El retorno de Perón a Argentina en 1973 estuvo vinculado directamente a la necesidad de la clase capitalista de conjunto y del imperialismo, de contener el ascenso obrero iniciado en 1969 con el Cordobazo y otros levantamientos populares, que daban inicio a una etapa en la que la clase obrera comenzaba a desenvolver aceleradamente una tendencia a la independencia política y una ruptura con el peronismo y su burocracia sindical. 

La elección que colocó a Cámpora en el gobierno no pudo cumplir con ese propósito. Fue la movilización popular la que tomó por asalto la Cárcel de Devoto y arrancó la libertad de los presos políticos. Abal Medina (padre) cuenta en su libro (“Conocer a Perón: destierro y regreso") la incomodidad y preocupación del “General” ante esta acción independiente de las masas, que luego el Parlamento Nacional terminaría ratificando. También se manifestó en una ola de ocupaciones de fábrica para recuperar salarios y conquistas perdidas. 

Los enfrentamientos contra las patronales crecían. No iban a tardar en convertirse en un choque contra el estado, circunstancia a la que intentó anticiparse el aparato peronista, la propia burocracia sindical y el mismísimo Perón. La burocracia sindical, junto a la derecha peronista, siguiendo las “órdenes” del “General” y avalados por el conjunto de la burguesía dieron un golpe que desplazó a Cámpora y preparó el camino a la asunción directa de Perón al gobierno. Cuya consumación tuvo lugar a partir de la convocatoria a nuevas elecciones que casi eran un referéndum por la vuelta de Perón.  La autoridad de Perón le permitió obtener un holgado triunfo, pero éste no sería suficiente para contener la tendencia insurgente de las masas. Le sería necesario recurrir a métodos represivos “legales” e ilegales. Uno de sus ejecutores sería José López Rega, quien había sido “secretario privado” de Perón en su exilio de Puerta de Hierro (España), sargento de la Federal retirado, y designado por Cámpora ministro de Bienestar social (cargo que continuó ocupando con Perón en vida, y luego de su fallecimiento hasta la huelga general de junio julio),  situación que le permitió transformar las instalaciones  de su ministerio en un arsenal de sofisticadas y poderosas armas de guerra y sede  organizativa de los raids, que los asesinos de la Triple A usaban como cuartel.     

¿Cuáles  fueron los hechos represivos que pusieron de relieve que un aspecto central de la política del tercer gobierno de Perón estaría apoyada en la represión?

Luego de la asunción de Cámpora al gobierno, el 25 de mayo de 1973, la clase obrera y el pueblo partieron de la ilusión de que ese era su gobierno, impulsándolos hacia la lucha para imponer sus reivindicaciones. La oleada de ocupaciones de fábrica en las que la clase obrera pretendía resarcirse de los atropellos de la clase patronal llevados adelante durante dieciocho años, desde el derrocamiento de Perón en 1955, chocaría con el aparato de la burocracia sindical, cuya función era contener y/o estrangular las luchas obreras. Éste regresaba, no para ponerse “a la cabeza de las luchas” (como  planteaba por esos días, la propaganda confusionista del PST morenista), sino para domarlas y/o aplastarlas. Así lo entendió la clase capitalista nacional y el imperialismo. Así lo entendieron los militares de la dictadura del golpe de 1966. Los mismos que habían derrocado a Perón -sin que éste se apoyara en la clase obrera para enfrentarlos en 1955- lo hacían retornar para continuar con la entrega al imperialismo, con la finalidad de interrumpir el periodo abierto con el Cordobazo, que implicaba una tendencia a la ruptura con el peronismo, y la burocracia y la tendencia a la apertura de una situación revolucionaria.

El debut represivo de Perón, en esta etapa, tuvo lugar el mismo día en que consumó su retorno, cuando en lugar de aterrizar en Ezeiza, se desvío a la base militar de Morón, el 20 de junio de 1973. Antes de volver a la presidencia, como resultado del golpe preparado por la derecha peronista y la burocracia sindical, el Comando de Organización, y matones dirigidos por el coronel Osinde (uno de los creadores de la organización parapolicial Triple A, impulsada por Perón) “ajustaron cuentas”, provistos de armas de guerra, con un operativo de masacre sobre decenas de miles  movilizados en Ezeiza: trece muertos, trescientos cincuenta heridos. 

