Entre la ofensiva de Trump y el colapso de los demócratas. ¿Qué política debe tomar la izquierda frente a la victoria electoral de Trump y el gobierno de ofensiva que prepara en Estados Unidos?
Por Guillermo Kane.
La crisis en el PT de Brasil
El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil ha iniciado un proceso interno contra dos diputados (Luciana Genro y Joao Batista Araujo, "Baba") y una senadora (Heloisa Helena) que anunciaron su intención de votar contra la reforma previsional privatizante del gobierno Lula. Los tres legisladores pertenecen a corrientes internas "de izquierda" del PT, han sido provisoriamente separados de sus responsabilidades en la bancada parlamentaria petista, no pueden hablar en nombre del partido y están amenazados de expulsión. Otros dos diputados que habían anunciado actitud semejante, Joao Paulo Fontes y Lindbergh Farias han sido, recule mediante, "perdonados" (por ahora) por la dirección partidaria. La crisis de los legisladores "disidentes" se ha proyectado como una crisis nacional, con titulares y páginas enteras de los diarios, lo que puede parecer sorprendente para un partido que cuenta con más de un centenar (106) de parlamentarios nacionales (en la Cámara de Diputados y el Senado) y una enorme base legislativa, gracias al apoyo de la derecha tradicional a los proyectos ultrarreaccionarios del gobierno "popular". La razón estriba en que la crisis ilustra, no ya la derechización, sino la descomposición del PT como partido político y expone la fragilidad del gobierno de los "52 millones de votos". En la reciente votación de la reforma del artículo 192 de la Constitución, destinada a abrir espacio legal para la "independencia (privatización)" del Banco Central (un objetivo fuertemente exigido por el FMI), la aplastante mayoría de la Cámara votó a favor del proyecto, 442 de los 513 diputados. Pero 35 diputados del PT votaron por el proyecto declarándose previa y formalmente contra la idea. Lo mismo hicieron, en otro documento, 21 diputados "moderados" del PT. O sea, de 92 diputados, el PT sólo contó con 36 votos "voluntarios" para un proyecto del propio Lula. Quien votó masivamente a favor fue la ex alianza derechista del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Los dos diputados "radicales" también votaron a favor de la reforma exigida por Lula y el FMI. "Baba" declaró que "voto de forma afirmativa, obligado por la disciplina partidaria, pero contrariando mis convicciones políticas. Declaro mi total oposición al contenido de esta propuesta, porque se trata de una imposición del FMI, un atentado contra la soberanía de la nación" (1), lo que no le impidió declarar después que votaría contra la reforma previsional, contrariando la lógica expuesta. La divulgación de un video, con un discurso de Lula de 1987, en el que criticaba las mismas propuestas que ahora defiende y trataba a los actuales "aliados" del PT de ladrones, canallas y criminales, ha sido invocada por José Genoino, presidente del PT, como un "factor extremadamente agravante": algo increíble, pues supone que la simple divulgación de un material de dominio público (o sea, ni siquiera de una opinión) constituye una falta.
La crisis había tomado carácter público cuando la senadora por el estado de Alagoas, Heloisa Helena, manifestó públicamente su desacuerdo con el nombramiento de Meirelles para el Banco Central (el Banco Central, próximamente "autónomo", está presidido por el ex presidente del Bank of Boston, uno de los principales acreedores del país, designado para ese puesto por Lula) y también con las reformas reaccionarias encaminadas por Lula al Congreso, afirmando su disposición para votar en contra, para hacerlo inclusive junto con parlamentarios de otros partidos y hasta para cuestionar judicialmente reformas que hiriesen derechos constitucionales. La sección brasileña del Secretariado Unificado "de la IV Internacional" se movilizó rápidamente para acallar a su "disidente". Pues bien, votada la reforma fondomonetarista, la prensa destacó mucho más el voto favorable de los "radicales", que el voto de los 440 diputados restantes, o que el propio contenido de lo votado. Después de designar al médico petista Antonio Palocci, reconocido por la administración "neoliberal" de Ribeirao Preto, como ministro de Economía, Lula designó a Henrique Meirelles, representante de los banqueros norteamericanos, y diputado electo del derechista PSDB, como presidente del Banco Central. Esto se completó con la designación de Roberto Rodrigues, presidente de la federación del agrobusiness de Brasil, como ministro de Agricultura, y de Luiz Fernando Furlan, dirigente de la mayor agroindustria nacional, como ministro de Desarrollo, Industria y Comercio. Al igual que Meirelles, Rodrigues y Furlan son afiliados declarados del PSDB, de Serra y de FHC, vapuleado en noviembre pasado en las urnas.
