La totalidad de los miembros de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas acaba de presentar ruidosamente su renuncia al Conicet. Los renunciantes fundamentaron su decisión colectiva en el retorno al país del doctor Juan Carlos Vidal para continuar, con la financiación del Conicet, sus investigaciones sobre la crotoxina. Vidal abandonó la Argentina en 1987. cuando la misma Comisión Asesora invalidó sus investigaciones.
El retorno de Vidal, sin embargo, “fue la gota que rebasó el vaso” (Página 12, 9/6),como dijo una de los renunciantes, la investigadora Martha Barontini . El motivo de fondo de la renuncia masiva es el hundimiento del Conicet como consecuencia de la falta de presupuesto: “los profesionales fundamentaron su respuesta en la escasez de recursos destinados a la investigación científica y en la decisión de Liotta (secretario de Ciencia y Técnica) de crear ocho institutos, cuando los ya existentes no tienen dinero para funcionar” (ídem). Carlos Mundt, vicepresidente segundo del Conicet, debió reconocer que “el presupuesto anual sólo alcanza para pagarlos sueldos" (La Nación, 29/5)
El derrumbe de la investigación científica en la Argentina es una de las tantas evidencias de que la burguesía nacional argentina, es un rehén del gran capital financiero internacional.
A continuación reproducimos un análisis de conjunto de la situación de la investigación científica en nuestro país, solicitado -y no publicado- por la revista Descubrir a Jorge Altamira.
La situación de la investigación científica en Argentina, y en especial sus perspectivas, se encuentran perfectamente retratadas en un reciente diálogo entre el ministro de economía y una comisión del congreso relativo a la privatización de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Interrogado acerca de la finalidad principal de esa medida, Domingo Cavallo respondió que serviría para proceder al rescate anticipado de los títulos públicos conocidos como Bocones. En definitiva, se trata del enajenamiento de los recursos y posibilidades de la inteligencia argentina para hacer frente a la deuda nacional, que orilla los 100.000 millones de dólares, luego de haber hecho lo propio con el patrimonio físico de las empresas del estado. Cualquier intento de diagnóstico de la situación de la investigación científica del país, al margen del tema decisivo de la llamada “deuda externa”, está condenado al fracaso. Esta constatación cobra un relieve aún mayor, si esto fuera posible, a partir de la crisis mexicana, que ha actualizado la posibilidad de un derrumbe bancario y de un colapso de las finanzas públicas. Es una característica común de la totalidad de los partidos que defienden el actual orden de cosas, la abstracción con que abordan el tema de la investigación científica respecto al plan económico en vigencia y a la crisis financiera a la que está llevando al país.
Las cifras y los hechos ilustran de un modo inconfundible el acierto de la caracterización anterior. “El porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) que la actual administración destina al sector científico y tecnológico no llega al 0,3%”, según la autorizada denuncia del documento final del Primer Encuentro Nacional de Ciencia y Tecnología, realizado a principios de noviembre del año pasado. El dato contrasta fuertemente con el 2% del PBI, un porcentaje igualmente insuficiente, que destinan los países desarrollados. En un cuadro capitalista mundial en el que cualquier mejora tecnológica acrecienta la sobreproducción de mercancía y de capitales y torna invendibles los productos, es natural que la proporción destinada a la investigación científica ocupe un lugar ridículo con relación a la totalidad del capital invertido. No es casual que la orientación de los grandes capitales apunte al incremento de la jomada laboral, de la flexibilización y de la reducción de los salarios, cuando se trata de acrecentar la plusvalía y los beneficios empresarios.
El documento mencionado señala “como agravante de esta situación presupuestaria… (las) fuertes sospechas de que se han otorgado fondos para la investigación siguiendo pautas de favoritismos personales, o bien que se han negado por imperio de discriminaciones ideológicas”. Más allá de esta manifestación “primaria”, importa destacar, sin embargo, que el tema de la corrupción se encuentra fuertemente inscripto en la realidad social o clasista actual, que tiende a favorecer absolutamente a los grandes intereses económicos en detrimento de los generales del país. Es el caso de la contratación de consultoras extranjeras para la evaluación de proyectos de infraestructura o vinculados a privatizaciones, en momentos en que la población científica argentina radicada en el exterior, debido a la ausencia de incentivos dentro de la nación, equivale a las dos terceras partes de nuestra comunidad científica, es decir, unas 7.000 personas. El texto del Encuentro al que hemos hecho referencia, destaca “el caso del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas, que produjo un importante estudio para el saneamiento del Riachuelo y que, a la postre, fue archivado en beneficio de una consultora extranjera”. Claro que esto no debiera sorprender, toda vez que los trabajos de consultoría juegan un papel determinante en la evaluación de los costos de los proyectos y, por lo tanto, de sus beneficios. De ahí que el Banco Mundial condicione invariablemente sus préstamos de desarrollo no solamente a una participación abusiva de los capitales extranjeros sino, por sobre todo, a que los proyectos sean determinados por consultorías internacionales. La enajenación del patrimonio y de la actividad científicas nacionales sigue como una sombra a los procesos de privatización. En las condiciones de Argentina, como de cualquier otro país que no tenga una participación independiente en el mercado mundial, las posibilidades de desarrollo científico son inversamente proporcionales a la política de privatizaciones. Un documento del Banco Mundial, titulado “Argentina: de la insolvencia al crecimiento”, plantea que el gobierno debe desprenderse de más de 9.000 científicos del Conicet y de la Conea, desmembrar a esta última y privatizar las centrales nucleares, liquidar la Fundación Lillo, que es el mayor banco fitogenética del país, y poner fin a la autonomía de la secretaría de Ciencia y Técnica. La ironía de todo esto es que Argentina, como consecuencia de toda la política oficial, se encuentra ante la inminencia de la insolvencia y, de ningún modo, del crecimiento.
