Durante la década de los 90 en Neuquén confluyeron dos procesos que incrementaron la desocupación. Por un lado, las privatizaciones con YPF a la cabeza que golpeó sobre la comarca petrolera (Cutral Có y Plaza Huincul) y provocó las puebladas de 1996 y 1997. Por el otro, la finalización de las grandes obras hidroeléctricas que golpearon fundamentalmente sobre el sector de los obreros de la construcción. Según la serie histórica de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia, en el año 1995 se registró, entre mayo y octubre, una desocupación del 16,5%,  triplicando los porcentajes, por ejemplo del año 1991, y una subocupación del 9,3%. Niveles sólo superados durante el desbarranque del 2001.

Estos porcentajes no incluyen a las y los desocupados que percibían el subsidio con contraprestación laboral establecido por la ley provincial Nº 2.128, sancionada de emergencia el 9 de agosto de 1995. Es decir, la desocupación y subocupación real era más alta, llegando a un 30% de la población económicamente activa de Neuquén.

Esto originó que en las barriadas neuquinas, grandes contingentes de obreros de la construcción desocupados, buscaran la forma de organizarse para reclamar trabajo por fuera de su sindicato que no lo hacía, ni convocaba a una lucha en serio por nuevas obras y puestos de trabajo.

Así, con asambleas en unos 15 barrios de la Capital, pero también en localidades del interior, nace la Coordinadora de Desocupados. La misma tuvo que superar el papel de contención de las Comisiones Vecinales dirigidas todas por el MPN, que eran la base del punterismo patronal.

A 30 años de la experiencia de aquel 1995, vaya esta nota en homenaje a quienes abrieron camino a las puebladas que prosiguieron, y sentaron las bases de las organizaciones piqueteras. Porque nada nace de un repollo ni espontáneamente. Ni es soplar y hacer botella.

La ley Nº 2.128

A mediados del año 1995 hubo movilizaciones reclamando por trabajo o un subsidio al desocupado con cierta convocatoria desde el sindicato UOCRA, en la medida de recuperar una autoridad perdida ante el nivel de organización que iba a adquiriendo la Coordinadora de Desocupados, que se reunía en un local de las barriadas del oeste de la Capital. 

Ya a fines del año 1994 hubo una pueblada con corte de la ruta 22 en Senillosa. 

Tras un proceso de organización y movilizaciones durante el primer semestre del 95, la Legislatura se vio obligada a sancionar una ley que otorgara un subsidio a la desocupación como medida complementaria de descompresión del volcán social en las barriadas. Con la típica hipocresía de las bancadas patronales, se mostraron “preocupados” por “la delicada situación en materia ocupacional” que vivía la provincia. 

Ante nuevas movilizaciones anunciadas para inicios de agosto, la Legislatura en sesión especial apuró la sanción en la madrugada del 9 de agosto de la ley Nº 2128 por la cual se creó el “Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional”.

El debate patronal era de donde surgiría el dinero para ese Fondo. El gobernador Sobisch que había perdido la interna del MPN a manos de Felipe Sapag, y no podía ir por su reelección, propuso realizar el trabajo sucio para su “enemigo” interno, y propuso con el apoyo de la cámara patronal ACIPAN, que el Fondo saliera de una rebaja salarial a los estatales. Por supuesto las dirigencias de los sindicatos estatales se manifestaron en contra. Otro sector como el PJ, proponía que salga de lo recaudado en concepto de compensaciones por las privatizaciones, las llamadas “joyas de la abuela”, ya que el gobierno las consideraba un recurso para financiar al capital. También se debatía el monto a otorgar, la cantidad de desocupados a cubrir y la duración del plan. 

El debate mismo ya mostraba que no había ninguna intención ni del oficialismo, ni en la oposición, de apuntar a un real seguro al parado.

Por supuesto la ley recogió esta miserable política, estableciendo una suma casi de indigencia y limitada por los requisitos que exigía para ser beneficiaria/o. Dejaba afuera a los varones y mujeres solteras y a los extranjeros. Muchos de ellos provenientes de las grandes obras hidroeléctricas que habían finalizado su construcción.

