Resolución Política

Como señalamos en el Informe Político del XXVI Congreso, Argentina es el eslabón más débil de la crisis capitalista mundial. Esto significa que, de manera acentuada, se concentran todas las tendencias parasitarias que son características de las crisis capitalistas en la época imperialista: recesión económica, sobreproducción de mercancías y capitales, quiebras y cierre de unidades productivas y de empresas, crecimiento de las deudas y de las tendencias al defol, agravamiento de la miseria social y sus secuelas de desocupación y destrucción de conquistas populares. Argentina ocupa este lugar como resultado de una serie de crisis superpuestas, que se arrastran desde el derrumbe de la convertibilidad, que produjo una ruptura general de contratos, del esquema de privatizaciones de servicios públicos y la explotación de los recursos naturales por parte de los monopolios internacionales y el defol de la deuda, de manejo de previsional social y la relación entre el Estado nacional y las provincias, que obligó a una intervención del Estado para socorrer al capital en bancarrota. La experiencia kirchnerista se valió de los altos precios de las materias primas para financiar este salvataje por parte del Estado y llegó a su fin cuando esta tendencia se revirtió, previo saqueo de distintas cajas del Estado, empezando por la Anses y el Banco Central.

Nuestra caracterización se demostró más realista que la del macrismo, cuyo fundamento esencial fue la promesa de “una vuelta al mundo”, que debía materializarse en la llamada lluvia de inversiones y en la inserción de la Argentina en el mercado internacional, acentuando su flujo comercial. Nada de esto ocurrió. En la primera fase de su gobierno, Macri se valió de las bajas tasas de interés a nivel internacional para financiar el levantamiento del cepo cambiario y regularizar la deuda en defol. Mediante el endeudamiento también financió la continuidad de los subsidios a las privatizadas, porque los sistemáticos tarifazos nunca alcanzaron para retribuir la tasa de beneficio que reclaman los monopolios petroleros, gasíferos y los concesionarios de los servicios públicos. Sin embargo, este esquema ultra-precario estaba llamado a estallar ni bien se revirtiera la política financiera de los Estados imperialistas. La suba de la tasa de interés en Estados Unidos, en primer lugar, como resultado de la insolvencia de sus propias compañías, sumada a la guerra comercial comandada por Trump, como expresión de la sobreproducción de mercancías y capitales, produjo una brusca salida de capitales a partir del primer semestre del año pasado. Sobre la base de este análisis concreto, fue que el XXV Congreso del Partido Obrero anticipó que el gobierno de Macri buscaría un salvataje en el FMI. Si fuimos el primer partido en anticipar esta situación, ya sea tanto en el campo de la izquierda como de los partidos burgueses, se debió a la superioridad del método de análisis marxista.

El salvataje del FMI permitió al gobierno sortear su caída, cuando la velocidad que había tomado la fuga de capitales amenazó la continuidad de Macri. Pero de ningún modo ofreció una salida a la bancarrota más general de la economía nacional. Lejos de ello, el tutelaje del FMI impuso una serie de medidas económicas que han agravado la recesión por la vía de una caída libre de la industria, la construcción y el consumo. La política de déficit fiscal cero, en estas condiciones, estaba condenada al fracaso, pues la caída de la actividad impacta directamente en la recaudación impositiva. En lo que va del año, por ejemplo, la caída de la recaudación, si se la mide contra la inflación, alcanza el 6%. Con una parte importante de los gastos del Estado indexados, el gobierno debió paralizar la obra pública y reponer algunos impuestos al capital que había eliminado en los primeros años de su gestión. Así y todo, Nicolás Dujovne debió pedirle “perdón” al FMI por el incumplimiento de las metas fiscales. El pacto con el FMI tampoco sirvió para aventar la posibilidad de un nuevo defol de la deuda. Lo prueban el crecimiento del riesgo país, que está por arriba de los 800 puntos, y de los seguros de defol, que también baten récord. Entre los fracasos del acuerdo con el Fondo también hay que anotar la política monetaria. El salto de la cotización del dólar de un 100% en menos de un año está lejos de ser un techo que elimine la posibilidad de nuevas devaluaciones en el próximo período. Es que si por el momento el dólar no pega un nuevo salto se debe exclusivamente a las tasas de interés que rondan casi el 70%. Pero, como ya hemos señalado, este esquema monetario, basado en la emisión de Leliqs por el Banco Central, que ya ronda el billón de pesos, es una verdadera bomba de tiempo, cuya explosión alcanzará también al sistema financiero. Al tipo de cambio actual, los plazos fijos y otros activos en pesos suponen una demanda potencial de dólares del orden de los 40.000 millones, contra reservas líquidas del Banco Central que no llegan siquiera a los 25.000 millones. Es sobre la base de este análisis que anticipamos, en el Informe Político al Congreso, la posibilidad cierta de una corrida cambiaria y hasta bancaria en el transcurso mismo de la campaña electoral. Los sucesos de estas últimas semanas han mostrado la justeza de este análisis.

