Hay una coincidencia más que generalizada de que Argentina atraviesa una profunda crisis. Esta consideración no es ajena a ninguna de las clases sociales, ni a sus agrupaciones y representaciones políticas y/o gremiales.
El gobierno de Alberto Fernández se planteó como principal propósito resolver la llamada crisis de la deuda, para lograr una renegociación de una parte de la misma ante la evidencia de que no podría hacer frente a los vencimientos que se avecinaban y Argentina podría entrar en default. El rechazo al default es compartido por el gobierno, los partidos de la oposición, las cámaras empresariales de todo tipo y también por acreedores y el FMI. Lo que debía resolverse “a más tardar” el 31 de marzo; a la hora de escribir estas páginas no ha sido resuelto y ha consumido estos primeros meses del gobierno “nacional y popular”, que ganó las elecciones ante el fracaso de la gestión “neoliberal” de Macri.
Para la burguesía, de conjunto, la resolución del tema de la deuda era (y es) clave para poder iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento que le permita, en primer lugar, resolver la situación con su propia cartera de acreedores. Solo la consideración de que el endeudamiento privado supera los 80.000 mil millones de dólares explica el interés de los grupos capitalistas para que se llegue a un acuerdo que facilite una renegociación de su propia deuda, proceder a recuperar la tasa de beneficio y proyectar un proceso de reestructuración de sus negocios.
La otra fuerte presión para llegar a un acuerdo en relación con el tema de la deuda proviene de los gobernadores, independientemente de su color político y su ubicación entre las diversas fracciones que dividen a los propios partidos patronales. La mayor parte de las provincias debe enfrentar vencimientos de sus propias deudas (en su mayoría para sostener una red de asistencia a los grupos capitalistas que operan en sus territorios), las cuales fueron contraídas en dólares cuando los ingresos provinciales son exclusivamente en moneda nacional -o sea, que están subordinadas a las propias negociaciones del gobierno nacional.
El frente común de los distintos sectores de la burguesía para que se resuelva el tema de la deuda deja de existir a la hora de plantear su propio programa para resolver la crisis en el marco de la depresión internacional. La pelea por apropiarse de recursos cada vez más escasos y comprometidos, a su vez, seguramente por el acuerdo con los bonistas reclamado por todos, abrirá un cuadro convulsivo con fuertes repercusiones políticas y económicas.
Para los trabajadores que votaron a la fórmula Fernández-Fernández, la expectativa en el nuevo gobierno pasaba por la posibilidad de revertir la quiebra de las economías familiares por la caída del salario real, como resultado de la inflación, por la pérdida y precarización del empleo y por el deterioro creciente de aquellos aspectos que son parte del “salario indirecto” (como son la salud, la educación, la infraestructura, los servicios, etc.), en su mayoría privatizados y, por lo tanto, sostenidos por los propios trabajadores, no solo a través de una carga tributaria agobiante (el 48% del salario) sino de sus propios ingresos netos.
Es decir que, en un sentido, la suerte del gobierno de los Fernández reside en la posibilidad de arbitrar entre intereses disímiles y contrapuestos.
La comprensión común de la gravedad de la situación no alcanza a la hora de considerar los alcances y razones de esta crisis, pero sobre todo en cómo se la enfrenta y, fundamentalmente, quién o quiénes pagan los costos de la misma. En esto se centra el desenvolvimiento de la situación política argentina en el próximo período.
La deuda, siempre la deuda
A pesar de que esta remake en el gobierno del nacionalismo burgués será recordada, entre sus principales hechos, por haber atravesado la pandemia del coronavirus, la preocupación central del gobierno y el mandato que se apresta a cumplir es el del resolver el “problema de la deuda”.
Las declaraciones de que la deuda argentina era impagable y el país no podría hacerse cargo no implicaron nunca un planteo de desconocimiento y ni siquiera de investigación de la misma. El gobierno tempranamente dio dos pasos fundamentales para dar garantías de que se aprestaba a una negociación en regla y que incluso el acuerdo que se buscaba era un “tema de Estado”: mandó al Congreso la llamada ley de Sustentabilidad de la Deuda, que implica un cheque en blanco para ejecutar este rescate, y eliminó la ley de movilidad jubilatoria.
A partir de allí, el camino de las “buenas intenciones” estuvo plagado de recules permanentes del gobierno ante las exigencias de los bonistas. No sirvió el apoyo y la comprensión que recogió Fernández cuando empezó su periplo en enero, buscando el apoyo de los líderes mundiales y se abrazó con el sionista asesino Netanyahu, con los derechistas Macron y Merkel. Colocó a la Argentina en el campo de la política exterior de Trump en relación incluso con la propia Venezuela. Tampoco sirvió la relación privilegiada con Kristalina Georgieva que Fernández y Guzmán agitaban como el apoyo para que se “comprendiera que queremos pero no podemos pagar”. Todo ello se transformó en una fuerte presión para el que gobierno fuera cediendo a los reclamos de los fondos, sumándose a las que ya existían a nivel local. Los bonistas aprovecharon la situación y fueron por más.
Entre la primera propuesta y la cuarta (última por ahora) hay una diferencia de 16.000 millones de dólares en favor de los bonistas; de un valor presente de los bonos de 39 dólares en la inicial, se llegó a 53,75 en la última y, según indicios, el gobierno estaría por aceptarlos a más de 55.
Pero no fue lo único en lo que el gobierno retrocedió: también lo hizo en relación con el período de gracia, por el cual el gobierno no debía hacer ningún pago, que en principio era de cuatro años y pasó a uno. A su vez, los bonistas obtuvieron una tasa de interés que duplica la de la oferta inicial y que es ocho veces la que se paga en Estados Unidos. Finalmente, los pagos de capital quedaron prácticamente sin quita.
