“La vuelta al mundo de la Argentina”, uno de los slogans de campaña del macrismo, se corporizó bajo una forma muy particular: la vuelta a los pedidos de rescate al FMI. Que esto haya ocurrido cuando el gobierno transcurre ya más de la mitad de su mandato, y cuando asoma cercana una nueva competencia electoral que pondrá a prueba la capacidad de Mauricio Macri de lograr su reelección, muestra a las claras que asistimos al fracaso de una política. En las estimaciones oficiales se esperaba para esta etapa un crecimiento económico sostenido y una caída de la inflación -los esperados “segundos semestres”. Pero ocurrió exactamente lo contrario. El pedido de rescate fue impuesto por una corrida cambiaria y una fuga de capitales de dimensiones considerables, demostrando que el ‘círculo rojo’ de capital financiero internacional le daba la espalda a uno de sus gobiernos más afines. El peso fue la moneda que más se devaluó a nivel internacional en lo que va del año, superado sólo por Venezuela. Los límites que separan a las crisis cambiarias y financieras de las crisis económicas, se superan con facilidad, así como también las fronteras que separan a éstas de las crisis políticas. No debe soslayarse que la crisis estalló luego de que el gobierno ganara las elecciones y de que muchos avizoraban el éxito del llamando “operativo perdurar” -la reelección de la santísima trinidad del PRO: Macri-Vidal-Larreta. En estas condiciones, el préstamo solicitado de emergencia al FMI operó como un salvavidas que buscó rescatar al gobierno macrista de lo que podía haber sido su salida anticipada. Como demostraremos en este artículo, sin embargo, el acuerdo con el Fondo Monetario está muy lejos de haber cerrado la crisis. El gobierno deberá probar su capacidad de superar la crisis económica y, por sobre todo, de doblegar la capacidad de resistencia de los trabajadores y de las masas populares. Como tituló el diario El País, luego de las jornadas del 18 de diciembre, Argentina es un país difícil para hacer un ajuste.
La vuelta al mundo
En la prometida ‘vuelta al mundo’ de Macri radica buena parte de la explicación de la crisis de argentina. Sucede que ésta no puede tomarse bajo ningún concepto como una cuestión meramente nacional, resultante de cuestiones fiscales o de restricciones transitorias de financiamiento. Ya, a simple vista, lo prueba el hecho de que con las diferencias que son propias por las determinaciones locales, la corrida cambiaria, la fuga de capitales y la devaluación de la moneda abarca a una serie de países periféricos, entre los que se destacan Turquía y Brasil, pero también alcanza a Rusia y Sudáfrica, entre una lista más larga. En todos estos países, la matriz de la crisis en lo esencial ha seguido un camino similar: las devaluaciones monetarias son el resultado de una salida de capitales de la periferia hacia los países centrales, en primer lugar hacia Estados Unidos.
El macrismo y la mayoría de los economistas que responden de una u otra manera al gobierno suelen consolarse con que esta fuga de capitales fue la consecuencia de la suba de la tasa de interés de Estados Unidos. Presentan como explicación aquello que debe ser explicado, ya que la suba de la tasa de interés es el resultado de la crisis y no su causa primera. Ocurre que la suba de la tasa de la Reserva Federal es la expresión de la enorme deuda pública acumulada por Estados Unidos, de unos 20 billones de dólares, y también de las corporaciones privadas que, según un estudio reciente, señala que el 40% de éstas tienen un endeudamiento calificado como “elevado”. Al igual que la Argentina, Estados Unidos tiene déficits gemelos (fiscal y comercial) y los enfrenta del mismo modo: subiendo su tasa de interés para poder financiar su propio déficit. Esta suba, además, se ve potenciada por la guerra comercial y financiera encabezada por el gobierno de Donald Trump. La política de repatriación de capitales anunciada por el magnate requiere de una tasa superior a la que regía hasta el momento. Incluso en estas condiciones, muchos sectores del capital norteamericano prefieren mantenerse en el exterior por los beneficios impositivos que han logrado. La suba de la tasa va acompañada, por ello, de una rebaja de impuestos al capital dentro de Estados Unidos, lo cual a su turno es un factor de agravamiento de la crisis fiscal. Esta repatriación no sólo es a expensas de los países periféricos sino, por sobre todas las cosas, de las otras potencias imperialistas. Estamos ante una lucha despiadada entre las principales potencias imperialistas asociadas a sus respectivos monopolios por imponer un nuevo reparto del mundo y dirigir el proceso de restauración capitalista en los ex Estados obreros, empezando por China y Rusia. La guerra comercial y financiera es el resultado de la sobreproducción mundial, tanto de mercancías como de capitales. Así, la suba de la tasa, lejos de reducirse a una cuestión financiera menor, es la expresión de fondo de la bancarrota capitalista mundial. Si en 2008 esta bancarrota tuvo su principal manifestación en la crisis hipotecaria, ahora parece concentrarse con mayor fuerza en las economías de los países periféricos.