El trabajo de contención, tenía como pivote el Pacto Social firmado por la burocracia sindical (CGT, Rucci), la burguesía (CGE, Gelbard) y el presidente Cámpora. consistente en suprimir la discusión paritaria de los Convenios Colectivos de Trabajo.  Congelando ficticiamente precios (que antes de la asunción de Cámpora habían logrado un fuerte aumento) y efectivamente los salarios, sufriendo una merma de su poder adquisitivo. Perón quería “disciplinar” y regimentar al movimiento obrero parando sus luchas. Como parte de ese objetivo, también a la JP (Juventud Peronista)  y su expresión sindical JTP. Esencialmente necesitaba disciplinar a las franjas de activistas y delegados combativos y anti burocráticos que crecían en las grandes fábricas de los principales centros industriales. Con la masacre de Ezeiza, Perón daba un mensaje: estaba anunciando cuál sería su accionar futuro inmediato en lo que respecta a las libertades democráticas y a las reivindicaciones obreras. Paino, un oficial del ejército (teniente), fundador de la Tiple A (Alianza Anticomunista Argentina) declararía tiempo después que había que hacer “Lo que por reglamento y leyes no pueden hacer las fuerzas armadas ni la policía” refiriéndose al papel de los grupos de tareas parapoliciales: realizar una tarea de limpieza de activistas aplicando la pena de muerte. Esta organización parapolicial, actuó siempre, no amparada en la tolerancia del Estado comandado por Perón, sino bajo su directa mirada y dirección, ya que había sido el propio Perón su inspirador y creador. Él había declarado reiteradamente que había que crear una organización como el Somatén franquista de la contrarrevolución española. Tuvo sus antecedentes, también, en diversas organizaciones parapoliciales cuya composición era de personal especializado en contrainsurgencia, quienes se habían codeado con la oficialidad del ejército imperialista francés y la OAS (organización ultraderechista terrorista especializada en la persecución  de argelinos que luchaban contra la dominación francesa) con quienes aprendieron los métodos de aniquilación y tortura del ejército colonial.

La Triple A adoptó ese nombre en la capital del país y el Gran Buenos Aires, llamándose antes Comando Libertadores de América,  Comando anticomunista en Santa Fe, Comando Libertadores de América en Córdoba, Comando Nacionalista del Norte en Tucumán, comando Moralizador Pio XII en Mendoza. Sus antecedentes en la Capital los podemos hallar en 1960 en la Brigada Trágica dedicada al contrabando y la extorsión. Sus primeros integrantes fueron 30 policías federales. Los organizadores de la Triple A habían formado parte de la custodia de Perón en el pasado: Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón, quienes durante el tercer gobierno de Peón fueron ascendidos a comisarios, y otros que participaron de los más brutales atentados de la Triple A como Miguel Ángel Rovira, o Edwin Dunkan Farquharson, cuyas ocupaciones inmediatamente pasadas consistían  en la realización de secuestros reclutando delincuentes que los llevaban a cabo y luego cobraban rescates y además se dedicaban a realizar robos importantes. Es decir que esta organización parapolicial contaba en sus filas con lúmpenes y policías cuya función era apoyarse en su condición de tales para delinquir, lo cual no solo tipifica la naturaleza de la Triple A como organización criminal, sino de la misma policía.

Un dato relevante es que Perón designó para reemplazar al jefe de la Policía Federal, General Iñiguez, al comisario retirado Villar. Quien contribuyó a fortalecer la Triple A, organizando bajo su mando a cien policías federales dedicados a secuestros y asesinatos. Lo secundaba como subjefe el también, hasta entonces retirado comisario Margaride.   Cabe aclarar, que también Iñiguez era un hombre de la derecha peronista, y que Liccio Gelli, líder de la Logia P2, se lo recomendó a López Rega. 

