Cuando una periodista le preguntó a Donald Trump “¿Cómo ve la relación (de Estados Unidos) con América Latina y Brasil?”, éste le respondió “Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan. Todos nos necesitan”. Aunque la afirmación es ridícula –pues es el imperialismo quien necesita saquear los recursos y oprimir a los pueblos de los países latinoamericanos– con ella, Trump dejó en claro que pretende recrudecer al extremo su política imperial. Ya antes de asumir, Trump había declarado que Estados Unidos debía volver a tener el control del Canal de Panamá y que rebautizaría al Golfo de México como “Golfo de América”. En sus primeras 24 horas como nuevo presidente de Estados Unidos, declaró la emergencia nacional en la frontera con México, con la intención de minimizar el ingreso de inmigrantes ilegales, algo que fue un eje clave de su campaña electoral y a quienes les adjudica los problemas económicos y de inseguridad del país. Decidió, a su vez, volver a incluir a Cuba en la lista de patrocinadores de organizaciones terroristas, algo que había modificado Joe Biden antes de dejar el poder. Anunció también que la intención de su administración sería dejar de comprar petróleo a Venezuela y, de esa manera, debilitar al régimen de Nicolás Maduro. En apenas un par de semanas, el gobierno norteamericano desató distintos choques y crisis políticas con numerosos estados cuando deportó a miles de mexicanos, fletó en condiciones inhumanas a cientos de migrantes a Colombia, Guatemala y Brasil, inició el envío de migrantes deportados a la base estadounidense de Guantánamo y anunció una nueva política arancelaria contra México, Canadá y China. 

Es evidente que con la asunción de Trump a la presidencia de los Estados Unidos se ha conflictuado y tensionado enormemente el vínculo de los países latinoamericanos con el imperialismo yanqui. Se ha abierto una nueva etapa en la relación entre el subcontinente americano y el mandamás del norte. Es que, como se sabe, la política internacional de Trump apunta a reafirmar a los Estados Unidos como la potencia hegemónica mundial, intentando contrarrestar la declinación histórica del imperialismo norteamericano. Pero eso no sólo reclama un recrudecimiento de su ofensiva política, comercial y militar contra China y la Unión Europea y una reconfiguración de Medio Oriente. También plantea un ordenamiento y disciplinamiento de lo que el imperialismo considera su propio “patio trasero”, es decir, América Latina. 

Para esta ofensiva, el imperialismo yanqui cuenta con aliados directos al frente de los propios países latinoamericanos, como lo son los presidentes Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, David Noboa de Ecuador o Santiago Peña de Paraguay, que estuvieron presentes en la ceremonia de asunción de Trump a la presidencia. Pero los presidentes latinoamericanos de tinte nacionalista burgués o centroizquierdista, como la mexicana Claudia Sheinbaum, el colombiano Gustavo Petro o el guatemalteco Bernardo Arévalo, ya han mostrado en los primeros choques y escaramuzas con Trump una fuerte tendencia a la capitulación y subordinación política. El cuadro planteado abre un vasto campo de intervención para la izquierda revolucionaria que lucha por la estructuración independiente de la clase obrera. Definir y delimitar cuál debe ser la estrategia de la izquierda en América Latina aparece como un problema fundamental.

EE.UU y “el problema chino” en América Latina

La ofensiva del Estado norteamericano contra los países latinoamericanos tiene, entre sus motivaciones fundamentales, la pretensión de hacer retroceder la injerencia de China en el subcontinente. Es que en tan solo 20 años, de 2002 a 2022, el comercio bilateral entre China y América Latina ha pasado de 18 mil millones de dólares a 450 mil millones. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que el principal socio comercial de América Latina sigue siendo Estados Unidos y que la potencia del norte mantiene tratados de libre comercio con 11 países latinoamericanos.  Sin embargo, China es ahora el principal socio comercial de los países del Cono Sur: Brasil, Argentina, Chile y Perú (ver The Economist 4/7/24), y desde hace más de quince años mantiene tratados de libre comercio con Chile, Perú y Costa Rica. Durante 2024 tomó empuje la negociación de Uruguay para alcanzar un acuerdo de características similares con el gigante asiático. 

