La “Crisis de los 40” o el fracaso de la democracia.

Ediciones Siglo XXI, acaba de publicar un libro promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos que se reclaman de la defensa de los derechos humanos. “Democracia 40 años. MÁS QUE NUNCA” es el título y fue escrito por varios grupos de análisis coordinados por el CELS. Una ONG en la que ha tenido gran influencia el reconocido periodista Horacio Verbitsky.

Es un aporte importante al debate abierto en medios políticos, sociales y periodísticos, sobre el balance luego de transcurridas cuatro décadas de la reinstalación de la democracia en la Argentina. (Entre otros, Gabriel Solano, de la dirección del Partido Obrero, es el autor de un libro “PORQUE FRACASÓ LA DEMOCRACIA. Radiografía del saqueo capitalista de la Argentina en los últimos 40 años”).

El CELS rechaza tomar el aniversario solo como una efeméride, sino que pretende usarlo como “una excusa para relanzar discusiones, más que para hacer balances”. Pero el libro en diferentes capítulos hace balances muy concretos sobre distintos aspectos de la realidad nacional. Porque, evidentemente, no podría haber reales discusiones sin un balance de la trayectoria de 40 años de democracia. El CELS está preocupado por el avance de la derecha y la inoperancia del Estado para resolver los graves problemas sociales que atraviesan las masas de la Argentina.

El libro hace importantes denuncias sobre la realidad económico-social-política que se está viviendo, aportando datos en forma sistematizada.  

Hundimiento económico

Nos dice que “El presupuesto nacional para 2023 evidenció una vez más los efectos negativos que tiene el endeudamiento soberano sobre el acceso a los derechos” definiendo este cuadro “como una cuestión cíclica que se dio en los últimos 40 años” (pág. 45). El análisis de este es hecho sin ocultamientos: “Estableció un recorte del gasto público general del 9%, una reducción del 12% en la inversión en programas sociales y un incremento del 15% destinado al pago de intereses de la deuda”. La consecuencia social de esto también es claramente señalada: “perdieron recursos la Tarjeta Alimentar, las pensiones no contributivas, las becas estudiantiles, la protección de las víctimas de hechos de violencia y la construcción de jardines infantiles” (y otros). 

La conclusión es clara: “se priorizo el cumplimiento del acuerdo con el FMI a través del ajuste social”. Los datos que vuelca el CELS son contundentes: los 44.000 millones de dólares de “préstamo” pautados por Macri con el FMI en el 2018 (equivalentes a un 10% del PBI) fueron ratificados-reconocidos por el gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Fernández, quienes renegociaron los plazos de pago “con un acuerdo de facilidades extendidas que mantuvo el monto de la deuda original y los intereses” y “estableció además mecanismos de revisión del FMI cada tres meses” para verificar si se cumplían con las directivas de ajuste impuestas por la central financiera imperialista (pág. 46). El CELS reconoce que estas deudas contraídas con el FMI sirvieron para financiar (junto a fabulosos ingresos por exportaciones) una fuga de capitales de más de 45 mil millones de dólares, mientras la deuda crecía pavorosamente. Bajo el tramo final de Macri el ajuste “recortó un 21% en salud,  36% en educación, 39% en agua y alcantarillado, 59% en vivienda” (pág. 48). Pero tras la firma del acuerdo con el gobierno de los Fernández “las políticas de reducción presupuestaria continuaron”. El Ministerio de Hacienda retiró fondos “de Educación, Salud, Desarrollo territorial y Hábitat entre otros” (pág. 49). El ajuste es criticado porque “en vez de explorar alternativas progresivas de financiamiento para aumentar la recaudación” se va “por el camino del ajuste fiscal”.

El estudio del CELS se pregunta: “¿cuánto se puede hacer para obtener ingresos y recursos?”. El CELS nos dice que “los sistemas tributarios son regresivos, con un peso destacado de los impuestos al consumo” popular. El IVA representaría el “43% del total de la recaudación” fiscal, castigando “en mayor medida a quienes menos ingresos perciben”. Y “al revés, los tributos que gravan la riqueza, como el impuesto a los bienes personales o el inmobiliario han ido reduciéndose”. La exención de impuestos a los empresarios capitalistas totaliza el 3% del PBI. A lo que se suma la fuga de capitales a paraísos fiscales.

