Para terminar con el narcotráfico hay que enfrentar el capitalismo

La rebelión contra el narcotráfico luego del asesinato del niño Máximo Jerez, en un barrio de Rosario donde vive la comunidad Qom, mostró que la población trabajadora prácticamente sin recursos puede hacer más para desmantelar los búnkeres que la policía, la Gendarmería, la justicia y los gobiernos de todos los signos políticos, que tienen a su disposición el aparato del Estado. Expuso ante la opinión pública la enorme complicidad política con el narcotráfico, días después de que el dos veces ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sentenciara que “ganó el narcotráfico”, para acto seguido seguir atornillado en su cargo.

La rebelión de los choferes de La Matanza, que con paro y piquete reclamaron por el asesinato de su compañero Daniel Barrientos en una zona liberada, también se caracterizó por la acción directa y por apuntar bien arriba en las responsabilidades de este crimen con la trompada al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, frente a las cámaras de televisión. No es la primera vez que un funcionario de primera línea corre por la indignación popular: en 2021 el gobernador Omar Perotti tuvo que refugiarse en la Catedral de Rosario luego de intentar participar en una movilización que reclamaba justicia frente al asesinato de un joven: lo echaron al grito “que se vayan los asesinos”.

Ambas acciones fueron respondidas, en Rosario y en La Matanza, con una campaña de militarización del Frente de Todos, que le robó la agenda represiva a la llamada derecha, en particular a la jefa del PRO y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, partidaria de sacar el Ejército a las calles en la línea del imperialismo norteamericano en materia de “lucha contra el narcotráfico”. Apuntan a evitar una intervención independiente de los trabajadores mediante el amedrentamiento represivo, que tiene un contenido claramente estigmatizante. Como marcan experiencias pasadas, la mayor presencia de uniformados no terminará con el crimen, al contrario, lo reforzará a partir de la creación de nuevas “cajas negras” de la corrupción, mientras se garantiza la impunidad de los grandes beneficiarios económicos del narcotráfico y del gran delito, que son los capitalistas.

La cuestión de la inseguridad ciudadana es un tema central de la vida de las masas, porque la descomposición del Estado y de las relaciones sociales dominantes afecta más a la población pobre, que es la que mayormente sufre los robos, homicidios, extorsiones y todo tipo de violencias. También es la que más sufre un sistema represivo completamente clasista, que tiene como fundamento el disciplinamiento social de la clase trabajadora y en particular de su juventud, como se ve en las características que adquiere la población carcelaria de todo el país: varones, jóvenes, pobres.

La militancia socialista está llamada a jugar un papel destacado en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra el pueblo, porque es la única con un programa real de salida, en la medida en que su objetivo es terminar con el Estado capitalista responsable del delito, desarrollando la organización socialista de las y los trabajadores a partir de un programa de medidas transitorias y de la lucha por un gobierno obrero. Sin embargo, buena parte de la izquierda en Argentina tiró la toalla en esta materia. Caen vencidos ante el sentido común que inculcan desde el poder político, en lugar de recoger la tarea militante de desenvolver una agitación y propaganda antirrepresiva clasista, que apunte a explicar que las economías delictivas aumentan los beneficios de la clase capitalista en su conjunto y por eso son protegidas por el Estado y sus gobiernos.

En este punto, la organización del Polo Obrero en los barrios es una escuela de lucha contra la penetración del narcotráfico, porque las asambleas, comedores, merenderos y la organización colectiva que nace de la lucha contra el Estado para arrancarle reivindicaciones, confronta objetivamente con las bandas delictivas que en muchos casos ofician de fuerza organizadora del territorio en colaboración con intendentes y empresarios, los clubes de futbol y la burocracia sindical, que los ha convertido en “narco punteros”. El delito nace de la putrefacción de la policía, de la justicia y del poder político, todos asociados a la protección del gran delito, cuyo último eslabón se quiebra en los barrios populares, donde opera el narcomenudeo en base a la explotación de la juventud empobrecida, víctima de un país sin trabajo genuino. El pez se pudre por la cabeza y por allí hay que empezar a desmantelar las redes narco.

Los bancos y el narcotráfico

El narcotráfico es un fenómeno internacional, que conforma conglomerados empresariales que operan en varios países, combinando la intervención de empresas legales e ilegales, unidas en un mismo proceso de acumulación capitalista. Contribuye a contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y como otras economías ilegales, sea el tráfico de armas o la trata de personas, es amparada por los Estados, especialmente de los países imperialistas, lugares donde mayormente se refugian las fortunas amasadas con las actividades económicas criminales, gracias a que tienen una legislación financiera con mayor “opacidad”.¹Según la ONG Tax Justice Network, conformada por abogados de Reino Unido, EE.UU. es el país número uno del mundo en permitir lavado de activos. El dato surge de un indicador que combina “la intensidad con la que el sistema financiero y legal de un país permite a las personas lavar y ocultar dinero extraído de todo el mundo” con “el volumen de servicios financieros que el país brinda al mundo”. En el ranking de los 10 países con mayor opacidad financiera siguen a los yanquis: Suiza (Ginebra), Singapur, Hong Kong, Luxemburgo, Japón, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Guernsey (dependencia de la colonia británica).

Una de las grandes operaciones de lavados de activos del narcotráfico a través de bancos se dio en los EE.UU. en 2008, en plena crisis mundial por el estallido de las burbujas inmobiliarias, cuando se descubrió que el gigante banco norteamericano Wells Fargo, que venía de adquirir Wachovia Bank, recibió 378.400 millones de dólares en transferencias electrónicas, cheques de viajeros y envíos de fondos desde cuentas en México, provenientes del narcotráfico. El banco pagó una multa irrisoria, que es el mecanismo con el que los Estados hacen borrón y cuenta nueva frente a los delitos de la banca a lo largo del mundo, cuyos accionistas y gerentes jamás pagan sus delitos con prisión efectiva. El entonces jefe de la Oficina de Drogas y Crímenes de la ONU declaró que esos fondos eran la “única inversión líquida” con la que los bancos se rescataron.²Antonio María Costa dijo que tenía datos que sugerían que las ganancias de los narcos eran “el único capital de inversión líquida” disponible a los bancos que se encontraban al borde del colapso. “Había indicios de que algunos bancos se rescataron de esa forma”, Clarín, 08/12/2016. Esa misma oficina informa que, para el año 2011, solo el 1% de los fondos provenientes del lavado de activos provenientes de actividades ilegales ha sido identificado.