Esta ley que nace entre gallos y medianoche (literal) el 9 de agosto de 1995, era más una maniobra de descompresión que la real intención de otorgar un subsidio, aunque fuera exiguo. Al punto que en una incorporación de último momento, se alteró el concepto de “subsidio a la desocupación” por el de “asistencia ocupacional” obligando a quienes recibieran el monto de la ley Nº 2128, a realizar una contraprestación laboral de cuatro horas diarias. Tanto en organismos estatales como en empresas privadas. O sea un “beneficio” de miseria salarial y de precariedad laboral sin relación de dependencia. Es decir: fuera de convenio. Sin derechos al aguinaldo, vacaciones, licencias, etc.

Esta ley fue votada por el conjunto de los bloques patronales.

A pesar de sus limitaciones, la ley fue una conquista del movimiento obrero, sobre todo por los métodos y la política de lucha y organización independiente con que se obligó a sancionarla. 

Nunca estuvo en los planes del gobierno cumplirla o hacerlo muy retaceadamente.

El “Neuquenazo”

El gobernador Jorge Sobisch que había asumido en el año 1991 al frente de un elenco con un maquillaje “progre”, previo ganarle la interna al sector del MPN que caracterizó como los “dinosaurios” (Felipe Sapag, Salvatori, etc.), convocó a elecciones para el 8 de octubre de 1995. 

Todo el régimen promovía proyectos antiobreros para atender la desocupación: el de Sobisch era crear un Fondo rebajando el salario de los estatales, otros partidos patronales -como el PJ- propusieron que el Fondo se nutriera de las deudas que Nación tenía con la provincia. Pero se iban en amagues.

La Coordinadora de Desocupados, que se venía movilizando desde inicios de ese año, tenía anunciada una gran marcha para mediados de agosto. 

Para disputarle la iniciativa, la CGT, el MTA y la CTA convocaron a una movilización para el 9 de agosto, “sin presencia de partidos ni banderas” (ver Prensa Obrera Nº 460).

En la madrugada de ese día, la Legislatura votó la ley Nº 2128 como una respuesta de fingida “sensibilidad” en un clima de agitación social que opacaba las campañas electorales de los partidos burgueses. 

Pero la movilización del 9 de agosto se hizo igual hacia la Legislatura, con grandes contingentes de obreros de la construcción, obreros de la fruta, despedidos de la juguera Orfiva de Plottier, etc. Tras exigir que las y los diputados salieran a “dar la cara”, los movilizados ingresaron al edificio, en tanto la fuerza de choque policial custodiaba el acceso a la Cámara de deliberaciones. Los dirigentes de la UOCRA y la CTA pusieron paños fríos a la situación con el argumento que la ley votada no era la solución, “pero algo es algo”.

Pero no lograron calmar los reclamos, ya que por ejemplo, la ley no daba solución a los masivos cortes de gas que la privatizada Camuzzi realizaba en las barriadas, en pleno invierno.

El gobierno tomó nota que la política de paños fríos de la burocracia no había desarmado a los desocupados, menos al sector que se organizaba en la Coordinadora.

Así que, antes que se concretara una nueva movilización, el gobernador emitió el Decreto reglamentario de la ley, creando una Comisión con la Iglesia, los sindicatos y legisladores. Asignó para poner en marcha el pago de la ley Nº 2128 una suma que cubriría apenas una ínfima parte de los desocupados para ser pagadas en las sedes municipales. Ante la demora y que dejaba a muchas/os afuera, por ejemplo en Senillosa se tomó el municipio ante el anuncio del gobierno local que no habían recibido la partida. Se creó una situación donde miles hacían colas para recibir los $200 de la ley, otros se movilizaban sobre los municipios en el interior, y del oeste de la capital marcharon nuevamente hacia el centro. 

