La crisis de Tucumán
La situación económica, social y política de la provincia de Tucumán se caracteriza por la perspectiva de un colapso generalizado. En rasgos generales, se trata, por una parte, del desenlace del fenomenal endeudamiento y la insolvencia del Estado y los municipios y, por otra parte, de la quiebra de un sector de los ingenios azucareros, con la consecuencia inmediata de miles de desempleados y del hundimiento de un importante número de pequeñas y medianas unidades económicas agrícolas, comerciales y de servicios.
A diferencia de lo ocurrido en 1966/68, la catástrofe que se avecina ocurre en un marco de descomunal deterioro de las condiciones de vida de las masas populares y de las tensiones sociales y políticas. La desocupación y la subocupación se han estabilizado en torno al 40%; el crecimiento de la pobreza y la marginalidad, medidas estadísticamente por los organismos oficiales (mortalidad infantil, analfabetismo, hacinamiento, etc.), alcanza ya a la mitad de la población. Tampoco se registra, como entonces, un frente homogéneo entre los partidos patronales y los explotadores. Se asiste, al contrario, a la descomposición del régimen político, y a la impotencia de las fracciones capitalistas y sus expresiones políticas en lograr alguna salida estable para la crisis que ellas misma generan.
Por último, y no de menor importancia, es el hecho de que a lo largo y ancho del país los trabajadores, las clases medias empobrecidas y el conjunto de los oprimidos extienden la resistencia, la cohesionan y la elevan a planos superiores. El Santiagueñazo y el Cutralcazo neuquino son hitos y referencias para las luchas populares.
La inviabilidad del Estado provincial y de los capitalistas locales
Todo esto patentiza el fracaso del desarrollo local y regional que se asentó históricamente. Las provincias, en tanto formaciones históricas y político-territoriales, están cuestionadas en su funcionalidad como mecanismos eficientes para la acumulación del capital. Ello está en la base de las crisis regionales; el rol protagónico de las fracciones capitalistas locales y la capacidad mediadora de los estados provinciales son cosa del pasado. El esquema anterior, que posicionaba mal o bien a las distintas clases y capas internas con un rol determinado en el mecanismo de producción y reproducción del sistema y con determinada pauta en la redistribución social del valor, se ha conmovido en sus cimientos y descoloca a sus protagonistas.
Ello explica, tal vez, el carácter revulsivo de los conflictos provinciales, donde las luchas sectoriales tienden rápidamente a rebasar su marco inicial e involucran a otros sectores, dando lugar a las puebladas. La cadena se rompe por el eslabón más débil…
Desde comienzos de la década del 70, a partir de la colosal destrucción de fuerzas productivas que significó el "ajuste de mercado" azucarero del 66, se generó en la provincia un ciclo de expansión económica a la par de una aguda concentración de la propiedad. Bien que por debajo del ritmo de crecimiento de la población, se expandió la superficie cultivada y el dispositivo industrial, comercial y de servicios. Incluso, se dio lugar a una diversificación relativa de la estructura productiva (citricultura, tabaco, textiles, etc.).
Aunque en buena medida, este proceso estuvo motorizado por el remanente de la vieja oligarquía provinciana y por el surgimiento de empresarios locales exitosos, lo cierto es que, a pesar de contar con el auxilio financiero estatal, con subsidios, una evasión impositiva y previsional tolerada y, fundamentalmente, con la superexplotación del trabajo (los salarios no sólo no aumentaron a la par de los precios, sino que la productividad física y técnica del trabajo aumentó en las agroindustrias azucarera y citrícola hasta colocarse en valores cercanos al promedio nacional, cuando históricamente representaba 2/3 partes), lo que se registra es un avance del gran capital nacional y extranjero.