Otro ejemplo de lavado multimillonario lo protagonizó el banco hongkonés HSBC, que fue acusado por el Senado de EE.UU. por lavar 15 mil millones de dólares, entre 2006 y 2009, a través de sus filiales de México, Rusia y otros países, provenientes de actividades ilícitas. Diez años antes, Bancomer, el entonces segundo banco más grande de México, y Banca Serfín, el tercero, se declararon culpables de lavado de dinero del narcotráfico para poder seguir trabajando en EE. UU. Las dos entidades acordaron pagar una multa de 500.000 dólares cada una y aceptar la incautación de 28 millones de dólares de sus cuentas. Por su parte, Banca Confía, propiedad del Citibank, no se declaró culpable, pero pagó una multa. Los fondos, que provenían de los carteles de Cali y Juárez, rondaban casi 100 millones de dólares.³El País, 30/03/1999 Estos eran solo dos de los doce bancos mexicanos involucrados en el lavado de dinero del narcotráfico.

En Argentina, el HSBC fue denunciado por la AFIP en 2013 por asociación ilícita, evasión fiscal y lavado de dinero, por la suma de 390 millones de pesos no declarados, en una causa iniciada en 2009. La misma se cerró con el pago de una multa por 10 millones de pesos. En 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) multó a Banco Macro “debido a la omisión de reporte de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Se trataba de un cliente ocasional que realizó operaciones de compra y venta de moneda extranjera pero que no poseía un perfil económico que se ajustara a los montos y frecuencia de sus operaciones”. La multa, en 2014, fue de $ 687.780. El Banco Francés fue multado en 2010 por 53 millones de pesos, por “no auditar movimientos bancarios elevados de un cliente, que no mantenía el dinero en la misma cuenta por más de un día” en 2007. “El dinero, tras circular por un par de sociedades de bolsa, terminaba en Puente del Este, Uruguay (…) y habrían permitido el egreso 30 millones de dólares e ingresos de 20 millones de dólares aproximadamente, a través del Contado con Liqui”. En 2014, el Banco Masventas S.A. fue sancionado por la UIF por “operaciones sospechosas de Lavado de Activos de tres clientes, que ya habían sido previamente identificados por maniobras irregulares, por una suma aproximada de 4 millones de pesos”. El banco pagó una multa de $1.200.000.⁴“Lavado de activos en entidades privadas argentinas”, Universidad Nacional de San Martín.

Como se ve, el narcotráfico está enquistado en el corazón del sistema capitalista, que es su sistema bancario. Lejos de la marginalidad a la que se asocia el narcotráfico, es el súper beneficio vinculado a la producción de estupefacientes lo que estimula múltiples ramas de la economía capitalista, incluidas las farmacéuticas, que son las que comercializan las drogas sintéticas más adictivas.⁵Los diez medicamentos más adictivos son: morfina (analgésico), fentanilo (anestésico), tramadol (antitusivo analgésico), oxicodona (antitusivo analgésico), diazepam (hipnótico), lorazepam (sedante), alprazolam (ansiolítico), metilfenidato (estimulante), oximetazolina (descongestivo) y cafeína (antimigrañoso). A pesar de la magnitud del lavado en los bancos, reconocido a partir de una legislación internacional (“Conoce a tu cliente”) y de la creación de organismos para evitar el lavado de dinero (GAFI o Grupo de Acción Financiera Internacional), las investigaciones son quirúrgicas, lentas y terminan en multas que no afectan en lo más mínimo a los bancos, con importes que están incluso por debajo de los movimientos de dinero reconocidos como provenientes de actividades ilegales. El Estado tiene una política de “borrón y cuenta nueva”, que también beneficia a los gerentes y funcionarios a cargo de la fiscalización, gracias a acuerdos judiciales que los benefician.

El andamiaje financiero se sostiene en momentos de crisis con los beneficios de los negocios ilegalizados, por lo que este tipo de delitos económicos son sancionados con medidas que están muy lejos de las políticas de “mano dura” que azotan a la población empobrecida. Los gobiernos son tolerantes con la instalación de búnkeres en los barrios, así como la AFIP admite los fondos del narcotráfico en la banca, que factura más que el PBI de muchas naciones. El entramado de complicidades policiales, judiciales y políticas que protege al narcotráfico tiene fundamentos de clase profundos y no pasa por un problema de “descontrol”, desviaciones o accidentes en la gestión del Estado, a partir de la corrupción de alguno de sus elementos. Los partidos políticos que reciben en sus campañas electorales los fondos del narcotráfico son incapaces de encarcelar a sus financistas. La Cámara Federal Electoral viene de advertir a los partidos políticos sobre el financiamiento de las campañas electorales con plata del narcotráfico, que en Santa Fe tuvo denuncias muy probadas.⁶Es el caso del Partido Socialista, con dinero de Terminal Puerto Rosario, plataforma de exportación de drogas a Europa y que tuvo a su director como protagonista en una red internacional de lavado dinero narco.

El régimen narco sojero de Santa Fe: de los puertos, a las finanzas

Según un informe de la Universidad Nacional de Rosario⁷Programa de Violencia Urbana y Seguridad Ciudadana que elabora el Instituto de Cooperación Latinoamericana. (UNR), el mercado de consumo de marihuana y cocaína de la provincia de Santa Fe moviliza un capital mensual superior a los 9 millones de dólares y el capital anual asciende a 111,5 millones de dólares. Los datos surgen de cruzar las cifras del consumo con los valores de los estupefacientes, lo que no puede ser más que aproximativo, ya que la prevalencia del consumo surge del reconocimiento del encuestado y el precio varía según la calidad del producto. Respecto al consumo de marihuana, el informe estimó que se mueve un capital mensual de 3.483.767 dólares en toda la provincia y el consumo de cocaína movería unos 522 mil dólares mensuales. A esto hay que sumarle los números de la exportación de sustancias psicoactivas ilegales y todas las ramas de las economías vinculadas, cuyas ganancias asociadas al narcotráfico no están ni remotamente contabilizadas: el circuito financiero, inmobiliario, del juego, de compraventas de autos, gastronómico, etc.

