Ver primera parte aquí.

“El sistema necesita ordenarse, pero no a costa de destruir lo que funciona. Estamos negociando un mecanismo de compensación” (José Luis Lingeri, secretario general de Obras Sanitarias y principal “operador” de la CGT en el tema de las obras sociales, marzo 2025).

El programa de salud de Milei se reduce a profundizar la desregulación, iniciada por Menem, “depurar” el sistema de obras sociales-prepagas -el objetivo declarado es eliminar un tercio de las 290 obras sociales sindicales y otro tanto de las 661 prepagas registradas, de las cuales solo 10 tienen inscripción definitiva- y dejar “morir” la salud pública, reemplazando el principio de una cobertura integral a cargo del Estado por un “subsidio a la demanda” que cubra prestaciones mínimas. 

La idea, defendida por Milei y Sturzenegger en reiteradas ocasiones, no es nada original; en ella se basó la Cobertura Universal de Salud de Macri y, antes, el Hospital de Autogestión del menemismo. Incluso, el planteo de “centralización” parcial que la ex vice-presidenta Cristina Fernández esbozó durante la pandemia apuntó a optimizar el financiamiento de la demanda. 

La “voucherización” ya cuenta con un experimento en marcha en la localidad bonaerense de San Nicolás, donde el intendente bullrichista, Santiago Passaglia, entregó el manejo de un hospital al Grupo Oroño -vinculado a OSDE y a su propia familia- para la atención primaria de la población sin cobertura, mediante un Seguro Médico Municipal. 

El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, dueño del Sanatorio Güemes y un histórico aliado de las grandes obras sociales, es un perfecto representante de toda esta orientación, que incluye un aceitado mecanismo de negociados y corrupción: la catástrofe del fentanilo, las coimas y los contratos truchos con la droguería Suizo-Argentina y los sobreprecios en el PAMI son solo la punta del iceberg. 

La burocracia sindical demostró que su colaboracionismo con los distintos gobiernos se asienta en una defensa de sus intereses corporativos y de su control de las cajas de las obras sociales. Esto no es contradictorio con el copamiento privado de la salud; al revés, su alianza con las patronales y su conversión en “burocracia empresarial” es el vehículo de ese copamiento. 

El macrismo desplegó una fuerte ofensiva sobre los sindicatos, que se plasmó en 23 intervenciones y algunos dirigentes presos, y al mismo tiempo negoció con la CGT el apoyo a sus proyectos anti-obreros a cambio de parte de la deuda del FSR (Fondo Solidario de Redistribución). Milei ha seguido hasta ahora una política ambivalente similar, pero con resultados menos definidos. Fue Barrionuevo, con su habitual estilo, el que puso el dedo en la llaga: “tenemos argumentos de sobra para salir a la calle… si lo hacemos, ¿cuánto dura el gobierno?”. Una declaración que convoca a Milei a renovar el “pacto de gobernabilidad recíproca”, cuando todo su régimen empieza a crujir. 

El reciente Confederal de la CGT también estuvo dominado por los discursos críticos hacia Milei y los sectores “dialoguistas”; el principal dardo contra Gerardo Martínez, Lingieri o Cavalieri, fue que fracasaron “porque el gobierno no acepta discutir nada”. Desde ya, esa postura no se tradujo en ninguna propuesta de acción; fueron solo exhortaciones al gobierno a respetar una agenda de negociación, que podría incluir las “reformas estructurales” exigidas por la burguesía y el imperialismo y, un punto de vital interés para la burocracia (como se sabe, su preocupación no son los despidos masivos, ni la destrucción del salario y las jubilaciones): junto a las reformas laboral y previsional antiobreras una reorganización acordada del sistema de obras sociales.

Covid, obras sociales y el debate sobre la salud que propuso el kirchnerismo

En el 2019, el presupuesto nacional de salud representó el 9,4% del PBI: el 2,8% de esa porcentaje se destinó al gasto privado; 3,9% a seguridad social, que abarca obras sociales, sindicales y no sindicales y PAMI; 2,7% (miserable) para salud pública. La pandemia de Covid que estalló en marzo de 2020, a los pocos meses de asumir Alberto Fernández, puso en evidencia los graves problemas estructurales insinuados por las cifras: la fragmentación, el crecimiento de la medicina privada, la incidencia de las obras sociales sindicales y el brutal deterioro de la salud pública. 

En aquel momento, la capacidad instalada de camas de internación general era 65% privada y el 70% de las camas de terapia intensiva estaban en clínicas y sanatorios privados y prepagas. Estos datos, ocultos en los informes especializados, pasaron a ser parte del conocimiento público; las grandes luchas de los trabajadores de la sanidad contra los salarios de hambre y los regímenes de trabajo hiper-precarizados, sacudieron la conciencia popular y la necesidad de una transformación del sistema de salud, ocupó el centro del debate político.

Un borrador de un DNU con la firma de Ginés Gonzales García, el ministro de aquel momento, que declaraba de interés público a todo el sistema de salud -lo que abría la puerta a una mayor injerencia del Estado- desató una airada protesta de la corporación médica; rápidamente el gobierno reculó sustituyendo el DNU por una resolución para monitorear en tiempo real la disponibilidad de camas de terapia intensiva. 

A la salida de la pandemia fue la entonces vice-presidenta, Cristina Fernández, quien habló de integrar en un sistema nacional las obras sociales sindicales, los hospitales públicos y el PAMI. Una vez más las empresas privadas y la burocracia desataron una pequeña tormenta. Las cámaras patronales se reunieron con Alberto Fernández “para pedir una aclaración”; la CGT emitió un comunicado y mandó a sus equipos técnicos “a estudiar el tema”; Moyano denunció que el proyecto kirchnerista era estatizar las obras sociales. 

El planteo de Cristina Fernández, que se basa en un proyecto de Nicolás Kreplak, del Instituto Patria, no tiene nada que ver con lo que se le imputa; la propia CFK explicó que “el gasto de salud en la Argentina es altísimo comparado con otros países de América Latina, pero los resultados no son nada buenos… tenemos que ir a un sistema nacional integrado que optimice recursos” a partir de “la demanda y no de la oferta” con “criterios de equidad y eficiencia”. Es decir que se trata de una propuesta de reordenamiento del gasto, funcional al ajuste y a la adaptación del hospital público a las necesidades del capital. Todos los proyectos privatistas tienen en común la asistencia estatal a una atención básica establecida; como ya se dijo, fue el fundamento de la Cobertura Universal de Salud propuesta por el macrismo y del Hospital de Autogestión del menemismo.

