dimensión del déficit fiscal.
 
Por esa razón, el FMI plantea que el gobierno tiene que reformar la coparticipación federal. Es decir, sustraerles a las provincias la parte que les corresponde de los impuestos nacionales, para que queden en el Tesoro para afrontar el pago de la deuda. Pero esto provocará el colapso de las provincias, cuyas deudas públicas son enormes. El gobierno tiene que afrontar esta perspectiva de crisis en un cuadro político y económico desfavorable.
 
En pocos días, como consecuencia del derrumbe de las cotizaciones de las acciones de bancos y empresas, la capitalización bursátil (la sumatoria de los valores cotizados en la Bolsa) cayó en 15.000 millones de dólares, expresando de este modo la desvalorización general de activos y capitales, producto directo de la crisis financiera. Bajó la producción automotriz; en noviembre, la producción industrial cayó el 8,7%, se agravaron las dificultades para exportar, subieron los costos de financiamiento, hubo salida de capitales... Por ejemplo, el derrumbe del precio internacional del cobre y del oro anuló, en gran parte, los grandes dividendos que pensaban extraer los grupos que acapararon Bajo de la Alumbrera. Volvieron los choques con Brasil por el comercio exterior y por los subsidios que cada burguesía le da al capital extranjero en la radicación de industrias.
 
El gobierno se vanagloria que la crisis actual no se trasladó al sistema financiero gracias a la extranjerización. Sin embargo, lo cierto es que una parte de estos bancos ha sido duramente golpeada por la crisis financiera internacional, como es el caso del HSBC que compró el Roberts. Estos bancos retiraron divisas de la Argentina para cubrir las pérdidas en Asia.
 
La vulnerabilidad bancaria se revela en un simple hecho: el gobierno amplió en 1.500 millones la red de seguridad financiera y quiere privatizar el Banco Nación para ampliar el fondo anticrisis con el que piensa rescatar a los bancos con problemas de solvencia.
 
Coreanización
 
Por el grado de su vinculación comercial y financiera, ya no se puede hablar de una crisis en Brasil o en la Argentina, sino de un derrumbe de todo el Mercosur. El plan Real es una copia retardada de la convertibilidad. Así, todo el Mercosur se convirtió en un campo especulativo formidable, lo que se traduce en un endeudamiento regional de más de 400.000 millones de dólares, déficits fiscales del orden de los 40.000 millones anuales y necesidades de cubrir las cuentas externas del orden de los 60.000 millones de dólares (y esto, sin mencionar los enormes déficits de las provincias argentinas y de los estados brasileños). No existe una crisis del Brasil que agrave la potencialidad de la crisis argentina, sino una crisis conjunta de todo el Mercosur.
 
Existe una formidable presión devaluatoria sobre Brasil, lo que se ve en la dolarización superior a los 35.000 millones de parte de la deuda interna, y en la compra de dólares a futuro por otros 15.000 millones. Significa que las reservas del Banco Central do Brasil están hipotecadas. La Unión Industrial trabaja con la hipótesis de que Brasil devaluaría el 15%, y el viceministro Carlos Rodríguez confesó que hay un plan secreto para hacer frente a la devaluación de Brasil.
 
La crisis asiática, y en particular la coreana, marca los pasos del Mercosur. De un lado, las devaluaciones asiáticas al dificultar las exportaciones argentinas y brasileñas a terceros países y facilitar las importaciones de éstos al Mercosur agudizarán el déficit comercial, tanto en un país como en el otro. Pero no se trata sólo de dificultades comerciales: un derrumbe de Brasil planteará, inmediatamente, la perspectiva de su coreanización . Así como en Corea el FMI exigió que se dejara quebrar a la mitad de las empresas y bancos nacionales, lo mismo sucederá en Brasil en relación a los bancos quebrados, las grandes empresas industriales de capital brasileño y a las privatizaciones. En esta dirección, las posiciones que ocuparon en los últimos tiempos los grandes bancos internacionales en la Argentina pueden ser la punta de lanza para su penetración en Brasil.
 
Una devaluación del real pondría en cuarentena a la Argentina y abriría un proceso de fuga de capitales. Los bancos, ahora en manos extranjeras, ya no sólo serían el motor de esa fuga, sino que se anticiparían con la venta masiva de títulos en pesos y acciones. La insistencia del gobierno en poner más plata en el fondo anticrisis revela que trabaja con una hipótesis de catástrofe.
 
La crisis del Mercosur pone en evidencia la incapacidad de las burguesías latinoamericanas de dar una salida, mediante acuerdos comerciales subordinados a los monopolios imperialistas, a la situación de atraso de nuestros países. El carácter internacional de la crisis planteará de una manera aguda la necesidad de las burguesías de oponer a los trabajadores de sus países con los de los restantes países. Pero los trabajadores de la Argentina, de Brasil, de Chile, de toda América Latina, no somos enemigos unos de otros: tenemos los mismos patrones que nos quieren aplicar a todos la misma política de despidos, flexibilización y miseria. Reclamamos a los sindicatos en la Argentina y en Brasil una campaña común y una lucha común contra los despidos y las suspensiones en todo el Mercosur.
 