La crisis de fondo de Estados Unidos, con su endeudamiento público y privado impagable, debiera llevar a una desvalorización del dólar en vez de una apreciación. Un dólar más débil también sería favorable al comercio exterior de Estados Unidos, que tiene un déficit comercial gigantesco. Muchos economistas del macrismo, viendo esta tendencia de fondo, afirman que la crisis argentina es coyuntural y que en el mediano plazo el dólar deberá revertir su ciclo ascendente. Sin embargo, una desvalorización del dólar agravará por otra vía la crisis de los países periféricos. En primer lugar, sus débiles economías, caracterizadas por una baja productividad, deberán hacer frente a una guerra comercial aún más intensa que la actual. Una devaluación del dólar, además, llevará hacia arriba la inflación mundial, que será ‘importada’ por distintas vías por el resto de los países. Para la Argentina, que cuenta ya con una alta inflación y un déficit comercial que es récord en su historia, el pasaje de una revaluación a una devaluación del dólar será otra forma de agravamiento de la crisis.
Made in Argentina
Este impacto de la crisis mundial en Argentina opera sobre una realidad concreta, que actúa como agravante. El llamado ‘gradualismo’ no fue otra cosa que asegurarles a los capitalistas la continuidad de subsidios millonarios, ante la imposibilidad de aplicar un tarifazo de mayores proporciones, dada la dolarización de los llamados precios regulados de los servicios públicos. Para ello se recurrió a un endeudamiento superior a los 100.000 millones de dólares en dos años y medio de gestión, sumado al ingreso de capitales especulativos de corto plazo -el llamado carry trade. Este negociado entró en crisis en diciembre del año pasado, cuando luego del gran choque de las jornadas de diciembre, el gobierno operó una devaluación que consumió una parte importante de los beneficios de este capital financiero invertido en Argentina. Cuando todos hablaban de que la reelección de Macri estaba asegurada, los capitalistas votaban con los pies llevándose sus fondos a países como Egipto, que ofrecían rendimientos superiores de corto plazo.
Otro factor ‘autóctono’ de la crisis argentina es el nivel de quiebra alcanzado por el Banco Central. Esta fue el resultado de una creciente acumulación de pasivos, las llamadas Lebac, que crecieron bajo el gobierno macrista en casi un 600%. El gobierno argumentaba que las Lebac tenían un efecto anti-inflacionario, al ser utilizadas para quitar de circulación los pesos emitidos por el Banco Central para comprar los dólares que entraban por endeudamiento o por la especulación financiera a corto plazo. Sin embargo, contrariamente a lo que se sostenía, la montaña de Lebac, que en la actualidad supera el billón de pesos, es un factor adicional que incrementa la suba de precios. Esto porque la renovación de las mismas, puestas mayormente a corto plazo, reclama un pago de intereses enorme que sólo es posible con nueva emisión. Y para asegurarse que, al momento del vencimiento la renovación se realice, deben ofrecerse tasas de interés cada vez más altas. Así, el combo final es más emisión y tasas altas, que tienden a elevar el costo financiero de todo el sistema de tasas de interés de la economía, agravando sus costos. Bastó, sin embargo, que no se le pueda asegurar a los especuladores un tipo de cambio estable para que, al finalizar su bicicleta, la ganancia obtenida se realice en dólares, para que la fuga de capitales se acelere y se consume una devaluación significativa.
Quedó desmentida la especie difundida por el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, para quien las Lebac no presentaban un peligro pues su emisión tenía como contraparte la acumulación de reservas. Cuando la corrida se desató, al tipo de cambio del momento, las Lebac con vencimientos a menos de dos meses representaban aproximadamente 65.000 millones de dólares, casi un 70% más que las reservas netas del Banco Central. Las Lebac fueron un medio parasitario para acumular reservas que sirvan como garantía al pago de la deuda, comprometiendo al conjunto de la economía, y en particular al patrimonio del Banco Central.
La dolarización de tarifas, naftas y más en general de la casi totalidad de los precios de la economía, incluido los alimentos que se exportan, transformó a la economía argentina en una bomba de tiempo con mecha corta. La devaluación ejecutada luego de la corrida se transfiere con velocidad a los precios, incentivando aún más la inflación. La dolarización no está dictada por una necesidad objetiva, como lo prueba el hecho de que el 80% del gas que se consume es producido en el país. Algo parecido ocurre con las naftas. En lo que concierne a los alimentos, la dolarización fue el resultado directo de la eliminación o la reducción de las retenciones, depende de los granos y los productos exportados. Las retenciones no sólo tienen un papel recaudatorio, cuya reducción tienen un impacto fiscal, sino también que sirven para desenganchar el precio interno del precio internacional. Lejos de un monopolio del comercio exterior que establecería un gobierno obrero, las retenciones, sin embargo, son un principio de regulación para evitar la importación de la inflación mundial a la economía nacional. Bajo el gobierno kirchnerista, las retenciones fueron utilizadas como una fuente de recaudación para pagar más de 200.000 millones de dólares de deuda externa y parar financiar los subsidios a otras ramas del capital.