En la estructuración económica de Santa Fe y en particular de Rosario en torno al modelo agroexportador, encontramos la explicación del actual copamiento narco. La actividad económica de los grupos criminales, se da en conjunto con las actividades ilegales en torno a la exportación de granos y de otras materias primas, así como el lavado del dinero del narcotráfico aprovecha los canales financieros que utiliza el agronegocio para blanquear las ganancias provenientes de ventas no declaradas ante el fisco, a partir del contrabando de granos y el sub registro de exportaciones.

Las palancas económicas que utilizan los “sojeros” para sus negocios y también para sus chanchullos, son las mismas sobre la que se montan las redes de narcotráfico para desarrollarse, dando lugar en Santa Fe a un régimen narco-sojero. Los vasos comunicantes aparecen una y otra vez en noticias policiales: la “autopista fluvial” que es la Hidrovía Paraguay-Paraná, asentada en los puertos privatizados, usada para esconder cargamentos de granos, de estupefacientes, de armas e incluso la trata de personas; avionetas aterrizando en aeropuertos privados asentados en la propiedad terrateniente, que además tiene caminos fluviales y terrestres secretos, que conectan con múltiples rutas nacionales; el circuito de transporte organizado para el contrabando de granos, usado como vehículo del transporte de drogas; el circuito financiero que sirve al “blanqueo” de los fondos provenientes de la evasión y elusión fiscal, usado para la comprar dólares con pesos provenientes del narco menudeo.

El periodista especializado Germán de Los Santos, estima que entre 2020 y 2022 transitaron por la Hidrovía 27 toneladas de cocaína.⁸La cocaína se importa mayormente de Bolivia y la marihuana de Paraguay, siendo esta segunda sustancia la que tiene un volumen mayor de comercialización. La cocaína de baja pureza, “cortada”, es la que se ofrece en Rosario para el narcomenudeo, en tanto que la de mejor calidad se exporta a Europa, por los mayores márgenes de ganancia. Las barcazas se mueven de Paraguay a la Argentina, desembarcan la mercadería ilegal en los puertos, muchos de los cuales no están ni registrados por los Estados y de allí toman curso a aguas internacionales. Desde el puerto de Santa Fe hacia el sur, el Río Paraná adquiere las condiciones de profundidad (calado) para el tránsito de buques transoceánicos, siendo el transporte marítimo el principal canal del comercio internacional (Ministerio de Transporte de la Nación argentina). A lo largo de la Hidrovía, que es un acuerdo político que favorece la privatización de la infraestructura y la comunicación entre puertos ubicados en Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, existen 105 puertos, con puntos nodales (Puerto Cáceres, Corumbá, Asunción, Santa Fe, Nueva Palmira) que conectan a estos países, por el que anualmente se mueven 21 millones de toneladas de carga (Bolsa de Comercio de Rosario).

De los 24 puertos registrados en Santa Fe, 21 son privados y están en manos de las cerealeras más poderosas del mundo, que definen el precio de los commodities de granos a nivel internacional: Renova, Cargill, AGD, Cofco, Bunge, LDC, Molinos Agro, ACA, ADM, que en 2021 facturaron en Argentina 77.934 millones de dólares⁹Ranking de las exportadoras, Punto Biz, Año 19, Nº 527 (el préstamo con el FMI fue de USD 45 mil millones). También tienen puertos propios en la provincia otros pulpos internacionales, como la minera La Alumbrera o ACINDAR. Esta es la base de un enorme saqueo patrimonial y de los bienes naturales del país, desde la provincialización y privatización de los puertos bajo el gobierno de Carlos Menem, en 1992. La sostuvieron todos los partidos políticos que gobernaron y gobiernan, incluidas las formaciones provinciales, que tienen bajo su potestad las concesiones de los puertos a lo largo de toda Argentina, en donde se replica la misma situación de enajenación en manos privadas.

En relación con el tráfico, los cargamentos exportables de granos son “contaminados” con cocaína o marihuana con destino a Europa, Brasil y también hacia Oceanía y Asia, un mercado en expansión para el comercio de estupefacientes.¹⁰Oficina de Drogas ONU, Informe Mundial Sobre las Drogas 2022. Esto se produce en el marco de la carga de la mercadería, en la ruta, o se introduce en los contenedores, previo a ser despachados por los puertos. La privatización del sistema de transporte (fundamentalmente camiones, o incluso con el Belgrano Cargas, que es una Sociedad Anónima del Estado) así como de los puertos, fiscalizados por las concesionarias privadas, favorece largamente estas operaciones. Junto con la connivencia de las fuerzas represivas está también la de funcionarios de Aduana y de AFIP, que forman parte de toda de una cadena que hace la vista gorda para llenar las “cajas negras” de la corrupción.

En septiembre de 2022, salieron tres contenedores a través de los puertos de Rosario cargados con maní provenientes de Córdoba, con un total de 1.434 kilos de cocaína, que no fueron detectados en la operadora de Terminal Puerto Rosario, ni por la autoridad aduanera y que se descubrieron cuando los despachos llegaron a los puertos de Santos, Brasil y de Rotterdam, en los Países Bajos. Ese mismo año, pero en mayo, descubrieron en los puertos de Australia un buque con 50 kilos de cocaína, disimulados en harina de soja, que había partido de los puertos de San Lorenzo, y un buzo muerto, que se presume se ahogó tratando de rescatar parte de los 300 kilos de ese estupefaciente que se habían caído al mar.

En 2021, tuvo impacto la “Operación Carbón Blanco”, cuando descubrieron en Portugal toneladas de cocaína en enormes embarques de carbón vegetal que llegaban desde Quitilipi, Chaco, operación a cargo de un empresario de Arroyo Seco (Santa Fe), llamado Patricio Gorosito. El capitalista murió con prisión domiciliaria y se dice que era el testaferro de Julio Grondona, gracias a quien terminó siendo presidente del club Real Arroyo Seco, un club “fantasma”, sin hinchas, cuyo predio compró Rosario Central en 2008 para que entrene la Primera División, en una operación que fue catalogada como lavado de dinero.

