¿Qué hacer con el litio?

El litio es uno de los considerados como “minerales críticos” en medio de la crisis energética internacional y la tendencia hacia una mayor electromovilidad y uso de fuentes renovables de energía, debido a su utilización en la fabricación de baterías. La multiplicación de su precio abrió la posibilidad de una renta diferencial extraordinaria, que disparó el interés económico en su explotación e hizo que Estados y grandes capitales mineros y automotrices pusieran sus ojos en el denominado Triángulo del Litio -la mayor reserva mundial del mineral, ubicada entre el norte de Argentina y Chile y el sur de Bolivia¹ver Del Plá, Claudio; En Defensa del Marxismo (23/10/22), https://revistaedm.com/edm-22-10-23/acerca-del-llamado-boom-del-litio/. Detrás de lo que se presenta como una transición verde, tenemos la paradoja de que se extrae con un altísimo costo ambiental que pone en riesgo las únicas fuentes de agua dulce de toda la región que rodea a los salares, de las que dependen comunidades y pueblos. ¿Qué hacer, entonces, con el litio?

No todo lo que brilla es oro

En Argentina, la planta más antigua de carbonato de litio es el proyecto Fénix, que explota la minera estadounidense Livent en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca. Lleva más de dos décadas operando, con el siguiente balance: al día de hoy la minería aporta menos del 2% de la recaudación tributaria de la provincia, que por su parte tiene uno de los índices de pobreza más altos a nivel nacional; la empresa fue multada por la Aduana por defraudar al fisco declarando en sus exportaciones precios que no llegaban a la mitad de lo registrado en el mercado, aprovechando que se vende el mineral a sus propias compañías en el exterior. Este febrero, para colmo, volcó un camión camino a la mina y derramó más de mil litros de ácido clorhídrico, uno de los nocivos químicos que se utilizan en el proceso de separación del metal. Nada de esto hizo que se cuestionara la concesión. 

En mayo Livent anunció su fusión con la minera australiana Allkem, la principal accionista de Sales de Jujuy que explota el proyecto Olaroz en esa provincia, el otro emprendimiento en actividad en el país. Ahora este gigante, convertido tras la fusión en la quinta empresa del rubro a nivel mundial, tiene por el momento el monopolio de las exportaciones de litio argentino. Casualmente, acaban de habilitar a Allkem el acceso preferencial a dólares a precio oficial para girar dividendos al extranjero -a lo Chevron-, un premio cambiario a quienes acaban de asociarse con fugadores probados. Estas empresas también poseen otros proyectos, Cauchari en Jujuy y Sal de Vida en Catamarca, que se encuentran todavía en fases previas a la venta de mineral. Lo que producen es carbonato de litio, que venden como materia prima; la norteamericana Livent abastece a pulpos automotrices como General Motors, Tesla y BMW, mientras que Allkem tiene una asociación con la japonesa Toyota, que participa con parte del paquete accionario de Sales de Jujuy.  

Es precisamente en Jujuy donde la cuestión alcanzó su mayor punto de conflicto, tras el intento del gobernador Gerardo Morales de entregar tierras pertenecientes a comunidades originarias, y de poner la gestión del agua de la zona en manos de un comité que entre otros estaría integrado por empresas, donde presumiblemente iban a priorizar los requerimientos de las multinacionales antes que los de los habitantes, en una región que padece un estrés hídrico crónico. La movilización de los pueblos, en el marco de la rebelión popular que enfrenta esa reforma constitucional reaccionaria, hizo que el gobierno retroceda un paso, pero la orientación es clara. 