Durante este período, el Estado actuó básicamente como financiador, apelando al endeudamiento y a la emisión de moneda y títulos. Manifestó cierta capacidad de arbitraje (Operativo Tucumán, de radicación industrial; fomento del cooperativismo Cooperativa Campo de Herrera; Plan Alconafta; Régimen de cupos de producción y maquila azucarera, etc.), sosteniendo relativamente un frente entre los grandes capitalistas y las fracciones menores (grandes cañeros, grandes comerciantes, citricultores, etc.). Emergieron, incluso, grupos locales, transitorios y truchos, cuyos negocios pasaban por el arriendo de moliendas, cupos de viviendas de los planes FONAVI, multimedias, cadenas de supermercados (Super 25, Limpito) y actividades bancarias (Paz Posse, ASFIN), compras de ingenios (grupo Estofán), y/o haciendo de patria contratista del Estado. Todos ellos, en la actualidad, quebrados…
La primavera terminó cuando la banca acreedora del Estado exigió el control de la política estatal y de espacios económicos. Así se sucedieron la desregulación azucarera, la liquidación de la banca oficial (Banco Provincia, Banco Municipal), de la seguridad social y la previsión estatal (IPSS) y las privatizaciones (EDET, Aguas del Aconquija, etc.). Otros sectores capitalistas, sea por ser más progresivos, disponer de sostén financiero, pero sobre todo porque pasaron a ser preminentes en el control del Estado, pasaron a ocupar las principales posiciones en todos los sectores, niveles y ramas de la economía. En la citricultura (Citrícola San Miguel, de capitales franceses; Macri, etc.); en la actividad azucarera (donde 4 firmas, entre ellas Arcor, Pepsi y un holding donde participa el Citi y hasta la mafia cubana de Miami, controlan el 60% de la producción); en el comercio (Libertad, Disco, etc.), y fundamentalmente, en la plaza financiera, donde el nicho dejado por el Banco Provincia, que movilizaba una circulación de más de 1.500 millones de dólares anuales, ha sido ocupado por un holding interbancario (Banco Galicia, Río, Citibank, Comafi, etc.).
En resumen, por referencia a la porción del PBG que pasaba por el empresariado local y el Estado hace 10 años, se puede decir que el principal explotador y responsable del actual estado de cosas es un puñado concentrado de capitalistas financieros y grandes empresarios. Que el Estado, mediante el fenomenal endeudamiento no es más que un rehén del capital financiero y ejecutor de sus mandatos. Su principal función económica actual es garantizar la refinanciación de las deudas (intereses y capitales) y su conversión en títulos.
Esta conclusión es de importancia para la comprensión política. Ha ocurrido, como en el resto del país, una colosal transferencia de capital, mediante los giros de las ganancias fuera del territorio y una hipoteca doblemente gravosa para la población, que está obligada a pagar no sólo su alícuota de deuda externa nacional, sino también la deuda estatal de la provincia (como ejemplo burdo: si un argentino se dice que nace debiendo 3.500 dólares, un tucumano debe 5.000…). Deuda que, por otra parte, es un misterio. Hacia finales de 1995, al terminar el gobierno de Ortega, se anunció oficialmente que su monto era de 200 millones de dólares. El gobierno de Bussi prometió e hizo una revisión, de la que resultaron 400 millones. Hacia finales de 1996 era, siempre según el gobierno y la Legislatura, de 800 millones. En la actualidad, ya ronda los mil millones.
A la pregunta de por qué el empresariado local resignó posiciones frente al gran capital, cuando por medio de sus representaciones políticas (PJ, UCR, FR y Frepaso) controlaba a los gobiernos provinciales, la respuesta es simple: por su acentuado parasitismo. El conjunto de las cámaras y organizaciones patronales y empresarias de la provincia (UIT, FET, CAR, ATC, Fundación del Tucumán, etc.) apoyan y sostienen la actual política, que liquida en forma ordenada (mediante subsidios) a los grupos inviables. Para el empresariado local, contentarse como socio menor es una cuestión de negocios. Es que negoció una rapiña de más de 500 millones de dólares (400 de ellos, de industriales azucareros) que recibió como créditos a no devolver, lo que generó como contraparte endeudamiento público.
Está claro que, a la par de este proceso de concentración y rapiña de la riqueza social, avanzaba la desocupación y la miseria de los trabajadores y el empobrecimiento de pequeños y medianos agricultores, comerciantes, etc. Este es el significado y la dimensión de lo que se da en llamar la actual política de ajuste y el modelo, y tal es la radiografía social de los propietarios de la riqueza y el producto del trabajo provincial.