Las ramificaciones llegan a lo alto del poder del Estado. Desde 2010, el cartel colombiano de Los Urabeños (herederos del cartel de Cali) operaba en Argentina a través de decenas de empresas que funcionaban en Capital Federal, Rosario, Tucumán y Chaco, para lavar miles de millones de pesos del dinero narco. El cartel buscaba nuevas rutas de exportación y utilizó el puerto de Rosario para exportar toneladas de cocaína disimuladas en arroz, que supuestamente estaban destinadas a Guinea-Bissau, África, en el marco del programa de asistencia de Naciones Unidas “Hambre Cero”. A la cabeza de la pata argentina del cartel estaba Guillermo Heisinger, que en los `90 fue secretario de Coordinación del Ministerio del Interior de Menem. En 2020, se condenó a 13 miembros de la banda del “Narco Arroz”: Heisinger fue absuelto.¹¹https://www.fiscales.gob.ar/ Existieron muchos negociados en torno al blanqueo, de ellos participó el conjunto del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, que aprobó a las apuradas un proyecto presentado por el “Gordo” González, el intendente peronista de la populosa ciudad del Gran Rosario, para la construcción de un crematorio, en una ciudad de 95 mil habitantes, que hasta el día de hoy no tiene una sala de terapia intensiva.

Nótese que en todas las investigaciones los “descubrimientos” se dan en puertos extranjeros.

“La cocaína es un commodity”

Pero la conexión no se resume a los canales de exportación. A partir el lavado de activos, se despliega un enorme circuito financiero dedicado a blanquear el dinero del narcotráfico. En primer lugar, las bandas utilizan los canales de lavado preexistentes para las ventas ilegales de granos: “Las plataformas que fueron utilizadas en las últimas décadas para lavar el dinero del comercio ilegal de granos, son las mismas que usan hoy las bandas criminales. Es un mercado que viene creciendo exponencialmente desde 2010”, dice una fuente de la Unidad de Información Financiera instalada en Rosario.¹²Ámbito Financiero, 6/3/2023. Los operadores financieros de la city de Rosario, que crecieron junto con el boom de la soja, ocupan un lugar destacado en las redes de narcotráfico, cambiando los pesos el narcomenudeo por dólares que sirven para importar estupefacientes: “La cocaína en definitiva es como un commodity que se paga en dólares. Las bandas necesitan de alguien que se los venda”, declaró hace poco el fiscal federal de Rosario, Federico Reynares.

El blanqueo tiene disponibles muchos canales capitalistas e insufla fondos frescos a múltiples empresas. Compra y venta de acciones en la Bolsa de Comercio de Rosario; juego ilegal y legal, a través de los casinos; compra de dólares en casas de cambio y en cuevas financieras; préstamos a tasas usurarias otorgados por mutuales que son usadas como fachadas; blanqueo en los puertos secos, con el acopio de granos, combustibles y camiones, comprados con dinero proveniente del narcotráfico; concesionarias de autos; especulación inmobiliaria con mega torres que permanecen deshabitadas; bares y restaurantes; giros de dinero a través de Rapipagos; de remesas vía Western Union; transacciones con cryptomonedas, que son la última novedad. El dinero del narcotráfico circula por el conjunto de la economía, con un ejército de profesionales, abogados, escribanos, contadores, ejecutivos de medios de comunicación¹³En 2016, el gerente general del diario La Capital de Rosario, Pablo Abdala, se entregó luego de estar prófugo, acusado de conformar una organización dedicada al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, mediante a la apropiación ilegal de inmuebles en lo que se conoció como la causa “mega estafa inmobiliaria”, que consistía en usurpar con documentos fraguados grandes extensiones de campo. Entre los otros miembros de la banda criminal, acusados de lavar 50 millones de pesos hay tres escribanos, un contador, un comerciante, un agente de bolsa, un dirigente sindical, un presunto corredor inmobiliario y dos personas acusadas de prestanombres. En 2018, el Ministerio Público de la Acusación cerró la causa, aplicando el “criterio de oportunidad”, que privilegió el acuerdo económico con los estafados por sobre la aplicación de las penas de prisión. Es decir, pagando se puede eludir la cárcel. La justicia lo declaró inocente., participando del circuito del lavado y contribuyendo a darle legalidad a esos negocios que los bien alimentan. A esto se suman policías, jefes policiales, gendarmes, jefes de unidades antidroga, fiscales, jueces y políticos capitalistas.

La conexión entre puertos, financieras y lavado del narcotráfico internacional se resume en la persona de Gustavo Shanahan, empresario rosarino dueño de varias financieras en Rosario y Capital Federal, de otras empresas y director durante muchos años de Terminal Puerto Rosario, donde tuvo mayoría accionaria. Lo engancharon en escuchas telefónicas con miembros de la banda narco de Rodríguez Granthon, “el Peruano”, para coordinar el cambio de dólares por los pesos provenientes de los búnkeres de Villa Banana (“dólar banana”) en medio de la devaluación de 2019, donde los narcos le manifestaba su preocupación de “quedar descalzados”. Las órdenes las daba Granthon desde la cárcel, a través de los teléfonos del propio Servicio Penitenciario Federal. Está acusado de mandar a matar al concejal rosarino de Ciudad Futura y pastor evangélico, Eduardo Trasante, cuyos hijos fueron asesinados en el Triple Crimen de Villa Moreno.¹⁴Jeremías “Jere” Trasante, Claudio “Mono” Suárez y Adrián “Patom” Rodríguez, fueron asesinados el 1º de enero de 2012, mientras jugaban al fútbol. Tenían participación en organizaciones populares y quedaron atrapados en una balacera narco. El Partido Socialista, entonces gobierno de Rosario y de Santa Fe, los acusó de ser parte de las bandas, por lo que las muertes fueron calificadas como “ajuste de cuentas”. Cuando se comprobó que esto no era así, el socialismo salió a decir que había una “operación desestabilizadora” y ratificó como jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Togniolli, que luego fue condenado a por ser parte activa de una banda de narcotraficantes. Cualquier similitud con lo dicho y actuado por el ministro de Seguridad de la Nación del Frente de Todos, Aníbal Fernández, frente a la crisis narco en Rosario; así como por el gobernador Axel Kicillof, y su ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, no es pura coincidencia. Es un guion prestablecido para justificar a los gobiernos que amparan el gran delito y lavarse las manos de sus propias responsabilidades frente a los crímenes contra el pueblo. Es llamativa en este sentido la carta titulada “Tres años del crimen de Villa Moreno”, de los concejales del Frente para la Victoria, Norma López y Roberto Sukerman, publicada en Página 12 (2/1/2015) que denuncia aquello que hoy practica la fuerza política que integran.

