Fujimori: Murió un dictador sirviente del Imperio del Norte

Fujimori: el primer odiador de clase

Acaba de fallecer de cáncer, a los 86 años, el ex dictador Alberto Fujimori. Desde la gran prensa, hablan de “voltear la página” y de superar el discurso del “odio”. Como si fuera un héroe nacional, la dictadura de Boluarte acaba de declarar tres días de duelo. Pero siendo objetivos, Fujimori no tuvo nada de héroe. Al contrario, fue el que sembró el odio de clase en nuestro país persiguiendo, asesinando a los que pensaban diferente (su emulo es López Aliaga quien llamó públicamente a dar muerte a sus opositores políticos sin que la gran prensa se inmutara). Ante las contundentes y escandalosas pruebas de corrupción y violación de DD.HH. terminó renunciando por fax a la presidencia y se autoexilió (fugó) postulándose para senador en Japón. 

1990: Un régimen capitalista en profunda crisis política

El fujimorismo surge en 1990 en un escenario similar al actual, caracterizado por una profunda crisis del régimen político capitalista. La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y el frente electoral Izquierda Unida (IU) habían fracasado como alternativas políticas (la primera por la hiperinflación, la descomposición política -que ni siquiera acompañó la verborrea demagógica de Alan García de estatizar la banca o limitar el pago de la deuda externa- y su subordinación a los poderosos 12 apóstoles. Y la segunda, por su “reformismo” oportunista). Entre varios factores, el apoyo de partidos desprestigiados como Acción Popular (AP) y el Popular Cristiano (PPC), conllevaron a la derrota del liberal literato Mario Vargas Llosa. Por otro lado, estaba el grupo armado Sendero Luminoso (SL), que se proyectaba sobre el derrumbe de las políticas de colaboración de clases de IU. El trotskismo, que venía de una gran elección con la figura de Hugo Blanco, terminó aislado. En 1990, la hiperinflación llegó a 7 650 % anual y la emigración peruana a Venezuela era masiva. 

Es en este contexto, que el “outsider” Fujimori ganó con el 62.4% contra 37.6% del ex izquierdista, devenido en liberal, Vargas Llosa. El arco político que apoyó al peruano-japonés estaba compuesto por IU, APRA, evangelistas, militares, Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), etc. En economía, prometió el “No shock neoliberal” que anunciaba su contrincante (aunque una vez en el poder hiciera todo lo contrario). Sin embargo, para imponer el “Plan Verde” que le presentó el entonces agente del SIN y capitán, Vladimiro Montesinos, y que empoderaba a las FF.AA. y la Policía (PNP), como cerebro y columna vertebral, necesitaba mayoría en las cámaras parlamentarias, que no tenía. En la cámara de senadores, el fujimorismo tenía 14 curules mientras que el FREDEMO, APRA, IU, Izquierda Socialista (IS), Frente de Trabajadores y Campesinos, tenían 20, 16, 6, 3 y 1, respectivamente. Y en la cámara de diputados, el fujimorismo tenía 32 de 170 curules. 

05/04/92: Una salida dictatorial burguesa a la crisis nacional

Bajo estas condiciones, Alberto Fujimori, impuso un autogolpe de Estado para imponer «la ley y el orden» aduciendo su lucha contra el «terrorismo». Al comienzo, algunos sectores «democráticos» como el partido aprista se opusieron, pero al final, todos terminaron pactando bajo el visto bueno de los poderes fácticos y del imperio del norte.

El 3 de noviembre de 1991, el brazo paramilitar denominado Colina (hoy enjuiciado), asesinó a 14 adultos y a un niño en una quinta de Barrios Altos, en Lima. Los «paros armados» (paralelos a los paros sindicales de la CGTP), de Sendero Luminoso habían llegado a la capital de la República, creando temor en las clases medias y populares del país (aunque en un comienzo, estas últimas, los apoyaban frente a la degeneración del régimen). Entonces, el gobierno vio una oportunidad para matar varios pájaros de un solo tiro.

