Por qué y cómo llego Bukele hasta el poder

Bukele fue reelegido en la elección realizada en El Salvador en febrero de este año. Su partido, Nuevas Ideas, obtuvo el 85% de los votos emitidos, habiendo votado el 54% del electorado. En el 2019 había sido electo presidente, por primera vez, con el 53.10% de los votos y una participación electoral del 51,88%. El actual triunfo rotundo lo llevó a obtener también 58 de los 60 parlamentarios: mayoría absoluta. La oposición en todos sus matices quedó hecha polvo.

En El Salvador previo a Bukele los partidos dominantes venían del cuadro político surgido de una fuerte lucha armada librada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) contra los regímenes derechistas hegemonizados por el ARENA, dominados por la corruptela y una salvaje represión que durante doce años (1979 a 1992) dejó como saldo 75.000 muertos y 15.000 desaparecidos.

Criminalidad

Todos coinciden con que la causa inmediata de este fenómeno electoral es que Bukele consiguió prácticamente eliminar los asesinatos masivos perpetrados sobre la población, en el marco de las luchas entre pandillas (maras) ligadas al narcotráfico y a diferentes mafias entrelazadas con sectores del Estado, la burguesía y el imperialismo.

En el 2015 se contabilizaron un promedio de 105 asesinatos por cada 100 mil habitantes: el más alto del mundo. Asumido en el 2019, a fines del 2020 Bukele irrumpió en el parlamento (todavía no tenía mayoría), acompañado de tropas del ejército armadas hasta los dientes, para imponer la votación de un endeudamiento por 109 millones de dólares para perseguir pandillas, y destituyó a la Corte Suprema. Desde 2022 impuso el estado de excepción, iniciando el encarcelamiento indiscriminado de personas, bajo la sola sospecha de su pertenencia a las maras. Esa ley además permitió crear cárceles especiales (la más grande de Latinoamérica con capacidad para 40 mil presos), con regímenes carcelarios que incluyen las torturas indiscriminadas. Y anuló o restringió numerosas libertades democráticas. La cantidad de asesinatos cayó drásticamente a 17,6 por 100 mil habitantes.

Estado policial

El estado de excepción ha dado lugar a una acción abusiva y sin límites por parte de la policía salvadoreña que ha puesto en la cárcel a 100 mil personas (más del 1% de la población), uno de los mayores índices mundiales de población presa, junto a los EE.UU. De acuerdo a denuncias de organismos de derechos humanos, al menos la mitad nada tiene que ver con las pandillas. Son inocentes, afirma el Movimiento de Victimas del Régimen de Excepción de El Salvador. Han sido detenidos 34 activistas ambientalistas, han perseguido a integrantes del movimiento LGBTQ+, a mujeres que abortan, a jóvenes inquietos, etc.  En el municipio Alcaldía de Mejicanos los trabajadores de recolección de deshechos han realizado una huelga por el pago de salarios adeudados y han obtenido como respuesta (según la publicación Nuevas Ideas) el envío de piquetes de rompehuelgas gubernamentales, cuya particularidad es que se trata de presos sacados de la cárcel para actuar como carneros. Socorro Jurídico Humanitario ha denunciado que hay 240 muertos, como resultado de las torturas sufridas en las cárceles de Bukele. El estado de excepción se usa para atacar las conquistas y derechos de los trabajadores salvadoreños (hay 16 sindicalistas presos). Todo esto en el marco de la quita de credenciales a 400 sindicatos, que equivale al quite de personería, una suerte de ilegalización del movimiento sindical. El Comité de Solidaridad con el pueblo de El Salvador denuncia que se ha eliminado el Fondo para el desarrollo económico y social (FODES), dejando 25 municipios sin funcionar, sin pagar salarios, y con masivos despidos (se han producido 20.000 despidos del sector público), lo cual ha empujado a cierta resistencia y lucha de trabajadores municipales respondida a menudo con prisión. Lo mismo ha tenido lugar a raíz del cierre del Instituto de Formación Profesional. A su vez, el estado de excepción ha extendido la retención de los presos sin causa a quince días, y a la prisión de niños y niñas entre doce y dieciséis años arbitrariamente, sin derecho a defensa. Al perseguir a los sindicatos y a la libertad de asociación crecen los ataques a las condiciones de vida de los trabajadores salvadoreños. La FAO ha denunciado que en EL Salvador existe 48% de inseguridad alimentaria, una porción considerable de la población atraviesa situaciones de desnutrición. La situación de informalidad laboral es muy grave, el 50% son “cuentapropistas”, habiendo la OIT pronosticado un aumento considerable de su porcentaje. Solo un 23% de los trabajadores salvadoreños aportan a las AFP, lo cual condena a los adultos mayores a una situación de penuria. La pobreza extrema aumentó un 0,3 % e impactó al 8,7 % de la población. En 2022, la escolaridad promedio de la población económicamente activa fue de 8,8 años; significativamente inferior al promedio de América Latina, de 10,1 años. Además, el 23,5 % de la población de entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja. En este cuadro social de miseria es donde las maras reclutaban a los jóvenes para su accionar. Esta miseria social no ha sido solucionada, sino que tiende a empeorar.

