La universidad tal como la conocemos está en proceso de destrucción. Estudiantes, docentes y no docentes en lucha defendemos la educación pública universitaria, la ciencia y técnica, y los salarios y puestos de trabajo contra la avanzada de los gobiernos capitalistas y las patronales universitarias. A la lógica del mercado, ya sea para reemplazar por privatizadas o para montar negocios privatistas en la universidad pública, le oponemos la perspectiva de transformación: una universidad para los trabajadores y al servicio de las necesidades sociales.

La lucha por la orientación social de la universidad

Desde la reforma del 18, que en  pocos meses, de abril a septiembre de 1918, los estudiantes cordobeses organizaron varias huelgas generales, ocuparon las facultades, destituyeron a las autoridades reaccionarias, se aliaron a las luchas de los trabajadores y convocaron a unirse a toda la juventud latinoamericana, expulsó a la iglesia e instauró la libertad de cátedra;  la lucha por la “laica o libre” de Frondizi justo a medida del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional;  la resistencia estudiantil y docente contra la represión feroz de Onganía que buscaba liquidar la producción de ciencia y tecnología autónoma, aparte de disolver la autonomía universitaria; la lucha contra la represión política y  el arancelamiento de la universidad impulsado por la dictadura, lucha tenaz a pesar de los docentes y estudiantes desaparecidos. En los 90 con la caída del muro de Berlín, el imperialismo impulsa mediante la OMC (Organización Mundial de Comercio) una serie de lineamientos planteando que la educación es una mercancía, en ese cuadro todos los gobiernos avanzaron en una mercantilización de la educación superior en todo el mundo. En esa perspectiva surgió  la Ley de Educación Superior de Menem, como parte de un acuerdo con el FMI y el Banco Mundial.  La posterior  movilización concluyó con la renuncia de  López Murphy. 

No obstante, los gobiernos en defensa del  interés del capital buscan avanzar en una modificación profunda de la universidad. En este marco se está empezando a discutir una reforma integral y profunda a la educación como la conocemos. Tuvo una primera expresión en las reformas en secundarios y terciarios, y ahora vienen por la universidad. Esto no es nuevo. Docentes y estudiantes dimos peleas tenaces y logramos quebrarlos en muchas ocasiones. Fue ese marco de lucha el que inscribió la recuperación de la FUBA y de centros de estudiantes en todo el país. Bajo el Kirchnerismo, en 2004 las tomas en Comahue por la CONEAU; en 2005 una huelga de seis semanas con movilizaciones de la docencia universitaria que liquidó la política salarial por productividad instaurando un salario de acuerdo al trabajo organizado y no por productividad. La  toma del rectorado en 2008, o el estudiantazo de 2010. En 2016 contra el presupuesto de Macri; en 2018 por presupuesto universitario y por el aborto legal; en 2020 y 2021  en el marco de la pandemia hubo acciones por el recorte presupuestario y en 2024 la movilización de dos millones de personas contra el vaciamiento de Milei. En muchos casos logramos frenar esa avanzada, y por eso resurge en estos nuevos lineamientos apalancados en un gobierno que le declara la guerra a la Universidad pública.

¿Qué es la mercantilización y qué forma toma?

La mercantilización en la universidad implica un salto de calidad en el proceso de instaurar la universidad como mercancía a nivel mundial, reduciendo el valor de la fuerza de trabajo. En concreto, puede verse mediante la privatización,  modificación de los planes de estudio con un contenido a fin de los intereses del capital en un momento histórico, la delegación de facultades al sector privado. Esto va de la mano con todos los otros ámbitos de la sociedad de la que forma parte.  Es una expresión más  de un universo que responde a la lógica de “flexibilidad laboral”, como principio que ordena el mundo de la producción. Las “reformas” laborales tienen su correlato en las reformas educativas, al igual que la precariedad de las condiciones de ambos.

Bajo el capitalismo la tendencia que rige es la mercantilización, si se discute superar la mercantilización pero no el capitalismo, es un debate sin fin. Esto, porque hay una tensión permanente que rodea la posibilidad de seguir incorporando negociados al engranaje capitalista. 