Tamaña sangría es apenas el comienzo, porque lo que está en negociación es solo una parte de la deuda total, tanto pública como privada, se trata “solo” de 64.800 millones de dólares. Queda aún negociar, entre otras, la deuda en dólares bajo legislación local, para lo cual el gobierno mandó un proyecto al Congreso. Se trata de la deuda cuyo pago ha sido “reperfilado” hasta el 31 de diciembre de 2021, suma unos 46.000 millones de dólares, de los cuales más de 25.000 millones estarían en manos de privados (el resto se halla en posesión de organismos públicos como la Anses), para lo cual el gobierno ofrece una serie de “endulzantes”, que terminan siendo una nueva hipoteca. La presencia de la deuda con la Anses no debe confundir, ya que seguramente será, como los otros organismos del Estado, el bonista “bobo” que cargará con lo que los particulares desechen y la variable de ajuste. Sigue en la lista la deuda en pesos, que viene siendo pagada o refinanciada, en ambos casos con costo creciente para las arcas públicas. Finalmente, la deuda con el FMI, que se sabe no admite quitas, y los pagos a organismos multilaterales, como el del Club de París, resultante del acuerdo con Kicillof cuando este era ministro de Economía de CFK.
A la suma hay que agregar las deudas de las provincias, muchas de las cuales ya entraron en cesación de pagos, como el caso de Río Negro y Chubut, y en el borde de la cornisa están dos grandes: Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Y, lógicamente, la deuda privada que, como dijimos, llega a los 80 mil millones de dólares.
La importancia de la negociación en curso es que marca el camino para lo que viene y ha puesto de manifiesto que el gobierno ha cedido en forma constante a las presiones de los capitalistas para aceptar las exigencias de los bonistas.
La negociación está plagada de exigencias que condicionan el desarrollo de la crisis argentina. Y que, por otro lado, tampoco garantizan la sustentabilidad de los acuerdos, con lo cual podríamos sostener que están siendo establecidas las condiciones para el décimo default.
¿Qué garantías puede ofrecer entonces Argentina de que será capaz de afrontar los compromisos que acuerde con los bonistas?
Alberto Fernández toma como ejemplo lo que hizo junto a Néstor Kirchner y Roberto Lavagna para acordar con los acreedores finalmente en 2005. Pero el cuadro internacional es completamente diferente al de 2005. No está planteada una reactivación económica sino, por el contrario, un agudización de las tendencias a la depresión. En 2005, la economía mundial crecía producto del acople chino-norteamericano, que empujaba al alza los precios de la soja. Hoy, la situación está en los niveles del crack bursátil de 1929, que abarcó una década y que buscó una resolución con la Segunda Guerra Mundial. La economía mundial nunca se terminó de reponer de la crisis de 2008 y, cuando se incubaba una nueva recesión, el coronavirus empujó a una depresión mundial de alcance histórico.
Fernández apuesta a las exportaciones cuando el precio de las materias primas cae y el proyecto Vaca Muerta mostró todos sus límites tempranamente ante el derrumbe de los precios del petróleo. Las posibilidades a las que apuesta Fernández están determinadas por la crisis mundial.
En caso de que se logre el acuerdo, en los términos que ya se viene consensuando, este subordina aún más la situación nacional a los intereses del imperialismo. La exigencia de los bonistas de un “plan económico” y del control directo por parte del FMI de la marcha de la economía es la explicitación de que la política nacional, lejos de liberarse por haber “zafado” del default, quedará aún más sometida a la tutela de los organismos financieros.
Quienes ven a través del gobierno de los Fernández la posibilidad de establecer una línea de resistencia a la políticas proimperialistas o neoliberales debieran reflexionar que toda la negociación se da en el marco de una crisis mundial, que tiene su epicentro en la patria de los buitres, Estados Unidos, con un presidente acorralado por un levantamiento popular en su propio país, con repercusiones mundiales. Un levantamiento que concentra todas las reivindicaciones que la situación les plantea a los trabajadores. Fernández en lugar de aprovechar la debilidad de los acreedores y sus aliados para sacarse de encima las presiones, mandó al canciller Solá a reunirse con el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, y no emitió una sola palabra de apoyo a la rebelión norteamericana.
Bailando en el Titanic
El acuerdo que se logre como resultado de ceder ante los requerimientos de los bonistas encuentra a la economía nacional en un acelerado derrumbe y esto no es solo atribuible a la pandemia. La crisis y el derrumbe de la economía son previos a la declaración de la cuarentena (18 de marzo). En el primer trimestre del año, el Producto Bruto Interno tuvo una caída del 4,8% respecto del último trimestre de 2019 (y un -5,3% en la variación interanual). Desde 2012 y en adelante, el PBI tuvo cinco años de caída intercalados con tres de alza (2013,15 y 17), que no compensaron las pérdidas previas. Los pronósticos sobre la evolución del PBI argentino durante este año no bajan de una caída por encima del 11%, que sería superior a la de 2002, un hito para medir el derrumbe económico. Con la declaración de la cuarentena, estos índices se aceleraron (-26,3% y -20,6 respecto de abril y mayo del año anterior).
La quiebra de Vicentin debe ser mirada con mucha atención, porque no es una excepción sino la regla, ya que el sobreendeudamiento, la evasión impositiva y maniobras dolosas son moneda común entre las empresas capitalistas. El endeudamiento en más de 80 mil millones de dólares del sector privado revela por sí solo que estamos ante varios Vicentin a corto plazo. Habría que agregar, además, que la operatoria que llevó a Vicentin a la quiebra es común a todas las empresas ligadas a la comercialización de granos, que tienen una ligazón a negocios espurios e ilícitos, acrecentados por la posición privilegiada de controlar la principal hidrovía (Paraná) y sus puertos, por donde sale la mayor parte del comercio exterior de la Argentina. Se trata del sector más importante de la actividad económica nacional, donde el gobierno apuesta a obtener los recursos que garanticen el pago de la deuda. Por lo cual, lo de Vicentin es más que una alerta.