Se presume que Shanahan se metió al negocio para salvar su condición de capitalista, ya que tenía varias causas por quiebras, entre ellas, en un fondo fiduciario para la construcción de barrio privado pegado al Jockey Club, y también cruces con su ex socio en el puerto, el hijo del presidente catalán Jordi Pujol, al que denunció por “meter de golpe 12 millones de dólares en negro” en el puerto de Rosario para blanquear dinero y también “lavar dinero español en Argentina a través (…) de la construcción y concesión de los casinos de Santa Fe y Melincué”.¹⁵Diario El Ciudadano, 5 de noviembre de 2015. El origen de estas actividades habría tenido lugar en 2013, Shanahan fue procesado recién en 2021 y nunca pisó una cárcel: cumple prisión domiciliaria.

Otro importante capitalista que cayó por sus vinculaciones con el narcotráfico en Rosario es Patricio Carey, propietario de la importante financiera Cofyrco, instalada en un shopping de Rosario. Quedó vinculado a partir del asesinato en 2020 del barrabrava narco de Newell’s, Marcelo “Coto” Medrano, hecho a partir del cual se descubrió que Medrano compraba dólares en su financiera para lavar dinero. Medrano había asesinado antes a otro barra, ligado a Patricio Gorosito.¹⁶Ver en este mismo texto las relaciones entre Gorosito y el jefe de la AFA, Julio Grondona. Este crimen se conecta increíblemente con el femicidio de Paula Perassi, a partir de la participación de un Policía de Santa Fe que opera en la ciudad de San Lorenzo, Gabriel Godoy, ex aliado del barra-narco que manejaba la camioneta desde la cual asesinaron a Medrano y que estuvo acusado en la causa de desaparición de la joven sanlorencina. La causa llega al hermano de este policía, rival del barra, que estaba custodiando un puerto seco en la zona de Ricardone (San Lorenzo) donde se acopiaban ilegalmente varias toneladas de soja y 70.000 litros de gasoil, que se comercializan en el mercado negro. Se descubrió que el propietario del puerto era el ex jefe de Inteligencia de la Agrupación de Unidades Especiales de San Lorenzo, Carlos Ávila. El capitalista Carey, parte de una familia propietaria de casas de cambio y agencias de turismo beneficiadas por el Concejo Municipal de Rosario con exenciones impositivas, no cumple ninguna condena de cárcel, porque la verdadera “puerta giratoria” está al servicio de los empresarios que se benefician del dinero narco.

Para concluir, tanto la banda de Los Monos, como la de su rival, Esteban Alvarado, son presentadas a partir de los crímenes de su último eslabón, como pueden ser “los tiratiros”, lúmpenes que asesinan a sueldo o aprovechan las armas para desarrollar extorsiones en comercios de barrio. Pero en ambos casos, las fortunas que amasan estos grupos delictivos con la venta de estupefacientes benefician a un amplio circuito capitalista y se valen de instrumentos financieros de los gobiernos para el lavado. En el caso de Los Monos, inauguraron durante el año 2018 unas 40 empresas bajo el régimen de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), una figura creada durante el gobierno de Macri para ser utilizada por “emprendedores” para registrar compañías en 24 horas, sin controles, sin capital inicial y sin necesidad de especificar un objeto claro. Con ese procedimiento, la banda narco emitió unas 12.000 facturas apócrifas y lavó más de $1.200 millones. El uso de mutuales como fachada es otro de los grandes mecanismos de lavado, por ejemplo, la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral publicitaba “préstamos rápidos y sencillos, cuotas fijas, a sola firma. Mínimos requisitos”, operaba en pleno centro de Rosario y se encarga de proveer dólares a la banda de los Cantero. Entre los 51 millones de pesos que habrían recaudado la banda entre 2010 y 2014, “se contabilizaron inmuebles rurales y urbanos, depósitos a plazo fijo, disponibilidades en moneda extranjera, vehículos y pases de futbolista”. En el caso de Esteban Alvarado, el “capo mafia” rival, se dice que su crecimiento se dio a partir de saber desarrollar actividades comerciales no violentas, con una red de empresas de bienes raíces e inmobiliarias.¹⁷La Capital, 10/10/2020.

Rosario: una masacre con las fuerzas de seguridad como protagonistas

En Rosario hay 22 asesinatos cada 100 mil habitantes, cifra que cuadriplica el promedio nacional. La enorme mayoría de los crímenes fueron planificados y ejecutados por alguna organización ligada al narcotráfico. Las víctimas de balaceras (asesinadas o no) se encontraban en un radio no mayor a 10 cuadras de su casa, generalmente ubicada en un barrio pobre, donde entrar y salir de ciertos perímetros a ciertas horas te puede costar la vida. Existe un mapa del delito que exhibe los barrios donde funcionan las redes narco hace más de una década: Empalme Granero, Nuevo Alberdi, 7 de Septiembre, Santa Lucía, Villa Banana, Cristalería, Parque Casas, Cerámica. El 50% de las víctimas eran varones menores de 25 años.¹⁸Observatorio Seguridad Pública Santa Fe.

Como se ve, el fenómeno está concentrado geográfica y socialmente; está estudiado dónde operan las redes delictivas; los búnkeres están a la vista de los vecinos y los políticos en campaña; pero las redes narco siguen ahí, operando a la luz del día. Según el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, en Rosario hay 5.400 policías, a los que se suman 3.000 efectivos federales, siendo una de las ciudades con más saturación del país, pero ni los gobiernos peronistas, ni progresistas o macristas, han sido capaces de alterar en lo más mínimo la situación. Por el contrario, abundan las denuncias contra la participación de las fuerzas de seguridad en la captación de “soldaditos” y en la protección de zonas liberadas, así como en el gatillo fácil y en la represión de protestas populares, incluidas las que denuncian la inseguridad, como ocurrió en Capitán Bermúdez a manos de Gendarmería en 2021.