La educación capitalista tiende a reproducir y ponerse al servicio de perpetuar el orden establecido. Como plantea Rieznik: “la educación se estructuró naturalmente, desde sus orígenes, como un fenómeno clasista colocado al servicio de los dueños de la riqueza y del poder, como  recurso para afirmar la cultura y los valores de la clase explotadora gobernante, y también para preparar a sus funcionarios y cortesanos. Un propósito que, por otra parte, fue explícito durante muchos siglos.” Por eso es importante plantear que no defendemos la universidad como existe hoy, sino que peleamos por un contenido distinto. A pesar de eso, en el marco de  la ofensiva del Capital, el movimiento estudiantil y los docentes, dan una pelea con los métodos de la clase obrera. 

El pretexto que esgrimen hoy las autoridades para avanzar en la reforma es la “deserción”, un problema que si bien existe y toma forma por no existir recursos en infraestructuras, medios electrónicos, comedores, becas,  se contradice con la colisión entre infraestructura y crecimiento en la matrícula de estudiantes al menos durante el período de y la pandemia. En ese marco se abre un debate sobre cómo tomar medidas para abordarlo.  En 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, se impulsaron los 7 puntos del CIN (rectores peronistas y radicales) y del CRUP  (consejo de las universidades privadas) que son utilizados como hoja de ruta para avanzar en el ajuste en la universidad. 

A la hora de discutir qué universidad queremos es importante entender el orden de problemas que suscitan hoy. En primer lugar, la política de pulverización del salario de los trabajadores de la universidad está generando una bomba a punto de estallar que puede generar un perjuicio profundo en el funcionamiento de la universidad. En el caso de los docentes vemos como se da un caso de pluriempleo tanto en docencia como otras ramas de la producción así como el éxodo al exterior, como en el caso de la Facultad de Ciencias Exactas, por ejemplo. La renuncia de los docentes naturalmente produce el cierre de comisiones y eso perjudica la disposición de la triple franja horaria necesaria para la continuidad de los estudiantes en curso e incrementa la tasa de explotación de los docentes que quedan a cargo del curso, porque quedan más docentes por curso. 

Las reformas que se están discutiendo tienen el objetivo de recortar las carreras y también abrir nuevos esquemas de negocios según los dictados de corto plazo capitalistas. Por todo lo expuesto, planteamos que el sistema educativo está en crisis, producto de una política de vaciamiento combinado con un crecimiento exponencial en la matrícula de muchas facultades desde el 2020 que hace colisionar las condiciones de infraestructura con la orientación de desguace. Un ejemplo clave es la Facultad de Medicina, que tan sólo en la pandemia tuvo un crecimiento de la matrícula de 6%.  Para llevar adelante ese recorte la reforma plantea tres ejes claves: el pasaje a la virtualidad, los títulos intermedios y el sistema de créditos.

El marco teórico de estas reformas tiene varios elementos:  La ronda de Doha (1994) que incluyó la educación superior en el marco de la negociación con la OMC, y concluye que la educación superior es una mercancía; la LES (Ley de educación superior) sancionada en 1995 que plantea, justamente, la mercantilización de la educación superior. En otras palabras que deje de ser un derecho universal para ser una orientación del Mercado determinado -vía la acreditación en la CONEAU- los contenidos curriculares en contradicción con la supuesta autonomía y autarquía de la universidades establecidas en la Constitución Nacional; El  tratado de Bolonia, firmado en 1999 por muchos países Europeos,  que plantea como objetivo crear un “sistema de títulos académicos que puedan reconocerse fácilmente, fomentar la movilidad”, etc. Plantea que con ese tipo de formato dejarían de existir las licenciaturas e ingenierías. : Este plan denominado también “3+2” establece los grados (que habilitan trabajos "basura") en 3 años + un máster de 2 años. En el caso de Europa se produjeron inmediatamente dos fenómenos: la degradación de los títulos de grado una vez obtenidos devaluando la fuerza de trabajo y por otra parte la suba de los precios de las matrículas de los Master. 