El análisis del endeudamiento privado pone de manifiesto varios problemas. Por un lado, la mayor parte del endeudamiento es por créditos y anticipos comerciales que totalizan 50,4 mil millones de dólares. Es decir, una parte de las empresas está en una situación económica seriamente comprometida, porque lo que en condiciones “normales” se renueva, ahora tiene dificultades para hacerlo y lo hace a un costo más elevado y en plazos cada vez más cortos -es decir, apostando a una reactivación en un breve plazo. O, dicho de otro modo, con poca capacidad para soportar una recesión prolongada.
Pero, a su vez, la deuda comercial está acompañada por un crecimiento de la deuda financiera, de la cual unos 27.600 millones de dólares corresponden a los títulos y préstamos en el exterior, de los cuales 6.440 millones de dólares vencen en los próximos 18 meses. Por otro lado, 7.600 millones de dólares son deuda con los bancos locales para financiar exportaciones, lo cual pone al sistema bancario a un tiro de la suerte de estas empresas.
Gran parte de esta deuda privada ha servido para financiar la fuga de capitales a través de diversos mecanismos. Uno que fue puesto de relieve por Vicentin es la manipulación de la deuda comercial, pues en lugar de invertir directamente las casas matrices optan por hacerlo en forma de crédito, lo que viene siendo utilizado para enmascarar giro de utilidades y sortear las limitaciones vigentes. Es la vía para obtener dólares al tipo de cambio oficial “baratos”, desplumar las reservas del Banco Central y provocar una hemorragia de divisas al exterior. Y, al mismo tiempo, para inflar gastos en concepto de intereses y reducir sus utilidades o fabricar pérdidas, y de esa forma evadir impuestos.
El gobierno retrocedió rápidamente en la propuesta de la expropiación de Vicentin. A pesar de la declaración de que el propósito era rescatar a la empresa, pagando activos, haciéndose cargo de deudas y que solo se intervenía porque estaba en la quiebra, la burguesía rechazó el planteo porque entendió que Vicentin era solo la punta del iceberg: en la lista ya están anotadas Molinos Cañuelas, Latam, lo que queda de Sancor. Especialmente, rechazó la injerencia estatal en el comercio internacional de granos y levantó la bandera del rescate sin expropiación -o sea, con los dueños manteniendo el control y el Estado aportando los recursos.
El gobierno no tiene un planteo propio frente a la gravedad de la situación, sino que sigue el libreto que le dictan los propios grupos capitalistas que tienen sus representantes en la oposición, pero también en la coalición gobernante, que son los que presionaron para desistir de la idea de la expropiación. Lo que correspondía era dar a conocer la lista de las empresas que deben a los bancos oficiales y abrir sus libros para desenmascarar el proceso mafioso con el cual se burló al fisco, se fugó capital, se dibujaron pérdidas y escondieron ganancias y se desenvolvieron maniobras de especulación contra la moneda nacional.
Por el contrario, el gobierno planteó una moratoria y un blanqueo en beneficio de los grandes evasores, con el argumento de acelerar la recuperación de la economía, quitando parte de la presión impositiva. Eso sí, esta se mantiene intacta sobre los trabajadores: la eliminación de los impuestos al consumo o el de las ganancias sobre los salarios no forma parte de ningún “paquete de estímulos” para incentivar el consumo. Es decir, la política de Fernández frente a la quiebra de Vicentin apalanca la propia crisis capitalista.
Acuerdo, ¿y después?
El acto del 9 de Julio en Olivos, en ocasión de un nuevo aniversario de la declaración de la independencia, mostró unidos al gobierno, los principales actores del establishment (G6), de la burocracia sindical e incluso de la oposición (Larreta). Esta unidad estuvo signada por el propósito de rodear al Presidente de toda la presión para que llegue a un acuerdo con los bonistas y que incluso ceda a lo que estos reclaman. Sin embargo, también mostró qué plantea cada uno para el “día después”.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, debió atajar las críticas venidas de su propio palo, fundamentalmente de sus socios de la Mesa de Enlace. El extitular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, consideró que la presencia de Pelegrina “ha terminado de destruir esa unidad (por la Mesa de Enlace) basada en ideales de país, en la defensa de los productores, por la producción, por la división de poderes, por el federalismo y en definitiva para respetar la República”. Pelegrina se defendió sosteniendo que fue a presentar el pliego de reclamos del sector para la pospandemia (o mejor dicho, para la poscuarentena).
Los reclamos de la Sociedad Rural se concentraron en que el gobierno asegure el acuerdo por la deuda, con todas las garantías (“incluso jurídicas”) para poder recurrir al financiamiento, la asistencia del gobierno para acceder a los insumos, que en su mayoría son importados (agroquímicos, semillas, etc.) y, por lo tanto, un planteo de levantamiento del cepo para obtener dólares al cambio oficial. El reclamo del sector que concentra fundamentalmente el negocio de la exportación de granos y carne es bajar la presión impositiva -o sea, la eliminación de las retenciones. A estos reclamos se sumó la necesidad de que el gobierno establezca una suerte de compensación ante las pérdidas por las variaciones climáticas que reduzcan las cosechas. La SRA y la CRA ya se habían pronunciado y solicitado reuniones con el gobierno frente a la destrucción de los silobolsas, el almacenamiento provisorio que les ha permitido a los grupos sojeros retener la producción y especular con mejor condiciones para su venta. La CRA hace hincapié en la necesidad de la ley de semillas, favorable a los grupos internacionales, créditos para acceder a ellas y presupuesto para infraestructura, que facilite el abaratamiento en el transporte y comercialización de la producción agropecuaria.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), a su vez, concurrió con su propio pliego. Ya la UIA había dado a conocer un largo documento que se resume en lo siguiente: disminución de impuestos con una ampliación de la moratoria, sostener la ATP y reactivar los Repro, incentivos fiscales, mayores créditos con una línea de financiamiento de futuras inversiones y de exportaciones industriales y, a su vez, una promoción de las mismas. La UIA quiere que el Estado haga inversiones para “reactivar la demanda” y, a su vez, un plan de desarrollo de la obra pública. Y, por supuesto, la UIA reclama “nuevas regulaciones laborales”, un eufemismo para plantear producir una reforma laboral en regla.