Con todos sus límites el proyecto camporista molestó a intereses poderosos de la salud, la industria farmacéutica y a la burocracia sindical; era muy fácil de prever que los que recularon en chancletas con Vicentintampoco irían más allá en este tema.

Los planteos del nacionalismo, entre pusilánimes y capituladores, contrastan con el proyecto de ley elaborado por el Frente de Izquierda que defiende la nacionalización integral del sistema de salud, bajo dirección de los trabajadores; la única manera de concentrar la masa de recursos económicos y profesionales, optimizar la capacidad instalada -hospitales, clínicas, sanatorios- y la producción de los laboratorios, eliminando el benéfico del que se apropian las corporaciones privadas y un conjunto de burócratas sindicales. 

El negocio de la pandemia

El derrumbe de la recaudación de las obras sociales por la paralización económica obligó a una compensación estatal extraordinaria, dirigida a sostener fundamentalmente las prestaciones por Covid, discapacidad y de alta complejidad. Entre 2020 y 2022, el total girado a los gremios fue de unos 3.700 millones de dólares; más las compras directas por parte del gobierno nacional de vacunas, insumos críticos y respiradores, que no pasaron por el FSR. 

No es sencillo rastrear cómo fue la distribución de esos recursos, que se derivaron por medio del FSR bajo la forma de adelantos de reintegros y Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Siempre, y más todavía en esa etapa, los datos publicados son muy fragmentarios; lo que sí se sabe es que la mayor parte, alrededor del 70%, de esa masa de recursos lo recibieron solo 23 obras sociales sobre casi 300. 

Tampoco es posible establecer cuánto terminó en manos privadas ya que los desembolsos de la Superintendencia, en ese momento iban a cada obra social y esta los transfería a los prestadores, por vías administrativas internas, contratos directos, facturación o convenios con gerenciadoras; un cálculo muy estimativo -que toma como base lo declarado por OSDE y una serie de proyecciones- concluye que fueron alrededor de 750 millones de dólares. 

A eso hay que sumar que las prepagas siguieron cobrando las cuotas enteras e incluso presionando por aumentarlas, cuando por las restricciones de la cuarentena las otras prestaciones se redujeron un 70%. Por otro lado, como la mayor parte de las patronales, fueron beneficiarias del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el cual el Estado asumió el pago de hasta el 50% de los salarios.

Discapacidad, PMO y monotributistas

Un dato importante que surgió de los informes del Sistema Único de Reintegros (SUR) es que el grueso de esos recursos extraordinarios fue destinado a cubrir servicios de educación y transporte para afiliados discapacitados. Durante la cuarentena estricta, el transporte escolar y terapéutico estuvo suspendido por las restricciones de circulación, pero las obras sociales tuvieron la obligación de seguir costeando el servicio; en la práctica se cortaron muchos pagos y se generaron deudas importantes. 

Desde entonces es el rubro que –según la burocracia sindical- más presión ejerce sobre las finanzas de las obras sociales; tanto que originó una negociación especial de la CGT con Alberto Fernández y Sergio Massa para incorporar al presupuesto nacional un mecanismo de reembolsos automáticos a cargo del Tesoro, por 138 mil millones de pesos. 

Un documento de la CGT de junio de 2023 alertó sobre un quebranto inminente producto del peso creciente de los gastos en discapacidad; en ese momento eran unos 100 mil beneficiarios, alrededor del 0,7% del total del sistema, que consumía el 75% del FSR. Las promesas del gobierno peronista nunca se concretaron, fue así de los primeros que condenaron a los discapacitados, y este sigue siendo uno de los principales reclamos hasta hoy.

El documento también resaltaba que solo un tercio de las obras sociales lograba cubrir el costo del Programa Médico Obligatorio, lo que obligaba a los sindicatos a afrontar ese déficit con fondos provenientes de las cuotas de afiliación, contribuciones compulsivas y otros ingresos. Recordemos que el PMO fue instrumentado en los 90, por inspiración del Banco Mundial, para adaptar la prestación de salud a un mercado en crisis por la desocupación, la precarización creciente y la declinación de los salarios.

Las capitas más bajas, que apenas alcanzaban en ese momento a la tercera parte del PMO, correspondían a monotributistas de las categorías inferiores y monotributistas sociales. Un universo de más de 2 millones de trabajadores ultra-precarizados, cuya relación de dependencia -tanto en empresas privadas como en el Estado, nacional, provincial y, sobre todo, municipal- se encubre apelando a esta forma de fraude laboral que permite evadir el pago de aguinaldos, vacaciones y otros derechos convencionales y de salud. 

La “soluciones” propuestas a estos problemas estructurales que, tanto las patronales como la burocracia, empezaron a esbozar desde aquel momento son la transformación del PMO en una canasta básica de servicios de Salud, es decir una degradación aún mayor de la cobertura, (por la que ya se pagan todo tipo de co-seguros y aranceles complementarios), la derivación de monotributistas al hospital público y una reducción drástica, por múltiples vías, de los fondos destinados a Discapacidad. Esta ha sido, precisamente, la línea que el gobierno de Milei se empeña en llevar adelante desde que asumió. 

Milei y el DNU 70

El DNU 70/23, emitido por Javier Milei a pocos días de asumir, que deroga más de 300 leyes y decretos en materia económica, laboral, comercial y sanitaria, es la hoja de ruta de un plan de guerra general contra el pueblo trabajador. Aunque fue rechazado por el Senado al no tratarse en Diputados sigue operando parcialmente (el capítulo laboral fue suspendido por la Justicia del Trabajo), a la espera una resolución de la Corte sobre varios planteos de inconstitucionalidad.

Con relación al sistema de salud contiene dos medidas centrales, referidas a su estructura y funcionamiento: incorpora las prepagas al régimen de las obras sociales (la opción puede ejercerse desde el principio de la relación laboral, con la condición de permanecer un año) y les permite aumentar las cuotas sin necesidad de una autorización previa del ministerio de Salud. La “libertad” no corre para los jubilados y pensionados que solo pueden optar entre el PAMI y las obras sociales que acepten recibirlos.

