La estrategia del Partido Comunista del Uruguay entre 1968-1973

Introducción

El período 1968-1973 ha sido objeto de numerosos estudios, pues concentra sucesos claves para el campo popular y la vida nacional, enmarcada en una coyuntura particularmente aguda a nivel internacional. Estos años estuvieron sacudidos por crisis económicas, políticas y sociales como producto de la gran crisis de posguerra, que ponía fin al pretendido período dorado del siglo pasado, conocido como los “treinta años gloriosos” que se inician a partir de 1945.

El estallido revolucionario del convulsivo año 1968 expresó la gran crisis mundial que se iniciaba, marcando un hito en la historia moderna porque tuvo una dimensión de características globales (Rieznik, 2009). En enero fue el comienzo de la ofensiva del Tet, que arrinconó en Vietnam a las tropas invasoras, dando un golpe decisivo a pesar de sus objetivos inmediatos. En Estados Unidos, el impacto de este hecho fue enorme, donde se había desarrollado un enorme movimiento contra la guerra, liquidando la reelección del entonces presidente Lyndon Johnson, y golpeó el corazón del régimen político norteamericano sacudido por dos “magnicidios”: el de Martin Luther King en abril y el de Robert Kennedy algunos meses después. El Mayo francés se inscribe en este cuadro, donde el levantamiento juvenil fue la chispa que encendió la más importante huelga general del proletariado de ese país en su historia, que paralizó Francia durante un mes. En agosto de este mismo año, por un nuevo estallido, pero en el este europeo: cinco mil tanques rusos y doscientos mil soldados invadían Checoslovaquia para aplastar la llamada “Primavera de Praga”, momento clave en las rebeliones que sacudían el territorio dominado por el stanilismo y sus gobiernos títeres de Europa Oriental. La clase obrera del este europeo se rebelaba contra los usurpadores que decían gobernar en su nombre. En nuestro continente, la policía y el ejército mexicano reprimen a sangre y fuego una masiva concentración estudiantil, asesinando a centenas de estudiantes en la conocida masacre de Tlatelolco. Más al sur, en Brasil, el estudiantado se levantaba contra la dictadura en masivas ocupaciones y movilizaciones; en Argentina comenzaban las huelgas que terminarían en el Cordobazo.

En las huelgas, en las plazas y en las calles se aprecia el escenario común de un final de época: la quiebra de los equilibrios políticos y económicos armados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que habían sido negociados por las potencias económicas victoriosas y la URSS, gobernada por el régimen de Stalin. El período abierto en 1968 se extiende hasta principio de los emblemáticos años setenta.

En este contexto, los partidos comunistas a nivel internacional ingresan a este período marcados por el proceso de debates iniciados con el ascenso de Kruschev -y luego Breznev- y la llamada “desestanilización” en la URSS a partir del XX Congreso del año 1956. Braz (2006) afirma que en la década del ‘60 el PCUS perdió su condición de ejercer total supremacía sobre los rumbos del movimiento comunista-stalinista internacional, asistiendo al final de la década a su pulverización y fragmentación. La cuestión de la estrategia revolucionaria fue objeto central de varias perspectivas -al interior y exterior del movimiento comunista-stalinista-, enfrentando variantes insurreccionales y reformistas.

El presente trabajo se divide en dos secciones: en la primera sección se abordan algunos antecedentes específicos de la estrategia de los partidos comunistas, en particular lo que luego se denominó como eurocomunismo, que emergió durante la década de los sesenta y setenta, que significa el abandono hasta formal del leninismo y de la concepción de la dictadura del proletariado, adaptándose cada PC no en forma incondicional a la política de la burocracia del Kremlin, sino también a las necesidades de la burguesía de cada país. Se puede tomar como antecedente los planteos reformistas y oportunistas de la II Internacional de principios del siglo XX y, lógicamente, de la III Internacional bajo el comando de Stalin en la década de los treinta; a continuación se repasan los ejes que hacen al planteo sobre la naturaleza de la revolución en América Latina y Uruguay formulada por el PCU en los sesenta, en especial la caracterización del capitalismo local como dependiente, atrasado y con rasgos semifeudales, constreñido por el peso de los monopolios extranjeros y la oligarquía terrateniente, y las razones por las cuales planteó la necesidad de una revolución “democrático-burguesa, agraria y antiimperialista”, es decir, una revolución por etapas. En la segunda sección se analiza la táctica del PCU en las huelgas de 1968-69 frente a las Medidas Prontas de Seguridad, la política hacia las elecciones de 1971 y su posición frente a los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, que dan cuenta del planteo estratégico de fondo que se sostuvo en este período en su convocatoria a formar acuerdos con sectores de la burguesía nacional.