Importa subrayar que, en Latinoamérica, siguen predominando los capitales yanquis y europeos. Es lo que demuestra la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe sobre La Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y el Caribe 2024.Informe de la CEPAL sobre La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2024. Ver https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ab168ebe-f0f3-43a5-b927-6dd8f4314a4b/content  El informe confirma “el predominio de los viejos actores de la IED regional, tanto en cuanto a su origen (con el liderazgo de los Estados Unidos y Europa) como en cuanto a los receptores (México, Brasil y Chile). El papel de la IED de China se mantiene reducido, lo que contrasta con la gran importancia de ese país en los flujos de comercio. Mientras tanto, cuando se mira el panorama de la IED desde los anuncios de proyectos, se observa un peso creciente de los proyectos de origen chino”.

Esos “proyectos de origen chino” son, justamente, lo que le preocupa a EE.UU. Estos proyectos se enmarcan en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, que consiste en una ola de fondos chinos para grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo, que faciliten el comercio chino y la influencia económica y política del Estado chino en el concierto internacional. Fue nada menos que Panamá el primer país latinoamericano en firmar con China, en 2017, el memorándum de entendimiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Luego de la adhesión panameña, numerosos países latinoamericanos se adhirieron a la Iniciativa de la Franja y la Ruta: Venezuela, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Cuba, El Salvador, República Dominicana, Perú y, finalmente, Argentina. Aunque Brasil no se adhirió, mantiene sin embargo un vínculo muy estrecho con China, ya que integra los BRICS y encuentra en el gigante asiático a su principal socio comercial.

Las provocaciones de Trump, declarando pretender recuperar para Estados Unidos el control del estratégico Canal de Panamá, que une el océano Atlántico con el Pacífico sin la necesidad de dar toda la vuelta por el sur del continente, buscaron justamente poner un coto a la utilización del canal por parte de las empresas chinas y a reforzar el carácter semicolonial del país centroamericano. Como ya veremos con más detenimiento, la capitulación del gobierno panameño ante la presión yanqui fue total, anunciando el abandono de Panamá de la Ruta de la Seda y cediendo a los requisitos coloniales del imperialismo.

Entre las grandes obras impulsadas por China en América Latina, enmarcadas en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, destaca el megapuerto de Chancay, Perú, ubicado a 80 kilómetros de Lima. El megapuerto, construido por Cosco Shipping Company, una empresa estatal china dedicada al transporte marítimo, servirá como puente comercial entre Asia y América Latina. En la inauguración, realizada en noviembre de 2024, estuvo presente el presidente chino Xi Jinping, quien presidió el acto junto a la presidenta golpista de Perú, Dina Boluarte. Xi Jinping enfatizó el potencial del megapuerto para conectar el “gran camino inca con la Ruta de la Seda del siglo XXI”. Además, empresas estatales chinas han adquirido el monopolio del suministro eléctrico en Lima. Entre las obras impulsadas con capitales chinos se destacan también la reconstrucción del aeropuerto internacional “Eloy Alfaro”, en la ciudad de Manta, Ecuador; y la red de transmisión de electricidad de ultra-alta tensión desde la central hidroeléctrica de Belo Monte, Brasil. Empresas chinas están construyendo la primera línea del metro de Bogotá y el Regiotram de Occidente, un sistema ferroviario que conectará la sabana de Bogotá; y en Argentina realizaron la rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas (ver Portal de la Franja y la Ruta 15/12/24).