La cuestión de la deuda pública y la deuda externa vuelven a concentrar todas las contradicciones del proceso económico y esto debe ser explicado en la agitación socialista, especialmente en este período electoral. Los pagos crecientes de deuda explican buena parte del déficit de la cuenta corriente que produjo el salto devaluatorio del último año y que determinó el crecimiento de la inflación. En una economía mayormente dolarizada, la devaluación se transfirió a los precios, teniendo como única barrera la recesión económica y la caída de las ventas. Contra los que afirman que la inflación se debe a la emisión monetaria, se demuestra que omiten que dicha emisión tuvo y tiene como causa principal hacer frente al pago de la deuda pública y externa. Ahora, debido al salto en el endeudamiento, por un lado, y a la devaluación y la recesión, por el otro, el ratio deuda/PBI ha pegado un salto, llegando casi al 100%. La cuestión de la deuda domina las perspectivas económicas del futuro inmediato. Como la incapacidad de pago de la deuda es una certeza, ya está abierto un debate sobre la necesidad de una reestructuración que alcance tanto la deuda con los privados como los vencimientos con el FMI. El próximo gobierno tendría por delante vencimientos superiores a los 150.000 millones de dólares, una cifra imposible de afrontar. Para los especuladores internacionales, las elecciones próximas tienen el valor de decidir quién será el encargado de llevar adelante esa reestructuración. Si una parte aún importante del capital financiero sigue apostando sus fichas por Macri se debe a que suponen que esa reestructuración obtendrá una forma más beneficiosa con el gobierno macrista. Ya ha circulado que el FMI se avendría a modificar los términos de la devolución de su préstamo, estirando los plazos de pago. Así atiende un reclamo del gran capital, que no quiere que el pago al FMI consuma la mayor parte de la capacidad de pago de la Argentina. Pero, en las actuales condiciones, una reestructuración de la deuda será distinta a la ejecutada por el kirchnerismo, ya que ahora no hay un defol declarado ni una desvalorización de los títulos de esa magnitud. Por lo tanto, la reestructuración se limitará a una negociación de plazos y de tasa de interés, pero no del capital involucrado.

La bancarrota económica, cuyas contradicciones más explosivas se han acentuado con el pacto con el FMI, es el combustible principal que alimenta los choques entre la clase capitalista y el gobierno. Estos choques se dan en torno del reclamo de distintos grupos por la parálisis de la obra pública, la caída del consumo o el encarecimiento de las tarifas y los costos en dólares. Se trata de un programa limitado de reclamo de intervención estatal que, sin embargo, choca con la quiebra del propio Estado y los condicionamientos más generales impuestos por el FMI a la política económica. Sin embargo, ningún sector de la clase capitalista plantea una política de ruptura con el FMI ni con el gran capital internacional. Esto incluye a la llamada burguesía nacional, cuya estrategia sigue siendo valerse del financiamiento internacional y defiende la libertad conquistada bajo el macrismo para fugar capitales sin intervención del Estado. Estamos ante una contradicción de fondo, que explica la improvisación de los distintos sectores capitalistas ante la crisis. Un ejemplo de ello es la política de Techint. El grupo de Paolo Rocca sigue queriendo recibir un precio subsidiado por el gas que extrae en Vaca Muerta, pero, a la vez, rechaza todo tipo de cepo o control de cambios que le impida internacionalizar sus beneficios. Sin embargo, los subsidios del Estado chocan con el déficit cero reclamado por el FMI y, más en general, con la necesidad de utilizar todos los recursos públicos para asegurar el pago de la deuda. Estos choques alcanzan también al capital agrario, que fue uno de los soportes principales del macrismo. La reposición de algunas retenciones en un cuadro de inflación creciente que recorta el beneficio devaluatorio ha llevado a que un sector del capital agrario aparezca reacio a respaldar la continuidad del macrismo. Otro tanto ocurre con sectores de la burguesía industrial afectada por el derrumbe del mercado interno, por la apertura indiscriminada de importaciones y también por las retenciones y suspensión de reembolsos de exportación: el ordenamiento de la economía alrededor del repago de la deuda y el ajuste del FMI sigue resquebrajando el frente patronal. Un caso patente de esta situación se vivió en el conflicto de Fate, por parte del dueño Javier Madanes Quintanilla quien, mientras apuntaba sus cañones contra los trabajadores, reclamaba por estas cuestiones a la ventanilla de los subsidios del Estado.