Agüita

Junto con la disponibilidad de los territorios, donde están asentadas decenas de comunidades a lo largo de la Puna, la disputa por el agua está en el centro de las problemáticas que plantea la extracción del litio. Para comprender la noción de las mineras hay que tener en cuenta que para un alto ejecutivo de Allkem, Martín Pérez del Solay, la demanda creciente de extracción va a llegar a su tope entre el 2035 y el 2040 (El Cronista, 3/4/23). En el mercado, para la valuación de los proyectos y el cálculo de rentabilidad no se considera ya un período mayor a 20 años de explotación ¿Qué interés pueden tener entonces por lo que suceda con los salares después de las próximas dos décadas, por el agotamiento de las fuentes de agua y la acumulación de deshechos? La necesidad de una rápida rotación de capital es una de las palancas de la depredación ambiental. Esto, a pesar de que los pronósticos auguran una escasez crítica de minerales en la próxima década, que mantendrá altos los precios, y con ello una renta extraordinaria que permite una veloz amortización de las inversiones (a Sales de Jujuy le bastó poco más de un año de exportaciones para reembolsar la totalidad del capital inicial). Pero sucede que las empresas ven una alta volatilidad y un mercado sujeto a una transición energética muy convulsiva.

Del lado de las comunidades y las organizaciones que luchan en defensa del ambiente, sus denuncias han sido respaldadas por diferentes estudios científicos. Particularmente en cuanto al impacto en el delicado equilibrio hídrico de los salares. El método de producción más extendido es el de evaporación de salmuera que se bombea en amplios piletones expuestos al sol y el viento, lo cual en una explotación promedio insume al año la misma cantidad de agua que consume una ciudad de 70.000 habitantes (según una estimación de Victoria Flexer²Jornadas BID, Paraguay 2017., directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy). Incluso sin contar el agua dulce utilizada en diferentes fases del proceso, varios informes advierten sobre las consecuencias que puede tener sobre las cuencas endorreicas (con flujos cerrados de ingreso y salida de agua) este bombeo de salmuera subterránea hacia la superficie para ser evaporada, porque repercute en los reservorios subterráneos de agua dulce de los cuales se recarga; si se vacían los salares fluirá más agua dulce subterránea hacia los depósitos de salmuera, pudiendo llegar a afectar el nivel de las lagunas, ríos y arroyos, y la humedad del suelo. Esto se agrava cuando se instalan las piletas de evaporación sobre las fuentes aluviales por las que se recarga el agua de los salares, impermeabilizando la superficie en desmedro de los reservorios subterráneos. Otro método, llamado de extracción directa, es empleado por Livent en Catamarca, pero no da mejores resultados. Se suman las enormes cantidades de residuos de minerales que son desechados, y los químicos utilizados en la separación del litio que pueden ser muy dañinos si se concentran grandes cantidades.

Quienes buscan ridiculizar las objeciones de las organizaciones socioambientales afirman que el consumo de agua en la producción de un kilogramo de litio es menor que la de uno de soja y apenas la octava parte que uno de carne. Curioso, porque fue con las movilizaciones de lo que surgiría como la coordinadora Basta de Falsas Soluciones que se frenó la instalación de megagranjas porcinas, y son estas quienes enfrentan a los agronegocios de monocultivos transgénicos y feedlots; digamos que sería una lucha consecuente. Pero por fuera de eso, la gravedad extra de los proyectos de litio es que amenazan el balance hídrico de humedales muy frágiles, mientras que las posibilidades de remediación ambiental -ni hablar de una reconversión del uso del suelo- son mucho más accesibles en el campo que en los salares.

Los pueblos de la Puna denuncian el incumplimiento de la legislación que establece la previa consulta libre e informada para estos proyectos, y más aún del convenio 169 de la OIT que dicta la realización de una consulta vinculante. A las comunidades ni siquiera se les brinda asesoramiento legal, mientras las evaluaciones de impacto ambiental son aprobadas a libro cerrado por los Estados provinciales, e incluso se carece de toda información y control sobre los efectos cuando se está ya en fase de explotación. Las “contribuciones” de las empresas a las poblaciones que habitan las zonas de influencia directa de los proyecto productivos (una ambulancia, la refacción de alguna escuela) son descontadas después de las míseras regalías que pagan a las arcas provinciales, que oscilan entre el 3% y el 3,5%. Es cierto, de todas maneras, que las mineras aparecen como una posibilidad de trabajo en regiones con una importante desocupación y alta migración de jóvenes hacia las ciudades en busca de oportunidades laborales.