La burguesía ha fracasado en la tarea de unir políticamente a América Latina esta tarea ha quedado en manos de los trabajadores, que la utilizarán como un arma contra el imperialismo y los explotadores locales. A las maquinaciones impotentes de las burguesías latinoamericanas oponemos la necesidad de la unidad política de los explotados de América Latina, bajo la dirección de la clase obrera en una Federación Socialista de Estados Obreros latinoamericanos.
 
Choques
 
Ante el nuevo escenario de la crisis internacional, el imperialismo reclama abrir un nuevo proceso especulativo basado, esta vez, en la privatización social (salud, educación). Semejante perspectiva de expropiación social y de golpes al movimiento obrero choca con el nuevo cuadro político, caracterizado por el retroceso del menemismo, su fraccionamiento y la división política en la burguesía. Pero la devaluación del real y del peso podrían ser el escenario y la oportunidad para proceder a un nuevo proceso expropiatorio, que esta vez tendría lugar entre los propios grupos extranjeros.
 
No hay que olvidar que el Mercosur es el campo de batalla de fuertes choques entre el imperialismo norteamericano y el europeo. Estos choques se manifestaron claramente en torno a la apertura de las negociaciones por el ALCA.
 
La falta de acuerdo de Brasil con el FMI es también una expresión de este choque. El FMI plantea la devaluación del real, para abaratar las privatizaciones, y la apertura del sistema bancario a los capitales norteamericanos. Sobre esta base considera que podría abrir un nuevo proceso de acumulación y confiscación. El gobierno argentino es una punta de lanza del imperialismo norteamericano en el Mercosur: exige que Brasil vaya al FMI y abra completamente su sistema bancario.
 
En la Argentina, Roque Fernández planteó que la crisis asiática debía ser respondida con la privatización del Banco Nación, el reemplazo de las obras sociales por la medicina privada y la sanción de la reforma laboral flexibilizadora. Esta vuelta de tuerca que reclama el FMI choca, sin embargo, con el cambio en la situación política, abierto por el retroceso del gobierno, por la lucha de los piqueteros y fogoneros, por los choques de posiciones entre las burguesías del Mercosur y por la división política en la burguesía. El llamado inmovilismo del gobierno no es otra cosa que el reflejo de esta combinación de retroceso y división en las clases dominantes.
 
Cómo y qué hacer frente al nuevo escenario de la crisis internacional es un campo de disputa en la burguesía y el imperialismo. Para la gran burguesía industrial que aún conserva posiciones claves, como Pérez Companc y Techint, el gobierno está en piloto automático o sufre de anemia para adaptarse a la nueva etapa. Coincide con el programa de Roque Fernández en cuanto a la flexibilización laboral, pero se opone a la privatización total del Banco Nación y considera que se debe ir de a poco en la inclusión de la medicina privada en el campo de las obras sociales. Este planteo fue formulado a través de la Unión Industrial, que exige la eliminación de los aportes patronales, el apoyo del Estado a las exportaciones, con mayores reembolsos, créditos y el perdón fiscal, y la flexibilización laboral con la eliminación de las indemnizaciones por despido.
 
Pero la realidad del Estado es de crisis fiscal y endeudamiento hasta los tuétanos (al punto que necesita conseguir en 1998 financiamiento por más de 17.000 millones de dólares y pagar intereses superiores a los 7.000 millones). Los reclamos de la burguesía nacional chocan también con el planteamiento del FMI de avanzar en una reforma impositiva que obligue a la burguesía a pagar los impuestos y en una reforma laboral que termine con el trabajo en negro y los contratos eximidos del pago de las cargas sociales. La crisis financiera, además, agravó las contradicciones dentro del Mercosur.
 
El nombramiento de Erman González al frente del Ministerio de Trabajo, la media sanción de leyes para el pago del servicio de cobranzas por parte de las AFJP o la libreta de trabajo rural, que tiene la oposición de la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria, la inclusión por el Congreso en el presupuesto de partidas de promoción industrial en algunas provincias, son concesiones a los sectores desplazados por la convertibilidad, las privatizaciones y la extranjerización.
 
A la luz de este cuadro político y económico, cobra particular fuerza el desplazamiento de Cavallo hacia las posiciones de Duhalde. Un sector de capitales norteamericanos considera que el duhaldismo cuenta con importantes recursos por entregar, como el Banco de la Provincia, los negocios financieros (AFJP, ART, seguros) y varias privatizaciones en danza. Y que dado el mosaico de posiciones contradictorias de la Alianza, el duhaldismo continúa siendo una alternativa de gobierno. Duhalde, además, comenzó a operar una depuración de la Policía, a la altura de las exigencias del imperialismo norteamericano, lo que lo candidatea para 1999.
 