En primer punto vamos a detenernos en el avance de la virtualidad. Un método nuevo de pasar el ajuste de forma “silenciosa” pero que aparte busca aplicar una reforma laboral a los docentes. La mecánica  de este ajuste se lleva adelante mediante el pasaje de materias enteras a formato virtual y se ahorran la inversión infraestructural e incluso de salario docente para garantizar una apertura más extensa de comisiones. El relato que se empezó a instalar luego de la pandemia es que la virtualidad genera una compatibilidad mayor con el mundo laboral. Esto es una excusa. La virtualidad si bien puede tener algún aspecto de comodidad para un sector de la población educativa, no puede ser la regla por la degradación pedagógica de la misma. Incluso, es incurrir en el error de negar la diferencia de clase entre estudiantes que en muchos casos no todos tienen computadora o acceso a internet. Las autoridades de las distintas facultades replican el ajuste de Milei mediante este nuevo formato: Sin ir más lejos podemos observar como facultades como la Facultad de Económicas de la UBA en las tareas de dictado de triple día uno de ellos se traslada a la virtualidad, como por ejemplo Macro II. En muchos casos materias de dos días también. La Universidad Nacional de las Artes, dirigida por el peronismo, se encamina hacia virtualizaciones obligatorias de la mitad de la cursada en muchas de sus carreras. En las Facultades de la UBA dirigidas por la UCR o aliados (Económicas, Psicología, etc.) hace años que los cursos intensivos son virtuales

No se puede negar que hay que discutir cómo integrar a la población estudiantil trabajadora a la universidad. Pero rediscutir una perspectiva de incorporación de elementos virtuales tiene que ser sobre la base de un censo que permita ver cuáles son las condiciones materiales del estudiantado y los docentes.  De otra forma, más que una herramienta que integra, es una herramienta que excluye. Además, se debería garantizar la entrega de dispositivos tecnológicos y de conexión por parte de las universidades y del Estado a estudiantes, docentes y no docentes como piso para una posibilidad genuina de participación virtual.

 Mientras esto no esté garantizado, para garantizar un principio de igualdad de condiciones en el marco de la formación profesional, hay que pelear por presupuesto para ampliar la franja horaria de cursada y efectivamente garantizar la triple franja en todas las carreras. 

Con el avance de la virtualidad y la desregulación de la universidad como la conocemos se promueve la atomización del movimiento estudiantil  y también de docentes, perdiendo lugares de encuentro, organización gremial, deliberación y acción y allana el camino para poder finalmente avanzar sobre las conquistas en función de recomponer la tasa de ganancia de los capitalistas y usando la educación como moneda de cambio para esos fines. 

En términos de la relación con la reforma laboral docente, se estila que el docente “online” está todo el tiempo disponible, y como se demostró durante la cuarentena, los sistemas no presenciales agudizan las presiones de la patronal sobre los trabajadores. NI hablar de que no garantizan los insumos para llevar adelante la cursada. Una encuesta realizada por AGD UBA arrojó que el 65% sobre 1900 casos observa que trabaja más horas de las que corresponden a su designación y sin que se respeten los horarios laborales. 

La virtualidad rompe con la relación docente - alumno, modifica el proceso de enseñanza – aprendizaje; mientras que la  presencialidad es un acto académico, pedagógico, social y político en la construcción del demos universitario.

El debate más novedoso que se suscita actualmente gira en torno a la implementación de un sistema de créditos y de la creación de una unidad de medida académica para los planes de estudio de las carreras de pregrado y grado: el Crédito de Referencia del Estudiante (CRE). Un sistema que busca tomar como referencia los “ECTS” que es el sistema de transferencia de créditos europeos. Su contenido equivale a un mínimo de 25 hs y un máximo de 30 hs, tiempo que el estudiante debe dedicar cada semana a la actividad académica. Una perspectiva que evidencia la lógica mercantilista por sobre el debate de contenidos.