Los negocios y las pulseadas

Con todo, los beneficios que obtienen los capitalistas son extraordinarios. La renta diferencial que brinda el litio argentino no se registra casi en ningún lugar del mundo, ya que se estima el costo de producción de una tonelada de carbonato de litio en 5.000 dólares cuando su precio de comercialización llegó a rozar los 80.000 dólares, y si bien bajó desde su pico se mantiene en niveles altos. También hay que incluir los negocios espectaculares que están haciendo empresarios criollos gracias a la especulación con la compra y venta de los permisos de exploración sobre los yacimientos, aún sin invertir un dólar en el terreno. Acaba de concretarse un caso ejemplificador: en 2019 Pluspetrol le compró a la canadiense Lithium Corporation tres proyectos por 83,6 millones de dólares (ubicados en los salares Pozuelos – Pasto Grande y Río Grande de Salta, y en Salinas Grandes entre Salta y Jujuy), y ahora vendió a la china Ganfeng Lithium solamente el proyecto Pozuelos – Pastos Grandes por 960 millones de dólares (un monto que supera al presupuesto anual de Jujuy). Otro anotado en el circuito es un empresario muy cercano a Sergio Massa, el exministro menemista José Luis Manzano (uno de los dueños de Edenor y de Metrogas), quien concentra permisos en más de 243.000 hectáreas en salares en Catamarca y Jujuy. 

A la par de estos negocios se desarrolla el desembarco real de grandes multinacionales. A pesar de la renta extraordinaria que ofrece la exportación de litio, estas extorsionan por mayores ventajas, aprovechando que quienes disponen sobre los yacimientos son los pequeños Estados provinciales necesitados de ingresos, lo cual significa una disparidad de fuerzas considerable. La Mesa del Litio que conformaron los gobernadores, tanto los peronistas de Salta, Catamarca y La Rioja como el radical Gerardo Morales de Jujuy, no funciona como una asociación para resistir las presiones sino por el contrario como un vehículo del lobby de las mineras, especialmente por librarse del cepo cambiario y reclamar rebajas impositivas. Los supuestos proyectos de nacionalización del mineral, e incluso los que solo se proponen fijar cuotas de producción que queden para el mercado interno, no pasaron de las declaraciones mediáticas. Son las consecuencias del régimen alumbrado por la reforma constitucional de 1994, que pactaron Menem, Alfonsín, Carrió y todos los partidos capitalistas, la cual adjudicó el manejo del subsuelo a las provincias y abrió la etapa de entrega a las mineras. La ley que vino a complementar ese andamiaje es el aún vigente Acuerdo Federal Minero que otorga todo un esquema de beneficios impositivos y estabilidad fiscal por 30 años para las explotaciones.

Con una vista más panorámica, se evidencia que los tres países sudamericanos del Triángulo del Litio compiten entre sí por asociarse a pulpos extranjeros, en lugar de valerse de la concentración geográfica de estos yacimientos para imponer condiciones más ventajosas para la región. Es una postal del fracaso de las burguesías nacionales en promover la más mínima integración regional, producto de su postración ante el capital imperialista. Esto se aprecia más claramente si tenemos en cuenta que el telón de fondo de todo esto es una verdadera carrera internacional entre las principales potencias por asegurarse el abastecimiento de los minerales críticos, eslabones cruciales de una cadena global de suministros tensada por las turbulencias de la guerra comercial. Esto incrementa las presiones. Estados Unidos viene de firmar acuerdos bilaterales con Japón y la Unión Europea formando un “club de compradores” (Financial Times, 10/7) para impedir precios excesivos en sus importaciones; o sea, una cartelización contra los países exportadores, algo así como una antítesis de la Opep de los países petroleros. Se suma que la Ley de Reducción de la Inflación sancionada por iniciativa de Biden, que promueve fuentes alternativas de energía y el paso definitivo a la electromovilidad, solo incluye dentro de los beneficios a aquellos proveedores con quienes tiene acuerdos de libre comercio, lo cual excluye a la Argentina. El gobierno negocia ser aceptado de todas maneras, a cambio por supuesto de mayores concesiones. Todo, mientras la política económica está permanentemente ad referéndum del FMI, desnuda que así el litio no trae soberanía, sino mayor colonización.