Como conclusión de este capítulo, hay que aclarar que este proceso se llevó a cabo bajo la ideología de liberar la expansión y el crecimiento económico a la iniciativa privada y al mercado. Esto que, para algunos sectores políticos, refleja un debilitamiento del Estado, expresa por el contrario un acto de poder, puesto que luego de haberse hipotecado endeudándose y transfiriendo recursos, realiza un supremo acto confiscatorio, entregando por chauchas las empresas y recursos bajo su control, pasibles de generar ganancias, y utiliza el ingreso de esas privatizaciones para pagar los intereses de las deudas contraídas.
Aquí se revela la verdadera naturaleza del Estado: como un órgano de dominación y poder de los explotadores. Así se entiende que su nucleo duro, es decir, el área de seguridad, justicia y poder legislativo, no esté sujeto a plan alguno de racionalización y que se garantice su estabilidad, por medio de la asistencia especial de recursos y la diferenciación salarial (como ejemplo: representando los agentes de esta área el 14% de la planta general de personal, insumen el 25% de la masa salarial, con un salario promedio bruto de 950 pesos frente a 600 del resto de los estatales).
Por todo ello es, o una ingenuidad, si se trata de luchadores no plenamente conscientes, o una atorrantada consciente, cuando se trata del centroizquierda y del arco opositor, el planteo de fortalecer al Estado contra el modelo o contra las políticas de ajuste. De ser adoptados tales planteos, sólo pueden conducir a la repetición de las políticas anteriores que han conducido inexorablemente a ésta, y a cargo de los mismos que la ejecutaron.
Incluso, un enmarcamiento provincial en la formulación de salidas a la crisis para las masas populares, en un cuadro donde para amplios sectores de los trabajadores (estatales, azucareros, etc.) la patronal es casi el Banco Mundial, desconoce y mutila el carácter directa y profundamente antiimperialista que conllevan las reivindicaciones mínimas del momento.
El papel y el rol de las organizaciones sociales y los partidos políticos
Hay una constante desde hace varios años en el escenario político provincial. Mientras los trabajadores y los demás sectores populares resisten (huelgas, cortes de ruta, movilizaciones, ocupaciones, puebladas, etc.), el ataque expoliador, sin embargo, se consuma e impone.
Al calor de estas luchas ha surgido un activismo combativo que, aunque por su conducta se diferencia de los aparatos, no supera una débil comprensión del fenómeno social en su conjunto.
La supremacía política de los explotadores y sus partidos se asienta en el hecho de que las masas populares aún no han alcanzado su unidad y la comprensión de un objetivo común de tomar en sus manos el manejo de la sociedad.
En general, las luchas populares no han triunfado. Sin hablar del proceso nacional (descomposición del menemismo, rebeliones populares, reagrupamiento político del activismo combativo, etc.), hay que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, la resistencia popular es un factor activo en la crisis política y económica, pues el ataque no se puede consumar todavía a fondo. En segundo lugar, estuvo hasta ahora protagonizada por estatales, municipales y docentes. El proletariado industrial y agrícola sólo salió esporádicamente. En tercer lugar, estos años han sido un laboratorio donde se procesó una generación de activistas y dirigentes.
No existe ningún ascendiente político especial de los partidos patronales sobre la conciencia popular. Es cosa sabida el odio y la repulsión de la población hacia los dirigentes de estos partidos, los legisladores e incluso los burócratas sindicales, hasta el punto que la sabiduría popular los designa como morraleros. El problema radica en que las masas, que en sus luchas han apelado a sus organizaciones tradicionales (sindicatos, centros de jubilados, centros de estudiantes, etc.), no han logrado superar la vacilación o la traición de sus dirigentes.
Sin duda, la corrupción existe, pera basta considerar el hecho de que el staff de conducción de los partidos está compuesto por empresarios de la salud, la educación, grandes cañeros, etc. En su acción política y de gobierno se limitan simplemente a responder a sus intereses y a los de su grupo social. La burocracia sindical, por su parte, además de formar parte del gobierno, representando la Secretaría de Trabajo, desde hace tiempo se dedica al manejo de los fondos de aportes y de viviendas de los planes oficiales. En la base de sus comportamientos políticos hay intereses materiales, se trata de sus ganancias.
