El chavismo: apogeo y declinación (Parte 2)

La muerte de Hugo Chavez, en marzo de 2013, fue un impacto de magnitud para el movimiento que él lideraba. Se trataba ni más ni menos de un hombre que ejerció su liderazgo desde el nacimiento del mismo, a partir del caracazo, hasta el momento de su fallecimiento.

Sería un error suponer que la decadencia posterior del chavismo obedeció al desenlace fatal de la vida de Chávez. El tobogán por el que se fue precipitando el gobierno y el movimiento chavista obedece a los enormes límites en Venezuela y América Latina, también en el mundo, de los movimientos nacionalistas burgueses de las naciones atrasadas y semicoloniales. 

Tiene un vínculo insoslayable con el carácter rentista en materia petrolera de su economía.

Antes de su fallecimiento Hugo Chávez había salido victorioso en las elecciones de octubre de 2012 por una diferencia de diez puntos sobre el adversario de la derecha Capriles. Esa derecha había obtenido solo dos de veinticinco gobernadores.

Sin embargo en las elecciones presidenciales de abril de 2013 ocurrió algo inesperado para el movimiento Chavista y para Maduro y sus seguidores. Las encuestas le otorgaban al ex chofer del metro, una diferencia entre un 14% y un 18%. Pero la sorpresa para sus partidarios fue mayúscula cuando los cómputos finales fueron de una enorme estrechez: apenas un 1,5%: una diferencia de 250.000 votos sobre quince millones de sufragios.

La explicación a esa victoria poco festejable tenía relación con el hartazgo de la masa votante con respecto a la “derecha endógena” y a la boliburguesía al interior del chavismo, que se había valido de los negocios petroleros enriqueciéndose y fugando capitales. Un factor decisivo fue la naturaleza de las campañas electorales del chavismo por un lado y de la derecha por el otro. La de Maduro carecía de un programa que diera satisfacción a las necesidades de la masas, mientras que el candidato derechista se mostraba con iniciativa, incluso atreviéndose a levantar la reivindicación de aumento de salarios, circunstancia que pudo atraer la voluntad de ex votantes de Chávez, cuyos salarios por efecto de la inflación habían caído en picada. 

La insignificante diferencia estimuló a la derecha de Capriles a cuestionar el resultado electoral. Y no solo de palabra. Recurrió a masivas movilizaciones cuya finalidad era dividir al chavismo y ejercer presión para pavimentar un golpe de estado. En el orden internacional, el español y derechista Rajoy alentaba esa perspectiva.

La situación objetiva de Venezuela era un caldo de cultivo para el descontento de las masas. A pesar de que el precio del barril de petróleo alcanzaba los cien dólares, los artículos de primera necesidad como los quesos, el pollo, la leche y otros habían sufrido un incremento del 20%. El desabastecimiento golpeaba a la población. A pesar de la existencia de hectáreas cultivadas, de plantas industriales de alimentos, la enorme anarquía en la distribución de los mismos estaba dando lugar a la falta de abastecimiento en los supermercados. Una manifestación del retroceso chavista era que las empresas Polar (que conspiraban contra el gobierno chavista) pretendían comprar empresas del estado. Otra muy significativa, que las viviendas que se entregaban a sectores populares empobrecidos a precios insignificantes, casi gratuitamente, comenzaron a ser cobradas.

El precio alto del petróleo no era suficiente. Había escasez de divisas, se devaluaba la moneda, había temor a los saqueos en virtud de la falta de alimentos.

Bajo estas condiciones, el gobierno de Maduro recurría a la represión.

En 2014, temeroso, postergaba indefinidamente las elecciones municipales, debido a que observaba con preocupación la certeza de una derrota aplastante frente a la oposición derechista, lo cual abriría paso a un referéndum revocatorio impulsado por ella.

El gobierno de Maduro iba a realizar el trabajo sucio, de “ajuste” contra el pueblo, que la oposición derechista pretendía: durante 2014 iba a reducir a la mitad la cantidad de personal de la empresa estatal de petróleo PDVSA, subir el IVA, reducir en la misma medida que en PDVSA, a la mitad del personal de ministerios y “misiones” (organismos de administración de la asistencia social). El gobierno de Maduro debía enfrentar una deuda pública de 200 mil millones de dólares, y su pago iba a depender del “ajuste” hacia las masas y de un retroceso en relación a ciertas estatizaciones de Chávez. No hará más que poner de manifiesto que el gobierno de Maduro y el chavismo de conjunto, lejos de representar el socialismo del siglo XXI, constituían una manifestación política del estado capitalista en una nación semicolonial, que en el contexto de la descomposición y crisis capitalista mundial pretende salvar al capital atacando las condiciones de existencia de las masas en forma brutal, sin escatimar la represión.

El gobierno de Maduro recurriría a la represión, que se expresó en la persecución a los obreros siderúrgicos de SIDOR y en las empresas automotrices. Al mismo tiempo decidió una megadevaluación, con sus consecuencias inevitables en materia salarial, provocando el empobrecimiento de la población venezolana, en especial de esa franja más empobrecida en la que se apoyaba socialmente el chavismo. La patronales automotrices aplicaron un plan de ajuste drástico: entre Ford y Chrysler despidieron a mil quinientos obreros. Los sindicatos representativos de estos trabajadores resistieron las medidas racionalizadoras de sus patronales. El Suttis (Sindicato de los Trabajadores Siderúrgicos) paralizó la planta, mientras que FUTTAC movilizó a sus trabajadores. 

Un desbarajuste en las cuentas públicas se expresaba en un déficit fiscal que alcanzaba el 13% del PBI.

Al mismo tiempo se producía una brecha enorme entre el dólar paralelo y el oficial de un 1200% y, desde luego, los precios se establecían considerando la cotización del primero.

 En este contexto, la especulación financiera se hacía un festival del cual se beneficiaba la boliburguesía, que importaba bienes, vendiéndolos al Estado venezolano a sobreprecios, vaciando de esta manera el tesoro, que emitía deuda pública para financiarlas. Desde 2003 se desarrolló una fuga de 18.000 millones de dólares. No había sido Maduro el artífice de la ruina venezolana, esta sangría comenzó con el propio Chávez. 