En paralelo vemos la presión de China, que cuenta con las compañías mineras de litio más grandes del mundo y aprovecha su crecimiento como acreedor bilateral del país (swap, obras de infraestructura). Desde 2022 desplazó a Estados Unidos como principal destino de exportación del litio argentino -y representó tres de cada siete dólares que ingresaron por ese rubro (según el informe Los dueños del litio en Argentina, hecho por Fundeps y Ruido). La empresas del gigante asiático cuentan con varios proyectos ya a punto de lanzarse a la producción, como el de Zijin Mining en Tres Quebradas, Catamarca, firma a la que también se habilitó el régimen preferencial de disponer de sus dólares. A nivel mundial, China concentra el 80% de la capacidad de procesamiento del litio y su industria de baterías fabrica más de la mitad del suministro global. No hace falta más para comprender la preocupación del imperialismo yanqui en dejar de depender de su competidor en estos eslabones críticos de la industria tecnológica -y militar-, justo cuando se propone fabricar a gran escala semiconductores y reemplazar todos los automóviles a combustión en los próximos años (las baterías de un auto eléctrico requieren la misma cantidad de litio que 17 mil teléfonos celulares). La clase capitalista argentina, lejos de valerse de esta rivalidad que surca el mercado mundial para apostar a una inserción que favorezca el desarrollo nacional, remata las riquezas del país en este juego de presiones cruzadas.

¿Y entonces?

Con semejante cuadro, podríamos preguntarnos también si es realmente necesaria la producción de estas baterías. Además de ser esenciales en artículos electrónicos como celulares, notebooks o tablets, la capacidad de almacenamiento de energía es indispensable en la generación eléctrica a base de fuentes renovables, como paneles solares o parques eólicos, sin lo cual es impensable una descarbonización. No hablamos ya de la demanda de Estados Unidos, Europa o China. Nuestro país depende actualmente de la extracción de combustibles fósiles, sobre todo de gas, para cubrir su demanda de energía. Basta recordar los cortes de luz durante las inaguantables olas de calor en el verano para dimensionar la necesidad de desarrollar la industria energética. Aunque, claro, urge que sea planificando una transición de la matriz hacia fuentes limpias. Hoy por hoy, parece ineludible la producción de baterías de ion litio si queremos poder prescindir algún día del fracking de Vaca Muerta. ¿No queda otra opción que recurrir al litio para eso? ¿Existen métodos menos nocivos y contaminantes para producirlo? ¿Hay una vía de industrialización local? 

La respuesta no es técnica. Es posible producir baterías utilizando otros minerales, pero al momento no se ajustan a las necesidades del mercado. China y Estados Unidos compiten también por el desarrollo de modelos de iones de sodio, cuya extracción y procesamiento es bastante menos costoso y tendría mayor vida útil, pero se topan con el límite de una baja potencia energética y son más pesadas. El hierro es otro mineral con el que pueden fabricarse baterías, aunque mucho más grandes, que no servirían para electrónica ni autos pero sí para almacenamiento en la red eléctrica. Otras investigaciones sugieren combinar el litio con sodio o con silicio, para abaratarlas y volverlas más efectivas y livianas; y hay muchas otras indagaciones con otros metales y hasta con cáñamo. Nada de esto, por el momento, puede responder a la escala de la demanda actual. Por otra parte, en cuanto a la producción de litio, múltiples estudios en marcha evalúan varios métodos de extracción directa menos contaminantes, algunos exitosamente, pero tampoco han sido probados o desarrollados a escala productiva. 