La dolarización y la eliminación de las retenciones son factores que agravan el rodrigazo en marcha, abriendo la posibilidad de desatar directamente una hiperinflación que llevaría a la caída de Macri. Ante esto, el gobierno busca aplicar el rodrigazo en cuotas, negociando con los sectores capitalistas un traslado más gradual de la devaluación a los precios. Esta política de intervención fue causante de varias crisis y choques entre el macrismo con su base social capitalista, que concluyeron en general imponiendo su punto de vista al gobierno. Son también la causa de fondo que explican las crisis de gabinete, que llevaron a la salida de Aranguren y Cabrera -ministros de Energía y Producción, respectivamente- y al cambio en la cúpula del Banco Central. Un ejemplo claro fue lo que sucedió con la suspensión de reducción de retenciones a la soja, que Nicolás Dujovne había pactado con el FMI. El capital sojero, pilar fundamental del gobierno y que colocó como ministro de Agricultura al presidente de la Sociedad Rural, amenazó con una nueva Resolución 125, que hizo retroceder de inmediato a Dujovne. Con las petroleras y privatizadas, la situación enfrenta contradicciones más agudas. Según lo acordado previamente, dada la devaluación ocurrida hasta el momento, el aumento de la tarifa de gas en setiembre debiera ser superior al 60%, lo que impactaría de inmediato en el precio de la electricidad, ya que la matriz de generación eléctrica es sobre la base del gas. Un tarifazo de estas proporciones sería realmente un golpe demoledor sobre toda la economía. En relación con las naftas ocurre algo similar. La devaluación y el aumento del barril en el mercado mundial dejó el precio ‘atrasado’ en un 40% -si se toma en cuenta el sendero de precios armado por el ex ministro Aranguren. Sin embargo, ante el peligro que representa la aplicación de un tarifazo de estas proporciones, el nuevo ministro vino con el programa de re-discutir los contratos y los aumentos establecidos. La respuesta inmediata fue una caída de la Bolsa y un nuevo salto en el dólar, que lo llevó al umbral de los 30 pesos. El valor accionario de YPF retrocedió casi un 70%. Con las empresas de electricidad y gas ocurrió otro tanto. Ante esto, el gobierno reculó de inmediato: informó que los contratos con las petroleras se respetarán y autorizó aumentos de las naftas superiores a los que estaban previstos en el plan de Aranguren.
La cadena de fracasos no se limita a la cuestión energética y tarifaria. El reemplazante de Sturzenegger, Luis Caputo, no ha podido avanzar con el compromiso firmado con el FMI de reducir el stock de Lebac. Debió llevar la tasa de interés a niveles aún más altos y postergar indefinidamente la recompra por parte del Tesoro de las llamadas letras intransferibles en poder del Banco Central. Esto porque sencillamente el gobierno no tiene capacidad de financiarse en el mercado para conseguir los fondos que le permitan recomprar esas letras. La dupla Caputo-Dujovne avanza en una dolarización de la economía, reemplazando deuda en pesos por otra emitida en dólares, lo que a término representará un salto de la crisis más grave y un defol. Ya en la actualidad, los seguros contra defol de Argentina superan los de Grecia. La dolarización de las deudas y los contratos, en un país que enfrenta una crisis estructural para generar divisas, está condenada a producir crisis mayores. No es casual que el inspirador de estas medidas no haya sido otro que Domingo Cavallo.1
La crisis ha llegado al punto donde no es posible hacérsela pagar exclusivamente a los trabajadores. Dicho de otro modo, hay sectores capitalistas que deberán sufrir, ellos mismos, el costo de la factura. Toda crisis capitalista es una desvalorización de capitales y destrucción de la parte sobrante mediante un proceso de quiebras y fusiones. Durante los dos primeros años del gobierno macrista se recurrió a un endeudamiento voraz que apalancó la economía, creando una burbuja que ahora se pinchó. La caída de la Bolsa es la expresión de que los beneficios capitalistas en retroceso no se condicen con el valor inflado de las acciones. Así, la crisis toca su núcleo: la caída de los beneficios del capital, que sólo transitoriamente pueden ser superados mediante un endeudamiento, al costo de preparar crisis mayores.