Pujas, contradicciones e improvisación

La reglamentación del DNU70 – desarrollada por medio de sucesivas resoluciones- refleja las contradicciones y pujas entre los distintos integrantes del sistema y las improvisaciones del proyecto oficial.

Mientras el DNU 70 establecía un incremento del aporte de las prepagas al FSR, del 15 al 20%, un artículo de la Resolución 2400/23, anterior al DNU, directamente eliminaba la obligación de hacer el aporte ya que permitía a las prepagas a quedarse con el excedente de los descuentos de los afiliados; algo que carecía de toda consistencia jurídica y rompía el mínimo equilibrio; pero ese artículo fue derogado recién por la Resolución 1720/25. Se calcula que, en ese lapso, aprovechando el caos normativo que se generó, las prepagas se quedaron con miles de millones de pesos que debieron ir al sistema y nadie reclamó, ni reclama.

La Resolución (232/24) creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) para la inscripción de la prepagas que adhirieran el régimen de libre competencia. Muy lejos de cumplirse la expectativa oficial no hubo acompañamiento de las empresas y el propio ministro de Desregulación, Sturzenegger, tuvo que reconocer que había que “corregir detalles”. 

La resistencia de las patronales obedeció a que al incorporarse en un plano de igualdad al régimen actual perdían la posibilidad de rechazar personas con tratamientos de alto costo, salarios bajos o mayores riesgos de salud, ya que las obras sociales están obligadas a recibir a todos. Al revés de lo pretendido, el fin de la “selección adversa” y el “descreme” equivale a un golpe a las empresas privadas, en teoría beneficiadas por la medida.

 Además, seguía pendiente el tema del aporte del 20% al FSR, hasta entonces sin aplicación efectiva pero que las patronales amenazaban con judicializar o trasladar el costo a las cuotas (los aumentos constantes ya habían provocado una fuerte disputa con el gobierno, que reclamaba la devolución de lo cobrado en abril de 2024, lo que provocó la renuncia de Claudio Belocopitt a la presidencia de la Unión Argentina de Salud).

Finalmente, luego de una negociación reservada, la normativa que entró en vigor eliminó el año de pertenencia obligatorio a la obra social de origen y unificó el aporte al FSR en 15% para todos (Decreto 600/24). Con estas concesiones, la primera en sumarse al registro fue Swiss Medical; después de calificar a Belocopitt como un enemigo (un “empresaurio”, según el lenguaje infantiloide de Milei), el vocero presidencial Manuel Adorni lo señaló como el ejemplo a seguir; hasta el momento se inscribieron en el RNAS unas 80 a 90 prepagas, incluyendo a Galeno y Omint, entre las grandes, y algunas locales de mediana escala.

Pero ¿y el punto crítico de la selección adversa? Lo que ocurrió es que, al tiempo, los sindicatos detectaron que las prepagas la seguían manteniendo “de hecho”; es decir, continuaron rechazando la afiliación de “monotrobutistas, personal doméstico y trabajadores de edad avanzada”, lo que constituye una competencia desleal que habilita reclamos en la Justicia. Incluso la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia imputó a unas siete empresas por esta causa.

Monotributistas, medicamentos y cautelares

En lugar de forzar a las patronales a cumplir con la ley el gobierno reconoció el “error” (una confesión de que había acordado hacer la vista gorda) y lo “corrigió” cambiando otra vez la normativa y… ¡extendiendo la selección adversa a las obras sociales! Para eso creó, mediante el Decreto 955/24, un nuevo registro especial “para obras sociales y prepagas” que, de manera opcional, acepten recibir a pequeños contribuyentes, “quedando facultadas para distinguir distintas categorías” y por lo tanto distintas coberturas y planes. La consecuencia previsible es que muchas que antes aceptaban monotributistas no se inscribieron, como OSECAC, una de las más importantes. Según un informe de la SSS, al 6 de octubre solo había 41 entidades anotadas, la mayoría entre las peores catalogadas.

Adicionalmente la Secretaría de Trabajo ordenó un re-empadronamiento de “monotrobutistas sociales” -de cooperativas de cartoneo, limpieza en municipios y organizaciones piqueteras- que dio de baja a más de 400 mil personas, es decir el 60 % de todos los inscriptos. El monotributo social habilitaba la elección de una obra social a cargo del Estado; los que permanecieron en el sistema hoy están obligados a pagar el 50 % de la cuota para una cobertura mínima. La CGT invita a la UTEP a sus movilizaciones, pero pactó con el gobierno excluir a sus integrantes de las obras sociales. 

Un indicador parcial del avance de la precarización es el número de nuevos monotributistas regulares, unos 115 mil más en el último año. No es posible saber cuántos de esos lograron ser admitidos en alguna de esas 41 obras sociales del registro, pero es fácil suponer que no han sido muchos. Hubo otras dos resoluciones de la Superintendencia. Una, disponiendo que solo los médicos de la cartilla de cada entidad pueden prescribir medicamentos o tratamientos; lo cual supone un fuerte recorte de las coberturas y un jugoso beneficio a las prestadoras a expensas de los pacientes. 

La segunda, muy celebrada por la burocracia, creó la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), un organismo revisor destinada a poner un freno a las cautelares judiciales que favorecen a los pacientes. El proyecto original fue del macrismo y, desde entonces, siempre estuvo al tope de las demandas de la CGT. La ANEFiTS también evaluará la inclusión de los nuevos tratamientos y drogas para incorporar al menú prestacional.

Discapacidad en el centro del ajuste

El área de discapacidad es uno de los blancos del ajuste libertario. A poco de asumir, Milei dispuso la reestructuración de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con recortes de personal, discontinuidad de programas, y retrasos generalizados en la emisión y renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Las prestaciones (traslados, terapias o apoyos domiciliarios) fueron congeladas tanto para beneficiarias como a los prestadores.

A mediados de 2024 se llevó adelante una revisión masiva de las pensiones no contributivas y, de manera totalmente arbitraria, falseando datos, se dieron de baja más de 400 mil. La escena del vocero presidencial, Manuel Adorni, mostrando una radiografía falsa para justificar los recortes quedará para los anales de la infamia política. 