La Alianza ha comenzado a fisurarse en torno de estos puntos. Alfonsín y Terragno cuestionaron el accionar del grupo Exxel, mientras el Frepaso es partidario de blanquear el operativo que desplazó a Yabrán y entronizó a los yanquis. La sucesión menemista continúa abierta y dará lugar a nuevos choques.
 
La deuda externa en los 150.000 millones de dólares; el vencimiento anual de su capital del orden de los 20.000 millones de dólares; la crisis financiera mundial; los cuatro millones de desocupados, indican el agotamiento completo del régimen económico impuesto por el gobierno menemista. Ante el derrumbe de una convertibilidad que se resume en el hipotecamiento financiero al capital internacional y en la creación de condiciones crecientemente gravosas para el porvenir de las masas, planteamos el desconocimiento de la deuda externa usuraria, la necesidad de nacionalizar el comercio exterior y la gran banca bajo control obrero, y el establecimiento de un plan económico nacional en beneficio de los explotados y de un desarrollo económico armónico del conjunto federal del país.
 
El derrumbe del menemismo plantea un cambio de régimen político
 
La derrota electoral del peronismo es una expresión inadecuada, incompleta y todavía parcial, de un proceso político de alcances más generales: el derrumbe del gobierno menemista y del régimen político especial que se puso en marcha con la emergencia dictada en 1989.
 
 
La derrota electoral del peronismo es una expresión inadecuada, incompleta y todavía parcial, de un proceso político de alcances más generales: el derrumbe del gobierno menemista y del régimen político especial que se puso en marcha con la emergencia dictada en 1989.
 
Las puebladas, los cortes de rutas, las huelgas y las grandes manifestaciones de todo el año 97; los choques abiertos entre las camarillas y mafias patronales; la impasse económica; la descomposición creciente de los aparatos judicial, administrativo y policial del Estado, son sus distintas manifestaciones.
 
El derrumbe del menemismo forma parte de una tendencia de orden más general, que ha sustituido a los regímenes derechistas y neoliberales (Major en Gran Bretaña, Juppé en Francia, Berlusconi en Italia) por otros de centroizquierda; en estos casos también está planteada una crisis del régimen político.
 
Crisis del menemismo
 
El gobierno menemista reúne las características de un régimen político especial, que gobierna por decreto sobre la base de un poder de camarilla.
 
El primer esbozo de un régimen basado en los decretos de necesidad y urgencia fue establecido por Alfonsín en su fallido proyecto de reforma constitucional: según ese proyecto, los decretos presidenciales adquirían fuerza de ley por el simple transcurso del tiempo. El segundo paso también fue dado por los radicales, bajo la presión de toda la burguesía y en beneficio de Menem: antes de partir, entre julio y diciembre de 1989, la mayoría radical del Congreso aprobó la ley de emergencia, que autorizó las privatizaciones por decreto y le entregó al Ejecutivo la suma del poder público económico.
 
La convertibilidad y el ingreso de una masa de capitales especulativos que superó los 60.000 millones de dólares dieron su forma peculiar y específica al régimen menemista de gobierno por decreto. Los decretos menemistas respondieron a los dictados y a las necesidades del capital financiero y abrieron camino a la privatización de las empresas públicas, a la privatización previsional y a la destrucción de los convenios y la legislación laboral. Mediante los decretos de necesidad y urgencia, y las atribuciones legislativas que se arrogó el Ejecutivo, los grandes monopolios modelaron conspirativamente esas privatizaciones y evitaron el debate público de un proceso de entrega de características escandalosas. La masiva entrada de capitales y los jugosos beneficios especulativos que permitieron, licuaron las protestas y resolvieron las agudas crisis que se presentaron en ese período (Yomagate, Swiftgate). El movimiento del capital especulativo era lo que daba estabilidad no sólo a la convertibilidad sino también al régimen político menemista en su conjunto.
 
El hundimiento de la convertibilidad, la crisis financiera internacional, la derrota electoral y las luchas de las masas acabaron con este régimen de gobierno por decreto tal como lo habíamos conocido. El fenómeno que convirtió a Menem en árbitro indiscutido ha desaparecido; ahora, Menem está obligado a arbitrar sin la lubricación del ingreso de capitales; al contrario, éstos se fugan. Según un informe reciente (9), el ingreso promedio de capitales externos a América Latina cayó de 8.000 millones (entre enero y octubre de 1997) a 2.000 millones (en octubre); la perspectiva, sin embargo, es la de una fuga neta de capitales, al compás del agravamiento de la crisis internacional.
 