Este proceso está llevando a una crisis en la base social del macrismo y una división en la burguesía. Las petroleras chocan con las empresas de transporte y distribución de gas y electricidad por el precio que se paga en boca de pozo. La Unión Industrial Argentina protesta por las tasas de interés usuarias que benefician a los bancos. La Cámara de la Construcción amenaza con despidos masivos ante el parate de la obra pública que el gobierno ha dispuesto para cumplir con las metas fiscales suscriptas con el FMI, mientras los sojeros no quieren que se les toque la reducción de retenciones, a pesar del enorme beneficio que implica la devaluación del 60% en lo que va del año. Estos choques se dan en un cuadro de una recesión económica que ya ha comenzado con enorme brutalidad y que está produciendo un derrumbe económico y social. Esta recesión amenaza con afectar los compromisos suscriptos que deberán ser enmendados con nuevos ajustes. Es lo que ha sucedido en Grecia, donde los ajustes económicos llevaron al incumplimiento de las metas impuestas por el FMI, que impuso, entonces, nuevas metas de ajuste, que al no cumplirse tampoco reforzaron ajustes posteriores.
La cuestión política
Toda crisis se convierte en tal cuando alcanza una dimensión política. La política es economía concentrada, según rezaba la máxima de Lenin, que de manera brillante lograba así graficar la dialéctica entre la economía y la política. En el caso de Argentina, el principal factor de crisis política es la resistencia de los trabajadores a pagar la factura de la crisis capitalista. Esta resistencia se manifestó de manera abierta en las recientes jornadas de diciembre del año pasado, cuando en dos oportunidades una multitud copó las inmediaciones del Congreso Nacional desafiando, tanto a la burocracia sindical pejotista como a la represión policial desatada por el gobierno. El llamado de la cúpula de la CGT a no concurrir a la movilización convocada por la izquierda y sectores combativos del movimiento obrero y popular fue directamente desoído por amplísimos sectores de los trabajadores, dentro de los que hay que incluir también a sectores intermedios de la burocracia que controlan seccionales de sindicatos o comisiones internas. El enfrentamiento callejero con las fuerzas de seguridad, ocurrida en las jornadas del 14 de diciembre, a su vez, estuvo lejos de afectar negativamente la movilización que iba a realizarse cuatro días después. Por el contrario, la represión incentivó la movilización, que creció en número y consistencia.
La tendencia latente a la rebelión popular estuvo presente de distintas formas bajo el gobierno macrista. La multitud que copó la Plaza de Mayo ante el beneficio del 2×1 a los genocidas, otorgado por la Corte Suprema con el aval abierto del gobierno, obligó rápidamente a que el Congreso se reúna en sesión de emergencia y anule esa posibilidad. Otras manifestaciones del estado de rebelión popular fueron las crecientes movilizaciones de las mujeres, que conquistaron, gracias a su tenacidad, la apertura del debate parlamentario sobre el derecho al aborto y luego la media sanción en la Cámara de Diputados. La lucha de la mujer, que tiene una dimensión internacional, adquirió en la Argentina una persistencia que la destaca. Las movilizaciones contra la violencia de género y por el derecho al aborto tomaron una dimensión de masas, especialmente en la juventud. El paro de mujeres del 8 de Marzo también mostró que dentro de un movimiento que se caracteriza por su composición policlasista se destacó un ala favorable a los intereses de los trabajadores. El documento leído ante una multitud en la Plaza de los Dos Congresos refleja esa influencia de una manera muy nítida. No por nada mereció el repudio de la derecha, y hasta editoriales contra la influencia trotskista entre las mujeres. El grupo fundador del movimiento Ni Una Menos se escindió y una parte de él, vinculada con el macrismo, denunció que el movimiento estaba ‘politizado’ y que se había alejado de las banderas originales. Sectores de las mujeres pertenecientes a los estratos de la burguesía o la pequeña burguesía más acomodada acompañan los reclamos hasta el punto de que cuestionan el régimen capitalista de dominación. Su programa es el ascenso de la mujer burguesa en la sociedad burguesa, pero rechazan la transformación social general necesaria que las mujeres deben protagonizar para emanciparse de todo tipo de explotación y opresión. El macrismo habilitó el debate parlamentario del aborto legal, ante la necesidad de recuperar la iniciativa política y evitar nuevas manifestaciones en su contra. Pero el movimiento, en su composición real, está colocado en la vereda opositora al gobierno. El kirchnerismo, que opera sobre él, lleva encima el lastre de haber negado este derecho durante sus doce años de gobierno. El peso adquirido por la izquierda no es dominante, pero sí destacado. Aunque el macrismo haya sido quien habilitó el debate, lo cierto es que un movimiento de masas como el de la mujer, ganando la calle de manera recurrente, es un obstáculo objetivo y subjetivo para un gobierno que debe aplicar un plan de guerra del FMI.