Una resolución que actualizaba la clasificación de la discapacidad intelectual, plagada de expresiones ofensivas agregó un condimento a la indignación creciente de la sociedad y marcó el inicio de un proceso de movilización a escala nacional que desembocó en la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), que busca garantizar la continuidad de las prestaciones, el pago a prestadores y la reposición de pensiones suspendidas. Milei vetó la norma. Pocos días después, ambas cámaras rechazaron el veto y restituyeron la ley con una mayoría inédita. Sin embargo, el Ejecutivo promulgó la ley, pero… supeditó su aplicación a determinar cómo financiarla, lo que en la práctica implica dejarla en suspenso. Al escribir esto la lucha contra esta nueva canallada se encuentra en pleno desarrollo, con gran protagonismo de Tribuna Disca, la agrupación del PO, junto a la Junta Interna del Hospital Garrahan y la AGD UBA, entre muchos otros sectores.

El ajuste, implicó menos beneficiarios reconocidos y menos prestaciones cubiertas. Las obras sociales sindicales y prepagas se vieron aliviadas. Además, FSR, que casi en su totalidad se destina a discapacidad, tuvo menos erogaciones y mejoró su rendimiento financiero. O sea, menos derechos mejores balances. Por eso la CGT mantuvo una posición ambigua. Aunque en sus comunicados criticó al gobierno y se pronunció contra el veto de la ley, evitó confrontar y tuvo una presencia mínima en las masivas marchas. 

Los cambios en el SUMA y la Ley Bases

Un decreto de la Superintendencia de abril del 2024, modificó la distribución del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) que se cobra mensualmente de forma automática. El SUMA se conforma con el 5% de la masa de aportes y, hasta ese momento, el 80% iba a las obras sociales de menos de 5 mil beneficiarios y el 20% restante a las mayores.

El decreto redujo el fondo al 3% de la recaudación y lo distribuyó de manera proporcional a los afiliados. En junio del 2024 el total distribuido fue de 16 mil millones de pesos -unos 2 mil millones menos, que quedaron en manos de la SSS- con claros ganadores y perdedores: 89 obras sociales recibieron más recursos (encabezadas por OSECAC con 1.300 millones de pesos más) mientras que 201 tuvieron una quita de 3.500 millones de pesos en total. La borrada de la CGT de las movilizaciones contra la Ley Bases, que se aprobó a fines de ese mismo mes, tuvo un precio.

El bumerang del fin de la triangulación

La crisis más importante se produjo con la publicación de la Resolución 1/25 que fijó los procedimientos para derivar los aportes, instrumentando la eliminación del “peaje”, de entre 3 y 10%, con que se quedaba el sindicato contratante de la prepaga; una triangulación que sumaba, de conjunto, unos 360 mil millones de pesos anuales.

Llamativamente la Resolución no lleva la firma de Lugones (ni de otros funcionarios importantes como Gabriel Oriolo, superintendente o Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa) sino de Roberto Pinto, jefe de Asesores del Ministerio, un cargo menor. La explicación que trascendió fue que se buscó prevenir futuras denuncias y pedidos de nulidad por la incompatibilidad de intereses que supone la posición de Lugones, como socio del sanatorio Güemes.

Inicialmente la publicación de la 1/25, presentada como el fin de la triangulación, cayó muy bien a los gremios más importantes que siempre acusaron a los pequeños sindicatos de actuar como meros intermediarios de servicios prepagos, robando afiliados de todos lados para enriquecerse con ese “peaje”; son los conocidos como “sellos de goma”, que no brindan ninguna atención y concentran una desproporcionada cantidad de afiliados a sus obras sociales en relación al padrón de sus sindicatos. Algunos ejemplos extremos son la obra social de Comisarios Navales (OSCNA), que tiene 4 comisarios en actividad y 161 mil afiliados; la Obra Social de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, recibe 3.650 millones de pesos mensuales y tiene 35 capitanes, y así varios más.

El silencio de la CGT desató fuertes críticas hacia la cúpula y generó una acción concertada de las obras sociales afectadas. Luego de varias reuniones resolvieron una serie de presentaciones administrativas para reclamar la suspensión de la norma, demandas ante el fuero Civil y Comercial y denuncias penales contra funcionarios de ministerio de Salud. La cabeza de esta estrategia es Ricardo Gil Lavedra, ex juez y actual presidente del Colegio Público de Abogados. Gil Lavedra fue quien asesoró al equipo de la CGT que ganó la medida cautelar contra el capítulo laboral del DNU 70/23, y es además el asesor legal de la Obra Social de los Mandos Medios Telefónicos (OSMEDT), uno de los “sellos de goma” (vinculado a otro apellido ilustre del radicalismo, Storani) que hasta el mes pasado acumulaba una cápita de 250 mil afiliados. 

Formalmente, entonces, la Resolución 1/25 otorgaba a cada afiliado la “libertad” de elegir dónde derivar su aporte, eliminando la obligación de triangular mediante un sindicato. Pero los planes de medicina privada no solo son mucho más caros que el aporte sindical de ley, sino que además no cubren al grupo familiar sino solo al titular, por lo tanto, el porcentaje que optó por afiliarse directamente a las prepagas fue ínfimo, apenas el 5%. 

Ante este fracaso el gobierno volvió a modificar la 1/25 invirtiendo el criterio con otra resolución, la 1608/25: fijó un plazo de 60 días para expresar la voluntad de mantenerse en la obra social que terceriza sus prestaciones y que, de no hacerlo, el aporte pasaría de manera automática a la prepaga. El cálculo inicial fue que la medida alcanzaba a algo más de un millón de personas. 

El problema fue que mientras unas pocas obras sociales -Comercio (OSECAC), Sanidad, Gastronómicos (OSUTHGRA), Camioneros (OSCHOCA), UOCRA (Construir Salud) o UPCN (UP)- tienen sus propios servicios de salud y mantienen bajo su paraguas prestacional a todos sus afiliados, otro sector numeroso, llamado los “desregulados” en la jerga de la burocracia, como varios gremios de la energía –petroleros, industria del gas- y AySA, tienen contratos parciales con prestadores privados, que cubren una atención complementaría. Una interpretación “amplia” de la resolución no solo impacta en los “sellos de goma” sino que también alcanza a otros 5 millones de personas que reciben algún tipo de prestación en el sistema privado. 

La traición de Lugones

La tranquilidad que ante las consultas el ministerio transmitió a los interlocutores de la CGT mutó en estupor y acusaciones de traición contra Lugones cuando se constató que, en efecto, la ARCA (ex AFIP) había empezado a retirar del padrón de “las desreguladas” a cientos de miles de afiliados; con el agravante de que la pérdida de aportes directos y reintegros del FSR se hacía retroactiva al 1 de enero. Lingieri, el máximo interlocutor de la CGT con todos los gobiernos sobre obras sociales, pasó de golpe a ser el responsable de una prestadora vaciada de afiliados.