La hoja de ruta de las dos entidades patronales pone de manifiesto una contradicción irresoluble entre los reclamos para “reactivar la economía” y el acuerdo con los bonistas que, sin embargo, ambas entidades son las primeras en reclamar.
Todo el pliego se basa en una mayor asistencia del Estado. Esto choca con las garantías que exigen los acreedores y que el FMI debe monitorear, que se basan en destinar los fondos públicos al pago de las obligaciones de la deuda renegociada y la que falte renegociar. En un marco de derrumbe de la recaudación y las importaciones, la víctima segura de estos subsidios a costa del presupuesto del Estado será la caja de la Anses. Están en la mira también los salarios de los estatales, que ya están cobrando el aguinaldo en cuotas, y los trabajadores de las empresas estatales (Aerolíneas y Austral). Y, por supuesto, el recurso a la emisión monetaria que, de todas formas, el FMI y los bonistas apuntarían a limitar.
El principal socio industrial de Argentina es Brasil y el derrumbe de la economía brasileña afecta en particular a las automotrices, condicionando la trayectoria de las exportaciones industriales a Brasil, que representan el 28%.
La ilusión de la clase capitalista es que el acuerdo les permita acceder a la liquidez de dólares que, hoy por hoy, buscan colocarse, pero las empresas vienen con un capacidad ociosa de arriba del 50% desde el año pasado y la cuarentena profundizó esta situación. Esa capacidad de producción inactiva no se modificó por la caída del comercio interno y externo, ¿por qué esto habría de cambiar? y, con estas perspectivas, ¿quién pondría dólares para una “inversión productiva” sin beneficio asegurado?
El gobierno ha apelado a la emisión monetaria para hacer frente a los subsidios, la caída de la recaudación (que venía en picada desde hace un año) y el propio cumplimiento de los compromisos de deuda. La situación se ha convertido en insostenible, la necesidad de esterilizar el exceso de pesos (que antes de la cuarentena fluctuaba entre el 75 y el 80% de la base monetaria) llevó las Leliq (que iban a ser desarmadas para pagar a los jubilados en las promesas de campaña de Alberto) a los 2,3 billones de pesos superando a la propia base monetaria.
El gobierno ha armado una bomba de tiempo que está relativamente contenida por el cepo cambiario, que a su vez está en contraposición con las necesidades de dólares que todos reclaman. Alberto Fernández, en la reunión con los capitalistas de Estados Unidos en el Consejo de las Américas, ya se pronunció por un tipo de “cambio competitivo” -es decir, una fuerte devaluación-, que le permitiría licuar las deudas en pesos y bajar el costo laboral. El dólar oficial viene devaluándose en forma gradual y el “blue” llega a los 130 pesos. Una devaluación permitiría al gobierno licuar la emisión monetaria. Varios economistas han planteado que si se levanta el cepo, la disparada del dólar va ser incontenible y pronostican un Rodrigazo “en regla”, con aumento de tarifas y de precios, sin descartar una hiperinflación. Lo cierto es que todos los elementos de un empeoramiento de la crisis están a la vuelta de la esquina. El programa de la patronal choca con la realidad de la crisis de su propio sistema.
¿Salud o economía?
El acuerdo por la deuda plantea además como garantía de pago un fuerte ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, un ajuste. Los reclamos de la reforma laboral y la previsional son sostenidos por toda la clase capitalista y los fondos de inversión que negocian con el gobierno. Más aún el grupo BlackRock, con fuerte peso entre los acreedores, planteó en un momento una propuesta para que si el gobierno no cumplía con esas pautas, los bonistas pudieran declarar, así hubieran recibido el pago de la cuota del momento, una suerte de default preventivo y acudir a la Justicia para cobrar. Este es el programa de gobierno que exigen como garantía y que depositan en el FMI la capacidad de monitorear su cumplimiento. Alberto Fernández sostuvo que primero había que llegar a un acuerdo para, sobre esa base, establecer un programa. Pero el programa se puso en ejecución. La aparición del coronavirus fue la oportunidad.
La pandemia completó el cuadro de la crisis capitalista a nivel mundial. Empujó aún más las tendencias a la depresión internacional, con la caída generalizada del comercio mundial (exacerbada por el cierre de fronteras) y el derrumbe de ramas enteras de la economía. A su vez, aceleró los enfrentamientos previos expresados en la guerra comercial, sobre todo entre China y Estados Unidos. Es decir, en materia económica y social, el virus atacó un cuerpo (el capitalismo) con profundas e irresolubles “enfermedades de base”.
Por su parte, puso de manifiesto la crisis sanitaria, como resultado de la destrucción de los sistemas públicos de salud, por el creciente proceso de privatizaciones; es decir, el capitalismo apareció claramente como parte del problema de una situación que envuelve al mundo entero en su peor aspecto: la pérdida de vidas.