En su primera declaración después del ascenso de Lula, la Dirección Nacional del PT afirmó: "En el montaje del gobierno se definió una configuración de centroizquierda, con clara hegemonía de la izquierda, definida por la fuerte presencia del PT y sus aliados tradicionales. Además de los partidos de izquierda -PT, PC do B, PV, PMN, PCB, PSB, PDT y PPS- y los partidos de centro -PTB, PL y sectores del PMDB- el gobierno está marcado por un matiz no partidario importante, representado por los ministros de Agricultura e Industria y Comercio. Ese matiz expresa la tentativa de construcción de una alianza con el empresariado nacional". Esta completa tergiversación, que comienza por la calificación "de izquierda" para aparatos vacíos del reaccionario clero evangélico y del oportunismo burgués en todos sus matices, oculta el papel central del capital financiero internacional en el gobierno Lula. En junio de 2002, antes de las elecciones, en la "Carta ao Povo Brasileiro", la dirección del PT se comprometió con las leyes de "responsabilidad fiscal" y el superávit primario; el pago de la deuda externa; la sumisión plena al FMI. Esos compromisos facilitaron el apoyo de importantes sectores del capital a la candidatura de Lula, y su propia victoria electoral, después de tres derrotas sucesivas. En los últimos años, en la administración de municipios y estados, el PT y el Frente Popular se sometieron a fondo a las "reglas del mercado". Defendió esa opción como necesaria a la "gobernabilidad", debido al control de la presidencia de la República por la derecha burguesa. Ahora, propone la defensa de la gobernabilidad del gobierno de Brasil, debido a su no-control de la situación político-económica mundial. El gobierno petista en Rio Grande do Sul fue un buen ejemplo: mantuvo el congelamiento salarial de los empleados públicos y la restricción de gastos e inversiones sociales, pero pagó religiosamente la deuda, fue aprobado con distinción por los organismos financieros internacionales y reprobado por el electorado obrero del sur, lo que llevó a la victoria del derechista Germano Rigotto, del PMDB, partido de la pasada coalición, derrotada nacionalmente.
Para proseguir la austeridad fiscal y presupuestaria, con la definición de un superávit primario de 4,25% del PBI, se cortaron 14 mil millones de reales del presupuesto, afectando principalmente los "gastos sociales". Para expandir las exportaciones, se buscó un financiamiento de las mercaderías nacionales, para tornarlas más competitivas en el mercado mundial, en condiciones en que la economía mundial está estancada y el parque productivo brasileño en profundo atraso relativo. Para financiar las exportaciones, el gobierno Lula mantuvo la última maxi-devaluación de FHC, el real depreciado desvalorizó los salarios, deprimió la capacidad de compra nacional, empujó las exportaciones, retrotajo las importaciones, todo para felicidad de los acreedores internos y externos del país. Las inversiones en saneamiento, asentamientos rurales, mantenimiento de caminos, salud, educación, etc. fueron prácticamente interrumpidas. El superávit primario de la Unión, Estados, municipios, y empresas estatales superó los 15,4 mil millones de reales exigidos por el FMI! El capital financiero profundizó su parasitismo, repitiendo en el 2003 la fiesta realizada en el 2002, cuando la rentabilidad del sistema bancario llegó al 24,5%, mientras la de las empresas no-financieras se mantuvo en 1%. En ese contexto, se encogió la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, aumentando la parte del capital: el salario mínimo fue fijado en 240 reales para 2003 -67 euros u 80 dólares-, después que Lula prometiera duplicarlo. Antes de las elecciones, José Dirceu, futuro ministro de la Casa Civil, defendió la concesión de autonomía administrativa al Banco Central, insistente reivindicación del capital financiero, esclareciendo las garantías dadas a Henrique Meirelles cuando fue invitado para presidente del Banco Central. La "independencia del Banco Central" consiste en que la gran autonomía de que ya goza el Banco Central brasileño es insuficiente: para los dueños del capital mundial, ella es muy informal, inestable, no completamente adecuada para tomar decisiones económicas de acuerdo con las órdenes del capital financiero internacional; por eso propone, ahora, la independencia absoluta del Banco Central frente a las leyes y las autoridades brasileñas. Dos cosas importantes están por detrás de la propuesta: 1) la moneda brasileña está derritiéndose; 2) el crédito externo continúa cerrado, la conexión con el sistema financiero internacional está semi-interrumpida. Con esa carencia de refinanciamientos para la deuda externa, la posibilidad de que ocurra una incapacidad de "honrar" los pagos externos es más que concreta, habrá próximamente una "reestructuración" de la deuda externa (e interna), una cesación de pagos. El tamaño de la crisis económica mundial no da espacio para que las economías dominadas de América Latina mantengan sus monedas nacionales intermediando los flujos de capitales externos. Los bancos centrales de las dos mayores economías de América del Sur serian reformados, transformados en departamentos subalternos de la Federal Reserve (Fed), el Banco Central de los Estados Unidos, con toda "independencia".
