Bolivia: golpe militar fallido, economía en crisis y luchas fraccionales en el MAS

Introducción

El pasado miércoles 26 de junio, el comandante general del Ejército de Bolivia, Juan José Zuñiga, ocupó la Plaza Murillo con tanquetas, blindados y un grupo de fuerzas militares. Logró ingresar por la fuerza a la Casa de Gobierno donde se encontraba el presidente Luis Arce Catacora.

El reclamo público inicial de Zuñiga fue el de impedir que el ex presidente Evo Morales se pudiera presentar como candidato a la presidencia del Estado Plurinacional en las elecciones previstas para el año 2025. Evo disputa con las aspiraciones reeleccionistas del actual presidente Luis Arce, quien lidera la fracción opuesta a Morales dentro del Movimiento al Socialismo (MAS).

Zuñiga exigió también la liberación de “presos políticos” como la ex presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) y el golpista, ex gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Algunas horas después de la asonada, Arce destituyó a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas.

El frustrado putsch tuvo lugar en un clima político de creciente desprestigio social del gobierno de Luis Arce, debido a las profundas disputas en el interior del MAS, hoy fracturado en dos grandes alas o bloques: los “evistas”, seguidores de Evo Morales, y los “arcistas” o “renovadores”, partidarios del actual presidente del Estado. Al mismo tiempo, el país andino-amazónico atraviesa por una creciente crisis económica con múltiples aristas y derivas sociopolíticas.

El golpe fallido del 26 de junio

En medio de un creciente desprestigio y descrédito social del actual gobierno del MAS, el miércoles 26 de junio se produjo una asonada golpista en el corazón político de Bolivia: la Plaza Murillo. La plaza principal de la ciudad de La Paz, ubicada frente a la sede de los poderes ejecutivo y legislativo.

El putsch fue liderado por Juan José Zuñiga, el comandante general del Ejército. Con el correr de las horas se evidenció que el resto de las fuerzas del Ejército permanecían acuarteladas y que no se sumarían a la asonada golpista de Zuñiga. Al mismo tiempo, el propio Evo Morales convocaba a la huelga general y al corte nacional de rutas para enfrentar el golpe. Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) y las centrales campesinas lanzaron el mismo llamamiento (Santos, 2024).

El operativo militar fue un rotundo fracaso y no logró el apoyo político, al menos público, de los principales partidos de la derecha boliviana como Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa Gisbert. Más bien, sucedió todo lo contrario. En esta oportunidad, las principales figuras golpistas del 2019 (Mesa, Camacho, Jorge “Tuto” Quiroga, Áñez, etc.) condenaron inicialmente la aventura emprendida por Zuñiga. Lo propio hicieron actores políticos internacionales que en el golpe cívico-militar-policial del 2019 habían jugado un papel decisivo en favor de los golpistas (la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, etc.).

En horas de la tarde-noche, Arce destituyó a los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. Zúñiga fue detenido el mismo miércoles 26 en horas de la noche, acusado penalmente por sedición. El viernes 28 de junio, ya eran 21 los militares detenidos por el intento de golpe de Estado y la Fiscalía a cargo de la investigación solicitó la imputación y prisión preventiva para el ex jefe del Ejército. Además, el 1 julio fue aprehendido el comandante de las Fuerzas Especiales F10 (grupo de élite), Vladimir Lupa, en Cochabamba.¹Gran parte de todo el alto mando e incluso, según versiones periodísticas, algunos “civiles” que habían apoyado en su momento el golpe que encumbró a Añez en el 2019.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el 30 de junio Evo Morales se hizo eco de las acusaciones de un “autogolpe”, es decir que las acciones habrían sido coordinadas y acordadas entre un sector del Ejército y el propio presidente boliviano: “El presidente Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe”, sostuvo Morales en su cuenta de X (Twitter). También un amplio espectro de la oposición de derecha se sumó a esta teoría, como por ejemplo Rómulo Calvo -ex presidente del Comité Pro Santa Cruz- quién realizó declaraciones a la prensa contra el gobierno de Luis Arce, acusándolo de “manipular la historia y crear un relato falso sobre un supuesto golpe de Estado” (28/6/2024).

Este discurso de “autogolpe” resulta muy útil para la derecha local e internacional, porque exime de responsabilidades a las cúpulas militares involucradas y prepara el terreno para nuevas acciones derechistas/imperialistas que solo profundizarán los padecimientos de las masas obreras y campesinas explotadas del hermano país, como efectivamente ocurrió en noviembre del 2019.