La “vía democrática” al socialismo

En las décadas de los ‘60 y ‘70 emergieron, con cierta fuerza, los planteos dentro de los partidos comunistas sobre la renuncia a la revolución y el desarrollo de las “vías democráticas” al socialismo, entre cuyos principales impulsores se encontraba el Partido Comunista italiano -pero que luego integraron el PC español y PC francés- y la aparición del gobierno de Allende como referencia ineludible de esta vía. De este modo, en medio de convulsiones sociales y políticas de enorme envergadura, emergió el llamado eurocomunismo, que colocaba como estrategia política central la ampliación de las alianzas de clase con la burguesía nacional y la cuestión electoral-parlamentaria como tarea fundamental de la etapa. Las reformas serían presentadas como momentos políticos que promoverían avances graduales y permitirían la acumulación de fuerzas sociales, necesarias para la construcción del proceso de cambio revolucionario. La vía insurreccional para la revolución social y la conquista del poder de la clase obrera era reemplazada directamente por victorias parciales en el parlamento, en gobiernos municipales, nacionales y la institucionalidad burguesa. La inserción gradual en el Estado burgués permitiría la conquista de la hegemonía del conjunto de la sociedad, incluyendo las organizaciones políticas de la sociedad civil. De este modo: “La transición hacia el socialismo suponía, entonces, la conjunción de estrategias que, al adecuarse a la realidad nacional, articularían alianzas en la sociedad que permitirían la acumulación de conquistas sociales, vía reformas permanentes y progresivas, a fin de tornar la revolución en un proceso histórico que se desarrollaría en la vida nacional hasta la conquista de la hegemonía pactada entre diversas fuerzas sociales, sobre el comando del partido. Tal hegemonía sería conquistada por un proceso de democratización profunda de la sociedad que posibilitaría al proletariado tornarse, por del partido, dirigente del proceso revolucionario, a través del control del Estado. La vía hacia el socialismo, según las ideas de los eurocomunistas, se daría por medios pacíficos y democráticos” (Braz, 2006:282).

Según Mandel (1978), la orientación política del eurocomunismo con centro en la alianza de la clase obrera con la burguesía nacional y la estrategia parlamentaria tienen sus raíces históricas en el viraje dado por la Tercera Internacional en su séptimo Congreso de 1935, en torno de las definiciones sobre el Frente Popular, cuya función política se manifestó en las alianzas de los PC’s con la socialdemocracias y con la burguesía liberal en los Frentes Populares de España y Francia como recurso para impedir la insurrección proletaria. En este sentido, la noción directriz de fondo del Frente Popular que retoma el eurocomunismo era la colaboración entre las clases “progresistas” contra las clases reaccionarias en los marcos de la defensa de las instituciones del Estado, en el supuesto de que tales instituciones cambiarían su contenido particular de clase. La conquista de espacios estatales podría permitir que aumente el peso y poder de las masas en la democratización y gestión del Estado, desenvolviendo reformas estructurales que transformarían por etapas la naturaleza del régimen capitalista a través de la conquista de mayorías parlamentarias. En este aspecto, el eurocomunismo retoma las tesis de Kautsky en torno de una transformación gradual del capitalismo, a partir de la realidad nacional de las relaciones capitalistas. Renunciando a un abordaje de lucha internacionalista, se hace centro en las estrategias de orden nacional. Se trata de la tesis etapista -retomada por el stalinismo-, en la cual se concibe el proceso revolucionario como la articulación previa de fuerzas que actúen por la modificación progresiva del capitalismo hasta el momento en que se reúnan las condiciones para tomar el poder. Para Mandel, buena parte de estos contenidos son una vuelta a la socialdemocracia reformista de 1914-1929, convirtiendo a los PC’s en un elemento de estabilización del “orden burgués en el Estado capitalista”, porque buscaban asegurar la bases para la suavización de la lucha de clases del movimiento obrero hacia una salida en los marcos de institucionalidad. La tentativa de edificar sociedades nacionales democráticas y pacifistas sugería un tipo de socialismo (democrático) nacional que rehabilitaba la tesis del “socialismo en un solo país” de Stalin.