Es el Estado norteamericano quien más se vale de las deudas soberanas para expoliar y someter a los países latinoamericanos. Tanto por el peso decisivo de Estados Unidos en el FMI como, más en general, por el rol predominante del dólar en el comercio y el sistema crediticio internacional. De todas formas, hay que apuntar que varios países latinoamericanos, como Venezuela, Ecuador y Cuba, han contraído deudas significativas con China. Argentina, por su parte, mantiene con la potencia asiática el acuerdo swap, que le permite engrosar las arcas del Banco Central argentino y a China mantener cierto control de esas reservas. En materia militar también es clara la preponderancia del imperialismo yanqui, que a diferencia de China cuenta con bases militares en numerosos puntos del subcontinente. Sin embargo, China ha instalado una Base Aeroespacial en la Patagonia argentina, que se encuentra bajo el control del Ejército chino. Durante 2019, bajo la primera presidencia de Donald Trump, el imperialismo yanqui llevó adelante una fuerte presión para forzar al presidente Mauricio Macri a clausurar la Base, y la generala del Comando Sur, Laura Richardson, ha vuelto a insistir en el tema en 2024. 

Como se puede observar, América Latina, sin haber dejado de ser el “patio trasero” de los yanquis, se ha transformado en el escenario de una fuerte disputa comercial y económica, y en consecuencia geopolítica, entre Estados Unidos y China. 

La gira de Marco Rubio

No es una casualidad que Trump haya designado como su secretario de Estado a Marco Rubio, un cubanoamericano conocido por su condición de “halcón” contra China, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tampoco es casual que, por primera vez en más de un siglo, el primer viaje al exterior de un secretario de Estado yanqui tenga como destino América Latina. Ambos señalamientos confirman la gravitación que tiene y tendrá la cuestión latinoamericana bajo el mandato de Trump. La gira de Marco Rubio por Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana durante la primera semana de febrero estuvo destinada a poner un freno a la influencia de China en la región, a consolidar la política antiinmigrante de EE.UU. y a reforzar la “lucha contra el narcotráfico”. El imperialismo yanqui, en gran medida responsable de la crisis social que impacta sobre las masas latinoamericanas, cínicamente rechaza que los sectores populares más golpeados por la crisis migren a Estados Unidos en busca de un futuro. Peor aún: los criminaliza. Al mismo tiempo, bajo el relato de la “guerra contra el narcotráfico”, Estados Unidos sienta las bases para una mayor militarización de los estados latinoamericanos y abre las puertas a una eventual intervención norteamericana en esos países. La gira de Marco Rubio fue, en definitiva, lo más parecido a la gira del mandatario de un imperio por sus propias colonias.

El primer destino, Panamá, guardaba naturalmente una importancia crucial. El delegado de Trump, como ya señalamos, le impuso al presidente panameño, José Raúl Mulino, la retirada del país centroamericano de la Ruta de la Seda. Incluso, Mulino también se mostró dispuesto a revisar la concesión de los dos puertos que desde hace décadas opera a ambos lados del Canal una empresa con sede en Hong Kong, CJ Hutchison Holdings. No solo eso, Mulino le cedió al gobierno de EE.UU. bases militares, puertos y aeropuertos en los territorios de Metetí y en el Darién (la selva por donde transitan los migrantes) tal cual lo denunció la Confederación de Unidad Nacional Sindical Independiente (Conusi), que en conferencia de prensa exigió la renuncia del presidente panameño por “traición a la patria” (ver Telesurtv.net 9/2/25). A su vez, Mulino accedió a priorizar los buques estadounidenses que transitan por la vía interoceánica. Envalentonado, el Departamento de Estado de EE.UU. directamente anunció que Panamá había aceptado no cobrarles a los barcos estadounidenses por cruzar el Canal. Pero la obscenidad del sometimiento al que quedó expuesto obligó al presidente panameño a desmentir el anuncio del Departamento de Estado. Desde Panamá, Rubio pudo presenciar el despegue de un avión con deportados, financiado por EE.UU., que devolvía a su país de origen a 43 colombianos. 

