agosto 2020

América Latina en el centro de la tormenta

Caracterización de la etapa, programa y estrategia revolucionaria

Es evidente que el desembarco de la pandemia en América Latina ha planteado un cambio considerable del escenario político latinoamericano. Sin embargo, no es menos cierto que esta nueva situación está condicionada por las grandes rebeliones de 2019, que han abierto una etapa de recrudecimiento de la lucha de clases y de ascenso y protagonismo de las masas latinoamericanas. La llegada del Covid-19 se produjo en el momento mismo en el que tomaba un nuevo impulso la rebelión popular en Chile, con las gigantescas y combativas movilizaciones de marzo, y pocos meses después de que tuvieran lugar las grandes rebeliones populares de Ecuador, Puerto Rico, la resistencia del pueblo boliviano contra el golpe, las huelgas generales en Colombia, las grandes huelgas educativas en Costa Rica y, más atrás, la rebelión en Nicaragua. La pandemia del coronavirus le ha impuesto a estos procesos un compás de espera, aunque de ningún modo los ha cancelado. Con la llegada del Covid-19 el subcontinente se ha inmerso en una verdadera tormenta sanitaria y se ha sumergido aún más en una crisis económica, social y política. Todas las contradicciones sociales que oportunamente motivaron las rebeliones populares latinoamericanas se han intensificado. Asimismo, la emergencia de una rebelión popular en Estados Unidos, en momentos donde se propaga profusamente el coronavirus, representa un golpe al gobierno de Donald Trump y a todos los gobiernos latinoamericanos agentes o tributarios del imperialismo norteamericano. Por ese mismo motivo, representa también un acicate a las luchas obreras, populares y anti-imperialistas de los pueblos del subcontinente y una convocatoria a retomar el hilo de las rebeliones populares de 2019.

Esta perspectiva abierta -la de renovados choques entre las clases dirigentes y sus gobiernos, de un lado, y las masas trabajadoras y oprimidas, del otro- le plantea a la izquierda revolucionaria el abordaje a fondo de la gran problemática que dejaron planteados los procesos de rebeliones populares de 2019: superar la crisis de dirección del movimiento obrero y de las masas oprimidas de América Latina. El abordaje de esa crisis de dirección plantea, en primer lugar, ajustar una caracterización de la etapa y, en segundo lugar, la formulación del programa y la estrategia que debe levantar la izquierda revolucionaria.

El epicentro de la pandemia

Tempranamente, los analistas habían alertado sobre la fragilidad de los países latinoamericanos para enfrentar la crisis pandémica. El 19 de marzo, el director del Instituto de Estudios de Políticas de Salud del Brasil, Miguel Lago, en un artículo publicado en The New York Times, anticipaba que América Latina podía convertirse en la mayor víctima del coronavirus en el mundo. Aunque deberemos esperar para terminar de constatar el pronóstico de Lago, lo cierto es que, hacia mediados de junio, el epicentro de la crisis pandémica pasó a instalarse en América Latina. Brasil, el gran gigante latinoamericano, se ubicó como el principal foco infeccioso del subcontinente y el segundo país más golpeado por la pandemia a escala mundial, solo detrás de Estados Unidos.

No caben dudas que la catástrofe sanitaria que azota a América Latina es responsabilidad de la clase social dirigente del subcontinente y de los distintos gobiernos que, de una u otra manera, la representan. La política negacionista de la pandemia, que caracterizó especialmente al gobierno del fascista Jair Bolsonaro y en un comienzo también al ‘neoliberal’ Sebastián Piñera y a los ‘nacionales y populares’ Manuel López Obrador y Daniel Ortega, no es más que la expresión del descomunal lobby ejercido por las burguesías de sus respectivos países. Estas, desde el comienzo mismo de la crisis pandémica presionaron por la continuidad de toda actividad productiva y económica, y atentaron sistemáticamente contra la instauración de cuarentenas en regla. El negacionismo, que en el caso de Brasil se mantiene hasta el día de hoy como la línea rectora del gobierno, ha hecho estragos, habilitando una arrolladora propagación del virus y contagiando al mismísimo fascista Bolsonaro.