La crisis económica

El Salvador cuenta con una población de 6.393.000 habitantes. La pobreza alcanza la cifra de 1.800.000. Sobre una población laboralmente activa de 3.000.000, hay 5% de desocupados. Para llegar a cubrir las necesidades básicas y el alquiler, son necesarios 700 dólares mensuales: el salario mínimo alcanza los 400 dólares. La deuda externa alcanzó con Bukele los 30.000 millones de dólares (84% del PBI). Las reservas del Banco Central alcanzan apenas 10.892 millones. Los ingresos de dólares del exterior provienen de remesas de emigrados (un tercio de la población salvadoreña): unos 8.000 millones de dólares anuales (24% del PBI). El Salvador está hipotecado: a principios de abril, Bukele ofreció la venta de bonos de la deuda salvadoreña con vencimientos entre 2025 y 2029 y negocia con el FMI 1500 millones de deuda. Pero el FMI no quiere aprobar este préstamo porque no tiene garantías de repago, ya que gran parte de las “reservas” están… en bitcoins. Algo que se considera totalmente inestable y especulativo. Bukele especula con que un triunfo electoral de Trump en noviembre haga cambiar de opinión al FMI.

Por esa razón es que el gobierno de Bukele se ha visto empujado a tomar dinero de las AFP para sobrevivir.

Bukele afirma que luego de haber “resuelto” la cuestión de seguridad, aplicando a fondo el régimen de excepción, pasará a resolver las cuestiones económicas. Los datos que hemos proporcionado dan cuenta del ataque sin precedentes a las condiciones de existencia del pueblo salvadoreño, incluidas las libertades democráticas y sindicales. El imperialismo norteamericano respalda a Bukele porque le garantiza a su burguesía que tiene instaladas armadurías (maquilas) de sus principales empresas (automotrices, alimentación, electrodomésticos), grandes supermercados y bancos, una tasa de beneficio superlativa.

Cómo se llegó a esta situación

Para analizarlo es necesario examinar la historia de los últimos cincuenta años y el rol de la dirección del movimiento obrero y de la guerrilla del FMLN en el transcurso de la guerra civil pero también ejerciendo el gobierno desde 2012 hasta 2019. La importancia de esta cuestión consiste en determinar el peso de esta corriente en la recomposición del Estado burgués semicolonial salvadoreño, que terminara en este desenlace de Bukele.

La guerra civil de 1979 a 1992

Los hechos que precedieron a la guerra civil se caracterizaron por el empobrecimiento de las masas salvadoreñas de la ciudad y el campo; los pequeños campesinos y el proletariado rural empobrecido por las grandes empresas cafetaleras, algodoneras y del azúcar y el sometimiento al imperialismo norteamericano.