La debacle del chavismo fue el fruto de las circunstancias mencionadas, que llevaron a la nación caribeña a un cóctel explosivo y letal de desabastecimiento, inflación y recesión. La deuda externa venezolana alcanzaba ya en 2015 los 115.000 millones de dólares.

El desbarranque económico, como fruto de la política económica rentista del chavismo, lejos de propiciar una política de fuerte desarrollo industrial, abrió las puertas al enriquecimiento desmedido por parte de la llamada boliburguesía. Esto llevó al gobierno chavista, esta vez encabezado por Maduro, a un precipicio. Mientras que en la etapa previa había existido un gasto publico financiado en parte con el ingreso de dólares, que llevó a una política de asistencia social en materia de salud, educación, vivienda, a partir de la creación de las “misiones”; esta nueva etapa iba a caracterizarse, no en una contención de esos sectores empobrecidos de la población venezolana, sino en la represión de los mismos. Pasamos de un bonapartismo basado en el apoyo popular, de base plebiscitaria, con respaldo en las fuerzas armadas, bajo Chaves, a que con Maduro se iba a producir una metamorfosis del régimen crecientemente represiva.

La situación política venezolana se sumergió en un clima de golpismo permanente.

La oposición derechista, advirtiendo la creciente debilidad del chavismo, redoblaba las movilizaciones reaccionarias, proponiéndose la restauración del régimen oligárquico basado en los viejos partidos de la burguesía, que se habían desplomado con el caracazo para finalmente sucumbir bajo el chavismo. 

En alrededor de dos décadas de régimen chavista, el nacionalismo burgués venezolano, uno de los más fuertes de América Latina se derrumbaba. El chavismo tenía fuertes relaciones con las compañías petroleras asociadas a PDVSA y grupos de bancos.

El imperialismo pretendía ir a fondo en la campaña por el desgaste del gobierno de Maduro, intentando desenvolver una fractura en su interior, como así también en las fuerzas armadas, en las que este se apoyaba fundamentalmente. Contrabandeaba petróleo desde Colombia mediante ductos subterráneos.

El régimen de Maduro contragolpeaba encarcelando a uno de los líderes de la Oposición, Leopoldo López, condenándolo a catorce años de prisión, acusado de intento de golpe en 2002 y de sabotaje a PDVSA entre 2002 y 2003 (finalmente amnistiado), a lo que se agregaba la de instigación golpista a través de las movilizaciones en el transcurso de 2015.

La fragilidad del gobierno de Maduro no podía más que reflejarse en las elecciones de diciembre de 2015 en las que la oposición capturó el 66% de los escaños de la Asamblea Nacional.

De esa manera Maduro encontraba un escollo al gobierno por decreto que pretendía imponer. Con la abultada diferencia en los guarismos electorales, el parlamento estaba en condiciones de anular las decisiones del ejecutivo encabezado por Maduro. La oposición levantaba como bandera la amnistía a los presos opositores.

Sin embargo, la oposición derechista no ofrecía un bloque único en relación a su táctica frente al chavismo. Mientras Henrique Capriles le demandaba al gobierno de Maduro un cambio “para no cambiar al gobierno”, Corina Machado y Leopoldo López privilegiaban la vía de los “hechos”, incluyendo la intervención armada norteamericana.

La baja del precio mundial del petróleo dinamitaba una vez más a Maduro, ya que la economía venezolana dependía desde hacía tiempo en su monoproduccion y comercio mundial a precios favorables. Pero su nuevo desplome iba a paralizar la cuenca del Orinoco. Maduro, entonces hipotecaba los ingresos petroleros a cambio de un préstamo chino de 40.000 millones de dólares. Se cortó el subsidio a la gasolina que alentaba la compra de autos, favoreciendo a la industria automotriz en manos del gran capital norteamericano.

2016 amanecía en un marco de derrumbe imparable que se traducía en un 76% de pobreza, y el valor de la canasta alimentaria diez veces superior al salario mínimo. El precio de la gasolina se había incrementado un 1000%. La explosividad de la situación política hacía temer a la burguesía y al imperialismo por un nuevo caracazo, y esto acentuaba la conversión del régimen chavista de un pasado plebiscitario en un régimen de facto. Maduro no estaba dispuesto a abandonar el pago puntilloso de la deuda externa, ni las ganancias sobredimensionadas de la boliburguesía que anidaba en el estado y manejaba sus palancas.

Los choques entre el gobierno bonapartista de Maduro y la derecha se iban a ahondar. El gobierno actuaba de facto y utilizaba todas las instituciones bajo su control para sacarse de encima a la oposición. Era moneda corriente los procesos judiciales fraudulentos y amañados, la Corte Suprema venezolana cambiaba, con respaldo militar, el régimen de funcionamiento de la asamblea nacional. El Banco Central tenía apenas 10.000 millones de reservas, mientras la deuda externa había trepado a 150.000 millones de dólares.

La derecha, que había sido desplazada por el caracazo cerca de dos décadas atrás, encontraba de nuevo un aliento a la recuperación del poder, respaldada por el imperialismo, en un contexto en el que las izquierdas se encontraban desorientadas y apoyando, ahora, a la oposición derechista, del mismo modo que en el lapso del apogeo chavista habían sido su correa de transmisión, hipotecando su independencia política.

La derecha obtuvo dos millones de firmas para la convocatoria a un referéndum revocatorio. La confirmación de ese comportamiento subordinado de la izquierda, la expresó Marea Socialista, de la corriente internacional del MST respaldando el mismo.

Maduro respondía estableciendo el “régimen de excepción”, el 13 de mayo de 2016.