En El Salvador, Rubio encontró otro aliado incondicional. El presidente Nayib Bukele accedió a todas las exigencias de Rubio. No solo aceptó recibir deportados de otras nacionalidades, sino que también le propuso a Rubio recibir presos estadounidenses en la megaprisión salvadoreña, que construyó hace dos años atrás, a cambio de una tarifa relativamente baja. Los favores de Bukele a Estados Unidos lo salvarán de cualquier tipo de crítica de parte del imperialismo “democrático” por las políticas de seguridad que lleva adelante el presidente salvadoreño, que han convertido a El Salvador en una de las naciones con las tasas de encarcelamiento más altas del mundo y donde existe un “estado de excepción” desde hace más de dos años. 

En Costa Rica, Rubio halagó fuertemente al presidente Rodrigo Chavez, por ser Costa Rica un país “más receptor que emisor de migrantes”. En 2023 Chavez le cerró las puertas al gigante tecnológico chino Huawei, que pretendía quedarse con la red 5G del país. Por eso, Rubio le ofreció respaldo para enfrentar el "chantaje" y la "amenaza" de las empresas chinas en el país. El presidente de Guatemala, el “progresista” Bernardo Arévalo, acordó con Rubio aumentar un 40% los vuelos de deportación y recibir a extranjeros en el país centroamericano. En República Dominicana, Rubio apoyó la política migratoria de Luis Abinader, que desde 2020 se encuentra expulsando a los haitianos y desde octubre pasado está impulsando la “repatriación a gran escala" de 10.000 haitianos por semana.

La política antiinmigrante y la crisis de los aranceles

Es claro que la ofensiva antiinmigrante de Donald Trump tiene a los latinos como sus principales víctimas. El desprecio racial del “monstruo naranja” contra los migrantes, a quienes falazmente les adjudica la crisis económica yanqui, busca meter una cuña al interior de la clase obrera norteamericana estigmatizando especialmente a su ala latina, que representa el 6% de la fuerza laboral de los Estados Unidos. El racismo, a lo largo de la historia, se ha verificado como un instrumento bastante eficaz de la clase capitalista para forzar la división de la clase obrera. La atomización de los trabajadores es lo que necesita, justamente, un gobierno que tiene como su eje estratégico recrudecer la ofensiva imperialista y guerrerista del Estado norteamericano. 

Para imponer las deportaciones y colocar a los gobiernos latinoamericanos al servicio de la política norteamericana, Trump utilizó el “garrote” de los aranceles. El primer choque fue con Gustavo Petro, cuando el presidente colombiano rechazó el aterrizaje de dos naves yanquis que trasladaban deportados colombianos. Trump amenazó con imponer un arancel del 25% a la producción colombiana, a elevarse al 50% a partir de la segunda semana. Sucede que el 30% de las exportaciones colombianas tienen como destino la potencia del norte. Además, Trump amenazó con un mayor ataque y persecución sobre los migrantes colombianos en Estados Unidos y la suspensión de la entrega de visas. Aunque Petro inicialmente amenazó con replicar los aranceles, rápidamente aceptó las exigencias de la Casa Blanca. 

Algo similar sucedió con la presidenta de México Claudia Sheinbaum, cuando Trump anunció la imposición de aranceles del 25% para México y Canadá, poniendo en jaque el tratado de libre comercio entre los tres países (T-MEC), y de un incremento del 10% para China. Es importante tener en cuenta que las exportaciones a Estados Unidos representan aproximadamente el 20% del PBI canadiense y el 30% del PBI mexicano. De hecho, el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino los Estados Unidos. En cambio, las exportaciones estadounidenses a Canadá y México juntas representan apenas el 3% del PBI estadounidense. Pero aunque Estados Unidos tiene una posición más fuerte que ambos países, los aranceles habrían causado un daño grave a la industria manufacturera estadounidense, especialmente a los fabricantes de automóviles que, alentados por décadas de acuerdos de libre comercio, han llegado a depender de fábricas en Canadá y México: “un arancel del 25% podría haber acabado con las ganancias de Stellantis, General Motors y Ford, los ´tres grandes´ fabricantes de automóviles de Detroit, según el banco Barclays” (ver The Economist 6/2/25). Sea como fuese, la presidenta mexicana, que al igual que Petro había arrancado el litigio con una pose combativa, retrocedió frente a la presión del imperialismo. Sheinbaum negoció con Trump la suspensión por un mes de la imposición de los aranceles a cambio de colaborar con el despliegue de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional de México en la frontera con Estados Unidos. De esta manera, el Estado mexicano refuerza su condición de “Estado tapón” frente a las oleadas migratorias desde los países latinoamericanos hacia los Estados Unidos. 