Respecto de las posibilidades de desenvolver en el país el resto de las fases de procesamiento del mineral y la fabricación de baterías, las empresas del sector objetan que el carbonato de litio es apenas el 5% del valor de la batería final, por lo que su producción demandaría una enorme variedad de insumos importados y de alta tecnología, en un país donde el Banco Central no tiene divisas con que pagarlo. Hay en marcha una planta piloto de Y-Tec y la UNLP que comenzaría a fabricarlas en el país como prueba, aunque para darse una idea acaba de firmar un contrato de compra de carbonato de litio a Livent a precio confidencial, lo que augura que el proyecto quedará a merced de los contratos de exportación y la evolución de los precios internacionales, cuando el costo de extracción no guarda ninguna relación con ellos. No es un arranque muy prometedor.

¿Cómo salir del laberinto? El punto de partida es la nacionalización integral de los yacimientos del mineral y de las plantas de producción, su operación bajo control de comités de trabajadores, científicos y pobladores de los salares; garantizando el derecho a veto de las comunidades afectadas. Eso, de la mano de tomar el control también del comercio exterior, que hoy está en manos privadas y favorece todas las maniobras de evasión mediante subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Además de cortar la fuga de divisas, el país pasaría así a apropiarse de la renta extraordinaria que hoy ofrece el litio. Con esos recursos podría financiarse la investigación para reducir su impacto ambiental, y el control de la producción permitiría ensayar pruebas piloto en los proyectos en actividad para aplicarlo; y sobre todo posibilitaría destinar la inversión necesaria hacia una reconversión energética y productiva para que la economía nacional tampoco siga dependiendo de las exportaciones de los agronegocios, minerales e hidrocarburos. Incluso, esa renta diferencial ofrecería mayor margen para investigar el reemplazo del litio por otros minerales cuya extracción sea menos dañina, lo cual sólo podría ejecutarse armónicamente en el marco de una planificación obrera y popular. Otro aspecto a considerar es que el litio para baterías es reciclable, por lo que en todo caso puede proyectarse un escenario de extracción decreciente. Esto nos lleva a la perspectiva de una industrialización, incluyendo la producción de baterías. 

Argentina exporta alimentos y energía, cuyo abastecimiento es clave en el actual mercado mundial marcado por grandes confrontaciones. Con un comercio exterior nacionalizado, podría negociar vender a aquellos que permitan una transferencia de tecnología estratégica para el desarrollo industrial. Esto es imposible si todo el proceso productivo y hasta la comercialización está en manos de multinacionales. Para ser más gráficos, pensemos el caso de la soja: hoy, desde las semillas, la producción agrícola depende de los paquetes tecnológicos de la yanqui Monsanto o la china Syngenta; luego las aceiteras que concentran, procesan y exportan los granos, aceites o harinas desde sus propios puertos privados son las norteamericanas Cargill y Bunge (fusionada ahora con la suiza Viterra en un megapulpo), la francesa Dreyfus, la china Cofco; y todo eso sale por la Hidrovía del Paraná también privatizada y cuya concesión es motivo de una seria pulseada entre Estados Unidos y el gigante asiático. ¿Qué condiciones pueden imponerse con semejante dependencia? Tampoco se trata de replicar los esquemas actuales de las empresas tecnológicas y automotrices, que montan plantas de ensamblaje de piezas extranjeras, en los cuales el único aporte de Argentina es la mano de obra más barata que en otros países, y al final no dejan ni siquiera un balance cambiario positivo. Solo un gobierno de trabajadores, que quite a los capitalistas las palancas fundamentales de la economía nacional para poner en marcha una planificación económica debatida y dirigida por quienes hacen funcionar al país todos los días, puede dar lugar a un plan industrial y energético sobre otras bases. 