De una u otra forma, la debilidad creciente del chavismo, sumada a las divisiones y vacilaciones de la oposición proimperialista, iba a dar lugar en los años sucesivos, a avances y retrocesos de ambos en términos electorales y de iniciativas en materia de movilización de sus fuerzas, con elecciones en que la participación de la población venezolana alcanzaría una altísima abstención. Las diversas fracciones de la derecha opositora ponían de manifiesto su adhesión a salidas como el derrocamiento de Maduro con la intervención armada norteamericana y otras en que la predominaba la táctica de la presión tanto del grupo de Lima, como de sectores políticos (el centroizquierdista Frente Amplio Uruguayo, por ejemplo, reclamaban una “salida negociada” en la perspectiva de la renuncia de Maduro). Los acontecimientos que van a producirse en los años subsiguientes, de los que daremos cuenta expresaran con más detalle estas oscilaciones y los sucesivos impasses, en el transcurso de los cuales las grandes masas explotadas seguirían siendo las víctimas. 

El estado de excepción iba servir a un acentuamiento de la entrega al capital imperialista: Maduro iba a devaluar el bolívar, declarar una mayor apertura al capital internacional, darle enormes facilidades a las empresas exportadoras y subsidios al gran capital, liberar los precios y producir una disminución de los salarios; y junto a ello un alud en materia de fuga de capitales. Profundizaba una política iniciada por Chávez en materia de re entrega al imperialismo, en un contexto de mayor crisis del capitalismo a escala mundial. Un gobierno rabiosamente anti obrero no podía tener otra política que la militarización y el disciplinamiento. Frente a él, las masas explotadas y oprimidas de Venezuela carecían de una dirección independiente de cualquiera de las fracciones en pugna de la burguesía, ambas reaccionarias. La izquierda había actuado como furgón de cola en diferentes etapas, de ambas. 

El retroceso del gobierno de Maduro, se combinaba, con la división de la oposición proimperialista, en relación al método para desalojar al chavismo del poder. Las idas y vueltas, por la ausencia de una salida al hundimiento económico de Venezuela en los términos de ambas variantes de la burguesía (y en el marco de la falta de una dirección independiente de la clase obrera), fueron dando lugar a choques entre ambas, muchos de las cuales constituyeron chicanas y maniobras que impedían un desenlace, y al mismo tiempo empeoraban la situación de miseria y desesperación de las grandes masas laboriosas.

 En enero de 2016 se reunía la Asamblea Nacional dominada por la derecha antichavista, luego de la derrota electoral aplastante de Maduro, con la finalidad de votar una Ley de Amnistía, lo cual iba a dar lugar a un choque con el poder ejecutivo presidido por Maduro. A esta ofensiva derechista, Maduro respondió con chicanas: desconociendo a diputados de la oposición, para restarle mayoría parlamentaria, y quitándole autonomía a los estados gobernados por la derecha. Mientras en forma simultánea creaba parlamentos comunales, que lejos de ser una expresión de la autonomía de las masas oprimidas para combatir la ofensiva del capital, cada vez mayor a esa altura, eran un apéndice del aparato del estado chavista que llevaba adelante esa ofensiva: el gobierno comenzaba a restar financiación de los programas sociales a favor de las capas más postergadas de los trabajadores para beneficiar al gran capital. Aunque el gobierno chavista en el pasado había nacionalizado empresas del cemento, de la siderurgia o de las telecomunicaciones, lo había realizado compensando con jugosas indemnizaciones a sus patronales. Con esos montos beneficiaba a esos capitales (que se reinstalaban en otras áreas o bien lo fugaban) en lugar de ser usado por el gobierno en un plan de desarrollo industrial. (A su turno, también eso perjudicaba crecientemente los aportes estatales a los planes de ayuda social). El Estado se descapitalizaba en función del salvataje de una burguesía parasitaria.

A mediados de 2016 aparecía la clase obrera en escena: una huelga de cuatro meses en FUNDIMECA e INDESA cuya demanda fundamental era el aumento de salarios. La conducta del gobierno de Maduro fue una respuesta represiva (26 obreros terminan imputados por la fiscalía a pedido de las patronales). La crisis colocaba las cosas negro sobre blanco. El chavismo se revelaba como un gobierno patronal, actuaba como tal y colocaba el aparato represivo del estado al servicio de la explotación capitalista. En ese sentido se caía la apariencia de un gobierno que representaba el “socialismo del siglo XXI”, que había que defender en virtud de que representaba los intereses de los trabajadores.

La ausencia de una izquierda que clarificara sobre la necesidad de una salida independiente de los trabajadores de toda fracción de la clase patronal, iba dando lugar a un giro favorable a la oposición proimperialista de la burguesía, con su lenguaje “democratizante”. La izquierda venezolana no contribuía a superar la confusión: el PSL (de la fracción política internacional de la UIT-CI, Izquierda Socialista en Argentina), hacía frente común con la oposición derechista, instandola a “profundizar” la movilización. Marea Socialista, identificada con el MST argentino (LIS) repetía esa misma actitud.

Se asistía a la quiebra del estado y Maduro no cambió el rumbo de endeudamiento, antes bien lo profundizó. En 2017 endeudaba a Venezuela mediante un préstamo de 40.000 millones de dólares colocando como garantía de pago el petróleo venezolano, y obtuvo un crédito de la petrolera rusa Rosneft mediante la hipoteca de CITGO, la refinadora de petróleo de PDVSA en Estados Unidos. A su vez creó empresas mixtas de petróleo, avanzando en su privatización.

En este contexto la derecha venezolana llamaba en agosto de 2017 a un referéndum de facto, respaldado con un lockout patronal, medidas de un claro propósito golpista cuya consigna central era un “gobierno de unidad nacional”, perspectiva que contaba con el respaldo de los imperialismos norteamericano y europeo, estando presentes en este apoyo también los gobierno de Temer (Brasil) y Macri (Argentina). Detrás del apoyo de las potencias imperialistas estaba el propósito de avanzar en la privatización, sin ambages, de PDVSA y la minería venezolana.