El Banco Central tomó una decisión acerca de la tasa de interés básica de la economía brasileña, después de una miniguerra en el interior de la burguesía y del propio gobierno de Lula. La decisión garantiza una tasa de interés real del 18% anual. Con esta medida, el tándem Lula-Meirelles pretende converger con una tendencia de corto plazo de la especulación financiera mundial: este año, los hedge funds destinados a los "mercados emergentes" ya tienen una captación líquida de 1.930 millones de dólares, un número cuatro veces superior al registrado en 2002 (en 2000 y 2001 la captación fue negativa), se pasó de un flujo negativo (retirada) de -655 millones de dólares (en 2000), a uno positivo de 1.930 millones. Se trata, sin embargo, como lo reconocen los agentes financieros y sus economistas, de un flujo puramente especulativo. A su servicio se encuentran medidas como la reforma previsional (que busca "abrir" un mercado de aproximadamente 40 mil millones de dólares para los fondos de jubilación privados) o la nueva proyectada ley de quiebras, que da prioridad objetiva a los acreedores financieros en la liquidación de las empresas quebradas. El ajustazo fiscal revela el nivel de la bancarrota del país. La reducción del "riesgo Brasil" y la baja del dólar en los últimos meses no son un reflejo de "estabilidad", sino de la crisis mundial, pues la recesión y la guerra de Irak promovieron un movimiento especulativo de capitales árabes hacia los títulos "basura" de Brasil. Siguiendo un curso que lo lleva a una cesación de pagos, el gobierno de Lula actúa como ariete de la fracción especulativa del capital financiero, basado en una explotación, carestía y desempleo sin precedentes. Pero, debido a sus frágiles bases políticas (carencia de una mayoría parlamentaria propia y de control sobre los principales presupuestos estaduales), esto puede llevarlo a una crisis política antes de lo que imagina. Al aumentar la tasa de interés básica, el gobierno hizo la delicia de los bancos que, en medio de una enorme crisis económica, están lucrando como nunca: según los recientes balances "oficiales" sus ganancias crecieron un 30% en el 2002, hasta llegar a los 10 mil millones de reales y siguen incrementándose con el gobierno de Lula. El gobierno volvió a tomar créditos externos pagando cuatro veces más que en el mercado norteamericano: la usura internacional está de fiesta.
En ese cuadro de crisis, la posibilidad de que un voto contrario, sin ningún efecto legislativo, de apenas dos diputados, abriese una perspectiva -incluso parlamentaria- independiente del PT, para su base electoral, llenaba a la burguesía brasileña de pavor, demostrando que el gobierno Lula es un gigante con pies de barro: la prensa del gran capital celebró el voto favorable de "Baba" y Luciana Genro como una victoria estratégica. Frente a la amenaza de sanciones, los "disidentes radicales" han esbozado una defensa jurídica, convocando juristas y "notables" para defender el "derecho de opinión". La dirección del PT ha continuado sus ataques. Heloisa Helena, sin embargo, fue elegida senadora por Alagoas, uno de los Estados más pobres de la Unión, con el 56% de los votos, o sea, que posee una base política más que suficiente para opinar y votar lo que sea. Ocho de los 14 senadores y 36 diputados del PT, se pronunciaron por escrito en defensa de los "disidentes" (aunque votando también en favor de las "reformas" de Lula). Luciana Genro ha encarado su defensa "recordando el contrato histórico del PT con el pueblo brasileño, con los cambios en favor de los más pobres". En el PT se ha establecido una clara división de tareas para "domesticar" a los "radicales", aunque no es de descartarse que el episodio lleve a una crisis mayúscula en la bancada petista, debido al propio tamaño de las exigencias reaccionarias del tándem Lula-FMI. El Pstu (Lit) a su vez, lanzó la propuesta de "construir un nuevo partido" con los disidentes. La repercusión de la crisis del PT obedece a que se conjuga con una acentuación de las pendencias entre las fracciones que apoyan al oficialismo. También han surgido las primeras manifestaciones del fracaso de la política de "ajuste" económico, con un derrumbe de la producción industrial y un imparable aumento de la desocupación. La valorización del real, mientras se desvaloriza el dólar, deberá aumentar las dificultades de las exportaciones brasileñas. En resumen, se conjugan la descomposición del PT con las evidencias de una crisis potencial de gobierno. Las amenazas contra los diputados disidentes han provocado muestras de solidaridad dentro y fuera de Brasil. Que las expulsiones tengan que ver con la privatización de las jubilaciones ha acentuado el movimiento de apoyo, porque en numerosos países (Francia, Alemania, Italia, España, incluso Brasil) los trabajadores se encuentran resistiendo medidas similares mediante grandes huelgas y manifestaciones.