En América Latina, el marxismo tuvo que confrontar como problema principal la definición del carácter de la revolución en el continente -que resultaba del análisis de las formaciones sociales latinoamericanas y el punto de partida para definir estrategias y tácticas políticas (Lowy, 2007). Cuestiones políticas fundamentales como las alianzas de clase, los métodos de lucha, las etapas de la revolución se deducen de la caracterización central de la naturaleza de la revolución. Entre 1930-1959 existe en América Latina una hegemonía de la interpretación stalinista consistente en la teoría de la revolución por etapas, definiendo la etapa como nacional-democrática. Esta caracterización, que predominó en los PC’s latinoamericanos, llega a una conclusión central: las condiciones económicas y sociales en América Latina no están lo suficientemente maduras para una revolución socialista, siendo el objetivo concretar una etapa histórica democrática y de desarrollo del capitalismo nacional, superando los resabios “feudales”. Por ello, en los países atrasados, la revolución no era la proletaria, sino una revolución “intermedia”, ni burguesa ni proletaria, que en nuestro continente era llamada “revolución agraria y antiimperialista” o democrático-burguesa. Para llevar adelante esta conclusión, el objetivo era conformar la alianza del proletariado con la pequeña burguesía y la burguesía nacional progresista contra el imperialismo norteamericano y los terratenientes, sus socios burgueses nacionales. En la década de los sesenta, diversos autores como Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, Aníbal Quijano, Luis Vitale o Rodolfo Stavenhagen cuestionaron la teoría del feudalismo latinoamericano, caracterizando la estructura colonial histórica y la estructura agraria presente como esencialmente capitalistas. Criticaron también el concepto de “burguesía nacional progresista” y la perspectiva de un desarrollo capitalista independiente en los distintos países latinoamericanos, señalando que esta burguesía “raquítica” era incapaz de llevar adelante las tareas nacionales pendientes. Para ellos, el atraso económico no estaba dado por los resabios feudales ni en obstáculos precapitalistas, sino en el propio carácter del desarrollo capitalista dependiente en América Latina. Esta premisa señalaba una conclusión determinante y opuesta a la formulada por los PC’s latinoamericanos: la imposibilidad del camino “nacional-democrático” y del papel revolucionario de un sector de la burguesía nacional para el desarrollo social en América Latina y la necesidad de una revolución dirigida por la clase obrera que rompiera con la dependencia y el subdesarrollo, y se uniera al torrente de la revolución socialista mundial.

El carácter de la revolución en Uruguay: alianza de clases y parlamentarismo

En Uruguay, la tesis del carácter feudal o semifeudal de la economía colonial de América Latina y de sus resabios fue sostenida por el PC del Uruguay (PCU) en la pluma de su secretario general, Rodney Arismendi. En un breve ensayo, La economía feudal en América Latina, de 1962, señala que los rasgos esenciales de la sobrevivencia feudal son el régimen latifundista de la propiedad de la tierra y la supeditación de la economía colonial a la economía metropolitana. Para Arismendi, el imperialismo subordina a las economías de origen colonial desencadenando un desarrollo capitalista deformante, bloqueando la transición del feudalismo o semifeudalismo colonial al capitalismo, que se materializa sobre la base de mantener “el latifundio de cara al mercado exterior, para adaptarse luego, a través de la exportación de capitales, de la extensión de la vías férreas, de la navegación, como factor condicionado y condicionante del pasaje del capitalismo a su fase imperialista” (Arismendi, 1962). El resultado es la imposibilidad de un poderoso desarrollo del mercado interno y del capitalismo nacional (proletariado y burguesía nacional).

Esta visión nacional de la necesidad de un desarrollo capitalista independiente, de las tareas de la etapa y alianza de clase se encuentra expresada en la “Declaración Programática de 1958”, aprobada por el XVII Congreso del PCU. Las premisas estratégicas establecidas en este documento se verán, luego, en la actuación del PCU durante los sucesos que van del 1968-1973. La declaración comienza afirmando que con sus “riquezas naturales, el Uruguay podría construir una economía independiente y desarrollada y asegurar una vida feliz, de bienestar material y cultural, incluso a una población varias veces mayor que actualmente lo habita”, sin embargo, estas posibilidades contrastan con “el atraso de la economía, el lento desarrollo social y cultural y los sufrimientos de los trabajadores y el pueblo”, cuya causa es “la apropiación de los principales medios de producción por los monopolios extranjeros y una minoría privilegiada de grandes explotadores: latifundista y grandes capitalistas; ello les permite apoderarse de los frutos del trabajo nacional, trabar el progreso, condenar a los obreros a una dura explotación y hacer vegetar a las masas populares en una vida sin horizontes”. La “Declaración” identifica la dependencia de Uruguay en la penetración de los capitales monopolistas extranjeros, especialmente, los norteamericanos, que controlan los grandes frigoríficos, bancos, fábricas textiles, metalúrgicas, transporte de ultramar, medios de comunicación, etc. La dependencia se expresa también en la deuda externa como medio de dominación y saqueo, sustrayendo al país millones de dólares que se fugan por la vía de los beneficios de las empresas, y de los intereses y amortizaciones de la deuda¹. El imperialismo se apoya -según la Declaración-, en la escena nacional, en los grandes terratenientes y grandes capitalistas, que son “sus agentes y cómplices” en la explotación del pueblo uruguayo. Sin embargo, el documento establece que a raíz de la crisis económica y la política norteamericana se produce una diferenciación en la gran burguesía en dos capas: “Una, de grandes capitalistas vendidos en cuerpo y alma al imperialismo norteamericano (…) la otra, está formada por grandes burgueses, que tienen sus capitales invertidos principalmente en la industria nacional y se ven golpeados por los intereses de la política expoliadora norteamericana”. En consecuencia, una de las tareas fundamentales de la etapa consistía en la ampliación de la alianza de clases, que debía incluir a la gran burguesía nacional, “que se ven golpeados por el capital norteamericano”.

