“El ‘Navarrazo’ y el gobierno de Obregón Cano” de Roberto A. Ferrero
El ‘Navarrazo’ es una crónica detallada de la gestación de una crisis política que culminó con la destitución del gobernador Obregón Cano, quien asumió el 25 de mayo de 1973, tras su elección el 11 de marzo. El autor realiza un importante esfuerzo documental para juntar los antecedentes y posiciones de las fuerzas en pugna durante los diez meses de duración del gobernador Obregón Cano al frente de la provincia de Córdoba. Para analizar el ‘Navarrazo’, parte de la caracterización de las fuerzas políticas que lo apoyaron en aquellos tempestuosos días. Obregón Cano era básicamente un gobernador sostenido por la llamada izquierda peronista, en la que se incluían la Juventud Peronista (JP), con sus "ramas” universitaria (JUP), y sindical (JTP), el “movimiento villero peronista” (MVP) y el movimiento “revolucionario peronista" (MRP). Todas estas corrientes constituían lo que se dio en llamarla "tendencia revolucionaria peronista"; en la jerga de aquellos tiempos, simplemente “la tendencia". Apoyaron, además, a Obregón Cano, las llamadas formaciones “especiales” del peronismo, como los Montoneros.
La izquierda ‘obregonista’ iba más allá del peronismo. La apoyaban el PVP (Partido de Vanguardia Popular), que era una escisión del Partido Socialista de Vanguardia; a su vez, era entusiastamente apoyado por el MAP (Movimiento de Afirmación Popular), por disidentes comunistas, por sectores que rompieron con el frondicismo y con la UCR. En el plano sindical, era apoyado por la corriente sindical peronista llamada los “legalistas”, encabezada por Atilio López, de la UTA, sobre el que recayó el puesto de vicegobernador. Además, fue apoyado electoralmente por los gremios combativos liderados por Agustín Tosco y los “clasistas”, liderados por Salamanca del Smata, que también apoyaban tácticamente a Obregón Cano.
El gabinete de Obregón Cano fue un reparto de hombres de estas tendencias del peronismo y de fuera del peronismo, que rápidamente fue considerado como un gabinete “marxista". Ilustrando estas designaciones, el autor relata, de boca del propio gobernador, que en una reunión con Perón, el general le dijo: “Doctor, tenga cuidado con los infiltrados”, a lo que Obregón Cano respondió: "No se preocupe general, los izquierdistas están bien vigilados y se portan bien”. Entonces Perón le contestó socarronamente: “Me refiero a que no se le vaya a infiltrar algún peronista en el gobierno” (pág. 20). El diálogo ilustra a uno y a otro.
La oposición a Obregón Cano dentro del movimiento peronista estaba desde el principio concentrada en dos sectores. Los llamados "auténticos" de la CGT, opuestos a los “legalistas" de Atilio López, de la UTA, y que respondían a los principales burócratas sindicales de la CGT nacional; y a Antun, que encabezaba en la provincia el llamado peronismo “ortodoxo", que perdió la interna. Esta oposición fue, por lejos, mucho más virulenta que, la del conjunto del arco opositor, y tuvo una decisiva participación en el derrocamiento del gobernador y fue parte activa (armas en mano) del Navarrazo.
Navarro. Designación y antecedentes
Uno de los problemas importantes dentro de la tendencia” era la designación del jefe de policía, el cual tenía que presentar un “perfil acorde a los nuevos tiempos que corrían. En Buenos Aires había sido nombrado Righi, ministro del Interior caracterizado como antirepresor, pero en Córdoba no había nombre presentaron a Obregón Cano una “terna” de nombres, aconsejando a Navarro, que no era peronista pero que se ajustaba al proyecto político de los hombres de Firmenich.
