“Isabel. Lo que vio. Lo que sabe. Lo que oculta” (el libro de Facundo Pastor)

En los últimos días llegó a las librerías la nueva obra del periodista Facundo Pastor: Isabel. Lo que vio. Lo que sabe. Lo que oculta. En su contratapa, y como forma de venta, Editorial Aguilar anticipa lo que se encontrarán los lectores en las siguientes 160 páginas: “…reconstruye, con un ritmo de thriller, lo que pasó con María Estela Martínez de Perón, Isabel, una viuda acorralada que vive en el exilio hace casi cincuenta años. Casi olvidada, o tal vez escondida, es momento de comenzar a contar lo que vio, lo que sabe y lo que oculta (…) la madrugada del 24 de marzo de 1976”.
Estela Martínez de Perón dejó de ser presidenta de la Argentina casi dos años después de la muerte de Juan Domingo Perón. “El helicóptero que la sacó de la Casa Rosada no fue a la Quinta de Olivos. ¿Quién la acompañaba? ¿Fue víctima de una trampa por parte de su propio entorno? ¿Por qué Massera la tuvo estrictamente vigilada? ¿Cómo es la vida hoy de esta mujer, a la que envuelve un silencio que parece más obligado que voluntario?”.

El nuevo libro del comunicador, especializado en noticias policiales y que en el último tiempo hace carrera en temáticas políticas, se sumerge en los últimos meses de gobierno de Isabelita. Analizando su personalidad (haciendo referencia a desequilibrios psíquicos y emocionales) sumado a su actual, y cómoda, vida en España. Pero en todo momento, tratando de dejarla ubicada en un lugar de víctima, donde socios y enemigos políticos, como se diría en el barrio “le hicieron la cama” en 1976.

En una entrevista brindada al diario Infobae (01/03) el autor describe que “Así como en Emboscada, mi libro anterior, el enigma era dónde está el cuerpo de Walsh y dónde están los cuentos que los marinos robaron, acá el enigma que persigo es el silencio. ¿Qué vio? ¿qué sabe? ¿qué oculta? Es la mujer que vivió veinte años al lado de Perón. Es la mujer que más tiempo pasó con él y que convivió con él hasta su muerte. Yo creo que tuvo el intento de reinsertarse en la vida política, pero nunca hizo pie en la política argentina. Ni como presidenta, ni como expresidenta. Y creo que el suyo es un exilio de silencio más obligado que voluntario”.

El presente artículo tiene el objetivo de analizar el ensayo de Pastor, y sobre esa base profundizar sobre el contexto político, social y financiero que conllevó al golpe cívico militar.

El genocidio de Estado comenzó antes del 76

María Estela Martínez de Perón, también conocida como Isabel o Isabelita, toma el poder político del país el 1ro de julio de 1974, con el deceso de su marido, Juan Domingo Perón. Los casi dos años de gobierno quedan marcados por una cantidad de medidas de fuerte ajuste y represión al pueblo trabajador.

La Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) es una organización a cargo de su ministro de Bienestar Social, José López Rega, puesto por el propio Perón. Llamado también “el Brujo”, toma el poder en la cartera, hoy conocida como Acción Social, el 25 de mayo de 1973, y la dirige por más de dos años, con el aval de cuatro gestiones presidenciales justicialistas (Héctor Cámpora, 1973, Raúl Lastiri, 1973, Juan Domingo Perón, 1974 e Isabel Perón, 1974-1975).

Valiéndose de los “Cuatro Decretos de Aniquilamiento” firmados en 1975 (el primero por Isabelita y López Rega en febrero, los otros tres en octubre por Luder, el presidente provisional del Senado, en función presidencial), el ejecutivo nacional habilitó a las fuerzas policiales, militares y a escuadrones paramilitares para la represión, detención ilegal, secuestros, ejecuciones e instalación de los primeros centros clandestinos de tortura. El genocidio de Estado no arrancó el 24 de marzo de 1976.

En su libro, Pastor trata de desligar de responsabilidades (o parte) a la expresidenta, argumentando su licencia por “enfermedad” y viaje a Ascochinga (Córdoba). Pero a su retorno, tanto la no cancelación de dichos decretos, como sus posteriores discursos, demuestran cómo Isabel no era víctima o rehén de López Rega, sino responsable y partícipe del terrorismo de Estado: “… por otra parte, los enemigos del pueblo, manifestados como guerrilla, y capitaneados por intereses foráneos, buscan destruir al país, creando el caos en las más importantes industrias pero en el corto lapso mi gobierno ha podido comprobar la capacidad y el patriotismo del pueblo argentino para superar cualquier contingencia. He vivido la entereza de familias afectadas por las balas asesinas, que en las sombras pretenden inútilmente detener la marcha ascendente de la patria” (cadena nacional, 1975).