El resumen del planteo etapista de la revolución democrático-burguesa para Uruguay es formulado en los siguientes términos “La contradicción principal de la estructura económico social del Uruguay es la contradicción entre las fuerzas productivas que pugnan por desarrollarse y las relaciones de producción, basadas en la dependencia del imperialismo y el monopolio de la tierra, que frenan ese desarrollo. Ella se expresa también en la contradicción entre el imperialismo, los latifundistas y los grandes capitalistas antinacionales, y todo el pueblo uruguayo, los obreros, agricultores y ganaderos pequeños y medios, los intelectuales y estudiantes, los empleados del Estado y privados, los jubilados y pensionistas, los artesanos y pequeños comerciantes, y la burguesía nacional” (pág. 15). La revolución “agraria y antiimperialista” abriría paso a un amplio desarrollo de las fuerzas productivas en el marco capitalista, recién después sería posible la revolución socialista. La lucha de la etapa era la conformación, en base a esta correlación de fuerzas de clase, de un “gobierno democrático de liberación nacional” que llevaría adelante la primera etapa histórica, siempre garantizando la propiedad privada: “la propiedad de los industriales y comerciantes nacionales (léase gran burguesía conciliadora) y de los campesinos y arrendatarios no latifundistas que no conspiren contra el poder popular, será respetada y defendida por la ley” (pág. 16). Finalmente, la “Declaración Programática” establece la “vía uruguaya” de la revolución, señalando que aunque una revolución social no puede hacerse de manera “gradual, evolucionista, reformista (…) Ello no significa, sin embargo, que sea obligatoria la vía de la guerra civil”, sino que “es posible conquistar el poder político por vías pacíficas y convertir al parlamento en un auténtico órgano ejecutor de la voluntad popular”  (pág. 17).

El PCU entraría a la década del ‘60 con la orientación de ganarse a un sector de la gran burguesía nacional a una revolución “agraria y antiimperialista” y privilegiando la estrategia parlamentaria como una vía pacífica para el cumplimiento de estas tareas históricas, mediante la táctica de la unidad política de la izquierda con las fuerzas políticas ‘progresistas’ en un Frente Popular -es decir, de la clase obrera con la burguesía local.

De las huelgas del ‘68 a las elecciones del ‘71

Desde mediados de la década del ‘50 comenzó en Uruguay una aguda crisis económica. Desde 1957 crece la inflación, el salario real comienza a caer aceleradamente, se produce un descenso y estancamiento del PBI. Se trató de la crisis del denominado modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. El impasse de la economía y el descontento popular se reflejó en las urnas con el triunfo del Partido Nacional en 1958, luego de 94 años de gobiernos colorados. La crisis se agudizará durante los ocho años siguientes del gobierno blanco, potenciando la movilización de las masas. Hacia mediados de la década, en 1966, se produce la unificación del movimiento sindical uruguayo en la Central Nacional de Trabajadores (CNT). La inestabilidad política del régimen y el ascenso de las luchas populares unifican a los distintos sectores de la burguesía internacional y nacional detrás de una perspectiva de un gobierno de “mano dura” contra los trabajadores. En este cuadro, en 1967 se aprueba una nueva constitución de características represivas (y presidencialista) y, a fines de ese año, asume Pacheco Areco como presidente.

La orientación política que el PCU desarrolló en los convulsivos años del gobierno de Pacheco Areco es significativa en tanto muestra su rol e intervención en un período de fuerte crisis social y política.