Por un lado, colocar como objetivo prioritario, la “seguridad” encarando la lucha para destruir a Sendero Luminoso y, aprovechar la concentración de poder que esto requeriría para imponer un programa de ajuste neoliberal contra el pueblo trabajador (algo que en la campaña electoral había prometido no hacer, como Menem en esa misma época en la Argentina). Al mismo tiempo, este “plan” sería aprovechado para organizar una camarilla mafiosa para enriquecerse utilizando al Estado como credencial de impunidad. 

El 5 de abril, Fujimori, anuncia el cierre del Congreso y la puesta en marcha de un «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional». La oposición «democrática» fue breve. En un principio, la Casa Blanca y sus instituciones políticas neocoloniales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvieron dudas, al final, el 17 de mayo, Fujimori obtiene el apoyo de los cancilleres de la OEA para seguir en el poder.

Esta fue una dictadura cívico-militar de derecha con rasgos fascistas que realizó una persecución política contra un sector de la izquierda (hubo otro sector que lo apoyó con ministros e incluso como constituyentes como Gloria Helfer), para poder aplicar los planes neoliberales. Y las condiciones para obtener este objetivo estaban dadas. Además de la crisis económica (que dejó la inflación aprista), contaba con el método sectario y mesiánico de SL, que lo único que logró con «la lucha armada individual», como el de Tarata (un barrio de clase media), el “aniquilamiento” terrorista de políticos, militares de derecha, dirigentes sindicales y populares, fue aislarse de las masas y sirvió para confundir y desorganizar la resistencia obrera. 

El 12 de setiembre del mismo año, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional del Perú (PNP), capturó al máximo dirigente senderista Abimael Guzmán en un lugar de clase social acomodada y sin disparar un solo tiro. Esto le dio grandes réditos políticos al régimen de facto que se expresó en el referéndum nacional para la aprobación de una nueva Constitución para camuflar su ilegalidad, donde el 52.24% de la población marcó el «Sí».

Las privatizaciones como saqueo imperialista

Una vez lograda la «pacificación» del país, la dictadura comenzó a aplicar el “Fujishok”. Es decir, el programa neoliberal. Privatizó el gas, la telefonía, las minas, la educación, la salud, etc. destruyendo el aparato productivo, entregando el país a las transnacionales y precarizando la estabilidad laboral en nombre de la «divina» inversión extranjera.

Sin embargo, las privatizaciones no trajeron «modernidad» sino desazón. «… Entre 1990 y 2000 se ejecutaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas, lo que generó un monto de US$ 9.221 millones. Sin embargo, de esta cantidad solo ingresaron al Tesoro Público US$ 6.445 millones. La diferencia de US$ 2.700 millones se destinó al pago de consultoras, bancos de inversión y a sanear las cuentas de las compañías privatizadas (el Estado asumió todas sus deudas antes de venderlas) …» redactó La República (22-04-11).

Así también lo constató el difunto ex presidente de la Comisión de delitos financieros y destacado parlamentario de izquierda, Javier Diez Canseco, quién declaró que, «…El decreto legislativo 674 establecía que el dinero de las privatizaciones se debía invertir en salud, educación, infraestructura vial, seguridad, erradicación de la pobreza y pacificación. Eso no se cumplió…».

Hubo subvaluación. Por ejemplo: las utilidades de la empresa estatal Solgas en 1991 eran de $2.9 millones, pero el 84% de sus acciones fueron vendidas en $7.5 millones. El operador que la compró luego de tres años la vendió en $39 millones. Ni que hablar de la refinería La Pampilla, que en 1994 tenía ingresos por $657 millones y utilidades operativas por $85 millones para luego ser vendida el 75% de acciones en la escandalosa cifra de $180 millones.

Por otro lado, hubo estafas en la firma de los contratos como sucedió en la minería con la compra de Hierro Perú por parte del grupo chino Shougang que se comprometió a invertir, entre 1992-1995, $150 millones, pero no cumplió (ya que el contrato no lo exigía), y prefirió pagar una penalidad de $12 millones. Fueron similares los contratos de venta de Aeroperú, etc.

¿Milagro económico?