Sin el lubricante de los beneficios especulativos promovidos por el ingreso del capital especulativo, cada decreto da lugar a crisis, choques e impugnaciones, incluso dentro del propio gabinete. La crisis desatada por la privatización por decreto de los aeroparques sólo se diluyó como consecuencia de la venta de las empresas de Yabrán al Grupo Exxel. En otros negocios, como la desregulación telefónica o los DNI, donde el enfrentamiento entre los pulpos competidores (y los gobiernos imperialistas que los apoyan) es brutal, el gobierno está paralizado.
 
La crisis del régimen menemista se manifiesta en el agotamiento de otra de sus instituciones políticas fundamentales: la Justicia, que actuaba como reaseguro y complemento necesario de los decretos de necesidad y urgencia. Salió a la luz la podredumbre de la Justicia privatizada y, por encima de todo, la fractura de la propia Corte Suprema. La crisis planteada alrededor del fallo de la Corte Suprema en la privatización de los aeropuertos y el reclamo del FMI del establecimiento del Consejo de la Magistratura ponen en evidencia que, en este plano, el menemismo está agotado y se plantea una alteración del régimen político.
 
En reemplazo de la manipulación de la justicia exclusivamente por parte de la camarilla menemista, el imperialismo y la Alianza reclaman una manipulación compartida a través del Consejo de la Magistratura. Este organismo fue establecido en la reforma constitucional del 94 y, desde entonces, el menemismo bloqueó su formación; fue reflotado después de las elecciones bajo la directa presión del FMI. El Consejo de la Magistratura es un engendro reaccionario que pone la designación de los jueces que continuarán teniendo un carácter vitalicio, es decir, no sujetos al control popular en manos del Ejecutivo, del parlamento y de las trenzas reaccionarias de los jueces y los grandes estudios de abogados. Como el nuevo método de designación de los jueces sólo regirá para los que se nombren de aquí para adelante, la formación del Consejo de la Magistratura equivale a la convalidación del cuerpo judicial digitado por el menemismo.
 
Nada de esto, sin embargo, ha revitalizado al parlamento. Su impotencia deberá acentuarse no disminuir. El agravamiento de la crisis económica y la consiguiente necesidad de medidas decisivas para proteger los patrimonios amenazados por ella, limitan las posibilidades de un co-gobierno en el parlamento. La agitación de la Alianza en favor de que el parlamento tome las riendas del proceso económico y de privatizaciones es pura demagogia. Esto porque el Congreso sólo está en condiciones de aprobar leyes de tal naturaleza cuando exista un acuerdo entre los distintos pulpos involucrados o afectados ... algo ilusorio en momentos en que el agravamiento de la crisis económica exacerba la lucha entre esos pulpos.
 
En consecuencia, no es posible descartar que asistamos, incluso, a una acentuación del recurso a los decretazos de necesidad y urgencia. En particular, si se consideran las consecuencias explosivas que tendría un derrumbe de Brasil y la consecuente necesidad de encontrar la salida de la convertibilidad, es decir, de devaluar el peso. Bajo la urgencia de la crisis, una salida de esta naturaleza no podrá ser tomada por el Congreso; deberá ser el Ejecutivo quien la decrete.
 
En la misma dirección hacia el mantenimiento y aun la acentuación del uso de decretos empujan los intereses de la oligarquía financiera que se ha ligado íntimamente al menemismo y que se beneficia con los despojos de la convertibilidad: el Citibank-Telefónica, el CS First Boston, los bancos que obtuvieron el monopolio de la colocación de la deuda pública en un año en que el gobierno deberá emitir una inmensa masa de deuda nueva para cancelar la vieja.
 
El uso del mismo recurso político los decretos no alcanza a encubrir dos realidades contradictorias: de un régimen estable, en beneficio del gran capital en su conjunto, el menemismo se ha convertido en un régimen de crisis, representante de una muy estrecha oligarquía financiera. "La base social del menemismo se ha reducido (...) a una decena de chupasangres financieros, que conservan el fiel de la balanza mientras van anudando la soga que acabará provocando la bancarrota financiera" (10).
 
La envergadura de la crisis económica, de los enfrentamientos entre los pulpos, las luchas de las masas y la perspectiva del hundimiento de Brasil plantean, incluso, la posibilidad de una caída anticipada de Menem, si se revela incapaz de controlar las condiciones de la crisis.
 
El derrumbe financiero internacional, y en particular de Brasil, deberán agravar la división de la burguesía y la crisis política. La política del Partido Obrero se basa en este pronóstico: la profundización de la crisis política está fuera de cuestión; el único interrogante se limita a su ritmo y a sus alcances últimos.
 
El duhaldismo
 
La creciente rebelión popular no ha afectado aún el monopolio político burgués de la sucesión del menemismo.
 