Una cumbre de emergencia realizada en la sede de UPCN descartó, sin embargo, la línea de confrontación, tanto en la Justicia como en las calles, que algunos impulsaron, ya que impugnar de plano la Resolución 1/25 implicaba un reconocimiento al reclamo de los “sellos de goma” (la tensión interna en esos días era máxima por la quita de recursos del Subsidio por Mitigación de Asimetrías) y, además, cualquier medida de acción por las obras sociales dejaría más expuesta ante la sociedad la complicidad de la CGT con el ajuste y su ausencia de las grandes movilizaciones que protagonizaban los trabajadores de Garrahan.

Una vez más primó la idea de buscar una negociación de baja visibilidad.El mensaje fue directo: la restitución de los afiliados a las prestadoras protegidas por la "mesa chica" a cambió de paritarias a gusto del Gobierno y prudencia en torno al escándalo por la cripto-estafa que por esos días acorralaba a Milei.

Mientras los trabajadores del Hospital Garrahan y los docentes universitarios protagonizaban las mayores movilizaciones del año, la CGT mantuvo el perfil bajo. Mediante un comunicado advertía sobre “el colapso del sistema de salud” pero sin convocar a medidas propias ni acompañar las protestas en la calle. Algo similar ocurrió con la ola universitaria: luego del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario; en un texto firmado junto a la CTA expresó “solidaridad con la comunidad educativa” pero se mantuvo al margen de las marchas masivas del 11, 15 y 28 de agosto. En declaraciones radiales, Héctor Daer justificó la posición señalando que “no es momento de unificar conflictos, sino de preservar el diálogo y defender la estructura solidaria del sistema de salud”. En esos días Moyano firmó una paritaria de Camioneros de 3% para el período junio-agosto.

Un compromiso prendido con alfileres

Finalmente se formó una Mesa Técnica, presidida por Lugones y Daer, que bosquejó un “acuerdo de caballeros": se descartó retrotraer los cambios, pero se habilitó una gestión ante la SSS para las obras sociales protegidas por la CGT a fin de validar sus contratos con prepagas y solicitar la reinstalación de los afiliados perdidos en casos en que no haya existido voluntad expresa del afiliado. Ese pacto no incluye a los "sellos de goma" que quedan librados al resultado de su propio plan judicial. 

Una nueva resolución –la 1608/25- reafirmó la necesidad de tramitar la “Voluntad de Permanencia en Obra Social” aunque extendió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025; también eliminó, para quienes inician una relación laboral, la obligación de mantener por un año la misma prestadora. Por último, el gobierno reiteró que está en estudio una modificación (a la baja) del PMO. La CGT reclamó además que las prepagas cumplan con requisitos mínimos, como su inscripción en el RNAS, e insistió en agilizar los desembolsos del FSR (en ese momento el gobierno adeudaba unos 5 mil millones de pesos del Sistema Único de Reintegro; según datos parciales, fueron cancelados gradualmente). La exigencia es que el Ejecutivo asuma como responsabilidad propia los costos de Discapacidad. 

El compromiso informal (solo se registró en “notas” de las reuniones) con la CGT no dejó tranquilo a nadie; la incertidumbre por los reiterados incumplimientos y desaires libertarios es generalizada. La consecuencia no es, como cabría esperar, menos si no más inmovilismo de la central.

Un Ministerio de Salud a la medida de los “desafíos”

El caricaturesco spot de la campaña electoral de Milei que anunciaba la eliminación de organismos del Estado (tirando papelitos al aire al grito de ¡afuera!) incluía al ministerio de Salud. Finalmente, eso no ocurrió. Tampoco lo degradó a rango de secretaría como había hecho Macri y el mismo Milei hizo con Trabajo. Este dato constituyó una señal clara del lugar que el área de la Salud, y el ministerio, ocuparían en el plan libertario, tanto en relación al ajuste como al control de las cajas millonarias que involucra.

La designación de Mario Russo, un hombre ligado a María Eugenia Vidal y algunos intendentes del Pro, al frente de un grupo de funcionarios de mucho poder y relaciones con distintas patronales, entre ellos Mario Lugones, preanunciaba una interna que no tardó en desatarse. Primero fue eyectado de la Superintendencia el bullrichista Enrique Rodríguez Chiantore; en su reemplazo ingresó Gabriel Oriolo, hombre de OSDE, y también fue nombrado como gerente general Claudio Stivelman, ex directivo de Modum Salud, de OSPEDYC (Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles) y del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

La disputa al interior de Salud es parte de la interna más general de La Libertad Avanza, en la que Santiago Caputo era y es una pieza clave. Lugones no solo tiene peso específico y juego propios (de entrada, por ejemplo, fue quien asumió la relación con la burocracia de la CGT “puenteando” a su jefe); además es el padre de Rodrigo Lugones, amigo y socio de Caputo.

Desde el primer momento Russo fue esmerilado por cuestionamientos internos de todo tipo: por las compras de medicamentos, de las vacunas contra el dengue, el cierre o habilitación de clínicas y sospechas de corrupción (según el periodista Marcelo Bonelli fue el ministro señalado por el papa Francisco por supuestos pedidos de coimas). 

El manotazo de ahogado de Russo para limitar las atribuciones de algunos funcionarios cercanos a Lugones, como Cecilia Loccisano, secretaría de Coordinación Administrativa (y ex mujer de Jorge Triaca), terminó precipitando un choque, la renuncia del ministro “por razones estrictamente personales” y su reemplazo por el verdadero hombre fuerte, representante del Grupo Güemes. 

Un modus operandi

El asalto del ministerio por Lugones-Caputo aceleró la ejecución de un plan que, según un documento filtrado a la prensa meses después, por un ex integrante de la Superintendencia, estaba dirigido a controlar obras sociales, vaciarlas, llenarse los bolsillos y transferir sus padrones a otra prestaría (ya que por ley no se les puede sacar la obra social), lo que presupone otro negociado. Ese plan involucra a prestadores, funcionarios e incluso sindicalistas. 