Los límites del análisis del CELS están en reconocer el pago de una deuda usuraria que ha beneficiado a algunos monopolios y asfixia la economía nacional y popular. La búsqueda de más ingresos en “forma progresiva” (aunque no lo dice, sería sobre las ganancias y patrimonios capitalistas) para aumentar la recaudación, debiera hacerse no cabe duda. Pero no para pagar la deuda, sino para desarrollar el aparato productivo nacional y satisfacer las necesidades de las masas trabajadoras.

El estudio del CELS evidencia también que la salvaje política minera extraccionista llevada adelante por los gobiernos, sin excepción, a favor de grupos monopólicos, causa daños inconmensurables a las condiciones de vida y hábitat de los pueblos de esas regiones. Pero son necesarias ante la urgencia existente para “conseguir la mayor cantidad de divisas en el menor tiempo posible para poder hacer frente a los vencimientos de la deuda” (pág 51). Y, por supuesto, quedan solo monedas de esa riqueza en el país y mucho menos en el bolsillo de los trabajadores y las comunidades. 

La protesta del CELS ante este cuadro es que “mientras los beneficios para las empresas petroleras se diseñan y anuncian con agilidad, la elaboración de un instrumento de consulta y creación de espacios de diálogo” no avanzan o surgen solo cuando hay fuertes acciones de lucha de los trabajadores y pueblos. El CELS no plantea cambiar la matriz productiva que ellos reconocen está llevando la Argentina a la más fuerte “primarización” de su producción, sino crear organismos participacionistas para “dialogar”. En otras palabras: integrar la protesta popular a una distraccionista e impotente institucionalidad estatal.

El CELS no puede menos que reconocer, sin embargo, que “el discurso de la mayor parte del arco político es que el único camino para pagar las deudas y lograr el desarrollo del país es apostar a las industrias extractivas como Vaca Muerta, el litio y la intensificación del agronegocio. Así prima una suerte de realismo extractivista” (pág 53). 

Todos, menos la izquierda revolucionaria referenciada en el FIT.

Derechismo represivo 

“Las políticas de seguridad ciudadana de la democracia argentina son, a contrapelo de lo que suele pensarse, lo más parecido que hay a una política de Estado. El aumento constante de la cantidad de policías, patrulleros, cámaras y personas presas fue y es sostenido por administraciones de todos los colores políticos” (pág 71). Nuevamente el CELS aporta datos contundentes: “entre 2003 y 2013 el número de efectivos de la Gendarmería Nacional aumentó de 17.000 a 37.000” y “el presupuesto de la Prefectura subió un 600%”. Por su parte, la Policía de la Provincia de Buenos Aires “duplicó su tamaño entre 2005 y 2015 que pasó de 48.000 a más 90.000 efectives” (pág 72). Y en la CABA la nueva policía macrista contaba con 26.000 efectivos, “lo que representa una tasa de 6,5 policías cada 1000 habitantes lo que (incluso) duplica el promedio mundial de 2,8 registrado y recomendado por la ONU”. 

¡Una Democracia armada contra el pueblo!

“Este crecimiento –reconoce el CELS- responde a un consenso transversal a los colores políticos de loa gobiernos”. El CELS señala el abandono práctico de toda política social y el avance del “punitivismo” represivo. Tímidamente propone que las comunidades indígenas armen “guardias comunitarias” en “zonas determinadas”.

Racismo capitalista 

“La democracia trajo una renovada esperanza en la fuerza del Estado de Derecho para resolver los problemas sociales más profundos” (pág 61), afirma el CELS. 

Pero… el CELS se refiere a este Estado defensor de la burguesía y al Derecho impuesto por las clases dominantes. El Estado es siempre un órgano de opresión de las clases dominantes sobre masas explotadas.  