En aquellos países donde se han impuesto cuarentenas más o menos estrictas, con el correr de las semanas terminó por imponerse el lobby patronal. Se habilitó el retorno a las actividades, especialmente las industriales, y se establecieron ‘nuevas normalidades’ de tipo preventivas. Naturalmente, estas no alcanzaron para evitar la multiplicación de los contagios y con ello se produjo un repentino colapso de los sistemas sanitarios. De esta manera, se puso por completo al descubierto un largo proceso de vaciamiento de los sistemas públicos de salud, devastados por décadas de vaciamientos y privatizacionesde por parte de todos los gobiernos de todos los colores.

A principios de abril, el colapso se expresó en Ecuador, con cadáveres apilados en contenedores y en las calles de Guayaquil. Por esa misma fecha, una decena de sindicatos combativos de Perú denunciaban, en una declaración conjunta, que el país marchaba hacia el mismo destino. Efectivamente, Perú pasó a ser, hacia junio, uno de los países latinoamericanos más afectados por la propagación de la pandemia, junto con Brasil, México y Chile. En estos países, dada la plena ocupación de las camas de cuidados intensivos, en los hospitales se elige quién vive y quién muere; los fallecidos por Covid-19 se entierran en fosas comunes y empiezan a normalizarse los cajones de cartón. Hacia fines de junio, América Latina superaba los 100 mil muertos por coronavirus, más de la mitad de ellos provenientes de Brasil.

La lucha por la centralización de los sistemas sanitarios de cada país, bajo la dirección de los propios trabajadores y profesionales de la salud, se plantea como un programa de características universales para toda América Latina. Se trata de una pelea en la que se pone en juego nada menos que la vida de las masas trabajadoras. De igual modo, la lucha por la duplicación de los presupuestos sanitarios y por comités obreros de seguridad e higiene en cada fábrica, empresa y lugar de trabajo, son planteos y reivindicaciones que ocupan hoy un lugar de primer orden.

Derrumbe económico

De la mano de la catástrofe sanitaria se desarrolla también un histórico derrumbe económico. Naturalmente, el derrumbe latinoamericano tiene como telón de fondo la bancarrota capitalista internacional, que se ha acelerado y profundizado de la mano de la crisis pandémica, inaugurando un período de depresión económica que solo puede ser comparable con la Gran Depresión de los años ’30. En la economía mundial, las tendencias recesivas ya estaban claramente presentes mucho antes que se desatara la crisis sanitaria, y así lo corroboraba la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana durante todo 2019, que redujo en reiteradas ocasiones la tasa de interés, con el objetivo de apuntalar la tasa de beneficio empresarial e impulsar un plan de inversiones productivas. Asimismo, el cuadro de sobreproducción dio lugar a un marcado retroceso de las inversiones, de tal magnitud que no llegaba siquiera a compensar el proceso de desgaste del capital fijo. Con la transformación del Covid-19 en pandemia, los consecuentes cierres de fronteras y la declaración de cuarentenas en numerosos países, se terminó por instalar un profundo parate económico y un derrumbe capitalista sin precedentes. El economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Eric Parrado, confirma esta caracterización en una entrevista que le concedió al diario El País, el pasado 23 de junio, donde declaró que “en 2019 ya volábamos con un motor dañado y este 2020 se ha dañado el otro motor”.

En América Latina, como en todo el mundo, los inversionistas se deshicieron de sus paquetes accionarios y huyeron en masa a comprar bonos del Tesoro norteamericano. Este proceso derivó en un desplome inédito de la cotización de las principales empresas de los países latinoamericanos y en el derrumbe de sus respectivos índices bursátiles. En marzo, la Bolsa de Comercio de São Paulo debió paralizar sus actividades en cinco oportunidades, para contener el derrumbe del Bovespa, el índice bursátil que mide la cotización de las principales empresas de Brasil. Este cuadro se conjugó con el virtual congelamiento del comercio mundial y el hundimiento de los precios de los commodities, que ya venían de un fuerte retroceso en todo el período previo al estallido de la pandemia. La caída de los precios y de las ventas de materias primas, principal rubro exportador de los países del subcontinente, socavó los ingresos de divisas de los países de sudamericanos. El derrumbe de características inéditas del precio del petróleo, acumulando una caída del 40% en lo que va de 2020, golpeó particularmente las economías de Brasil, Venezuela, México y Ecuador, y frustró la tentativa del gobierno de Alberto Fernández de transformar a la Argentina en un país exportador de crudo, de la mano del gigantesco reservorio hidrocarburífero Vaca Muerta. La caída del precio de la soja, fruto particularmente de la caída de la demanda china, recortó las proyecciones de ingresos de divisas en Argentina, Brasil y Uruguay. El retroceso del precio del cobre golpeó particularmente a las economías de Chile y de Perú, principales exportadores mundiales del metal rojo.