Navarro era y fue hasta en los momentos más críticos un “hombre del general Carcagno”, de quien había sido su ayudante de campo. Una vez confirmado Carcagnocomo nuevo jefe del Ejército por el gobierno nacional, los Montoneros sostuvieron a Navarro sobre la base de la siguiente "tesis’’ política: que “al morir Perón se produciría un vacío político que debía ser llenado por el ejército y el peronismo a través del ala más dinámica que eran los sectores juveniles, quienes serían los dueños del peronismo en el futuro. Por esta razón era necesario establecer una alianza entre el ejército y la Juventud Peronista para asegurar el futuro de la Nación y evitar que el país se precipitara en un caos" (pág. 30).
Con estos argumentos quedó como jefe de policía de Córdoba el ayudante del general que reprimió a los obreros cordobeses en el ‘69. Como únicamente lo definiera Política Obrera por aquellos años, Navarro era el representante del "anti-cordobazo". El tiempo le daría amplia razón a esta caracterización política.
Navarro fue condiscípulo de dos militares en franco ascenso en aquellos años, Alcides López Aufranc y Jorge Rafael Videla, y llegó en 1970 a teniente coronel como premio a su "destacada” labor como ayudante de Carcagno en el Tercer Cuerpo del Ejército. En mérito a la actuación represiva del "Cordobazo" y a la fidelidad al general represor, sería nombrado teniente coronel.
La interna sindical
Al producirse la asunción de Obregón Cano, el movimiento obrero cordobés estaba dividido en cuatro tendencias. Las "62 organizaciones” peronistas eran los autollamados “auténticos", liderados por Simó y Labat; las "62" “legalistas" de Atilio López, los Ocho gremios "independientes" liderados por Tosco, y los cinco “clasistas", dirigidos por Salamanca del PCR. El enfrentamiento más o menos abierto de los “auténticos" con las otras tres fracciones fue uno de los detonantes del ‘Navarrazo’, que incluso utilizó a los primeros como fuerza de choque del golpe que destituyó a Obregón Cano. Aun antes del 25 de mayo, ya los burócratas de Buenos Aires habían mandado a Kloosterman, un ca-pitoste de la CGT y del Smata, con decenas de matones, para enjuiciar a Salamanca y propiciar su destitución, pero fueron sacados a los golpes por los mecánicos cordobeses.
Sin embargo, los “legalistas”, que también se reivindicaban de las 62 organizaciones, trataban de conciliar con los burócratas nacionales la ‘normalización’ de la CGT cordobesa, para lo que dejaban de lado a los “independientes de Tosco y a los “clasistas” de Salamanca. Así, por presiones directas de Rucci, el secretario general de la CGT, se llegó a un acuerdo de un congreso ‘normalizador’, en el cual los “legalistas” y los "auténticos” se repartieron los cargos. El propio ministro de Trabajo, Otero, asistió al congreso 'normalizador’, atacando a los sectores combativos y señalando que harían de Córdoba “la capital del peronismo" (pág. 43). Nada más equivocado, pues la brecha con los “legalistas”, a pesar de la actitud abiertamente conciliadora de éstos, se profundizaba cada día más. Esta actitud conciliadora de Atilio López con lo peor de la derecha peronista no difería en nada de la actitud también conciliadora con el gobierno central del propio Obregón Cano, que siempre aspiró a encontrar un equilibrio entre las iniciativas de su gabinete de “la tendencia” y la política del Pacto Social y la propia liquidación de la dirección de la Juventud Peronista de parte de Perón.
Ante esta ‘normalización’ de la CGT cordobesa, los gremios de Tosco y Salamanca se unieron y formaron el "Movimiento Sindical Combativo”, señalando en su manifiesto inicial que Otero tenía “como principal objetivo copar la CGT regional Córdoba para colocarla como un apéndice más en el interior del país de la entreguista y traidora burocracia porteña” (pág. 43). No obstante, los "combativos" siempre dejaron una puerta abierta a la alianza con Atilio López y con el gobierno provincial. Planteándose aun después del congreso ‘normalizador’ impuesto por la burocracia de Buenos Aires, “defender la unidad combativa entre los gremios hermanos del peronismo revolucionario para evitar la claudicación de la CGT cordobesa” (Comunicado del MSC, del 1/8/73).