Lógicamente, no tenemos que negar que una planificación centralizada puede chocar con el derecho a veto de las comunidades. Salvando todas las distancias, creemos esclarecedor el abordaje que hiciera Trotsky, mientras luchaba contra la burocratización estalinista de la URSS, sobre el derecho a la autodeterminación de las naciones que integraban la Unión Soviética: “La economía y la cultura no están separadas por murallas; sucede, pues, que las tendencias a la autonomía cultural y a la centralización económica se ponen en conflicto. Sin embargo, no hay entre ellas un antagonismo irreductible. Si para resolver este conflicto no tenemos ni podemos tener una fórmula ya hecha, la voluntad de las masas existe y solo su participación efectiva en la decisión cotidiana de su propio destino puede, en cada etapa dada, trazar el límite entre las reivindicaciones legítimas de la centralización económica y las exigencias vitales de las culturas nacionales”³Trotsky, León; La Revolución Traicionada, Ediciones del Sol, México D.F., 1969.. Es una refutación a quienes asignan al marxismo un atropello acrítico por el crecimiento económico tal como lo comprende la sociedad capitalista. Es posible compatibilizar el derecho a veto de emprendimientos con un plan que busque el progreso productivo para satisfacer las necesidades sociales y nacionales básicas, mediante la integración de las propias comunidades en la planificación económica.

Programa transformador versus consignas oportunistas

Esta es la nacionalización que plantea el Partido Obrero, que lucha junto a las comunidades jujeñas que se le plantan a Morales, que movilizó con los pueblos de Salta contra las leyes promineras, que participa de la pelea de las poblaciones catamarqueñas contra la megaminería; que reclama incluso el cierre de las minas a cielo abierto, cargando a la Barrick Gold y demás pulpos mineros por los pasivos ambientales y sosteniendo todos los puestos de trabajo para emplearlos en tareas de remediación ambiental. Pero así como no podríamos cesar la extracción de gas sin sumir al país en apagones crónicos, el litio aparece al momento como un requerimiento estratégico para avanzar en una reconversión productiva que permita terminar con la depredación de la naturaleza. Es por eso que concebimos las medidas a tomar sobre el mineral en el marco de una nacionalización integral de la industria energética. Insistimos, es un planteo transicional que solo puede ser llevado a cabo por un gobierno de trabajadores, como parte de una reorganización social, que incluya a su vez el repudio de ese mecanismo de sojuzgamiento de los pueblos que es la deuda externa fraudulenta. 

Sin embargo, esto fue criticado por otros partidos de izquierda como una continuidad de los mismos métodos contaminantes, solo que bajo propiedad pública. Los guía el oportunismo de adaptarse a consignas movimientistas, sin plantear ninguna superación de la situación actual. Si la izquierda se centra únicamente en señalar el carácter contaminante de la producción de litio y limita su programa a plantear el derecho a veto de las comunidades afectadas, carece de todo planteo de salida y es por lo tanto impotente para erigirse como una alternativa política real. ¿Las poblaciones de los salares no tienen otras demandas, además de preservar sus tierras? La posibilidad de ofrecer mayores recursos para modalidades productivas que respeten tanto el ambiente como su modo de vida, y sobre todo de brindar oportunidades para reducir la desocupación y que la juventud no se vea obligada a migrar, exige mucho más que el veto de emprendimientos. Por otro lado, ¿cómo podría ejecutarse entonces una descarbonización de nuestra matriz energética? ¿Cómo organizar, además, a los obreros mineros sin un programa transicional? El oportunismo de las críticas izquierdistas a la nacionalización del litio revela que, detrás de consignas que se presentan como radicales, hay una incapacidad por superar el estatismo burgués. Ahondemos un poco más, para despejar malentendidos. 

La estatización del litio, a secas, no es una medida socialista, sino elemental para el control de un bien estratégico y apetecido. Con matices, la intervención estatal se registra en todos los casos. Hasta los gobernadores de la Mesa del Litio -que vimos actuando como empleados de las multinacionales, y que se oponen categóricamente a toda declaración del mineral como “recurso estratégico” por el Estado nacional en detrimento de su plena disponibilidad sobre los yacimientos- crearon empresas públicas para tener una participación minoritaria en las concesiones (la jujeña Jemse, la salteña Remsa, la catamarqueña Cayman, la riojana Emsa), pero esto solo reforzó la actuación estatal como guardián de las mineras. La represión dictatorial de Morales en Jujuy ilustra con nitidez aquella clásica definición de Lenin sobre el Estado como un destacamento de hombres armados al servicio de la clase dominante. En lo fundamental, esta es una orientación de todo el régimen político, como lo confirmó el viaje a Estados Unidos que junto a estos gobernadores encabezó el alfil cristinista Wado de Pedro, con el fin principal de promocionar la entrega del litio.