Resulta obvio que una cuestión central en relación al desarrollo científico y tecnológico lo constituye la exigencia de los Estados Unidos para que Argentina se someta a la legislación de patenta-miento intelectual preconizada por aquéllos, lo que les otorgaría un monopolio de un cuarto de siglo sobre nuevos procesos tecnológicos. La cuestión de la ley de patentes se presenta como una de las principales vías para elevar la tasa de beneficio de los principales capitales internacionales, en particular en las industrias farmacéuticas y <je tecnología de punta, por medio del monopolio, gj llamado neo-liberalismo se delata, de este modo como un taparrabos de intereses que nada tienen que ver con la libertad económica.
Una reciente encuesta ha permitido advertir uno de los mayores peligros que se ciernen sobre el futuro científico nacional —la baja tasa de reposición de recursos humanos, esto es, la baja relación que existe entre becarios e investigadores formados. La proporción de 2 a 1,7 no garantiza la continuidad del sistema científico, a pesar de lo cual fue cerrado el ingreso a la carrera de investigador científico en el Conicet, lo que dejó sin posibilidades a unos 1.000 becarios. Asimismo, láSi promociones han sido condicionadas a la producción de vacancias en las categorías superiores. Él cuadro de situación puede ser completado con la información de que el presupuesto de 1995 de lós organismos de ciencia y técnica fue reducido en un 20%, que el salario se encuentra congelado desde 1991 y que en varios de esos organismos se han producido numerosos despidos. La denuncia más espectacular en las últimas semanas ha sido la falta de provisión de gas y de agua en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
La política oficial hacia la Universidad resulta coherente con la orientación de condicionar el desarrollo social y económico del país a la necesidad de pagar la deuda externa, por un lado, y de incentivar el ingreso del capital financiero internacional para pagar esa deuda con nuevo endeudamiento. La Universidad es instada a transferir conocimientos y tecnología a la empresa privada, la que de este modo recibe un subsidio excepcional, pero que desestimula al mismo tiempo la investigación básica que alimenta los procesos de aplicación tecnológica ulteriores. Esta transferencia descuida, al mismo tiempo, importantes prioridades nacionales, como lo son el combate a importantes enfermedades endémicas, como el mal de chagas, la nueva endemia del cólera y la que se anuncia con la fiebre amarilla.
El balance que sumariamente acabamos de describir constituye una formidable acta de acusación contra la burguesía nacional, en su condición de clase que, en gran parte, constituye la dirigencia histórica del país. La política de los gobiernos militares o democráticos no ha hecho más que traducir, en última instancia, las posibilidades históricas de esa burguesía y su posición frente al capitalismo extranjero, de un lado, y la clase obrera, del otro. El entreguismo con respecto al primero i es el contrapunto de su violenta ofensiva contra las condiciones de vida y de trabajo de la segunda.
La existencia de numerosos organismos científicos y técnicos constituye la prueba de que la burguesía intentó, si no ella directamente, desenvolver alguna forma de independencia económica; pero los resultados son el testimonio de su fracaso. En realidad, la burguesía se ha valido del estatismo tecnológico para justificar los subsidios en su beneficio, de ningún modo para proyectar la independencia nacional. Un ejemplo de actualidad, en este sentido, lo constituye el Programa de Desarrollo de Proveedores, del INTI, que prevé el otorgamiento de “créditos blandos” a las Pymes así como asistencia técnica en calidad, diseños y ensayos. El financiamiento de este subsidio se realiza en detrimento de la actividad estructural de las Unidades Técnicas del INTI, que no cuentan con dinero para actividades elementales. En definitiva, la función del INTI ha sido trastocada al otorgamiento de sellos de calidad que autoricen a las empresas a posicionarse en el Mercosur. La actividad científica y técnica, como consecuencia, se mercantiliza y baratea.
Por su atadura con las clases que se benefician con esta situación, las tres coaliciones políticas que las encuestas ubican en los primeros lugares de las intenciones de votos, son incapaces de ofrecer cualquier solución. Para esto es necesario que una nueva clase social, los obreros y los trabajadores, se hagan cargo del poder político, con la condición de que actúen con la conciencia de que la independencia nacional requiere la unidad de los trabajadores de América Latina, para unir a nuestras naciones en un poderosa Federación.