Aunque la causa esencial de la fundación de la Triple A no fue la acción de la guerrilla foquista (ERP, Montoneros y otros), sí fue el argumento propiciador de su aceleración y un pretexto a la medida de la finalidad estratégica de Perón: el exterminio del activismo obrero y juvenil que despertaba y se organizaba en forma independiente en fábricas, barrios, escuelas y universidades.

El asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general  de la CGT, por parte de Montoneros, dio lugar a la rápida decisión del Consejo Superior Peronista de declarar la guerra abierta a la oposición obrera y a la izquierda marxista el 1º de octubre de 1973. Solo una semana después de la elección en la que Perón salió electo presidente. 

A pesar de que Firmenich hizo  difundir la noticia sobre la autoría montonera en ese asesinato, y así lo confirmó Miguel Bonasso (entonces director del Diario Noticias), el FBI, lanzo una confusa conclusión que lo negaba, sosteniendo que la muerte del dirigente de la CGT había sido obra de   grupos de tareas de la derecha peronista, rival política del mencionado burócrata. Aportó pruebas circunstanciales (una pistola Smith & Wesson dejada por uno de los asesinos, que habría sido traída de contrabando, etc.). Pero la investigación fue luego bloqueada,  según datos de Martin Edwin Andersen en su libro “La Policía”. Como quiera que sea  -un atentado de Montoneros o de un grupo rival de la ortodoxia peronista- le sirvió como motivo al gobierno peronista para desatar su ofensiva derechista. 

Ilusiones nefastas

Casi en forma simultánea  con esa decisión del Consejo Superior Peronista en octubre de 1973 iba a tener lugar el Operativo Dorrego, mientras Oscar Bidegain era gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Raúl Lastiri (yerno de López Rega) detentaba la presidencia interina de la nación (por haber sido presidente de la Cámara de Diputados) y que siguió durante la presidencia de Perón. El Operativo Dorrego tenía la finalidad “objetiva” de reconstruir la Provincia, luego de la ocurrencia de grandes inundaciones. En la misma colaboraban la Juventud Peronista (vinculada a Montoneros) y el Ejército Argentino, a cuyo mando estaba el general Carcagno. Importante es destacar que el Operativo era dirigido por el entonces coronel Albano Harguindeguy, quien integró tiempo después  el gobierno de la dictadura de Videla, ya ascendido a general, en el cargo de ministro del interior y responsable directo de torturas, desapariciones y asesinatos de obreros y jóvenes. Un “detalle” es que la JP daba una lista de los participantes del Operativo al Ejército. La JP -como organización que promueve la “unidad nacional” por encima de las diferencias de clase- pretendía convertir al Ejército en una fuerza que contribuyera  a la “independencia nacional”, bajo la dirección del general Perón. Pero sucedía todo lo contrario. Perón había vuelto, avalado por el imperialismo y el gran capital, para volver a subordinar a la clase obrera y los explotados, apartándolos de alternativas independientes y socialistas. Y las Fuerzas Armadas seguían siendo parte integrante del aparato represivo y esencia última del estado explotador de la burguesía. Eso explica que en forma casi simultánea  a la decisión del Consejo Superior Peronista de aniquilar al movimiento obrero combativo y a la izquierda, (lo cual incluía a la JP que no se le subordinara incondicionalmente en esta tarea de contención y regimentación de la lucha popular), hayan entregado listas de los participantes en el Operativo Dorrego, que luego serían utilizadas en la represión militar/dictatorial. Relata Ricardo Ragendorfer en su libro “Los doblados”, que también en la negociación para organizar el mencionado operativo estuvo el coronel  Carlos Dalla Tea, jefe de inteligencia del Estado Mayor. Ragendorfer narra: “El 9 de octubre de 1973, una caravana de camiones militares arribó a la ciudad de 25 de Mayo. Transportaba unos ochocientos militantes de la Juventud Peronista (JP)  y a casi dos mil efectivos del Ejército”. En un mismo Jeep viajaban Harguindeguy y Juan Carlos Dante Gullo,  delegado de la Regional I de la Juventud Peronista. Y en otro de los vehículos iba Jorge Rafael Videla.  Algo más nos dice Ragendorfer: “… algunos oficiales entablaron una cordial relación con los jóvenes peronistas, participando de las guitarreadas y tertulias que se estiraban hasta el alba.” Y añade: “En realidad pertenecían  al Batallón 601 de Inteligencia. Y los movía únicamente el propósito  de reunir información  sobre los dirigentes de la JP. En consecuencia desde el regreso de Perón el “Operativo Dorrego" fue un evento propiciador del primer trabajo de campo hecho por la inteligencia militar sobre la izquierda peronista”.    Es que la concepción  política, la estrategia que dio origen a Montoneros, a su JP y a su JTP, había sido el retorno de Perón y no la revolución social. Eso explica las enormes ilusiones que habían tenido en el primer ministro del Interior, Righi, quien sostenía la necesidad de hacer de la policía un “instrumento democrático”, esto es quitarle su naturaleza de “brava”, lo cual debía ocurrir también con las Fuerzas Armadas. Perón se mofaba de Righi porque éste le había dicho a la policía  que quería que fueran más humanos y menos represivos. Perón observó –en una simple explicación, casi leninista, sobre el papel del Estado burgués- que “para eso está la policía, para reprimir”. Esas Fuerzas Armadas con las que colaboraron los jóvenes peronistas (que como Perón señalaba estaban para reprimir) no cambiarían su naturaleza institucional. Esto es, su rol de brazo armado  de la explotación del capital contra la clase obrera, complementaria de los roles contenedores de la burocracia sindical en el movimiento obrero y del Parlamento.