Los gobiernos salvadoreños de la década de 1970 fueron gobiernos basados en el fraude y la represión. Un hecho determinante fue el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero por parte de paramilitares al servicio del gobierno presidido por el general Carlos Humberto Romero, derrocado en 1979 por un golpe preventivo ejecutado por la oficialidad joven del ejército, encabezada por los coroneles Jaime Gutiérrez y Adolfo Majano. El golpe fue apoyado por el Foro Popular, cuyo principal integrante era el Partido Comunista Salvadoreño, junto con el M.N.R, partidos que ocuparon cuatro ministerios, para luego renunciar a los mismos ante la ola represiva que desató el gobierno militar, que incluyó asesinatos de obreros, campesinos y estudiantes, con la finalidad de descabezar al movimiento obrero. Esto revela la política de subordinación del stalinismo y las corrientes guerrilleras hacia una salida compartida con la clase capitalista. Se repetía el apoyo del PC cubano a Batista y también el del stalinismo argentino a la dictadura militar de Videla.

La tensión social fue creciendo en El Salvador, estimulada por la creciente represión, para desembocar el 24, 25 y 26 de junio en una masiva huelga general. En ese contexto, un conjunto de organizaciones y partidos, luego de intentos diversos por unificarse y combatir a la dictadura represiva, fundaban el 10 de octubre de 1980 el FMLN Farabundo Martí, integrado por las Fuerzas Populares de Liberación, el Frente Popular Democrático, el ERP, Resistencia Nacional (una escisión del ERP), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y el Partido Comunista Salvadoreño. La guerra civil atravesó por diferentes circunstancias, donde no estuvieron ausentes las matanzas de trabajadores rurales en forma masiva y los secuestros y asesinatos de opositores, a partir de la acción de “escuadrones de la muerte”.

En el transcurso de la guerra tuvieron lugar maniobras de todo tipo por parte de la burguesía salvadoreña, sus partidos y el imperialismo, entre ellas las elecciones constituyentes de 1982, la elección nacional en la que Napoleón Duarte de la Democracia Cristiana derrotó al candidato derechista de ARENA, d’Aubuisson y las medidas de nacionalización de la banca y la reforma agraria de la Democracia Cristiana, mientras el imperialismo seguía financiando al ejército salvadoreño con millones de dólares y continuaban las matanzas.

En ese contexto, cabe señalar que mientras se sostenía una lucha tenaz por parte del FMLN Farabundo Martí, éste declaró en sucesivas ocasiones y desde el principio que su estrategia final consistía en la negociación y el acuerdo para alcanzar una “revolución democrática”, terminar con el militarismo y obtener derechos humanos y sindicales, sin sostener en ningún momento la necesidad de derrotar al ejército, destruir al Estado burgués salvadoreño y romper con el imperialismo. La heroica lucha de la guerrilla salvadoreña anunciaba desde el comienzo la perspectiva de la frustración del sacrificio y el derramamiento de sangre para volver al punto de partida. Veamos: el 10 de enero de 1980 se publicaba el Manifiesto del Partido Comunista de El Salvador, de las fuerzas Populares de liberación Farabundo Martí y de la Resistencia Nacional del Pueblo Salvadoreño a los pueblos centroamericanos y del mundo en el que planteaban luchar por un gobierno popular revolucionario y apoyaban “las posiciones democráticas y revolucionarias que asumen e impulsan posiciones antiimperialistas (Panamá, México y Costa Rica)”. Estaba ausente el propósito de una revolución sobre la base de la generalización de la lucha de los pueblos de América Central. El 5 de junio de 1983 el FMLN publicaba un planteo con cinco puntos para un acuerdo en el que el principal objetivo era “recuperar la soberanía nacional y una sociedad independiente, justa y democrática”, sobre la base de un dialogo entre el FDR/FMLN y el gobierno de Estados Unidos y El Salvador. El 31 de enero de 1984, el FMLN lanzaba una proclama en la que el planteo estratégico era “Gobierno Provisional de amplia participación en la que se hace una Propuesta de integración y plataforma para su constitución, señalando que la construcción de la paz (…) requiere un proceso que involucre a la mayor cantidad de fuerzas políticas y sociales que hagan viable una solución en base a los factores anteriormente señalados…”.