El involucramiento de las fuerzas de seguridad en el gran delito es sistemático, especialmente entre los jerarcas y en los organismos creados específicamente para combatir el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad también son protagonistas en la reventa de armas incautadas en los procedimientos, lo que motivó el desplazamiento de una de las jefas de la Policía de Santa Fe bajo el gobierno de Omar Perotti, gestión por la que ya desfilaron 4 ministros de Seguridad y 10 jefes policiales, por el fracaso general y en especial por el involucramiento de los altos mandos con el narcotráfico. La asociación ilícita entre la policía y los narcos recorre a todos los gobiernos, desde el peronismo hasta el Frente Progresista (PS+UCR).¹⁹El penúltimo responsable del “Comando Unificado” de Rosario, Ricardo Castillo, un gendarme a cargo del organismo responsable de coordinar la intervención de las cuatro fuerzas policiales -provinciales y federales- que están apostadas en Rosario “para combatir al narcotráfico”: Policía de Santa Fe, Gendarmería, Policía Aeroportuaria y Prefectura, fue acusado en una causa por proteger una red de narcotráfico que operaba entre Salta y Bolivia, por la cual quedó preso un capitalista del transporte del país vecino y fue condenado el exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, a 13 años de prisión. En el historial, también resaltan los nombres del jefe de Policía de Santa Fe, Hugo Togniolli, condenado en 2015 por liderar un grupo narco, y el de Alejandro Druetta, a cargo de la ex división Drogas Peligrosas bajo el gobierno de Miguel Lifschitz, condenado a 10 años de cárcel, junto a otros policías en 2021 por ser cabecilla de una bandas. Era el hombre de confianza de Maxiliamo Pullaro, uno de los candidatos a gobernador de Juntos por el Cambio en Santa Fe. Quienes piden un reforzamiento represivo, quieran o no, piden reforzar el poder de los que regentean al narcotráfico.

El tema del tráfico de armas es una cuestión clave, ya que la mayoría de los crímenes en Rosario se produjeron con armas de fuego. Existe un gran mercado negro, las armas se pueden comprar en las armerías que abundan en la ciudad e incluso se ofrecen en grupos de Facebook. La participación policial en esto es la constante²⁰“La participación policial se repite como constante en los casos que delatan la existencia de un mercado negro, como en el reciente episodio del agente Juan Carlos Belotti que, con apenas tres meses de antigüedad en la policía de Rosario, se apoderó de once armas confiadas a la Sección Balística de la Región y las canjeó por una moto a una banda del barrio Empalme Graneros (…) Mientras la jefa de policía de la provincia, Emilse Chimenti, declaró que su hermano Cristian Chimenti, director de la región Sur del Área de Criminalística, no tenía vinculación con el episodio, Edery (fiscal rosarino Ndr) sospecha que el robo detectado no fue un caso aislado y también descarta la teoría de la manzana podrida (…)En el caso que afectó a la Policía Científica de Casilda, la fiscal Marianela Luna detectó un grupo de policías que se había organizado para robar armas y otros pertrechos y ponerlos a la venta con la complicidad de un civil, empleado de un frigorífico. En agosto de 2021, Luna ordenó la detención de dos policías de la comisaría 15 (…) entre el 17 de diciembre de 2020 y el 15 de abril de 2021, los policías (…) robaron 27 armas de fuego, municiones, cartuchería, credenciales, celulares y hasta dinero falso que habían sido secuestrados en distintos procedimientos”. Suma Política, 2/7/2022. a lo que se suma la del Ejército. Desde que el jefe del Ejército de Carlos Menem, Martín Balza, fuera acusado por tráfico de armas a Croacia y Ecuador en 2001; hasta la acusación de que Argentina exportaba armas a Brasil, cuando en 2012 encontraron en la Rocinha, en Rio de Janeiro, fusiles FAL y otros provenientes de los arsenales del Batallón de Arsenales 603 de la localidad de Fray Luis Beltrán (Santa Fe) donde funciona Fabricaciones Militares, la red de contrabando conformada por civiles y militares no se cortó.

Las fuerzas que deberían combatir el delito lo organizan, por eso las políticas punitivistas fracasan una y otra vez. Las estadísticas refutan también la idea común de que a una mayor tasa de encarcelamiento se corresponde una baja en la tasa de delitos. Según un informe elaborado por el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, al 2021 “la provincia registra la mayor cantidad de presos de su historia”, sin embargo, cuadriplica la tasa de homicidios nacional. Lo que es caracterizado por especialistas como una “sobretasa carcelaria” no redundó, como está a la vista, en la baja de la tasa de homicidios. El mismo informe señala que “el 44,7 % de los detenidos en establecimientos provinciales no tienen condena”, esto se debe a la pobreza de la mayoría de la población carcelaria, realidad que contradice la metáfora de “puerta giratoria”. Son los Carey o los Shanahan los que nunca pisaron una cárcel, aunque están en la cúspide de los beneficiarios del narcotráfico.

A pesar de que los jefes de las bandas están detenidos, siguen ordenando crímenes con total impunidad desde las cárceles. Los crímenes se organizan desde las penitenciarías provinciales y federales. Según el reciente informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) “Análisis institucional sobre el fenómeno de la narco-criminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios”, al menos 19 jefes de bandas narco -entre los que figuran importantes referentes, como son los Cantero, Funes, Ungaro, Estrada González (de la-Villa 1-11-14)- siguen organizando activamente la venta de drogas, extorsiones, asesinatos, secuestros, desde dentro de los penales de Ezeiza, Marcos Paz o Piñero, en colaboración directa con el Servicio Penitenciario. Pese a que existe una ley que prohíbe el uso de celulares dentro de los penales estos se usan gracias a la contribución del personal carcelario.

La crisis de inseguridad es una expresión de la descomposición del Estado capitalista, que protege este negocio por ser un motor económico. En Rosario existen laboratorios y cocinas de pasta base -según los expertos, desde 2013- por lo que no solo es una ciudad de tránsito sino también de producción, así como plataforma de exportación a Europa. El Casino Center fue escenario de balaceras en distintas operaciones narco y está demostrado que el juego legal y clandestino es un gran canal del lavado. Por la protección de este negocio quedó marcado el Senador del PJ por el departamento de San Lorenzo (puertos), Armando Traferri, que no fue a juicio porque todo el arco político decidió no remover los fueros para que sea investigado pese a los audios que lo incriminaban y terminaron con la destitución, procesamiento y cárcel, del fiscal general de Rosario y de su segundo al mando, por participar de ese delito. La gran protectora del senador es la vicegobernadora Alejandra Rodenas, vinculada a escuchas con Los Monos.

Milicos en las calles nunca más

Frente a la descomposición evidente de la Policía de Santa Fe, que incluso llevó al presidente de la Corte Suprema de esa provincia a denunciar que “la fuerza se autonomizó”, la respuesta de los gobiernos ha sido el desembarco de Gendarmería, que contabiliza varios operativos, en una orientación que comparte todo el régimen político, desde los Kirchner hasta Macri. Por ejemplo, el actual ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, fue el hombre de confianza de Patricia Bullrich en Rosario cuando ella estaba al mando de la cartera de Seguridad en 2014. El hombre está ligado a las agencias imperialistas que operan en la Hidrovía, entre ellas el FBI y la DEA, que tienen una fuerte injerencia en las tareas de inteligencia internas de Santa Fe.