Los gobiernos bolivarianos o centroizquierdistas no abrieron ninguna vía diferente, como se aprecia con un rápido repaso. En Bolivia los yacimientos del Salar de Uyuni y Pastos Grandes en el departamento de Potosí fueron operados por el Estado nacional sin muchos resultados, no hay ningún avance industrializador como prometía el gobierno del MAS y debieron modificar el método de producción de carbonato de litio para disminuir el uso de cal por ocasionar grandes cantidades de residuos químicos; ahora, la estatal YLB acaba de firmar acuerdos para la instalación de plantas de la rusa Uranium One Group y de la china Citic Guoan. En México, donde López Obrador anunció solemnemente la nacionalización del litio, no se afectaron las concesiones ya hechas a mineras chinas, canadienses y europeas, y se sondean acuerdos con el imperialismo yanqui para favorecer el abastecimiento a Tesla, Ford o los fabricantes de microchips de Arizona. En Chile, el país lationoamericano con mayor tradición en el rubro, Boric anunció desde el Salar de Atacama su plan nacional del litio, también sin tocar los contratos de SQM y Albemarle que expiran recién para 2030 y 2043, respectivamente. Las burguesías nacionales, socias menores del capital imperialista, son incapaces de abrir una senda de desarrollo aún contando con el aparato del Estado. La izquierda revolucionaria debe, para mostrar que el socialismo es una opción, diferenciarse de estas intervenciones estatales de contenido capitalista y denunciar que esas experiencias llevan al fracaso.

Es una cuestión de clase. Diciéndolo por la negativa: con gobiernos capitalistas no es una salida la estatización. Es un debate que ya tuvimos en Argentina cuando en la presidencia de Cristina Kirchner fueron expropiadas las acciones de Repsol en YPF. Además de denunciar el pago multimillonario a los que vaciaron la petrolera nacional, condonando incluso enormes pasivos ambientales, el Partido Obrero lo definió como una reprivatización; mientras, el resto de la izquierda decía que el kirchnerismo se había quedado a mitad de camino y reclamaba que la compañía fuera 100% estatal. Un año después se firmó el acuerdo secreto con Chevron con condiciones preferenciales para explotar Vaca Muerta -algo que Cristina volvió a reivindicar en la inauguración del gasoducto-, y se abrió la puerta no a la soberanía energética sino a un fabuloso negocio de las petroleras. Hoy estas exportan casi sin pagar retenciones y tienen ventajas cambiarias, mientras los usuarios sufrimos una serie interminable de tarifazos. En conclusión, no había un camino común con el gobierno kirchnerista y la tarea no era empujarlo para que no quedara “a mitad de camino”, sino demostrar que seguía una orientación antagónica a las necesidades sociales y nacionales y por lo tanto había que adoptar el rumbo opuesto. No se trata de ser más consecuentes con las políticas intervencionistas, sino de denunciar sus límites de clase para favorecer que los trabajadores rompan con el nacionalismo de corte capitalista. La comprensión y la crítica del estatismo burgués es esencial para que la izquierda no quede pegada a ese intervencionismo fracasado, que por lo demás es lo que explotan los discursos derechistas y en especial Milei.

Lo mismo vale para el litio. No es una cuestión de que se explote bajo empresas “100% públicas”, sino de terminar con la depredación ambiental mediante una transformación social, sobre la base de quebrar el dominio del capital y el imperialismo; es decir con un nuevo tipo de Estado. Eso implica una lucha abierta contra los políticos capitalistas, sean nacionalistas, liberales o derechistas (o todo junto), que hundieron al país promoviendo el saqueo de sus riquezas. La construcción de una alternativa para que gobiernen los trabajadores requiere un programa de salida a las urgencias de Argentina.