Un hecho decisivo ahondaba aún más la perspectiva contraria a la lucha por un gobierno obrero y campesino en El Salvador. Con la participación del ERP y de Eduardo Sancho, comandante general del FMLN, se firmaba un pacto por el que las cinco organizaciones del FMLN renunciaban a la dictadura del proletariado, siendo fundamental en esta decisión el apoyo de Cuba, del gobierno de Castro, que con esta estrategia le daba continuidad a su influencia y presión sobre el Frente Sandinista, cuya política consistió en una alianza con la burguesía nacional nicaragüense que, en definitiva, estranguló la revolución en ese país. El gobierno provisional estaba planteado así: “representantes del movimiento obrero, campesinos, maestros, empleados, colegios profesionales, universidades, partidos políticos, sectores empresariales, representantes del FMLN y del ejército depurado”. La plataforma estaba en consonancia con el gobierno de colaboración de clases formulado (no obrero): defensa de los derechos sindicales y humanos, disolución de los cuerpos de seguridad y escuadrones de la muerte. Pero sostenía que “se creará un cuerpo de policía civil dependiente del ministerio del interior y la depuración de las fuerzas armadas gubernamentales”. Un maquillaje que pretendía disimular que bajo otra forma se sostenía intacto el Estado burgués. Todos estos planteos se desarrollaron en medio de intentos de negociaciones de paz sucesivas. En las negociaciones por la paz participó el grupo Contadora, formado por gobiernos burgueses latinoamericanos interesados en una paz en los términos del imperialismo y del sostenimiento del Estado burgués en El Salvador (Colombia, Venezuela, Panamá y México).

Luego de que Cristiani del partido derechista ARENA asumiera la presidencia en 1989, el 24 de septiembre de 1990 la Comandancia General del FMLN planteó un programa cuyo contenido esencial fue una “concertación nacional” para la reconciliación posguerra que “permita pleno empleo, salarios, y crédito para las mayorías, entre los trabajadores, los grandes, pequeños y medianos empresarios” junto “a las relaciones de respeto con Estados Unidos”. Todo, bajo el contexto de un gobierno presidido por Reagan, cuya conducta fue el apoyo desmedido en materia de dinero y armas para derrotar al FMLN, pero que luego -a fines de los 80- varió de posición, ya que veía más provechosa una contrarrevolución pacífica y negociada, a la luz de los planteos que le servía en bandeja la dirección guerrillera, y por otra parte, permitía reanudar el negocio rentable del comercio de azúcar y café en el cual tenían interés los grandes propietarios agrarios y el imperialismo.

El corolario de estas negociaciones tuvo lugar en el tratado de Chapultepec (México) convocado por la ONU. El acuerdo repetía de alguna forma el planteo de la dirección guerrillera. Daba satisfacción a las pretensiones de la burguesía: reestructuración y depuración de las fuerzas armadas y creación de una policía civil. Las fuerzas armadas iban a seguir en pie y se creaba un nuevo cuerpo policial, cuya dirección iba a permanecer en manos del Estado burgués, ya que el nuevo gobierno era un gobierno de conciliación de clases con participación burguesa. No se trataba de una milicia cuyo rol transitorio podía expresar una situación de doble poder, y no podía serlo puesto que fue diseñado de acuerdo a una estrategia que compartía y alentaba la burguesía y el propio imperialismo. Un año después, en 1993, se decreta la amnistía para los asesinos pertenecientes al ejército y a los escuadrones de la muerte, mientras en forma simultánea el FMLN Farabundo Martí desmovilizaba a sus integrantes y entregaba las armas. De esta forma el FMLN se institucionalizaba y compartía con el partido de la derecha ARENA el sistema de los partidos de la burguesía dejándole el monopolio absoluto de las armas a dicho Estado. En la actualidad la policía civil tiene a su cabeza a un militar.