Es llamativo que la Casa Blanca norteamericana no planteara un rechazo rotundo de la intentona golpista, sino una tibia declaración instando a la “calma y moderación”, señalando que estaba “siguiendo de cerca” la situación. También el gobierno argentino de Milei fue uno de los últimos en pronunciarse contra el golpe, cuando este estaba ya prácticamente sofocado. La Canciller argentina, Diana Mondino, declaró que estaba contra los golpes.  Sin embargo, ultraderechista de Javier Milei, a través de su cuenta oficial llamada “Oficina del Presidente”, salió días más tarde a repudiar “la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el gobierno de Bolivia” (30/6/2024) y a reclamar la libertad de los “presos políticos” tanto de la dictadura golpista del 2019, como de la actual asonada. Nos preguntamos si, en verdad, Milei actúa como una suerte de adelantado del imperialismo yanqui.

Sostener la tesis del “autogolpe” –como hizo Evo Morales-²También varias de sus “espadas” parlamentarias salieron a defender el “honor” de las Fuerzas Armadas. tiende a bloquear la organización y movilización independiente de obreros y campesinos, ante las tendencias golpistas.

Una economía capitalista en crisis como telón de fondo

Luego de casi dos décadas de gobiernos masistas, Bolivia sigue siendo una economía capitalista de tipo semicolonial. No solo no avanzó en materia de industrialización, sino que el “ciclo del gas”, principal recurso del país, se agotó. Las reservas han caído notoriamente, sin que se haya avanzado en forma consistente en la exploración de nuevos pozos. Por esta causa, en 2023 se produjo un 33% menos de gas que en 2014. En 2023 las reservas habían caído de 7.400 a 3.500 millones de dólares (Molina, 2023).

Desde 2021, y como era hasta la década de los ‘90, las exportaciones de minerales y metales igualan y superan al gas natural como fuente generadora de divisas para el país.

Particularmente, en 2022 el largo conflicto en torno a la realización del censo nacional –conocido popularmente como la “guerra del censo”- agravó los problemas de la economía del país. El lockout promovido por las patronales cruceñas generó, además del desabastecimiento interno, la suspensión de las exportaciones de Santa Cruz, un aceleramiento en la escasez de divisas y la caída en la cotización de los títulos públicos (Hernández, 2023).

El actual escenario económico boliviano es precario e inestable. El tipo de cambio fijo y la falta de reservas en el Banco Central (BCB) hacen que la situación sea cada vez más complicada. Al mismo tiempo, por estos días las presiones devaluatorias sobre la moneda nacional, el Boliviano, se acentúan.

Por otra parte, uno de los mayores problemas fiscales del país es el enorme peso que tiene la subvención de hidrocarburos -Bolivia importa gasolina y diesel- para el fisco local, cuyas inversiones son esenciales para el sostenimiento del mercado interno.

El gobierno busca reemplazar el agotamiento del “ciclo de gas” con la exportación de litio. Sin embargo, más allá de idas y vueltas, hasta el momento la “cuestión del litio” no logra despegar y se encuentra en el ojo de la tormenta, generando, choques entre las distintas potencias capitalistas e imperialistas que se disputan el negocio. Además, respecto a la industrialización del Litio se ha extraído poco más del 10% de los planes anunciados.

En las últimas semanas, la población se ha visto convulsionada por el crecimiento del precio de los alimentos de primera necesidad, la falta de combustibles y también por la escasez de dólares para importar productos. Las patronales del transporte ya realizaron dos paros con bloqueos de ruta de 24 y 48 horas respectivamente (Santos, 2024).

Así, fruto de la crisis capitalista mundial y del malestar popular a los planes de ajuste de los gobiernos, Bolivia se incorpora a la volatilidad de los regímenes políticos del capital.

Bajo este complejo telón de fondo de la economía, se desenvuelven las encarnizadas luchas políticas al interior del MAS-IPSP.

Las amenazas “golpistas” en la reciente situación política boliviana

Hace meses se vienen lanzando diferentes acusaciones de impulsar movimientos golpistas. A fines del 2023 el Tribunal Constitucional, influenciado por el presidente Arce, sacó -en una interpretación forzada- una resolución que impedía la presentación de Evo Morales como candidato a las elecciones presidenciales del 2025. Al mismo tiempo, negaba validez a los Congresos del MAS, donde Evo se había impuesto en el liderazgo.

El evismo salió a denunciar un golpe (vía judicial) del presidente Arce para perpetuarse en el poder, proscribiendo a su principal dirigente.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, donde Arce tiene una bancada minoritaria, no se volvió a reunir, durante largos meses. Su presidente -el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca- se negaba a convocarlo, temeroso que este votara el rechazo a la resolución judicial de proscripción. La derecha y el evismo salieron de nuevo a denunciar que estábamos frente a un autogolpe de Arce, donde se anulaba el parlamento.