La pretensión de que la Policía de Santa Fe es cómplice del narco, pero no así las fuerzas federales o el Ejército, lo que justificaría el enroque, va en contra de toda evidencia. Son estas fuerzas las encargadas de fiscalizar las diversas fronteras del territorio nacional que son un colador para el ingreso de la cocaína, de marihuana, de los precursores químicos que sirven de base para producir otras sustancias psicoactivas ilegales, así como de las armas y explosivos que llegan al país.

Cuando las avionetas aterrizan en los campos privados de Santa Fe desde los países limítrofes o cuando parten desde Entre Ríos para entregar cocaína a Uruguay, eluden el control de la Dirección General de Seguridad Operacional Aeroespacial Militar, es decir, de la Fuerza Aérea. La cocaína y la marihuana que llegan a la Argentina desde Bolivia y sobre todo desde Paraguay atraviesan los pasos fronterizos por tierra de Salta, Formosa y Corrientes, que están a cargo de Gendarmería. El tránsito fluvial del río Paraná está bajo control de la Prefectura Naval Argentina. Son muchas las fuerzas de seguridad que hacen la vista gorda ante el contrabando de granos y del uso de cereales como camuflaje para la exportación de cocaína a Europa por los puertos del Gran Rosario. Esta complicidad también está presente en el Servicio Penitenciario tanto en los penales provinciales y federales, donde el personal carcelario es el que les habilita los teléfonos a los jefes de las bandas narco. Las llamadas fuerzas de seguridad del Estado son el apoyo sin el cual no podría desarrollarse el narcotráfico.

La campaña de reforzamiento represivo tiene patas cortas y es un búmeran para el gobierno, así como para la oposición de derecha que la agita. No solo no resolverá el problema de fondo, sino que, al contrario, como sucedió en el pasado, se reforzará el poder de las bandas y la penetración del narcotráfico a partir de la creación de nuevas “cajas negras” de la corrupción con las que se soborna “a los políticos y la gorra de todos los colores”, como declaró en un juicio un importante narcotraficante ligado a la banda de Los Monos, Mac Caddon, que operaba en connivencia con todo el poder de la ciudad de San Lorenzo. Es falso que estemos frente a “un Estado ausente”, al contrario, es precisamente el entrelazamiento del Estado con el narcotráfico lo que fortalece a las bandas y explica cómo Argentina llegó a ser uno de los principales exportadores de cocaína a nivel mundial, y a ocupar el tercer lugar en el ranking de la ONU en 2013. Si se introduce el ejército van a agravarse estas contradicciones, como podemos verlo en el espejo retrovisor de otras experiencias latinoamericanas.

En la fusión entre el ejército y las bandas narco nacieron los cárteles en México; es el caso de “Los Zetas”, la sanguinaria banda del cartel del Golfo, originada en la cooptación de un grupo de tareas del ejército organizado específicamente por el gobierno y la DEA para combatir al narcotráfico. En Colombia, los paramilitares a cargo de la exportación de la pasta base al mundo son desprendimientos del ejército que combatió a la guerrilla. Recordemos que el jefe de Seguridad de México, Genaro García Luna, el ideólogo de la guerra contra las drogas, que desató un sangriento enfrentamiento contra los carteles, fue arrestado en EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa en 2019. Un año después, Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa mexicano en el gobierno de Peña Nieto, fue detenido por la DEA por presuntos vínculos con el narcotráfico, que lo supo tener como aliado. El papel del imperialismo en el narcotráfico y las manipulaciones de las causas, con exsocios, merece otro estudio.

Al rol organizador de las fuerzas represivas en el gran delito, se suman el de la justicia y el poder político. Debería llamar la atención el hecho de que pocas veces se conoce a los autores materiales de los crímenes narco, aunque el listado luctuoso es exhaustivo. El papá de Gonzalo Molina, trabajador de Aerolíneas Argentinas de 20 años asesinado en Rosario en febrero de 2021, lo expresó claramente en los medios: “Parece que lo mató un fantasma. Nunca encontraron a los responsables”. Es interminable la cantidad de causas que involucran a políticos, fiscales y jueces en la protección del narcotráfico. Todo el arco político, con excepción de los cuatro diputadas y diputados del Frente de Izquierda, aprobó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación un proyecto para el “Fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe”, en un acto de “unidad nacional”, que encubre la lucha violenta de camarillas por el control del Poder Judicial que se está desarrollando en este momento en torno a la selección del Fiscal General, un botín de guerra en una provincia donde rige el sistema acusatorio, que da bastante poder a los fiscales.

¿Puede “fortalecerse la justicia” cuando los jueces y fiscales son designados por el poder político responsable del copamiento narco de Rosario? El Consejo de la Magistratura, encargado de proponer las designaciones de Jueces, Tribunales y Fiscales, es en sí un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Ese mismo organismo, es el que le eleva la terna para fiscal general al Gobernador, que elige entre los nombres una propuesta y la deriva a la Legislatura provincial, es decir que entre el Poder Ejecutivo y la oposición parlamentaria designan quién está a cargo de la persecución criminal. Los mismos que gobiernan designan a la “justicia”. Las usan para disputar sus internas, con los opositores de hoy, que serán aliados de mañana, para tapar sus negociados y los de los capitalistas que los financian.

Un programa de salida

Quienes proponen bajar la edad de imputabilidad de los menores, someter a la juventud al hacinamiento, los vejámenes y las torturas no están planteando ninguna medida real para terminar con el narcotráfico, al contrario, proponen “soluciones” que refuerzan el sometimiento de la juventud al delito. Se omite el hecho brutal de que muchos pibes que entran a la cadena narco fueron antes reducidos a una situación de servidumbre, parecido a lo que sucede con las víctimas de trata, donde las jerarquías de las organizaciones criminales -que funcionan como verdaderas empresas- inventan deudas y hasta le roban el DNI a los pibes, como está documentado en varias causas judiciales. El pibe que termina encerrado en un bunker 12, 24, 36 horas, sin agua, ni comida, ni aire, llegó allí luego de atravesar un calvario, que no empieza en el circuito del consumo sino mucho antes, por la miseria, la falta de perspectivas en la vida y el saber que no se tiene un futuro, todos factores que también pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas ilegales, que a su turno atan a la juventud a una cadena de extorsiones, que en el extremo siempre regentean los dueños del poder para engordar sus “cajas negras”.²¹Quién cavó esas tumbas, Martín Stoianovich. Ediciones UNR, 2023.