En palabras de una de las primeras organizadoras de la Coordinadora, rescatamos su experiencia citada por José L. Bonifacio en su trabajo “Los procesos de protesta y organización de los trabajadores desocupados en la provincia de Neuquén”. Dice la compañera “Como no teníamos plata para movilizarnos al centro, confiscamos los colectivos, el 104, colectivo que venía lo paraban, subían y no pagábamos. […] Cuando llegó la gente se metió en la Subsecretaría para cobrar y los sacaron como rata por tirante, así que cuando llegamos nosotros, estaban todos afuera, unas trescientas y decidimos ir a la municipalidad. Cuando al intendente Gorosito le dijeron: «hay una movilización», ya estábamos adentro de la municipalidad y el intendente no tenía por donde moverse. Salió todo sin mucha planificación. Subimos a los pisos y declaramos «asueto administrativo» a los empleados municipales, pusimos una guardia en la puerta. Desocupado que venga: adentro. Obrero que venga: adentro. Burócratas, afuera […]” 

La Comisión patronal-oficialista ante el desborde de su intento de contención, comenzó una campaña denunciando a los movilizados por “abusadores” y “aprovechados”, cuando en realidad no eran otra cosa que centenares de mujeres y hombres que apenas pretendían darle de comer a sus hijos. En la Capital, la movilización que llegó al centro ocupó el municipio y se retuvo al intendente en su despacho hasta la medianoche, en que cobró el último de la cola que se formó. Se estima que cobraron 11.000 desocupados esos $200. Se impuso el cobro sin requisitos y sin exclusiones discriminatorias.

El gobierno tuvo que ceder y pagar a diestra y siniestra a los movilizados. En San Martín de los Andes también se ocupó el municipio.

La Coordinadora de Desocupados cumplió así un punto de su petitorio: “trabajo con sueldos dignos y hasta tanto no se ponga en marcha esto, el otorgamiento de un subsidio indiscriminado” para la totalidad de los desocupados de $500. No se consiguió ese monto, sino $200. Así lo expresaron dirigentes como Horacio Panario (MAS), Jorge Mora (PO) y otros.

Solo de esta manera se pudo garantizar el cobro del primer pago, correspondiente al mes de agosto, del monto establecido por la ley Nº 2128. 

Los primeros días de octubre, a escasas horas de la elección provincial, se debía pagar el monto correspondiente a setiembre.

El 2 de octubre se ocupa la Casa de Gobierno

El 30 de setiembre el gobierno no pagó el monto correspondiente a ese mes, por lo que la Coordinadora organizó una nueva movilización, planteando que debía pagar antes de las elecciones (en la certeza que pasadas éstas, el gobierno se desentendería de los pagos).  Pero esta vez en vez de ir al municipio, se dirigió a la Casa de Gobierno, donde ingresaron centenares de familias a la espera del pago. Ocuparon los patios internos, mientras los delegados se reunían con el gobierno para organizar el cobro y hubo sucesivos cuartos intermedios.

La Coordinadora presentó al gobierno en esas reuniones un plan de obras públicas a realizarse directamente por parte del Estado, tomando a las y los desocupados para realizarlas. El gobierno contestó que eso era “poco serio” en la medida que no incluía la intermediación de las empresas contratistas, muchas de ellas “amigas” del poder de turno.

Durante los cuartos intermedios el gobierno, que tenía entre sus planes no pagar la ley Nº 2128, hacía ingresar a fuerzas especiales de choque a la Casa de Gobierno. Tras uno de esos cuartos intermedios,  los ocho delegados fueron impedidos por la policía al querer reingresar a las reuniones. Tras lo cual el cuerpo represivo policial desató un brutal ataque contras las familias que esperaban en los patios internos. Se gaseó a mansalva, a pesar que había muchas mujeres con sus niñas/os y hasta bebés.

Esto generó una estampida para escapar de la encerrona. 

La represión se extendió hacia las calles aledañas, donde habían quedado parte de los manifestantes. 

Jorge Sobisch, el gobernador, citó a una conferencia de prensa “flanqueado por los candidatos del PJ, UCR y del MPN” (Prensa Obrera N.º 467, 3/10/1995). Allí lanzó con el apoyo del arco patronal una campaña xenófoba y reaccionaria contra “los zurdos inadaptados” que “utilizaron mujeres y niños como escudo”.

El centroizquierdista Frepaso, y las direcciones de las centrales sindicales apoyaron al gobierno.