Hace unas semanas, en oportunidad del viaje del presidente Arce al  Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Rusia), donde se entrevistó con Vladímir Putin, Choquehuanca tuvo que asumir la presidencia en forma provisional. Dejó vacante su presidencia en el Parlamento, lo que fue aprovechado por el jefe de la bancada evista, Andrónico Rodríguez, para convocar a sesión parlamentaria (después de 6 meses de no funcionamiento) y votar –por una amplia mayoría de más de dos tercios que unía evistas con la oposición derechista, y la ausencia del bloque de diputados de Arce- el cese de funciones de los miembros del Tribunal Constitucional y la convocatoria a elecciones para renovarlo.

Vuelto al país, el presidente Arce desconoció esta votación parlamentaria y calificó todo el “procedimiento” parlamentario de… golpe de Estado.

El sábado 29 de junio, las organizaciones del MAS afines a Evo declararon un ultimátum al gobierno: lanzarían una ola de cortes de rutas sino se ponía en práctica lo resuelto por la votación parlamentaria de la Ley 075, que destituye a los magistrados que impugnan la presentación de Evo Morales.

El gobierno de Arce salió acusando a Evo Morales de buscar provocar una “crisis estructural” con los bloqueos, buscando incluso acortar el mandato presidencial, para “imponer” su candidatura con un golpe.

La Cancillería boliviana convocó el lunes 1° de julio, a la Encargada de Negocios de Estados Unidos, Debra Hevia, planteándole un reclamo sobre los “pronunciamientos y acciones” de funcionarios de la Embajada de este país, considerándolos una “intromisión en asuntos internos” bolivianos. Es sabido que el gobierno estadounidense viene presionando para que Arce se aleje de Rusia y se aliste  detrás de la OTAN: el control sobre el litio y de las llamadas “tierras raras”, es fundamental. Arce volvió de su viaje con el anuncio de que pretendía incorporarse al BRICS y estableciendo acuerdos económicos con la Rusia de Putin.

Con este mar de fondo estalló la (fracasada) asonada.

Crisis política y luchas internas en el Movimiento al Socialismo

El ascenso del MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) -un partido de tendencia nacionalista burgués, apoyado en las masas agrarias- fue fruto de una larga tarea política al interior de los sindicatos cocaleros.

La tesis de crear un “instrumento” o partido de base rural fue elaborada en la década de 1980, en un contexto de reflujo de los partidos de izquierda y de la propia Central Obrera Boliviana. Esta tesis se materializó en el Congreso de “Tierra y Territorio” de 1995, bajo la hegemonía de los cocaleros de la región de El Chapare (Cochabamba), con la creación del Instrumento Político (IP) como “partido de los indígenas y campesinos de liberación, anticapitalista y anticolonial” (Grande, 2020).

Al calor de las grandes insurrecciones de masas ocurridas entre los años 2000 y 2005 -con las “Guerras del Agua” y del “Gas” como epicentro-, el MAS-IPSP logró su primer gran triunfo electoral en diciembre del 2005, proyectando así a Evo Morales y Álvaro García Linera al frente del Poder Ejecutivo nacional.

El ascenso electoral del MAS fue tributario del movimiento social revolucionario que puso en crisis a los gobiernos nacionales de la derecha pro imperialista y al régimen capitalista en su conjunto. Empero, cabe señalar que no se trató de una continuidad de la insurrección -o de la materialización de sus aspiraciones- sino de un intento por domesticarla y clausurarla en los marcos del régimen social imperante, a través de algunas concesiones a lo largo de sus tres gobiernos nacionales consecutivos entre 2006 y 2019 (nacionalizaciones parciales de la hidrocarburos, Asamblea Constituyente controlada por el Estado, una nueva constitución política pactada con la derecha golpista, algunos derechos sociales y políticos para las masas indígenas, etc.).

Durante este proceso, de casi 14 años de gobierno de Evo, el MAS tuvo una política de progresiva adaptación y conciliación -de tipo bonapartista- ante las ofensivas golpistas que tuvieron lugar desde 2008, conteniendo las luchas de los explotados en función del calendario electoral. También, cabe señalar que la crisis del MAS, y su régimen de gobierno, comenzó con la ajustada derrota de Evo en el referéndum constitucional de 2016 que, en teoría, impedía nueva reelección del mandatario.

Esta política de conciliación no imposibilitó que de la derecha, bajo la dirección de la oligarquía agroindustrial cruceña (Santa Cruz de la Sierra) aliada al imperialismo norteamericano en tiempos de Donald Trump, concretara un golpe de Estado en noviembre del 2019. Este golpe y el gobierno de facto Áñez, fueron derrotados políticamente producto de la gran rebelión popular ocurrida en julio-agosto del 2020, cuya consigna central había sido “¡Fuera Áñez!” (Grande y Wiurnos, 2023).