Este fenómeno de escases de divisas terminó por acicatear un descomunal proceso de fuga de capitales. Entre enero y abril de 2020 se fugaron desde los países latinoamericanos la friolera de 150 mil millones de dólares, lo que a su vez redundó en la devaluación de la mayoría de las monedas latinoamericanas. El real brasileño, por ejemplo, se encuentra en su mínimo histórico, acumulando una devaluación del 40% en lo que va del año. Esto, a pesar de la política intervencionista del Banco Central de Brasil, que despilfarró reservas en el mercado de cambios para tratar de contener la cotización del real. Como consecuencia de todo este descalabro, a fines de junio, el FMI ajustaba sus proyecciones económicas de abril y pronosticaba un derrumbe del PBI de América Latina y el Caribe en un 9,4% para 2020. Para las dos grandes economías latinoamericanas, Brasil y México, se proyectó un derrumbe del 9,1 y el 10,05%, respectivamente. Para Perú, el derrumbe previsto es del 12%. Y para Argentina, la tercera economía del subcontinente, se considera un desplome del 9,9%. Sin embargo, a los pocos días del anuncio del FMI, Argentina oficializaba el mayor derrumbe de toda la historia del país en un solo mes. En abril, cuando más intensa fue la cuarentena argentina, la economía se hundió un 26,4% en referencia a abril de 2019.

Naturalmente, de la mano del derrumbe de los PBI crecieron los pesos relativos de las deudas soberanas y se incrementaron sensiblemente los desequilibrios fiscales. El FMI calcula que el déficit fiscal promedio de Latinoamérica rondará el 8,9%. Sin embargo, a pesar de esto, se ha reiniciado un nuevo ciclo de endeudamiento de los países del subcontinente, que se explica por la descomunal emisión monetaria y las tasas de interés negativas impuestas por la Reserva Federal norteamericana y el Banco Central europeo. Lo que ha sucedido es que se ha puesto en marcha un nuevo carry trade, el mecanismo por el cual los inversionistas se endeudan a un bajo o nulo costo e invierten ese capital en las deudas públicas de los países ‘emergentes’ o subdesarrollados. Esta nueva bicicleta financiera, que se realiza a costa de una mayor y renovada expoliación de los países latinoamericanos, tiene características más riesgosas aún que en el pasado. Sucede que, tal cual lo señalamos más arriba, la situación de la economía latinoamericana se encuentra condicionada por una recesión de características históricas, un gigantesco crecimiento de las deudas corporativas, un derrumbe de los precios internacionales de las materias primas, el crecimiento de los déficits fiscales, el crecimiento relativo y absoluto de las deudas públicas, las devaluaciones de las monedas locales y el despilfarro de las reservas fiscales. Es así que Argentina -que se encuentran inmersa en un virtual default, tiene una deuda pública superior al 100% de su PBI y no tiene acceso al mercado de créditos internacional- se empieza a transformar en el horizonte de todos los países latinoamericanos. De hecho, Chile y Perú han tenido que acudir, durante los primeros meses de la pandemia, a un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional.

La crisis ha vuelto a mostrar que el derrumbe mundial capitalista solo puede ser enfrentado con medidas anticapitalistas. La pelea por el no pago de las deudas externas, por la ruptura con el FMI y el imperialismo, por impuestos extraordinarios a las grandes rentas y fortunas, por la nacionalización sin indemnización de los sistemas bancarios, del comercio exterior y de los recursos naturales, así como el control obrero general, tiene un alcance continental. En toda América Latina, la agitación y la lucha por este programa obrero de salida a la crisis es una tarea fundamental de la izquierda revolucionaria.

Los trabajadores pagan la crisis

Pero América Latina no es solo el epicentro de la crisis pandémica y uno de los eslabones débiles de la bancarrota capitalista internacional, es también el continente más golpeado por la crisis social. Es evidente cómo la clase capitalista y los distintos gobiernos están descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado a principios de julio1, señala que mientras a nivel mundial las horas laborales se redujeron en un 14%, en América Latina ese porcentaje asciende al 20,5%, por encima de Norteamérica, de Europa, de Asia y de Africa. De los 400 millones de puestos laborales perdidos a escala mundial, 47 millones se concentran solo en Latinoamérica. El informe de la OIT destaca también que las mujeres trabajadoras son las más golpeadas, dada la preponderancia de mano de obra femenina en los sectores económicos más afectados por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio y la industria manufacturera.