El ‘Pachecato’ se caracterizó por una consolidación del método autoritario por el cual el gobierno atacó las condiciones de vida del movimiento obrero y popular, y cercenó las libertades democráticas, de expresión y de reunión mediante las Medidas Prontas de Seguridad. La represión y asesinato de manifestantes, la persecución política mediante detenciones, la clausura de diarios, la ilegalización de organizaciones y partidos de izquierda, las detenciones arbitrarias, los despidos, destituciones y militarizaciones de huelgas fueron moneda corriente durante este período, que tuvo sus puntos más álgidos en 1968 y ‘69. La política represiva de Pacheco contra el movimiento obrero tenía como objetivo garantizar la política de congelamiento salarial, en medio de una inflación galopante, que redujo brutalmente las condiciones de vida de los trabajadores en beneficio del capital financiero.

En estas condiciones se produce un fenomenal ascenso de las luchas obreras entre junio del ‘68 hasta finales del ‘69: ocupaciones de fábricas, huelgas indefinidas en diversos sindicatos, combates callejeros y en oportunidad del velatorio del estudiante comunista Líber Arce, la manifestación más grande de la historia; casi media población montevideana. En abril del ‘69 se desata la huelga indefinida de los obreros frigoríficos que dura cuatro meses. En junio, un paro general nacional de la CNT reclama la solución a los conflictos, reposición de los destituidos, ajuste de los salarios al costo de vida, y en lo sucesivo se desatan huelgas en la mayoría de los sindicatos (Agrupación de Funcionario de UTE -Aute-, la Asociación de Bancarios, los municipales, gráficos, periodistas, etc.). El Poder Ejecutivo recrudece la represión, encarcelando a más de 800 militantes sindicales, estudiantiles y políticos, despliega la movilización militar en UTE, Ancap, OSE y Telecomunicaciones, y clausura nuevos diarios. Según Héctor Rodríguez -integrante del Congreso Obrero Textil (COT)-, éste no hizo retroceder a la clase obrera, desde las bases sindicales sólo llegaban reclamos de medidas de lucha. La COT propone, el 25 de junio, que se declare la huelga general indefinida de la CNT; el Secretariado primero y la Mesa Representativa luego -con mayoría del PCU- votan en contra de esta propuesta.

En este marco, la polémica que se desarrolló en seno del movimiento sindical² en la reciente conformada CNT, sobre la táctica que el potente movimiento obrero organizado de la época debía desenvolver frente al avance autoritario, dejó de manifiesto la existencia de dos posiciones divergentes. El debate giró en torno de la necesidad de dar una respuesta de conjunto mediante la aplicación de una huelga general de todo el movimiento sindical para quebrar la política de Pacheco. La corriente mayoritaria de la dirección de la CNT vinculada con el PCU se opuso a esta propuesta defendiendo la línea de avanzar con un plan de acciones concretas que evitara un desenlace definitivo y frontal contra el gobierno.

El dirigente sindical del Sunca y del PCU, Mario Acosta, lo coloca en estos términos: “La situación del país es tan tensa y las disyuntivas económicas están tan cerradas dentro de los actuales carriles, que en cierta medida es cuestión de vida o muerte para la oligarquía el imponer esa política (…) En tal situación, que el contendiente relativamente más débil acepte ir a una batalla decisiva, es suicida”. Y continúa, “el movimiento obrero y popular, en vez de embretarse en un choque frontal con un gobierno que evidentemente está dispuesto a pagar un alto precio político por la aplicación rígida de su línea y que seguía controlando las fuerzas estatales, debía zafar del cepo y hallar otra salida”³.

En el primer Congreso de la CNT, realizado en mayo de 1969, se cristaliza en varios documentos presentados por sindicatos y por dirigentes sindicales, una crítica al accionar de la mayoría de la dirección de la Central, reprochándole el llevar adelante una táctica de contención del real potencial que podía adquirir la movilización popular.

El informe al primer Congreso de la Asociación de Bancarios del Uruguay de mayo de 1969 dice: “La táctica desarrollada, en muchos de sus aspectos por la forma de su aplicación, no ‘desgastó al enemigo’ tanto como a los mismos sindicatos en su aplicación (…) En nuestro criterio, la preocupación de no agravar la situación política desembocó en la aplicación de una táctica que fue oscilando de la inefectividad al quietismo”⁴.