La incapacidad de la burguesía en formular una política opuesta a la que ha conducido al fracaso de Macri se refleja en el plano político en la improvisación de las fuerzas que se postulan para ejecutar un recambio patronal. Es que el hundimiento cada vez más acentuado del macrismo no ha dado lugar aún a un proceso de recambio ordenado que viabilice el proceso electoral ya en marcha. Esto explica que aún en un cuadro dramático, en el medio de una crisis económica de enorme envergadura, el macrismo siga manteniendo una posibilidad de reelegirse. La falta de alternativas podría finalmente mantener a la clase capitalista en el redil del macrismo, lo que a corto plazo podría revelarse como un error político de magnitud. La incapacidad de la burguesía para operar un cambio de frente conduce, muchas veces, a crisis políticas de fondo y a la creación de situaciones revolucionarias. Un eventual triunfo de Macri en las elecciones podría crear, en el corto plazo, una gran crisis política y suscitar una intervención de las masas de mayor amplitud.

Con todo, la posibilidad del triunfo de Macri debe enfrentar, antes que nada, la bancarrota económica de su propio gobierno y la división creciente en la alianza electoral Cambiemos. Esta división incluye los choques con el radicalismo, así como también con sectores clave del PRO, como Emilio Monzó, Horacio R. Larreta y María Eugenia Vidal. Al forzar la unificación de la fecha de las elecciones de Capital y provincia de Buenos Aires con la presidencial, una derrota de Macri puede producir la pérdida de ambos distritos clave. Esto explica que, faltando sólo dos meses para la inscripción de las alianzas, el radicalismo aún no ha ratificado su participación en Cambiemos y que se siga barajando la posibilidad de que Macri decline su candidatura en favor de Vidal. Aunque esta variante no sea la más probable, podría ser un recurso de emergencia ante un agravamiento de la crisis financiera y una mayor corrida cambiaria. La propuesta de que la UCR ocupe la vicepresidencia aparece también como recurso de crisis, ante la amenaza de una ruptura de Cambiemos y un respaldo a la candidatura de Roberto Lavagna. Sin embargo, la propuesta a la UCR tiene otro sentido: el ensayo de superar la crisis por medio de un gobierno de unidad nacional, ante la inviabilidad del régimen de coalición a la carta con el que Macri gobernó en sus primeros años. Martín Lousteau condicionó aceptar una candidatura a vicepresidente de Macri a una modificación del sistema de gobierno y de las alianzas políticas, que incluya plenamente al radicalismo y a un sector del peronismo.

En el mismo sentido, debe entenderse el rechazo de Lavagna a participar de unas Paso del Peronismo Federal. Lavagna postula también un gobierno de unidad nacional con el peronismo, el radicalismo, la centroizquierda y sectores del PRO. La unidad nacional de las fuerzas patronales muestra la comprensión que tienen del alcance de la crisis y, a la vez, su disposición en avanzar en el programa que Macri no pudo completar: a saber, las reformas laboral, previsional e impositiva. La bancarrota capitalista reclama una desvalorización de capitales y mercancías, comenzado por la fuerza de trabajo, de dimensiones tales que reclama un gran frente nacional de la clase capitalista. El planteo de Lavagna, sin embargo, choca con el Peronismo Federal, que sigue intentando ser el eje sobre el que se reagrupe un recambio del macrismo. Las pretensiones de Lavagna de que todos declinen su candidatura para respaldar la suya no se condice, por el momento, con el registro electoral que le otorgan las encuestas. En este cuadro no puede descartarse que termine declinando su candidatura que, hasta el momento, además no formalizó. Tanto Lavagna como el resto de los candidatos del Peronismo Federal enfrentan la contradicción de ganarle con facilidad un balotaje a Macri pero, a la vez, no pueden acceder a él porque quedarían en un relegado tercer lugar. La viabilidad de este armado político dependerá de la marcha de la crisis, ya que una corrida de mayores proporciones podría dinamizarlo, así como también de la presión que ejerza la clase capitalista para ordenar los choques de camarilla que son propios de la política patronal.