Tres violentos episodios se registraron al poco tiempo de este congreso, por enfrentamientos de los “auténticos” con los trabajadores de los complejos industriales de Ferreira, pues los ex Sitrac-Sitram se resistían a ser encuadrados en la UOM de los “auténticos”.
El primer planteo de que se intervenga la provincia salió de la burocracia sindical de los “auténticos". Desde Buenos Aires, Rucci consideraba que había que intervenir para dar paso a una “limpieza general de marxistas en toda Córdoba”.
El problema policial
De acuerdo al autor, éste fue uno de los problemas que separó definitivamente a Navarro de la gobernación, pues a pesar de los enfrentamientos que se venían desarrollando en las esferas sindicales, para Obregón Cano como para el ministro de Gobierno, Erio Bonetto, “Navarro nos fue muy leal en la primera época” (pág. 49).
La policía se había constituido, durante los años de Onganía, como un cuerpo especializado en la represión popular; se mantenía unida alrededor de lo que Ferrero llama un cierto “anticomunismo profesional” (pág. 52). Desde el gabinete de Obregón Cano se estaba llevando adelante un proyecto de modificación de la “Ley orgánica de la policía”, que planteaba la reincorporación, al igual que en la administración pública, de los cesanteados en el ’55 con la caída de Perón. La policía veía en esta modificación un doble peligro: por un lado, un corte de sus carreras, pero para Navarro y el cuerpo superior de la policía, esto significaba la entrada en masa a la policía de hombres de la “tendencia”, que podía quebrar el “anticomunismo” acérrimo que se mantenía en las filas.
Aunque el autor no responsabiliza a Navarro de acciones parapoliciales, lo cierto es que fueron “apretados” varios senadores, cinco de ellos amenazados de muerte para no aprobar las modificaciones y hubo atentados en varios domicilios (pág. 53). Pese a esto, se dio media sanción a reforma y hubo un virtual motín policial y una reunión de Navarro con el gobernador, en el que Navarro ofició de “delegado” de los reclamos policiales.
Desde el punto de vista de las relaciones entre Navarro y Obregón Cano, allí comenzó la cuenta regresiva que terminaría en el 'Navarrazo’. Navarro viajó a Buenos Aires a consultar a su ‘jefe’, el general Carcagno, por esta crisis, pidiéndole un consejo porque estaba entre renunciar o pedir su pase a retiro. Carcagno le aconsejó que no renunciara y que pidiera el pase a retiro, lo que en boca del mismo Navarro significaba que “ahora sí podía actuar más libremente” (pág. 55).
A partir de este problema, mientras los peronistas cesanteados en el '55 hacían penosos trámites burocráticos sin ser reincorporados a la policía, Navarro fusionó a toda su plana mayor y empezó a mandar informes de “inteligencia" a Buenos Aires sobre los miembros de la “tendencia”, con los cuales hasta ahora había mantenido amigables relaciones, y comenzó a tener reuniones con miembros del peronismo ortodoxo y con las 62 “auténticas".
Montoneros, entonces, pidió a Obregón Cano la renuncia de Navarro, pero el gobernador no accedió. La situación se había tornado extremadamente tensa y presagiaba un gran conflicto.
Un conflicto con el clero
El mes de noviembre deparó un nuevo enfrentamiento; esta vez, por un proyecto de un diputado de la “tendencia”, referido a un “Estatuto básico para la docencia privada".
El proyecto establecía la estabilidad del docente privado, equiparaba su sueldo con los estatales y creaba un régimen de concursos para acceder a los cargos. La iglesia puso 'el grito en el cielo’, porque los docentes privados dejaban de estar sometidos a la arbitrariedad absoluta de sus empleadores e incluso (a los efectos de la Obra Social), muchos de ellos estaban encuadrados en el sindicato de Empleados de Comercio pero sin representación gremial alguna.