Por ello mismo, el esquema de regimentación política de los partidos se encuentra en crisis. El PJ, que históricamente ha abarcado a las masas provincianas, ha sido herido de muerte con el gobierno de Ortega (donde el PJ, en realidad, se asoció) y luego con la derrota ante Bussi. La UCR no puede pasar de ser una minoría con base en sectores de clase media. Bussi y FR tienen la característica de un fenómeno episódico, carecen de inserción en las organizaciones sociales y su única base pasa por sectores del empresariado local (comerciantes, grandes cañeros, tabacaleros y citricultores). El Frepaso no expresa ningún proceso en las masas, sino el cobijo de sectores desplazados locales (cañeros medios de Monteros y Simoca) y de políticos carreristas desplazados del PJ.
Por su parte, en sus divisiones (CGT Regional, CGT Auténtica y Asamblea de Trabajadores), la burocracia tampoco expresa algún realineamiento progresivo que tenga que ver con las luchas populares. Se trata, más bien, de posicionamientos en torno a referentes nacionales propatronales (Duhalde, Ortega o la CTA frepasista). Los gremios más fuertes de la actividad privada, de los obreros agrícolas citrícolas y FOTIA, se caracterizan por una parálisis total hacia los trabajadores en contraste con una activa participación en apoyo de los negocios de las cámaras patronales y empresarias. Así se entiende, por ejemplo, que el secretario general de la FOTIA declare que "hay dos o tres grupos que están trabajando con seriedad en mejorar la eficiencia de sus empresas fabriles… Sería conveniente que la industria alimenticia, como Arcor, asuma más protagonismo en el sector azucarero con el manejo de otros ingenios…" (La Gazeta, 6/4/97), tomando claramente posición…
En consecuencia, si se caracteriza el cuadro político como de debilitamiento del control de los partidos, y de tendencia de las masas a la lucha generalizada y a la búsqueda de salidas, hay que seguir atentamente y participar en el fenómeno que significa la emergencia de Pueblo Unido en la provincia y la candidatura de Parajón.
El carácter económico y social de la cuestión azucarera
En Tucumán, la actividad productiva pasa por la agroindustria citrícola y azucarera, y por la producción agrícola de tabacos y hortalizas, además de ciertas industrias (textiles, metalmecánicas, etc.). En realidad, las dos terceras partes en lo que hace al valor generado, a los recursos y al trabajo involucrado, corresponden a los cítricos y al azúcar. Por lo tanto, difícilmente se pueda abordar de conjunto la crisis provincial si no se dispone de una política para estos sectores.
La estructura de la citricultura es, si se puede decir, simple. Se trata de una actividad concentrada en su localización territorial, a cargo de grandes empresas integradas (producción, industria y comercialización) y de grandes productores (unos 500, en total). Es un rubro en expansión, que despegó no hace más de 25 años, cuyo dinamismo está dado por una creciente demanda de los mercados internacionales. Sus ingresos son elevados, por el precio internacional y porque ha ocurrido un ciclo de inversiones que ha producido un importante aumento de la productividad física. Desde el punto de vista del impacto social, hay que resaltar que la rama agrícola ocupa grandes cantidades de mano de obra estacional (puede haber unas 12.000 personas trabajando simultáneamente como jornaleros en la cosecha), que trabajan por lo general en negro, y con salarios bajísimos (entre 9 y 11 pesos por jornal). Es decir que, además de las ganancias que deja esta actividad a las empresas por la concurrencia de sus productos al mercado, hay una apreciable cuota o parte del ingreso general que se debe a la superexplotación del trabajo. Sea por la evasión que significa el empleo en negro o porque la masa salarial es cada vez menor en términos relativos y absolutos. Es decir que la retribución al trabajo no corresponde al aumento de los precios. En esto radica, fundamentalmente, la deuda social de esta actividad. Actualmente, se considera que el valor generado ronda los 300 millones de pesos; un cálculo aproximado a la cantidad de jornales insumidos, nos dice que en términos monetarios (como salarios pagados) éstos no representan el 10%…
Un panorama diferente presenta la actividad azucarera. Por la magnitud de los recursos que involucra, la masa de capitales y el trabajo que emplea, es la principal actividad de la provincia. Ocupa alrededor de 220.000 ha., unos 10.000 obreros industriales, 20.000 obreros agrícolas y unos 9.000 productores, además de miles de fleteros y otras ocupaciones conexas.
