Brasil: La cuestión agraria y la lucha del M.S.T.
La vigencia renovada de la cuestión agraria en América Latina testimonia, contra teóricos posmodernos y globalizados, la incapacidad histórica del capitalismo para resolver los problemas elementales de la constitución de la nación en los países atrasados, y aún más de integrarlos armónicamente en un supuesto "capitalismo global". La actual cuestión agraria en el Brasil no sólo retoma los problemas irresueltos del pasado colonial e imperial sino que plantea su reformulación bajo las condiciones de la era imperialista del capital y de su actual crisis mundial.
Origen del latifundio
La colonización del Brasil, como la del resto de América Latina, fue un episodio mayor de la acumulación capitalista primitiva a escala mundial. La especialización del país como productor de materias primas para el mercado mundial en formación sentó las bases de su atraso histórico. Brasil ingresó al mercado mundial como productor y no como consumidor, sometido al "exclusivo colonial" de Portugal, intermediaria a su vez de la hegemonía inglesa en Europa.
El tipo de producción correspondiente a una economía de exportación de materias primas es el cultivo extensivo de la tierra (plantaciones). El tipo de propiedad correspondiente a esa cultura es el latifundio. En una situación de escasez de mano de obra, debida a la hecatombe demográfica de los pueblos precolombinos, el latifundio está inseparablemente unido a las diversas formas de trabajo forzado: "La esclavitud del negro fue la fórmula encontrada por los colonizadores europeos para el aprovechamiento de las tierras descubiertas. En la franja tropical, la gran propiedad de monocultivo y esclavista se convirtió en la base de la economía, que giró en torno de la exportación de productos tropicales para las metrópolis, de donde provenían los productos manufacturados necesarios para la vida de la Colonia. En las haciendas de algodón, en los EE.UU., en los ingenios y cañaverales de las Antillas y del Brasil, el esclavo representó la principal fuerza de trabajo. El sistema esclavista estuvo desde los orígenes de la colonización vinculado a la labranza. Esclavitud y labranza constituyeron en muchas áreas la base sobre la cual se irguió el sistema colonial que se consolidó por más de tres siglos" (1).
Las tierras americanas recibidas por Portugal (el actual Brasil) carecían de metales preciosos y de culturas lo suficientemente desarrolladas para suministrar mano de obra. El problema para la Corona consistió en encontrar el tipo de explotación que contribuyera a financiar los gastos resultantes de la posesión de tierras tan extensas y distantes. Factores muy especiales ocasionaron el establecimiento de la producción de azúcar: el dominio de su técnica de producción, aprendido de los italianos y que ya había sido aplicado en las Azores, la ruptura del monopolio comercial del azúcar, detentado por Venecia en colaboración con los holandeses, lo cual abre a los portugueses los mercados del Atlántico Norte. La esclavización del indígena permite el establecimiento de los primeros engenhos. Según Alberto Passos Guimarães, "bajo el signo de la violencia contra las poblaciones nativas, cuyo derecho congénito a la propiedad de la tierra nunca fue respetado y mucho menos ejercido, es que nace y se desarrolla el latifundio en Brasil. De ese estigma de ilegitimidad que es su pecado original, Brasil jamás se redimiría".
Adquirida una mayor rentabilidad, esa mano de obra fue sustituida por el negro africano. La plantación azucarera, utilizando el trabajo esclavo, constituyó la base de la primera colonización del Nordeste del Brasil, llegando a su auge a fines del siglo XVI y comienzos del siguiente. Con ella quedaron fijadas las bases del latifundio brasileño. Cuando Don Juan III dividió sistemáticamente el territorio en latifundios denominados capitanías, ya existían en Brasil "capitanes" nombrados para ellas. Lo que se hizo entonces fue demarcar el suelo, atribuir o declarar los derechos y deberes que los colonos tenían que pagar al rey y a los donatarios, con la suma de los poderes conferidos por la Corona portuguesa autorizándolos a expedir fueros, que eran una especie de contrato en virtud del cual los sesmeiros o colonos se constituían en perpetuos tributarios de la Corona y de sus donatarios o capitanes. La tierra dividida en señoríos, dentro del señorío del Estado, es el esbozo general del sistema administrativo en la primera fase de la historia de Brasil.
Gran propiedad y trabajo esclavo
Como complemento necesario de la producción de azúcar, se desarrolla la ganadería, fuente principal de alimentos, que utiliza poca mano de obra, en este caso indígena. No requiere, al contrario de los engenhos, grandes capitales iniciales. Se convierte así en la actividad predilecta de los colonos recién llegados y consolida la estructura latifundista de propiedad de la tierra. "Los depredadores de ganado, como Cristóvão Pereira y tantos otros que, en el inicio del ciclo depredador, son apenas cazadores nómades de rebaños alzados, sienten necesidad, para el mayor éxito de sus empresas, de crear puntos permanentes de fijación donde pudiesen acorralar al ganado", escribió Oliveira Viana en su clásico Populações Meridionais do Brasil. De acuerdo con Dante de Laitano, "los estancieros de la Frontera de Río Grande recibirán sesmarías desde 1738. Es una concesión de tierra por la cual se da al sesmeiro el dominio sobre un área que varía entre tres leguas en un sentido por otra de largo. Resulta una superficie total entre 10 y 13 mil hectáreas. La sesmaría era la estancia; nacía la propiedad privada, entonces revestida de las características jurídicas de donación oficial y gubernamental. El latifundio, la fazenda, estaba creada".
En Brasil, se verificó desde el comienzo el predominio de la gran propiedad, a través del latifundio, ya que no hubo límites para las concesiones de tierras. Solamente a fines del siglo XVII, en 1695, una carta regia, recomendaba no conceder a cada morador más de cuatro leguas de largo por una de ancho. Dos años después, esa extensión fue restringida a sólo tres leguas de largo por una de ancho. En el siglo XVIII se fijaron nuevas disposiciones. En 1729, una provisión limitó las concesiones de sesmarias a tres leguas de largo por una de ancho, o a tres de ancho por una de largo, o a una legua cuadrada. Fue éste el límite que predominó a partir de entonces, pero ya para esta época las tierras de Brasil se hallaban completamente ocupadas. Extensas sesmarías, aunque escasamente pobladas, tenían propietario conocido.
El descubrimiento del oro, a fines del siglo XVII, inaugura un ciclo nuevo, el de la colonización minera (la exportación de azúcar estaba en crisis por la competencia de las Antillas anglo-francesas). A diferencia de la colonización española del Alto Perú (el Potosí, en la actual Bolivia) no se explotan minas a través de una técnica compleja y abundante mano de obra. Se trata de un trabajo artesanal: retirar el metal aluvional, depositado en el cauce de los ríos, y se utilizan pocos esclavos (no obstante llegan muchos colonos blancos, cuya población supera por primera vez a la africana). Este nuevo ciclo colonizador amplía el área colonizada al penetrar el interior en la búsqueda de ríos auríferos.
El latifundio, como vasta extensión de tierra adquirida a la espera de su valorización, y cuya principal función es la especulación inmobiliaria y no la producción agrícola, también es característica de la América española. La despoblación posibilitó la formación de extensas propiedades del grupo étnico dominante. La escasez de mano de obra, junto a la abundancia de tierra, generó la utilización de esta última como forma de garantizar la primera. Se institucionalizó el minifundio (posesión de minúsculas extensiones de tierra) en el interior del latifundio, para asegurar mano de obra barata y constante. A la par de ese proceso, se vio la minifundización de la periferia de la formación social.
La consecuencia fundamental de la despoblación, es que el trabajo y no la tierra pasó a ser el factor de producción más escaso. Las instituciones claves de la Colonia fueron aquellas que garantizaban trabajo y no las que garantizaran tierra. En esa situación, el trabajo libre tendría que ser necesariamente bien remunerado. Dada la condición histórica de que el trabajo manual era poco aceptable para los peninsulares y dada la desigualdad fundamental en el sistema de fuerzas, debida a las diferencias de armamento y entrenamiento, la esclavitud se impuso como la solución lógica. Las instituciones de la Colonia obedecieron a ella, que no derivó de las características intrínsecas del tipo de actividad económica minería, plantación de azúcar sino del hecho de que el trabajo era el factor escaso de la producción. El área cultivada fue tremendamente reducida, dándose origen al latifundio improductivo y, en las regiones más apartadas de los centros consumidores y de las rutas de transporte, las tierras fueron simplemente abandonadas, ya que su valor como bien de producción o bien de inversión era cero.
Independencia y atraso
Cuando el Brasil se torna independiente, junto al resto de América Latina, las bases de su atraso ya estaban echadas: "La irrelevancia de América Latina a mediados del siglo XIX era incontestable. A pesar de ser, fundamentalmente, una exportadora de productos agrícolas, en contraste con Europa que se industrializaba, su producción agrícola era una fracción de la europea. La producción total europea, en 1850, era por lo menos 30 veces superior a la latinoamericana". Esto pese a que "aunque la participación de América Latina en el comercio mundial haya declinado claramente de 11% en el siglo XVIII a 5,1% al final del siglo XIX en términos absolutos las exportaciones latinoamericanas aumentaron mucho" (2). En el caso brasileño, las exportaciones se decuplicaron durante el siglo XIX. La independencia, en realidad, consolidó la estructura latifundista y, con ella, las propias bases del atraso: "Desde el siglo XVII, Portugal tiene una colonia principal: Brasil. Y el Africa portuguesa se convierte más en colonia de Brasil que de la madre patria, para la cual no constituye sino una subcolonia. En efecto, Guinea y Angola y, hasta cierta época, Africa Oriental, fueron los abastecedores de esclavos del Brasil. No podían vivir sin éste, ni éste sin ellas" (3).
La transferencia de la Corte portuguesa al Brasil en el momento de las invasiones napoleónicas es operacional para el sistema colonial debido a ese hecho. La apertura de los puertos brasileños a las "naciones amigas" (1808) sucede al estancamiento de las exportaciones debido a la crisis europea, pero asesta un golpe mortal al Pacto Colonial que, mostrando su anacronismo, trasciende aquella circunstancia. Por el tratado comercial de 1810 con Gran Bretaña, Brasil se volvía colonia económica inglesa, y necesitó varias décadas para eliminar el tutelaje que, gracias a sólidos acuerdos internacionales, mantenía Inglaterra. La llegada en masa de comerciantes ingleses desfavorece a numerosos portugueses que habían quedado desconectados de sus proveedores en la metrópoli ocupada por Napoleón. La aristocracia latifundista se siente solidaria con los burócratas desplazados y viceversa.