Cuando el proyecto tuvo media sanción, comenzó la "movilización” de la iglesia con solicitadas y ocupaciones de colegios, y culminó con un acto público el 9 de noviembre y el envío de un telegrama a Perón, en un nuevo llamado a la intervención a la provincia, donde se manifestaba que "La actitud del gobierno de Córdoba favoreciendo y propiciando a penetración ideológica marxista en el ámbito educacional, era intolerable por lo que le rogaba interceder en la forma que estime conducente a fin de evitar graves enfrentamientos Gobierno-Iglesia" (telegrama del 16/11/73).
Cuando la ley se promulga el 27 de noviembre, la iglesia ocupa todos los establecimientos privados, hasta que el gobierno cede y, en una mediación, se esterilizan los aspectos más sentidos de la ley. De cualquier modo, las relaciones gobierno provincial-iglesia estaban quebradas lo que con tribuyó también a las presiones que, de varios lados venían reclamando la intervención provincial.
Carne y transporte: se acelera la crisis
En diciembre, un conflicto con los productores de carne produjo una gran crisis política. El gobierno había fijado un precio de carne al mostrador que no era acatado por los carniceros. En realidad, se empezó a realizar un lock-out patronal, pues los ganaderos no respetaban el precio tope y colocaban la carne en otras provincias, provocando un brutal desabastecimiento. El gobierno, ante esta crisis, optó por expropiar 1.500 reses, lo que produjo un enfrentamiento cada vez más agudo con las patronales. Finalmente, el gobierno cedió, pero los conflictos no tenían fin.
Al otro día, los choferes salieron a un paro por aumento de salarios. Ganaban un básico de 144.000 y reclamaban 250.000; las patronales ofrecen dar 200.000, lo que fue rechazado por los trabajadores. Entonces, interviene el gobierno, en su ‘estilo’, reconociendo que “las aspiraciones son justas”, pero pidió prudencia para evitar un choque “que desate un proceso inflacionario" (pág. 77). Las patronales contra ofertan dar el aumento si se les otorga el del boleto, lo que abriría una verdadera crisis. A pesar de que se redactó una primera acta donde la huelga se levantaba, al otorgarse un aumento de salarios y la posibilidad de un aumento del boleto, la intendencia no otorgó el aumento del boleto por violatorio del “Pacto Social". El intendente se entrevista con Bonetto, el ministro de Gobierno, quien le pidió que se permita el aumento del boleto; no hay acuerdo, y entonces el intendente manda un nuevo telegrama a Perón, señalando que el gobierno provincial alienta la huelga y la quiebra del “Pacto Social”, reclamándole la intervención de la provincia.
Atilio López, que había quedado como gobernador en ejercicio por vacaciones de Obregón Cano, consiguió que se intervinieran todas las administraciones de las empresas. “Una hora después de asumir sus cargos, los interventores suscribieron con la UTA un ‘acuerdo’ por el que se les concede a los trabajadores los aumentos solicitados" (pág. 81). Pero todo era papel mojado, pues las patronales retiraron los colectivos de la calle en un brutal lock-out, que el gobierno no pudo responder, generando una crisis política enorme. La intervención estaba ‘cantada’.
El desenlace
La crisis política nacional se aceleraba. El 19 de enero, el ERP atacó una guarnición militar de Azul, donde hubo un enfrentamiento de más de siete horas. Perón aprovechó esta acción para deshacerse de Oscar Bidegain, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que tenía las características de Obregón Cano, acusándolo de “tolerancia con la subversión". La caída de Bidegain y la asunción del vicegobernador Calabró, desató una gran ofensiva de la CGT nacional y los “auténticos” contra Obregón Cano. Por otro lado, Perón lanzó un discurso contra la juventud peronista, con el argumento de la “infiltración” en el peronismo, que desató una verdadera ‘caza’ de brujas por todo el país.