Según la resolución, se implementaría en 2027 y nace de un proyecto que elaboraron el CIN y el CRUP – los consejos de universidades públicas y privadas, los mismos que entregaron el presupuesto a la baja el año pasado y que ahora ven cómo se derrumba la universidad pública sin hacer nada–. Con este modelo los planes serán “más libres y abiertos, interdisciplinarios y flexibles”, misma perspectiva que el Plan de Bolonia. El argumento es que el sistema de créditos permitiría: “determinada internacionalización, convenios de reciprocidad, movilidad estudiantil”, cuando en realidad un sistema de créditos pone en riesgo el vaciamiento de contenidos específicos, científicos y académicos: priorizar acumular créditos en vez de una currícula estructurada, diluye la formación específica de una carrera y la profundidad de los conocimientos técnicos y esenciales para la profesión. Por otro lado, estandarizar las carreras entre universidades genera que materias específicas de una disciplina se sustituyan por otras más genéricas, devaluando nuestra formación.  Y si nuestra formación se devalúa, estamos obligados a enriquecerla con posgrados pagos millonarios. Este negocio es el que fogonean los decanos radicales y peronistas hace años. El objetivo estratégico de estas reformas de contenido y forma en esta perspectiva, es generar mano de obra servil para el capital en un momento histórico. Si bien aún no se discutió en los consejos directivos UBA, se está empezando a discutir los lineamientos en el interior como una primera prueba. El CIN de conjunto se posicionó a favor en 2023 con la participación del  entonces ministro de educación, Jaime Perczyk, lo cual muestra que es un acuerdo de todo el arco político patronal y lo natural es que sus agrupaciones universitarias avalen la degradación de nuestras carreras y equipara la educación pública con la privada abriendo un nuevo  negocio a las mismas.Ver: https://www.cin.edu.ar/creacion-del-sistema-argentino-de-creditos-academicos-universitarios/

Por último, los títulos intermedios suelen ser presentados como algo progresivo desde la perspectiva de “obtener formación específica antes de terminar la carrera”, o incluso “acceder con mayor rapidez al mercado laboral”.  El sentido de  fondo del otorgamiento de los títulos intermedios recomendados por la CONEAU y elaborados por el CIN y el CRUP, es devaluar la fuerza de trabajo de los graduados cuyas currículas sean flexibles a los requerimientos  de los mercados. También tiene que ver con tener las sillas la menor cantidad de tiempo ocupadas.

De todas formas es una impostura porque la mayoría de los títulos intermedios no son habilitantes. Es lo que sucede en la UBA, por el momento en la mayor parte de los casos, siendo excepción algunos como en Agronomía o Ciencias Ambientales.

La pelea por la orientación social de la Universidad

Las reformas que se discuten hoy tienen correlato en la sanción de la Ley de Educación Superior votada durante el Menemismo, fue la prenda de intercambio del gobierno nacional con los organismos de crédito internacional con el objetivo de avanzar en un nuevo desembolso luego de la avalancha de privatizaciones. En ese marco cerró un acuerdo con el Banco Mundial, la OMC, y el FMI. El interés de estos organismos consiste en “transformar” los servicios educativos en ramas rentables del capital privado y en ahorrar el “gasto improductivo” de las finanzas públicas para los sistemas de enseñanza, a favor de transferir esos recursos a servicios corporativos. En 1993, la comisión de educación de la Cámara de Diputados, aprobó en despacho el “nuevo régimen económico financiero” de las universidades nacionales. Este proyecto planteó eliminar la gratuidad de la enseñanza superior y autorizaba a las casas de estudios a llevar adelante acuerdos con “sociedades de cualquier tipo” para obtener “beneficios” que sirvieran como “fuentes complementarias” de ingresos económicos (Prensa Obrera, 10/11/93). Al año siguiente, el Ejecutivo envió al congreso un proyecto para tratar la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) .

La CONEAU surge con el art. 43 de la Ley de Enseñanza superior y su principal tarea es  la regimentación por parte del estado y el mercado de las carreras que ellos mismos autodonominan "estratégicas". Crean órganos con las empresas, de la mano de decanos de universidades privadas y públicas, para poder llevar adelante todo tipo de negociados con la UBA.

Recientemente, el CRUP sacó una serie de puntos  en 2023, planteando hacia el “desarrollo  económico y el progreso social” entre los cuales destaca la educación virtual, el sistema de créditos y los títulos intermedios como elementos clave en la lucha contra la deserción. 

Según la secretaría de políticas universitarias (en adelante SPU), en el 2021, solo el 29,6% de los estudiantes se recibió a tiempo. Este sector toma este índice para plantear que la forma de abordar esto es mediante un recorte de las carreras. El debate de la orientación social parte por la pelea política en curso contra la orientación mercantilista por encima de la orientación en defensa de la perspectiva científica que aún está en disputa también. 

¿Cómo operan las fuerzas políticas? 