Esta gigantesca destrucción de puestos de trabajo fue allanada por un extendido cuadro de informalidad laboral, que viene de larga data. Pues en otro informe de la OIT, de principios de mayo2, se señalaba que de los 298 millones de trabajadores ocupados, el 54% de ellos -es decir, 158 millones de trabajadores- se encuentra en la informalidad. En países como Bolivia y Nicaragua, que cuentan con cuantiosos años de gobiernos ‘nacionales y populares’, las tasas de informalidad laboral se acercan al 80%, y un índice similar tiene Guatemala. Pero también son altas las tasas en Argentina (47,2%), en Brasil (46%) y en Chile (40,5%). De este universo de trabajadores precarizados, según el propio informe, el 90% de ellos sufrió una reducción de sus ingresos. Pero, mientras a nivel mundial las reducciones de ingresos de los trabajadores informales significaron en promedio una pérdida del 60%, en América Latina y el Caribe esa pérdida llega al 80%. Según un informe conjunto presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del 16 de junio, toda la crisis social derivada de la pandemia capitalista y la pandemia del Covid-19 amenaza con dejar a otras 16 millones de personas en la pobreza extrema en toda América Latina.

El crecimiento de la desocupación y el extendido cuadro de informalidad laboral son el terreno sobre el cual se desarrolla también una extraordinaria ofensiva contra la fuerza de trabajo. Es la forma mediante la cual la clase capitalista pretende apuntalar su decaída tasa de beneficio. Esto se expresa en un aumento de las tasas de explotación de los trabajadores y una reducción de sus ingresos, sea por la vía del congelamiento de los salarios, en economías con importantes índices inflacionarios, o sea por la implementación directa de reducciones salariales nominales.

Este cuadro de fenomenal ataque contra las condiciones de vida de las masas trabajadoras pone más aún en evidencia la parálisis y el colaboracionismo de parte de las centrales obreras de todos los países. Las burocracias sindicales fueron determinantes para contener la intervención abierta y decidida del movimiento obrero en el curso de las rebeliones populares de 2019. De ese modo, lograron evitar la caída de los gobiernos jaqueados por la lucha de las masas. Ahora, esas mismas burocracias juegan un rol estratégico para las burguesías latinoamericanas, convalidando las ofensivas antiobreras. Esto vale para la oficialista CGT de Argentina, como también para las ‘opositoras’ CUT de Brasil y la de Chile.

A esta masacre social es imperioso responderle con un programa de reivindicaciones inmediatas de la clase obrera y un plan de acción. Enfrentar la desocupación masiva plantea levantar el reclamo de un seguro al parado, equivalente a la canasta básica familiar de cada país, y luchar por el reparto general de las horas de trabajo sin reducir los salarios. Poner un coto a las cesantías plantea impulsar las ocupaciones de toda fábrica o empresa que cierre o despida. Y enfrentar la carestía plantea organizar la lucha por salarios y jubilaciones mínimas equivalentes al costo de la canasta familiar de cada país latinoamericano. Pero el impulso de estas reivindicaciones mínimas, junto a la lucha por poner fin a la precarización e informalidad laboral, por derogar las reformas laborales y previsionales, y por terminar con los sistemas jubilatorios privados, reclama sacarse de encima a las burocracias sindicales entreguistas, impulsando congresos de delegados electos por las asambleas de base de base de todos los gremios en cada país latinoamericano, así como planes de lucha hasta la huelga general para imponerlos.