Cono sur

Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de aluminio y acero de todo el mundo, “sin excepciones ni exenciones”, a partir del 12 de marzo. La medida, de implementarse efectivamente, representaría una ruptura de facto del T-MEC. Hay que tener en cuenta que el principal proveedor de Estados Unidos de acero y aluminio es Canadá, y que el 80% de las exportaciones de acero y aluminio de México son destinadas a su vecino del norte. Pero el segundo proveedor de acero a Estados Unidos, por debajo de Canadá y por encima de México, es Brasil. En 2024, Brasil vendió acero a Estados Unidos por un valor de 5.700 millones de dólares, lo que representa casi la mitad de las exportaciones totales de este material. Además, Brasil podría verse fuertemente perjudicado si Trump avanza, junto a los aranceles al acero y al aluminio, en la imposición de tarifas al hierro y al mineral de hierro. 

Es necesario tener presente el cuadro crítico de la economía brasileña. En 2024 las dudas de los inversores sobre la capacidad del gobierno de Lula de reducir los ya altos niveles de déficit fiscal y de deuda pública fueron la razón por la cual se operó una gran devaluación del real y el motivo por el cual Lula avanzó en un fuerte ajuste. Ahora, la competitividad lograda por la producción brasileña de la mano de la depreciación del real podría ser borrada de un plumazo por la puja comercial. La experiencia bajo la primera presidencia de Trump da una pista de lo que podría llegar a suceder. En 2018, los aranceles que Trump impuso al acero y el aluminio contaron con exenciones por cupo a varios países, entre ellos Canadá, México, Brasil y Argentina. En efecto, aquellos aranceles afectaron principalmente a China, que comenzó a buscar otros mercados para vender sus productos a precios más bajos. En gran medida, las exportaciones chinas se redireccionaron, con precios muy agresivos, hacia América Latina. Hay que tener en cuenta que, en 2023, la producción de acero chino alcanzó el 53% de la producción mundial. De repetirse lo sucedido en 2018, Brasil podría verse empujado a implementar una política antidumping contra el acero chino. Por ese camino, la alianza económica y política BRICS, que Brasil integra junto a China, Rusia, la India y Sudáfrica, ingresaría en un proceso de crisis.

Argentina, por su parte, se ubicó en 2024 como el séptimo mayor proveedor de aluminio a Estados Unidos. Los aranceles de Trump impactan sobre las empresas Ternium, Acindar y Aluar. Esta última destina el 40% de lo que produce al mercado norteamericano. La amistad del presidente Milei con Trump no ha servido para lograr, por el momento, una excepción para las exportaciones argentinas. Pero con independencia de eso, toda la política económica de Trump puede ser contraproducente para el esquema económico de Milei. Porque aunque Trump ya ha chocado con el presidente de la Reserva Federal norteamericana (FED), Jerome Powell, exigiéndole una mayor reducción de tasas, la política arancelaria puede conducir a un recalentamiento del proceso inflacionario yanqui y, en respuesta a eso, un alza de la tasa de interés y un fortalecimiento del dólar. Hay que tener presente que, de septiembre a diciembre de 2024, la moneda estadounidense ganó un 8% frente a una canasta de monedas similares. Con una tasa de devaluación del peso extremadamente baja –en comparación con la tasa de inflación– el peso argentino ha quedado sobrevaluado. Así, la producción argentina ha perdido competitividad en el mercado internacional y se recrudecen las críticas de la burguesía por el “atraso cambiario”. Una mayor revaluación del dólar pondría fin a la bicicleta financiera –el carry trade– sobre el que se sostiene la “estabilidad macroeconómica” del libertario Milei, desatando una corrida cambiaria, una fuerte devaluación y re-acelerando el proceso inflacionario. A su vez, el Estado argentino sigue sin ser capaz de acumular reservas y enfrenta el desafío de pagar enormes vencimientos de deuda durante 2025.  