La respuesta de Maduro a esa ofensiva proimperialista fue el llamado a una Asamblea Constituyente amañada, nada soberana ya que el ejecutivo se mantenía en el gobierno y la Constituyente funcionaria bajo su batuta. Con la pretensión de restarle poder a la Asamblea Nacional que le era adversa. Tampoco constituía una respuesta antiimperialista: no pretendía avanzar en la nacionalización total de la industria petrolera, el no pago de la deuda externa, etc. Maduro terminaba compitiendo con la derecha sobre las características que iba a asumir la capitulación de la nación venezolana frente a la voracidad imperialista. La salida de Maduro no era tampoco, la nacionalización del comercio exterior ni el control obrero. Era hipotecar aún más al estado venezolano refinanciando la deuda externa. El Partido Obrero fijaba posición frente al referéndum de facto planteando su boicot, y también se delimitaba de la Constituyente trucha llamada por Maduro. Estas iban a contar con el 50% de representación de funcionarios de las Misiones, que eran organismos paraestatales. Marea Socialista, organización hermana del MST argentino llamaba a defender la constitución vigente, es decir la que representaba el viejo estado oligárquico. 

Mientras crecía el desgaste, tanto del gobierno como de la oposición derechista, en la medida en que los choques entre ambas fracciones no encontraban resolución, el hartazgo y la desmoralización de las masas en términos de descreimiento y desmoralización iba haciendo impacto. En ese marco Maduro llamaba a elecciones regionales en octubre cuyo resultado lo favoreció con holgura. El chavismo obtuvo 18 gobernaciones, mientras que la oposición derechista logró 5. Esto, en el contexto de un crecimiento de la abstención. Voto el 61% y la oposición iba dividida, manifestando su desorientación. Bajo las condiciones descriptas, Maduro, usando los resortes del estado y la división opositora lanzó una ofensiva consistente en obligar a los gobernadores electos de la oposición a que juren por la Constituyente recientemente electa. Esto mismo volvió a dividir a la oposición. Muchos de los gobernadores sucumbieron a la presión habida cuenta de la necesidad de financiamiento que Maduro les negaría, de no adaptarse a la exigencia. Pero Henrique Capriles, uno de sus principales dirigentes, se retiró de la coalición opositora y Leopoldo López acusó de traición a los gobernadores.

 Pero la victoria de Maduro, tendría un rasgo episódico, sería una falsa salida, por lo momentánea y coyuntural. Una maniobra más. Es que la misma iba a producirse en el contexto de la caída del 12% del producto bruto interno, el pago rabioso de la deuda pública externa, la escasez de divisas, la importación muy onerosa de alimentos y medicamentos, el desabastecimiento. Así las cosas, la Constituyente aprobaba un aumento de salarios del 40%: era apenas una leve e imperceptible brisa en medio del tornado de la hiperinflación. 

Ya Estados Unidos, China y Rusia no acudirían al rescate, habida cuenta de la situación descripta de recesión , hiperinflación y defol existente. El FMI hacía saber que haría un rescate de 30.000 millones de dólares pero bajo otro gobierno (directamente afín e incondicional del capital financiero imperialista). Este diagnóstico fue definido con toda crudeza por las calificadoras Standard&Poors y Moodys, expresando el defol tanto del Estado venezolano como de PDVSA. Se basaban en datos irrefutables: la deuda externa venezolana trepaba a 150.000 millones de dólares, el 60% de los cuales pertenecían a bonos de PDVSA, con reservas de 9.500 millones de dólares. 

Los datos exhibidos en el párrafo anterior no eran extraños a la política del chavismo, y menos aun de la de Maduro. Éste manifestaba su orgullo por haber pagado títulos de la deuda por valor de 71.000 millones de dólares entre 2013 y 2017. Había puesto la suerte de Venezuela en manos de grandes especuladores. Como resultado de esta circunstancia el PBI venezolano se contrajo un 25%. La producción de petróleo en 2017 había caído a 200 millones de barriles diarios, la hiperinflación venezolana hundía los salarios a niveles de hambre: había aumentado un 50% para arribar a 1000% anual.

Sin embargo, envalentonado por el tropiezo electoral, de la oposición derechista en las elecciones regionales, y habiendo sometido a una franja de los gobernadores de derecha, Maduro se atrevía en 2018 a convocar a elecciones presidenciales. Aprovechaba la confusión de la oposición proimperialista, su abandono de las calles y haber podido anular a la Asamblea Nacional que ésta dominaba. Sin embargo, fue sumamente cuidadoso, estableciendo trabas proscriptivas, exigiendo la reinscripción en el Registro Electoral Nacional, y prohibió la participación de dos de sus dirigentes más importantes: Henrique Capriles y Leopoldo López, y simultáneamente también proscribió la sigla por la que era reconocida esa oposición, MUD. Agregó como parte de la campaña, la entrega de tarjetas de racionamiento y bonos alimentarios.

En forma simultánea el imperialismo amenazaba a Maduro con un embargo petrolero. En ese marco la inflación durante 2018 había trepado a la cifra sideral de 2000%. Era moneda corriente la migración creciente de considerables franjas del pueblo venezolano. Sectores de la derecha, entre ellos el de Corina Machado, demandaban la intervención militar extranjera y un golpe de estado. La OPEP daba a conocer la caída de la producción petrolera venezolana en el contexto de una disminución del precio del barril de 66 a 50 dólares. La situación de PDVSA era caótica. No estaba en condiciones de importar insumos tecnológicos. La condición de Venezuela como país exportador de petróleo lo había convertido en dependiente de la tecnología importada, ya que el superávit que había obtenido en el pasado reciente no había sido aprovechado para su desarrollo nacional.

Maduro había trazado el camino de su propio hundimiento: su política no era otra que la de la reestructuración de la deuda con un nuevo ajuste a las condiciones de existencia de las masas empobrecidas. Este ajuste incluía la privatización minera y petrolera. Ya no había siquiera una ficción antiimperialista.