Los patrullajes de los Falcon verdes y los grupos de tareas no se iniciaron a finales de marzo del 76, sino años antes, en democracia. La represión buscó cerrar y aniquilar una fuerte movilización obrera y popular marcada por importantes rebeliones como el Cordobazo (1969) que marcó un hito en la historia de la lucha de clases del país.

El gobierno justicialista fue responsable de la desaparición y muerte de entre 700 y 1100 personas y del exilio de artistas e intelectuales. Estos actos fueron calificados como delitos de lesa humanidad por la justicia federal en 2009.

Dos de aquellos luchadores, caídos por la represión asesina, fueron los compañeros Fischer y Bufano. El 13 de diciembre de 1974, Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, jóvenes trabajadores y activistas de la fábrica de pinturas Miluz (Fischer delegado general) fueron secuestrados, bajados del colectivo que tomaban de regreso de la planta por un comando derechista. Los cuerpos de los militantes de Política Obrera (organización antecesora al Partido Obrero), integrantes del comité de la zona norte del conurbano bonaerense, fueron encontrados, acribillados, dos días después, en un basural de Avellaneda.

Miluz fue una de las decenas de fábricas recuperadas sindicalmente por sus operarios de las manos de las burocracias propatronales entre 1973 y 1974. Mediante la lucha lograron el cese de despidos y suspensiones, la reducción del ritmo de producción, el aumento de salarios, el aguinaldo extra, la recategorización y mejoras en la seguridad laboral.

Los secuestros y crímenes contaron con el previo ataque a los delegados y activistas, por parte de la patronal y la burocracia sindical peronista, que aumentó posteriormente a la intervención de Fischer en la asamblea de trabajadores de Villa Constitución (Villazo, marzo 1974, ver nota en esta edición de EDM).

En una entrevista efectuada a Isabel, por el periodista Gustavo Silvestre, para Canal 13 (1993), consultada si recordaba al Brujo, y su relación con Perón, ella respondió, tratando de lavar responsabilidades propias y compartidas: “Bueno, López Rega está muerto. Y siempre digo ´que lo enjuicie la historia y no yo´, siempre ha dicho que es una etapa cerrada y alguien lo juzgará (…). Todos tienen entorno, pero el general Perón no era una persona importante, ni valiosa ¿y que más quiere que le diga de López Rega? No hay mejor juicio que la historia. Yo no pienso nada de él. Es un capitulo que he cerrado por muchísimas razones… (aunque se negó a revelarlas)”. De este modo, tanto Isabel a sus 95 años desde Madrid, como todos los gobiernos post dictadura se encolumnaron detrás de la consigna “es hora de dar vuelta la página”, tratando así de dejar libres de culpa y cargo a los responsables políticos y materiales del genocidio.

Represión para poder hacer pasar fuertes medidas de ajuste sobre las condiciones de vida y labor del pueblo argentino. Si todo lo que se enumera a continuación les suena parecido (o cotidiano) sepa que no es casualidad, sino la explicación de cómo viene precarizando la gran burguesía las vidas de los trabajadores.

Pese a que Pastor lo nombra como un hecho del contexto social y financiero, las medidas económicas llevadas adelante por el gobierno de Isabel Perón fueron una bomba, para un pueblo hambreado y movilizado.

El 4 de junio de 1975, Celestino Rodrigo, ministro de Economía, presenta un fuerte plan de ajuste acordado con los gobernadores, y a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI). Impulsa una bruta devaluación del peso, el aumento de las tarifas de servicios públicos, del transporte y los combustibles (hasta 180%), pero con bajos topes de aumentos salariales y jubilaciones. Estas medidas provocan el alza generalizada de los precios de productos de la canasta básica (182% en 1975).

El 4 de junio de 1975, en cadena nacional, desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno, la presidenta, acompañada por la cúpula burocrática de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las cámaras empresariales, afirma que “Algunas medidas pueden parecer, a primera vista, un tanto impopulares, pero tenemos ante nuestra vida, un ser querido que está enfermo, y es preciso operarlo para salvar su vida (…) nuestro enfermo querido es la patria y la salvaremos ante cualquier sacrificio (…). Ceder ante las presiones de la antipatria, no concurrir al trabajo o realizar tareas a desgano. Presentarse a huelgas manejadas desde la sombra, por intereses esclavizantes del trabajador, es entregar a la patria, a sus familias, y por sobre todo a su libertad en manos mercenarias. El gobierno trabaja sin cesar por erradicar del territorio nacional a todo aquello que signifique subversión”.