No se trata de una actividad en expansión, sino estancada, asentada principalmente en la producción para el mercado interno y sujeta a una tendencia histórica de caída de los precios. Ello explica que, en general, el mecanismo para lograr mayores ingresos por parte de los agentes productivos haya consistido en generar, por la vía de la concentración, una redistribución interna del ingreso global. La realidad es que unas 12 empresas industriales poseen el 60% de la superficie, el 70% de la producción agrícola y el 90% de la producción industrial. Cerca de 7.500 pequeños productores no representan más que el 3 por ciento del producto. En lo que hace al trabajo, basta decir que los jornales son aún menores que los de la citricultura; que la evasión de aportes patronales, el trabajo en negro, la suspensión forzosa y hasta las deudas salariales son moneda corriente. Desde el punto de vista de lo que sería el comportamiento "clásico" del capitalismo, se ha avanzado en la reducción de costos y en la eficiencia técnica mediante la tecnificación de la cosecha, mejoramientos varietales, innovaciones tecnológicas en el proceso industrial, etc.
Sin embargo, la naturaleza de la crisis azucarera no pasa por ahí. Lo que hay que decir, y es incuestionable, es que esta actividad funciona como un gigantesco mecanismo de rapiña y parasitismo social, por los subsidios y el saqueo de los fondos públicos estatales. Hasta hace poco, en créditos estatales (irrecuperables, para los economistas del régimen), las patronales han recibido más de 400 millones. El operativo económico consistió en producir una fenomenal desvalorización de los activos, la tierra, las máquinas y todo el capital instalado, para ser adquiridos por chauchas (se ha llegado a vender ingenios por 3 millones, el precio de un edificio de 25 departamentos de los que se construyen decenas…). La concentración que se operó en esta actividad no ha tenido casi costo.
El Estado, por su parte, fue un factor activo en este salvataje. Hay que recordar que, además de los créditos, los subsidios y la tolerancia y el fomento de la evasión impositiva, se encargó de capitalizar ingenios y sanearlos, para luego entregarlos a manos privadas, quedándose con una doble deuda: los pasivos cuando se hizo cargo, y los pasivos cuando los entregó. Es lo que sucedió con los cinco ingenios estatizados de CONASA y luego con el ingenio Ñuñorco. Todo esto sucedía en medio de la crisis, mientras se pedía comprensión, sacrificios y aguante a los trabajadores y productores. Por debajo de la mascarada ideológica de la defensa de Tucumán y el fantasma de la desocupación masiva, la población de la provincia ha sido víctima de un verdadero chantaje.
El empresariado local y regional, que en un primer momento se benefició con esta política (Estofán, Minetti, Jorge, Paz Posse), se ve obligado ahora a ceder ante grupos empresarios y financieros más poderosos (Arcor, Pepsi, etc.) que, con el mismo Banco Mundial como sponsor, reclaman el corte de los subsidios y la adecuación de la actividad a la nueva realidad del mercado… De lo que se trata es de la estrategia de monopolios de la alimentación (productos dulces, jugos y embotelladoras), en expansión por su ingreso al Mercosur, que buscan integrar y controlar la provisión de insumos (aproximadamente, el 60% de la producción azucarera). El resto de la producción quedaría liberada, sin aranceles, en el Mercosur, como parte de los acuerdos para el mercado común. Debido a que el azúcar brasileño es más barato, está planteada la desaparición de un sector de los ingenios y del cañaveral.
Para las masas populares, y en especial los trabajadores azucareros y los pequeños y medianos productores, sumidos en la miseria creciente mientras se cocinan estos negociados, no se puede tratar de escoger entre la nueva o la anterior crisis azucarera. Los empresarios locales, que quieren seguir como antes, no pueden ofrecer otra cosa que el consabido parasitismo. Es lo que ocurre con el ingenio Aguilares, que nuevamente se arrendó esta zafra a una firma trucha que, además de poner como condición el desconocimiento de anteriores deudas salariales, dispone, como prenda de garantías, de los fondos de coparticipación del municipio. Como ya ocurrió antes con el Ñuñorco, el Leales, La Florida, etc., estas operaciones se hacen bajo el chantaje del inminente cierre y concluyen dejando deuda pública, deuda a los productores y a los obreros. Por otra parte, los monopolios de la alimentación y los grandes empresarios azucareros (Paz) sólo pretenden una mayor flexibilización laboral y la limpieza de los productores menores, forzando una baja del precio.