Las elecciones por fin fueron convocadas en mayo de 2018. Y aunque Maduro dominaba episódicamente la situación había resuelto presentarse con otra sigla: “Somos Venezuela”, evitando la clásica de PSUV, dado el desprestigio al que, por propio mérito había logrado. El resultado electoral anunciado por el Consejo Nacional Electoral daba cuenta de la obtención del 67,8% de los votos a favor de Maduro: 6.190.612 de votos, contra los obtenidos por Henri Falcón que alcanzaba, según cifras oficiales 1.917.036 votos (21%), con bajísima participación: el 46%. La más baja hasta ese momento en la historia reciente de Venezuela, un indicador del desprestigio de ambas fracciones patronales en un contexto de miseria atroz y falta de iniciativa de la oposición patronal. 

El impasse económico y financiero se expresaba en la desaparición de la asistencia social. El régimen chavista había comenzado la dolarización de la economía, a partir de un bolívar absolutamente depreciado. El gobierno presidido por Maduro decidía privatizar y subastar el petróleo de la cuenca del Orinoco. Para poner “claridad” acerca de la gravedad de la situación el Banco Central iba a dejar de financiar al Tesoro. La cotización del bolívar ya era la dada por el mercado negro, la gasolina se cobraba a precios internacionales, aumentaban los servicios públicos, y aunque el salario aumentaba, lo hacía solo en términos nominales. El salario real, en virtud de la hiperinflación tenía un nivel de miseria. Para agravar aún más la situación de los explotados, el IVA iba a incrementarse en agosto del 12% al 16%. Se facilitaba la importación de bienes libres de impuestos. No había control de cambios. El dólar volaba alto y el bolívar era papel pintado.

El impasse se rompía a partir de un atentado terrorista con drones en agosto de 2018 contra la vida de Maduro. Algunos lo atribuían a sectores de la derecha ultra, otros a un autoatentado. 

La entrega del patrimonio venezolano iba a atravesar en 2018 por nuevas medidas: se creaba una nueva divisa, el petro, cuyo valor era de 60 dólares y atado al valor de las criptomonedas para sostener el nuevo tipo de cambio, como garantía de pago de los préstamos internacionales, y con derecho a las reservas petroleras. El salario mínimo iba a ascender nominalmente a 1600 bolívares, equivalentes a 45 dólares, muy por debajo de la canasta básica. El gobierno de Maduro tomaba medidas para paliar el efecto de la desvalorización monetaria como la entrega a los carenciados del “carnet de la patria”, que no iba a satisfacer las necesidades de los mismos. Al mismo tiempo favorecía al gran capital con la supresión del impuesto a la renta, que beneficiaban a empresas como Statoil, Total, Emi, Chevron y Repsol. Se trataba de un ajuste clásico del gran capital. 

Estas medidas, bautizadas como “maduronazo” fueron objeto de protestas encabezadas por la derecha: partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y otros que formaban parte del MUD, frente con el que aparecía la derecha antichavista, con el apoyo de la Confederación Venezolana de Industriales, a la que adhirieron comerciantes y profesionales, pero no el movimiento obrero.

La disputa entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos y la Unión Europea por el otro se vieron reflejadas en Venezuela. El gobierno chavista había acentuado en 2019 su rumbo privatizador. Pero sería inviable hacerlo con el imperialismo yanqui cuya política era el desplazamiento de Maduro, y había decidido el bloqueo comercial del petróleo venezolano. Rusia y China iban entonces a ser los beneficiarios de las privatizaciones petroleras. Rosneft, la petrolera rusa sería una de las beneficiadas mediante la cesión del 49% de la refinadora CITGO de PDVSA en Estados Unidos. En el medio de la disputa estaba el reconocimiento de Juan Guaidó, como presidente designado por la Asamblea Nacional, en un golpe de estado contra el ejecutivo, por parte de Estados Unidos, Macri y Bolsonaro, y proclamado en un acto y movilización en la plaza pública. Esto había ocurrido en enero de 2019 por parte de la Asamblea Nacional, que había pasado a la ofensiva en una suerte de golpe de Estado, en el que señalaba que no podía permitirse una reelección más de Maduro, con el respaldo del imperialismo, del Grupo de Lima (representación de los estados latinoamericanos donde gobernaba la derecha, y con la presión del bloqueo comercial del petróleo venezolano). Las intentonas imperialistas contra Maduro eran respaldadas por Massa, Pichetto y Urtubey de Alternativa Federal.

En ese contexto la intervención de China y Rusia estaba vinculada a compromisos financieros con ambas: en el caso de Rusia por 5.000 millones de dólares y en el de China por 40.000 millones de la misma moneda. Rusia, en particular, había formado un consorcio petrolero en la cuenca del Orinoco del cual posee el 40%. Su cooperación en dicha cuenca con PDVSA había permitido, en 2018, producir 8,63 millones de barriles de petróleo crudo: 7% más que en 2017. Este vínculo entre el gobierno de Maduro y las dos naciones mencionadas le había permitido encontrar un paliativo a su situación extremadamente crítica, ya que los ingresos de PDVSA disminuyeron desde 2011, en que eran de 123.942 millones de dólares a 2016 donde cayeron en picada a 41.977 dólares. Fue un salvavidas para el gobierno de Maduro.

Guaidó sufría el desgaste de ser un presidente sin poder, que no tenía los resortes para tomar decisiones, sufriendo el aislamiento, y la desmoralización de la derecha proimperialista. En ese contexto Maduro adelantaba las elecciones para mayo de 2020. 

No obstante, las políticas de los países imperialistas eran divergentes. Mientras Trump privilegiaba una acción golpista, la Unión Europea, aun con una estrategia similar de desplazamiento de Maduro, había elegido otro camino. En febrero de 2019 se creaba el Grupo Internacional de contacto, para dar salida a la crisis venezolana. Este organismo tenía la finalidad de establecer una negociación entre la oposición derechista y el chavismo, cuyo eje era la realización de elecciones bajo la tutela del imperialismo, para nada neutral. Ya que se llevarían adelante en el contexto de la confiscación de activos venezolanos en el exterior. Esta salida fue resueltamente respaldada por el ex presidente frenteamplista de Uruguay, José Mujica. La respuesta de la gran patronal venezolana consistió en la presentación conjunta con Guaidó, en el anunció de un plan con el respaldo de la Federación Nacional de Ganaderos y Fedecamaras cuyo contenido era la privatización de empresas públicas, la supresión de la asistencia social y alimentaria, la asistencia de organismos financieros internacionales y el ajuste de las tarifas de combustibles. 