La respuesta llegó por parte del movimiento obrero. Pasando por encima de las direcciones burocráticas de la CGT y de la gran mayoría de los sindicatos, los trabajadores pararon, ocuparon, se movilizaron. Culminaron con un paro general de 48 horas que terminó con la renuncia de Rodrigo y López Rega y la satisfacción de los reclamos obreros salariales, tema que es nombrado en el libro, pero pasa como un hecho más de un gobierno en crisis. Sin decirlo, como análisis, deja sobrevolando la responsabilidad del movimiento obrero combativo, junto a las “guerrillas” (especialmente Montoneros, la izquierda peronista y el ERP) en la caída del gobierno de Isabel. Lo cierto es que se trató de una huelga política de masas, de una huelga general, realizada, por primera vez, contra un gobierno peronista, por parte de un movimiento obrero que no se dejaba aplastar.

La teoría de los dos demonios

Pastor analiza el contexto social previo al golpe marcado por el avance del accionar de las guerrillas (principalmente Montoneros y ERP-PRT) que llamaban a la lucha armada como salida a la crisis. Un hallazgo positivo de Isabel (el libro) es que no se visualiza el cotidiano acercamiento o la adopción de la falsa y errada teoría de los dos demonios, concepto altamente utilizado por medios periodísticos (muchos de ellos partícipes activos en el apoyo al golpe del 76, como Editorial Atlántida, Clarín y La Nación).

Sin decirlo abiertamente, con el fin de posar la mira en la expresidenta peronista, en su recorrido, y como forma de contextualización del escenario violento que vivía el país, termina igualando el accionar guerrillero (fuertemente golpeado y en retroceso para la época) con el brutal ataque genocida del Estado. Este concepto fue explotado incluso, post dictadura, en el informe de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (CONADEP) titulado “Nunca Más”. En su prólogo, Ernesto Sábato expresa que “durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así como Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicios, y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: ´Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura´. No fue de esta manera en nuestro país. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos” (Nunca Más, Edudeba, 1984).

Para la misma fecha, en una entrevista, el escritor Juan Gelman, explica por qué dicha tesis no tiene validez. “Lo que demuestra que la teoría de los dos demonios no funciona es el hecho de que haya habido 30 mil desaparecidos. Según un estudio del coronel Florencio García y del ejército había a los sumo mil quinientos guerrilleros, sumando todos los grupos guerrilleros del país. De manera que suponiendo que todos esos guerrilleros hubieran sido aniquilados por las Fuerzas Armadas, todavía cabe preguntar qué pasó con los veintiocho mil quinientos que no eran guerrilleros y que incluso no estaban a favor, sino en contra de la lucha armada como salida al problema del país”. Pese a no acompañar el accionar guerrillero, es un grave error considerar que el golpe es resultado del accionar de dos demonios, concepto que se termina acercando al planteo de los militares, que al momento de ser juzgados (1984) justifican el genocidio como una “guerra contra la subversión”.  

24 de marzo

El libro de Pastor se divide en dos capítulos, “El cielo” y “El infierno”, ambos correlacionados, y, jugando entre la metáfora y los hechos reales, están principalmente centrados en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976.

El derrocamiento del gobierno de Isabel Perón se veía venir. Las patronales no se quedaron con los brazos cruzados ante el avance de la movilización popular, que creaba en el país un proceso prerrevolucionario.

El golpe tuvo su antesala en la provincia de Córdoba. El 27 de febrero de 1974 el gobierno de Ricardo Obregón (PJ-Frente de Liberación) y su vice, Atilio López (PJ – secretario general de la CGT Córdoba) fueron derrocados violentamente, por un levantamiento de las fuerzas policiales de la provincia, comenzado por Antonio Navarro. Convalidado por el propio Perón se resolvió  la intervención federal, y no se repuso en sus cargos al ejecutivo local electo. En marzo de 1975 tendrá lugar una dura invasión de las fuerzas represivas contra los metalúrgicos de Villa Constitución.

La contrarrevolución comienza a hacer acto de presencia en una Argentina marcada por la crisis de poder y el levantamiento popular.