En abril, más de 100 mil estatales cumplieron una huelga general con protestas y movilizaciones en todo el país, para reclamar contra la liquidación del sistema provisional y por el aumento de salarios. Bajo el llamado de la Asociación Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes), más de 20 universidades nacionales también paralizaron sus actividades. La lucha por la tierra recomenzó también con ocupaciones en los más diversos Estados. La Pastoral de la Tierra, vinculada al Mst, denunció que los fazendeiros están armándose para impedir la reforma agraria, lo que fue confirmado (o, mejor, confesado) por una carta enviada al Congreso Nacional por el Mnp (Movimiento Nacional de Productores), en la cual se afirma que: "Sin otra salida, los productores pueden también tomar decisiones al margen de la ley para defender sus propiedades", o sea, practicar asesinatos sistemáticos, como ya está sucediendo. El Mst, a su vez, denunció que "la creación del Pcr (Primer Comando Rural) demuestra, claramente, para la opinión pública, quiénes son los bandidos" (el Pcr fue fundado por los latifundistas imitando el nombre y la estructura del Pcc, Primer Comando de la Capital, principal organización del crimen y del narcotráfico en el país). El 11 de junio, finalmente, 40 mil empleados públicos manifestaron en Brasilia, en las propias "barbas" del gobierno, su resistencia activa a la reforma previsional, para la cual ha sido convocada una huelga general del sector público a partir del 25 de junio.
En ese cuadro político, la oposición a la expulsión de los disidentes no puede fundamentarse en cuestiones estatutarias, por respetables que éstas sean. No es este punto tampoco lo que va a decidir el desenlace de la crisis del PT, sino su contenido político; el PT no es un partido revolucionario ni tampoco realmente independiente de la burguesía: ¿en nombre de qué política se defiende el reclamo de los acusados de seguir perteneciendo a su partido? La solidaridad contra la expulsión, al margen de un planteo político de conjunto, se limitaría a una defensa del statu quo, o sea la defensa del gobierno burgués que encabeza Lula. El choque que lleva al planteo de las expulsiones supera los límites estatutarios del PT porque tiene que ver con conquistas fundamentales de la clase obrera. Este choque importa solamente por la vinculación con una lucha más general y está condicionado por esta lucha general. La defensa de esas conquistas pasa por exigir la ruptura de Lula y del PT con la burguesía y con el imperialismo; o sea pasa por exigir la expulsión del gobierno de los ministros y funcionarios capitalistas, y por la convocatoria a congresos de bases de las organizaciones obreras y campesinas para que ellas definan el programa de un gobierno realmente independiente del capital. Sorprende que organizaciones de izquierda reclamen que los diputados disidentes rompan con el PT para formar un partido nuevo, que declaradamente sería una versión original del PT, no un partido revolucionario, sin máculas de traiciones. Esto sería lo que quiere, precisamente, la dirección petista oficial. La consigna estratégica del período, o sea la ruptura del PT con la burguesía y la formación de un verdadero gobierno obrero y campesino, sería simplemente ignorada. Los partidos que luchamos por la refundación de la IV Internacional participamos de la campaña contra las expulsiones del PT de los legisladores que defienden las conquistas jubilatorias de los trabajadores en Brasil, en nombre de una política que exige la ruptura del PT con la burguesía, la expulsión de los ministros y funcionarios capitalistas del gobierno de Lula, y la formación de un gobierno de las organizaciones obreras y campesinas. Abajo las expulsiones: en defensa de la democracia obrera, luchamos por la ruptura de las organizaciones obreras con la burguesía, por el gobierno obrero y campesino, por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.
1. Combate Socialista N° 2, abril de 2003.
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