La tirantez iba en ascenso. Maduro era respaldado por China y Rusia, beneficiadas por el negocio petrolero, Turquía se unía a ese respaldo, refinando el oro venezolano. 

La crisis humanitaria se pronunciaba. La misma iba a ser tomada como bandera por el imperialismo, que bajo esa excusa pretendía penetrar en territorio venezolano. Por su parte, Guaidó que había salido de Venezuela volvía a agitar un intento golpista, ingresando nuevamente por el aeropuerto de Caracas, donde no se lo detuvo. La crítica situación de Venezuela tenía su correlato en su crisis energética que se expresaba en marzo de 2019 con un enorme apagón, pivoteado por Guaidó y el imperialismo como razón para agitar el golpe de estado.

Mientras la oposición proimperialista lanzaba ofensivas de carácter golpista con el apoyo de Trump para erosionar al gobierno de Maduro y provocar una escisión en el ejército que lo sostenía, las respuestas de Maduro eran de carácter burocrático y represivo. Al bloqueo de Trump, Maduro encontraba salidas a su encerrona con el refinamiento del petróleo por parte de Rosneft, su envío a India y la recepción de misiles antiaéreos rusos por parte de Putin. 

Guaidó, que había sido proclamado presidente a principios de 2019 por parte de la Asamblea Nacional, intentaba demostrar que ejercía el poder y en mayo de 2019 indultaba a Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, bajo arresto domiciliario, con apoyo de militares disidentes (aunque en minoría dentro del ejército), siendo asilado en la embajada chilena y luego en España. 

Los intentos de golpe que fracasaban eran reemplazados por intentos de una salida ordenada basada en un acuerdo del MUD con el gobierno chavista. Pero esos nuevos intentos terminaban en fracasos, como el ocurrido en Oslo a mediados de 2019. Esos intentos volvieron a repetirse en Barbados, en julio del mismo año, sin poder encontrar una salida. Maduro aún contaba con respaldo en las fuerzas armadas bolivarianas.

La situación, en medio del agravamiento de la economía venezolana, volvía a ingresar en un pantano: las industrias trabajaban a un 18% de su capacidad instalada. Se producían apenas 700 millones de barriles diarios de crudo. Aumentaba el desabastecimiento, y el costo de la canasta básica era igual a 83, 8 salarios mínimos. Al mismo tiempo se ejecutaba un ajuste en el gasto público con sus graves consecuencias en la asistencia social y alimentaria. Esa reducción del gasto público implicaba también una crisis en la provisión de gas, circunstancia que llevo a protestas callejeras, cuya única respuesta era la represión.

Maduro, comenzando el 2020, tomó la iniciativa política. Ejecutó un golpe legislativo desplazando a Guaidó de la Asamblea Nacional, imponiendo autoridades bolivarianas. El Grupo de Lima elevó su airada protesta, cosa que no había hecho en ocasión del golpe que en Bolivia había derrocado a Evo Morales, entronizando a Yañez mediante una violenta represión, reconociéndola de inmediato. 

Un ala negociadora del imperialismo, representada por el Vaticano y la Unión Europea, con el respaldo del gobierno mexicano de López Obrador y el Frente Amplio Uruguayo, intentaban un nuevo acercamiento para pactar una transición política. 

En septiembre del 2020, Maduro decidía convocar elecciones para el 6 de diciembre de 2021. La convocatoria estaba precedida por las protestas populares, acicateadas por la inflación que había llegado en el mes de julio al 19,6%, y en siete meses los precios se habían disparado un 491%. El salario mínimo se había derrumbado al valor de 4 dólares con una canasta básica cuyo costo era de 300 dólares, se habían suspendido los convenios colectivos de trabajo. La situación desesperada encontraba su traducción en olas masivas de migración. 

 Bajo esas condiciones las elecciones no serían una salida, habida cuenta de que las “ofertas electorales” carecían de atractivo, por ser ellas expresiones del hundimiento del pueblo venezolano.Sin embargo su convocatoria fue un factor de división al interior del MUD: Guaidó y otros se rehusaban a participar de esta elección planteando su boicot, mientras que Capriles se inclinaba a intervenir en ella. Corina Machado expresaba la posición más radicalizada solicitando directamente la intervención militar yanqui.

En el marco preelectoral era de una economía desahuciada, las elecciones se harían en un cuadro de desmoralización del pueblo venezolano y de una división del MUD, como así también del chavismo.Capriles, finalmente decidía acompañar a Guaidó en su decisión boicotista Los chavistas sufren una pequeña ruptura que se expresa en la presentación de la Alianza Popular Revolucionaria. Las divisiones de ambas fracciones electorales desembocan en una débil participación electoral: apenas un 30% del electorado se presenta a votar. En ese marco el PSUV obtendrá el 70% contra el 18% del Gran Polo Patriótico (Mesa de Diálogo Nacional), sigla con la que interviene la oposición derechista. Tercera es la coalición Venezuela Unida, con el porcentaje restante.

Esta elección y su resultado, no podían provocar ningún entusiasmo. La producción petrolera caía a 400.000 barriles diarios, el salario mínimo equivalía a cuarenta centavos de dólar y la constituyente de Maduro había decidido la privatización y apertura petrolera. Al mismo tiempo crecía el número de presos sindicales por protestar contra la miseria creciente. Desde enero de a junio 2021, iban a producirse 3933 protestas callejeras. 

 Con la derecha dividida, se abría una nueva posibilidad de “diálogo” en un vaivén tan interminable como infructuoso, con impasses que expresaban la parálisis provocada por la ausencia de una salida. Ninguna de las fracciones en pugna podía ofrecer una salida progresiva a los trabajadores del país caribeño. Por eso fracasaba otra vez un nuevo intento que iba a desarrollarse en Ciudad de México, con la mediación de Noruega.