La única salida posible pasa por la expropiación de la industria azucarera y el control de la producción y la comercialización a cargo de comisiones de trabajadores y productores. En un estudio del Banco Mundial sobre la reconversión de la industria azucarera se plantea que, desde el punto de vista de la estructura general de la producción, ya se ha alcanzado la escala técnica óptima (es decir, que la concentración de recursos y factores ya se ha producido. En efecto, la participación de los trabajadores y los pequeños productores es insignificante en el valor y el producto globales). También se demuestra que es posible reducir costos, alcanzando una mayor productividad en la siembra y la cosecha, y en el procesamiento industrial, básicamente por medios técnicos (se descuenta que el margen de "reducción de los costos laborales" no va a tener gran significancia). Lo principal es que se puede lograr una actividad sana, es decir, autosustentable o realimentada por sus propios ingresos y generando ganancias. Es un buen y correcto análisis, incluso con las propuestas para alcanzar ese fin. Hasta se cuantifica la inversión necesaria, del orden de los 115 millones de dólares, asegurándose que el margen de rentabilidad sobre el capital invertido (con una tasa de retorno del 20%) permite la cancelación de la deuda en pocos años.
Poco habría que agregar a este plan. Sólo que el acto de expropiación, en términos económicos, no sería otra cosa que cancelar, si se quiere, las deudas al Estado, los productores y los trabajadores. En realidad, una cancelación parcial, porque esos 115 millones necesarios para la estabilización operativa y técnica de la producción son sólo una parte pequeña de la inmensa deuda empresaria. Sólo así se podrá disponer de los ingresos y las ganancias y proceder a una redistribución social.
Sobre la viabilidad de las medidas de emergencia para satisfacer las necesidades populares
El gran problema que enfrenta un activista y luchador es el de concebir la perspectiva para las luchas en curso. Es ésa la importancia de un programa; más allá de las cuestiones tácticas y de momento, es una herramienta conceptual que permite diseñar la estrategia de la acción política. En este sentido, haciendo el supuesto de que los sectores en lucha se preguntan qué hacer, es que se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones.
Es indudable que el grado de deterioro en las condiciones de vida de los sectores populares exigiría la implementación de medidas de emergencia y de excepción. Se trata de cuáles medidas serían y los recursos para ello. Mientras no se resuelva la exacción y la transferencia que significa esa fenomenal deuda estatal, difícilmente se dispondrá de recursos genuinos. Se trata de una deuda mal habida y fraudulenta, y por lo tanto debe ser desconocida. Igualmente deben ser anuladas las privatizaciones y concesiones hechas por el Estado, puesto que se cargó con los pasivos y se las dejó en condiciones operativas rentables.
Por otra parte, basta con la percepción efectiva de los impuestos a las ganancias y aportes patronales de las grandes empresas, hoy evadidos, para fortalecer los ingresos públicos. Para ello debe registrarse el estado económico y financiero de la banca y las grandes empresas, mediante la inspección pública de los libros, a los fines de conocer su real estado patrimonial y contable. Asimismo, conociendo las ganancias reales, se puede replantear la participación en ellas del trabajo y los productores de insumos, e implementar impuestos de emergencia, en forma monetaria o en productos deducidos de las ganancias.
Sólo disponiendo de esa masa de recursos se pude restituir la banca estatal. Las privatizaciones del Banco de la Provincia y el Banco Municipal deben ser anuladas. Así podrá restablecerse la función de fomento y crediticia para las unidades económicas pequeñas y medianas (tabacaleros y cañeros chicos, horticultores y otros productores), permitiendo la experimentación de formas asociativas.
Así puede concebirse la viabilización de un conjunto de medidas, como la puesta en marcha de programas de obras y empleo (vivienda, caminos, canales, etc.), que pueden ser planificados en base a la implementación urgente de un censo social y económico.
Está claro que todo esto supone la instauración de la soberanía popular efectiva, mediante la puesta en pie y el funcionamiento deliberativo de las organizaciones populares de masas, con poder de interdicción, registro y control de las acciones de gobierno.
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