El libro de Facundo Pastor retrata de forma detallada la larga madrugada del 24 de marzo de 1976. Poco antes de la 1am, el helicóptero que transportaba a la presidenta a la quinta de Olivos desvió su marcha hacia el Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibida por el general de brigada José Rogelio Villarreal, el brigadier Basilio Lamidozo y el contraalmirante Pedro Santamaría, quienes le informaron que “las fuerzas armadas se han hecho cargo del poder político y usted ha sido destituida”. Acto seguido, fue trasladada a Villa La Angostura, Neuquén, específicamente a la residencia El Messidor, en carácter de presa política. Pocos meses después, sería trasladada al arsenal naval de Azul, en el interior de la Provincia de Buenos Aires para ser liberada 5 años después.

Tres y diez de la madrugada las fuerzas militares ocupaban los canales de televisión y estaciones de radio, se cortaba la transmisión, y con la lectura del locutor Juan Vicente se difundía el famoso “Comunicado Numero Uno de la Junta de Comandantes Generales”.

El texto describe la investigación, concluyendo que el golpe fue un hecho estudiado y premeditado, especialmente por la Marina Argentina, a cargo de Emilio Massera, integrante de la Junta de Reorganización Nacional, y a cargo de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de detención, tortura y exterminio. Según el autor, Massera había plantado un espía en plena Casa Rosada. En su thriller histórico, Facundo Pastor hace referencia al apoyo político patronal (nacional e internacional) a la caída del gobierno.

La incapacidad del poder ejecutivo nacional para poder contener la rebelión popular ni siquiera con la represión (legal e ilegal) provoca un proceso de crisis de poder por arriba y una situación revolucionaria por abajo. Ante esta situación, la embajada de los Estados Unidos exige el golpe. Así lo informaba Robert Hill (que por aquel año, 1975, ocupaba el cargo de embajador norteamericano) al Departamento de Estado, respecto de Isabel: “Su autoridad y posición está tan socavada que no puede tomar las riendas del poder. La manera en que deje estas riendas, de buena voluntad, tendrá mucho que ver con quien la reemplazará. En caso de que retorne el 17 de octubre a la presidencia y se dedique a gobernar, poco después tendrá lugar un golpe militar, posiblemente hacia fin de año”.

Isabelita era consciente del destronamiento y no se opuso en ningún momento. En la misma entrevista, brindada a Silvestre, desde Europa, afirma “Yo sabía todo lo que pasaba, perfectamente. Lo que pasa es que yo no entregué la bandera, me la quitaron. Yo no me entregué en un sitio, me lo quitaron (…). ¿Oponerme? No, todo estaba hecho”.

La fotografía en blanco y negro de la enorme aeronave despegando de la terraza de la Casa de Gobierno, frente a una nocturna e inhabitada Plaza de Mayo, ha quedado como material histórico argentino. Imagen tomada por Horacio “El Conde” Villalobos, utilizada en libros de textos, manuales escolares, revistas y diarios (como Clarín, que la utilizó sin el permiso del fotógrafo). “La imagen de Villalobos es una postal replicada hasta el hartazgo en revistas y diarios viejos, libros de historia y documentales. Es una imagen que simboliza la transición de la democracia hacia la dictadura más cruenta que tuvo nuestro país. Una imagen que documenta de manera certera el camino hacia el horror. Un portal hacia la tragedia (…) Isabelita se va a convertir en la primera prisionera de un grupo de militares que usurparon el poder. El mismo grupo de golpistas con los que ella negoció, hasta el final, la eliminación de las organizaciones revolucionarias de izquierda” (Isabel, Editorial Aguilar, 2024).

El apoyo civil al golpe

El apoyo al golpe de Estado no solo provino de cámaras empresariales, como por ejemplo la Unión Industrial Argentina, IDEA, la Sociedad Rural, la Cámara de Bancos Privados, Ford, Mercedes Benz, Ledesma, Clarín y Editorial Atlántida, por nombrar algunos de los más importantes (cabe mencionar que en mucho de los casos estos empresarios fallecieron sin siquiera pisar un tribunal, para tan solo declarar, como responsables civiles del genocidio).

También se deben nombrar a importantes representantes del poder político, religioso, de la burocracia sindical (e incluso de la izquierda argentina).