Argentina, lejos de escapar a este cuadro, aparece como uno de los eslabones más débiles de la cadena. Alberto Fernández apareció con la rápida declaración de la cuarentena y sosteniendo que privilegiaba la salud sobre la economía, ejerciendo un liderazgo e iniciativa en una situación por demás dramática e inédita para el país. Los altos índices de popularidad y aceptación que el gobierno cosechó en la primera etapa de la pandemia en la Argentina así lo confirmarían. Más de cuatro meses después, la situación no es la misma. Todas las tendencias previas se han acentuado.
Pero, ¿sobre quién repercutió el peso fundamental de esta retracción de la economía?
En relación con el empleo en abril, los datos del Ministerio de Trabajo indican 228.400 trabajadores menos que en marzo, 364.000 menos que en igual mes de 2019. Hay que considerar que estos datos no tienen en cuenta el total del trabajo informal o en negro (que alcanza al 44% de la población económicamente activa), cuya caída debe ser aún mucho mayor.
En mayo, la pérdida de empleos continuó, se retrocedió un 0,4% respecto de abril y un 3,2% respecto de mayo del año anterior. “Con estos números en los primeros cuatro meses de este año, la pérdida de empleos afectó a 390.600 trabajadores independientes y en relación de dependencia. De 12.145.300 en diciembre de 2019, en abril se contabilizaron 11.754.700. Y si la comparación se extiende a diciembre de 2017 -cuando había 12.387.300 registrados-, la pérdida de empleos formales en este largo período de estancamiento, recesión más pandemia y cuarentena, suma la friolera de 632.600 empleos” (Clarín, 3/7).
La UCA eleva esa pérdida notablemente, considera que durante la cuarentena llegó a los 900.000 puestos menos, un 60% correspondería a trabajadores informales, mucho de los cuales no están contemplados en las estadísticas oficiales. Aunque la pérdida de puestos en el sector formal sea menor, la cifra es muy elevada si tenemos en cuenta que rige la doble indemnización y la prohibición por decreto de producir despidos sin justa causa. Lo cual revela lo inocuo de las medidas oficiales, porque estas dejaron abierta la puerta para acuerdos sectoriales o particulares, facilitando las presiones patronales para renuncias arregladas. De todas maneras, esta destrucción del empleo formal aparece contenida por la asistencia a las empresas con la ATP, por la cual el Estado se hace cargo de una parte sustancial del salario de los trabajadores; levantada la asistencia, la cifra se va a disparar.
A su vez, la caída del empleo afectó a todas las ramas de la economía, fundamentalmente la actividad privada, y dentro de ella la construcción (29%) e incluso las trabajadoras del servicio doméstico, donde se perdieron casi 12 mil puestos de trabajo, la excepción fue el rubro “salud y servicios sociales”, que tuvo un crecimiento interanual del ¡0,1%!
En relación con el ingreso de los trabajadores, las cifras oficiales indican que la remuneración promedio de los asalariados cayó, entre abril de 2020 e igual mes del año anterior, un 5,1%.
De acuerdo con un (conservador) informe de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), la pobreza estaría en el 40,2%, la indigencia en el 10,8% y la desigualdad en el 32,5%. El informe destacada cuáles son los sectores más vulnerables y hace hincapié en la situación de los jubilados, considerados un grupo de riesgo ante una posible infección del coronavirus: “los adultos mayores nos preocupan bastante, ya que es un grupo que tiene una reducida cobertura del sistema jubilatorio y necesitan seguir trabajando. Los datos revelan que el 66% sigue como jefe del hogar, y la necesidad es aún más fuerte entre las mujeres mayores”.
Cuando se desagrega el informe aparecen datos más que elocuentes de quiénes serán los principales afectados: “Luisa Brumana, representante de Unicef, mencionó que en el segundo semestre de 2019 la pobreza afectaba al 53% de los niños y las niñas en el país, y podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020”. “El informe realza el enfoque necesario para apoyar a quienes se encuentran en una situación que combina pobreza monetaria y la pobreza estructural”, señaló.
Por su parte, Florence Raes, representante de ONU Mujeres en Argentina, “puso el foco en la forma en que la pandemia, y las medidas de contención aplicadas por el Estado argentino, impactaron en la cotidianeidad de las personas más expuestas a situaciones de vulnerabilidad, como mujeres y niñas, integrantes del colectivo LGBTIQ, poblaciones indígenas, comunidades rurales, trabajadores informales y de casas particulares, y migrantes… la particular situación de vulnerabilidad enfrentada por las mujeres en este contexto: además de enfrentar mayores obstáculos en el acceso a los servicios de salud y de cuidado y prevención del embarazo, las mujeres suelen ser trabajadoras de la salud y trabajadoras informales, y afrontan de manera desproporcionada las tareas de cuidado no remuneradas”.
La pandemia ha sido utilizada por las patronales para avanzar sobre las condiciones de los trabajadores, sobre todo en el terreno de las relaciones laborales y sobre conquistas históricas, como el aguinaldo. Los acuerdos salariales alcanzados en el primer trimestre del año en su mayoría han sido desconocidos con el argumento de la pandemia. No solo eso, se recortó entre un 25 y un 30% de los salarios de aquellos trabajadores que, por la cuarentena, sufrían algún tipo de suspensión. También se avanzó sobre derechos convencionales, introduciendo de prepo la polifuncionalidad, los pagos diferidos, la modificación de las jornadas laborales, etc. La introducción del teletrabajo, o el homework, ha sido tomada como una oportunidad para imponer ritmos de trabajos extenuantes -es decir, para dar una vuelta de rosca y producir una mayor explotación de la mano de obra. A pesar que en mayo hubo una “recuperación” económica respecto de abril, la pérdida de puestos de trabajo aumentó. O sea, menos trabajadores haciendo un poco más de trabajo.
Para los capitalistas, la crisis ha sido una oportunidad y actúan con la carta blanca que les da el propio Estado, ¿podría ser de otra manera si es la misma política que llevan adelante los gobiernos con sus trabajadores? El pacto entre la CGT-UIA-Came y el gobierno habilitó la reducción del 30% para los suspendidos. El papel de la burocracia sindical lo analizaremos más adelante, pero es claro que ha acompañado estos ataques a los trabajadores.
El agravamiento de la situación de la vida de la mayoría de los habitantes de la Argentina ha sido justificado por la necesidad de hacer frente a la pandemia y preservar la salud; sería el costo que tendrían que pagar los trabajadores para preservar sus vidas. Pero la pandemia y la cuarentena han servido por confirmar qué intereses de clase defiende el gobierno de los Fernández. Los datos que más arriba detallamos lo corroboran y la gravedad que en estos días ha adquirido la situación sanitaria lo confirma.
El gobierno se apresuró a declarar la cuarentena con el anunciado objetivo de poder preparar el sistema de salud para hacer frente al pico de contagios, que se fue prolongando en aparecer, es decir, que dio más tiempo para prepararse. Julio ha implicado un crecimiento exponencial en el número de contagios, por lo tanto de las necesidades de camas y personal de terapia intensiva para hacer frente a los casos más graves y, con rapidez, el sistema de salud entró al borde del colapso con hospitales públicos con el 100% de su capacidad ocupada. Aquí también imperó la orientación del gobierno de representar los intereses capitalistas, porque a pesar de que haya ampliado la capacidad de varios hospitales públicos, no metió la mano en la salud privada, que no está dispuesta a hacer inversiones por una epidemia que tendrá un carácter temporal. Esto es un país donde el 70% de la población de los conglomerados urbanos se atiende en el sistema privado es el camino al colapso seguro. La idea lanzada desde el gobierno de una centralización del sistema de salud para hacer frente a la pandemia murió sin que cobrara forma, reculó ante las primeras protestas de las principales operadoras de la salud privada, dejando a la población librada a su suerte. Las recientes declaraciones del presidente de la cámara que agrupa a las prestadoras privadas, señalando que el subsistema que él dirige va camino al colapso, es la crónica de un final más que anunciado.
Pero, además, la inversión del gobierno es muy limitada para las necesidades que impone la situación. El dato que volcamos más arriba de que el empleo en los servicios de salud y sociales creció el 0,1% entre 2019 y 2020 refleja la carencia de personal, agravado por el hecho de que el personal de salud es el colectivo que más contagios registra, en su inmensa mayoría por la falta de elementos de protección personal, que gobiernos y patronales entregan a cuentagotas en el mejor de los casos, y también por el pluriempleo, una forma de supereexplotación frente a los bajos salarios en la salud, que agrava la circulación (y por lo tanto, los contagios) comunitaria del virus y, a su vez, tiene a trabajadores extenuados para hacer frente a la pandemia.
No es el único terreno en el cual se verifica que finalmente la acción frente a la pandemia no la maneja el trío de Alberto, Horacio y Axel (como gustan tratarse Fernández, Larreta y Kicillof), sino las patronales. La cuarentena ha sido flexibilizada de acuerdo con los dictados de estas. Los trabajadores son obligados a volver a sus lugares de trabajo en forma cada vez más masiva, la discriminación entre actividades esenciales y no esenciales fue perdiendo sentido en la medida que fueron justificados prácticamente todos los rubros. Del contagio por casos importados, de aquellos que volvían del exterior de zonas con coronavirus, al contagio casi exclusivo por trasmisión comunitaria ha sido la constante durante la cuarentena, porque justamente se han puesto en actividad los principales focos de contagios: las concentraciones en los lugares de trabajo y en el transporte público. El promedio de edad de los contagiados (entre 35 y 40 años) confirma que el foco está en la población económicamente activa. La apertura de los lugares de trabajo no estuvo acompañada por la exigencia de un protocolo que impidiera la propagación de la enfermedad. Por último, los capitalistas no están dispuestos a invertir un peso en sostener la salud de sus trabajadores. Esta política fue seguida por la mayoría de los gobiernos del mundo, lo que nos permite afirmar que la responsabilidad de la pandemia (o sea la trasmisión de la enfermedad y su propagación) es enteramente de la clase capitalista.
A esto se sumó el hacinamiento en las villas y barrios precarios, donde el gobierno tempranamente apostó a una suerte de inmunidad por rebaño, con el eufemismo de “cuarentena comunitaria”, que terminó con el 50% de la población de los barrios donde estallaron los contagios con Covid-19 y decenas de muertos. La decisión de sostener la apertura de la cuarentena a pesar de la estampida de los contagios parece orientarse en el mismo sentido, colocar a toda la Argentina en una cuarentena comunitaria, pero esta vez no estaría justificada por el hacinamiento y la ausencia de condiciones materiales (que nunca pretendieron resolver), sino por las necesidades de los capitalistas.
A la pregunta ¿salud o economía?, Alberto Fernández debió contestar: lo que manden los capitalistas.
El papel de la burocracia sindical y las luchas en curso y por venir
Esta ofensiva sobre el conjunto de los trabajadores contó con la participación de la burocracia sindical por acción u omisión. La asimilación a la política fijada por el gobierno desde su comienzo contó con la colaboración indisimulada de la burocracia en todas sus variantes. La burocracia sacó una solicitada expresando su apoyo a las negociaciones por la deuda que el gobierno estaba encarando, así se sumó a la lista de las presiones por el acuerdo.
Por eso dejó pasar el ataque a los jubilados en los primeros días de gobierno, con la quita de la movilidad jubilatoria, y más tarde, la andanada con los regímenes previsionales provinciales y la necesidad de modificar los regímenes especiales.