Otra de las leyendas urbanas de la derecha es que Fujimori “ordenó la economía”. En realidad, entregó las riquezas nacionales al capital financiero. Durante el periodo 1998-2000 la economía ingresó en recesión, con miles de cesantías y un crecimiento exponencial del hambre y la miseria social. Después de una etapa hiperinflacionaria que destrozó el consumo popular, se pasó a una severa recesión que disparó los despidos masivos. Según el economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Félix Jiménez, esto se dio porque se abarató el dólar como medida antiinflacionaria hasta alcanzar un atraso de diez años en el tipo de cambio, la política fiscal destinó todos sus esfuerzos al pago de la deuda externa en montos exorbitantes, la política monetaria fue restrictiva y encareció en demasía el crédito y el precio de la luz se disparó.

Para la conservadora Sociedad Nacional de Industrias (SIN),» unas 23 mil empresas cerraron o quebraron en el periodo 1990-2000, de las cuales el 95% pertenecían a las pymes». Por su lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), reportó no menos de 120 mil empresas endeudadas durante esa década, sin contar las que ya habían cerrado por endeudamiento. Esto trajo como resultado un descenso de 33% en el empleo industrial».

«… El resultado fue un modelo antiindustrial y reprimarizador que elevó los costos de producción, prevaleció las importaciones y, por ende, restó competitividad al país. De ahí que la balanza comercial durante el oncenio fuera negativa, pues las importaciones crecieron en 258,5% entre 1990 y 1998, mientras las exportaciones aumentaron en 72,3%», (La República, 15/05/11).

En mayo de 1999, según la encuestadora Apoyo, el 69% de los limeños desaprobaba la política económica de Alberto Fujimori. A esto habría que agregar que, al terminar el mandato de Fujimori, la pobreza llegaba al 53% de la población. 

La corrupción fujimorista

Según algunos periodistas (como Sally Bowen), este régimen dictatorial gastaba en coimas a los jueces, parlamentarios, jefes militares-policiales y soplones, una cantidad aproximada de $1.000.000  mensuales, de aquella época. Muchos de los que ahora se jactan de ser demócratas como Jaime de Althaus, Rosa María Palacios, los Miró Quesada (del diario El Comercio), Delgado Parker (de canal 5), etc. apoyaron a la administración fujimorista dictatorial.

Es cierto que la burguesía prefiere como sistema de gobierno una democracia liberal, donde el pueblo, cada 5 años, es engañado y participa en las elecciones para elegir a los futuros políticos que gobernarán para los grupos de poder. Pero, en una coyuntura social donde la «democracia» es vista por los trabajadores como una palabra hueca, la clase capitalista “acepta” gobiernos dictatoriales, bonapartistas (y llegado el caso, incluso fascistas) para asegurarse el respeto a la «sagrada propiedad privada de los medios de producción».

El “Plan Verde” fue una iniciativa de Montesinos y las mafias militares para imponerse, en el marco de la lucha antiterrorista con una ofensiva neoliberal contra las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Así como con Milei en Argentina, la elite capitalista al ver que las profundas contrarreformas neoliberales le iban a beneficiar (despidos masivos, leyes antilaborales, etc.), terminó alineándose con Fujimori y su régimen bonapartista. No obstante, cuando la clase dominante vio que el régimen fujimorista se derrumbaba, sacó cuerpo y pasó luego a apoyar a Toledo. 

“Según la Iniciativa Nacional Anticorrupción (INA), creada en el 2001, luego de la caída de Fujimori, las pérdidas económicas por corrupción correspondieron al 30-35 % del gasto presupuestal promedio anual y un 4 % del PBI promedio anual durante el mismo período.

En 1997, cuando Jorge Baca Campodónico era jefe de la SUNAT (Superintendencia Tributaria), se armó un mecanismo mafioso denominado “RUC sensible” para que los poderosos empresarios evadieran a la fiscalizadora y pasaran desapercibidas en la transferencia económica dentro de la red (LR, 03/03/01). Baca Campodónico también operativizó el «salvataje bancario» al entonces Banco Latino. “Según la directiva de dicho banco para La República, Vladimiro Montesinos poseía en esa institución 18 millones de dólares para operar transferencias hacia altos mandos militares, junto con su esposa María Becerra Ramírez” (Clarín, 26/11/02).  