Personajes como el Monseñor Adolfo Servando Tortolo, alto jerarca de la iglesia católica, brindó su respaldo a la represión tanto con la AAA como con la dictadura. “En el plano personal, yo tenía una relación excelente con Monseñor Tortolo, por ejemplo. Era un santo.” declaró Jorge Rafael Videla en su celda de Marcos Paz, un año antes de morir, demostrando la fuerte alianza de la curia y el Estado en la tarea masacradora. Sobrevivientes de la tortura informaron (al unísono) la participación de curas y frailes en los centros de detención clandestinos, partícipes activos de vejámenes atroces. Mancomunidad que se mantiene al día de la fecha, como lo demuestra el hecho de que sean pocos, para no decir nulos, los líderes religiosos que pasaron por tribunales y se sentaron el banquillo de los acusados. A 40 años de democracia se mantienen cerrados, como sagradas escrituras, los documentos de la Iglesia, inclusive teniendo un “Papa progre y argentino”.

En 1975 quien asume la presidencia de forma provisional, ante el pedido de licencia de la presidenta , fue el senador justicialista, Ítalo Luder, figura política que le pone la firma a los decretos que extienden a todo el país la orden de “aniquilar” el accionar guerrillero conformando un Consejo Nacional de Defensa, controlado por las Fuerzas Armadas (ya para aquel entonces Videla era jefe del ejército) y poniendo a las policías nacionales y provinciales a sus órdenes. El golpe fue diseñado en “democracia”.

Para finales del mismo año, Ricardo Balbín, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) mantuvo una extensa reunión con Videla, en la cual le expresó: “General, yo estoy más allá del bien y del mal. Me siento muy mal, estoy afligido. Esta situación no da más. ¿Van a hacer el golpe? ¿Sí o no? ¿Cuándo?”. A lo que el militar le respondió: “Doctor, si usted quiere que le dé una fecha, un plan de gobierno, siento decepcionarlo, porque no lo sé. No está definido. Ahora, si esto se derrumba, pondremos la mano para que la pera no se estrelle contra el piso”. Como réplica, el caudillo de la boina blanca instigó: “Háganlo cuanto antes. Terminen con esta agonía”. El mismo hombre que esgrimía la necesidad de “terminar con la guerrilla fabril”, tildando de esa forma a los trabajadores en lucha por mejoras en las condiciones de sus salarios y labor e incentivando el accionar de las fuerzas policiales y parapoliciales en su contra.

En la misma sintonía, el senador por la provincia de Córdoba, Eduardo Angeloz (UCR), hombre que en democracia fue candidato a presidente, en las elecciones de 1989, declaraba: “Debo confesar que en el día de hoy (dos semanas antes del golpe) he golpeado las puertas (…) de la Policía Federal, la de algunos hombres del ejército. Y el silencio es toda la respuesta que me encontraba”.

Así mismo, Víctor Calabró, gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PJ), impuesto por un “golpe-renuncia” al gobernador Bidegain, desde el 24 de enero de 1974 hasta el 26 de marzo de 1976, les proporcionó los mapas de la casa de gobierno a las Fuerzas Armadas, con el fin de que el Séptimo Regimiento de Infantería no se cruzara con la policía el 24 de marzo.

El papel de la burocracia sindical no fue menor en su apoyo al golpe. Casildo Herrera, secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT) y de Confederación General del Trabajo (CGT) es uno de los ejemplos de entreguistas. También para fines del 75 mantuvo una entrevista con Videla, donde le expresó el desastre que era el gobierno de Isabelita, y lo invitaba a mantener un contacto cotidiano post intervención militar (el golpe del 24 de marzo del 76). Su famosa frase “Me borré” la expresa al momento del golpe, desde Montevideo (Uruguay), a donde había huido lejos de las luchas obreras de su país. Acompañado por José Rodríguez, secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte (SMATA) y el gastronómico Ramón Elorza. Quienes salieron a las calles, a luchar contra la avanzada fascista fueron las bases y delegados combativos, no los dirigentes burocráticos que se “borraron”.

En la lista de entreguistas y buchones de la patronal ajustadora y asesina, no se puede dejar de lado al hoy secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA,) Gerardo Martínez. Hombre que integró el Batallón de Inteligencia 601 creado en 1968 (un año antes del Cordobazo) y que cobra importancia entre 1975 y 1976, en la escucha y seguimiento de activistas gremiales, muchos de ellos asesinados o “desaparecidos”.