En este cuadro de creciente movilización popular, lo distintivo del 14 y 18 de diciembre de 2017 consistió en que en el centro de la rebelión estuvo la clase obrera. Esta acción enérgica tuvo un impacto más importante que el triunfo electoral que el macrismo había logrado hacía menos de dos meses antes, al punto que abrió una crisis general que creó una nueva situación política en el país. Todas las fuerzas y partidos debieron reconsiderar sus estrategias y su presentación ante las masas a partir de esta rebelión popular. El peronismo-kirchnerismo, garante de la gobernabilidad macrista que le votó al gobierno más de cien leyes en el Congreso Nacional, comenzó un proceso de diferenciación para no quedar descolocados ante la nueva situación creada. La burocracia sindical, cuyas fracciones principales habían pactado una unificación de la CGT mediante la designación de un triunvirato que integraba a sus alas más importantes, sufrió el impacto de la rebelión de manera directa. Primero, con la quiebra de su triunvirato, que pasó a mejor vida, y luego con la separación del sector moyanista, que después de haber votado y respaldado al macrismo, pasó a la oposición impulsando acciones limitadas de aparato en coordinación con el kirchnerismo.
Esta resistencia popular, que impuso límites muy claros a la ofensiva capitalista contra las masas, entrelaza la crisis política y la económica, pues la ‘salida’ económica a la bancarrota capitalista pasa por una modificación radical de las relaciones entre las clases sociales -o sea, entre el capital y la clase obrera. La rebelión de diciembre impidió la aprobación de la reforma laboral, uno de los principales reclamos de la clase capitalista contra los trabajadores. La pretensión de eliminar el régimen de indemnizaciones, las horas extras y, más en general, terminar con la ultra-actividad (la renovación automática de los convenios colectivos) debió ser postergada porque el gobierno comprobó que carecía y carece de los recursos políticos adecuados para hacerlo.
La amplitud de la acción obrera atemorizó a la burocracia sindical, que tiene plena conciencia que sus intereses de casta parasitaria, y en buena medida empresaria, entra en total contradicción con la soberanía de los trabajadores sobre sus organizaciones sindicales. El pacto sellado por el sector mayoritario de esta burocracia con el gobierno, permitiéndole firmar paritarias a la baja y aislando a los conflictos que se desarrollaron contra los despidos en el Estado, estuvo lejos de ser instrumentos útiles para superar la crisis. Fue así que ni las paritarias del 15% en cuotas ni la derrota transitoria de algunas luchas abrieron un nuevo ciclo de valorización del capital. Lejos de ello, la baja de la tasa de interés anunciada en diciembre dio lugar a un proceso especulativo contra el peso y una fuga de capitales.
El peronismo y el kirchnerismo, en sus distintas vertientes, sufrieron también el impacto de la rebelión obrera de la que no formaron parte. El sector mayoritario del PJ, que en el Senado está dirigido por Miguel Angel Pichetto, votó la ley del robo a los jubilados. El kirchnerismo no lo hizo, pero su estrategia política es bregar por la unidad de todo el peronismo, es decir con los Pichetto y compañía. Luego de la rebelión popular, todas las fracciones buscaron reacomodarse, buscando no aparecer ante la población como colaboradores activos con el macrismo. El llamado a concretar un frente único anti-macrista con la vista puesta en las elecciones de 2019 no sólo representa una forma de presionar a la izquierda y al activismo obrero para que renuncie a una política independiente, sino también es una forma de disimular el boicot a las luchas en curso. Ante la envergadura de la crisis en marcha, el programa del kirchnerismo se limita a proponer distintos tipos de “emergencias” (alimentaria, tarifaria, etc.), como una forma de amortiguar las consecuencias sociales del ajuste, pero sin ofrecer un programa de fondo alternativo. En su discurso, eso quedaría postergado para cuando recuperen el gobierno a fines de 2019. De ese modo, se convierten en garantes de la gobernabilidad de Macri, toda vez que no cuestionan su política general y mucho menos plantean la tarea de derrotarla en las calles.
Ante el pacto con el FMI, el pejotismo y la oposición patronal en general acordaron con el gobierno que su aprobación no pase por el Congreso. De ese modo, buscaron evitar una gran movilización nacional contra el FMI y, a la vez, eluden fijar una posición política clara. Sin embargo, resta ahora la elaboración y aprobación del Presupuesto 2019, que debe contener el plan de ajuste pactado con el FMI. Si el peronismo vota a favor quedará desenmascarado ante los trabajadores como cómplice del ajuste macrista; si vota en contra corre el riesgo de chocar con el capital financiero internacional; y si se divide, como posiblemente ocurra, terminará siendo un golpe a la política de unidad opositora de cara a las elecciones de 2019, orientación que en particular promueve el kirchnerismo.
La crisis política se trasladó con toda su fuerza al interior del oficialismo. Las disputas ya no son sólo entre la UCR y Elisa Carrió2, o entre ésta y el gobierno, sino en la mesa chica del PRO, donde se vive una división entre la dupla Larreta-Vidal y Marcos Peña3. El ajuste pactado con el FMI llevó al gobierno a querer transferir los servicios de agua, gas y electricidad a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Así, serán Larreta y Vidal los que deban asumir de manera directa la responsabilidad del tarifazo. Una agudización de la crisis podría hacer escalar los choques políticos dentro del partido de gobierno y su camarilla más íntima. Hay un ala del gran capital que pretende una modificación drástica del gabinete, que llegue incluso a Marcos Peña y su reemplazo por algún gobernador del pejotismo. La variante de un gobierno de coalición está inscripto como una medida de emergencia, aunque choca con las disputas y divisiones que se multiplican en el seno de la burguesía.