La mano imperialista, sus agentes y el golpismo

El gobierno de Donald Trump -a pesar de que Estados Unidos es el país con más infectados y con mayor cantidad de muertos por Covid-19, de que es el epicentro de la bancarrota capitalista y el escenario en el que se desarrolla una histórica rebelión popular- no escatima esfuerzos para lograr una mayor injerencia en América Latina. Es lo que explica el reclamo de Trump para que sea un norteamericano, Claver Carone, quien presida el BID durante los próximos cinco años, contradiciendo una ‘ley no escrita’ del organismo que establece que la presidencia del mismo corresponde a un país latinoamericano. Es que en setiembre de este año, el BID deberá elegir autoridades, y aunque es claro que el BID siempre fue y será un instrumento del capital financiero, Trump quiere asegurarse un control total del organismo para reforzar una política de bloqueo de las empresas contratistas y financistas chinas en el subcontinente. Cuando The New York Times dedicó, en 2018, la portada de su diario a condenar la base espacial militar China instalada en la provincia de Neuquén, ya era evidente que América Latina se había convertido en un campo de disputa en la guerra económica entre Estados Unidos y China. Existe un hilo conductor entre la jugada de Trump para hacerse del control directo del BID, la movilización, en junio de este año, de tres portaviones norteamericanos en el océano Pacífico, amenazando la salida oriental China, y el sangriento combate entre India (socia de Estados Unidos) y China en Cachemira, por el control de la “ruta de la seda”.

Pero la designación de Claver Carone apunta también a otro objetivo estratégico para el imperialismo yanqui. Carone es un gusano del partido republicano, abiertamente identificado como un enemigo acérrimo de los regímenes de Venezuela y de Cuba. La designación de Carone ya cuenta con el apoyo de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras, Haití y Uruguay. Recordemos que el imperialismo yanqui se anotó un punto importante con la consumación del golpe de Estado en Bolivia. Esta fue la respuesta consciente del imperialismo, la burguesía y la derecha continental a la zaga de rebeliones populares latinoamericanas de 2019. Los golpistas se valieron del propio desprestigio del gobierno indigenista de Evo Morales, quien durante los años precedentes venía padeciendo un retroceso electoral como consecuencia de su política de ajuste contra el pueblo. El imperialismo contó para el operativo golpista con la colaboración estrecha del gobierno de Bolsonaro y del expresidente argentino Mauricio Macri, que actuaron mancomunadamente con la oligarquía fascista de Santa Cruz de la Sierra. La confianza de Morales en la OEA y su negativa a desenvolver a fondo la movilización obrera y popular terminó por allanarle el camino al golpismo. Ahora, la ‘estabilización’ del golpe se encuentra cuestionada. Existe un rechazo generalizado a un nuevo aplazamiento de las elecciones bolivianas previstas para setiembre. La COB, que debutó apoyando el golpe, amenaza ahora con impulsar un levantamiento popular, en tanto y en cuanto la golpista Jeanine Añez intente prorrogar nuevamente las elecciones.

Hace ya mucho tiempo que el imperialismo norteamericano tiene en la mira al gobierno de Nicolás Maduro. El imperialismo desea poner fin al régimen bolivariano y que ello sea el punto de apoyo para asestarle un golpe de gracia final al régimen cubano. Justamente, el Grupo de Lima, que reagrupa a los principales mandatarios latinoamericanos y nació bajo el auspicio del imperialismo yanqui, surge con el objetivo explícito de condenar al gobierno venezolano. Luego de los sucesivos fracasos de Juan Guaidó, el títere de los yanquis en Venezuela, de hacerse del poder político, el imperialismo ha instrumentado diversas vías con el objetivo de quebrar al régimen de Maduro. Como parte de esa ofensiva golpista hay que anotar el acuerdo del gobierno yanqui con el presidente Iván Duque, a principios de junio, para habilitar el despliegue de 800 soldados norteamericanos en Colombia, donde ya hay siete bases militares yanquis instaladas, con el objetivo de cercar a Venezuela. Ese despliegue militar fue precedido por dos desembarcos frustrados de mercenarios golpistas a principios de mayo, denominados “Operación Gedeón”, y por la navegación de buques norteamericanos en las costas venezolanas a principios de abril. Del paquete reaccionario y golpista también es parte el bloqueo económico criminal, que en el marco de la pandemia realizan Estados Unidos y la Unión Europea sobre Venezuela, y la confiscación de 30 toneladas de oro venezolano por parte de los piratas de la banca británica.

Por su parte, Maduro pretende terminar con la mayoría que detenta la derecha golpista en la Asamblea Nacional, convocando a nuevas elecciones parlamentarias para diciembre de este año. La tentativa del gobierno de Maduro de barrer a la derecha del Parlamento y reestablecer un pleno predominio del régimen que lidera, lo hace en el momento en que, amparado en las sanciones económicas del imperialismo, se encuentra ejecutando un fuerte ajuste contra los trabajadores y el pueblo venezolano, iniciando un proceso de dolarización de los precios de los combustibles. El ajuste del gobierno de Maduro es lo que ha empezado a despertar reacciones de la clase obrera en defensa de los salarios y los convenios colectivos de trabajo.