Insistimos: la finalidad de la Triple A era la de aniquilar a la vanguardia de lucha de las masas y a todo opositor de izquierda o democrático que constituyera un obstáculo para el accionar “pacificador” del gobierno de Perón y su camarilla derechista. Como resultado de la misma , el 16 de noviembre de 1973 el senador radical y abogado de la Federación Gráfica Bonaerense, Solari Irigoyen, sufría un atentado al explotar una bomba en su auto, siendo herido de gravedad, pero salvando su vida.

La Triple A ya había comenzado a actuar en vida de Perón, mientras él ocupaba la presidencia. Perón estaba en completa sintonía con su acción. Corría febrero de 1974. Se desarrollaba una conferencia de prensa en Olivos. La periodista Guzzetti, del diario El Mundo, hizo una pregunta relativa a los atentados de comandos parapoliciales de derecha. Obtuvo una respuesta violenta de Perón, quien pidió sus datos y antecedentes en presencia de los demás periodistas, mientras sostenía la falacia de que estaba teniendo lugar una guerra entre la ultraderecha y la ultraizquierda, acusando a Guzzetti de pertenecer a esta última. Tiempo después la periodista fue secuestrada y torturada, el director del diario El Mundo, Miguel Gaggero sufrió un atentado con bombas en su casa de Entre Ríos, y el diario sería allanado y cerrado.

En ese mismo contexto veinticinco Unidades básicas de la JP iban a ser objeto de atentados con bombas y en Córdoba iba a tener lugar el “Navarrazo”, un golpe de estado liderado por el jefe de policía, Navarro, quien recibió el apoyo del mismísimo Perón. Fueron destituidos el gobernador Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López, dirigente de la UTA cordobesa (quien poco tiempo más tarde iba a ser asesinado en Buenos Aires). El interventor de Córdoba iba a ser el brigadier Lacabanne (vuelven los milicos esta vez de la mano de Perón). El interventor se empeñó en una política represiva contra la vanguardia obrera y de la juventud, quien sería relevado meses más tarde por el carnicero General Menéndez, cuyo rol posterior durante la dictadura militar iba a ser uno de los más sangrientamente destacados. Este detalle, por sí solo revela la continuidad estratégica entre la represión del tercer gobierno peronista con los de la dictadura militar (la de Ongania y Lanusse del pasado reciente y la de Videla del futuro próximo). Videla y Menendez darían el golpe en 1976, con el apoyo de la burguesía “democrática” ante la insuficiencia de las bandas parapoliciales para sofocar la insurgencia obrera, que la contención peronista no había logrado dominar.