Ante la creciente conspiración de los sectores ortodoxos con Navarro, el gobernador había decidido desprenderse del jefe de policía. Enterado, Navarro comenzó a operar activamente para impedirlo. Ordenó que 500 efectivos antiguerrilleros de las localidades del interior viajaran a Córdoba capital, hizo retirar la totalidad de las armas automáticas de las comisarías de la capital, para aumentar el poder del cuerpo de infantería, redujo al mínimo la custodia de la gobernación, preparando su acción posterior.
Llamado a casa de gobierno, Navarro pide un plazo de 12 horas para “presentar” su renuncia, tiempo que aprovecha para reunirse con la plana mayor de la policía y levantarse en armas. La policía copó los medios de difusión, e inundó de policías y matones de la “juventud sindical" las calles de Córdoba. Estos se identificaban con brazaletes amarillos y estaban provistos de armas por el propio Navarro. Obregón y sus ministros fueron detenidos y trasladados al cuartel general de la policía.
Había triunfado el golpe casi sin resistencia, salvo aislados e ineficaces tiroteos de sectores de la “tendencia”. La clase obrera estuvo ausente frente al ‘Navarrazo’. Es más, la CGT de los "auténticos" estuvo "activa", decretando un paro de repudio al gobernador. No hubo respuesta alguna de los sindicatos “combativos".
El autor describe la ausencia de resistencia al golpe en el Smata, señalando que Salamanca llamó a los trabajadores a realizar una movilización, pero que los trabajadores se retiraron a sus domicilios y sólo 100 lo siguieron un trecho, pero se dispersaron a las pocas cuadras.
Otto Vargas, el dirigente del PCR recordaría los hechos de la siguiente manera: “Los ‘prosoviéticos’, como acostumbraban a hacer, nos presionaban a nosotros, que dirigíamos algunos centros estudiantiles y el Smata Córdoba, para que salgamos a la cabeza de la lucha, pero nosotros evitamos ser utilizados por los prosoviéticos como punta de lanza de una movilización que golpeaba centralmente al general Perón" (pág. 144). El autor llega a una conclusión sobre la conducta del PCR en el ‘Navarrazo’'. "Por este renuncio los ‘comunistas revolucionarios’ debieron sobrellevar por mucho tiempo el oprobioso mote de 'lopezreguistas(pág. 144).
Ausente la resistencia al ‘Navarrazo’, los acontecimientos giraron alrededor de la estrategia del gobierno central, que era la de hacer todo lo posible para la intervención de la provincia sin nombrar oficialmente a un interventor, hasta que la situación se pudriera de tal modo que el gobierno y la oposición radical la consintieran.
Con los fachos dominando las calles de Córdoba, asumió, como títere de Navarro, Agodino, el presidente de la Cámara de Diputados, con el que se arregló un formal llamado a elecciones que nadie en realidad se creía, pues el mismo Navarro arregló la ‘huida’ de Obregón Cano, Atilio López y Bonetto de los cuarteles policiales, con el propósito de que se mantuviera una situación propicia a la intervención central, porque Obregón Cano no había renunciado y existía un gobernador nombrado de facto.
El final del ‘Navarrazo’ se vivió en Buenos Aires. Perón acordó con Balbín, el máximo dirigente radical de aquellos años, que se intervenía la provincia si Obregón Cano y Atilio López renunciaban a sus cargos.
Los radicales jugaron un papel bochornoso ante la intervención. El operador principal del acuerdo por la intervención fue, César Angeloz, por aquel entonces senador por Córdoba,. Este les planteó a Obregón Cano y a Atilio López que ya nada se podía hacer para evitar la intervención: “Ya no hay nada que hacer. Balbín arregló con Perón" (pág. 169, Declaraciones de la Conversación Angeloz-Cano). Los dos gobernantes, entonces, firmaron la renuncia y los radicales presentaron el caso como una capitulación de los dos, y dieron quorum para que se aprobara finalmente la intervención, nombrando a Duillio Brunello como interventor de la provincia.
“El ‘Navarrazo’ había triunfado completamente, aunque su autor no recibiera precisamente las gracias del peronismo ortodoxo de orden nacional" (pág. 170).