La izquierda revolucionaria debe colocarse en la primera línea de combate contra el golpismo reaccionario y pro-imperialista. Solo desde ese campo, el de la batalla decidida contra la reacción, la izquierda podrá hacerse de la autoridad política necesaria para arrancar a la vanguardia obrera y a las masas trabajadoras de la influencia del nacionalismo burgués, y postularse para liderar un movimiento obrero y popular bajo las banderas del socialismo. La lucha contra el golpe es una cuestión de principios, porque significa defender las posiciones conquistadas por la clase obrera frente a la ofensiva capitalista -de ningún modo apoyar al gobierno capitalista destituido. Cualquier vacilación o ‘confusión’ de la izquierda frente a una ofensiva golpista, como sucedió con las organizaciones que acompañaron las ‘revueltas’ que precedieron al golpe reaccionario en Bolivia en 2019 o con las que se sumaron a agitar el ‘Fuera Maduro’ en el momento mismo en el que Guaidó se autoproclamaba presidente de la República Bolivariana, representa el pasaporte directo de esa ‘izquierda’ al basurero de la historia.

De San Pablo a Puebla

La respuesta del ‘progresismo’ latinoamericano al alineamiento de la derecha continental en el Grupo de Lima fue la creación del Grupo Puebla en julio de 2019. El Grupo Puebla aparece como la versión devaluada de lo que fuera en su momento el Foro de San Pablo, que surgió como un reagrupamiento de las fuerzas nacionalistas e izquierdistas latinoamericanas contra los regímenes ‘neoliberales’. En gran medida, las fuerzas integrantes del Foro se transformaron en gobierno en toda América Latina, sobre la base de constituirse en los custodios por izquierda del régimen capitalista. Los fracasos de la Unasur y el Mercosur fueron la expresión concreta de la imposibilidad de una integración latinoamericana (la llamada Patria Grande) sobre bases capitalistas. Con la crisis mundial, a partir de 2008, se puso en evidencia la endeblez del esquema de supervivencia meramente rentista de los gobiernos ‘nacionales y populares’ de América Latina, y sus políticas ajustadoras dieron lugar a un largo proceso de declinación política, que terminó por pavimentar el ascenso electoral de nuevos gobiernos derechistas, de ofensiva directa contra las masas, a nivel continental.

Si la experiencia del Foro de San Pablo concluyó en una tragedia -con las victorias electorales de los Bolsonaro, Piñera,Macri, Lacalle Pou, etc. – el Grupo Puebla no promete más que ser una farsa. Su carácter farsesco está dado, en primer lugar, por el liderazgo que ejerce en él Alberto Fernández, que ha mantenido a la Argentina como integrante del Grupo Lima -es decir, en el órgano mismo de la reacción latinoamericana. En plena crisis sanitaria y social en la Argentina, Fernández se encuentra liderando un proceso de reestructuración de la deuda externa que representa una capitulación lisa y llana ante las exigencias del capital financiero y el Fondo Monetario Internacional. De Grupo Puebla participan también los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Fernando Lugo (Paraguay). También Daniel Martínez (excandidato a presidente por el Frente Amplio de Uruguay), Verónika Mendoza (ex candidata presidencial del Frente Amplio de Perú) y distintos referentes del PRD mexicano y el Partido Comunista de Chile. Para borrar cualquier vestigio de confrontación con el imperialismo, los ‘progresistas’ han marginado del agrupamiento a Venezuela y a Cuba, bajo el pretexto de ser respetuosos de ‘la democracia y las instituciones’.

Pero el Grupo Puebla le otorgó al establishment un gesto más importante aún que la marginación de Venezuela y Cuba: una definición categórica contra las rebeliones populares y la acción directa de las masas para derrotar al golpismo pro-imperialista. Fue lo que se expresó en noviembre pasado en la cumbre de Puebla en Buenos Aires, en momentos donde la rebelión chilena estaba en pleno desarrollo ascendente y crecía una extraordinaria respuesta popular contra el golpe en Bolivia. La participación del PC chileno en el Grupo Puebla no es un dato menor, pues este ha sido el sostén último del acorralado gobierno de Sebastián Piñera.