Bajo la Democracia “las tierras habitadas por comunidades indígenas se transformaron en un botín codiciado para la explotación agrícola y ganadera” (pag 62). Mientras “las leyes y otras normas (que las protegían) se fueron transformando en letra muerta”. Y cuando no alcanzaba el desalojo pseudo legal se “calificaba a las comunidades de terroristas” para justificar la acción represiva (pág 63). La “Democracia” llegó a reconocer en “las masacres de Rincón Bomba (Formosa) y Napalpí (Chaco)” las matanzas “que sufrieron los pueblos indígenas durante la conformación del Estado nacional”. Ocurridas hace un siglo. Algo típico de la demagogia democratizante que considera estas como “delitos de lesa humanidad” pero “nada dicen los fallos judiciales sobre la recuperación de los territorios de las comunidades que sufrieron el despojo sistemático por parte del Estado” (pág 65).

El CELS  resalta que en “nuestra democracia” hay “un racismo estructural, un fenómeno extendido y productivo en el presente”. Pero se trata de un racismo capitalista: la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas son para beneficiar a los monopolios oligárquicos e imperialistas (Vaca Muerta, etc.). La represión es oficial y paraoficial. “En Santiago del Estero, los embates más violentos quedan a cargo de bandas armadas que responden a empresarios que buscan desalojar a las comunidades indígenas y campesinas, sin que el Estado haga nada para proteger a estas comunidades y desarticular a las bandas” (pág 67) reconoce el CELS. 

Una de las características es que “las burocracias judiciales y policiales en la Argentina” apoyan estas políticas racistas capitalistas (pág 68). ¿Quién elige a estos burócratas clasistas antiobreros? El pueblo no: los poderes ejecutivos de los Estados burgueses.

El CELS caracteriza que “al cumplirse cuatro décadas de democracia en la Argentina, existe una disputa entre el programa racista explícito promovido por los terratenientes y su poderoso lobby político-mediático y el activismo cada vez más intenso y organizado de los pueblos indígenas para acceder a sus derechos” (pág 69). 

Para el CELS se trata de que “la cancha está desnivelada” para el lado de los ricos poderosos y considera que “para nivelar la cancha hay que transformar al propio Estado” (pág 70). Pero para el CELS se trata de una auto reforma del Estado racista: “se requiere un proyecto político que, desde el Estado y en alianza con el activismo impulse la ley de propiedad comunitaria indígena y garantice el derecho de acceso al territorio”. 

Subordina políticamente la organización y movilización de las masas indígenas a alianzas con el Estado (con los partidos burgueses que harán demagogia electoralista) y no con los trabajadores y el pueblo explotado que sufre igualmente la opresión de ese Estado y de sus clases dominantes.  

El texto del CELS culmina este capítulo, preguntándose: “¿Cuál será ese proyecto político?” 

Democracia de los servicios de inteligencia

El informe del CELS nos dice: “El Estado impide el acceso a información clave” (pág 87) sobre hechos claves de la vida nacional: el atentado a la AMIA, la represión sobre La Tablada, la provocación represiva en 2002 sobre el Puente Pueyrredón, etc. La SIDE se había infiltrado en la Asamblea Nacional Piquetera de Avellaneda y elaboró un “informe” sobre el que se basó el criminal operativo represivo que costó la vida de Kosteki y Santillan, decenas de heridos y detenidos.

Los “servicios de inteligencia” son una cueva de provocaciones contra opositores y luchadores populares. A pesar de recurrentes pedidos y resoluciones los “archivos” de los servicios no se abren a la opinión pública. “¿Por qué no se abren los archivos?” se pregunta el CELS. El mismo se contesta: “Porque muestran el funcionamiento violento del Estado y porque tapan las propias ilegalidades” (pág 97).  Esto no es una “anomalía”, es el funcionamiento orgánico de estos servicios en un Estado burgués. Y la democracia es una forma de este Estado burgués. “La racionalidad del secreto de Estado vive en el funcionamiento burocrático de estas agencias y es aceptada por las autoridades políticas”, señala el mismo CELS. 

Retaceada para inmigrantes

“La Argentina es el país de América Latina con mayor población de habitantes nacides en el extranjero: 2,3 millones de personas que, en su mayoría, provienen de países vecinos y viven en CABA y el Conurbano bonaerense” constata el CELS. El libro denuncia la falta de derechos políticos, pero lo peor es la superexplotación a la que son sometidos (talleres clandestinos, etc.) con complicidad de las autoridades y policías corruptos.