El agotamiento del peronismo como movimiento de regimentación de la clase obrera detrás de planteamientos nacionalista-burgueses se manifiesta de una manera más aguda en el duhaldismo; lo demuestra el fracaso de Duhalde para evitizar la campaña electoral y su posterior derrota.
 
En función de su ascenso a la presidencia, Duhalde montó el imperio financiero más poderoso del país el Banco de la Provincia de Buenos Aires, al que asoció a la burguesía industrial, al gran capital terrateniente (forman parte de su directorio) y a una fracción relevante del capital financiero internacional, que participa como accionista de la administradora previsional, de la ART, de los negocios de seguros y de salud privada del banco provincial. Más aún, Duhalde anunció un conjunto de privatizaciones las principales, la de Eseba y la apertura del capital accionario del Banco Provincia para hacer todavía más estrecha su asociación con el capital financiero y la patria privatista. Además, tendió un puente a la patria exportadora y al capital financiero que tiene inversiones importantes en la actividad industrial (como el Citibank), al plantear, tímidamente, la necesidad de una política activa.
 
Duhalde concertó, además, un acuerdo político-financiero con el clan de Cavallo que se manifiesta en la venta del quebrado Banco de Crédito Provincial al segundo de Cavallo (Tomás Liendo) con la plata que aporta el Banco de la Provincia. Este acuerdo involucra también al clero, ya que el BCP manejaba los dineros de la Curia y uno de sus principales hombres de confianza lo dirigió hasta su quiebra. Otro cavallista, Carlos Sánchez (ex viceministro de Economía), fue designado presidente del Banco de la Provincia. Inmediatamente después de este acuerdo, Duhalde dio un golpe en el Congreso del PJ, desplazando de su conducción a la camarilla menemista, lo que le permitirá fijar la fecha de las elecciones internas para la designación de los candidatos para el 99.
 
La manifestación más directa de la lucha desesperada que ha emprendido el duhaldismo para superar su crisis es el acuerdo con el imperialismo norteamericano para reformar a la policía bonaerense. Esta reforma pretende llevar a cabo un desmantelamiento parcial y controlado para proceder, entonces, al rearme político y represivo. Sin embargo, al dividir las jefaturas policiales según los distritos judiciales, deja en pie el meollo del aparato policial actual: el entrelazamiento de la bonaerense con el aparato judicial. El fracaso en la reforma policial puede darse por descontado.
 
La Alianza
 
La formación de la Alianza UCR-Frepaso fue precipitada por la crisis de régimen del menemismo y por las amenazas que representaban para el sistema las luchas desarrolladas a partir de la huelga docente de Neuquén. En este sentido, es sintomático que las burocracias de la CTA y del MTA, que hundieron la huelga neuquina, fueran los más decididos promotores de la Alianza (el propio Alfonsín reconoció la insistencia de De Gennaro en este sentido).
 
La crisis de conjunto del régimen menemista explica el papel decisivo que tuvieron en la formación de la Alianza el Departamento de Estado norteamericano y los grandes capitalistas que se beneficiaron con el menemismo como Rocca (Techint), Soldati o el petrolero Oscar Vicente.
 
La dependencia social, política e ideológica de la Alianza UCR-Frepaso de los grandes grupos capitalistas que lucraron con el menemismo se revela en su programa: mantenimiento de la convertibilidad; irreversibilidad de las privatizaciones; flexibilidad laboral; rebaja de las indemnizaciones por despido; pago de la deuda externa y sometimiento al FMI; privatización del Banco Nación; atomización de los sindicatos; mantenimiento de la impunidad a los aparatos represivos de la dictadura.
 
La Alianza, ciertamente, logró encubrir su dependencia de los grandes capitalistas detrás de vaguedades tales como la ética y la transparencia . Ahora, después de la venta de las empresas de Yabrán a los norteamericanos de la Exxel, queda en claro que esa transparencia no es otra cosa que un regateo comercial para bajar el precio a esas empresas en beneficio del imperialismo yanqui. Esto salta a la vista si se considera la complicidad de los dirigentes del Frepaso en las negociaciones, secretas y conspirativas, que llevaron a la venta de las empresas de Yabrán a los norteamericanos. Señalemos las acusaciones de la UCR al Frepaso por el silencio cómplice de éste acerca de las negociaciones Yabrán-Exxel-Departamento de Estado.
 
El agotamiento del peronismo
 
Asistimos a la manifestación más aguda del agotamiento del peronismo como movimiento policlasista.
 
La raíz de la crisis del peronismo reside en la pérdida irreversible de su dominación sobre las masas. Esto se ha manifestado en un enorme retroceso electoral del peronismo en los cordones industriales del Gran Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de San Lorenzo y en las barriadas y poblaciones obreras del Gran Tucumán. El repudio a la política antiobrera del peronismo en particular, a la desocupación fue la razón que llevó a vastos sectores de la clase obrera a dejar de votar por el peronismo.
 