El modus operandi es simple: se somete a la obra social a auditorías rigurosas y ante cualquier irregularidad (desde ya, todas las tienen) se le exige un plan de contingencia con plazos acotados; luego, cualquier incumplimiento desemboca en una intervención. El interventor designado se dedica a “dibujar” prestaciones, mediante facturas apócrifas, con determinadas empresas -Roi SA, Modum Salud, SAAS y la Fundación Hospitalaria- además de disponer la compra de medicamentos - Pharma o Suizo-Argentina- por valores superiores a los de mercado con un mecanismo de retornos.

Algunos de los nombres recurrentes detrás de estas operaciones son Roberto Rochietto, Alan Mangone, Gastón Salguero, Juan Abraham, Sergio Macedonio, Marcelo Shwiff del Grupo Roi SA; Luciano Castello de Modum Salud; Juan José Picón y Patricio Cricello por Droguería Premium Pharma; Miguel Angel Domina y Sergio Stivelman, de la Superintendencia de Servicios de Salud. El documento del “arrepentido” generó mucha inquietud entre estos personajes, ya que nadie ignora que el fracaso del experimento libertario termina en Comodoro Py.

Para despejar toda duda sobre el objetivo perseguido, la resolución 102/25 de la Superintendencia puso en marcha el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, que sustituye un organismo ya existente; el nuevo tiene por finalidad, como se indica desde su denominación, no solo evaluar sino “liquidar” las entidades en crisis; incluyendo también “obras sociales no sindicales” y las prepagas, reforzando la tendencia a la concentración en un puñado de grandes obras sociales y prepagas. Este comité que tiene el control del traspaso compulsivodel padrón de afiliados cuando se cierra una entidad, quedó a cargo de Ricardo Lara, otro amigo de Lugones y miembro del grupo Güemes. 

Lugones contra todos

Un capítulo de alcance impredecible es el de los laboratorios. El mercado de medicamentos de las obras sociales y el PAMI es billonario y, como la opinión pública pudo vislumbrar a partir de los recientes escándalos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), es uno de los más oscuros; la trama que une a las empresas de salud y las farmacéuticas con la burocracia sindical y la “casta política”, es siniestra.

Además, los laboratorios nacionales -Roemmers, Elea, Casasco, Gador, Montpellier y Bagó entre los principales- nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA), constituyen un “lobby” poderoso. Su característica central es que tienen más del 50% de participación en el mercado interno; esto los distingue del resto del mundo donde las multinacionales dominan y es lo que explica que Argentina sea de los pocos países que no firmó el tratado de patentes.

La noticia es que una de las principales exigencias de Trump -como parte de la lista de agachadas que reclama a Milei por su respaldo político- es que se deroguen las resoluciones de 2012 (118, 546 y 107) que permiten a los laboratorios argentinos sortear el pago de regalías. Según trascendió,Sturzenegger ya habría redactado un borrador de decreto de derogación que giró a la órbita de Salud, pero Lugones, estrecho aliado de los laboratorios, es un férreo opositor. Y esa confrontación ya empezó a salpicar.

Sturzenegger hizo causa común con Patricia Bullrich por el rol de la ANMAT en la crisis del fentanilo, que causó 124 muertes. La Justicia impulsa una investigación contra el organismo -que depende de Lugones- para discernir si hubo "negligencia, connivencia o complicidad" con el laboratorio HLB Pharma, cuyo dueño, Ariel Furfaro, fue detenido por orden del juez Kreplak. El descargo de Lugones es que no falló el control de ANMAT si no el registro de los precursores químicos del fentanilo, que depende del área de Seguridad, es decir de Bullrich. Lugones además salió a despegarse tanto de las versiones que lo relacionan societariamente con PharmaGroup como de las acusaciones de Furfaro, quien lo señaló como un competidor directo en el negocio farmacéutico. “No tengo ningún laboratorio”, aclaró entre lágrimas frente a las cámaras de tv.

Sale OSDE entra Modum

En junio de este año se produjo otro cambio importante en la Superintendencia: la renuncia de Gabriel Oriolo, acusado de favorecer a Medicus (por no controlar el cumplimiento del acuerdo judicial por el cual debía devolver los aumentos excesivos de las cuotas) y habilitar o trabar gestiones en beneficio de Modum Salud, una prepaga de la que proviene Claudio Stivelman que, curiosamente, es quien lo sucedió al frente de la superintendencia.

Antes de su salida asestó otra estocada a las cajas sindicales y firmó la Resolución 951/25 que modifica el régimen de multas, incrementando sustancialmente los montos y reduciendo los plazos para responder denuncias a solo 5 días. Además, la norma invierte la carga de la prueba: le asigna a la denuncia por incumplimiento de un afiliado, suficiente veracidad para avanzar con sanciones y, lo más fuerte, es de aplicación retroactiva. La misma resolución crea el Ranking Público de Cumplimiento, una especie de score que no es solo informativo ya que puede ser utilizados por la SSS para modificar desembolsos del FSR, es decir, es un instrumento que presiona por la autodepuración del sistema. 

La presión económica sobre las obras sociales que están en la mira de la SSS es en todos los planos; solo en los primeros meses de 2025 el Estado llevaba cobrados 500 millones de pesos en multas, una cifra siete veces superior a la de todo 2024. Agreguemos que, como la resolución no lo indica, fue imposible conocer el destino de esa recaudación; lo más probable es que hayan quedado como recursos del Tesoro. 

En correspondencia con el ascenso de Stivelman, Miguel Dómina pasó a la Gerencia de Control Prestacional y Juan José Picón a la Gerencia General de la Superintendencia, con rango y jerarquía de subsecretario; todos ellos están señalados por irregularidades y maniobras. Stivelman fue director de Prestaciones Médicas de Modum Salud; Miguel Domina, es un ex directivo de OSPIT y de Fundación Hospitalaria y a Picón se lo sindica como el dueño de la consultora informática SAAS, “de contratación obligatoria” para procesar la nueva normativa. 

Al momento de escribir este artículo la Superintendencia declaró en crisis a otras dos obras sociales (la Obra Social de la Actividad Azucarera Tucumana y de la de Conductores de Taxis de Córdoba); con esas suman un total de 14 prestadoras bajo la lupa de la SSS. Además, se iniciaron 7 procedimientos de baja y otras 8 están intervenidas: la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA), la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT), la Obra Social de Vareadores (OSV), la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF). En la de fosforeros, Lugones puso a cargo a Mariano Negro, un exfuncionario de la Superintendencia, echado por traspasos fraudulentos, entre ellas la que ahora pasó a administrar; maneja una caja de 350 millones de pesos mensuales. 