Como en la serie televisiva de Neflix, “Operación Palermo”, donde se constituye un cuerpo de seguridad policial, con discapacitados o negros para vender una imagen de “integración” del Estado democrático. Aquí también el CELS nos dice: “en la relación entre política y migración nos ofrecen datos sobre el estado de nuestra democracia” (pág 108).

Justicia de los ricos

En un capítulo especial el CELS trata de demostrar que la justicia evidencia “el modo de funcionamiento del poder, de los más ricos y de sus empleades” (pág 110). Desfilan el juego de fiscales, jueces y policías y su accionar. El CELS arriba a la conclusión que “el Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad” (pág. 111). La “justicia” conspira para ocultar la verdad (Caso AMIA, etc.) y sus jueces y fiscales responden a diversas camarillas burguesas y empresarias. Cada tanto, señala el CELS, se castiga a algunos “perejiles” que aparecen como si fueran “cuentapropistas” que actuaban por su cuenta y que “no habrían recibido órdenes de las autoridades políticas” (pag 114). Los juicios donde existe un real interés popular nunca terminan: “El juicio por la represión del 20 de diciembre del 2001 en la CABA (el Argentinazo) se realizó 15 años después y la sentencia aún no está firme” por maniobras de “la Corte Suprema” (pág 115). Lo mismo sucedió con la muerte de Santiago Maldonado, el intento de soborno con participación judicial para frenar la investigación del homicidio de Mariano Ferreyra que muestran el mismo patrón”.

La Corte Suprema –señala el CELS- había declarado en mayo del 2022 en una reunión-espectáculo realizada en Rosario que “el narcotráfico era uno de los problemas más graves” y que iba a encararlo con prioridad (pág 117). No paso nada. “¿Por qué no se logra imponer una estrategia que reduzca el nivel de violencia letal y desarme la imbricación de redes ilegales en el Estado? No hay respuesta seria por parte de los ministerios públicos fiscales federal y provinciales. Tampoco el Poder Ejecutivo nacional logró armar una intervención eficaz que no esté cruzada por internas políticas” (pág 117). Estamos ante una narco democracia donde se detiene “a los vendedores del narcomenudeo y a los consumidores” (pág 118) permitiendo que el negocio de la droga funcione normalmente bajo la protección de funcionarios del “estado democrático”.

El CELS nuevamente se ve obligado a reconocer que “estas tramas público-privadas tienen consecuencias en la calidad de la democracia”.

Quién “forjó” la Democracia en 1983

El CELS nos dice: que “la Corte Suprema pos-83 (…) es recordada por haber acompañado la recuperación democrática y el desmantelamiento del Estado autoritario y haber tomado decisiones muy importantes sobre derechos civiles y garantías judiciales” (pág 120). Pero esto es un embellecimiento: toda la clase burguesa se sacó la camiseta dictatorial y la cambió por una “democrática”, adaptándose a la nueva forma que asumía el Estado burgués. La impugnación a la impunidad dictatorial se quedó en “1985” en el juicio a las Juntas Militares. No fue la Corte la que impugnó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que pretendió garantizar esta impunidad al resto de la casta militar represiva. Y contra lo cual se movilizó el pueblo.

De la basura al Trabajo

El CELS dedica un largo capítulo a reseñar las virtudes del trabajo de los cartoneros. “A lo largo de todo el arco político se repite: Hay que transformar los planes sociales en empleo, pero a más de 20 años del estallido de 2001 no hay mercado laboral formal ni Estado que ofrezca un salario a fin de mes para todes” (pág 137). En torno a la organización de los cartoneros se habría constituido la llamada Economía Popular, orientada entre otros por Grabois. El CELS termina el capítulo señalando que “No se trata de ‘convertir los planes de trabajo’, porque ya lo son; lo que es urgente es convertir los actuales programas y prestaciones de la economía popular en auténticos derechos laborales de carácter permanente para sus trabajadores”. Para el CELS se trata de incorporar los cartoneros “a nuestra estructura social de manera permanente” (pág 150). Es decir institucionalizar la miseria. Llama la atención que el CELS no haya analizado la extensión del movimiento piquetero de los desocupados y trabajadores precarizados. Estos luchan también por “planes” y mejoras en sus condiciones de vida pero reclaman “trabajo genuino”. No quieren transformarse en desocupados o “cuentapropistas” crónicos permanentes, a la cual los ha condenado la Democracia capitalista.