Conclusión
Hay erróneas conclusiones políticas en el libro. Aun cuando se advierte un importante trabajo documental sobre los hombres que participan en aquellos tumultuosos meses, para el autor, la conclusión del ‘Navarrazo’ es la “puntada final de un proceso de casi un lustro, durante el cual la izquierda peronista perdió su batalla contra los sectores ortodoxos aliados a la dirigencia sindical y al lopezreguismo" (Prólogo, pág. 9).
Así, el libro tiende a mostrar a Obregón Cano como un gobierno de “buenas intenciones", imposibles de llevar adelante por la gran ofensiva derechista que atravesaba al país a partir del propio Perón.
El autor tiende a despreciar un problema político de primer orden, que es el cuadro de luchas sociales que se abrieron en Córdoba a partir de la huelga de los estatales de IME, que abrió, después de las ilusiones creadas en las masas después del triunfo del peronismo, el primer gran enfrentamiento con ese gobierno y la primera amenaza de quiebra del “Pacto Social", llave maestra de la política económica de Perón.
Ferrero desprecia la evolución del movimiento obrero de aquella época, en ningún momento asocia el ‘Cordobazo’j el ‘Navarrazo’ como la contracara del ascenso de la clase obrera en Córdoba: incluso hace un juicio negativo sobre esta evolución operada, al juzgar a las direcciones emergentes del Sitrac-Sitram. Para Ferrero. la formación del Sitrac-Sitram fue un episodio que dio paso, de una burocracia ajena a los intereses de los trabajadores, a una dirección ultraizquierdista.
El ‘Navarrazo’ fue en realidad el “anti-Cordobazo”. El gobierno de Perón necesitaba imponerle una derrota en toda la línea a la clase obrera cordobesa, que era la que más lejos había ido en plantearse sus reivindicaciones y su organización sindical independiente y, por lo tanto, fue la primera que dio una lucha firme contra los planes del “Pacto Social” de Perón.
El balance del gobierno de Obregón Cano es el balance de un gobierno patronal que reflejaba la fase ‘camporista’ del peronismo, que fue superada por la burguesía cuando, el 13 de julio del '73 desalojó al ‘tío’ del poder. “A partir de aquí el gobierno provincial se adaptó a la ofensiva derechista para no sucumbir. En realidad creó las condiciones para una caída más estrepitosa y sin gloria” (Política Obrera. 16/3/74).
En los propios conflictos que detalla Ferrero es evidente que las presiones patronales siempre encontraron una respuesta vacilante; las patronales de la UTA le impusieron al gobierno provincial sus reclamos; lo mismo sucedió con los reclamos de los ganaderos, con la Iglesia, con la ley de prescindibilidad de IME y con el encuadramiento en la UOM de los ex Sitrac-Sitram.
El período que precedió al Cordobazo puso al rojo vivo los problemas de dirección del movimiento obrero y la ausencia de una salida política independiente de los trabajadores. La tragedia de los dirigentes como Tosco y Salamanca es que fueron tributarios de esa política patronal de Obregón Cano, en nombre de un enfrentamiento con el gobierno nacional. Las direcciones mantuvieron paralizado al movimiento obrero en nombre de este apoyo, lo que desarmó la lucha contra el ‘Navarrazo’. Por otra parte, la bancarrota de la izquierda peronista completó esta impotencia. Fueron ellos mismos quienes propusieron a su enterrador, reflejando la contradicción sin salida que tuvo este sector en Córdoba y en todo el país.
La mejor lección del ‘Navarrazo’ es que, distinguiendo entre gobierno débil que pueda, o amenace, dar concesiones a las masas, y un gobierno reaccionario que pretende atacar en regla al movimiento obrero, el peor de los crímenes es ser tributario de la patronal 'menos mala’. Más que nunca, el movimiento obrero debe levantar su propio programa y plantearse algo ausente en las direcciones sindicales de aquellos años. La lucha por la construcción de un partido obrero.
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