El proceso de supervisión desembocó, además, en el cierre de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), la del Personal Aduanero (OSPAD), la de los municipales de Avellaneda (OSPMA) y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín (OSPA).Entre las intervenidas están la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) y la Obra Social del Personal del Chacinado (OSPICHA), dos casos muy ilustrativos.

Todos, todos… “altos coimeros”

OSPREBA es un caso paradigmático de las maniobras oficiales que, con matices, se repiten en todos los casos. La obra social de los trabajadores rurales es la segunda, detrás de OSECAC; con 600 mil afiliados y una caja superior a los 50 mil millones de pesos por mes, es un botín muy preciado, en disputa permanente. Una de las acusaciones del ex ministro, Mario Russo contra Lugones, mientras en tándem con Santiago Caputo le serruchaba el piso, fue que había una negociación secreta con José Voytenco, titular de UATRE, para un manejo compartido; esa negociación fue frenada por Karina Milei. 

Finalmente, con el argumento de la existencia de una fuerte crisis financiera, el gobierno formalizó su intervención en agosto de 2024, mediante el decreto 720, y designó a Marcelo Petroni como interventor; situación que fue prorrogando mediante nuevas resoluciones hasta hoy. Entre sus primeras medidas Petroni resolvió bajar el salario de unos 400 empleados y congeló los aumentos por inflación lo que ocasionó una pérdida acumulada del 30%. 

Por su parte Voytenco judicializó la intervención con denuncias de desmanejos, falta de prestaciones y coberturas. Esas denuncias motorizaron una investigación que reveló chats que comprometen seriamente a Petroni y a los Menem. Lo más grave es la existencia de pagos por más de 7.700 millones de pesos a la cuestionada droguería Suizo-Argentina. La operación involucró 193 transferencias que beneficiaron a la compañía de los Kovalivker, con larga trayectoria en la provisión de medicamentos al Estado. 

Daniel Garbellini, apuntado como el nexo entre Petroni y la Suizo-Argentina, es un viejo conocido del mundo sindical; tuvo un pasaje por la Superintendencia y fue parte de la intervención de la Obra Social de Seguridad Privada, bajo el macrismo. En aquel momento se detectó un desvió de por lo menos tres millones de dólares a fundaciones y prestadores sin documentación de respaldo, entre los que figura Modum Salud, la empresa de la que proviene el actual jefe de la SSS, Claudio Stivemlan. Garbellini ingresó a la ANDIS a partir de una gestión de Lule Menem, por sugerencia de los Kovalivker. 

Los hermanos Kovalivker han financiado muchos proyectos políticos; entre ellos, el de Milei, a quién le habrían aportado 2 millones de dólares durante el balotaje; pese a su excelente relación con Sergio Massa. La apuesta por el libertario resultó fructífera ya que la Suizo incrementó sus contratos con el Estado de 3900 millones a 108 mil millones de pesos. 

La guerra judicial entre Petroni y Voytenco incluye denuncias contra el sindicalista por negociados con la ART Mutual Rural y un contrato de 255 millones de pesos mensuales por un servicio de telemedicina para los trabajadores del campo (así como se lee) con Mario Gallo, quien también fue imputado en la causa de los seguros junto a Alberto Fernández.

Otro frente abierto es el de la empresa HTECH Innovation SA, constituida poco antes de iniciar sus contratos con OSPREBA. El socio principal es Sergio Aguirre, empresario de La Rioja con cercanía a Martín Menem. La investigación detectó facturas emitidas desde los primeros talonarios de la firma por montos millonarios, sin proceso de licitación.

El tercer escándalo estalló con la difusión de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, como se sabe, Spagnuolo menciona retornos que habrían llegado hasta Karina Milei, Lule Menem y, de forma indirecta, a Martín Menem. El funcionario describe el porcentaje de la coima y cómo se reparte: de los sobreprecios, que suman entre 500 y 800 mil dólares, “el 3% es para Karina”, una frase que pasó a ser parte del acervo popular. Las causas, de derivaciones difíciles de prever, se encuentran en etapa de investigación preliminar. Existen denuncias penales, allanamientos y pedidos de informes, y la oposición impulsa la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Un detalle: quien acercó a Spagnuolo a la órbita de Milei fue José Luis Espert.

Otro caso que ayuda a comprender la discrecionalidad con la que actúa el ministerio de en manos de Lugones, es el de la Obra Social del Personal del Chacinado, intervenida por "presuntas infracciones o imputaciones a las obligaciones formales". El gremio presentó una cautelar denunciando que no se le había permitido presentar la documentación requerida y la Sala VI de la Cámara del Trabajo ordenó reponer a las autoridades, pero Lugones interpuso un recurso extraordinario y continuó adelante; mientras se acumulan las denuncias por falta de atención y pagos pendientes a prestadores.

A la presión administrativa, judicial y económica sobre ciertos gremios por parte del Ministerio de Salud, se suma la de la Secretaría de Trabajo, a cargo de julio Cordero, un peón de Techint. En el caso de UATRE, a principios de este año hubo un intento de intervenirlo (al sindicato) por la realización de un congreso sin autorización. Voytenco respondió con una denuncia penal contra Cordero.

Cordero también enfrenta causas por el cajoneo de la certificación de autoridades de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional y del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma. Las “demoras” acarrean el bloqueo de las cuentas bancarias y la persecución a dirigentes sindicales carentes de protección legal efectiva y, por supuesto, la imposibilidad de gestionar la obra social, lo que prepara el terreno para la intervención; de hecho, la de Ledesma ya fue declarada en crisis.

Conclusión provisoria

Este artículo (como lo indica su título) no pretende ser más que una serie de notas e impresiones sobre las obras sociales sindicales, que son el pilar del poder económico y político de la burocracia peronista. Sin duda el tema merece un abordaje más profundo.

Surgidas de una tradición mutualista fue Onganía, un milico golpista, quién a principios de los años 70 -con la ley 18.610- les dio su conformación actual. El doble propósito fue: dotar a las conducciones sindicales de una herramienta para enfrentar el ascenso del clasismo pos-Cordobazo y reforzar el control estatal de los gremios. Contradictoriamente fue la burocracia la que, a partir del desarrollo de las obras sociales, ganó una considerable autonomía. Como se señaló, el colaboracionismo con todos los gobiernos, que la define, siempre se basó en la defensa del control de esa caja millonaria. 