Por su parte, Héctor Rodríguez va más allá en la crítica, manifestando que el fundamento de la táctica que se oponía a la huelga general buscaba evitar la confrontación directa con el gobierno, aduciendo que no existían condiciones en el movimiento obrero para tal acción. Dirigiendo la salida a la crisis hacía una “salida política” que se manifestaría en las elecciones de 1971. Para realizar esta afirmación, Héctor Rodríguez se apoya en un artículo publicado en El Popular, el 30 de enero de 1970, por el senador del PCU, Enrique Rodríguez, que, en referencia a la táctica desarrollada, afirma: “Si esta táctica fue justa, si ella condujo no a una confrontación total prematura sino a lograr el desgaste del enemigo, empujándolo a que se enrede en sus contradicciones inevitables, mientras el pueblo mantiene en lo esencial su prestancia combativa, el resultado de esa táctica debe expresarse con cierta claridad, ahora cuando se abre lo que llamaríamos ‘la salida política’. Dicho de otro modo, ¿la táctica empleada cumplió el papel de crear unas mejores condiciones para que el pueblo actúe en el período político que ahora se acerca? De alguna manera, ése era uno de los fundamentos de la conducta asumida ante las ‘medidas’. Y bien: puede dudarse que también en este terreno -el estrictamente político electoral- los resultados de la táctica empleada rendirán sin falta frutos maduros, nosotros no lo dudamos”⁵.

De este modo, para el PCU, la discusión sobre la táctica a utilizar por el movimiento sindical para enfrentar al gobierno estaba subordinada a la conformación de una alternativa electoral para las elecciones de 1971, de ahí el rechazo a la posición de que la CNT descartara la huelga general para quebrar al gobierno de Pacheco. Se estaba en vísperas de la conformación del Frente Amplio, que resultaría de una alianza de los principales partidos con influencia en el movimiento popular -especialmente los partidos Comunista y Socialista- con partidos que representaban sectores de la pequeño burguesía y la burguesía nacional, como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Lista 99. La alternativa del FA era consecuente con los fundamentos de la estrategia del PCU, esbozados en 1958. La alianza policlasista en el terreno de las elecciones que representó el Frente Amplio tenía, según sus promotores, claros objetivos: “Lo electoral es importante en la medida que constituye un medio para hacer realidad un programa. No importa mucho, además, en cuanto represente el único esfuerzo verdadero para evitar en Uruguay una revolución violenta”, declaraba Rodríguez Camusso -que salía del Partido Nacional- en el periódico Marcha, en 1970, para incorporarse luego al FA. La vía gradual y democrática de integración al Estado fue la estrategia definida en sus propios inicios: “El FA será una fuerza política que lucha por el poder para realizar transformaciones por vías democráticas [se trataba de] instrumentar un aparato político capaz de aglutinar las fuerzas populares auténticamente nacionales para agotar las vías democráticas a fin de que el pueblo, mediante su lucha y su movilización, realizara las grandes transformaciones por las que el país clama” (Declaración constitutiva del FA, febrero de 1971).

Cuando las elecciones de noviembre de 1971 se acercaban, el debate continuó y se clarificó en el movimiento sindical. En el 2º Congreso de la CNT se volvió a desarrollar la polémica sobre la táctica sindical de los años anteriores. El informe central de la mesa representativa se pronunciaba contra el voto a los partidos tradicionales y señalaba su apoyo al recién creado Frente Amplio de la siguiente forma “las acciones que fuimos capaces de cumplir, los triunfos alcanzados, la unidad lograda han sido los factores que han permitido que hoy el pueblo se una a una expresión política antioligárquica y antiimperialista y que su acceso al poder sea una alternativa concreta y próxima”⁶. En oposición a este informe, once gremios⁷ presentaron un documento en minoría, cuestionando la orientación de la mesa, colocando que los conflictos “fueron orientados y dirigidos por la mayoría de la CNT, pero en realidad estuvieron aislados por la mayoría de la dirección”. En el mismo informe se clarifica sobre el rol que debe jugar el movimiento sindical frente a las elecciones, también cuestionando el informe de la mayoría de la mesa de la CNT: “Se plantea claramente en líneas generales una salida política electoral pretendiendo desviar la lucha de los trabajadores y a la vez poner a la CNT al servicio de las elecciones. Debemos tener claro que la lucha sindical no tiene de ninguna manera el límite de un acto electoral”⁸.

De este modo, los once sindicatos criticaban la táctica de la mayoría de la CNT, dominada por el PCU, de imponer un reflujo a las luchas obreras como forma de canalizar el creciente descontento popular hacia el parlamentarismo, ahogando a los sectores más radicalizados del activismo obrero y estudiantil que podrían llegar a conducir a las masas a una situación insurreccional. Así, el PCU afirmaba su pretensión de que por medio del Frente Amplio se realizaría una experiencia de “paso pacífico al socialismo” en base al retroceso de las grandes movilizaciones de masas del ‘68-’69.