La apuesta del gobierno de Trump por un fuerte incremento de la producción hidrocarburífera, con el objetivo de bajar los precios de los combustibles, puede redundar en una caída de los ingresos por las exportaciones petroleras de Argentina, golepando aún más las dificultades del país para la acumulación de reservas. Tampoco hay que menospreciar –dada la presencia de Elon Musk, uno de los principales productores de autos eléctricos del mundo, en el gobierno trumpista– un fuerte interés del imperialismo por el control del litio. Hay que recordar que el golpe contra Bolivia a fines de 2019 fue perpetrado por Trump, Bolsonaro y Macri, en común acuerdo con la derecha boliviana y la burguesía cruceña, con la mira puesta en el “triángulo del litio”, ubicado en Bolivia, Argentina y Chile.

Aunque en sus declaraciones iniciales el cobre también iba a ser parte de los metales que pagarían aranceles, por el momento no ha sido incluido. Sin embargo, no se debe descartar que Trump, finalmente, imponga aranceles al cobre. Eso afectaría especialmente a Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo y sus exportaciones de metal rojo tienen como segundo destino Estados Unidos. Por su parte, Uruguay está atento a lo que ocurra con los aranceles a la carne vacuna, ya que Estados Unidos es su principal mercado, representando el 41 % de las exportaciones de carne uruguaya.

“Enemigos de la humanidad”

Así fueron calificados por Marco Rubio, en su gira por los países centroamericanos, los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, como “enemigos de la humanidad”. No solo eso, sino que también los apuntó como los responsables de la crisis migratoria. 

En la ceremonia de asunción de Trump estuvo también presente Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición derechista venezolana que se arrogó el triunfo en las elecciones presidenciales de julio de 2024. La presencia de González Urrutia fue, naturalmente, un gesto de apoyo a la oposición venezolana. Hay que tener en cuenta que fue bajo la primera presidencia de Trump que Juan Guaidó se “autoproclamó” presidente de Venezuela. Fue una clara maniobra golpista que recibió el apoyo inmediato de Estados Unidos. Sorpresivamente, durante la primera semana de febrero, un enviado de Trump, Richard Grenell, negoció con Maduro la liberación de seis ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela y la aceptación de Maduro de los deportados venezolanos. El trasfondo de esta negociación cordial parecía ser un interés compartido de Estados Unidos y de Venezuela de que Chevron continúe operando en la Cuenca del Orinoco. Sin embargo, Trump decidió, a finales de febrero, revocar la licencia de Chevron para explotar el petróleo venezolano y ha reforzado una línea de bloqueo contra Venezuela y de asociación con la oposición venezolana. De hecho, Donald Trump Jr. mantuvo una entrevista Corina Machado donde celebraron la nueva decisión del gobierno norteamericano.  

El día de su asunción, Trump también devolvió a Cuba a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y reactivó el Título III de la Ley Helms-Burton, que establece sanciones para aquellas empresas que hagan negocios con bienes expropiados a ciudadanos estadounidenses por la Revolución Cubana. Recordemos que, bajo su primer mandato, Trump adoptó más de 240 medidas contra Cuba, que en su inmensa mayoría el gobierno de Biden no revirtió. La última ofensiva de Trump contra Cuba fue la inclusión de la empresa encargada del procesamiento de remesas Orbit S.A, que según Marco Rubio “responde a las fuerzas militares cubanas”, en una lista de empresas de Cuba restringidas. Esto condujo a la salida de Western Union de la Isla, la principal empresa de envío de remesas a Cuba, lo que representa un nuevo golpe a la economía cubana –ya fuertemente asfixiada por la carencia de divisas.  

Contra Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos evalúa la posibilidad de apartarlo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), un acuerdo que tiene más de dos décadas. Para Nicaragua podría significar un golpe demoledor, ya que el 38% de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino Estados Unidos. 