Las fuerzas políticas que intervienen en el claustro estudiantil tienen su correlato en la composición política de los distintos órganos de cogobierno de la universidad. Sin ir más lejos el rector de la Universidad, Ricardo Gelpi  (Medicina) es rector de la UBA como propuesta de acuerdo entre Yacobitti (Económicas) y Rojo (Medicina). Gelpi es un hombre históricamente ligado a la UCR. También lo es el vicerrector: Emiliano Yacobitti, la figura central de una de las ramas internas del radicalismo. No obstante, el Kirchnerismo cuyo bloque está más representado por la facultad de Ciencias Sociales (Arias ), Filosofía y Letras (Manetti) y la Facultad de Exactas (Durán),  se abstuvieron y tampoco hizo una contrapropuesta en aquella asamblea universitaria. En aquel momento Manetti planteaba en Página 12: “Una abstención no es un voto en contra, sino abrir la posibilidad de diálogo con quien es el nuevo rector a partir de haber sido electo”. No es de sorprender este tipo de acuerdos, el decano de la Facultad de Derecho fue votado por Franja Morada, Nuevo Derecho y el Frente de La Cámpora y la Centeno. En Medicina Nuevo Espacio y La Cámpora presentan lista única en graduados, algo similar en Económicas. Mismo escenario cuando se votó el desmembramiento de DOSUBA, que votaron todos a favor. salvo una abstención.  Esto tiene que ver con que si bien puede haber matices en la política de ambos, los une un mismo interés social que es la defensa de la burguesía y sus intereses de camarilla por sobre todo.  Es claro que no hay dos o tres bloques en el consejo superior, sino que se avanzó en una integración total de los bloques, con una subordinación a la política de Nuevo Espacio. Los acuerdos para repartirse el botín de la UBA no anulan las divergencias interburguesas de las camarillas. Nuevo Espacio, en el marco de la campaña electoral 2025, fue con dos propuestas distintas, un sector defendió la candidatura de Lula Levy, mientras que el afín a Rojo optó por recostarse en el PJ y Leandro Santoro. 

 Un ejemplo de esto fue como actuaron de forma conjunta para desarmar el proceso de tomas, movilizaciones y asambleas desarrollado durante todo el año pasado, o incluso como votaron todos el levantamiento de la emergencia presupuestaria. La atomización del movimiento estudiantil se explica porque las direcciones de los centros de estudiantes de estos sectores operan como agentes desmovilizadores que impide empalmar con las luchas. La pelea política por la dirección del movimiento tiene la urgencia de separar a los estudiantes de las burocracias estudiantiles.

Por un plan de lucha para el movimiento estudiantil

El planteo de “reforma” del gobierno y el CIN es una política dirigida del capital con el objetivo de reordenar el sistema educativo en función de lo que el capital considera productivo en un momento histórico determinado. Lo vimos con la reforma de secundarios que divide la educación en áreas y refuerza materias como matemática o lengua con el objetivo de golpear las ciencias sociales.  De la mano también de  reforzar las pasantías gratuitas con una carga horaria que disminuye el  contenido teórico. Lo mismo en terciarios con la “UNICABA”, buscan extinguir el concepto del “terciario” vaciando primero las carreras que son “improductivas” o que abonan a la “ideologización” según Milei como el caso de Historia. La resolución 476/2024 habilita también hasta el 50% de virtualización. Una forma más de pasar el ajuste. 

La lucha contra la deserción es una lucha del pueblo trabajador por defender la creación de ciencia, tecnología y saberes al servicio de las mayorías populares.  La forma de pelear por esto es, en primer lugar, avanzar en una inversión en presupuesto real. En lugar de más becas y con montos que puedan financiar los estudios, nos prometen carreras cortas con títulos devaluados acordes con la caída de los salarios, es decir del valor de la fuerza de trabajo y el fortalecimiento del ejército de reserva. No para aumentar la producción y el desarrollo de los estudiantes, docentes e investigadores. 

Quienes sostenemos y defendemos la universidad pública no podemos dejar pasar esto. Las reformas de planes de estudio en cada facultad tienen que debatirse entre los trabajadores de la universidad y los estudiantes, no entre empresarios. Nuestras formaciones tienen que estar al servicio de las necesidades sociales, no del lucro privado. Pongamos en pie asambleas y comisiones de debate en todos los lugares de estudio para tirar abajo esta resolución antieducativa y privatista, para pelear por el presupuesto y el salario y preparar una gran tercera marcha universitaria que vaya por todo lo nuestro.