De la misma manera, se desfalcó dinero a partir de la Caja de Pensiones Policial-Militar para los préstamos hacia empresarios. Entre los señalados como beneficiados está Gessa Ingenieros. Acorde a las investigaciones del congresista David Waisman, se estimó un “desvío” de 300 millones de dólares (EC, 13/06/01). 

Los casos de corrupción son innumerables. Solo el pago por “Compensación por Tiempo de Servicios” por $15 millones a Montesinos es escandaloso. El keikofujimorismo (Keiko es la hija mayor de Alberto Fujimori y dirigente del derechista Partido fujimorista Fuerza Popular), siempre ha tratado de desligar a Fujimori de Montesinos. Pero la historia cae por su propio peso. De caer en la maniobra distractora del fujimorismo tendríamos que inferir que Fujimori era un imbécil que como presidente de la nación no sabía nada de lo que hacía su mano derecha y asesor y ejecutor principal. 

Fujimorismo sin Fujimori, constitución de 1993 y Acuerdo Nacional

Sin embargo, hay algo importante que resaltar en todo este proceso de descomposición política y saqueo imperialista de nuestro país. Es que si el Fujimorismo sin Fujimori ha logrado sobrevivir es gracias a la política de colaboración de clases de la centroizquierda, que tuvo su mayor expresión en el Acuerdo Nacional (AN). En el 2001 bajo el gobierno de Toledo se firmó un pacto de “diálogo” que sirvió para frenar la lucha de las masas trabajadoras para recuperar las conquistas arrebatadas por la dictadura fujimorista. Este pacto a espaldas del pueblo implicó legitimar la constitución fujimorista que rige hasta nuestros días. 

Cuando en el 2021, triunfó sorpresivamente la candidatura a presidente del improvisado centroizquierdista Pedro Castillo, derrotando a la derecha unificada en torno a Keiko Fujimori, la derecha intentó impedir su ascenso al poder. La polarización nacional, con el despertar especialmente de los pueblos indígenas, obligó a aceptar su ascensión presidencial. Pero dos años después –en el marco de un conservadurismo social tremendo y una impotencia del nuevo presidente esforzado por conciliar con la derecha- ésta volteó a Castillo y lo mantiene preso. La resistencia, en particular de las comunidades indígenas del interior, pagó su movilización contra el golpe con decenas de muertos y presos. Se instauró la dictadura de Dina Boluarte, apoyada por la derecha que domina el parlamento, las fuerzas armadas y el imperialismo. Fue esta dictadura pseudoparlamentaria la que terminó liberando al dictador Alberto Fujimori a fines del año pasado, por “razones humanitarias”, violando las resoluciones judiciales en contra (incluso de la OEA). Claros signos de impunidad para los represores del pueblo.

No es casual que Alberto Fujimori reciba los “honores” de un jefe de estado durante tres días, declarado por el gobierno de Dina Boluarte y avalado por la bancada parlamentaria. Para la clase capitalista es un “héroe” por su lucha contra el pueblo trabajador. Hoy se están imponiendo nuevas leyes a favor de los grupos de poder económico como las AFPS, banqueros y transnacionales mineras. En sindicatos como Celima, entre otros, están despidiendo obreros gracias a las “suspensiones perfectas”. Ni que decir de la ofensiva para privatizar el agua, imponer proyectos mineros a pesar de no tener la licencia social, etc. La “macroeconomía está bien”, dicen los auspiciadores capitalistas del ajuste contra los trabajadores. Lo cual tampoco es cierto, pero la miseria crece en el pueblo. Es necesario, organizarse, en forma independiente de la burguesía y sus partidos y construir un partido revolucionario de la clase obrera, como planteaba, hace un siglo, Mariategui. Para defenderse de los ataques capitalistas a las condiciones de vida del pueblo trabajador, recuperar las conquistas perdidas, liberar a los presos por luchar y desprocesar a miles, meter presos a los represores e imponer la plena vigencia de las libertades democráticas y los derechos de organización política y sindical y abrir la perspectiva estratégica  de luchar por un gobierno de los trabajadores.

Lima, 12 de septiembre de 2024