El que lanzó una cacería al estilo Bullrich, la que comenzó con la detención en el monumento a San Martín, donde se habían reagrupado las y los desocupados, de Horacio Panario. 

Para justificar la represión el gobierno aplicó el método de usar provocadores (que incendiaron autos y una moto). Un método que años más tarde, en el 2006, durante otro gobierno de Jorge Sobisch y su ministro Lara, usó patoteros del MPN disfrazados de obreros de la UOCRA en el ataque contra el piquete de ATEN en la destilería de Plaza Huincul.

En tanto en las barriadas del oeste (San Lorenzo, Belén, Islas Malvinas, Hipódromo, Gran Neuquén, Valentina Sur, etc.) las razzias policiales imponían un estado de terror con allanamientos indiscriminados, exhibición de armas, acompañado de una campaña gubernamental que denunciaba penalmente y pedía la captura de 17 dirigentes de la Coordinadora y de la izquierda. Entre ellos el autor de este artículo.

El gobierno estuvo acompañado en esta campaña por el Comité Ejecutivo del Fondo de Emergencia Ocupacional (de la ley Nº 2128), conformado por el propio gobierno, iglesias, el PJ, la UCR, el Frepaso, la CGT, la CTA. Este Comité llegó a denunciar con nombre y apellido a “activistas que no respetan el estado de derecho”, solicitando “que se actúe en forma inflexible contra esos activistas”. Esa “santa alianza” burguesa muestra la hilacha cada vez que los explotados y oprimidos se manifiestan con independencia política de sus demagogias “democráticas”.

La izquierda y “derechohumanistas” el 2 de octubre

Ya describimos el papel de los partidos patronales y las burocracias sindicales ante la represión y estado de sitio “de facto” que instaló el gobierno provincial ante el reclamo en Casa de Gobierno de las familias desocupadas. 

Pero sería incompleta esta nota, si no se registrara el papel, nefasto por cierto, que jugaron algunos partidos y organizaciones de la izquierda ante la presión democratizante del régimen y sus organizaciones. 

El PTP neuquino sacó un comunicado, deslindando que su dirigente, Mario Cambio, hubiera participado de la manifestación del 2 de octubre. El secretario general de ADUNC (sindicato de los profesores universitarios) se negó a que el sindicato saliera en defensa de los desocupados perseguidos y también se opuso a que se pronunciara la CONADU. La que sí se pronunció fue la lista Naranja en ADUNC (orientada por el PO). 

Este no es un detalle menor, porque como protección ante las razzias policiales, la Coordinadora se reunía en aulas de la UNCo, “protegida” por los fueros de la autonomía universitaria. 

Un sector que se reclamó del “campo popular” y de los “derechos humanos” como la Pastoral del Obispado también se opuso "a seguir ampliando el subsidio. La solución es el pleno empleo para todos" (La Mañana del Sur 4/10/95). 

Esta posición de anteponer el “pleno empleo” (como si no fuera eso lo que ansiaban los trabajadores desocupados) -contraponiéndola a la movilización por subsidios de emergencia para que no se hundieran en la miseria los obreros sin trabajo- fue sostenida por la Comisión Directiva de ATEN Capital dirigida por Liliana Obregón, el MST, el MAS y un secta que se autotitulaba “bolchevique” (actualmente la lista Rosa de ATEN), quienes en solicitadas defendieron una resolución del plenario provincial de ATEN dominado por el “marisanchysmo” de la Celeste que resolvió “rechazar el proyecto de ley de subsidio, exigiendo las medidas tendientes al pleno empleo y a mantener la dignidad del trabajador”. 

La directiva de ATEN Capital exigió internamente la renuncia de los militantes del MAS que apoyaron la movilización del 2 de octubre y prestaron un megáfono de la seccional. Para los expulsadores, la movilización de ese día era un "hecho aventurero, que provoca el rechazo de los trabajadores organizados". 

El MAS y el MST sucumbieron a estas presiones, como se verá más adelante.