En el grupo de empresarios que apoyaron al golpe y al genocidio de Estado se encuentran hombres como Carlos Pedro Blaquier, responsable del secuestro de operarios del ingenio Ledesma, en la Provincia de Jujuy. Ese hecho, conocido como “la noche del apagón”, iniciada el 20 de junio de 1976, tuvo como  fin detener a 400 personas de la ciudad norteña. Por dicho accionar, en abril de 2012 se abrió una causa judicial contra el presidente de la firma, cerrándose de forma veloz, tres años más tarde, dictándose la revocación del procesamiento por la Cámara de Casación Penal justificando que “No existe el mérito que un auto de procesamiento requiere para sostener que los imputados se habrían representado que hicieron un aporte que favoreció al hecho de que otro dolosamente haya privado ilegítimamente de la libertad a una persona”. Blaquier falleció el 13 de marzo del 2023, libre de culpas y cargos, pese a su responsabilidad y apoyo al terrorismo de Estado. Los documentos de Ledesma siguen cerrados.

Jorge Antonio Esquef, capitalista que trajo a la Argentina firmas de gran renombre internacional como General Motors, Mercedes Benz, Hanomag, Deutz y Fahr, propietario de emisoras radiales (Radio Belgrano) y de compañías agroindustriales, amigo y asesor político de Juan Domingo Perón, expresó a inicios del 76, en conferencia de prensa que “Si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean”.

Tampoco debe olvidarse el papel jugado por aquellos que en democracia se definen “hijos de las Madres de Plaza de Mayo” pero en tiempos oscuros jugaron un papel displicente. Como bien lo demuestra Pastor, en su libro, el kirchnersimo ha tomado la misma posición que todas las vertientes del peronismo. Exiliar y quitar del mapa político y de responsabilidades a Isabel Perón. Por otro lado, durante toda la dictadura, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández, con sus títulos de abogados, no presentaron un solo habeas corpus en reclamo por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos. Pedido que si hicieron decenas de abogados defensores de los derechos humanos, perseguidos, encarcelados y en algunos casos aún desaparecidos. A esto debe sumarse la integración en el gobierno de CFK de militares denunciados y procesados por abusos, torturas y crímenes, como es el caso del que fuera nombrado comandante en jefe del ejército, Cesar Milani.

El rol de la Izquierda

El apoyo a la represión, tanto antes como después del 24 de marzo del 76, no fue solo de sectores de la curia, el empresariado, la burocracia sindical y sus partidos patronales. La izquierda argentina también aportó su granito de arena.   

El Partido Comunista Revolucionario (PCR) -escisión del Partido Comunista (1968)- a pesar de haber tenido militantes victimizados por el accionar de grupos como la triple A, brindó su apoyo político al ejecutivo nacional, liderado por Isabel Perón y López Rega ensalzándolo: “…la resistencia de una parte del peronismo, en especial de Isabel Perón, superó las previsiones de los estrategas del socialimperialismo. Pero, sobre todo, se vieron sorprendidos por la resistencia del partido marxista-leninista del proletariado, el PCR, al que ellos habían dado por muerto hacía mucho. Pugnando por unir a todas las fuerzas patrióticas y democráticas para enfrentar el golpe de Estado, nuestro partido, luchando por las libertades democráticas y demás reivindicaciones obreras y populares, tuvo una propuesta de gobierno de frente único antigolpista, una plataforma de emergencia y la consigna de armar al pueblo para enfrentar y derrotar el golpe”. Como si el objetivo del gobierno peronista no hubiera sido el de descargar la fuerza de las armas contra la vanguardia obrera clasista.

Después de diferentes vicisitudes terminaron integrándose como furgón de cola del kirchnerismo, obedeciendo las predicas de la burguesía nacional y el pago a tiempo y forma al Fondo Monetario Internacional (FMI). En esto termina el seguidismo a la burguesía nacional.

Por su parte, el Partido Comunista también jugó un papel de apoyo al genocidio y la contrarrevolución. Mediante una declaración del Comité Central del PC, fechado unos días después del derrocamiento de gobierno isabelino, publicado en su periódico Tribuna Popular, esgrimían que “La situación había llegado a un límite extremo que ´agravaba la nación y compromete su futuro´ como dice uno de los comunicados de los Fuerzas Armadas (…). El Partido Comunista confía en que las Fuerzas Armadas sean fieles al mensaje sanmartiniano: ´Mis promesas a los pueblos por quienes he hecho la guerra se han cumplido: lograr su independencia y dejar a su voluntad la elección a sus gobernantes´”.

Jorge Sigal, periodista, escritor y ex militante del PC, afirmó en una entrevista para Infobae (04/05/2023) que “para el Partido Comunista, Videla era un general moderado, un hombre con el que se podía hablar y estoy seguro de que ha habido contactos oficiales de la cúpula con él. Mucho más con (Roberto) Viola, considerado un tipo razonable, casi democrático”.