Fuera del armado del Grupo Puebla se encuentra otro referente del campo ‘progresista’ o ‘nacional y popular’: el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Desde que tomara posesión de la presidencia mexicana, el 1° de diciembre de 2018, AMLO no realizó ningún viaje al extranjero hasta julio de 2020. Su primera gira internacional fue para visitar a Donald Trump, con el pretexto de celebrar la firma del Tratado de Libre Comercio firmado por México, con Estados Unidos y Canadá hace un año atrás. AMLO se movilizó apuntalando, objetivamente, la candidatura de Trump, en momentos donde la imagen del magnate se derrumba como consecuencia de su nefasta gestión de la crisis sanitaria y la agudización de la crisis social, fruto del impacto de la bancarrota capitalista. Pero por sobre todo, AMLO fue a Estados Unidos en momentos donde se desarrolla una extraordinaria rebelión popular, protagonizada especialmente por la comunidad afroamericana y que despierta enormes simpatías entre la comunidad latina que reside allí. En síntesis, AMLO protagonizó un acto de cipayaje pocas veces visto.

Como se ve, la llamada “lucha contra la derecha” que proclama el ‘progresismo’ latinoamericano no es más que un mero relato. La izquierda revolucionaria debe distinguir las ofensivas golpistas realmente existentes del cacareo nacionalista, que solo busca amordazar a las organizaciones obreras y a la izquierda, y de esa forma privarlas de su acción y de su crítica con el objetivo de subordinarlas al gobierno nacionalista o frente-populista. Al nacionalismo es necesario oponerle el impulso de la acción directa de la clase obrera por sus reivindicaciones inmediatas y un programa económico y político de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas. La unidad latinoamericana solo puede ser realizada por gobiernos de trabajadores a escala del subcontinente -es decir, sobre bases socialistas.

Estrategia revolucionaria

El cóctel de crisis sanitaria, derrumbe económico y catástrofe social, ha desatado verdaderas crisis políticas y de gobierno. Brasil es, probablemente, el país donde la crisis política es más aguda, con la salida de dos ministros de Salud, el ministro de Educación y, en abril, del superministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro. Sin embargo, en el marco de la crisis, también ha habido renuncias de funcionarios de alto rango en Chile, Perú y Ecuador. Es en este cuadro de crisis donde empieza a emerger la intervención de los trabajadores y los sectores populares. Así lo confirman las jornadas nacionales de protesta en Chile contra las AFP y el paro nacional de los portuarios, las movilizaciones en Bolivia impulsadas por la COB contra el gobierno de Añez, las marchas en Ecuador contra las medidas fondomonetaristas de Lenin Moreno, las manifestaciones antifascistas en Brasil, las movilizaciones sindicales en contra de la reforma previsional en Paraguay, y los paros y movilizaciones coordinados a nivel internacional de los trabajadores de reparto. Estas luchas, que se desarrollan en plena crisis pandémica, indican que el ciclo de las rebeliones populares en América Latina de ningún modo se ha cerrado. Por el contrario, el ciclo se mantiene abierto y la rebelión norteamericana representa un estímulo formidable para su potenciación y desarrollo.

Esta perspectiva abierta plantea balancear el rol de las organizaciones de masas en los grandes procesos del año pasado. Como se vio en Chile, con la Unidad Social, bajo la dirección política del PC, o en Ecuador con la Conaie, ambas organizaciones rechazaron liderar la lucha por la caída de los gobiernos de sus respectivos países. Esto, a pesar del cuadro insurreccional de las masas y del extendidísimo clamor popular por la salida de Piñera y Lenin Moreno. De esta forma, las organizaciones se transformaron, objetivamente, en un freno a la evolución de las masas en lucha y en sostenes últimos de los gobiernos capitalistas asediados por las rebeliones populares. Este representa el principal aspecto político que debe abordar la vanguardia de la clase obrera y los explotados de América Latina. La iniciativa propuesta por el Partido Obrero de Argentina y recogida por los partidos integrantes del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, de impulsar una Conferencia Latinoamericana de la izquierda y los sectores combativos del movimiento obrero, apunta a abordar este problema político de primer orden.