En un cuadro político sin salida se iban a desarrollar las elecciones regionales en noviembre de 2021, en las que se iban a elegir gobernadores y alcaldes, cuyo dato relevante iba a ser la abstención del 60% del electorado. Triunfaría el PSUV obteniendo 20 de los 23 gobernadores y 205 alcaldías contra 117 de la oposición. Aunque había bajado el ritmo inflacionario, los salarios equivalían durante ese mes a 2 dólares mensuales y la inflación alcanzaba el 20% mensual. Al no haber gas, vastos sectores empobrecidos de la población cocinaban con leña. Otro dato: mientras en 2010 se extraían 3 millones de barriles diarios de petróleo, en noviembre de 2021 se había reducido a medio millón.

En 2022 en una situación oscilante dentro de los marcos del hundimiento y la miseria, el salario mínimo equivalía a 28 dólares, superior a los 40 centavos de dólar de meses atrás, pero que no alcanzaba a cubrir el costo de la canasta básica, porque la misma ascendía a 380 dólares. Era inevitable en consecuencia que la clase obrera y los jubilados manifestaran en las calles.

En noviembre de 2022, va a tener lugar un giro en la situación venezolana que tenía como causa la guerra entre la OTAN/Ucrania y Rusia, que coloca en cuestión la continuidad del bloqueo al comercio petrolero entre Estados Unidos y Venezuela. Esto va producir un cambio de rumbo coyuntural, que lleva a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Rusia, China y Países Bajos a ofrecer la reconstrucción del sistema eléctrico. También obras de infraestructura con un crédito de 3000 millones de dólares pagadero con la asociación de PDVSA con ENI y REPSOL en el marco de la reprivatización petrolera (desde luego con la autorización yanqui a Chávez de comercializar el petróleo). Solo Corina Machado, el halcón de la derecha venezolana iba a oponerse a esta salida, mientras que los “nacionales y populares” argentinos aprobaban el acuerdo y Diaz Canel (presidente cubano) ponía en caja a los comunistas venezolanos que se oponían y habían roto con Maduro.

A fines de 2023, tienen lugar protestas a favor de un salario que cubra la canasta familiar en medio de una tendencia inflacionaria imparable: 200% anual en 2022 en el marco de la dolarización de la economía con los salarios depreciados en bolívares. 

Los episodios más recientes de la situación política venezolana dan cuenta de una crisis irresuelta. Las elecciones que habían enfrentado a Maduro con su oponente Edmundo González Urrutia del MUD, exponente de la derecha proimperialista fueron el resultado de un acuerdo entre el chavismo y el imperialismo norteamericano, que tenían su origen en los “acuerdos de Barbados”, que planteaban como una de las condiciones para sostener el comercio de petróleo con Venezuela esa convocatoria sin la proscripción de Corina Machado, un halcón de la derecha venezolana que, repetimos, era y continúa siendo partidaria de la intervención armada de Estados Unidos. El resultado anunciado por Maduro a través del Consejo Nacional Electoral, claramente chavista, ha sido cuestionado por Corina Machado y sus seguidores. Se ha profundizado la crisis, expresándose en movilizaciones por parte del MUD, cuya finalidad es presionar para volcar al ejército a favor del desplazamiento “negociado” de Maduro. Cuenta con el respaldo del imperialismo norteamericano, de la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos, incluido el centroizquierdista Boric de Chile, y desde luego Milei de Argentina, Boluarte de Perú, los derechistas gobiernos de Uruguay y Paraguay. No olvidar a Cristina Kirchner, Massa y Cia. que con Lula, Petro y López Obrador de Brasil, Colombia y México respectivamente, buscan una salida negociada. En este marco, en el que predomina una impasse, se suceden cada vez más espaciadas las movilizaciones de la oposición, con respuestas de movilizaciones del aparato chavista. Lo determinante es por un lado que el ejército bolivariano no se ha quebrado a favor de una salida antiMaduro y más de contemporización con la derecha. El gobierno yanqui, incluso con el visto de Kamala Harris, actúa negociando con el madurismo, la entrega petrolera. Maduro ha tenido un giro proimperialista consistente en una política de privatizaciones y mantenimiento de las condiciones de vida y salario de la clase obrera deprimidos. Su recurso ha sido la regimentación sindical antidemocrática y, llegado el caso, la represión a las movilizaciones y huelgas. 

En este contexto, es necesario desenvolver una política independiente de ambas fracciones mayoritarias en pugna, que expresan los intereses de la clase capitalista. Las movilizaciones de la oposición liderada por Corina Machado tienen la finalidad de instaurar un régimen directamente títere del imperialismo, que suprima tanto en su forma como en su contenido de raíz toda conquista mínima de las masas (asistencia social, alimentaria sanitaria, educativa), lo que de hecho el propio Maduro ya viene ejecutando. Frente a la encerrona en que se hallan los explotados venezolanos, y su confusión política, sería un grave error apoyar a la derecha proimperialista, así como respaldar al ajustador antiobrero de Maduro: constituyen variantes capitalistas antiobreras. Un sector de la izquierda venezolana ha escogido reclamar a Corina Machado mayor masividad de las movilizaciones, arrastrando a los oprimidos venezolanos a apoyar una salida abiertamente proimperialista.

Es necesario abrir un curso obrero independiente, reorganizar las filas de los trabajadores, trabajando por organizar un congreso obrero, que discuta un programa de salida que incluya la ruptura de los nuevos acuerdos con el imperialismo, el cese del pago de la deuda externa y los acuerdos lesivos con los organismos financieros internacionales, la nacionalización sin pago del petróleo, la banca y el comercio exterior, impuestos al gran capital, un salario igual al costo de la canasta familiar, el cese de la represión a las luchas obreras, un plan de desarrollo industrial bajo control obrero que permita salir del hundimiento a la nación venezolana y abrir puestos de trabajo. Es necesario madurar esta perspectiva y abrir un curso con la mira puesta en una salida estratégica, para los explotados de Venezuela, un gobierno de los trabajadores, en el marco de la lucha por la unidad socialista de América Latina.