La burocracia de conjunto se ha hecho eco de los reclamos patronales en el medio de la pandemia. Presionó junto a las distintas cámaras empresariales para que el gobierno flexibilizara la cuarentena y habilitase la vuelta al trabajo, aunque las condiciones sanitarias no lo permitiesen. También dejó pasar la ausencia de protocolos de protección. Sin llegar al “sincericidio” del eterno burócrata del sindicato de empleados de comercio, que reclamó a Alberto Fernández “sangre, sudor y lágrimas” para sacar el país adelante, la burocracia colocó ante los trabajadores el programa patronal como una salida. Las suspensiones al 70% del salario fueron consideradas casi como una conquista, con el cuento de preservar el empleo, a pesar que los despidos crecieron geométricamente.
Con el mismo empeño la burocracia pretenderá vender a los trabajadores que el festival de subsidios con las exenciones impositivas, rebajas de impuestos nacionales y provinciales, reembolsos y promociones fiscales a la exportación, rebaja y eliminación de retenciones, rebaja de aportes patronales a la seguridad social, dólar competitivo, rebaja de aranceles de importación, zonas francas, entre otros, que las patronales de la industria, el campo y las finanzas plantean para reactivar la economía, debe ser acompañado y sostenido como una salida para preservar el trabajo.
En ese cuadro, la decisión de no presentar una ley de reforma laboral, al estilo Bolsonaro, ofrece una ventaja, porque aventa el peligro de una intervención unificada de la clase obrera, como sucedió con la reforma previsional de Macri en diciembre de 2017 y que obligó a mandar al cajón los proyectos de reforma laboral, al cual la burocracia ya le había puesto la firma.
La modalidad de mesas sectoriales permitirá enganchar con más facilidad a los trabajadores al tren de los planteos y reclamos patronales y, por lo tanto, colocar las reformas de convenios y cambios de modalidades como parte de un paquete común. Para que no queden dudas, los distintos sectores burocráticos fueron dando su ok a la reforma laboral. Cavalieri lo hizo en forma expresa, Facundo Moyano, en nombre de su padre, dijo que acompaña (y aprovechó el debate por la ley de Teletrabajo para despejar cualquier duda).
Las discusiones sectoriales servirán además para que las patronales dejen estables las modificaciones salariales y convencionales contra los trabajadores que ya lograron con el argumento de la cuarentena. Eso, por ejemplo, ya está sucediendo con algunos acuerdos como los que firmó la burocracia del Somu, entregando una profunda lucha de más de dos meses de los marineros. O en el caso de los petroleros, donde las patronales buscarán nuevas concesiones a las ya conseguidas antes de la pandemia.
Entre los aeronáuticos o petroleros, el gobierno está a la cabeza de la imposición de la reforma laboral. El acuerdo de fusión Aerolíneas-Austral entraña una modificación a la baja de las condiciones de trabajo para los trabajadores de Austral. YPF está nuevamente a la cabeza de una modificación del convenio petrolero, después de la “adenda” aplicada para vehiculizar inversiones en Vaca Muerta.
En contraposición a la burocracia, los ataques patronales encontraron la resistencia de los trabajadores. En el caso de los sindicatos recuperados fue con sus direcciones a la cabeza. Es lo que sucedió con el Sutna, que sostuvo el ingreso de los trabajadores y no aceptó las rebajas, y presentó y defendió un protocolo propio para defender la salud de los trabajadores del Neumático. La misma conducta tuvo el pequeño sindicato de los municipales de Jesús María, que a fuerza de lucha obligó a reconocer íntegramente los acuerdos salariales previos y obtuvo nuevas conquistas, debiendo enfrentar la represión. Solo para citar algunos ejemplos.
Pero las luchas abarcaron a casi todas las ramas y plantearon una resistencia que en muchos de los casos obtuvo sus reclamos. Los trabajadores apelaron a la autoconvocatoria para vencer la política de la burocracia y defenderse de los ataques, tanto de las patronales privadas como las del propio Estado.
No es el propósito de este artículo un recuento, que se encuentra ampliamente documentado en nuestra prensa y sistematizado en los informes semanales del Observatorio de los trabajadores que puso en marcha Prensa Obrera. Lo que debe quedar en claro como un elemento clave para la caracterización de la evolución de la situación política es que la clase obrera ha hecho sentir su presencia y que da pelea en un cuadro de dispersión, que por el desenvolvimiento de la crisis tenderá a pasar a una lucha generalizada.
Los acuerdos con los bonistas traerán aparejada una menor asistencia estatal, abriendo nuevos frentes de lucha. La decisión de eliminar el IFE en las provincias que pasaron a una fase más abierta de la cuarentena fue dejada de lado ante la evidencia que abría una crisis en todo el interior, pero la eliminación de esa asistencia está en la hoja de ruta del gobierno, con lo cual agitará más la necesidad de una intervención popular frente al agravamiento de la miseria social.
La poscuarentena
Es claro que el conjunto de los sectores capitalistas, con el acompañamiento de la burocracia y sus partidos, se prepara para intervenir en la poscuarentena con sus propios planteos y programa.
La profundidad de la crisis abre un período en el cual la constante va a ser la destrucción de fuerza productiva, con sectores enteros que sucumbirán frente a la depresión. La quiebra de pymes, el cierre de negocios, la caída de la construcción privada son la cara visible de un proceso mucho más vasto, cuyos alcances los vimos al analizar el caso Vicentin.
La incompatibilidad entre los requerimientos de los grupos capitalistas y el acuerdo con los bonistas (y la necesidad de seguir negociando) planteará nuevos y renovados episodios de la crisis que, más temprano que tarde, se transferirán en forma abierta al propio régimen político.