“Unidad de civiles y militares”: el PCU frente a los comunicados de febrero de 1973

En las elecciones de 1971 triunfa Bordaberry, del Partido Colorado, con escaso apoyo parlamentario, y continua en los trazos decisivos con lo realizado por Pacheco Areco. En los primeros meses de 1972, la Asamblea General aprueba la suspensión de las garantías individuales y declara el “Estado de Guerra Interna”, dando curso libre a la represión de todos los opositores. En este marco, arremete y derrota al movimiento tupamaro, que en 1970 había alcanzado su mayor envergadura y movilización; asedia y balea la Seccional 20º del Partido Comunista, donde mueren ocho comunistas (Nahum, et. al.; 1997). La carestía sigue en aumento y, durante ese año, se producen diez paros generales de la CNT, sin operar una ofensiva de conjunto por parte del movimiento sindical. En tanto, las Fuerzas Armadas habían asumido la conducción de la lucha “antisubversiva” y comenzado a delinear su propia estrategia política, frente al impasse del régimen político.

En febrero de 1973, la designación, por parte del gobierno de Bordaberry, de Antonio Francese como ministro de Defensa Nacional desató una crisis institucional. En respuesta a esta designación, el 8 de febrero, el Ejército y la Fuerza Area se acuartelan y salen a las calles con tanques y armados para la guerra, toman canales de televisión y emisoras de radio.

En la ocupación de Canal 5 transmiten un comunicado en el que argumentan su oposición a la designación de Francese que “retrotraería (a las FF.AA.) a la superada época de ser brazo armado de intereses económicos y políticos, de espaldas al cumplimiento de sus misiones específicas de seguridad nacional y a los intereses de la nación” (Alvaro Rico, 2008:717). La Armada se mantuvo fiel a Bordaberry y al día siguiente bloqueó el puerto de Montevideo, atrincherándose en la Ciudad Vieja. Sin éxito para torcer el brazo de los sublevados, Bordaberry terminó aceptando la renuncia de Francese. El 12 de febrero tuvo lugar el llamado pacto de Boizo Lanza, que dio por cerrada la crisis, donde se resolvió la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que tendría como secretario general al general Gregorio Alvarez.

La crisis reveló que las Fuerzas Armadas veían la necesidad de arbitrar en la crisis social y política que se había abierto. Un mes antes, un documento de la Junta de Comandantes en Jefe del 12 de diciembre de 1972 señalaba: “El poder político aspiraría a que las FF.AA. regresen a ‘sus cuarteles’, esto es, a su status tradicional, y que no graviten en la conducción nacional. Los Mandos Militares, compenetrados con la grave situación nacional, de la expectativa popular por las grandes soluciones nacionales y de sus responsabilidades respecto de la seguridad nacional, han decidido gravitar en la conducción nacional”. La pretensión de arbitrar por encima de ‘todo interés sectorial’, de no ser ‘el brazo armado de los grupos económicos’ revela que pretendían regimentar al conjunto de la sociedad, en primer lugar a la clase obrera, para salvaguardar los intereses del Estado y la burguesía.

En el marco del enfrentamiento con Bordaberry, los militares sublevados emiten los comunicados 4 y 7, el 9 y 10 de febrero, respectivamente. Esos documentos presentan las ‘intenciones’ de las Fuerzas Armadas y un programa social, económico y político que incluye una serie de medidas de características presuntamente ‘nacionalistas’. Entre las medidas económicas se encuentran: “eliminar la deuda externa opresiva, mediante la contención de todos aquellos gastos de carácter superfluo; erradicación del desempleo mediante la puesta en ejecución coordinada de planes de desarrollo; redistribución de la tierra; creación, fomento y defensa de nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo de la industria de base; establecer disposiciones que permitan combatir tan eficazmente como sea posible los monopolios, instrumentando medidas que posibiliten la mayor dispersión de la propiedad y un mayor control público de los medios de producción. En relación con el movimiento obrero se plantea una política de regimentación: mantener a las FF.AA. al margen de los problemas sindicales y estudiantiles salvo que lleguen por su intensidad, a poner en peligro la seguridad; proceder en todo momento de manera tal, de consolidar los ideales democrático-republicanos en el seno de toda la población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida” (Comunicado 4).

A través de estos comunicados, las Fuerzas Armadas lograron crear expectativas en la izquierda y amplios sectores del movimiento obrero respecto de la existencia de grupos progresistas o peruanistas⁹ dentro de las Fuerzas Armadas -que se oponían a los brasileñistas de derecha. En la visión del PCU, la situación del país confrontaba dos bloques: la oligarquía -compuesta por el imperialismo, los terratenientes y la gran burguesía compradora- y el pueblo -compuesto por trabajadores, jubilados, estudiantes, pequeños productores y la gran burguesía nacional progresista. El programa de este sector de las Fuerzas Armadas, expresados en los comunicados 4 y 7, venía a colocarse dentro de las fuerzas progresistas de la sociedad -es decir, del lado del pueblo. Por ello, el PCU planteará la “unión de los orientales honestos” y que la contradicción no es “militares-civiles”, sino “oligarquía-pueblo”, llamando a las Fuerzas Armadas a converger con el pueblo contra la oligarquía, bajo el planteo de “Fuera Bordaberry”.