Las pandillas (maras), un emergente de la guerra civil y los acuerdos de paz

La guerra civil salvadoreña dio lugar a la emigración de un tercio de salvadoreños, muchos de ellos niños y jóvenes. En su mayoría se instalaron en Los Ángeles (California) donde vivieron en la miseria y la marginalidad, debiendo defenderse de la policía ultrarrepresiva de esa ciudad. La discriminación xenófoba y racista y la imposibilidad de acceder a trabajos bien remunerados los llevaron a relacionarse con pandillas mexicanas conectadas con carteles de la droga, quienes los usaban en tareas de ajustes de cuentas. Tengamos presente que en Estados Unidos era moneda corriente el tráfico de metanfetaminas, fentanilo, etc., debido a que el propio Estado y el sistema de salud estimulaban su venta, y hasta hacía publicidad en los medios de comunicación, hasta que, al prohibirse, ya no se pudo frenar su comercialización, convirtiéndose en una fuente de ingresos extraordinaria, de la que se beneficiaron organizaciones criminales de las que las maras pasaron a formar parte. Terminada la guerra civil, la política del imperialismo yanqui fue deportarlos a su país de origen, donde reprodujeron su conducta de Los Ángeles. Esto, debido a que no encontraban la posibilidad de resolver sus problemas de trabajo, con salarios bajos y viviendas miserables. La deportación trasladó la criminalidad de Los Ángeles y otras partes de Estados Unidos a El Salvador, luego de haberle dado nacimiento.

Los acuerdos de Chapultepec, lejos de resolver los problemas de la nación semicolonial los profundizó. Porque las vías de lavado de dinero de la droga de los grandes bancos norteamericanos se sostuvieron, como parte del sostenimiento del Estado capitalista. Los gobiernos constitucionales del FMLN, que gobernó desde 2009 al 2019, profundizaron la acción de las maras. Convivieron con ellas y no produjeron ninguna modificación sustancial en el plano del desarrollo económico y social. El FMLN fue un gobierno burgués más. El triunfo de Bukele a la cabeza del partido Nuevas Ideas fue el fruto de estas circunstancias. Pero Bukele no nació de un repollo. Hijo de un magnate empresario, fue miembro del FMLN legal, partido que le hizo ganar la alcaldía de Cucatlán en 2012 y la de San Salvador para el periodo 2015-2019. Luego fue expulsado del partido por su actitud misógina frente a una concejala.

Conclusión

El vientre que parió a Bukele es el régimen semicolonial salvadoreño, de América Central y América del Sur. Pone de manifiesto la incapacidad de garantizar una sociedad que satisfaga las necesidades materiales elementales de las masas y sus libertades democráticas. Su historia estuvo surcada de ataques a las mismas y de gobiernos basados directamente en la fuerza policial y militar. El stalinismo latino y centroamericano y las variantes diversas de democratismo antirrevolucionario han llevado a la frustración del esfuerzo insurgente de las masas y han parido expresiones políticas completamente adaptadas, cuyo ascenso a la cabeza del Estado burgués fue el fruto del fracaso de la derecha, pero que una vez en su ejercicio resultaron gobiernos burgueses y no herramientas de la lucha contra el régimen capitalista. Por eso no es ocioso haber presentado los programas y la estrategia del Frente Farabundo Martí en el mismo transcurso del choque armado que duró doce años y que tuvo su continuidad al firmarse la paz de Chapultepec en 1992.

Enfrentar a Bukele y a su dictadura cívico/policial deberá partir como antecedente de un balance político del papel del FMLN tanto en la guerra civil, como en el ejercicio del gobierno. Surge la necesidad de poner en pie un partido obrero revolucionario en El Salvador, independiente de las clases dominantes, en ruptura con toda variante de colaboración de clases y de lucha por un gobierno obrero y campesino en el contexto de los Estados Unidos Socialistas de América Central y América Latina.