Los cartoneros, transformados en recicladores de la basura han conseguido -con luchas y movilizaciones- conquistas. Como la negociación colectiva frente a los acopiadores, etc. 

El CELS saluda que el Estado alentara la cooptación a la burocracia gubernamental de algunos de sus dirigentes: “El reconocimiento de las trayectorias militantes cartoneras con la elección de algunos de sus cuadros en cargos de gestión no es solo un símbolo, es una forma real de generar políticas públicas con perspectivas de cartoneres” (pág 150). 

La propiedad capitalista en el Estado democrático

El CELS, en el inicio de sus denuncias en el libro, critica rol de la “propiedad privada” en la Argentina democrática: “La propiedad privada entendida como absoluta, excluyente y perpetua parece ser un valor sagrado e inmutable de nuestra democracia, imposible de regular o relativizar” (pág 13). Y da ejemplos contundentes, como el desalojo violento en julio 2020 “de cientos de familias que durante el aislamiento habían perdido sus ingresos y no podían pagar un alquiler” y se habían “instalado en un predio en Guernica” que estaba baldío, pero se dijo que se iba a construir a futuro un country (barrio cerrado). El Estado respondió al interés de los dueños de la propiedad baldía, desistiendo incluso “del uso de herramientas legales que podrían haber sido efectivas” (pag14). El gobierno K prefirió presentar la imagen de respetar la “sacrosanta propiedad privada” que resolver el drama de centenares de familias trabajadoras sin techo. 

El CELS se lamenta de que habiendo incorporado el concepto “de la función social de la propiedad”, en la Constituyente de 1994, no se logró transmitir este concepto en la “reforma del Código Civil y Comercial” del 2014. Esto evidencia que la Constitución en un Estado “democrático” burgués suele ser por lo general, puro bla, bla, cuando abre algún resquicio donde se pueda colar un reclamo popular.  

Por supuesto, el análisis crítico del CELS no se refiere a la propiedad privada de los medios de producción que son la base del sistema capitalista, sino a bienes limitados que necesitan ser transformados en urgencias de “utilidad pública”.

El CELS culmina este capítulo interrogándose: “¿Hasta dónde es legítimo regular el ejercicio de la propiedad privada? ¿Hasta dónde es legítimo hacer prevalecer ese interés común?”. Reconociendo que “la función social de la propiedad privada se ha replegado en los últimos 40 años”. Y que “la consolidación de la propiedad privada como una institución intocable, que no admite ser regulada ni relativizada, debilita a la democracia” (pág 20). 

En diferentes capítulos el CELS analiza los retrocesos habidos en democracia respecto a los alquileres de viviendas y posesión de tierras campesinas, de la situación en las cárceles y los liberados, de la situación de la mujer. En este rubro se desliza a una defensa de Cristina Kirchner “que fue y sigue siendo atacada mediática y judicialmente por encarnar atributos históricamente asociados a lo masculino: el poder público y el liderazgo político”. Dejando de lado que es una de las principales responsables de todas las denuncias de ataques “antidemocráticos” contra las masas que hace el mismo CELS en su texto.

¿”Crisis de los 40”?

Este enjundioso estudio sobre la evolución de la Democracia a 40 años de su instalación, realizado por el CELS nos habla del fracaso de la misma.