Si el movimiento por la independencia ampliaba así sus bases, ganaba también en profundidad: "El año de 1817 registra para el Nordeste un amplio movimiento insurreccional, en relación con el cual no fueron indiferentes las masas populares. Ya no se trata de movimientos circunscriptos a los núcleos urbanos o a las elites insatisfechas con el peso tributario. Fue esbozado un proyecto revolucionario y se intentó la desarticulación del orden esclavista, sin éxito: el poder fue tomado el 6 de marzo, y en Recife, polo dinamizador del vasto hinterland, los insurgentes permanecieron 74 días dirigiendo la República…" (4).
Con el retorno de la Corte a Portugal (1821), Brasil, declarado reino en 1815, se veía bruscamente disminuido a la antigua categoría de colonia. La reintroducción de las viejas normas del Pacto Colonial configuraba un mercantilismo doblemente anacrónico: a) porque era ejecutado por una potencia en retroceso, tributaria económica de Inglaterra, b) porque estaba en contradicción con la expansión del comercio mundial, consecuencia de la consolidación del capitalismo industrial en los países europeos más adelantados. El cuadro mundial es definido así por María Odila Silva Días: "La lucha entre los intereses mercantilistas y del liberalismo económico se procesaba de forma intensiva en Inglaterra de 1815 a 1846, afectando drásticamente la política de todos los países coloniales directamente relacionados con la expansión del imperio británico del comercio libre". Brasil era uno de ellos. En menos de un año las clases poseedoras se rebelarían contra esa situación. La convocatoria, en Portugal, de las Cortes (parlamento) por la Revolución de Porto daría ocasión a la convergencia de la agitación de los grandes propietarios con la administración colonial, inclusive en la figura de su jefe (Don Pedro), declarado emperador del Brasil independiente (1822).
Latifundio y oligarquía
"Independencia o Muerte" fue la respuesta de la burocracia colonial al grito lanzado 30 años antes por los independientistas "inconfidentes", encabezados por Tiradentes (Independencia y República). Pero el movimiento de independencia era más vasto que el compuesto por los burócratas, comerciantes y por la aristocracia fazendeira, la que, a su vez, se subdividía en fracciones, frecuentemente regionales. La crisis y la disolución de la Asamblea Constituyente de 1823 reflejó esa diversidad y abrió definitivamente el juego de las contradicciones políticas internas en Brasil. La impasse se resolvió a través de la Carta Otorgada (Constitución elaborada desde arriba por el poder imperial) y de la monarquía (semi) constitucional, con una representación limitada de las clases poseedoras, con derecho de voto a partir de un cierto nivel económico. La cámara de representantes era controlada por dos organismos vitalicios Senado y Consejo de Estado en los cuales estaban representados los sectores más tradicionales de la oligarquía (los ligados a la explotación del oro y del azúcar), todo bajo el poder de veto del Emperador. Si en un país latifundista la democracia plena ciudadanía para todos los habitantes no tenía raíces, en uno latifundista y esclavista, menos todavía.
En 1842 expiró el acuerdo con Inglaterra. El pasivo político de la colonia portuguesa estaba liquidado. Pero la presión inglesa continuó, y en 1845, con el decreto de Aberdeen, Inglaterra prohibía unilateralmente el tráfico de esclavos. La prohibición no fue acatada por los hacendados (el tráfico llegó a ser mayor después de esa fecha), pero encontró aliados en Brasil, multiplicando los frentes de conflicto social: "La burguesía comercial se esforzaba por ampliar el círculo de los consumidores que pagaran en moneda y, en consecuencia, trataba de debilitar la servidumbre y la esclavitud. Trataba de debilitar el lazo entre los señores y los dependientes, a la caza de clientes. De allí surge su abolicionismo de apariencia humanitaria al que se entregó después de 1850. Le interesaba romper los vínculos de servidumbre, preocupada en hacer de la propiedad rural un objeto libre de negocios, sin los estorbos de lealtades personales que sostenían el buen rendimiento agrícola" (5).
En los conflictos internos de las clases poseedoras se cuestionaba la esclavitud, la distribución de la renta nacional y hasta las características del sistema político, pero no la base de la economía nacional: el latifundio, del cual todos (hacendados y señores, comerciantes y burocracia estatal) sacaban provecho. El latifundio no se vio afectado sino consolidado por la independencia. Según Emilia Viotti de Costa, "como toda la extensión del latifundio no se utilizaba con fines comerciales, el propietario podía mantener un cierto número de arrendatarios ligados a la economía de subsistencia, lo que creó una red de relaciones personales entre arrendatarios, propietarios y la Corona. Esto contribuyó a aumentar el prestigio personal del propietario, dado que poseía poder sobre los hombres libres que vivían en sus tierras y también sobre sus esclavos" (6).
"Uno de los grandes obstáculos que se han opuesto en esta provincia al desarrollo de la agricultura e inclusive al de la población es la existencia de grandes estancias o, mejor, de grandes desiertos, cuyos dueños, ocupándose solamente del ganado, tienen derecho a echar de sus campos familias desamparadas que no tienen adónde ir. El hacendado que posee una sesmaría tiene por cuenta propia un desierto de tres leguas cuadradas. Si posee dos, tres o más sesmarías, es dueño de seis, nueve o más leguas de desierto en donde ya nadie vivirá. Unos pocos hacendados vecinos transforman en desierta una porción de terreno mayor que la ocupada por algunos estados de Alemania y las familias pobres andan errando pidiendo techo por todas partes sin que nadie los proteja" (teniente general Francisco José de Souza Soares e Andrés, presidente de la provincia de Río Grande, en el informe a la Asamblea Legislativa, junio de 1849).
La economía de exportación primaria, agilizada por la independencia (quiebra del monopolio) consolidó el latifundio. El valor de los productos brasileños exportados, que en 1812 fue de 1.233.000 libras esterlinas de oro, se elevó en la década de 1821 a 1830 a un promedio anual de 3.190.000; en la década de 1831 a 1840 a 4.921.000 y en la de 1841 a 1850 a 5.468.000. Las importaciones, a su vez, pasaron de 770.000 en 1812 a un promedio de 5.429.000 de 1831 a 1840. En estas condiciones, la Ley de Tierras de 1850 tendió a dar una base jurídica definitiva a la gallina de los huevos de oro: el latifundio, donde a partir de la década de 1831 a 1840, el café es el principal cultivo. Así, en vez de favorecer el acceso a la tierra y a la pequeña propiedad (como la Homestead Act en los EE.UU.), la Ley de Tierras favoreció a la gran propiedad. La ley norteamericana propiciaba la ocupación de tierras, la brasileña la dificultaba. Los medios tradicionales de acceso a la tierra, co-propiedad, arriendo, ocupación, fueron proscriptos, las tierras no utilizadas volvieron al Estado que, por su parte, vendía las tierras por un precio más alto.
En EE.UU. surgieron instituciones de crédito para facilitar el acceso a la pequeña propiedad, y ésta, una vez consolidada, dio lugar a instituciones regionales autónomas para defenderla. De esta forma, se contrapesaba el poder central, ya restringido por el principio federativo. En Brasil, la normativa para la ocupación de la tierra (la ley de 1850) no da lugar a pequeñas propiedades sino que simplemente favorece el abastecimiento de trabajo libre (y barato) a los latifundios, por medio de la evacuación de los pequeños ocupantes. Sin instituciones de crédito a las que recurrir, sin organismos regionales para defenderlo, sin poder instalarse en forma independiente, no hay otra salida para el campesino que colocarse bajo la protección del señor (clientela). Con este sistema coronelismo coexisten el poder central de la monarquía y un fuerte poder regional de hecho de los dueños de la tierra: esta "descentralización" atenúa en la práctica la contradicción poder central versus poderes regionales que presidió el nacimiento del Brasil independiente.
"La ciencia política, en Brasil, encuentra su límite en la bala del capanga" (Machado de Assis). El régimen político y el régimen de propiedad de la tierra forman una unidad. Los resultados de los diferentes regímenes de los EE.UU. y de Brasil pueden ser medidos en cifras: mientras en el primero el número de manufacturas pasa de 123.000 a 354.000 entre 1848 y 1870, en este último año tenemos en Brasil… sólo 200. Mientras en los EE.UU., en 1861, 32.000 millas de vías férreas unifican el territorio, ya casi totalmente ocupado, en el mismo año estaba comenzando la construcción de la primera vía de ferrocarril en el Brasil de los latifundios semideshabitados.
En el Brasil, la unidad fue producto de un poder central fuerte que debilitó políticamente a la Nación (sometida a los poderes regionales de hecho y a la presión extranjera). Si en los EE.UU. la ocupación de tierras (sobre todo del Oeste) fue resuelta, por la presión de la burguesía industrial del norte, en favor de la pequeña propiedad (y por lo tanto, de la ampliación del mercado interno), en Brasil fue resuelta en favor del latifundio (o sea de la reducción del mercado interno), por la ausencia de una burguesía industrial o de una clase social suficientemente fuerte como para luchar contra el latifundio (como los granjeros de EE.UU.), inexistentes en la época colonial. La ausencia de esa clase hace que el latifundio sea una fuente estrecha de acumulación capitalista y no la extensión en sí de la propiedad agraria (si no fuera así, la estructura latifundista de vastas regiones norteamericanas habría impedido el desenvolvimiento del capitalismo industrial en los EE.UU.).
Renta agraria y capitalismo
En el siglo XX, la era del imperialismo, el desarrollo brasileño experimentaría todas las dificultades vinculadas a "la desproporción creciente entre la industria, de desarrollo formidable, y la agricultura, atrasada", en la palabras de Bujarin (La economía mundial y el imperialismo). La agricultura es la primera rama productiva que entra en la crisis crónica típica de la era de los monopolios, como ya constataba Kautsky, a inicios del siglo, en el clásico La cuestión agraria: "Desde hace 20 años, los economistas liberales nos profetizan el próximo fin de la crisis agraria. Y sin embargo, cada día aumenta, se agrava y se extiende el mal. No hay que ver en ello un fenómeno pasajero sino un fenómeno constante, una verdadera revolución político-económica". Las posibilidades de acumulación a partir de la capitalización de la renta agraria están desde ahora limitadas crecientemente por la caída progresiva de los precios agrícolas internacionales (el "deterioro de los términos de intercambio"), y por la exigüidad del mercado interno de los países exportadores de productos agrarios pues, como ya decía Kautsky, "no es en el proletariado obrero donde el capitalismo industrial busca su más importante mercado sino en la masa no proletaria, ante todo la campesina".
El poder de los propietarios agrícolas descansa en la renta absoluta de la tierra. La distribución en cuotas proporcionales de la ganancia que se forma en la agricultura es impedida por la propiedad de la tierra, la cual, siendo un monopolio, pretende para sí una parte de dicha ganancia y se apropia de la diferencia entre valor y costo de producción. La propiedad de la tierra hace, por lo tanto, aumentar el precio de los productos agrícolas (no su valor) en una cantidad igual a la renta absoluta, que viene a constituir una especie de impuesto que recae sobre toda la sociedad.
El atraso de la agricultura en relación con la industria constituye una de las manifestaciones fundamentales de la ley del desarrollo desigual del capitalismo, y no se desprende de la naturaleza del suelo sino de las relaciones sociales. La renta absoluta puede ser eliminada en el régimen capitalista mediante la nacionalización de la tierra. La nacionalización, aboliendo la propiedad privada, no eliminaría la renta diferencial sino que la transferiría al Estado, mas permitiría, con la supresión de la renta absoluta, reducir el precio de los productos agrícolas en una magnitud igual a la de la renta absoluta. Aboliendo el monopolio de la propiedad privada de la tierra, haría posible un mayor desarrollo de la agricultura: por eso fue defendida aun por economistas burgueses.
La burguesía, según Marx, no tuvo la osadía de nacionalizar la tierra, pues el ataque contra la propiedad privada de la tierra hubiera resultado peligroso para las otras formas burguesas de propiedad. Además, el capitalista industrial se ha vinculado como clase a la propiedad privada de la tierra. No puede haber, pues, un movimiento burgués serio a favor de la nacionalización de la tierra por la simple razón de que ninguna clase social actúa contra sí misma. Ricardo no tomó en consideración la renta absoluta; aún más, la negó, admitiendo sólo la renta diferencial. La formación de la renta absoluta está vinculada al hecho de que a causa del atraso de la agricultura respecto de la industria, la composición orgánica del capital agrícola es más baja que la del capital industrial. En la agricultura, la cuota del capital variable (salarios) es proporcionalmente más alta que en la industria. Como consecuencia de esto, en la agricultura la plusvalía es más elevada que la media, y el valor de los productos es, en general, superior.
La renta absoluta es común a todos los terrenos, independientemente de su localización o calidad. Dejada de lado la inferioridad de la composición orgánica del capital, la propiedad del suelo solamente crearía renta dentro de la especulación. Así, toda renta fundiaria deriva del monopolio, y "la única barrera al superbeneficio agrícola es el mercado. La tierra bajo la forma de monopolio de cantidad limitada explica la renta absoluta. Bajo la forma de monopolio de calidad diferenciada, explica la renta diferencial. El mecanismo social que crea la renta es unificado y el superbeneficio agrícola, único. Las dos formas de renta tienen la misma causa, el monopolio relativo de la tierra" (7). Para Lenin, "la teoría de la renta presupone que toda la población agrícola haya sido dividida completamente en latifundistas, capitalistas y trabajadores asalariados, lo que es el ideal del capitalismo, pero no la realidad" (8).
Latifundio y modernidad
El desarrollo capitalista, aun atrasado, implica una transferencia del poder del latifundista a la burguesía, en la medida en que "gran parte de la producción campesina es absorbida por el arriendo y diversos tipos de acuerdo para compartir la cosecha. No obstante, la explotación del campesinado no se limita a los terratenientes; diversos grupos sociales comparten la producción campesina a través de la renta, los intereses sobre préstamos, los impuestos, etc. Los términos del comercio desfavorable para el productor campesino transforman el intercambio de mercado en otro canal de explotación del campesinado por parte de la sociedad urbana en general. El capital generado en la agricultura es, frecuentemente, absorbido por el sector terciario urbano, con una nueva burguesía urbana tomando a su cargo gran parte de la función de los terratenientes tradicionales. Gran parte de los intermediarios cumple funciones en la economía política de las sociedades campesinas. Representan a los terratenientes (inspectores, etc.) o a las grandes organizaciones burocráticas (compradores, recaudadores de impuestos). En algunos casos son empresarios libres. Sin embargo, no se trata de simples mediadores, agentes honestos entre los diferentes grupos sociales y poderes. Su posición social entre los poderosos y los oprimidos hace que sus tendencias explotadoras se dirijan contra los campesinos como una cuestión de hecho" (9).
La forma más transparente de sumisión de la agricultura al capital está en la agroindustria. Es una situación de monopolio, donde un conjunto de productores agrícolas independientes se sitúan como proveedores de insumos frente a monopolios industriales. No es el capital industrial invertido en la producción agrícola sino la subordinación de la agricultura para transformar el proceso de reproducción del capital industrial. La producción capitalista en la agricultura posee especificidades: la importancia del factor natural, la tierra, el mayor tiempo de rotación del capital y la dificultad de compatibilizar el flujo de gastos con el de ingresos determinan un tipo diferente de financiamiento en relación con el industrial.
En Brasil, hasta 1950, la necesidad de capital dinero en la agricultura era pequeña debido a la desmonetización parcial de la producción: relaciones de producción atrasadas, bajo nivel técnico, producción de diversos insumos dentro de la propia unidad productiva. Para algunos cultivos existían fuentes de financiamiento diferenciadas con institutos estatales (azúcar, café), pero no líneas de crédito especiales para el conjunto de la agricultura. Con el desarrollo capitalista, la necesidad de capital dinero acompañó el uso creciente de herramientas e insumos en la producción.
Surgen, entonces, los financiamientos subsidiados del Banco del Brasil, de los bancos oficiales y particulares, junto con la tecnificación y la eliminación de los cafetales viejos y deficitarios de San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais. El programa de erradicación del café, completado en los años 60, eliminó los cafetales antiguos, de baja productividad y calidad, carentes de mercado. Fueron expulsados, de las fazendas, los colonos residentes, acabando con el sistema de colonato que imperara durante setenta años, después de la abolición de la esclavitud (1888). Lo mismo sucedió en el Nordeste, donde la modernización tecnológica expulsó a los moradores para recuperar las tierras en que producían sus propios alimentos: surgen los clandestinos, o bóias-frias. En la década del 60, también, comienza en el Amazonas la expulsión de posseiros y seringueiros (productores independientes de caucho). En 1965, se creó el Sistema Nacional de Crédito Rural: con créditos subsidiados, se aseguró que parte de las captaciones bancarias fuese hacia la agricultura, garantizando el uso de insumos modernos y la articulación de los propietarios rurales con la industria y la agroindustria.
En la década del 60, surge un departamento productor de insumos agrícolas y, con ello, la industrialización de la agricultura, que pasa a operar como un ramo industrial. Simultáneamente, en toda América Latina, se redujo proporcionalmente la fuerza de trabajo agrícola: en 1950, la población económicamente activa en la agricultura representaba 54,7% del total; en 1970, 40%, y en 1980, 34,9%. La población que vivía de la agricultura era, al final de la década del 80, de 126 a 130 millones de personas: 30-40 millones en Brasil, 25-30 millones en México, 10 millones en Colombia. La fuerza de trabajo era de 40 millones, incluidos los pequeños propietarios y los trabajadores sin tierra.
Latifundio y monopolio
La concentración de la producción hizo surgir los monopolios agrícolas. La renta de la tierra se fue fundiendo con el lucro del monopolio. La explotación del campesino se da a través de la venta de productos con precio (alto) de monopolio y la compra a precios artificialmente rebajados; el surgimiento de una capa de intermediarios capitalistas, que lucran a expensas del trabajador rural y del urbano; la ruina de los campesinos durante las crisis, cuando se ven obligados a vender sus tierras a precios ínfimos. Monopolios industriales y bancos se benefician a través de los altos precios de los productos industriales, de la duras condiciones de crédito, con el Estado contribuyendo vía altos impuestos. Los campesinos se endeudan, viven precariamente, pierden tierras y bienes, concluyendo por engrosar las filas del proletariado (agrícola o industrial).
El excedente pasa a ser retenido por los oligopolios, vía elevación de los precios de los insumos (producción) y atribución de costos mayores a la comercialización (circulación). Los pequeños productores no pueden formar un fondo de acumulación. Sus productos deben ser baratos, para garantizar el poder de compra del trabajador industrial y de servicios, que no es beneficiado por aumentos salariales.
En los años 70, como consecuencia de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) hubo varios megaproyectos de inversión, en cuyo cuadro se situaron los proyectos de agricultura irrigada para el Nordeste, con vistas a atenuar las disparidades regionales y las "desigualdades sociales". Su resultado fue apenas una redistribución monopolista. La política de crédito rural subsidiado ilustró la triple alianza entre industrias, bancos y latifundios. Sólo los grandes propietarios tienen acceso al crédito, en los programas más ventajosos, porque sólo ellos pueden comprar los insumos requeridos: tractores, abonos y agrotóxicos en gran escala, cosechadoras, etc. Los bancos ganan haciendo el préstamo y también lucran los fabricantes industriales de esos insumos.
En toda América Latina, el desarrollo capitalista refuerza el latifundio: "El área media de los establecimientos varía entre 8 hectáreas (ha) en la República Dominicana y 379 en Bolivia… En Argentina, Chile y Brasil, las áreas medias son superiores a 100 ha (368, 227 y 112)" (10). El concepto de área media deforma la realidad, al contrapesar el peso del latifundio con los numerosos minifundios, ambos valiendo una unidad en el cómputo del promedio. En Brasil, en 1978, las grandes explotaciones superiores a 1.000 ha, representando 1,8% del total, ocupaban 57% del área total, con 3.200 propiedades gigantes que reunían 102 millones de ha, tres veces más que el área de 2 millones de minifundios. En 1989, 6.700 latifundios tenían el mismo número de hectáreas (más de 127 millones) que 4.166.000 pequeños productores. En cuanto a la participación en la renta agrícola, el 1% más rico tenía 10% en 1970, y 30% en 1980, mientras el 50% más pobre tenía 22% en 1970 y sólo 15% diez años después (11).
Mientras la producción per capita de alimentos básicos disminuía en relación con 1964, aumentaba la exportación de productos agro-industriales, y también la pobreza de toda la población, especialmente en las áreas rurales (73% abajo de la línea de pobreza en 1990). Junto a los latifundios, los minifundistas agrupaban 3.200.000 activos, más del 20% de la fuerza de trabajo agrícola, con 1.400.000 unidades productivas (12).
Desarrollo desigual y parasitismo
El desarrollo capitalista no eliminó el atraso agrario y el desarrollo desigual, al contrario, lo aumentó. Mundialmente, la agricultura usa 69% del agua disponible, la industria 23% y las residencias 8%. En los países atrasados, la agricultura llega a usar 80% del agua, con gran uso de agrotóxicos y fertilizantes, que contaminan los ríos. En Brasil, además, el Sudeste representa 59,2% del PBN, con San Pablo que produce 35,4% (44% de la producción industrial), en un área relativamente pequeña del territorio brasileño.
Otro índice del parasitismo latifundista: según el INCRA (Instituto Nacional de la Colonización y Reforma Agraria), los minifundios representaban 72% de las propiedades en 1972, pero ocupaban 12% del área total y, aun así, eran responsables por casi 50% del área plantada con productos básicos de alimentación (arroz, porotos, habas, mandioca y maíz) y también por más de 30% del área plantada con productos de transformación industrial.
En cuanto al inmenso Nordeste, la política estatal la especializó en frutas y vegetales de exportación. El semi-árido nordestino es la mayor área semi-árida tropical del mundo, con condiciones ideales de agua, luz (más de tres mil horas de sol anuales) y calor (temperaturas altas y regulares entre 25 y 30 grados, con baja humedad relativa del aire) para aquellas culturas. La disponibilidad hídrica se debe a que los ríos nacen en lugares más húmedos y se dirigen para el NE. El resultado de décadas de megaproyectos es que el NE es hoy la segunda región más poblada del país, con el mayor porcentaje regional de población rural, con el menor producto per capita, y la mayor "concentración de renta" (polarización social): el producto bruto per capita del NE equivale al 47,2% del promedio brasileño.
La dictadura militar fue la época de oro del latifundio: en 1978, las explotaciones de más de mil hectáreas (1,8% de los inmuebles catastrados) ocupaban 57% del área total. La expansión del área total catastrada entre 1967 y 1978 fue de 47.700.000 ha, de los que correspondían a las explotaciones gigantes (más de 10.000 ha)… 45 millones (más de 95% de la expansión de la frontera agrícola en la década)! El "superlatifundio", 3.200 propiedades gigantescas, reunió 102 millones de hectáreas, una superficie semejante a la del Perú, Bolivia o Colombia (y superior a casi todos los países de Europa Occidental, considerados separadamente).
El Estado fue el agente de ese avance, a través del crédito rural, que llegó a alcanzar un monto semejante al valor total de la producción agraria, y del que fue sistemáticamente excluido el 80% de los propietarios rurales (4 millones). En el millón restante, persiste la desigualdad: los "menores" (50%) recibían 7,4% del crédito (1969) y 5,2% (1979), mientras que los "mayores" (apenas 1%) recibieron 25,7% en 1969 y 38,5% en 1979: los 5% "más ricos" aumentaron, en ese período, su participación en el ingreso rural de 27,7% a 42,2%, una orgía latifundista.
El desarrollo desigual llegó al máximo: "De los poco más de 362.000 tractores producidos en la última década, 78.800 fueron al estado de San Pablo, 70.700 a Río Grande do Sul. Paraná, Minas, Santa Catarina y Goiás se distribuyeron 40 mil tractores entre 1970 y 1980, con el resto distribuido entre los otros estados. Lo mismo ocurrió con el uso de fertilizantes químicos y agrotóxicos, que se concentra en el Sur: 73,6 kilos por hectárea para el Brasil, en promedio, pero 180 kilos para el estado de San Pablo" (13).
Latifundio y atraso
Además de suministrar mano de obra barata para los monopolios industriales, por la expropiación de los pequeños productores, el latifundio crea el minifundio (porque el desarrollo industrial nunca acompañó la velocidad de la concentración agraria): "Monopolizando parte importante de las tierras, siempre las más fértiles y accesibles, la población rural expulsada debe dividir una parte ínfima, la menos fértil, la más accidentada y distante. Los minifundios son también producto de la desintegración de los grandes dominios que agotaron la tierra mediante técnicas depredadoras, y se fragmentaron. La microexplotación es el complemento funcional del latifundio. Da a su propietario lo que no es producido en el latifundio, pero no en cantidad suficiente para sobrevivir, lo que lo ata a su parcela y al mismo tiempo lo obliga a emplearse en el gran dominio. El minifundio contribuye a fijar la mano de obra que el gran propietario precisa para realizar la agricultura comercial" (14).
El desarrollo capitalista implica, entonces, también la fijación de relaciones precapitalistas, de producción familiar, o sea, es el desarrollo del atraso: en 1950, los miembros no remunerados de la familia eran 54,8% de la población ocupada en la producción agropecuaria (casi 11 millones de personas); en 1975, ya eran 80,5% (de un total bastante superior a 20 millones). En la década del 80, salarios y precios recibidos por los agricultores se mantuvieron casi constantes, mientras el precio de la tierra se duplicó (15).
El minifundio y la producción familiar crecieron en el cuadro de la peculiaridad brasileña de la constante expansión de la frontera agrícola. Los establecimientos basados en trabajo familiar (en el Brasil, hasta 20 ha) pasaron de 3,2 millones en 1970 a 4,3 millones en 1980. En el mismo período, los posseiros (sin título legal de propiedad) pasaron de 811 mil a casi 900 mil: es el campesino expulsado el que fue hacia áreas inhabitadas (la mata), o sea, que no emigró a la ciudad ni fue absorbido como asalariado por la fazenda.
La gran propiedad capitalista es básicamente especulativa e improductiva, lo que contribuye a la carestía de la vida, la estrechez del mercado interno y el bloqueo consecuente de las fuerzas productivas: el valor de la producción capitalista es apenas 24,4% del producto agrícola; el de la pequeña producción, que cultiva 32,5 millones de hectáreas (66,2% del área cultivada total) era de casi 51% del producto agrícola total, a finales de la década del 80. El crecimiento agrícola en la fase del milagro quedó muy atrás del industrial (menos del 5% anual) y se concentró en las áreas de exportación, reduciendo relativamente la oferta interna de alimentos: en 1966/67, las exportaciones no llegaban a 12% de la producción agrícola, mientras en 1973 ya eran responsables por casi 19%. En la década del 70, la población urbana creció a un ritmo del 4,5% anual, muy superior al de la oferta alimentaria.
Así se explica que, mientras el valor y el volumen de la producción agraria crezcan, el salario real caiga junto al nivel de vida. En 1968, el consumo de arroz por habitante era de 49,5 kg anuales, en 1978 de 47. En el mismo período, el feijão (frijol) cayó de casi 27 kg a 21, y llegó a 18,3 en 1979. En 1971, el salario medio mensual adquiría 46 kilos de carne bovina, o 69,3 de carne avícola, o casi 43 de porcina; en 1979, 28,7, 50,2 y 28,6, respectivamente (17).
El predominio social de la producción familiar no es un índice de su superioridad frente a la capitalista: "Esos establecimientos, de escasa productividad, albergan a la aplastante mayoría de la población rural bajo condiciones de vida muy precarias. La salida del asalariamiento en la economía rural es muy estrecha cuantitativamente, y muy precaria en materia de condiciones de vida y trabajo" (18). La reproducción de toda la fuerza de trabajo (urbana y rural) queda entonces comprometida: en términos de disponibilidad para el consumo humano, hubo una caída de 20% por habitante-día, siendo las peores en feijão (ítem básico) y mandioca. En 1965, la disponibilidad calórica por habitante-día era de 3.148; en 1967 de 3.033; en 1979, de 2.986 (19).
Latifundio y Estado
La valorización del capital de la burguesía agraria, cada vez más ligada a la realización de la plusvalía en el mercado mundial, estrecha sistemáticamente el mercado interno: entre 1977 y 1983, la producción de alimentos por habitante cayó más de 25%, mientras que los exportables crecían 7%, con la caña de azúcar creciendo casi 57% (20). El crecimiento de este último rubro, basado en el programa de alcohol (para sustituir la nafta) fue una monumental operación de saqueo del Estado por los usineiros y los bancos: en 1980, los financiamientos eran otorgados con tasas del 25% anual, contra una inflación del 110%. El barril-equivalente de alcohol era producido a un costo de 72,5 dólares, en el mismo momento en que la gasolina de mejor calidad era vendida a 40 dólares el barril en Rotterdam (21).
El alcohol es crecientemente exportado para obtener divisas para el pago de la deuda externa: atraso agrario, obsolescencia industrial, déficit público, deuda externa e interna, e inflación, estaban unidas en una cadena, en cuyas puntas se encuentra siempre el capital financiero internacional. Esto explica "todas las distorsiones que hacen de la Petrobrás la vaca lechera no sólo de los barones del alcohol sino también de las empresas extranjeras del sector petroquímico. El precio de la nafta petroquímica es comercializado a 170/180 dólares la tonelada. El gobierno obliga a Petrobrás a venderla a 99,3 la tonelada, con plazo de 30 días para el pago de las facturas (en la época de la inflación, OC). Este subsidio es uno de los elementos de liquidación de la Petrobrás, representa la pérdida de 5 mil millones de dólares anuales" (22).
La inversión estatal no escapa a las leyes del mercado capitalista, que en período de contracción convierte al activo inmovilizado por el Estado en un peso muerto para la valorización del capital en su conjunto (de ahí la ola actual de privatizaciones), esto porque la inversión estatal, canalizando los flujos de inversión, nunca sometió a una racionalidad a la inversión capitalista: al contrario, aquélla siempre estuvo sometida a la anarquía propia del ciclo del capital.
Históricamente, la burguesía se propuso resolver la "cuestión agraria" para quebrar el dominio político de las oligarquías, valorizar el conjunto del territorio nacional y contener las sistemáticas revueltas campesinas. El Estatuto de la Tierra y del Trabajador Rural, promulgado por el golpe de 1964, se proponía, en las palabras de Delfim Netto, "un plan de integración nacional que representa la conquista de un nuevo país, dentro de la nación brasileña. Vamos a empujar la frontera para conquistarlo" (23). El balance histórico de la burguesía es un completo fracaso en la eliminación del latifundio, promover el acceso democrático a la tierra y generalizar las relaciones capitalistas: "La remuneración de la fuerza de trabajo en el agro asume hasta hoy formas no capitalistas o precapitalistas de asalariamiento indirecto, parcial o en especie; el colonato de la cafecultura paulista, diversos tipos de aparcería o arrendamiento, así como otras modalidades semejante de subordinación" (24).
La Revolución de 1930 programó "reducir al mínimo posible todas las formas de latifundio, especialmente en las fajas de territorio próximas al litoral y a las vías de comunicación", creando una legislación impositiva y de desapropiación que quedó en el papel. Nacieron después "las iniciativas reformistas, radicales o moderadas, que se redujeron durante décadas a una dimensión retórica con proliferación de propuestas disueltas en los canales de circulación del poder, olvidadas en los programas, mensajes de gobierno, discursos públicos y comisiones parlamentarias" (25). La fusión de la burguesía industrial con la oligarquía agraria se dio bajo la égida del capital financiero internacional, que se transformó en uno de los mayores latifundistas (con las propiedades de las multinacionales o el Proyecto Jari).
Democracia y dictadura
El Estatuto de la Redentora multiplicó el trabajo por pieza (empreitada) del bóia-fria, al tiempo que la expansión de la frontera "hacia áreas donde la mano de obra es escasa y se recrean formas diversas de esclavitud, incompletas pero incuestionables", con "tasas altísimas de renta de la tierra, exorbitantes en cualquier país capitalista desarrollado" (26). Lejos de ser una variante específica del capitalismo (salvaje), el caso brasileño constituye una variante extrema de las características parasitarias que rigen mundialmente al capital financiero. La evasión impositiva es típica del latifundio: durante la dictadura alcanzó 72% del Impuesto Territorial Rural (ITR) cifra que será superada por la democracia representando apenas 0,044% del valor de las propiedades rurales. Casi 67% de los propietarios de mas de 10 mil hectáreas ignoraban al ITR (27).
Vulgarmente se afirma que, en la Constituyente de 1988 (la ciudadana) los capitalistas modernos "fueron capaces de derrotar al presidente (Sarney) y su Centrão en cuestiones económicas importantes (pero) una decisión controvertida demostró la fuerza de los conservadores. En mayo, los abogados de la reforma agraria sufrieron una severa derrota en la definición del papel de la tierra en la Constitución" (28). En realidad, la Constituyente apenas sancionó el entierro previo de la reforma agraria, con la connivencia de los modernizadores.
El régimen militar había promovido un remate de las tierras públicas, entre latifundistas, empresarios del Centro-Sur y multinacionales. So pretexto de estímulo a la inversión, redujo el impuesto a los réditos en el campo en un 50% e hizo la vista gorda a la evasión del ITR. Los efectos de esas medidas fueron drásticos y rápidos. Pueden constatarse si se compara la forma en que se distribuyeron las tierras nuevas a lo largo de varios años, en las zonas pioneras, dentro de todo el país. Entre 1950 y 1960, el 84,6% de tales tierras fueron ocupadas por establecimientos agrícolas que tenían un máximo de 100 hectáreas, y sólo el 15,4% representó a los establecimientos con más de 100 hectáreas. Entre 1960 y 1970, cuando ya estaban vigentes el Estatuto de la tierra y la política de incentivos fiscales para el desarrollo de la Amazonia, se incorporó el 35% de esas tierras a establecimientos con menos de 100 hectáreas contra un 65% a establecimientos con más de 100 ha. Finalmente, sólo un 0,2% de tierras nuevas se destinaron a establecimientos con menos de 100 hectáreas, mientras que el 99,8% se destinó a los de más de 100 hectáreas (el 75% de esta última área fue ocupada por establecimientos con más de 1.000 hectáreas).
Como resultado, no más de 50 mil personas (2,6% de los propietarios) quedaron dueños de 286 millones de hectáreas cultivables (47% del total). En consecuencia, de 600 millones de hectáreas cultivables, apenas 40 son cultivadas; se creó un caos jurídico en relación con la posesión de la tierra, con títulos fraudulentos equivalentes a 3 o 4 veces el área existente; hubo un principio de disgregación del Estado, pues en las zonas en conflicto, jagunços armados asumieron la represión, con sus financiadores latifundistas organizándose nacionalmente en la UDR (Unión Democrática Ruralista); la lucha de los posseiros y de los sin tierra se tornó nacional y explosiva.
Bajo esas condiciones, el gobierno de transición decretó el PNRA (Plan Nacional de Reforma Agraria) para evitar la descomposición de la situación y resolverla a través de decretos-ley. La izquierda burguesa (moderna) se prestó al juego, asumiendo el MIRAD (Ministerio de la Reforma Agraria) y el INCRA, defendiendo el "choque capitalista", contra el "patrimonialismo". Nélson Ribeiro calmó a los latifundistas "el Brasil es una sociedad capitalista, la invasión de propiedad es un crimen" alertándolos sobre "las razones políticas que tornan impostergable la reforma agraria". El PNRA preveía el asentamiento de 1,4 millones de trabajadores hasta 1989: un defensor del plan admitió que "en los años 70, 15 millones fueron expulsados del campo. En los próximos 15 años, que es cuanto va a durar la reforma, otros millones serán expulsados por la dinámica capitalista de la agricultura" (29). El presidente Sarney, sin embargo, decretó la desapropiación de apenas 23% del área prevista. Uno de los responsables por el PNRA (jefe del INCRA) concluyó que "fue un fracaso total. Menos de 50 mil familias recibieron su lote, en condiciones precarias" (30). Con 4 ministros en dos años (todos de izquierda) el gobierno de la democracia enterró de hecho la reforma por el decreto-ley de 23 de octubre de 1987. El año siguiente, la Asamblea Constituyente se limitó a sancionar lo sucedido.
Desde el inicio de la República (1889), los conflictos agrarios estuvieron en el centro de la lucha de clases en Brasil: "La República no fue inmune a la lucha por la tierra, con características diferenciadas, debido a los cambios habidos en la sociedad, que fortalecieron el poder local de los coroneles, agudizando el deseo de apropiarse de nuevas tierras, sometiendo a las poblaciones y aumentando las tensiones sociales. Hubo fuertes luchas en la Iª República, con los coroneles engrosando y mejorando el armamento de sus jagunços para dominar a los pequeños productores, moradores de sus propiedades, y para disputar espacios territoriales y políticos a sus competidores" (31).
Las luchas agrarias
Las luchas agrarias fueron el telón histórico de las luchas generales de los explotados. De los quilombos antiesclavistas a las revueltas antigubernamentales del pasaje hacia el siglo XX (quebra-quilos, Canudos, Contestado) se verifica el rechazo a la presencia del Estado en las relaciones sociales, destinada a reglamentar, contra los sectores dominados, la creciente mercantilización de las relaciones económicas, la valorización de la tierra y la unificación del mercado interno. Era la rebelión de clases ligadas a formas precapitalistas de producción, que no conseguían superar el nivel local, ni presentar sus intereses como nacionales (32).
En la primera mitad del siglo XX, el eje fue la lucha por la posesión de la tierra, subordinando al conflicto entre patrones y asalariados rurales, frente a la expropiación provocada por el avance del latifundio. Conflictos violentos permanecieron localizados, no se transformaron en nacionales: "Los pequeños propietarios buscaron organizarse en cooperativas y sindicatos, luchando en torno de los precios agrícolas, de los intereses bancarios, como manera de preservar la propiedad familiar. Los posseiros han luchado por la regularización de su situación jurídica, por el respeto a sus posses, por su no traslado a otras áreas. Los arrendatarios y aparceros por el reconocimiento de sus derechos, abriendo procesos judiciales, postergando desalojos, insistiendo en su derecho de permanencia: luchan básicamente por su autonomía y libertad" (33).
En la década del 40, el campesinado comienza a adoptar formas sindicales de organización: en 1946 se crea un sindicato en Campos (Río de Janeiro) seguido de otros en Bahia, Pernambuco y San Pablo. "La agricultura de exportación (caña, café, cacao) que exige elevado número de trabajadores, sobre todo en los períodos de zafra, concentró la inversiones de capital, cuya acumulación implicó la sustitución de las viejas relaciones de moradía por el trabajo asalariado, en un proceso acentuado en los años 50, cuando crece la zona cañera y la expulsión de la mano de obra residente en las grandes propiedades. Esta proletarización, iniciada con la expropiación de los foreiros y moradores, contribuyó para la formación de entidades de clase, como las Ligas Campesinas, a mediados de la década del 50, y los sindicatos rurales, al comienzo de la década siguiente" (34).
En 1940, había más de 200 mil posseiros; en 1960, 356 mil; llegando en 1980 a 900 mil. En 1959, en un balance de la ULTAB (sindicato rural organizado por el PCB) se relacionan 122 organizaciones independientes, con 35 mil trabajadores rurales, y 50 sindicatos, con 30 mil (35). Fue, sin embargo, "con las Ligas Campesinas, en las décadas del 50 y 60, que la lucha ganó dimensión nacional" (36). Rompiendo con la ULTAB, formularon propuestas de movilización y autodefensa armada, pero no consiguieron romper (así como el propio movimiento obrero) con la política nacionalista de la época, y fueron derrotadas por el golpe de 1964: "La fuerza de la Ligas se reveló una realidad decepcionante. Sólo una pequeña resistencia fue intentada por algunos líderes populares con trabajadores rurales y foreiros del NE, rápidamente vencida por la represión. Las Ligas, con la sindicalización rural, estaban en decadencia" (37).
Dictadura y movimientos agrarios
De cualquier modo, el periodo de la democracia populista marcó un salto en las luchas agrarias: "De 1955 a 1964, el movimiento campesino se extendió por todo el país, en Maranhão, Goiás, Paraná, San Pablo, Bahia, Pernambuco, Paraíba, con características propias en cada estado. El movimiento fue debilitado por las luchas entre partidos e instituciones, como la Iglesia Católica, el PCB, las Ligas Campesinas, el Movimiento Sin Tierra, así como de personalidades, como Francisco Julião, Padre Melo, Padre Crespo, Gregório Bezerra, etc. La lucha, inicialmente política, degeneró hacia el exterminio de líderes y trabajadores, como Pedro Teixeira… En áreas como el oeste de Maranhão, el este de Pará y el Bico de Papagaio, en el actual Tocantins, hubo gran matanza de trabajadores" (38).
Luego se produjo el viraje de la Iglesia hacia los conflictos agrarios: "Su gran temor era que los comunistas estuvieran preparando la guerrilla en el campo, situación que no era posible porque desde 1958 la política del PCB era de alianza con la burguesía nacional y otros sectores, con el fin de combatir el imperialismo y promover la concretización de una etapa democrático-burguesa dentro del desarrollo brasileño. No fue hasta 1965 que la Iglesia tomó una posición menos ambigua con relación al problema del latifundismo al admitir que la expropiación, con fines de lograr una reforma agraria, no constituiría un atentado al derecho de la propiedad mientras la indemnización fuera justa, ya sea en dinero o en títulos" (39).
La represión, violenta, fue diferenciada: las Ligas fueron barridas, la CONTAG (sindicato creado en 1963) fue intervenida durante 4 años (64-68), el trabajo sindical posterior se ajustó al Estatuto de la Tierra y al del Trabajador Rural, promulgados por los militares. Después de una década de retroceso, los conflictos pasaron a multiplicarse: a partir de 1974, hay conflictos rurales en todos los estados, y los posseiros llegan a 1,05 millones en 1985, al mismo tiempo que el avance grileiro crea una situación jurídicamente insustentable: "Fuimos a visitar a Tancredo Neves, ya elegido presidente, y él decía que en el sur de Pará nadie aguantaba más, había que hacer la reforma porque nadie sabía quién era el dueño de la tierra, él lo decía, y no era ningún radical" (40).
El proletariado rural pasó de 124.341 personas en 1970 a 1.511.774 en 1976 (17% de los trabajadores rurales) (41), afectando a los estados industriales. Un trabajador migrante de la expansión latifundista nordestina, "sobreviviente de la alta mortalidad infantil, poco desarrollado física e intelectualmente, marginalizado en la periferia de las ciudades, en condiciones precarias, sin saneamiento básico, que se levanta a las 4 de la mañana, se alimenta mal, usa el alcohol como fuente de energía, es transportado en camiones mal adaptados, sin contrato de trabajo regular, sin asistencia médica ¡el bóia-fria es ante todo un fuerte!" (42). Con la lucha de este sector superexplotado, la cuestión agraria golpea las puertas de la ciudad, poniendo la alianza obrero-campesina al alcance de la mano: la huelga de Guariba (en Riberão Preto, estado de San Pablo, la "California brasileña") en 1984, la ocupación de la hacienda Annoni en Río Grande do Sul el mismo año, fueron hitos de ese proceso.
Surgen entonces los primeros congresos nacionales de trabajadores sin tierra, que dan origen al MST, en Curitiba y Brasilia, así como se incrementa la participación campesina en los congresos de la CUT (Central Unica de Trabajadores, surgida en 1983): "El MST ponía el dedo en la llaga y quebraba la aparente unidad en torno de la reforma agraria. El Estatuto de la Tierra no resolvía el problema creado por los latifundios modernos, como en Ribeirão Preto: representaba la política de modernización del latifundio, pues diseñaba como ideal a la empresa rural" (43). La cuestión agraria cambiaba su carácter de clase. Frente a esta cuestión decisiva, "el IVº Congreso de la CONTAG fue usado como plataforma de lanzamiento de la propuesta oficial… Escondió la autoría militar del Estatuto, y propuso como iniciativa un proyecto que el ministro Nelson Ribeiro traía en su portafolio" (44).
Pero contrariando todos los pronósticos acerca de la democracia como calmante de los conflictos de clase, la Nova República fue el teatro de su agudización: en 1986, 768 conflictos implicaron 567 mil personas en un área de más de 10 millones de hectáreas. En ese año y en 1986, 524 trabajadores murieron en conflictos, contra poco más de 50 en 1982, con la UDR latifundista usando abiertamente métodos de guerra civil. El gobierno de la democracia hizo su opción: habiendo reconocido oficialmente la existencia de 12 millones de labradores sin tierra, y de 170 millones de hectáreas ocupadas por latifundios improductivos, de las que 10 millones en situación de conflicto implicando casi 90 mil familias, desapropió apenas 620 mil hectáreas, dando posesión de poco más de 130 mil a 5 mil familias, cifras ínfimas frente a la magnitud del problema.
Orígenes del MST
Según Thomas Skidmore, el papel de la Iglesia en la cuestión agraria, especialmente en el Amazonas, en el Centro-Oeste y el NE (que motivó la expulsión y hasta el asesinato de varios padres extranjeros) se debe a que "otras instituciones de la sociedad civil estaban ausentes o no podían funcionar eficientemente" (45). Esta descripción oculta la profunda crisis de la Iglesia Católica, que se dividió verticalmente (CNBB) y horizontalmente (Comunidades Eclesiásticas de Base, CEB) en torno de la crisis brasileña, luego de haber prestado todo su apoyo al golpe militar de 1964. Ya en las huelgas obreras de 1978-1980, la izquierda católica jugó un papel moderador e intermediario entre el movimiento y el poder militar, al tiempo en que era colocada crecientemente bajo fuego cerrado del Vaticano, lo que hizo pronosticar a un especialista que "sería sorprendente que ganasen más espacio (dentro de la Iglesia)" (46).
El actual MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) surgió de una doble crisis: la del trabajo agrario de la Iglesia (Pastoral de la Tierra y CEBs) y del sindicalismo conciliacionista de la CONTAG, mayoritario en la década del 70: "Teóricamente, son miembros de la CONTAG todos los que no son empleadores rurales, o sea, los asalariados, los pequeños productores, aparceros y arrendatarios, hasta los propietarios minifundistas" (47). En la práctica, en cambio, sucedió otra cosa. Según João P. Stédile, principal dirigente del MST, "el MST existe hace más de 15 años. En un primer período (1979-1983), de retomada de la lucha por la tierra, ocurrieron ocupaciones y movilizaciones en muchas regiones, pero aisladas entre sí. Después de un proceso de mutuo conocimiento y articulación, se constituyó un movimiento nacional, con la realización de un encuentro nacional, en enero de 1984, en Cascavel (Paraná), con representantes de 16 estados" (48).
En el Documento Político Básico del MST se insiste en la importancia de la Iglesia en ese origen: "Tuvo un papel no sólo de apoyo o de aliada sino de dirección de las luchas. La CPT (Comisión Pastoral), sus agentes, padres y hasta obispos, por su trabajo de concientización, capacidad intelectual e influencia de masas, y su vínculo directo con las luchas, asumieron durante cierto tiempo la dirección". Dos ocupaciones, en 1979, dieron nombre al MST: "Por causa del Movimiento de Agricultores Sin Tierra (Master) de Brizola y el PTB, la prensa local dijo: ¡los sin tierra volvieron! Funcionó: fue la prensa que nos bautizó. Esas dos ocupaciones originaron el MST, el 7 de setiembre de 1979. En 3 o 4 meses, los agricultores fueron asentados y fue una gran victoria" (49).
No fue un movimiento local sino nacional, el cual pasó al margen del sindicalismo conciliacionista existente: "Las luchas que marcaron el origen del MST fueron las ocupaciones de las glebas Macali y Brilhante, en Ronda Alta (Río Grande do Sul) en 1979; la ocupación de la estancia Burro Branco, en Campo Erê (Santa Catarina) en 1980, el mismo año del conflicto en Paraná entre 10 mil familias y el Estado, por causa de la inundación de tierras con la construcción de Itaipú; en San Pablo, la lucha de los posseiros de Fazenda Primavera en Andradina, Castilho y Nova Independência; en Mato Grosso do Sul (Naviraí y Glória de Dourados), miles de arrendatarios desarrollaban una intensa lucha de resistencia al desalojo. Otras luchas acontecían en Bahia, Río de Janeiro y Goiás" (50). Fue la lucha en San Pablo la que dio al MST notoriedad nacional: "El descubrimiento del Pontal de Paranapanema por el MST, una enorme área de asentamiento, con lugar para 25 mil familias, donde la propiedad no está siendo disputada en tribunales (pues ya fue probada la ilegalidad de la ocupación por los actuales hacendados) sino solamente el valor de la indemnización, trajo al MST a San Pablo, le dio cuerpo social y nitidez a los ojos de las elites políticas. El MST nació nacionalmente a partir de un hecho estadual" (51).
Este origen pone en su debido lugar la imaginación del inefable James Petras (reproducida en Argentina por Cuadernos del Sur): "El MST, como sus sosias en América Latina (zapatistas mexicanos, movimientos campesinos de Bolivia y Paraguay) representan el rostro humano de las políticas revolucionarias en el mundo pos-Guerra Fria y pos-comunismo". A 13 años de su fundación formal, el MST está organizado en 21 estados, donde ya asentó en ocupaciones de áreas ociosas a 138 mil familias, con 3,7 salarios mínimos mensuales promedio (el promedio brasileño es de 3,82 salarios mínimos por familia). De acuerdo con el MST, hasta 1996 se realizaron 1.564 asentamientos, ocupando un área de 4.870.171 ha, con 145.712 familias. Según Stédile, "la reforma agraria sólo será posible en el marco de la lucha contra el neoliberalismo, el imperialismo y la dependencia del capital. Con un nuevo modelo de desarrollo nacional: nacional, porque atiende a todos los brasileños; popular, porque atiende las necesidades básicas de todo el pueblo".
Estrategia del MST
Al mismo tiempo que privilegia la acción directa, hasta transformarse en sinónimo del radicalismo intransigente en el Brasil, el MST plantea su lucha en el marco de la Constitución de 1988, que legisló, como vimos, en favor del latifundio: "Concordamos con lo que establece la Constitución. Aunque mucha gente diga que el Estatuto de la Tierra era más avanzado, y lo era, si el gobierno realiza un proceso masivo de desapropiaciones, se debe respetar lo que establece la Constitución. Las mejorías deben ser pagadas en dinero, pues se presume que han sido fruto del trabajo. Es una medida justa, pero es necesaria una buena inspección… La tierra se paga en 15 años, con títulos de la deuda pública. Habrá 15 cuotas, lo que también es justo, porque la sociedad precisa tiempo para aumentar la producción y recuperar esos valores. Aceptamos esos criterios" (52).
Los títulos indexados de la deuda pública son una gigantesca operación de saqueo del Estado por toda la burguesía (no es un secreto que existen muchos latifundistas interesados en semejante expropiación). Limitar constitucionalmente la lucha por la tierra no es sólo una astucia legalista sino que la encuadra en los límites del régimen político existente. Pero éste ya probó su incapacidad de realizar la reforma agraria, así como su hostilidad a los explotados de la tierra. Sarney (1985-1990) fijó el objetivo de asentar 1,4 millón de familias, pero sólo lo hizo con 90 mil, en una hipótesis optimista, o sea 6% de su objetivo (insuficiente). Collor (1990-1992) prometió 500 mil, pero frenó la inscripción de nuevas tierras y las desapropiaciones: sólo 23 mil familias recibieron nuevos títulos. Itamar Franco (1992-1994) prometió menos todavía: 20 mil en 1993 y 60 mil en 1994, y benefició a apenas 12.600 en los dos años. Fernando Henrique Cardoso (FHC) prometió en campaña 400 mil títulos, que redujo a 260 mil después de elegido, y se quedó atrás también de esa cifra: 42.912 en 1995, 62.044 en 1996, 21 mil en 1997 (53).
Stédile critica las mentiras ocultas por las de por sí limitadas cifras oficiales: "Se suma toda la historia del Brasil, desde Getúlio Vargas, el primero que colonizó oficialmente, hasta hoy. Las cifras indican proyectos de colonización, que no tienen nada que ver con asentamiento: hay consenso en que hay 150 mil familias asentadas en los últimos 15 años, todas como producto de la lucha, en ningún caso por iniciativa del gobierno". También el PT plantea una reforma en el cuadro del desarrollo capitalista, "articulada con una política de desarrollo territorial y complementación agroindustrial (que) constituye una opción para la dinamización político-económica del interior, de las ciudades pequeñas que gravitan en torno de la economía agraria: 3.300 municipios con menos de 25 mil habitantes" (54) (hay en Brasil poco más de 5.000 municipios). Por ahora, la burguesía brasileña no parece muy interesada en esa dinamización.
Sometido a la influencia eclesiástica y del propio PT, el MST se define como "movimiento no institucional", lo que significa que no plantea una alternativa política general (la actual "Consulta Popular" junto a otros "movimientos populares" no llega a ese nivel). Esto desmiente el panegírico de que "el MST está desarrollando una efectiva estrategia contra-hegemónica y un bloque político poderoso integrando la ciudad y el campo" (55). Al no hacerlo, la reforma agraria, inclusive los asentamientos conquistados por la acción directa, pasan a depender del visto bueno del propio gobierno, o sea, de la liberación de créditos rurales de todo tipo, incluidos los de la reforma agraria, así como numerosos programas complementarios (Procera, PRONERA, etc.).
Reforma agraria y crisis del capital
En las condiciones de crisis capitalista mundial, los gastos sociales son sistemáticamente cortados, y lo que queda es usado como elemento de chantaje sobre el movimiento agrario. La consigna del MST es "ocupar, resistir, producir". A medida que se llega a la última fase, el crédito pasa a ser esencial, lo que, en las condiciones de una de las más altas tasas de interés del planeta, significa que los asentamientos se transforman en rehenes del capital financiero (que da todo tipo de ventajas al latifundio) y ante la perspectiva de su estrangulamiento y quiebra por el capital.
Stédile defiende que "el pequeño productor no puede competir con las grandes propiedades exportadoras, pero no es incompatible con ellas". El MST propone entonces que la pequeña propiedad sea estimulada a producir alimentos, e integrada a pequeñas y medias agroindustrias. Pero este año, la Coordenación Nacional del MST denunció, en setiembre, lo que cabe esperar de la política oficial: "El gobierno gastó apenas 28% del presupuesto aprobado para la Reforma Agraria. Ahora, comprometido en garantizar los elevados beneficios de los bancos, el gobierno retira 181 millones de la Reforma, 14% de todo el presupuesto. Nunca pensó en cortar el pago de intereses, el envío de dólares para el exterior, el pago de las deudas interna y externa. Siempre quiere cortar gastos sociales".
En cuanto al Pronera, el presupuesto garantizaba proyectos de educación de jóvenes y adultos en 1.538 asentamientos, con 100 mil alumnos, en colaboración con 39 universidades. Los cortes del último paquete retiraron 90% de los recursos. Sólo 3 millones de reales serán ejecutados, lo que alcanza para alfabetizar 7 mil trabajadores, en vez de 100 mil. Pero en el mismo paquete, FHC autorizó la renegociación de la deuda de los grandes productores, con alargamiento de los débitos en 20 años y rebaja de las tasas de interés, así como que 100% de los recursos tomados por los bancos para la agricultura sean usados para comprar títulos públicos con corrección cambial.
La Anti-Reforma de FHC
Bajo el gobierno socialdemócrata, el capital promovió una verdadera anti-reforma agraria, acelerada por la propia crisis económica. En 1985, había (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) 23,4 millones de personas ocupadas en el campo, número que cayó a 16,6 millones en 1996. En el mismo período, el número de establecimientos agrícolas cayó de 5,8 millones a 4, 98 millones: casi un millón menos, de los que 600 mil fueron en el sector mayoritario de la agricultura familiar (con menos de 10 hectáreas). El INCRA, a su vez, registra 300 millones de hectáreas improductivas, pero el ITR de 1997, con previsión de 1,2 millones de reales, recaudó sólo 200 millones (¡menos de una coca-cola por hectárea improductiva!). Entre 1985 y 1995 fueron eliminados 5,24 millones de puestos de trabajo en el campo, y en 1996 (FHC) 1,5 millón: bajo FHC también fueron suprimidas 400 mil pequeñas propiedades (para un total de 600 mil en toda la década).
En 1997, Brasil pasó a importar U$S 7,5 mil millones de productos agrícolas (antes producía 90% del trigo que consumía, ahora 66%): actualmente cultiva 7,1 millones de hectáreas menos que en el inicio de la década del 90. Bajo FHC, el área plantada cayó de 38,5 a 35,7 millones de hectáreas (menos del 7,2%): entre 1994 y 1997, los precios recibidos por los agricultores aumentaron 37,5%, mientras que los insumos aumentaron 60,1% (la renta agrícola cayó 59%). El Pronaf (programa de apoyo a la agricultura familiar) liberó 2,5 mil millones, para una demanda de 4 mil millones.
La concentración agraria avanzó como nunca en toda la historia contemporánea, aprovechando la crisis agrícola y la caída del precio de la tierra (menos del 40-50% bajo el Plan Real). Ligado a esto está el avance de los grupos paramilitares de los latifundistas, ahora más integrados con la policía: bajo FHC, fueron ya asesinados más de 150 trabajadores agrarios, con dos masacres, la de Corumbiara (11 muertos) y la Eldorado dos Carajás (19 muertos). Nadie fue preso, como también sucedió con el asesinato de dos líderes del MST en Pará (abril de 1998), continuación de la masacre de Eldorado, pues encabezaban 550 familias que estaban juntándose a otras 690, sobrevivientes de la masacre que se encontraban en el asentamiento Palmares. Y FHC, con sus supuestos 100 mil asentados (fantasías), ¡se proclama el campeón de la reforma agraria!
No es de extrañar que la lucha agraria haya sido más importante que nunca bajo FHC, ahora ya como movimiento nacional organizado, como nunca antes: el MST, originario del Sur, tiene ahora más de 50 mil familias asentadas en el NE. Sus marchas, especialmente la que concluyó con la ocupación de Brasilia el 17 de abril (en el primer aniversario de la masacre de Eldorado), con más de 100 mil personas, se transformaron en el canal de protesta de toda la población explotada del país.
Frente Popular
Es frente a la cuestión agraria que el Frente Popular orquestado alrededor del PT se reveló como una tentativa de estabilización burguesa, al punto de ahuyentar a una parte del electorado petista. En el programa de la União do Povo-Muda Brasil, el capítulo significativamente titulado "Paz en el Campo" propone asentar 1 millón de familias e irrigar un millón y medio de hectáreas, en 4 años, previendo un costo de U$S 12-15 mil por familia asentada (indemnizaciones mediante) sin contar gastos en salud, educación e infraestructura.
Todo esto estaba por detrás de las necesidades objetivas inmediatas, de la explosividad de la situación agraria y de los propios reclamos del MST: asentamiento de 4 millones de familias, créditos de U$S 18 mil por familia, pagables en 20 años (y no en 7), desapropiación inmediata de toda tierra improductiva con potencial agrícola, cobro en tierras de todos los grandes deudores de la Sudene (Superintendencia de Desarrollo del Nordeste), frentes de trabajo en el NE para 2 millones de personas, controladas por comunidades y sindicatos, aumentos salariales y canasta familiar para todas las familias. El programa petista no era claro siquiera acerca de los medios necesarios para su reforma: en la práctica, el PT privilegió, durante la campaña electoral, las relaciones con la moderada Contag (ahora afiliada a la CUT); su Encuentro Nacional Extraordinario rechazó la moción presentada por la izquierda de legalización de las ocupaciones de tierra ya realizadas.
Toda la política de la reforma agraria legal tiene una base falsa, no sólo por la falsedad de los números de FHC sino porque también es falsa la base de cálculo: "El Censo Agropecuario de 1985, del IBGE, apuntó la existencia de 24,5 millones de hectáreas productivas no utilizadas, grandeza sustancialmente diferente a la del INCRA" (56). El uso del ITR como medio de limitar el latifundio improductivo se ha revelado ridículo: la pequeña y mediana propiedad siempre han pagado más impuesto que la grande; en 1994, menos de 40 millones de reales (U$S 32 millones) fueron recaudados con ese impuesto.
El impasse del MST
Los trabajadores rurales forman casi 40% de la población económicamente activa, en sus diferentes categorías. Sobreviven 5 millones de establecimientos familiares, que producen la mayor parte de lo que el mercado interno consume. El sector agrícola produce 50 mil millones de dólares (12% del PNB). La caída de 27% de los precios ha perjudicado a los pequeños agricultores, pues éstos producen para el mercado interno, lo que se agravó con el Mercosur, que eliminó tasas de importación para productos más baratos de los tres socios del Brasil. Hay también 6 millones de asalariados en el campo, temporarios o permanentes, sometidos a migraciones y abandono de sus familias.
Una investigación de la UERJ (Universidad Estadual de Río de Janeiro) muestra que más de la mitad de los habitantes rurales vive por debajo de la línea de pobreza (menos de un cuarto de salario mínimo 25 dólares por cabeza). Son 18.756.494, 3,4 millones de familias de pequeños propietarios, aparceros, medieros, asalariados y trabajadores sin remuneración, 53% de los habitantes del campo: en estados como Ceará, Paraíba y Piauí, suman más de 70% de la población rural.
Frente a ello, la estrategia del MST está frente a un impasse objetivo, por su dependencia frente al Estado en el crédito rural (y su consecuencia combativa, la ocupación de bancos de crédito agrícola y edificios del INCRA), ínfimo frente a la miseria aplastante, del que no se sale promoviendo el cooperativismo socialista en los asentamientos, definido como "la cooperación que nace con el objetivo del autosostén y para intervenir en el mercado (esfera de la circulación), iniciando su liberación del transportista (camionero) y del intermediario (comerciante)" (57).