Esto pondrá en juego el papel de árbitro del gobierno de los Fernández; este bonapartismo de vacas flacas no tiene aún las condiciones políticas que le aseguren ese papel. Para empezar, debe resolver el carácter bicéfalo de la coalición gobernante, que mostró un principio de crisis manifiesta en ocasión del acto del 9 de Julio, cuando CFK salió a cuestionar las alianzas que Alberto viene tejiendo y lo hizo en defensa de un sector de la burguesía que, a su entender, fue dejado de lado en función del G6. Aunque la sangre no llegó al río, es claro que el conflicto está presente.
El terreno en que se mueve el gobierno está minado por los intereses que enfrentan a las distintas fracciones de la burguesía. La estabilidad política no es una característica que se corresponda con una etapa de depresión.
Las distintas fracciones burguesas apelarán a todos sus recursos para emblocar detrás de su programa el más amplio espectro político y social; para ello, la colaboración de la burocracia es clave, sobre todo para sacar a los trabajadores del escenario político. A pesar de ello, la orientación del gobierno nacional (y también a escala de las provincias) es prepararse para una etapa de conflictividad mucho más aguda y en este marco aparece el fortalecimiento del aparato represivo. A la represión directa de las luchas y conflictos, como acaba de suceder en Córdoba o La Rioja con los choferes, se suma la política de empoderamientos de las policías y el blanqueo del Ejército como salvaguardas de la cuarentena (que no existe para los capitalistas). El aumento salarial a las Fuerzas Armadas anunciado por el Presidente es otras de las facetas de la vuelta de página y del Ejército repartiendo comida en algunos barrios.
El crecimiento del gatillo fácil, los abusos policiales, las desapariciones forzadas de Facundo Castro y Luis Espinoza no son expresiones de excesos, sino las consecuencias de un plan de reforzamiento del cuadro represivo al que el gobierno apuesta para hacer frente a la irrupción de la protesta popular. Es el hijo putativo del acuerdo con los bonistas. De allí la importancia de la lucha por la aparición de Facundo y contra el accionar del aparato represivo en todas sus formas, y la necesidad de una centralidad a través de un plenario de los organismos de derecho humanos, las organizaciones obreras y populares para establecer un plan de lucha. La consigna de “Fuera Berni” golpea en el centro de la política represiva y en la propia crisis al seno de la coalición de gobierno.
En Argentina se abre un período de convulsiones con final incierto, donde todas las clases sociales y las distintas fracciones de ella pondrán de manifiesto cómo se prepararon para intervenir.
Nuestras tareas
El Partido Obrero está interviniendo centralmente con dos planteos que se ajustan a la situación.
Uno es que la crisis la deben pagar los capitalistas. Lo cual, además de ser una declaración de principios, constituye un punto de partida para organizar y centralizar la lucha contra los ataques que está recibiendo el movimiento obrero, con el argumento de la crisis que “nos afecta todos” y que “todos juntos vamos a vencer”, con el cual el gobierno busca convencer a los trabajadores de la necesidad de que resignen no solo sus aspiraciones sino sus propias conquistas.
Esto plantea, en primer lugar, intervenir abiertamente en el apoyo y la organización de todas las luchas que los trabajadores dan en defensa de sus condiciones de vida; intervenir como un factor activo en el impulso de las luchas obreras y populares por todas las reivindicaciones, aún las más pequeñas, esforzarnos por su triunfo y acompañar y procesar los fracasos.
La lucha por defender la salud ocupa un lugar central, porque plantea la necesidad de que sean los trabajadores los que asuman el control de la cuarentena y los protocolos de protección en los lugares de trabajo.
El otro planteo central de la etapa es la lucha por la independencia política de las organizaciones obreras y populares. La importancia de esta consigna reside en que actúa en oposición a la integración de las organizaciones de los trabajadores al gobierno, transformando a estas en la correa de trasmisión de los intereses oficiales y, a través de ellos, de la clase capitalista, en el seno de aquellos que se ven necesitados de salir a la lucha de la defensa de sus reivindicaciones.
El gobierno de Alberto Fernández no se priva (como tampoco lo han hecho sus antecesores) de integrar, vía la cooptación, a la dirigencia tanto de los sindicatos como de la lucha de las mujeres, del movimiento piquetero, de los estudiantes, de los derechos humanos o del movimiento de defensa del ambiente. Esta integración es justificada (por el centroizquierda y la izquierda que se sumó) en nombre de una “mejor posición” para obtener los reclamos, pero termina fortaleciendo una burocracia que no solo se apodera de la representatividad sino que entrega cada una de la reivindicaciones.
Las crisis provocan convulsiones y, por último, ponen en cuestión la capacidad de la burguesía de organizar el desarrollo social y económico, por lo tanto, es la oportunidad de plantear una salida que responda a los intereses generales. Que la crisis la paguen los capitalistas y la independencia política de las organizaciones obreras y populares están ligadas a un planteo de transformación política y social que responda a los intereses generales, como son el no pago de la deuda, la ruptura con el FMI, la nacionalización de la banca, el comercio exterior y la industria hidrocarburífera, así como el control obrero general en toda la economía. Y este carácter, solo puede dárselo la clase obrera a través de su propio gobierno.
Nos valemos del frente único para impulsar estos planteos y en eso consiste el Plenario del Sindicalismo Combativo, que aparece claramente en oposición a la entrega de la burocracia de los sindicatos y, por lo tanto, un punto de referencia para enfrentar la política de las patronales y de los gobiernos, y en la lucha por recuperar las organizaciones obreras.
A través del Frente de Izquierda establecimos un polo de independencia política para reagrupar al activismo. La convocatoria del FIT-Unidad a la Conferencia Latinoamericana y de Estados Unidos de la izquierda es una respuesta de organización y reagrupamiento independiente en el marco de las rebeliones que han sacudido a América Latina y ahora a los propios Estados Unidos.