En El Popular del 9 de febrero, el PCU fija su posición: “¿Por qué nos parece, en general, positivo el documento de las Fuerzas Armadas? (…)” y responden señalando su apoyo a las medidas económicas planteadas en los comunicados, aunque aconsejan a las Fuerzas Armadas sobre el “error” de considerar a los marxistas-leninistas contrarios a los ideales democrático-republicanos que señala el último punto del comunicado. Para el PCU: “Se trata de un evidente error, que incluso contradice el resto del documento que podría llevar a confusión a gran parte de los trabajadores que se sentirían discriminados, en perjuicio de la mejor compresión de los objetivos de las Fuerzas Armadas, restringiendo su repercusión en las masas (…) El marxismo-leninismo no es incompatible con los ideales democráticos y republicanos ni con nuestro estilo de vida”. Finalmente, afirman que “los marxistas-leninistas, los comunistas, integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas por las FF.AA., como salidas inmediatas para la situación que vive la república y por cierto no incompatibles con la ideología de la clase obrera (…) se necesita el esfuerzo de todos los orientales honestos, sin distinción de civiles y de militares con la única determinación de ser patriotas de creer en el PUEBLO”.

De este modo, la crisis de febrero puso en evidencia la estrategia del PCU de querer colocar en la dirección de una revolución “agraria y antiimperialista” a un sector del aparato represivo del Estado burgués, como el ejército. Es decir, con su conducta, el PCU apostó a una supuesta variante peruanista del golpe, desarmando políticamente a la clase obrera y obstaculizando su intervención independiente en la crisis abierta.

Se reveló la ilusión de que los militares, como parte esencial de la alianza de la clase obrera con la burguesía nacional, podían liquidar a los terratenientes y los resabios feudales e impulsar un desarrollo capitalista independiente en el agro (reforma agraria) y la industria. ¿Tenía sentido esta ilusión, incluso en el caso de que una corriente militar “peruanista” hubiera ganado la interna de las Fuerzas Armadas? No. Pues, el problema consistía en que en la base de la posición se encontraba la caracterización etapista de revolución “democrático-burguesa, agraria y antiimperialista”: en Uruguay, la gran burguesía nacional (y sus diferentes capas) se encontraba profundamente entrelazada con los terratenientes y la banca, asociados para la explotación de mano de obra barata; se trata de una burguesía nacional raquítica, incapaz de llevar adelante cualquier transformación social profunda. Es decir, no existe la clase capaz de hacerse cargo de la tarea de desarrollar el capitalismo en el agro y la industria. La resolución de la cuestión agraria y el desarrollo de las fuerzas productivas sólo pueden ser resueltas por una revolución dirigida por la clase obrera, que no sólo cumple con las tareas democráticas no resueltas sino que comienza a transitar por tareas socialistas, como parte de la revolución latinoamericana y mundial.

Conclusiones

En el desarrollo de este artículo se intentó desentrañar la estrategia y táctica del PCU frente a un período de agudización sin precedentes de la lucha de clases. En el sentido en que lo entendían los bolcheviques, mientras la táctica se limita a medidas relativas a un problema particular de la lucha de clases, los problemas de la estrategia revolucionaria implican un sistema combinado de acciones que, tanto en su relación, sucesión y desarrollo, deben llevar al proletariado al poder y en torno del cual se subordinan los métodos tácticos del momento. Desde este plano, el PCU careció de una estrategia revolucionaria, pues se empeñó en amputar la independencia política del proletariado y en llevar a la capa “progresista” de la gran burguesía nacional al poder; en primer lugar, mediante la “vía democrática”, frenando la lucha sindical y de acción directa de las masas hacia las elecciones del 1971, y en segundo lugar, en el apoyo a una fracción de los militares en febrero del ‘73. Se reveló, finalmente, en un rol de estabilización del orden burgués en el Estado capitalista.

Las enseñanzas de esta experiencia son de enorme importancia para los trabajadores y los explotados que luchan por la emancipación social.

Nicolás Marrero es docente de la cátedra de Economía Política y Extensión Universitaria de la Universidad de la República (Uruguay) y dirigente nacional del Partido de los Trabajadores de Uruguay.

Notas:

Bibliografía

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Fuentes

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