Panario: un rehén del régimen

El dirigente de la Coordinadora de Desocupados fue trasladado a Zapala y encerrado en una celda del destacamento policial que aún existe a la vera de la ruta 22. En realidad la situación del detenido se parecía más a la de un rehén. La “celda” no tenía ni ventanas, ni comunicación con el exterior y era un pequeño pasillo, oscuro, donde Panario permanecía casi las 24 horas del día incomunicado.

Fue acusado de “coacción agravada”, un delito duramente castigado por el Código Penal. Esta acusación se montó sobre la base de la manipulación de los videos durante la negociación en el interior de la Casa de Gobierno. 

Su traslado a Zapala, a 200 kilómetros de la Capital, buscaba aislarlo y dificultar las movilizaciones a los lugares de detención.

Las condiciones del compañero fueron muy duras durante los primeros 45 días. Pretendían quebrar la moral de Panario y con ello desmoralizar al resto de los dirigentes. 

Después de una campaña, logramos la autorización para una visita y viajamos con Rafael Santos y Jorge Mora, como delegación del PO. El ánimo de Panario estaba intacto, no lo habían quebrado. 

Para ese entonces el régimen de encierro se había “distendido”: tenía media hora por día para salir al patio del destacamento.

A partir de su detención, y luego de lograr levantar el pedido de captura de la mayoría de los dirigentes, la Coordinadora con las precauciones del caso, retomó sus reuniones. Y se impulsaron campañas por la liberación y el cese de las causas y persecuciones, que llegaron hasta la Corte Interamericana. Un Encuentro Provincial de desocupados se pronunció por su libertad y la de otros apresados y el cese de las persecuciones.

La lucha por la libertad de Panario

Una de las primeras iniciativas de la Coordinadora fue la realización de un acto de repudio a la represión y por la libertad de Horacio Panario, y el cese de las persecuciones, el que tuvo lugar el 5 de octubre, apenas horas después de la represión. Un acto que se realizó bajo condiciones de extrema presión política del gobierno y el arco democratizante, incluida la prensa burguesa.

Pero implicó un punto de inflexión. Porque a partir de allí la campaña por la libertad de los detenidos crecía día a día. Y logramos romper el aislamiento y superar la cobardía política de algunos sectores, nacionalizando el reclamo de ¡Libertad a Panario! Diversos dirigentes políticos y sindicales se fueron pronunciando en ese sentido. 

Por ejemplo: la juventud estudiantil organizada en la CES (Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Neuquén) acompañó, a fines de noviembre de 1995, organizando un festival al que concurrieron más de 500 compañeros. 

La Coordinadora de Desocupados militó los barrios casa por casa con un volante, se juntaron firmas, se pusieron mesas callejeras, se llevó el reclamo a las reuniones sindicales. Una asamblea de ATEN Capital fue la primera en expedirse públicamente a favor de la libertad y cese de persecuciones a otros dirigentes que no podían realizar actividades públicas, como Alcides Christiansen, Jorge Chiguay, el “vasco” Etchebaster, Verónica Barriga, Sandoval, etc.

A mediados de 1996 la Coordinadora forzó con su campaña poder participar de un Congreso convocado por la CTA. Allí se dio una dura lucha política con su dirección degenarista y se logró que se votara, tras un intenso debate, una resolución reivindicando “un seguro mínimo al desocupado de $ 500, sin discriminaciones, para todo mayor de 16 años” y se exigió que la “contraprestación laboral” de la ley Nº 2128 incluyera cargas sociales, aguinaldo y vacaciones, así como el pase a planta de quienes realizaban, de a miles, esa “contraprestación” en organismos del Estado. La Prensa Obrera nº 496 (30/5/96) caracterizó que "el Congreso cerró la etapa de reflujo en el movimiento de los desocupados, que se inició con la represión del 2 de octubre del año pasado". ¡Veinte días después estallaba el primer Cutralcazo! 

Esta campaña no estuvo exenta de polémicas y distintas estrategias entre las propias fuerzas de izquierda. 

La dureza de los jueces y tribunales que rechazaron el cambio de caratula primero, y que luego denegaron rebajar la “coacción” a grado de tentativa como pidió el defensor (que era admitir la comisión de un delito en un grado menor),  marchaba a una condena de cumplimiento efectivo de entre 5 y 10 años para el detenido Panario, y para cualquiera de los otros imputados.