El periodista boliviano Fernando Molina, explica que Evo Morales tuvo durante largas décadas el papel de articular las distintas alas o sectores del MAS y evitaba el surgimiento de “competidores peligrosos para su liderazgo carismático” (2023, p. 100).

Hasta el 2019, el MAS tenía tres grandes facciones compuestas de diversos grupúsculos en cada una de ellas: 1. El ala del “Pacto de Unidad”, liderada por David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez; 2. Un sector formado por grupúsculos de antiguos cuadros políticos provenientes de diversos partidos la izquierda tradicional (allí se ubicaba Luis Arce); 3. La fracción formada por intelectuales “neomarxistas”, progresistas, etc., cuya figura central era el vicepresidente Álvaro García Linera.

Los precarios equilibrios internos que mantenía Evo se evaporaron drásticamente luego del golpe en 2019, cuando Morales comenzó a perder el control del partido y su aparato. Después del contundente triunfo electoral de Luis Arce, apoyado por Evo Morales, en octubre del 2020, esta tendencia se profundizó. En este proceso aparecieron caudillos regionales que comenzaron a cuestionar públicamente el liderazgo del ex presidente, acusándolo de haberse “escapado” del país tras el golpe derechista.

Al calor de la investidura presidencial y el control del Estado, el propio Arce Catacora -acompañado de su vicepresidente David Choquehuanca- se fue transformando en un nuevo jefe del partido, comenzando a rivalizar con el propio Evo y disputando el control político directo de las organizaciones sociales que integran el “Pacto de Unidad”. Sin embargo, Evo mantiene el control político entre los cocaleros cochabambinos, donde a finales del 2023 fue ratificado como presidente de la “Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”, secundado por el senador nacional Andrónico Rodríguez.

Desde el inicio de su gobierno, Arce no colocó en su staff de ministros, a personajes ligados directamente al entorno de Morales, hecho duramente criticado por el ex mandatario.

Desde entonces, las disputas y ataques cruzados entre las dos principales fracciones o camarillas del MAS, “evistas” y “renovadores”, fueron escalando y se convirtieron en una constante diaria en la vida política boliviana. Es una crisis interna que impacta de lleno en la estabilidad del gobierno, incluyendo la parálisis de la Asamblea Plurinacional (parlamento nacional bicameral).

En definitiva, se trata de una profunda crisis que tiene como una de sus cuestiones de fondo, las disputas por las candidaturas del MAS para las elecciones presidenciales del año 2025, el control del aparato estatal, sus negocios y el personalismo de los líderes. Cabe señalar, que no se evidencian claramente diferencias programáticas profundas. Más bien, aparece como una lucha de fracciones basada principalmente en aspiraciones personales para administrar el poder estatal.

Tanto la política de Evo, como de Arce, llevan a un empoderamiento de las Fuerzas Armadas, fortaleciendo las tendencias golpistas -presentes desde el siglo XX- en el Ejército boliviano, donde Zúñiga sería solo la cara visible de algo más profundo.

Por una perspectiva política independiente de los trabajadores del Altiplano y la Amazonía para enfrentar la crisis y el golpismo

Tal como lo demostraron decenas de miles obreros y campesinos movilizados durante la gran rebelión popular del 2020, para derrotar al golpismo derechista-fascistizante pro imperialista, el camino es la huelga general. Eso es elemental. Las precauciones de la derecha y del imperialismo yanqui en apoyar la asonada, se debió a su carácter aventurero y precipitado y al temor de que generara un nuevo ascenso de las movilizaciones populares en el altiplano, con su correspondiente radicalización revolucionaria.

Las masas obreras y campesinas permanecen en gran medida paralizadas, como espectadoras de la lucha de fracciones dentro del masismo. Es necesario bregar por su protagonismo directo y para ello es necesaria la independencia política de los trabajadores y el desarrollo de un partido revolucionario que se fije como objetivo estratégico la lucha por un gobierno de trabajadores. La gran tarea que quedó inconclusa en la revolución de 1952 y que no se buscó, tampoco, en la huelga general del 2020.

Los trabajadores y explotados del Altiplano y la Amazonía deben enfrentar esta crisis política y económica en curso deliberando en asambleas y congresos, con mandato de las bases, cuál es el programa que responda a sus reivindicaciones y al interés nacional antiimperialista.

La tarea estratégica es superar la incapacidad de los diversos gobiernos nacionalistas en llevar a cabo una profunda transformación social y económica a través de una salida revolucionaria y socialista, mediante del poder de los trabajadores.

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