Conclusiones

El chavismo fue un movimiento popular, de carácter nacionalista burgués, apoyado en el ejército, que sostuvo la propiedad privada sobre los medios de producción de Venezuela. Trato de desarrollar una burguesía nacional, e incluso parcialmente lo logro: la llamada boliburguesía, una burguesía afín que lucró parasitariamente con la renta petrolera, fugando capitales. Fue incapaz de desarrollar al país, ni en el campo, ni en la industria. Fue un intento de constituir una burguesía nacional, negociando con el imperialismo y esforzándose por mantener regimentadas a las masas trabajadoras y, llegado el caso, descargando sobre ellas una feroz superexplotación, que la llevó a niveles de miseria.

Igual que Perón antes y el kirchnerismo después en Argentina, la burguesía nacional puede intentar competir con el imperialismo para obtener un mayor grado de autonomía nacional que le permita su desarrollo como clase dominante. Pero, no lo puede hacer de ninguna forma consecuente. Busca hacerlo siempre en asociación con el capital financiero internacional, como socio menor. La burguesía nacional teme mucho más a la movilización revolucionaria de la clase obrera, los campesinos y los explotados. Todo el tiempo pacta con el imperialismo, incluso para descargar sangrientos golpes contrarrevolucionarios contra sus pueblos. Fue el kirchnerismo el que levantó la moratoria de la deuda externa y le pagó al FMI y a los bancos miles de millones de dólares, descapitalizando la economía nacional. Fueron los K. los que respetaron las privatizaciones de Menem, manteniéndolas con subsidios estatales. Hoy, el nacionalismo burgués de Argentina es cómplice de la salvaje ofensiva de Milei contra el pueblo trabajador. Lo mismo sucedió, con diferentes características, en la Venezuela chavo/madurista: de las nacionalizaciones chavistas y las “misiones” de asistencia social, se pasó a garantizar el pago de la deuda externa y la entrega, sobre la base del hambre del pueblo y su regimentación y represión.

Ya fue señalado históricamente, que las burguesías se suelen disfrazar de “socialistas” para reforzar su ascendiente sobre las masas, subordinándolas políticamente. Chavez, fue muy lejos, se presentó como el “socialismo del siglo XXI”. E incluso desenvolvió la parodia de pretender fundar la 5ta. Internacional. Pero: ¿qué tenía el chavismo de socialista? Nada. En primer lugar no era la clase obrera quien dirigió, en ninguna de sus etapas, el gobierno. Antes bien, su vanguardia fue perseguida por el gobierno chavista. Su política de mejoras de carácter social, sanitario y educativo, a partir de la utilización parcial de la renta petrolera, permitió que el chavismo ganara la adhesión durante una etapa del sector más sumergido de los trabajadores venezolanos. Lo que le permitió al gobierno chavista arbitrar, apoyado en las armas del ejercito bolivariano y el respaldo de esta masiva franja de los explotados. Asistimos, durante esa etapa, a la existencia de un gobierno bonapartista. Que devino en un bonapartismo por decreto a favor de una camarilla de la boliburguesia y del mando militar, en el que el apoyo de las masas, hundidas en la miseria, la desocupación, la hiperinflación y el desabastecimiento, iba a mermar en forma decisiva. 

No puede denominarse socialista a un régimen que no destruyó el estado burgués, sino que reforzó al ejército profesional, al que sumó milicias paraestatales para ser utilizadas como fuerzas de choques suplementaria de las fuerzas armadas; que sostuvo las instituciones judiciales y legislativas de la clase capitalista. Tampoco, cumplió con una de las condiciones elementales para el socialismo: expropiar al capital, sin indemnización. El estado bolivariano se descapitalizan y ¿no pudo? avanzar en una industrialización del país. Pero si se esmero para aprovechar esta operación para disminuir los salarios y aplastar las demandas obreras. 

No solo pago (y a buen precio las nacionalizaciones, que en muchos casos fueron rescates de burguesías en crisis), sino que se esmero en pagar también a los usureros capitalistas, a los bancos y tenedores de la deuda externa. Jamás el chavismo impulsó el control obrero en las empresas nacionalizadas (en gran parte empresas mixtas, de fusión del capital estatal con el privado): se cuidó de impedir, de quitarle, toda iniciativa a la clase obrera.

Pero lo fundamental es que hizo un esfuerzo enorme para privarlas de sus organizaciones sindicales a las que persiguió, para someter a la clase obrera a la subordinación al estado, intentando privarlas de su independencia organizativa y política. Estranguló la organización independiente y la lucha obrera: esencial para conquistar un gobierno de los trabajadores. 

La cacareada y episódica pretensión respecto a la fundación de la 5ta. Internacional fue una parodia política, en la medida en que el chavismo es y fue una traba a la lucha por un gobierno de trabajadores. Actuó como todo gobierno nacionalista burgués o de Frente Popular, cuya política es regimentar y subordinar políticamente a las masas trabajadoras, quitándoles iniciativa a los trabajadores y pavimentando así la derrota de la clase obrera. Los aliados del régimen chavista, todos gobiernos de la burguesía latinoamericana, mal podrían pretender la lucha por una internacional obrera revolucionaria. Vergüenza para los oportunistas de la Corriente Marxista Internacional (El Militante, de Alan Woods), que hoy ya ha cambiado de nombre por el de Internacional Comunista Revolucionaria, que instalándose como consejero de Chavez, bregaron para que la izquierda mundial se sumara al pseudo internacionalismo del nacionalismo burgués chavista. 

Luchamos por refundar una Internacional Revolucionaria de los trabajadores, que para nosotros, es la IV Internacional. En esa perspectiva impulsamos la lucha por la independencia política del proletariado y las masas empobrecidas venezolanas: es necesaria la construcción de un partido revolucionario obrero y socialista para luchar por un gobierno obrero en Venezuela.