Mientras por abajo las y los trabajadores iban tomando partido por la libertad y el archivo de la causa, en los estamentos del Estado y la mafia judicial se buscaba el objetivo de escarmentar a los pobres y desocupados para que cesen sus reclamos.

Este debate tomó gran importancia. Porque sin desconocer que “lo” legal en estos casos es importante, no es menos importante la defensa incondicional de lo realizado por las masas oprimidas en la defensa elemental de tener un laburo y poder darle de comer a sus hijos. 

No lo entendieron así el MAS y el MST que llegaron a considerar como un error la ocupación de la Casa de Gobierno el 2 de octubre de aquel 1995, y se retiraron de la Coordinadora de Desocupados. Ni siquiera participaron de aquel primer acto del 5 de octubre. Llegaron a afirmar en un volante que la Coordinadora era “poco representativa”. Pero proponían como línea de intervención, que Felipe Sapag que acababa de ganar las elecciones a gobernador del 8 de octubre, “se pronuncie públicamente”. Reemplazaban así el “lobby” ante el archienemigo de la clase trabajadora, represor del Choconazo y de la huelga de la construcción de 1984 y que había presentado un plan para “llevar a los desocupados a realizar la contraprestación laboral a las chacras”. La Coordinadora lo denunciaba de esta manera: “Así los empresarios del empaque, recientes beneficiarios del subsidio por decenas de millones que significó la estatización de sus deudas con el Banco Provincia (Gasparri, Estrella Alpina, Fuva, Demgut, Santo Della Gaspera, Cooperativa La Flor, etc.), recibirán un nuevo subsidio al estatizar también el pago de los salarios de los ‘desocupados-ocupados’ que tengan que ir a poner el lomo a sus chacras” (Prensa Obrera N.º 472 del 7/11/95).

Fue Felipe Sapag el que recortó el monto de $200 a $150, ni bien asumió el 10 de diciembre de 1995. Se proponían no irritar al nuevo gobierno, cuando el “nuevo gobierno” era la encarnación de una política antiobrera por excelencia.

Las expectativas en el nuevo gobernador, por parte del MAS y el MST, que compartían con la CTA local, fueron tan lejos que llegaron a considerar “perjudicial” que la Coordinadora realice acciones por la libertad de Panario.

El desenlace de esta lucha mostró que ninguna presión sobre los estamentos del Estado puede reemplazar la organización y la conquista de la clase obrera en la lucha por las libertades democráticas, que no son concesiones graciosas de la burguesía, sino conquistas obreras.

Pero ese era el estado del debate hacia fines del año 1995 sobre cómo lograr la libertad de los compañeros y el cese de las persecuciones.

Entre los imputados pero no detenidos, se encontraba Alcides Chirstiansen, activista de la UOCRA en las grandes obras y que en 1989 fue electo secretario general de la delegación Neuquén. La dirección del MAS, entonces, decidió que Alcides se presentara detenido al ser mucho más conocido que Panario y de esa forma reforzar la campaña por la libertad de ambos.

Una decisión cuestionada por sectores de izquierda, pero que nuestro partido apoyó.

Una victoria obrera: libres y se cae la causa

La actuación de la justicia y el manejo de la causa armada sobre manipulaciones de un video y con el objetivo de amedrentar a las barriadas obreras, solo se podía sostener sobre la base del apoyo político del conjunto del régimen patronal. 

Como denunció la Coordinadora de Desocupados, no hay delito en nuestra acción, la “coacción” es la del gobierno contra los desocupados. Por lo tanto esta era la base para encarar la parte legal de la lucha, no la de trocar la acusación por otra de menor grado, como proponía el defensor de Panario.

Por esa vía, decíamos se marcha a una condena.

Que el determinante método de defensa era la movilización obrera y el reclamo de las asambleas sindicales y los congresos obreros, lo muestra que al calor del progreso de la campaña de la Coordinadora, el tribunal tuvo que otorgar la excarcelación de Panario a pesar que la acusación era de un delito no excarcelable. Esto solo ya demuestra el armado de la causa y su manipulación judicial en función de los intereses políticos del gobierno contra las y los desocupados.