En todos los rubros se ha retrocedido significativa y catastróficamente. Pero para el CELS estamos atravesando por la “crisis de los 40” como si fuera el paso a una madurez adulta, cuando en realidad estamos frente a una peligrosa senectud. El CELS visualiza que han surgido derechas que plantean medidas más represivas aún para superar los problemas existentes. Y llega a una conclusión: “Es mucho más fácil imaginar el fin de la democracia que el fin del capitalismo” (pág 9). Pero el “fin de la democracia” se debe a la crisis del capitalismo. En Brasil asumió el fascistoide Bolsonaro como respuesta a la impotencia y crisis social creada por el PT centroizquierdista. (Problemas que él tampoco pudo resolver y que han llevado a que la burguesía impulse una nueva experiencia -más derechizada que en el pasado- de Lula y el PT).

Martín Wolf, el reconocido editorialista del Financial Times ha declarado que el retroceso de las democracias (capitalistas) se debe a la bancarrota del capitalismo. El CELS se pregunta: “¿con cuánta desigualdad la democracia sigue siendo democracia?” (pág 10). Señalando que “los intereses privados modelan la realidad mucho más que la política”. Pero esa es la esencia del Estado burgués, donde impera la ley que dice que la política es economía concentrada. El Estado funciona en defensa de los intereses de las clases dominantes.

El CELS se lamenta de que la “derechización, que aparece como la figurita ganadora en algunos espacios partidarios, erosiona acuerdos consolidados en estos 40 años, como la idea misma de los derechos humanos”. Pero debiera ser consecuente con las denuncias que realiza en su libro: el consenso burgués  en torno a la “idea” de los derechos humanos sirvió de pantalla para ejecutar esta fabulosa política antiobrera y antinacional.

Estos partidos burgueses fueron pro dictadura en la época del Proceso Militar y luego mutaron a democráticos con la caída del mismo. UCR, PRO, Milei, Justicialistas, Kirchneristas acompañaron a la dictadura en su momento y todas las salidas entreguistas (Menem, etc.).

El CELS llega a la conclusión de que “en la Argentina tras la ola neoliberal dijimos: no se puede sin Estado. Hoy sabemos (40 años después) que tampoco se puede solo con el Estado” (pág 12).  

El CELS llama a tener “realismo político” para no administrar “la decadencia” de la Democracia y propugna un nuevo “consenso” entre los partidos que nos llevaron con su Democracia trucha al actual cuadro de desintegración económica y social. 

El CELS denuncia a las derechas que “impugnan a los partidos tradicionales que son los que mantienen un compromiso con el rechazo al terrorismo de Estado” (pág 160). Pero ¿no son estos los que fueron cómplices de la dictadura no solo con su apoyo, sino también con su participación directa (embajadores, intendentes, etc.)? ¿No son ellos los responsables de los avances punitivos (Berni, etc.) contra el pueblo y del retroceso histórico en sus condiciones de vida que están viviendo las masas trabajadoras?   

Para el CELS “la Conadep y el Juicio a las Juntas se identifican como un capital del radicalismo y, luego la reapertura de los juicios y el modo en que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández cumplieron las demandas pendientes del movimiento de los derechos humanos… kirchnerizaron la causa de los derechos humanos” son base “para la posibilidad de construir un arco social y político común”.

Memoria, Verdad y Justicia superó esa visión errónea y estrecha del CELS. No solo crítico el genocidio dictatorial y ataco la impunidad, sino que uso “el pasado” para fijar una posición de lucha en “el presente” contra la represión y las injusticias “de ayer y de hoy”. Y ha estado a la vanguardia de la lucha por las libertades.

No se trata de subordinar ni el movimiento de defensa de los derechos humanos, ni la movilización obrera y popular detrás de los gobiernos de turnos que se travestizan de democráticos mientras aplican el programa de los capitalistas y la reacción.

No se trata de buscar una alianza con el Estado. Ese es el camino usado para la cooptación de luchadores y movimientos usado muy a fondo por el kirchnerismo. Sino de organizarse en forma independiente para luchar contra el Estado burgués, explotador y antidemocrático. Esto es lo que intenta hacer el FIT y el PO. Y en ese rumbo no solo defender las condiciones de vida y las libertades democráticas de las masas, sino abrir el camino de un gobierno obrero, que hará realidad una verdadera democracia de los trabajadores.

El libro del CELS es una oportunidad para que se abra el necesario debate sobre la Democracia, sus límites, fracasos y perspectivas.