Antiimperialismo e independencia política 

Como se ve, la política xenófoba y la guerra comercial que impulsa Trump, impacta en el conjunto de los pueblos latinoamericanos. La política arancelaria del imperialismo trastoca las economías de los países latinoamericanos, dando lugar a crisis y cierres de empresas, despidos masivos y ataques a las condiciones laborales. Por la vía del garrote, Trump busca reforzar el sometimiento de los países latinoamericanos ante el imperialismo. Es por esto, justamente, que la lucha antiimperialista pasa a ocupar un lugar central en la agenda política latinoamericana. 

Esto vale, naturalmente, para países como Argentina, Paraguay, El Salvador o Ecuador, que cuentan con gobiernos identificados con la figura de Trump y que reivindican abiertamente el sometimiento de sus países a los intereses del imperialismo. No solo eso, sino que reproducen la agenda de Trump en sus propios países, atacando a los migrantes, a las diversidades sexuales y de género y reforzando una política profundamente represiva. De conjunto, impulsan un plan de guerra contra la clase obrera y los explotados.  

Pero la lucha antiimperialista reclama no solo luchar contra los gobiernos derechistas y abiertamente pro imperialistas del subcontinente, sino también a los de tinte “nacionalista” o centroizquierdista de la llamada “ola rosa”. Es que todos ellos ya han mostrado, tanto en las primeras escaramuzas con el gobierno de Trump, como en la gestión política de sus países, mantener una política tributaria al imperialismo y de defensa del orden social capitalista. Es lo que evidenció, tal cual lo señalamos más arriba, la actitud de Petro y Sheinbaum ante la crisis de las deportaciones o Arévalo en la gira de Marco Rubio. Pero es también la política del Frente Amplio de Brasil. Pues Lula, que retornó al gobierno en un pacto con la centroderecha, se ha lanzado a un fuerte ajuste fiscal para dar una señal de confianza a los “mercados” y mantiene en pie la reforma laboral de Temer y la reforma previsional de Bolsonaro. Incluso, el Frente Amplio de Lula ha llegado a realizar alianzas con el partido de Bolsonaro en distintos municipios en las elecciones de 2024. Con esta política, Lula y el Frente Amplio preparan el retorno del bolsonarismo al poder, reproduciendo lo que hizo la gestión peronista en la Argentina con su política fondomonetarista y ajustadora de 2019 a 2023, logrando el ascenso de Milei a la presidencia. Lo mismo vale para el gobierno de Boric, que se encuentra denunciando a las comunidades mapuches por los incendios en la Patagonia y viene de hacer aprobar una reforma previsional que fortalece a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) –las instituciones financieras privadas que otorgan pensiones de miseria a los jubilados. Hay que recordar que “No+AFP” fue una de las grandes reivindicaciones de la rebelión popular chilena de 2019.  

Lo que vale para los gobiernos de la “ola rosa” vale también para los gobiernos nacionalistas en franca descomposición. Nos referimos a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Sin dejar de denunciar y luchar contra los bloqueos económicos y las sucesivas tentativas golpistas que el imperialismo ha puesto en marcha contra los gobiernos de Maduro y el régimen cubano, es imprescindible señalar que estos gobiernos llevan adelante una política represiva y reaccionaria, de restricción de las libertades democráticas y persecución a las expresiones independientes de los trabajadores y la izquierda. Bajo el gobierno de Maduro se enriquecen sectores del empresariado y la cúpula militar mientras las grandes masas trabajadoras atraviesan una situación paupérrima. El aislamiento de la revolución cubana y la política restauracionista de la burocracia castrista han conducido a Cuba a una encrucijada. La principal víctima de este proceso es el pueblo cubano, mientras la elite dirigente goza de cuantiosos privilegios. Frente a la ofensiva yanqui, estos gobiernos, lejos de apoyarse en la organización y movilización de las masas latinoamericanas, se han recostado en el gobierno reaccionario de Putin, que no guarda ni un ápice de antiimperialismo. 

Una parte significativa de la izquierda, en nombre del antiimperialismo o de la lucha contra la derecha, se ha volcado a apoyar a los gobiernos nacionalistas de América Latina o directamente se ha integrado a ellos. Es el caso, a modo de ejemplo, del PSOL de Brasil, que se encuentra completamente integrado al gobierno de Lula. También el reciente proceso electoral venezolano ha sacado a relucir la inconsistencia de la izquierda, que ha oscilado entre un apoyo a Maduro y un apoyo al candidato de la derecha, Gonzalez Urrutia. Con esta política, la izquierda queda neutralizada para proyectarse como la encarnación de una alternativa política de los explotados. La lucha por la independencia política de la clase trabajadora sigue siendo la piedra de toque, el criterio decisivo para evaluar el verdadero carácter revolucionario de la izquierda latinoamericana.

Estrategia continental   

La lucha antiimperialista y por la independencia política de los trabajadores debe estar enmarcada en una estrategia política continental. Esta estrategia se resume en la consigna “Por la unidad socialista de América Latina, incluida Puerto Rico”. Su valor radica en que integra la lucha antiimperialista —orientada a la emancipación nacional de los países latinoamericanos de la tutela imperialista— con la lucha anticapitalista, es decir, la pelea por gobiernos obreros y campesinos. Se trata de un problema fundamental, pues la unidad latinoamericana solo será posible mediante gobiernos de trabajadores que rompan con el capital en cada país. Los gobiernos nacionalistas capitalistas ya han demostrado, en numerosas ocasiones, su incapacidad para emancipar a los países latinoamericanos y amalgamarlos en una unidad superior: en primer lugar, por la cobardía e incapacidad de las burguesías latinoamericanas para romper con el imperialismo; y, en segundo lugar, por los choques e intereses antagónicos que existen entre las propias burguesías nacionales, lo que hace inviable la unidad del subcontinente sobre bases capitalistas.

Una reciente declaración de la Fracción Trotskista - Cuarta Internacional (FT-CI), el reagrupamiento internacional impulsado por el PTS de Argentina, ha planteado, en cambio, la pelea por una “Federación de Estados Unidos Socialistas de América del Norte, Centroamérica y el Caribe”. Se trata de una revisión del planteo histórico de la IV Internacional. La FT-CI adopta esta consigna desde el punto de vista de la potencialidad que guardaría la integración económica, sobre la base de la planificación socialista, de Estados Unidos, México y los países centroamericanos. Algo completamente irrefutable. Pero la consigna de la FT-CI no empalma con el sentimiento antiimperialista que está latente en los pueblos latinoamericanos. Basta recorrer los procesos revolucionarios del siglo XX -como la revolución mexicana, la cubana, la nicaragüense, la boliviana, etc.- y continuar con las rebeliones populares del siglo XXI para constatarlo. El planteo de la “Federación de Estados Unidos Socialistas de América del Norte, Centroamérica y el Caribe” desarma a la vanguardia latinoamericana de un planteo estratégico que sea capaz de empalmar con la subjetividad antiimperialista. No se trata, claro está, de menospreciar o mantener una actitud sectaria frente a la lucha del proletariado norteamericano. La emancipación definitiva de las masas oprimidas del subcontinente no solo requiere del triunfo de la revolución latinoamericana, reclama también la derrota definitiva del imperialismo yanqui a manos del proletariado norteamericano. Pero el marco actual, de ofensiva directa del imperialismo contra los pueblos de América Latina, plantea situar en el tope de la agenda, la lucha antiimperialista consecuente, dotándola de una estrategia socialista. Un trabajo metódico en esta dirección planteará, a su turno, el reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias de América Latina que defienden una posición independiente en la guerra imperialista en desarrollo. 

Latinoamérica ingresa a un período de mayores convulsiones económicas, sociales y políticas. La izquierda revolucionaria debe afinar los ejes de su intervención y estrategia política, preparando la derrota del imperialismo y la victoria de los explotados.