Un sector de la propia dirección del peronismo entrevió anticipadamente esta pérdida de dominación sobre las masas. No es casual que haya sido el duhaldismo: en el Gran Buenos Aires residen la mayor concentración obrera y, también, el mayor polvorín social de miseria y desempleo de todo el país. Con las manzaneras, Duhalde intentó montar un aparato político capaz de cumplir la tarea que el aparato político tradicional del peronismo los punteros y la burocracia sindical ya no podía realizar: encuadrar y movilizar a las masas. El mejor retrato del agotamiento del peronismo fue el rápido fracaso de esta tentativa: las manzaneras no sólo no lograron movilizar a nadie sino que, además, ellas mismas desocupadas, comenzaron a reclamar un salario como trabajadoras estatales por la tarea asistencial que realizan.
 
En este cuadro, son manifiestas las tendencias del peronismo a su división. Los cada vez más violentos enfrentamientos entre Menem y Duhalde acerca de la re-reelección del riojano son una disputa para determinar cual de las dos camarillas dominará el peronismo. Es cada vez más evidente que la camarilla duhaldista no tolera la tutela del menemismo. Lo mismo ocurre a la inversa, lo que significa que estas disputas son un primer paso en el camino de la división del peronismo.
 
El lanzamiento de la candidatura presidencial de Cavallo, por otra parte, revela que el mediterráneo no se conforma con ser el segundo de Duhalde. Si Cavallo lograra unificar a la burguesía detrás de un planteo de salida a la crisis, su candidatura se convertiría en un fenomenal factor de descomposición del peronismo (y también de la Alianza).
 
Otra expresión de la tendencia del peronismo a su disolución es el pasaje de un grueso sector de la burocracia sindical al campo de la Alianza.
 
Diez años de menemismo y de entrelazamiento y complicidad de todas las fracciones del peronismo, en primer lugar la de Duhalde, con Menem han borrado al PJ como una referencia política para toda una generación obrera, para la cual el peronismo es el agente político de los privatizadores, de los banqueros, de los flexibilizadores, de los responsables de la desocupación y de los asesinos del gatillo fácil.
 
En el seno del proletariado y de las masas explotadas de la Argentina existe un vacío político que la Alianza por su pasado gorila y por sus posiciones abiertamente proimperialistas y antiobreras no puede llenar. En el próximo período, entonces, no sólo se plantea la cuestión del régimen político; se plantea, además, y también de manera objetiva para todas las clases sociales y sus representantes políticos, la lucha por llenar el vacío político que el derrumbe del peronismo ha dejado en la clase obrera.
 
El derrumbe del régimen político menemista y el agotamiento del peronismo miden el acierto de la consigna "Fuera Menem-Duhalde" y su plena vigencia en la actualidad, como orientación frente a un desenlace de la presente crisis política y, por sobre todo, para que los explotados se organicen en forma políticamente independiente de los partidos patronales e intervengan en la crisis sobre la base de su propio programa.
 
Por una lucha común de los trabajadores ocupados y desocupados
 
Las ofensivas patronales que se han desarrollado en 1997 contra grandes bastiones obreros asumirán este año un carácter generalizado, como consecuencia de las brutales repercusiones de la crisis mundial. Las suspensiones y los despidos en las automotrices, y en textiles y alimenticias ligadas al comercio con Brasil, plantean una perspectiva de despidos masivos.
 
El carácter general que tendrá la ofensiva contra el movimiento obrero pone en el primer plano la necesidad de consignas de orden general para movilizar a los sindicatos la asamblea general del Smata o de la UOM, por ejemplo, que hemos lanzado ante las primeras suspensiones y amenazas de despidos y la lucha por poner en pie Interfabriles, Coordinadoras y Congresos de Delegados de Bases que asuman la dirección de la lucha y planteen la perspectiva de una superación práctica de la burocracia sindical.
 
El principal problema de las masas lo constituye la desocupación, que afecta a alrededor de cuatro millones de trabajadores, incluida una parte importante de la clase media, y la amenaza de despidos y suspensiones como consecuencia del agravamiento de la crisis mundial.
 
La reivindicación más perentoria frente a esta situación es el reparto de las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores sin afectar el salario vigente. Ningún despido, ninguna suspensión. Por la ocupación de toda empresa que cierre, suspenda o despida.
 
El destino de los trabajadores desocupados coloca a la sociedad ante la cuestión de quién debe gobernar. El reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores, sin afectar el salario, no es sólo la única salida posible para los millones de desocupados que han perdido la esperanza de encontrar un empleo. Es, también, el reconocimiento de la sociedad de que las fuerzas productivas y la productividad del trabajo humano han alcanzado un grado de desarrollo tal que ya no pueden coexistir con la organización social capitalista sin provocar una catástrofe permanente. Es el reconocimiento de que para poder emplear a los millones de desempleados, es decir, para utilizar el potencial productivo que ha acumulado, es necesario liberar a las fuerzas productivas de la obligación de producir un beneficio privado.
 