En su folleto “Declaraciones y Resoluciones (del Comité Central) 1976-1978” informan que “los actores de los sucesos del 24 expresaron en sus primeros documentos sus objetivos, que podríamos resumir de la siguiente manera: fidelidad a la democracia representativa con justicia social, revitalización del control del Estado sobre aquellas ramas de la economía que hacen al desarrollo y a la defensa nacional, defensa de la capacidad de decisión nacional. El Partido Comunista (…) no podría estar en desacuerdo con tales enunciados, pues coinciden con puntos de su programa (…). La guerrilla (a quien define como ultraizquierdista) se combate, sobre todo, suprimiendo las causas sociales que la generan, como se reconoce en documentos militares”.

El Partido Intransigente (PI) también jugó un papel de concesión y respaldo, más tibio que el PC, al golpe. Así lo afirmaba su dirigente principal, Oscar Alende: “Vivimos el fin de un ciclo y el comienzo de otro nuevo que engancha lo que debió ser y no fue y lo que vamos a ser. Se trata de una época en la que habrá que decidir si los argentinos vamos a ser vencidos y dominados quizás muchos años o si la nación se va a levantar sobre sí misma, sobre la base de sus posibilidades inmensas y de la enorme calidad de su pueblo (…). Quisiera que las Fuerzas Armadas se integren a una gran política que resguarde los valores nacionales y populares en la lucha por la emancipación nacional y social”.

El retorno definitivo de Perón (20/06/1973) tuvo el objetivo de terminar con el gobierno de Héctor Cámpora, asumir el poder y reforzar la salida reaccionaria y represiva, que aplacara a los movimientos populares en alza a partir del Cordobazo. El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), unión del Partido Revolucionario de los Trabajadores La Verdad (PRT-LV) con el Partido Socialista de los Argentinos (PSA) de Juan Carlos Coral caracterizó a este tercer gobierno peronista, apoyado en la derecha justicialista y el clero, como un gobierno “con roces con el imperialismo” (Avanzada Socialista, 20/06/1973). El PST terminó integrando el “Bloque de los ocho” (UCR, PRC, PSP, PC, PI, IDELPA, PDP, PST) justificando y argumentando que “Nos está permitido, y a veces es imprescindible, organizar y realizar acciones prácticas en defensa de los derechos democráticos conjuntamente con organizaciones y tendencias no proletarias” (Respuesta al Secretariado Unificado de la IVª Internacional). Pero no se trataba de “acciones prácticas de lucha” sino de un apoyo al gobierno que venía instrumentando la represión policial y terrorista parapolicial contra la vanguardia obrera y la izquierda.

Cuando el peronismo en el poder no termina de culminar con la contención sobre las luchas de los trabajadores, el PST sale en defensa de la “institucionalización” burguesa.

Fue de este modo que, justificando su lucha contra el foquismo, se niega a reclamar la libertad de todos los presos por luchar. Explicando, y discriminando, que los guerrilleros no eran presos políticos. La lucha contra los “guerrilleros”, para Balbín, el líder de la UCR (uno de los integrantes del Bloque pseudo democrático de los ocho), eran también contra los obreros, asimilados como “guerrilla fabril”.

Mediante su periódico, Avanzada Socialista (19/09/1975), expresa su pésame por el asesinato del vice comodoro (director de inteligencia del Ministerio de Defensa) Rolando Sileoni, solidarizándose “con el dolor de sus familiares y colegas…”.

Para el 24 de marzo de 1976, el PST considera a la figura de Jorge Rafael Videla, y al golpe de Estado como un militar y un proceso “democrático”, “proinsitucional”, que limitaría su accionar represivo a las guerrillas. Lo caracterizará como una “dictablanda”.

Política Obrera, en la primera quincena de diciembre de 1975, realiza su primer congreso nacional “Fischer-Bufano”. En sus resoluciones pueden visualizarse un profundo análisis de la situación política y de la lucha de clases que permite un correcto anticipo del avance del terrorismo de Estado. “…el retorno del peronismo al gobierno no representaba una solución orgánica de la burguesía (…) sino un recurso político con vistas a la imposición ulterior de una salida contrarrevolucionaria abierta (…). El peronismo conoció tres fracasos: la imposibilidad de un gobierno democrático (Cámpora), la imposibilidad de un gobierno bonapartista (Perón) y la imposibilidad de un gobierno de reacción política (López Rega). Los alcances de la crisis actual, entonces, comprometen a fondo al Estado burgués (…). La ejecución de un golpe militar en la actualidad tiene un extraordinario rasgo diferencial con el pasado: desatará una reacción violenta de las masas. Por eso el gran capital tiene que seguir una escrupulosa estrategia antes de poder consumar sus propósitos (…). A diferencia de la “Libertadora”, la salida golpista en marcha no se va a limitar a golpear a las superestructuras de la burocracia y del aparato peronista, y a diferencia del onganiato, no se circunscribirá a golpear “en frío y en seco” al régimen constitucional. El poder militar tendrá necesariamente características ´fascistizantes´, es decir, que operarán como grupos de choque dirigidos a ahogar en sangre a la resistencia obrera (…). Los stalinistas y los reformistas entienden la posición como un pretexto para capitular vergonzosamente ante el gobierno menchevique. Es que la amenaza golpista le da carácter progresivo a los gobiernos que dependen del sufragio popular”.