Pacto con el FMI. La crisis continúa
Contra los que suponen que el acuerdo con el FMI elimina o reduce las contradicciones en la oposición, en realidad, ocurrirá lo contrario: dejará expuesto de manera más clara los intereses de clase opuestos que representan cada sector de la oposición. El gobierno se ha lanzado a chantajear a la oposición, mostrándose ante el capital financiero como el único sector que garantiza la defensa de los intereses capitalistas. Sin embargo, los límites de estas maniobras del gobierno son enormes y están dictadas por el hecho de que el acuerdo con el FMI está muy lejos de asegurar que la crisis sea superada. Lejos de ello, el pacto con el FMI traerá aparejado nuevas crisis y choques con las masas, pero también al interior de la clase capitalista. La posibilidad de una nueva corrida cambiaria y una fuga de capitales siguen latente, y podrá dispararse, ya sea por eventos de la crisis internacional o local, o por una combinación de ambas. De hecho, cuando ya habían transcurrido varias semanas de anunciado el pacto y luego de que se conociera la calificación de “mercado emergente” para la Argentina, tuvimos varias corridas más que llevaron al dólar al borde de los 30 pesos, las acciones siguieron cayendo y la tasa de interés del Banco Central subió en el mercado secundario al 60%. A pocos días de ese anuncio, el Banco Central debió volver a intervenir para evitar una mayor devaluación, pero como las veces anteriores, sin éxito. Este intento de contener el rodrigazo puede dar origen a una nueva corrida, que haga retroceder nuevamente al gobierno, y que lleve al dólar a niveles impensados. Carlos Melconian4, que representa un ala del macrismo, habla de un dólar a 41 pesos.
El propio préstamo de 50.000 millones de dólares anunciado por el FMI y el gobierno está en cuestión. Sucede que su desembolso será en cuotas, condicionado a la marcha general del ajuste económico y del cumplimiento de las metas establecidas. La reducción significativa del gasto público para el año que viene deberá superar al tipo de cambio actual los 220.000 millones de pesos. Se trata de una cifra elevadísima que sólo es posible con una parálisis de la obra pública y una reducción de los salarios reales de los trabajadores del Estado en todos sus estamentos. La inflación para el año en curso, que superará seguramente el 30%, también impactará en el nivel de consumo de las familias. Se abre un escenario recesivo promovido por el propio gobierno, para tratar por esa vía de hacer pasar el plan de guerra contra los trabajadores. La inflación creciente planteará una presión adicional sobre el tipo de cambio, para evitar una nueva apreciación del peso, que repita la historia de lo sucedido con las devaluaciones de 2014 del kirchnerismo y la de 2015-6 del macrismo. Una mayor devaluación creará mayor presión sobre las tarifas y las naftas, echando más leña al fuego del rodrigazo.
En síntesis, el pacto con el FMI es un capítulo más de la crisis en desarrollo; de ninguna manera significa su cancelación ni mucho menos su superación. Los desembolsos comprometidos, aún si se ejecutasen en su totalidad, están lejos de cubrir los distintos tipos de déficits que tiene la economía argentina. La dolarización que el gobierno decidió impulsar, reemplazando deuda en pesos por otra nominada en dólares, no ha servido para bajar la tasa de interés que sigue por las nubes. Esta dolarización representa una hipoteca enorme para el país y anticipa nuevos defol -de hecho, ya los seguros contra defol de Argentina superan a los de Grecia. A futuro se abren escenarios de choques más duros entre las clases y de divisiones al interior de la clase capitalista. Del resultado de esos choques y del impacto de la crisis mundial sobre la Argentina dependerá la suerte del macrismo. La propia supervivencia del gobierno está en juego, ya sea porque no concluya su mandato o porque la agudización de la crisis económica lo condene anticipadamente a una derrota electoral. Un ‘pato cojo’ no es el gobierno más adecuado para manejar un rodrigazo.
La lucha del movimiento obrero
El peso específico de la situación política se ha desplazado al movimiento obrero y de las masas populares. El plan de guerra contra los trabajadores diseñado por el FMI generará con seguridad una intensificación de la lucha de clases. La calle pasará a ser el escenario privilegiado de la política, condicionando la acción del conjunto de las fuerzas en presencia. La oposición ha intensificado su activismo político, buscando congraciarse con el giro subjetivo contra el gobierno. Quienes votaron las leyes de Macri ahora aparecen en escenarios montados en la Plaza de Mayo. La propia CGT, que ha estado en la primera fila de los garantes de la gobernabilidad macrista, ha debido realizar un paro general sin entusiasmo, ante la evidencia de que su tarea de contención no puede realizarse desde la total pasividad. A pesar de la pasividad de la dirección, el paro del 25 de junio fue masivo por donde se lo mire. Los intentos patronales por debilitarlo fracasaron por la disposición obrera a parar. Ahora bien, los reclamos mínimos llevados por la CGT al gobierno no fueron atendidos, porque hubiesen contrariado lo firmado con el FMI. No tanto en términos económicos como sí en los políticos. Macri debe intentar ahora restablecer la autoridad presidencial golpeada por la crisis si quiere salvar a su gobierno. Para ello requiere pasar por la prueba de una pulseada con los trabajadores, que buscará ganar con el apoyo del capital financiero internacional y de los Estados imperialistas, que por el momento sostienen al macrismo para influir más decididamente en América Latina. Se trata, sin embargo, de la ofensiva de un gobierno en crisis, dividido y cuestionado por su propia base social. En estas condiciones, la posibilidad de derrotar esta ofensiva está en el orden del día. De una manera muy nítida, la cuestión que se presenta es la de la dirección de los trabajadores y sus organizaciones para derrotar la ofensiva de Macri, los gobernadores y el FMI. Este planteo debe presidir la actividad de esta etapa, y delimita campos con las fuerzas burguesas, en especial el kirchnerismo, que se coloca en el campo de los que pretenden asegurar la gobernabilidad de Macri.
La burocracia sindical, tanto de la CGT como la que milita más claramente en el campo opositor, no tienen por eje preparar al movimiento obrero para una batalla decisiva. Su política pasa por un desgaste del gobierno en vistas a las elecciones de 2019, apuntalando alguna variante del pejotismo. En definitiva, son un factor de freno y contención. El largo camino recorrido por la burocracia sindical en su integración al Estado y al régimen le ha dado perfecta conciencia de sus intereses de casta parasitaria, que en muchos casos adquiere un contenido incluso capitalista. Los burócratas ven una acción independiente del movimiento obrero como un peligro directo a estos privilegios. El ya famoso robo del atril de la CGT fue la metáfora perfecta de este antagonismo entre la burocracia y los trabajadores. La lucha contra el rodrigazo en marcha plantea, objetiva y subjetivamente, la cuestión de una nueva dirección del movimiento obrero.
En Argentina, en los últimos años, se ha ido forjando un nuevo activismo obrero, que en sus mejores expresiones adquiere una clara orientación clasista, que es un factor político actuante en la lucha de clases. Este activismo ha tenido triunfos rutilantes, como la conquista de la dirección del Sutna, un sindicato industrial ganado al ala izquierda de la burocracia sindical -el kirchnerismo yasquista. Una parte de este activismo también hizo su experiencia con el sindicalismo alternativo de la CTA, que mostró sus limitaciones insalvables mostrando que es otra variante de la estatización de los sindicatos. Este activismo, por lo tanto, llegó a un punto muy alto de evolución política luego de haber atravesado experiencias y batallas en la lucha de clases. La lucha por una nueva dirección del movimiento obrero no se da entonces en el vacío, sino que debe partir de la proyección de estas experiencias mediante nuevas iniciativas de acción y organización.
El Plenario Nacional de Trabajadores del 23 de junio, que surgió a partir de una convocatoria del Sutna, votado en un plenario de delegados con mandato, apunta justamente en esa dirección. No es casual que los sindicatos, comisiones internas, delegados y agrupaciones que concurrieran a la convocatoria colocaran como consigna central “Por una nueva dirección del movimiento obrero”. Así, mostraron la absoluta compresión de la total incompatibilidad que existe entre la burocracia sindical en todas sus variantes y la necesidad que tienen los trabajadores de desarrollar una acción independiente contra el plan de guerra en marcha. El llamado a luchar y reagruparse por una nueva dirección del movimiento obrero convierte a las fuerzas organizadoras del Plenario Nacional de Trabajadores en una alternativa de poder al interior de los sindicatos. Este planteamiento estratégico no significa dejar de impulsar las acciones limitadas y encuadradas que eventualmente puede convocar la burocracia sindical sino, por el contrario, es un llamado a participar de ellas de la manera más decidida, como parte de una estrategia política independiente.
El programa que vote el Plenario Nacional de Trabajadores tendrá fuera de toda duda una gran importancia, porque una nueva dirección del movimiento obrero requiere superar las limitaciones de experiencias anteriores, que nunca fueron más allá de nacionalismo burgués, incluso con redacciones radicalizadas que buscaban emparentarse con el socialismo. El programa en la actualidad requiere mostrarle a los trabajadores y al país entero cuál es la estrategia de la clase obrera para enfrentar la crisis actual y evitar una nueva quiebra nacional. La cuestión del no pago de la deuda externa y su total investigación y confiscación de los responsables del endeudamiento; la nacionalización de los recursos estratégicos, empezando por el petróleo y el gas, pero también la generación, transporte y distribución eléctrica, como la nacionalización y planificación general del transporte público y de cargas; la nacionalización del comercio exterior, en momentos donde las importaciones son usadas por el capital como un instrumento para destruir conquistas y bajar salarios, y cuando la guerra comercial internacional se intensifica a costa, en primer lugar, de los países periféricos; la nacionalización de la banca, para evitar las corridas cambiarias y la fuga de capitales, y concentrar el ahorro nacional para un plan de desarrollo industrial. Un programa de este tipo, acompañado de reivindicaciones inmediatas, como la reapertura de todas las paritarias, no a los despidos y suspensiones, tiene un valor de lucha política y delimitación, que muestra que la lucha por una nueva dirección del movimiento obrero significa un cambio de estrategia política, que sepulte de una vez por todas la experiencia del peronismo y abra el camino a la fusión del movimiento obrero con la izquierda.
El Frente de Izquierda
Es indudable que el crecimiento de las tendencias combativas en el movimiento obrero se dio junto al desarrollo en Argentina del Frente de Izquierda. Fueron fenómenos que se retroalimentaron mutuamente, del mismo modo que sucedió en el movimiento estudiantil y de la mujer. Desde su fundación, en 2011, el Frente de Izquierda pasó por distintas etapas, que incluyeron retrocesos electorales y hasta políticos, pero sin nunca perder una presencia política que permitió incrementar la visibilidad de la izquierda revolucionaria en la Argentina. Esta conquista enorme, en un país con gran tradición del nacionalismo, al cual la izquierda le hizo un seguidismo sistemático, debe ahora revalidarse a la luz de la nueva situación política creada. En síntesis, el Frente de Izquierda debe tomar la iniciativa.
Se están reuniendo las condiciones para un giro subjetivo de las masas hacia la izquierda. La experiencia kirchnerista concluyó en una derrota electoral con la derecha, es decir que fue desautorizado por las propias masas. Ahora, el gobierno macrista vive su propia crisis y deberá aplicar el pacto con el FMI de final incierto. Para el Frente de Izquierda se presenta la oportunidad de ofrecer una estrategia opuesta a ambos bloques patronales, destacando, en primer lugar, la necesidad de enfrentar y derrotar el plan de guerra contra los trabajadores. Para ello debe movilizarse el propio FIT, para asegurar el éxito de Plenario Nacional de Trabajadores del 23 de junio. La agitación de un programa, por fuera de la lucha de clases, llevaría al FIT a una campaña electoral anticipada, exactamente lo mismo que quiere la oposición patronal y el macrismo.
Las grandes crisis engendran también los grandes giros subjetivos de las masas. Pero esos giros requieren de una acción consciente de las fuerzas políticas, porque de otro modo pueden disiparse o ser neutralizados. Es lo que marca la experiencia de Grecia, o más cercano a nosotros, de Bolivia y Venezuela, donde la izquierda no pudo enfrentar las experiencias nacionalistas. En Argentina, el Frente de Izquierda ha crecido batallando contra el kirchnerismo; ése fue su bautismo de fuego. Ahora debe probar su progresividad, cuando el gobierno derechista que relevó a éste enfrenta su primera gran crisis. Nuestro llamado al FIT a impulsar una campaña nacional, que incluya la defensa del Plenario Nacional de Trabajadores, y un plan de actos en las provincias y un gran acto nacional apunta en esa dirección, del mismo modo que una acción unificada en los parlamentos.
Este plan de acción debe estar presidido por el programa de transición que hemos desarrollado, lo que plantea, a su turno, una cuestión de poder: si la Argentina vivirá una nueva experiencia de gobiernos burgueses, que nos condenarán a fracasos seguros, o si gobiernan los trabajadores.
*Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero, es legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. Ministro de Economía bajo la presidencia de Menem y luego de De la Rúa. Fue el
autor del plan de convertibilidad bajo el menemismo, que debutó con una enorme
devaluación y trajo como consecuencia un gran ataque a los trabajadores. Es conocido
también por haber dispuesto el “corralito” (prohibiendo el retiro de depósitos), que
provocó un confiscación de los ahorros, en momentos en que el plan de convertibilidad
estaba agotado y el país estaba al borde del defol. Las medidas confiscatorias de Cavallo
fueron el detonante de la rebelión popular, el llamado “Argentinazo”, en el años 2001,
que precipitó la caída del gobierno de la Alianza presidida por De la Rúa.
2. Líder de la Coalición Cívica, uno de los partidos que forma parte de la coalición
gobernante de Cambiemos.
3. Horacio Larreta, jefe de Gobierno porteño; María Eugenia Vidal, gobernadora de la
provincia de Buenos Aires; Marcos Peña, jefe de Gabinete del gobierno de Macri.
4. Asesor económico de Macri, quien estuvo al frente del Banco Nación en la primera
etapa de su mandato. Se viene distanciando del gobierno, reclamando un ajuste más
drástico.