La solución de la cuestión del desempleo plantea la necesidad de una completa reorganización social de la sociedad y, en consecuencia, del ascenso al poder de una nueva clase social, capaz de llevarla adelante: el gobierno de los trabajadores.
 
La crisis mundial ha acentuado brutalmente la presión de la burguesía por imponer su posición histórica respecto del derecho laboral: que el salario debe estar determinado por el rendimiento cotidiano del obrero. A partir de aquí se deriva la abolición de los contratos colectivos, el alargamiento de la jornada de trabajo, el pago por primas, la posibilidad de reducción de los salarios y el salario diferenciado por labores de igual calificación, la eliminación de las categorías, el fraccionamiento de las vacaciones y, por supuesto, la eliminación de la indemnización por despido, o sea la estabilidad laboral.
 
En oposición a la exigencia de superexplotación ilimitada de los capitalistas, la clase obrera reivindica la remuneración de la fuerza de trabajo sobre la base de una jornada de trabajo de duración determinada, por ejemplo, las ocho horas. Se trata de un principio de la economía política del proletariado en las condiciones del capitalismo, porque postula la remuneración de la fuerza de trabajo sobre la base del tiempo fijo que destina el trabajador a la producción social. Este límite a la explotación capitalista representa para la clase obrera una medida de defensa contra la degradación social y por la posibilidad de su progreso moral.
 
La perspectiva de un aumento de la desocupación como consecuencia de los despidos y suspensiones va en paralelo a los intentos gubernamentales de restringir o limitar los planes Trabajar, como consecuencia de las exigencias fondomonetaristas de austeridad fiscal. La masividad que han adquirido estos planes 400.000 en todo el país, incluyendo sus distintas variantes provinciales; nueve de cada diez empleos creados en los últimos seis meses ponen en evidencia que el gobierno no pudo acabar con las puebladas sin echar lastre. Pero este lastre, claro, tiene una naturaleza capitalista: se trata de empleos transitorios, flexibilizados al 100%, sin sindicato, sin obra social ni jubilación, con una retribución miserable y contraprestación laboral, que pretenden establecer un piso (en términos de salario y de condiciones de trabajo) para todo el movimiento obrero.
 
La conjunción de nuevos despidos y restricción de los planes podría replantear las puebladas, incluso a una escala superior . El régimen ha agrupado y concentrado a los desocupados con la formación de cuadrillas de trabajadores empadronados en los diversos planes, que han comenzado a elegir a sus delegados y a enarbolar diversas reivindicaciones. Por otra parte, la adjudicación de planes es aún ínfima en relación a la masa de desocupados: el ingreso de algunas camadas de éstos a los planes suele multiplicar, en cada barriada, los reclamos por el ingreso de nuevos trabajadores. Todo esto plantea un conjunto de reivindicaciones inmediatas, dirigidas a asegurar que ningún desocupado quede fuera de los planes; que pasen a las plantas permanentes de los municipios con igual salario que los trabajadores estables; por la obra social y el derecho a la jubilación, vacaciones y aguinaldo. Pero, en un orden más general, la crisis pone de manifiesto el cuño procapitalista de los planes y replantea las reivindicaciones históricas de este movimiento: el subsidio de 500 pesos a todos los desocupados mayores de 16 años y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para impedir que la desocupación masiva sea utilizada como un ariete contra el salario y las condiciones de trabajo de los empleados.
 
La emergencia de organizaciones de desocupados en todo el país y el agravamiento de la crisis ocupacional plantean la posibilidad de convertir al movimiento de los desocupados en un vasto movimiento de masas de alcance nacional. Una centralización nacional potenciaría enormemente al movimiento, al permitirle plantear consignas de orden nacional contra la desocupación y oponerlas directamente al gobierno nacional.
 
La perspectiva de la unificación nacional de los movimientos de desocupados sólo puede progresar de la misma manera que han progresado las actuales comisiones y coordinadoras regionales: en función de organizar iniciativas de lucha. Los planteos de un corte nacional de rutas (¡todos juntos y al mismo tiempo!) o de una marcha nacional de desocupados a la Plaza de Mayo serán los motores que permitirán desarrollar y organizar nacionalmente al movimiento de los desocupados.
 
Para el obrero ocupado, su principal preocupación es la pérdida del empleo; para el desocupado, conseguirlo. La consigna del reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar los salarios es el nexo que une la lucha de los trabajadores ocupados contra los despidos y suspensiones, con la lucha de los desocupados. Es por lo tanto, el nervio vital de una política obrera frente a la crisis, que para ser tal debe impulsar sistemáticamente la movilización conjunta de todo el movimiento obrero, sin distinción de gremios, sin distinciones entre ocupados y desocupados.
 