Justicia

Retornando al libro, Facundo Pastor no solo investiga los años 70 y el entramado político-militar que concluyó con el golpe. También posa la lupa en tiempos más actuales, con una Isabel Perón de 95 años, oculta en una casona, a las afueras de Madrid, libre de culpas y cargos, indultada política y judicialmente por todos los gobiernos post dictadura.

En 40 años de democracia, pasaron Raúl Alfonsín (UCR), Carlos Menem (PJ), Fernando De La Rúa (Alianza UCR-Frepaso), Eduardo Duhalde (PJ), Néstor Kirchner (PJ), Cristina Fernández (PJ), Mauricio Macri (PRO) y Alberto Fernández (PJ). Ninguno levantó el teléfono, ni la lapicera, reclamando a la justicia o a las autoridades internacionales la extradición, para una de las responsables políticas principales del aniquilamiento al pueblo trabajador.

En 1986 José López Rega fue detenido en Madrid y extraditado a la Argentina. Entre 1987 y 1988 fue juzgado y encontrado culpable de asesinatos varios, como el del diputado nacional de la izquierda peronista (Militancia Peronista) Rodolfo Ortega Peña, acribillado en las puertas de su estudio, el 31 de julio de 1974. Pocos días antes de recibir su sentencia, fallece en prisión.

Al momento son pocas las instancias judiciales sobre crímenes cometidos por la AAA. En agosto de 2021, el tribunal oral federal de Bahía Blanca condenó a cuatro ex miembros por actos de lesa humanidad, sucedidos entre 1974 y 1975.

El 13 de noviembre en la justicia federal de Rosario se dio inicio al proceso judicial por los crímenes cometidos en Villa Constitución (Santa Fe) en 1975. Causa penal que tiene en el banquillo de acusados militares y directivos de la empresa siderúrgica Acindar. Firma dirigida, por José Alfredo Martínez de Hoz quien desde el 24/03/1976 sería responsable de la cartera del Ministerio de Economía.

La causa, conocida como El Villazo (en recordación de la enorme pueblada de 1974, y la recuperación de la seccional, arrancada a la intervención represiva) llevada adelante por el tribunal oral federal (TOF) 1 de Rosario, cuenta con 24 imputados, acusados de privación ilegitima de la libertad, torturas, asociación ilícita y homicidios, delitos cometidos a 18 trabajadores de la planta, 8 de los cuales aún se encuentran desaparecidos.

Ver a los genocidas sentados en el banquillo y condenados, es resultado de la enorme lucha de las organizaciones de derechos humanos y del pueblo trabajador, que ganó las calles contra leyes de amnistía e indultos. Aún quedan muchos militares y civiles por juzgar y encarcelar.

El Estado que te tortura…

Al igual que en Emboscada (2022), con Isabel, el autor presenta una profunda investigación histórica. Un libro para tener en la biblioteca para que nuevas generaciones mantengan viva la memoria, conociendo lo que sucedió en la Argentina, antes y después del 24 de marzo de 1976.

Hoy, a cuatro décadas de retornada la democracia, y cuarenta y ocho años del golpe cívico militar, la llegada al poder del frente facho libertario, negacionista y pro-liberador de los genocidas pone de manifiesto la importancia de seguir ganando las calles, exigiendo la cárcel a los responsables militares y civiles del terrorismo de Estado.

La misma clase capitalista que en los 70 llamaba a la represión, la tortura y la muerte para darle fin al alza revolucionaria abierta en 1969 y para imponer un fuerte programa económico “liberal” netamente antiobrero, hoy se regocija, y “en defensa de la democracia” reclama la libertad de los fachos asesinos. Es hora de patear el tablero. Cambiar la historia. En homenaje a los 30 mil. Patrones a la mierda, obreros al poder.