El accionar foquista, magnificado por la burguesía y sus medios de prensa, nada tenía que ver con la maduración política de las masas, ni con su intervención en la lucha de clases.  La evolución combativa de la  vanguardia de la clase obrera y la juventud, estaba inspirada en las rebeliones populares de  Córdoba, Rosario, Mendoza y otras grandes ciudades desde 1969. Perón usó el accionar foquista, para justificar la reforma reaccionaria y represiva  del Código Penal y depurar el bloque parlamentario del Justicialismo. Intimo, públicamente, a los diputados de la Juventud Peronista a que votaran favorablemente la reforma reaccionaria o renunciaran. Y estos (el llamado bloque de los 8), decidieron entonces…. renunciar. La reforma al Código Penal dio por tierra con la eliminación de  las leyes represivas de la dictadura surgida del golpe de estado de 1966, realizadas entre el 26 y 27 de mayo de 1973. Tal eliminación había sido una conquista de las movilizaciones por la libertad de los presos políticos, que habían tenido lugar por esos días.

Parte de la ofensiva represiva y regimentadora del gobierno peronista estuvo constituida por el desplazamiento de varios gobernadores que adherían a la “Tendencia”, ligada a la JP, cuya presencia había sido necesaria para el operativo del retorno del  “General”. Pero de la cual Perón necesitaría rápidamente desembarazarse para alinear a su gobierno en una orientación  represiva indisimulada. El 23 de enero de 1974 iba a ser derrocado Oscar Bidegain, gobernador peronista de Buenos Aires, quien sería sucedido por su vicegobernador, Victorio Calabró, un hombre de la derecha peronista, alto burócrata sindical de la UOM, vinculado a la Triple A. Con la misma perspectiva de fortalecer el aparato represivo y colocarse como árbitro absoluto en la crisis argentina, no vaciló en derribar gobernadores opositores dentro del propio PJ: intervención de Mendoza, derrocando al gobernador Martinez Baca (agosto 1974), antes (noviembre 1973) a Atenor Gauna, gobernador de Formosa,  Miguel Ragone, de Salta en noviembre 1974),  Jorge Cepernic gobernador santacruceño (octubre 1974). Las intervenciones iban acompañadas de represión constituían un tiro por elevación  contra los sindicatos clasistas de Córdoba (intervención de los sindicatos de Luz y Fuerza, del Smata, etc.), las ligas agrarias de Formosa, y los gestores de los levantamientos populares de Mendoza y Santa Cruz en los momentos finales del gobierno de la dictadura de Lanusse. Nada de lo ocurrido llevó a la JP a romper con el peronismo. Esto hubiera estado contra su propia naturaleza, que consistía en defender el régimen capitalista, bajo la forma del nacionalismo burgués. Incluso luego del discurso reaccionario con el que Perón los echó de la Plaza el 1° de Mayo de 1974. iban a fundar el Partido Auténtico en marzo de 1975 -en los prolegómenos de la Huelga General que estallaría en junio- cuya estrategia se limitaba a retornar a la vencida e impotente experiencia camporista. 

La sucesión de asesinatos de la Triple A en 1974 incluyó al sacerdote Mujica (11 de mayo 1974), Rodolfo Ortega Peña, diputado de un monobloque separado del PJ, asesinado el 31 de julio de ese año, quien había jurado afirmando “La sangre derramada no será negociada”, y que había dado fuertes pasos de ruptura con la política del gobierno de Perón hacia posiciones independientes socialistas revolucionarias; Silvio Frondizi (asesinado en septiembre de 1974), etc.

En ese contexto, se iba a sancionar otra ley represiva: la Ley de Seguridad Nacional.   Iba a ser intervenida la Universidad de Buenos Aires, sacando al derechista ministro de Educación, Ivanisevich, y designando interventor al fascistoide Ottalagano, un hombre en consonancia con la ofensiva represiva  en el ámbito universitario,  incluyendo despidos masivos de trabajadores. El 6 de noviembre se iba a declarar el Estado de Sitio, quitando formalmente las garantías constitucionales, que ya la acción de la Triple A y las intervenciones provinciales y cuartelazos habían liquidado fácticamente. 

En este marco de ofensiva represiva anti obrera del gobierno peronista, en agosto de 1974 le iban a quitar la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense, e iban a organizar, en forma paralela, con la promoción del gobierno, el Sindicato Gráfico Argentino  con  Jorge Zakour (que había renunciado como Secretario General, desautorizado por una Asamblea General que se opuso al  Pacto Social) junto a otros dirigentes antes compañeros de Raimundo Ongaro. El “nuevo” sindicato, inmediatamente recibió la personería por parte del Ministerio de Trabajo y adhirió a las 62 Organizaciones Peronistas, instrumento derechista macartista de la burocracia sindical ligada a la Triple A.  

Los asesinatos de la TRIPLE A fueron más de mil quinientos.  La mayoría, tuvieron como víctimas a activistas y delegados obreros. El 29 de mayo de 1974 iban a ser asesinados tres militantes obreros del PST en la localidad de Pacheco (partido de Tigre). Tiempo más tarde en la localidad de Beccar era asesinado el militante del mismo partido y delegado metalúrgico, Inocencio “Indio” Fernández. Hay que destacar también el secuestro y asesinato de nuestros compañeros del PO, Jorge Fisher y Miguel Angel Buffano, el 13 de diciembre de 1974, ambos delegados de la fábrica de la Pintura Miluz (mandados a asesinar por el burócrata de la pintura Zambeletti). Fisher y Buffano habían tenido una destacada participación en el Plenario clasista convocado en Villa Constitución por la dirección antiburocrática de la UOM de esa ciudad, recuperada contra la burocracia sindical miguelista y las patronales metalúrgicas. Diez días después también acribillaban a otro delegado de la fábrica Miluz, Héctor Noriega.

El 29 de marzo de 1975, fue un salto que evidenció públicamente el liderazgo del gobierno peronista en la represión al activismo obrero combativo. Comenzó el Operativo “Serpiente Roja”: Villa Constitución fue invadida por fuerzas represivas de la policía provincial y nacional, de la prefectura marítima y otras (la represión que monta, en la actualidad, Patricia Bullrich los miércoles contra los jubilados que se manifiestan frente al Congreso, no es “original”) y parapoliciales fuertemente armados, que viajaban en cien automóviles y camiones, que se dedicaron a una cacería que incluyó detenciones, torturas y asesinatos de obreros (más de 150 detenidos, 15 asesinatos). Una ofensiva terrorista/fascista pergeñada en acuerdo con las patronales de las grandes empresas de la ciudad, el gobierno y la burocracia sindical peronista.   

Entre octubre y diciembre de 1974, en el contexto del Estado de Sitio decretado por Isabel fueron encarcelados Tosco (dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba), Salamanca (Smata Córdoba) y Ongaro (Federación Gráfica Bonaerense y CGT de los Argentinos. Este último iba a sufrir el asesinato de uno de sus hijos, Alfredo Máximo, el 8 de mayo de 1975, y también el intento de secuestro de otro en el centro de Buenos Aires y el fracaso de la tentativa de secuestro del menor de ellos en Los Polvorines.

El 5 de febrero de 1975 comenzaba el Operativo Independencia al mando del general Acdel Vilas (luego reemplazado por el general Domingo Bussi, quien organizaría el genocidio videliano en Tucumán) como resultado de un decreto  del gobierno peronista, Nº 261/75, que dejó como saldo ochocientas víctimas, y que tuvo como pretexto la represión a la guerrilla foquista. Dejó como saldo 800 víctimas, y le sirvió al ejército para comenzar a ajustar cuentas con sectores combativos del movimiento obrero tucumano, en especial del gremio azucarero agrupado en la FOTIA, que meses antes venía llevando adelante un plan de lucha de huelgas en plena zafra. En el transcurso de la mencionada operación también hubo 8 centros clandestinos, entre ellos la Escuelita de Famaillá, donde estuvieron secuestradas más de tres mil personas.

Los asesinatos de la Triple A fueron múltiples y se caracterizaron por su deliberada crueldad. Luego de que Perón desplazara a Bidegain, en la Provincia de Buenos Aires, e impusiera al vicegobernador Calabró, siguió con su campaña en los municipios bonaerenses. En Lomas  de Zamora, el 15 de marzo de 1975, Eduardo Duhalde, quien era concejal, fue impuesto por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, luego de la sucesiva destitución por parte del mismo de Ricardo Ortiz primero y luego de Pedro Turner, ambos simpatizantes de la JP. Diez días después cuarenta agentes de la Triple A irrumpieron en el barrio San José de Temperley, secuestraron a ocho integrantes de la Juventud Peronista barrial, entre ellos a dos adolescentes de catorce y dieciséis años, los acribillaron y los hicieron estallar con bombas en un descampado de la calle Pasco, luego de haber sido liberada la zona por parte de la Bonaerense.

Tal como venimos señalando, la represión “legal” e ilegal del tercer gobierno peronista pretendía fortalecer los propósitos de la gran burguesía nacional e imperialista que necesitaba de un movimiento obrero controlado y disciplinado. Es en ese sentido que, previamente, la ley de Asociaciones Profesionales -sancionada durante el gobierno de Arturo Frondizi- cuya finalidad era  la intervención del Estado en las organizaciones obreras, iba a ser modificada en un sentido más acentuadamente disciplinador, en noviembre  de 1973. Fortaleciendo el poder de la burocracia sindical, ampliando sus mandatos de 2 a 4 años, introduciendo la facultad estatal para quitar la personería gremial (no solo otorgarla), legalizando los sindicatos por empresa,  y dándole a la burocracia sindical las prerrogativas de intervenir y desplazar a dirigentes de seccionales de sindicatos y delegados de empresa. Como tal finalidad no pudo ser impuesta en una gran medida, debieron recurrir a los asesinatos  de la Triple A y al Estado de Sitio.

Que la burguesía argentina necesitaba y respaldaba a Perón y era consciente del papel que debía e iba jugar, lo grafica lo dicho por Juan Alemann (propietario de la empresa gráfica Alemann), luego ministro de la dictadura videlista, en su diario Argentinisches Tageblatt, el 17 de marzo de 1974: “hacer lo mismo que Hitler con los opositores”. Aludía taxativamente a una directiva llamada “Directivas de Noche y Niebla”, firmada por Hitler el 7 de diciembre de 1941, sobre cómo actuar contra los enemigos políticos del 3º Reich en los territorios ocupados.

La clase capitalista no podía ofrecer nada a los trabajadores. Y recurrió a Perón para imponer una política de ataque a las reivindicaciones obreras y democráticas.

La clase obrera mantuvo su resistencia

A pesar del terror parapolicial y la represión oficial, la clase obrera no pudo ser aplastada en sus luchas y su vanguardia no solo se mantuvo en pie sino que iba creciendo su influencia en las grandes fábricas. La huelga de Villa Constitución contra la ofensiva represiva/terrorista realizada por el gobierno, las fuerzas represivas, las patronales, la burocracia sindical y los aparatos fascistoides de la derecha se transformó en una resistencia de todo el pueblo de Villa Constitución. Fue derrotada después de más de dos meses de lucha. Pero fue una “victoria a lo pirro”, la del gobierno, que preanunciaba lo que dos meses más tarde iba a ser el formidable ascenso obrero/popular de la huelga general de junio y julio.  

La resistencia obrera se combinaba con la debacle económica del régimen acuciado entonces por la crisis del petróleo, que potenció la inflación y los tarifazos del gobierno de Isabel-Rodrigo-López Rega. En alguna, pero no suficiente medida, la muerte de Perón, privaba al gobierno de su autoridad subjetiva sobre las masas, que  seguían reclamando (y luchando). A pesar de todas las operaciones represivas, en las empresas industriales del Gran Buenos Aires y las grandes ciudades, surgían y se destacaban nuevos cuerpos de delegados clasistas, antiburocráticos y combativos, que no habían podido ser desplazados, aunque como vimos algunos de ellos sufrieron asesinatos y amenazas de la Triple A. Esa fue la savia que alimentó la huelga general de Junio-julio de 1975. El Cordobazo y los grandes acontecimientos contemporáneos que ocurrieron en forma inmediatamente posterior (Rosariazo, Mendozazo, Tucumanazo, etc.) implantaron una tradición en el movimiento obrero, que se adhirió como la carne a los huesos en la conciencia de su vanguardia, y que se expresó en la conquista de sindicatos y comisiones internas, que irían vinculándose entre ellas en el transcurso de la creciente conflictividad que iba teniendo lugar. Una de cuyas consecuencias fue la creación de las coordinadoras inter fabriles. Y, desde luego, acontecimientos por la coordinación independiente a nivel nacional, como el congreso de SITRAC- SITRAM en 1971 y el Plenario Nacional convocado en marzo de 1974, por la UOM de Villa Constitución, que dejaron un antecedente imborrable. El proceso de recuperación de sindicatos y comisiones internas no se detenía: en 1975 se logra finalmente la conquista del Sindicato Ceramista de Villa Adelina, y su defensa de la patota armada que se había cobrado la vida del obrero Bache; etc.

La crisis

El embargo petrolero de la OPEP en octubre de 1973, además de provocar escasez petrolera, disparó los precios de los hidrocarburos y los productos importados. En un contexto en que los salarios de la clase obrera argentina estaban por debajo del costo de la canasta familiar (38% de la distribución del ingreso correspondía a la clase obrera, el resto a la clase capitalista), con una inflación del 58% anual y ante el vencimiento del plazo del Pacto Social, el mismo se derrumbaba. A la muerte de Perón, debió renunciar el ministro de Economía, Gelbard, que había diseñado el Pacto Social. Asumió Gómez Morales con la carga de un endeudamiento externo público de 4941 millones de dólares y reservas en el Banco Central de 23 millones de dólares. En ese contexto aumentaba el desabastecimiento y predominaba el mercado negro, con la consiguiente disparada de precios. Este era el telón de fondo que impedía a la burocracia sindical contener el descontento de la clase obrera que ya se venía expresando. El gobierno apeló a la Triple A combinándola con la represión legal, pero la clase obrera y su vanguardia no se amilanaron. Empujadas por el retraso salarial y el agravamiento de las condiciones de vida, los reclamos de los trabajadores crecían.

Gómez Morales agravó el retraso salarial sobre la base de un incremento del costo de vida superior a los ajustes salariales. Luego, el ministro que lo reemplazó, Celestino Rodrigo, disparó una inflación enorme, un tarifazo brutal, un aumento de la nafta del 150%: la catástrofe social perfecta. Se combinaban la incapacidad de la clase capitalista de gobernar bajo esas condiciones, junto al hartazgo de los explotados y su irrupción independiente, lo que determinó la gran huelga general de junio-julio de 1975. 

Esto, a su turno, volvió a probar la ineficacia perjudicial de los métodos foquistas, ajenos a la clase obrera, junto a su estrategia de “defensa de la democracia” como forma de dominación capitalista. La irrupción huelguística fue el resultado de la acumulación de las experiencia de lucha de los trabajadores, de su pasado inmediato, y de su ruptura con el gobierno peronista. Pero, resaltemos: hay una cuestión de especial importancia. Consiste, en que a pesar de los despiadados ataques que aparecen descriptos en este artículo, la burguesía no pudo imponer una derrota total a la clase obrera, que restañaba sus heridas mediante la aparición de nuevos activistas y delegados.  Por ese motivo es que fue posible la emergencia de la gran huelga general de junio- julio de 1975, que como ya dijimos, fue el fruto de la combinación de esa nueva vanguardia que fue estructurando las coordinadoras y la enorme crisis que hemos mencionado. Sobre la huelga en especial, sus efectos y acontecimientos posteriores aparecerán otros artículos de nuestra revista.