Para imponer las reivindicaciones, hay que preparar las huelgas, los cortes de rutas, los piquetes, las manifestaciones de masas, las ocupaciones de empresas y la huelga general.
 
La tarea estratégica: La construcción del Partido Obrero
 
El desarrollo, la incentivación, la maduración y la generalización de las tendencias revolucionarias que bullen en el seno de las masas explotadas y la construcción de un partido obrero con influencia de masas son un único y mismo proceso político. Si no concluye en la formación de un partido obrero, la recomposición del movimiento de las masas terminará en una nueva frustración. La política de reemplazar la construcción de un partido revolucionario por el movimientismo, es decir, por una amalgama de movimientos sociales de contornos difusos, políticamente indiferenciados, es igual a frustrar la perspectiva de un ascenso victorioso de los trabajadores.
 
El movimientismo desprecia la lucha política y, sobre todo, la lucha por un programa, y endiosa el rejunte, la aglomeración, el sometimiento a la moda política del momento, o sea, evita por todos los medios la delimitación política.
 
El planteo movimientista defiende el frentismo sin principios. El movimientismo es sinónimo de policlasismo, por eso lo han reivindicado todas las tendencias nacionalistas de contenido burgués.
 
Y también por eso, el movimientismo es, sin excepción, el refugio de la izquierda democratizante en las vísperas de acontecimientos revolucionarios.
 
En un país que se ha caracterizado, en el último medio siglo, por la dominación política del Movimiento Nacional Justicialista, la clase obrera conoce de sobra lo que significa el movimientismo: el trabajador no debe intervenir en la militancia política cotidiana (reservada para los carreristas) sino en el sindicato, regimentado por la burocracia, la cual se encuentra, a su vez, subordinada al líder. Los planteamientos movimientistas de la izquierda reproducen el mismo tipo de planteo político: busca encontrar su líder salvador, sea Moyano, Solanas, o el fiscal Molinas.
 
El partido estructura políticamente a la vanguardia en torno a un programa de alcances internacionales e históricos; en cada momento, expone ante las masas ese programa, sus caracterizaciones y las perspectivas políticas del movimiento de los explotados; los debate y establece con esas masas, democráticamente, un plan de acción común. Pero es el partido, como organización política de la vanguardia obrera, el encargado de llevar adelante esas tareas resueltas en común y el que debe rendir cuentas ante esas mismas masas de la lucha que ha librado para llevarlas adelante. De esta manera, la clase obrera puede realizar una experiencia con el partido como organizador colectivo de la clase y como su dirección política. La construcción de un partido obrero revolucionario no sólo es la única vía para tornar conscientes las tendencias revolucionarias que recorren a la clase obrera; es, en sí misma, una completa revolución en las formas de organización política de la clase obrera argentina.
 
La construcción del partido obrero es sinónimo de independencia de clase; es decir, de la posibilidad de que la clase obrera se eleve como caudillo de las masas oprimidas y que, como tal, se candidatee al poder político del Estado. En otras palabras, la construcción de un partido obrero es sinónimo del desarrollo de una alternativa de poder político propio del proletariado frente a la dominación de la burguesía. En la presente etapa política, cuando la clase obrera no ha logrado independizarse políticamente de sus explotadores, la lucha por la construcción de un partido obrero es la forma concreta, práctica y cotidiana que asume la cuestión estratégica de la lucha por el poder.
 
La combinación de una crisis económica de fondo, de la incapacidad del régimen de dar la más mínima solución a los problemas de las masas, de descomposición del peronismo y de pérdida de su autoridad política sobre la clase obrera, de movilizaciones populares que destacan la aparición de una generación obrera de características revolucionarias y de preeminencia política y organizativa de la izquierda revolucionaria, sobre la izquierda derrotista y derrotada, abre una oportunidad excepcional para avanzar en la tarea estratégica de independizar al proletariado de los explotadores y organizarlo en un gran partido obrero.
 
 
Notas:
1 . Prensa Obrera, nº 501, 4/7/96.
2 . En defensa del Marxismo, nº 17, julio de 1997.
3 . Prensa Obrera, nº 409, 22/12/93.
4 . Prensa Obrera, Nº 501, 4/7/96.
5 . Prensa Obrera, nº 542, 5/6/97.
6 . Prensa Obrera, nº 529, 6/3/97.
7 . Secretaría de Industria, Evolución del Stock de Capital en Argentina, diciembre de 1997.
8 . La Nación, 21/12/97.
9 . Clarín, 14/1/98.
10 . Prensa Obrera, nº 572, 22/1/98

 

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