El narco Estado no va a desmantelarse a sí mismo. Por eso la clave pasa por la organización independiente de los trabajadores y de la juventud contra un régimen narco, contra sus punteros y sus políticos, contra una justicia venal. La lucha por el acceso a la educación, a la salud, incluida la pelea contra las adicciones, a las becas de estudio, al trabajo genuino, por la vivienda, el deporte y el derecho al ocio, es el camino para desarrollar esa organización, como lo viene haciendo el Polo Obrero, que forma parte de una historia de lucha de las organizaciones sociales combativas que son el verdadero contra poder del narco Estado. En el caso de los Institutos para la rehabilitación de jóvenes en situaciones graves de adicción, muchos de ellos son cárceles maquilladas por lo que es necesario pelear porque los mismos estén bajo control de los familiares, vecinos y trabajadores de la zona, para que puedan cumplir su objetivo. En esa organización, la juventud es rescatada de caer en las redes y terminar siendo carne de cañón de un negocio que a nivel internacional crece, como lo marca la propia ONU, evidenciando que cada vez más está legalizado como mecanismo de recomposición de la tasa de ganancia de un capitalismo en declinación. Los que proponen recortar los programas sociales solo le ofrecen a la juventud empobrecida “cárcel o bala”, el latiguillo del descompuesto “libertario” Espert, financiado por narcos, que impulsa una amplia gama de partidos políticos del sistema, incluida parte del peronismo. Los que quieren más penas, refuerzan el mecanismo extorsivo que tienen las fuerzas represivas sobre la población subyugada. Llamemos la atención de que los que se montan en el discurso derechista de la “mano dura” coinciden en atacar la lucha piquetera en una manipulación ideológica inmensa, porque no hay mayor lucha contra el narcotráfico en los barrios que la organización independiente del Estado contra los narco punteros, que “trabajan” para los narco intendentes.

La lucha por la urbanización de los barrios, para que haya calles asfaltadas, iluminación y corredores seguros, desmalezamiento y paradas de colectivos que entren en los barrios, restituyendo el servicio que fue recortado por todos los gobiernos, para que haya centros culturales y deportivos forma parte de un programa de medidas transitorias que choca de frente con las “zonas liberadas” y el ajuste del FMI. En oposición al copamiento narco, planteamos la inmediata entrega de los títulos de propiedad a las familias que llevan décadas esperando que sus viviendas únicas sean reconocidas, una medida que ayudaría mucho a terminar con las usurpaciones.

La lucha contra la inseguridad tiene reclamos transitorios. Planteamos que se abran los libros de las comisarías al control vecinal, a fin de conocer la actividad real del personal policial y controlarlo. Exigimos el inmediato retiro de la Gendarmería y del Ejército, que es una tapadera más del delito y un instrumento de criminalización de la juventud más pobre. El desmantelamiento de las actuales fuerzas represivas, que funcionan al servicio del gran delito y su sustitución por una fuerza de seguridad ciudadana, electa y bajo control de asambleas barriales. Reclamamos, nos organizamos y nos movilizamos bajo las consignas: “Desmantelamiento de los búnkeres. Fuera los narcos de las barriadas populares”. La elección popular de jueces y fiscales y el derecho a revocatoria de los mismos, así como de los cargos políticos y burocráticos del Estado. Proponemos la conformación de una comisión investigadora independiente, integrada por organismos de derechos humanos, que tenga las manos libres para acusar a los funcionarios que participan o protegen el delito y poder destituirlos. Impulsamos el reclamo de despenalización del consumo de estupefacientes, como parte de nuestra agitación antirrepresiva.

De fondo, está claro que delito narco creció de la mano de la privatización de los puertos en los `90, que son colador del narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Son la palanca fundamental en la que se asienta el tráfico de drogas, junto con la propiedad latifundista, en Santa Fe. Por eso, desde el Partido Obrero denunciamos al Partido Justicialista, al Partido Socialista, a la UCR y al PRO, porque todos ellos forman parte de un régimen político que entregó Rosario y Santa Fe al narcotráfico para favorecer a las cerealeras. Solo una fuerza política verdaderamente revolucionaria va terminar con la Hidrovía privatizada, planteando la estatización de los puertos y su nacionalización bajo control de los trabajadores, para que el Gran Rosario deje de ser un enclave estratégico para el narcotráfico internacional. La puesta bajo control obrero es nuestro diferencial de las campañas de demagogia nacionalizante, porque destacamos que la administración de los puertos debe cambiar de clase social.

Junto con esto terminar con los canales del lavado, centralmente los bancos y la especulación financiera. Planteamos abolir el secreto bancario y crear una banca estatal única, poniéndola bajo control de los trabajadores y trabajadoras. Estatizar el Casino Center de Rosario y todos los casinos, para terminar otro gran canal de lavado de dinero negro y también luchar contra las ludopatías. Instaurar un impuesto progresivo y confiscatorio al capital inmobiliario que acapare tierras para la especulación, otro canal del lavado, que a su turno beneficiará a la población trabajadora que no puede pagar un alquiler ni acceder a la vivienda propia por los precios exorbitantes que derivan de esta concentración de la tierra en pocas manos, y recuperar el suelo urbano para las y los trabajadores, hoy expulsados y condenados a vivir en condiciones de hacinamiento.

Estas son las raíces económicas que los bloques políticos que vienen gobernando no quieren cuestionar. La penetración del narcotráfico no va a resolverse por vía represiva, con “el control del territorio”, es decir, limitando el problema a la represión del narcomenudeo, porque el circuito no se resume a la venta de estupefacientes en los barrios, donde está el último eslabón de un negocio multimillonario internacional, sino desmantelando sus bases económicas generales. Son incapaces de avanzar en ese sentido los bloques políticos que recularon con Vicentin, que benefician a las cerealeras con el “dólar soja” mientras toleran el contrabando de granos, la evasión y elusión fiscal sistemática de estos pulpos internacionales.

Carla Deiana es socióloga (UBA), profesora y candidata a gobernadora de Santa Fe por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda.