Loic Wacqant: “Las cárceles de la miseria”
Loic Wacquant es sociólogo; ha escrito numerosos textos sobre una tendencia creciente del capitalismo a instalar Estados policíacos en las principales metrópolis y por injerencia directa en sus países satélites. Wacquant es profesor en la Universidad de California-Berkley, ha sido invitado a las Universidades de Río de Janeiro, París, Berlín, Los Angeles y Nueva York, y es también miembro fundador del grupo de activistas académicos franceses llamados "Raisons dagir" (Razón de Actuar).
La virtud del libro que nos ocupa (*) es que documenta ampliamente la denuncia del cuadro ultrarrepresivo montado por el imperialismo, y de este modo demuestra que para vender tolerancia cero han tenido que fraguar datos y esconder estadísticas, montando una campaña mediática pocas veces vista.
La política de limpieza de clase (class-cleansing) que es propiciada como panacea universal frente a la inseguridad urbana, por gobiernos, fundaciones, marquetineros y otros charlatanes, dista de tener amplia vigencia en EE.UU.
Por el contrario, las ciudades donde bajó el delito no se llaman Nueva York (feudo del gatillo fácil de Rudolph Giuliani, dilapidador del presupuesto municipal), sino San Diego, Boston, etc., donde se aplican políticas de cooperación activa.
La politica de mano dura de Giuliani es rechazada en la mayoría de las ciudades de EE.UU. Portland, Indianapolis, Memphis y New Haven, entre otras, aplican medidas de cooperación activa que bajan los indices delictivos, y han reducido el nivel de detenciones y de denuncias.
No está de más el recordatorio de la brutalidad asesina y los abusos policiales, torturas sexuales incluidas. Dos hombres negros martirizados simbolizan la imposición de una politica jurídica y policial. Abner Louima, en 1998, fue sodomizado en una comisaría de Nueva York. En 1999, Amadou Diallo recibió 41 balazos en el pasillo de su casa en el Bronx; los policías asesinos fueron declarados inocentes por la corte del condado de Albany.
En marzo del 99, la Oficina de Derechos Cívicos del Ministerio de Justicia del estado de Nueva York señaló: "La política policial de calidad de vida sólo pudo ponerse en práctica escarneciendo los derechos civiles elementales de los neoyorquinos negros y pobres, en primer lugar el de circular libremente sin ser detenidos, cacheados y humillados en público de manera arbitraria."
En 1998, el criminólogo Adam Crawford presentó su libro Crime Prevention and Community Safety: Politics, Polices and Practices (Prevención del crimen y seguridad comunitaria: políticas, policías y prácticas). Allí escribe: "La tolerancia cero es una imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas. ¿Adónde está la tolerancia cero para los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? La tolerancia cero es en realidad una estrategia de intolerancia selectiva".
"La causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales" (1).
En EE.UU., desde hace 20 años por lo menos, impera el "rigor penal", cuyo resultado es la cuadruplicación de la población penitenciaria en un período en que la criminalidad se estancaba y luego retrocedía. Organos directos del gobierno estadounidense se han preocupado por imponer su visión sobre el problema represivo:
1) El Ministerio Federal de Justicia que propagandiza mediante la desinformación sobre criminalidad y encarcelamiento.
2) El Departamento de Estado, a través de las embajadas, milita en cada país por la aplicación de medidas penales ultrarrepresivas.
3) Los organismos parapúblicos y profesionales vinculados a la administración policial y penitenciaria (Fraternal Order of Police, American Correctional Association, American Jail Association, Sindicato de Guardiacárceles, etc.), asociaciones de defensa de las víctimas del crimen, medios de comunicación, empresas privadas ligadas al gran auge del negocio de la prisión (empresas de encarcelamiento, de salud penitenciaria, de construcción, de tecnologías de identificación y vigilancia, de estudios de arquitectura, de seguros y corretajes, etc.).
Acabar con las conquistas sociales y no distraer una moneda
Entre 1975 y 1985, a través de instituciones y asesorías se preparó la llegada de Margaret Thatcher y Ronald Reagan al gobierno de sus respectivos países, mediante un paciente trabajo de demolición intelectual contra el "Estado keynesiano de bienestar".
American Enterprise Institute, Cato Institute, Heritage Foundation y el Manhattan Institute, fogonearon este lanzamiento.
En 1984, la mano derecha de Thatcher, Antony Fischer, y Willian Casey, posteriormente jefe de la CIA, lanzaron la Biblia de los conservadores: Losing Ground: American Social Policy, 1950/1980 , de Charles Murray (2).
Murray, empleado por la administración Reagan, ya había justificado la necesidad de reprimir violentamente los desórdenes provocados por los sectores populares expulsados del circuito de consumo.
Losing Ground: American Social Policy 1950/1980, lanzado para avalar científicamente el ataque general a las masas, contó con el voto del Congreso yanqui, con mayoría demócrata. El texto de Murray dice que, en EE.UU., el motivo del empantanamiento nacional son las políticas de ayuda a los indigentes, ya que se recompensa la inactividad y esto induce a la degeneración moral de las clases populares. También hace hincapié en las "uniones ilegítimas", que son la causa última de todos los males sociales, entre ellos las "violencias urbanas".
Charles Murray era un politólogo desocupado de baja reputación. El Manhattan Institute le pagó 30 mil dólares y lo bancó 2 años para que escribiera Losing Ground; luego, organizó una campaña sin precedentes en torno al libro, apoyándose en sus aliados periodísticos y burocráticos. Regaló mil ejemplares a un selecto número de periodistas, funcionarios e investigadores. A Murray lo hicieron participar en todos los talk shows televisivos, en conferencias universitarias y charlas con directivos de medios de comunicación y comentaristas de prensa.
El carácter trucho de la campaña fue señalado en un artículo de The New Republic (3): "Los invitados al gran simposio sobre Losing Ground, cobraron cada uno 1.500 dólares de honorarios y alojamiento gratuito en los mejores hoteles del centro de Nueva York."
Losing Ground, a pesar de la falta de rigor, de estar plagado de sinsentidos lógicos y de errores empíricos, se convirtió de la noche a la mañana en un clásico del debate sobre la ayuda social en los EE.UU. y en el libro de cabecera de los explotadores de todo el planeta.
Unos años antes, George Gilder escribió otra apología que legaliza la arremetida explotadora, titulada Riqueza y Pobreza. El texto provocó que The Economist lo saludara con un significativo titular: "Benditos sean los que ganan dinero" (4).
Para Gilder, el origen de la miseria en EE.UU. es "la anarquía familiar entre los pobres, concentrados en el interior de la ciudad, provocada por las ayudas sociales que pervierten el deseo de trabajar, socavando la familia patriarcal y erosionando el fervor religioso que son desde siempre los tres principales resortes de la prosperidad".
Bratton, convertido en consultor internacional, estuvo en Buenos Aires contratado por la agrupación de Beliz, Nueva Dirigencia. En una conferencia realizada por Heritage Foundation declaró: "En Nueva York sabemos dónde esta el enemigo: los squeegge-men (fregadores), esos individuos sin techo que acosan a los automovilistas para lavar sus parabrisas a cambio de unas monedas, los pequeños revendedores de droga, las prostitutas, los mendigos, los vagabundos y los autores de graffiti".
Los recursos del Estado auxilian a los ricos y preparan el terror policíaco
En EE.UU., durante las presidencias de Reagan y Bush, la transferencia de recursos económicos de la asistencia social a la represión urbana y a los gastos de defensa nacional profundizó un déficit presupuestario sin precedentes, basado en asombrosos créditos militares y bajas impositivas enérgicas en favor de las familias y empresas más ricas (la deuda pública federal llegó a 5 billones de dólares y al 70% del PBI en 1995, contra un 33% en 1980, y el déficit de la balanza de pagos yanqui superó todos los récords).
En Nueva York, en cinco años de Giuliani y Bratton, aumentó el presupuesto policial en un 40%, hasta llegar a los 2.600 millones de dólares (4 veces más que los créditos de los hospitales públicos). Se contrató un ejército de 12.000 policías más para llegar a un total de 46.000 en 1999. En el mismo período, los servicios sociales perdían la tercera parte de sus créditos y sufrían la reducción de 8.000 puestos de trabajo. Sólo en 1996, en Nueva York fueron detenidas 314.292 personas.
La globalización de la limpieza de clase (Class Cleansing)
"Lo que la reducción del crimen en Nueva York consiguió realmente es que la filosofía elaborada por el Manhattan Institute y la Heritage Foundation se aplicara con gran éxito en otras ciudades" (5).
La experiencia Giulilani es imitada en todos los continentes.
En México, el presidente Zedillo, en agosto de 1998, lanza una "Cruzada contra el crimen" con medidas de tolerancia cero.
En Argentina, León Arslanian, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en setiembre del 98 señalaba que "aplicaremos la doctrina elaborada por Giuliani, los galpones abandonados serán convertidos en galpones penitenciarios (centros de detención)".
En Brasil, en enero del 99, el gobernador de Brasilia, Joaquim Roriz, anunciaba la aplicación de la tolerancia cero y la contratación inmediata de 800 policías civiles y militares. Ante las numerosas críticas que despertó esta política, que hacían notar que se iba a duplicar la población carcelaria con prisiones ya colapsadas, el funcionario replicaba que se construirían nuevas prisiones.
En Francia, en diciembre del 98, el Ministro de Interior, durante el programa "Suena el Teléfono", propone la tolerancia cero a la francesa.
En Alemania, la centroizquieda y la derecha proponen tolerancia cero. La Unión Cristiana Democrática lanza una campaña por el Null Toleranz en Francfurt, y otra contra la doble nacionalidad para no ser desbordados por las declaraciones racistas efectuadas por Gerhard Schroëder: "Los polacos son particularmente activos en el robo de autos; la prostitución es dominada por la mafia rusa; los criminales de la droga vienen del sudeste de Europa o del Africa negra… ya no deberíamos ser tan timoratos con los criminales extranjeros. Para quien viola nuestro derecho de hospitalidad hay una solución: afuera y rápido" (6).
En Italia, en 1997 hace furor la moda represiva. En 1999, Massimo DAlema adopta una serie de medidas represivas: otorga mayores facultades a la policía y destituye al director de la administración penitenciaria, conocido por sus simpatías por los derechos de los detenidos y las políticas de reinserción social.
En Inglaterra, Tony Blair y Jack Straw acuerdan con la represión.
En Ciudad del Cabo, en febrero del 99 la tolerancia cero se aplica contra los grupos islámicos radicalizados opuestos a la corrupción gubernamental. La versión sudafricana hace palidecer de envidia al original neoyorquino: barreras y controles policiales entre barrios, incursiones de comandos armados hasta los dientes en las zonas pobres como Cape Flats, y omnipresencia de las fuerzas represivas en las calles de Water Front, enclave rico y turístico del centro de la ciudad.
En Nueva York, medidas desopilantes si no tuvieran una naturaleza altamente represiva deben vivir los latinos, negros y pobres. Pueden ser arrestados quienes crucen las calles fuera de la senda peatonal, paseen perros sin correas, o carezcan de campanillas en la bicicleta.
Una investigación realizada por el diario New York Daily News señala: "El 80% de los jóvenes negros y latinos de la ciudad fueron arrestados y registrados al menos una vez por las fuerzas del orden."
La hiperinflación carcelaria mundial
Las masas explotadas, expulsadas del mercado laboral y abandonadas por el Estado, son el principal blanco de la tolerancia cero. El desequilibrio económico que provoca la hiperactividad represiva y el derroche de medios que la acompaña, por una parte; y por la otra el atestamiento de los tribunales y la escasez agravada de recursos que los paraliza, tienen todo el aspecto de una denegación organizada de justicia (7).
En EE.UU. hay más de 5.700.000 personas en manos de la justicia, o sea el 5% de los mayores de 18 años (3.260.000 con prisión en suspenso, 685.000 en libertad condicional y 1.785.079 presos efectivos). El 75% de los detenidos son pequeños delincuentes y drogadependientes (8).
La tercera parte adulta masculina de EE.UU., 30 millones de individuos, tiene confeccionadas fichas criminales. Este banco de datos es consultado permanentemente por las patronales para negar empleo y también por las instituciones de asistencia social para eliminar subsidios.
El fichaje genético
En octubre del 98 el FBI puso oficialmente en funcionamiento un banco de datos nacional que contiene el perfil de ADN de centenares de miles de condenados a reclusión, y al cual pronto se sumarán todas las muestras de saliva y sangre recogidas en las prisiones.
En la primavera del 99, la secretaria de Justicia de EE.UU., Janet Reno, recomendó a un grupo de expertos gubernamentales *la National Commission on the Future of DNA Evidence* estudiar la posibilidad de ampliar el fichaje de los criminales comprobados a la totalidad de las personas detenidas por la policía, o sea alrededor de ¡15 millones de norteamericanos por año!
Destrucción de conquistas sociales y expansión represiva
Entre 1979 y 1990, los gastos penitenciarios de los Estados subieron 325% en concepto de funcionamiento y 612% en el rubro construcción; vale decir tres veces más rápido que los créditos militares en el nivel federal, pese a que éstos gozaron de favores especiales en las presidencias de Reagan y Bush.
Desde 1992, cuatro Estados dedicaban más de mil millones de dólares al encarcelamiento. En 1993, EE.UU. gastó 50% más para las prisiones que para la administración judicial (una década antes, ambos presupuestos, judicial y carcelario, eran iguales). Desde 1985 los créditos de funcionamiento destinados a prisiones superan anualmente los destinados a la ayuda social, incluso las sumas destinadas a la ayuda alimentaria a las familias pobres (Food Stamps).
La expansión del rigor penal no sólo fue obra de los republicanos. La administración Clinton colaboró para construir 213 nuevas prisiones. En 1993, el mundo penal de EE.UU. contaba con 600.000 trabajadores, con lo cual se convirtió en el tercer empleador del país, apenas por debajo de General Motors y de Wal-Mart.
En 1980, el salario mensual de un guardiacárcel era de 1.200 dólares; hoy es de 4.500 dólares (gana un 30% más que un profesor asistente de la Universidad de California).
El recorte sufrido por la ayuda social, la salud y la educación
Veamos tres ejemplos:
1) De 1979 a 1989 los créditos penitenciarios aumentaron 95%, los recursos destinados a los hospitales públicos se estancaron, las escuelas secundarias recibieron 2% menos y la asistencia social, 41% menos (9).
2) En los diez años que van de 1988 a 1998 el Estado de Nueva York incrementó sus gastos carcelarios en un 76%, mientras redujo los fondos a la enseñanza universitaria en un 29%. Medido en dinero, significó: 615 millones menos para los campus de la State University of New York y 761 millones más para las cárceles, lo cual significa más de mil millones si se contabilizan 300 millones aprobados separadamente para construir 3.100 nuevas plazas para el encarcelamiento de personas (10).
3) En 1994, George Pataki, gobernador electo por California, restableció la pena de muerte y aumentó los aranceles anuales de inscripción universitaria en 750 dólares, lo cual produjo al año siguiente la deserción de 10.000 estudiantes.
El purgatorio final de la prisión autogestionaria
El costo de cada presidiario en California es de 22.000 dólares por año: 3,3 veces más que el monto del subsidio AFDC (socorro para familias con niños) entregado a familias de 4 miembros.
Los ecónomos de la represión han dispuesto cinco medidas tendientes a lograr la autogestión carcelaria y un control coercitivo social de mayor rigor:
1) Disminuir el nivel de servicios a los internos de los presidios:
Suprimiendo privilegios: enseñanza, deportes, recreación y actividades destinadas a la reinserción.
Achicando las porciones dietéticas.
Anulando el café y los cigarrillos.
Prohibiendo el ingreso de materiales porno.
Eliminando equipos de pesas y gimnasia.
No permitiendo el ingreso de paquetes en Navidad.
2) Aplicar toda la tecnología a un exasperante control de cada minuto de la vida de cada interno.
3) Reintroducir castigos corporales y medidas vejatorias (picado de piedras, limpieza de zanjas con brigadas encadenadas con grilletes, uniformes a rayas y cabelleras rapadas).
4) Trasladar parte del costo económico a los mismos presos y sus familiares. Actualmente 20 Estados de EE.UU. facturan el día de detención a sus presidiarios, les cobran gastos de documentación, hacen pagar las comidas e imponen un arancel para la enfermería y otros para uso de lavandería, taller, electricidad, teléfono, etcétera. Algunos Estados no vacilan en iniciar causas penales para resarcimiento de gastos contra sus ex detenidos que contrajeron deudas con sus carceleros durante su estadía en prisión.
5) Imponer el trabajo descalificado en las cárcele s. Grandes empresas como Microsoft, TWA, Boeing y Konika ya utilizan, a través de subcontratistas, mano de obra prisionera. Los expertos en el negocio consideran el desarrollo del trabajo asalariado carcelario como la fuente más importante de ahorros. Esta imposición despótica de trabajo descalificado, forzoso y sin leyes laborales es la médula filosófica del Workfare; bajo esas ideas se obliga a los desempleados a que acepten trabajos con un salario inferior al subsidio social para eliminar este costo del presupuesto estatal.
La prisión privada, una industria próspera
En 1999 ya existían 17 empresas contratistas que operaban en distintos estados de EE.UU. Estas S.A. se afanan por quedarse con una parte cada día más sustancial de los presupuestos municipales y federal. Dedicadas al negocio de las prisiones, ofrecen un menú de bienes y actividades: proyectos arquitectónicos, financiamiento para la construcción, mantenimiento, administración, seguros, empleados, búsqueda y transporte de presos, etc.
Desde 1983, esta actividad comercial ha multiplicado la cantidad de plazas (capacidad de celdas) de manera geométrica. En 1998, 4.630 plazas; en 1993, 32.555; y en 1998, 132.572.
Cotizan en Wall Street
Desde que Corrections Corporation of América, Correctional Service Corporation, Securitor (con sede en Londres) y Wackenhut comenzaron a cotizar en Bolsa, la industria carcelaria, que mueve 4.000 millones de dólares anuales, es una de las niñas mimadas de Wall Street.
Este fenomenal negocio hizo que sólo en 1996 se construyeran 26 prisiones federales y 96 penitenciarias estaduales. La publicación gráfica especializada en el rubro es Corrections Building News, y tiene una tirada de 12.000 ejemplares.
Desde hace unos años, American Correctional Association organiza una exposición anual de la industria carcelaria que dura 5 días. En 1997, en Orlando se reunieron 750 empresas que expusieron sus productos y servicios: esposas, armas de asalto, cerrojos y rejas a prueba de fallas, mobiliario para celdas, elementos cosméticos y alimentarios, sillas de inmovilización, cinturones de descarga eléctrica mortal, programas de desintoxicación, sistemas de vigilancia electrónica, programas de computación, bases de datos, etc.
Registrando la profundidad del fenómeno, Fortune Magazine (11) publicó una nota con el título de "Cómo enriquecerse gracias a las empresas que crecen más rápido", en la que dice: "¿Aspira usted a obtener retornos elevados de sus inversiones, pero desconfía de las acciones sobrevaluadas (burbujas) de las grandes empresas (Blue Chips)? Las acciones de Mac Afee Associations, que fabrica programas antivirus, treparon, en 3 años, un 1.967%; las de Computadoras Dell 1.912%; y las de Corrections Corporation of America, que maneja cárceles privadas, un 747%, lo cual es un magnífico montón de plata."
Educación con represión y cárcel como exclusión
Desde 1998, en Europa circula una ley sobre crimen y desorden, que suprime la "doli incapax" para los niños de 10 a 13 años, instaura vedas horarias (estado de sitio) para los menores de 10 años y autoriza un régimen de libertad vigilada para los preadolescentes desde los 10 años y su detención a partir de los 12 años por "conducta antisocial".
España, Holanda, Italia y Alemania han reducido la edad de responsabilidad para penalizar a los adolescentes y establecieron la responsabilidad solidaria de los padres, civil y penal.
En EE.UU. e Inglaterra acaban de votar leyes que autorizan el encarcelamiento de los preadolescentes y su arresto por simple conducta antisocial, con el argumento "de que ahora se puede estar al acecho a los 10 años, robar un auto a los 13 y matar a los 16".
En Kent (Inglaterra), en 1998, abrió sus puertas la primera prisión para niños bajo el beneplácito del gobierno laborista, asociado con una empresa privada.
En Rotterdam (Holanda) se creó una Oficina de Vigilancia (contra los jóvenes), la cual va a seguir etapa tras etapa a la totalidad de los menores de 18 años de esa ciudad *130.000 personas* para de esa forma identificar desde la más tierna infancia "a las familias con problemas múltiples y los medios de socialización delictiva".
La Oficina, mediante cuestionarios entre los escolares, evalúa el bienestar material, emocional y cognitivo, las características de su medio social y su propensión a las conductas riesgosas (consumo de alcohol, estupefacientes, juegos y apuestas por dinero, delincuencia, etcétera).
Los docentes llenan un formulario que aporta el comportamiento de cada alumno (enfermedad, ausentismo, confianza en sí mismo, hiperactividad o nerviosismo, agresividad o conductas desviadas).
En 1998, en Rotterdam, estaban fichados 7.000 niños entre 11 y 12 años; dentro de pocos años estarán fichados todos los jóvenes entre los 0 y los 12 años.
El ministro del Interior socialista francés, proclamó la reapertura de los presidios para niños "para encerrar a los salvajes". Los diputados de izquierda fueron más lejos: mediante un informe elaborado por C. Lazergues y J. P. Balduyck, titulado "Réponses á la délinquance des mineurs", plantearon "que deberían ser encarcelados los padres de los jóvenes delincuentes reincidentes".
Elisabeth Guigon, ministra de Justicia, arengó a 1.500 secretarios seccionales del PSF, reunidos en La Mutualite, diciendo: "No se pueden encontrar soluciones ni en lo puramente educativo ni en lo puramente represivo, hay que combinar ambos aspectos" (12).
La izquierda pluralista gobierna mediante el Estado policíaco
La politica de represión y arbitrariedad contra los negros conocida como "Ley y Orden" fue elaborada por los Estados más retrógrados del sur norteamericano. En 1968, Richard Nixon la desempolvó para enfrentar la creciente ola de movilizaciones afroamericanas y para reprimir al Movimiento por los Derechos Civiles.
La izquierda pluralista que dirigió las últimas carnicerías desatadas por la Otan, ha adoptado como propia la consigna "Ley y Orden".
En setiembre del 98, Le Monde publicó un llamamiento en favor de leyes más severas para combatir el delito. El texto, firmado por Regis Debray, se titulaba: "Republicains nayons pas peur". Este izquierdista daba por sentado que pobreza, desocupación, inmigración y delincuencia son sinónimos. Reconvertido, se interroga: ¿significa acaso ceder a los cantos de sirena del racismo, comprobar que los barrios que tienen mayores problemas de violencia son aquellos donde la inmigración irregular está más difundida?
Los socialdemócratas suecos y los socialistas franceses de regreso al poder (1994 y 1997), se cuidaron mucho de derogar, como lo habían prometido durante sus campañas electorales, las leyes de seguridad votadas por los gobiernos conservadores que los precedieron.
Cuando en 1994 el Partido Laborista inglés era oposición, sus dirigentes juraban que cuando volvieran al gobierno eliminarían las cárceles con fines de lucro, diciendo que "las empresas privadas no deben sacar provecho del castigo estatal".
En 1997, el izquierdista Jack Straw, a punto de ser nombrado ministro del Interior por el Partido Laborista, prometió honrar los contratos suscriptos con los privatizadores de las cárceles; no obstante, se comprometió a no abrir nuevos establecimientos. Un mes después Straw anunció al Parlamento que no era posible estatizar la prisión de Blackenhurst, un instituto penal privado de Midland, cuyo contrato había caducado, e invitaba a los privatizadores a participar de una nueva licitación.
Tony Blair y su gobierno de la Tercera Vía hicieron suyo el slogan de los tories "Dureza con el crimen, dureza con las causas del crimen"; es decir, mano de hierro con los pequeños delincuentes callejeros. Desde la llegada al poder del New Labour, la población carcelaria creció al ritmo desenfrenado de 1.000 personas por mes, o sea 10 veces más rápido que en el gobierno de La Dama de Hierro.
Combatir la desocupación instalando prisiones
La instalación de penitencierias en EE.UU. se muestra desvergonzadamente no sólo como un ataque a las libertades democráticas sino como una poderosa herramienta del combate contra la desocupación. Zonas rurales en decadencia, abandonadas por las políticas del gobierno, son empujadas mediantes hábiles estrategias propagandísticas y políticas a plebiscitar la instalación de prisiones.
También en la Argentina los habitantes desesperados de pequeñas localidad es transformadas en ciudades fantasmas han sido colocados entre la espada y la pared: "Necesitan reactivar su economía para no desaparecer". "Los habitantes de Vela esperan que una cárcel los salve". "En un plebiscito, el 93% de los velenses apoyó la instalación de un presidio" (13). "Para nosotros, la cárcel, piden los vecinos de Villa Iris, en el partido bonaerense de Puan. Ayer se efectuó allí un plebiscito sobre la iniciativa de radicar una cárcel para 600 reclusos"; la consulta, promovida por el intendente de esta localidad, el radical Horacio López, es la cuarta que se realiza en municipios de la provincia, todas con resultados similares (14).
Para nosotros, la libertad
Carceles de la Miseria muestra el detalle casi milimétrico de una política económica agotada y sin recambio. Marx señaló, en El 18 Brumario, que la burguesía puede hacer con las bayonetas cualquier cosa menos sentarse sobre ellas. La represión ampliada a escala planetaria como controlador de vastísimas masas excluidas del consumo, es la declaración pública de la aguda debilidad de los explotadores, quienes ya no pueden proveer de lo elemental a sus esclavos para continuar explotándolos. La naturaleza coercitiva del rigor penal, impugnador de la creatividad humana y de la elaboración colectiva, ilumina la agonía terminal del imperialismo, que reclama, en carácter de urgente, que los trabajadores tomen en todo el mundo el destino en sus manos.
(*) Las cárceles de la miseria (Le Prisions de la misêre), de Loic Wacquant. Éditions Raisons D Agir (Noviembre de 1999), Ediciones Manantial, 186 páginas.
NOTAS:
1. Willian Bratton, ex jefe policial en Nueva York durante la gestión de Guliani. La Nación, 17 de enero de 2000.
2. Nueva York, Basic Books, 1984
3. The New Republic, 25 de marzo de 1985.
4. "Blessed are the money-makers", The Economist, 7 de marzo de 1981.
5. Rudolph Giuliani en la Conferencia "Ciudades dignas de vivirse", abril de 1999.
6. Le Monde, 28 de enero de 1999.
7. Malcolm Feeley, The Process is the Punishment Handling Cases in Lower Criminal Court. Nueva York, Russell Sage Foundation, Págs. 199/243.
8. Bureau of Justice Statistics, Prison and Jail Inmate at Mid-Year 1998 Washington. Government Printing Office, marzo de 1999.
9. S. Donziger, The Real War Against Crime, Op. Cit., Pág. 48.
10. Robert Gangi, Vincent Schiaraldi y Jason Ziedenberg, New York State of Mind? Higher Education Vs. Prision Fundin in the Empire State 1988-1998. Washington Justice Policy Institute, 1998, Pág. 1.
11. Fortune Magazine, 29 de septiembre de 1997, Pág. 2.
12. Le Monde, 19 de enero de 1999, Madame Guigou, "Estime quil faut combiner répressif et éducatif".
13. La Nación, 7 de mayo de 2000.
14. Página/12, 29 de mayo de 2000.
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