Tampoco se resuelve planteando que "nuestra gran diferencia es sobre los objetivos económicos, políticos y sociales en las cooperativas, que es cuestión de principios internos" (organización de los cooperativistas en núcleos, distribución democrática de los excedentes). Ni planteando "en términos de organización espacial y geográfica las agrovillas, que permiten la urbanización y facilitan las inversiones sociales en luz eléctrica, agua potable, en escuelas más próximas de los niños" (58). Cerca de 900 escuelas primarias, 1.500 profesores, 300 monitores de alfabetización, 35 mil niños y adolescentes, representan la estructura educacional del MST.
En la práctica, en los sectores cooperativos más antiguos, ya se desarrollan relaciones asalariadas con los campesinos llegados más recientemente. "Nuestro futuro está ligado a la agroindustria", dice José Rainha, símbolo del MST, en relación con la cooperativa más desarrollada, la Cocamp (del Pontal de Paranapanema), que ha recibido créditos para instalar una fábrica de frutas elaboradas, otra lechera y otra de procesamiento de granos, y que espera plantar 2 millones de pies de café en 1999, "transformando al Pontal en la principal región cafetera del estado" (59).
Con la reelección de FHC y la crisis económica, estas perspectivas comenzaron a hundirse, con lo cual el MST "rompió la tregua establecida con el gobierno" y recomenzó las invasiones: un ingenio en Pernambuco, tres haciendas en el NO de Paraná y otras tres en el Pontal de Paranapanema. Todo el mundo sabe, y ahora una investigación demostró, que "la gran mayoría de los asentamientos entre 1994 y 1997 fue consecuencia de invasiones: de 352 en San Pablo, Pernambuco, Goiás, Espíritu Santo, Paraná, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul, 304 fueron de invasiones y sólo 48 de iniciativa del gobierno federal" (60).
Perspectivas
Es bastante idiota criticar al MST, como lo hace un grupejo académico argentino, por su "total irresponsabilidad" (sic) al no organizar milicias campesinas (la burguesía brasileña lo acusa cotidianamente de lo contrario) y, para peor, dictando la norma de que los problemas del campesinado tendrán solución "sólo con un programa que provenga del proletariado" (re-sic) (61). Como eso todavía puede demorar un poco, cabe concluir que ese grupo pretende que los campesinos brasileños se aprieten el cinto todavía más, hasta que no aparezca el "programa" y no sean anunciadas públicamente las "milicias", lo que retrata a un grupo puñetero.
La crisis mundial y la catástrofe económica brasileña acentúan la lucha de clases, llevando el conflicto agrario a una situación explosiva, que repercute en el movimiento obrero. Los asalariados rurales vuelven a estar a la cabeza: cerca de 130 mil cañeros están en huelga en Pernambuco, los patrones les ofrecen 3,16% de reajuste, si aumentan su productividad en… 33% (aumentando la jornada de trabajo), lo que es una provocación.
La alianza obrero-campesina es la base de la revolución agraria y ésta, la base de la revolución del país-continente. Las impresionantes luchas campesinas han sido, en los últimos años, la clave de la radicalización obrera (huelgas petroleras y universitarias) y de la existencia de una corriente clasista en su seno. El desarrollo consecuente de ese combate, con el programa de la nacionalización de la tierra y de la expropiación sin pago del latifundio, conduce hacia la unidad de los explotados, por el gobierno obrero y campesino y la unidad socialista de América Latina.
Diciembre de 1998
Notas:
1. Emília Viotti da Costa. Da Senzala à Colônia, San Pablo, Difel, 1966.
2. Glaucio Ary D. Soares. A Questão Agrária na América Latina, Río de Janeiro, Zahar, 1976, págs. 27-39.
3. Frédéric Mauro. Nova História e Novo Mundo, San Pablo, Perspectiva, 1982.
4. Carlos G. Mota. Nordeste 1817, San Pablo, Perspectiva, 1975.
5. Raymundo Faoro. Os Donos do Poder, San Pablo, Global, 1967.
6. Emília Viotti da Costa. Da Monarquia à República, San Pablo, Difel, 1966.
7. Kostas Vergopoulos. A Questão Agrária e o Capitalismo, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1977, pág. 94.
8. V.I. Lenin. O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, San Pablo, Nova Cultural, 1988.
9. Theodor Shanin. Naturaleza y Lógica de la Economia Campesina, Barcelona, Anagrama, 1976, pág. 34.
10. Manuel Diegues Júnior. Establecimientos Rurales en América Latina, Buenos Aires, Eudeba, 1967, pág. 87.
11. CUT. Cartilha de Política Agrícola, San Pablo, noviembre 1989, pág. 91.
12. José Graziano da Silva. Questão Agrária, San Pablo, Brasiliense, 1994, pág. 75.
13. Francisco Graziano Neto. Questão Agrária e Ecologia, San Pablo, Brasiliense, 1985, pág. 46.
14. Christian Topalov. Estruturas Agrárias Brasileiras, Río de Janeiro, Francisco Alves, 1978, pág. 63.
15. IBGE. Censos Agropecuários, años 1950, 1960, 1970 y 1975.
16. Alberto Passos Guimarães. A estrutura produtiva da agricultura brasileira, Novos Rumos 6/7, San Pablo, 1988, pág. 10.
17. IBGE. Anuário Estatístico, 1980.
18. Guilherme C. Delgado. Capital Financeiro e Agricultura no Brasil, San Pablo, Icone, 1985, pág. 233.
19. Fernando Homem de Melo. O Problema Alimentar no Brasil, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1983, pág. 223.
20. In: Folha de S. Paulo, 2 de octubre de 1983.
21. Eduardo Giannetti et al. Proálcool, Energia e Transporte, San Pablo, FIPE, 1981, pág. 158.
22. Franklin de Oliveira, Istoé, 2 de agosto de 1989.
23. Fernando Morais et al. Transamazônica, San Pablo, Brasiliense, 1970, pág. 56.
24. Tamás Szmercsányi. O desenvolvimento da produção agropecuária (1930-1970), História Geral da Civilização Brasileira, III, vol. 4 (O Brasil Republicano), San Pablo, Difel, 1984, pág. 171.
25. Aspásia Camargo. A questão agrária: crise de poder e reforma de base, Idem, III, vol. 3, pág. 125.
26. Jacob Gorender. Gênese e Desenvolvimento do Capitalismo no Campo Brasileiro, Porto Alegre, Mercado Aberto, 1987, pág. 54.
27. In: Folha de S. Paulo, 14 de mayo de 1989.
28. Riordan Rioett. Brazils transition to democracy, Current History 88 (536), marzo 1989, pág. 118.
29. José Graziano da Silva. Para entender o PNRA, San Pablo, Brasiliense, 1985.
30. Francisco Graziano Neto, Folha de S. Paulo, 23 de mayo de 1989.
31. Manuel Correia de Andrade. A Questão Agrária e as Formas de Luta dos Camponeses pela Posse da Terra, mim., s.d.p., pág. 10.
32. Osvaldo Coggiola. Movimentos operários e socialistas na transição da Monarquia à República, Estudos 12, San Pablo, FFLCH-USP, julio 1989, págs. 7-8.
33. José de Souza Martins. Os Camponeses e a Política no Brasil, Petrópolis, Vozes, 1986, pág. 144.
34. Lia Pandolfi. Nordeste: movimentos sociais, Terra Firme 2, Río de Janeiro, 1985, pág. 22.
35. Élide Rugai Bastos. As Ligas Camponesas, Petrópolis, Vozes, 1984.
36. Ariovaldo U. de Oliveira. A Geografia das Lutas no Campo, San Pablo, Contexto, 1988, pág. 25.
37. Caio Navarro de Toledo. O Governo Goulart e o Golpe de 64, San Pablo, Brasiliense, 1984, pág. 110.
38. Manuel Correia de Andrade. Op. Cit., pág. 14.
39. José de Souza Martins, Pablo González Casanova (org.). Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos, México, Siglo XXI, vol. 4, 1985, pág. 67.
40. Francisco Weffort et al. A Constituinte em Debate, San Pablo, Sofia, 1987, pág. 237.
41. Paul Singer. Dominação e Desigualdade, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1981, pág. 129.
42. J. E. Dutra de Oliveira. Bóias-frias: uma realidade brasileira, ACIESP 30, San Pablo, CNPq, 1981.
43. José Graziano da Silva. Op. Cit., pág. 59.
44. Isaac Akcelrud. Reforma Agrária, San Pablo, Global, pág. 59.
45. Thomas Skidmore. Brasil: de Getúlio a Castelo, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1988, pág. 576.
46. Scott Mainwaring. Igreja Católica e Política no Brasil (1916-1985), San Pablo, Brasiliense, 1989, pág. 280.
47. José Graziano da Silva, Op. Cit., pág. 88.
48. João P. Stédile. A luta pela Reforma Agrária, Revista ADUSP 9, San Pablo, junio 1997.
49. João P. Stédile. O MST e a questão agrária, Estudos Avançados 11(31), San Pablo, IEA-USP, 1997, pág. 71.
50. Bernardo M. Fernandes. Formação, especialização e territorialização do MST, João P. Stédile (org.), A Reforma Agrária e a Luta do MST, Petrópolis, Vozes, 1997, pág. 134.
51. Zander Navarro. Sete teses equivocadas sobre as lutas sociais no campo, João P. Stédile, Op. Cit., pág. 120.
52. João P. Stédile, Estudos Avançados, ed. cit., pág. 82.
53. B.A. David et al. Atlas dos beneficiários da Reforma Agrária, Idem, pág. 52.
54. Maria da Conceição Tavares, Folha de S. Paulo, 27 de abril de 1997.
55. Cuadernos del Sur, Buenos Aires, octubre de 1997.
56. Francisco Graziano. Qual Reforma Agrária?, San Pablo, Geração, 1996, pág. 77.
57. MST. Uma Concepção de Desenvolvimento Rural, s.d.p., pág. 28.
58. João P. Stédile. Entrevista, Universidade e Sociedade 13, San Pablo, s.d.p., pág. 57.
59. O Estado de S.Paulo, 22 de marzo de 1998.
60. Idem, 12 de octubre de 1998.
61. Estrategia Internacional Nº 9, Buenos Aires, julio 1998.
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