El Frente de Izquierda, con sus contradicciones y límites, mantuvo en alto en la Argentina, a lo largo de nueve años, la bandera de la independencia de clase y la lucha por el gobierno de trabajadores. Sin embargo, es claro que esta independencia se ha sostenido contra tendencias disolventes que emanan, en muchas ocasiones, de los propios partidos del Frente. Estas tendencias han tenido un escenario privilegiado en Brasil, donde las organizaciones hermanas de Izquierda Socialista y el MST -la CST y AS, respectivamente- se encuentran integradas al Psol, un ‘partido amplio’ de características centroizquierdistas y de colaboración de clases. El MRT (organización hermana del PTS), a su turno, pidió su ingreso al Psol. Aunque le fue denegado ese ingreso, eso no fue un impedimento para integrar en 2018 sus listas, cuando el Psol proclamaba como su orientación fundamental impulsar “un frente parlamentario comprometido con la reconstrucción y el desarrollo de Brasil” junto al PT, el PCdoB, PDT y PSB. El Psol no ha pasado de un sello electoral, basado en un acuerdo superestructural de tendencias; no se ha constituido ni se ha empeñado en ser motor de la lucha de clases y viene actuando como furgón de cola del lulismo. En la actualidad, el Psol integra un frente “antibolsonarista” junto a partidos de la burguesía, muchos de los cuales tuvieron un rol protagónico en el golpe parlamentario contra Dilma. Además, la organización hermana de IS en Perú, Uníos, integra el Frente Amplio, un frente democratizante opuesto a la estrategia del gobierno de trabajadores. La campaña política electoral desenvuelta por Uníos en el Frente Amplio en 2019 tuvo como sus dos principales ejes “la lucha contra la corrupción” y “la inseguridad”, reclamando incluso que “la policía cumpla con su trabajo”3. Estos hechos ponen de manifiesto las tendencias al electoralismo que anidan en la izquierda. La expectativa parlamentaria y apetitos de obtener algún cargo es el señuelo para sacrificar la lucha por la independencia política de los trabajadores. Antes y después, las tendencias electoralistas se habían expresado fuertemente, como lo evidencia la utilización, por parte del PTS, de todas las tribunas de lucha de los trabajadores para la mera proyección de sus figuras electorales.

La disolución de la izquierda en frentes o partidos ‘amplios’ de tinte centroizquierdista -que reagrupan bajo un mismo sello a organizaciones con políticas contradictorias y son liderados por camarillas con meros apetitos electorales que abogan por la colaboración de clase- socaba la lucha por la estructuración política independiente de los trabajadores. En oposición a la disolución política, la preparación de la nueva ronda de rebeliones populares que se incuban reclama desenvolver a fondo la lucha por poner en pie partidos obreros revolucionarios en toda América Latina. No se trata de la construcción de aparatos electorales para medrar por escaños parlamentarios bajo la sombra de partidos o frentes ‘amplios’, sino de luchar por la puesta en pie de partidos de combate de la clase obrera para luchar por gobiernos de trabajadores. No se trata de destacar meros referentes o figuras electorales, sino deformar los cuadros políticos de la clase obrera, los organizadores y tribunos socialistas de los trabajadores. No se trata de editar ‘informativos de izquierda’, sino de poner en pie órganos políticos de partido, periódicos que sean el instrumento para desenvolver centralizadamente la agitación y la propaganda revolucionaria, la organización de la clase y el partido revolucionario. La próxima etapa reclama una lucha política de partido. Es decir, una lucha que debe ser desenvuelta por medio de la agitación, la propaganda y la organización de la vanguardia obrera y juvenil, bajo un claro planteo estratégico, que se resume en las siguientes consignas: “Fuera Trump y sus agentes de América Latina”; “Fuera los Bolsonaro, los Piñera, las Añez y los Lenin Moreno”; “Abajo los gobiernos de la entrega nacional, del ajuste contra el pueblo y la represión contra los trabajadores, basta de gobiernos capitalistas”; “que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores”; “por gobiernos de trabajadores, por la Unidad Socialista de América Latina incluida Puerto Rico”.

El Partido Obrero impulsa la Conferencia Latinoamericana con el objetivo de impulsar un plan de acción común y de delimitar las estrategias políticas en danza al interior de la izquierda, sobre la base de propagandizar la política, el programa y los métodos revolucionarios. Será el mayor aporte que se puede hacer al desafío histórico de superar la crisis de dirección del proletariado.