En los noventa, el tsunami privatizador del menemismo, no llegó a quitarle ese control; aunque abrió la puerta una asociación con empresas de salud privadas que dio lugar a un cambio sustancial: una especie de sistema mixto en el que el componente mercantil no ha hecho más que crecer a expensas del régimen solidario. 

Hoy, las prepagas brindan cobertura a 7 millones de personas; 2 millones son beneficiarios directos (abonan una cuota mensual) y los 5 millones restantes poseen afiliación a una obra social sindical a través de la cual “derivan” sus aportes, total o parcialmente. La “burocracia sindical-empresarial” es el vehículo del avance del “negocio” capitalista de la salud.

Las condiciones de esa asociación permitieron que las prepagas se quedaran con la “crema” del sistema (afiliados más jóvenes y con ingresos superiores), mientras las obras sociales siguieron dando cobertura integral a todo el grupo familiar independientemente del aporte del titular. Aporte cada vez más degradado por el derrumbe salarial, a lo que se agrega la corrupción y el robo del FSR, concebido para compensar los desfasajes. El desfinanciamiento crónico de las cajas de las obras sociales alimenta las ganancias de las principales empresas del mercado: Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical. La crisis del sistema, tal como existe, es terminal.

El objetivo de Milei -objetivo que carece de un plan muy definido- es “depurar” el sistema, eliminando una parte importante de las 290 obras sociales registradas y de la prepagas. Para eso habilitó la competencia entre todos los “agentes de salud”, eliminó la triangulación y la regulación de las cuotas. Al mismo tiempo, reduce drásticamente los “costos” por discapacidad, expulsa monotributistas hacia el empobrecido sistema público y promete quitar prestaciones del PMO. 

La burocracia de los grandes sindicatos, que dirige la CGT, acuerda en lo esencial con este programa. La parte que rechaza de la política del gobierno, es la anarquía y brutalidad con que se llevan adelante las auditorías e intervenciones; una práctica funcional a una pose anti-casta. El asedio financiero y administrativo en algunos gremios busca marcarle la cancha a la burocracia y es un método para direccionar recursos y enriquecer funcionarios. El caso de OSPREBA, la obra social de los rurales, plagado de irregularidades y denuncia cruzadas con UATRE por negociados, es muy representativo de ese modus operandi. 

Lo que los medios han presentado como “la oleada de intervenciones y razias en obras sociales” ha dado por ahora resultados modestos; en dos años las obras sociales dadas de baja se cuentan con los dedos de una mano: la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), la del Personal Aduanero (OSPAD), la de los municipales de Avellaneda (OSPMA) y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín (OSPA). La primera tenía apenas 50 afiliados, la de Aduana no registraba actividad desde 2017 (nunca funcionó por decisión del gremio) y el cierrede OSPMA fue revertido por la Justicia. No parece un resultado muy aplastante. 

Hay otras dos obras sociales grandes en la mira que preocupan más; hasta ahora al menos el gobierno no ha avanzado. La de Camioneros y la de UTA, ambas muy endeudadas. La de choferes (OSCTCP) es administrada por Silvia Antonia Bevk, esposa de Roberto Fernández, secretario general del UTA y la de Camioneros por Liliana Esther Zulet, esposa de Moyano. Unos días antes del paro de la CGT del 29 de mayo, el gobierno dispuso una auditoria sorpresa de OSCTCP y horas después de que Fernández anunciara que la UTA no adhería (con el argumento de que estaba transitando una conciliación obligatoria por la paritaria) la Superintendencia accedió a un pedido del gremio para apartar OSCTCP del Registro para la atención de Jubilados.

Un tema decisivo es el traspaso de afiliados reglamentado por la 1/25 que debería ejecutarse a fin de año. También hay en marcha negociaciones para la devolución de parte de los fondos del FSR, depositados en el Banco Nación desde el gobierno de Alberto Fernández: unos 60 mil millones de pesos, que Lugones se comprometió a liberar en tres cuotas hasta diciembre. Una vaselina para el debate sobre la reforma laboral que se viene. Del mismo modo que los fondos del SUMA sirvieron para desarmar cualquier atisbo de movilización contra la Ley Bases esta “refuerzo” asegurará la parálisis en un momento de enorme debilidad de Milei y luchas en ascenso.

La defensa de las obras sociales sindicales, como sistema solidario, requiere una nueva dirección clasista en los sindicatos; que expulse a la burocracia y sus socios privados. Es necesario abrir los libros e impulsar una gran investigación sobre todos los curros y personajes implicados, separandolas cuentas de las obras sociales de los fondos sindicales, asegurando que sus autoridades sean electas por el total de los trabajadores, imponiendo mayores contribuciones patronales, aumento de salarios, la reincorporación de los despedidos y el pase a planta de todos los contratados. Esa defensa es parte de la lucha por derrotar a Milei y trasformar la catástrofe en desarrollo en una salida obrera. 

La nacionalización y centralización de todos los recursos en un sistema único de salud será obra de un gobierno de trabajadores.

---

Fuentes:

-Relaciones entre el Estado y los sindicatos y sus consecuencias en torno al régimen de obras sociales en Argentina. De Fazio, Federico Leandro

-El Estado y las Obras Sociales. Desregulación y Reconversión. Susana Belmartino

-El intento de reforma del subsistema de obras sociales sindicales argentino de 1985-1986. Juan Pedro Massano

-Sindicalización y Obras Sociales. Laura Perelman

-La formación del sindicalismo participacionista en Argentina, 1966-1970. Darío Dawyd

-La ley de obras sociales del Gobierno de Onganía. Constanza Manfredi

-Políticas de salud pública en tres peronismos. Florencia Cendali.

-El sindicalismo peronista durante el Onganiato. Dawyd, Darío

-La CGT durante el gobierno de Raúl Alfonsín. María Dolores Rocca Rivarola

-Las reformas del sistema de salud en los '90. Cerdá, Juan Manuel.

-CGT, el otro poder. Gustavo Beliz

-Prensa Obrera.

-La Política Online

-Clarín

-Ámbito

-La Nación

-Tiempo Argentino

-Infogremiales

-Mundo Gremial

-Gestión Sindical

-Línea sindical