Según la opinión sobre esta causa de un experimentado abogado laboral, la misma estaba plagada de irregularidades, al punto que la consideró críticamente una “verdadera obra de teatro, digna de las buenas plumas del ‘vodevil’ francés”.

Sobre la manipulación del video que sirvió de base acusatoria contra Panario, dijo un jurista constitucionalista: “para que se conforme el delito de coacción, quien lo ejecuta, debe tener un poder real de realizar lo que dice”. 

Estaba absolutamente claro que ni Panario, ni la Coordinadora de Desocupados en su conjunto, tenían el poder de ejecutar un “golpe de Estado”, ni siquiera tomar la Casa de Gobierno (que estaba fuera de sus objetivos), sino apenas “llevar el pan a nuestras familias” (Del petitorio que promovió la Coordinadora en su campaña).

Tras los sucesivos fracasos políticos del gobierno y el régimen por sostener el juicio sin pruebas o con pruebas adulteradas, el gobierno apeló a llevar detenidos a compañeras/os desocupados para que tras horas de tenerlos apresados, declararan sin la presencia de abogados, para tratar de conseguir alguna incriminación contra los detenidos. Con lo cual los actuales “métodos” de Bullrich-Casanello-Pollicita no son otra cosa que un guiso recalentado del fusilador Sobisch.

Pero esto también fracasó y finalmente la acusación fiscal se derrumbó. Para salvar la ropa, un camarista afirmó en su fallo que “La falta de acusación no debe ser confundida con la presunción de inocencia de los imputados”, dado que no podía admitir el carácter trucho de la misma. Además ignorando que existe un principio jurídico que se llama “presunción de inocencia”, es decir, que el derecho burgués requiere que además de acusar se aporten fundamentos y pruebas, y ya no se sigue el criterio de la Inquisición. Ese principio es una conquista de la humanidad, que para el camarista (como existen aún muchos) debería ignorarse.

Lo cierto es que tanto Panario, como Christiansen, consideraron su liberación y la caída de la causa como lo que fue: una victoria obrera. En este sentido recogemos las palabras del propio Panario al ser liberado: “La justicia y el gobierno tuvieron que darnos la libertad no porque hayan querido ‘hacer justicia’, sino porque la campaña de todos ustedes, la solidaridad obrera en todo el país, e incluso en otros países, obligó a que nos absolvieran. Es un triunfo. La libertad nos la dio la clase obrera en su conjunto”.

El valor de este balance desnuda la posición general de las organizaciones abiertamente patronales, pero también deja en pelotas a los llamados “progres”, que no solo se opusieron tenazmente a reclamar un subsidio al desocupado, sino que expresaron su posición en un comunicado como el de la CTA que reclama al juez “la inmediata elevación a juicio de la causa en que está procesado Horacio Panario”, a lo cual agrega que esto “no implica ni un aval a los disturbios producidos en la Casa de Gobierno el pasado dos de octubre ni un intento de interferir en el trabajo de la justicia”, (Río Negro, 3/2/96).

Conclusión

En épocas en las que hay que defenderse con uñas y dientes de un sistema judicial que actúa como el brazo político del poder, las lecciones de la Coordinadora de Desocupados de Neuquén tienen una gran actualidad. La línea que sostienen las organizaciones piqueteras independientes de los gobiernos y especialmente el Polo Obrero, en las causas amañadas que enfrenta en la actualidad, recogen esa experiencia. Son otros tiempos, está claro, pero perdura que el recurso fundamental es la movilización y la organización popular y ganar para esa lucha a las organizaciones obreras.

Superar las presiones centristas y democratizantes es la base sobre la cual se apoya toda actividad. Dejando de lado el impresionismo típico de la crónica, para tomar el pulso de las tendencias profundas y los hechos objetivos que marcan la evolución de la subjetividad de las masas.

Pero no se llega a esto si no se parte de un programa de independencia política respecto a todas las variantes burguesas y pequeñoburguesas, es decir, un programa del clasismo, del socialismo contra la barbarie.