En relación con el kirchnerismo, las vacilaciones sobre la candidatura de Cristina Kirchner están determinadas también por la crisis. Un eventual gobierno de Cristina Kirchner la obligaría a pilotear un ajuste a las masas de enorme envergadura. Es que el programa del kirchnerismo no dista en lo fundamental del que postula el resto de la oposición patronal e incluso sectores que están dentro del PRO. Juan Grabois, el agente del Papa devenido en vocero de Cristina Kirchner, lo dejó en claro cuando propuso que Larreta encabece la lista a la Jefatura de Gobierno en la boleta de K. La dependencia más general de la burguesía nacional del gran capital internacional aleja al kirchnerismo de cualquier veleidad anti-imperialista. Axel Kicillof ha señalado, en reuniones con el FMI, que su programa se limita a una renegociación de los términos del acuerdo, para hacer viable el pago de la deuda. Las declaraciones de Kicillof son congruentes con sus actos. Como ministro de Economía de Cristina Kirchner, dio los primeros pasos en el camino que luego seguiría Macri, al regularizar la deuda con el Club de París y firmar la entrega de Vaca Muerta a Chevron. Esta línea conservadora del kirchnerismo se expresa, en el plano electoral, en su política de unidad del peronismo-pejotismo. En más de diez provincias se han establecido listas únicas en la que el kirchnerismo participa como socio menor de los gobernadores del PJ. En Córdoba, donde el PJ no quiso incorporar al kirchnerismo, Cristina Kirchner ordenó bajar la lista y brindar un apoyo unilateral a Juan Schiaretti. Esta orientación capitalista de Cristina Kirchner, sin embargo, no ha servido para que la masa de la clase capitalista cambie su rechazo a su vuelta al gobierno. Aquí radica la verdadera causa de por qué, siendo que todas las encuestas le otorgan el primer lugar, no sólo ya en las Paso de agosto y en las generales de octubre sino ahora también en el balotaje, Cristina Kirchner dude en formalizar su candidatura. El gran capital todavía tiene la carta de enfrentar la candidatura de Cristina Kirchner con una corrida cambiaria luego de las Paso, condicionando por esa vía el voto de la población en las elecciones generales.

La bancarrota económica y la crisis política configuran una crisis de régimen, que envuelve a todas las instituciones del Estado. Un lugar destacado donde se sustancian estos choques es el Poder Judicial, así como también los servicios de inteligencia ligados a jueces y fiscales federales. La disputa judicial incluye el juzgamiento de los principales grupos económicos de la burguesía nacional, cuyas posiciones son amenazadas por el gran capital internacional. Una parte de las causas contra la camarilla K están asociadas a la evolución de estos juicios contra los grupos empresariales. El planteo de Eduardo Duhalde de impulsar una amnistía general para unos y otros y, por esa vía, lograr un acercamiento entre Lavagna y el kirchnerismo, no ha progresado todavía. Lavagna teme que un acercamiento a Cristina Kirchner frene el apoyo progresivo que va recibiendo de varios grupos económicos que se alejan del macrismo.

Las elecciones realizadas hasta el momento en las provincias han arrojado un triunfo de los gobiernos de cada distrito. En todos los casos que vimos hasta ahora (Neuquén, Chubut, San Juan, Entre Ríos y Río Negro) tienen en común que no comulgan con las dos principales candidaturas nacionales que existen al momento -Macri y CFK. Muchos han interpretado que los resultados muestran las posibilidades de triunfo de una candidatura alternativa al macrismo y al kirchnerismo pero, sin embargo, no han servido para resolver los choques de camarilla al interior de ese llamado “tercer espacio”. Por otro lado, los resultados electorales han dejado ver una caída en picada del macrismo y, en menor medida, del kirchnerismo. En San Juan y Entre Ríos, los amplios triunfos peronistas exhiben la unidad como bandera. Desde otro ángulo, los triunfos de los gobiernos locales muestran que el proceso electoral se caracteriza por un dominio político de las fuerzas del sistema que manejan el aparato estatal. Este dominio se identifica con la defensa de los intereses locales y provinciales, en relativa oposición al gobierno nacional. Es el caso de Neuquén, donde el MPN planteó que el acuerdo con el FMI obstaculizaba la continuidad de los subsidios a la explotación de Vaca Muerta. Los trabajadores han votado por las reelecciones de los gobiernos capitalistas, en la expectativa de que el éxito de esos intereses económicos locales de sus patronales redunde en un beneficio para ellos, o al menos que sirva para moderar el impacto de la crisis. Un dato a tener en cuenta es el triunfo de Mariano Arcioni en las Paso de Chubut, luego de la gran crisis provincial que llevó a una parálisis durante semanas enteras. El resultado negativo que recibió el kirchnerismo en varias provincias mostró, incluso, que en una masa del electorado su triunfo ponía en riesgo determinados planes de inversión o que llevaría a un retiro de las empresas ya instaladas. En cualquier caso, el canal de la bronca popular contra el gobierno de Macri está siendo canalizado por las fuerzas de la burguesía y en particular por el peronismo. El hundimiento electoral del macrismo en las elecciones provinciales no ha dado lugar a un giro a la izquierda. Nuestros propios resultados oscilan entre la repetición de lo conquistado en elecciones pasadas o pequeños retrocesos. En las campañas que tenemos por delante en provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Jujuy y Formosa tendremos que agudizar la polémica con los gobernadores locales, refutando su discurso de que encarnan la defensa de los intereses generales de las provincias. Para ello es necesario desarrollar un programa de transición que oponga los intereses de los trabajadores a las oligarquías locales y su Estado, por un lado, y por el otro, resaltar el carácter del recambio de Macri para llevar adelante la descarga de la crisis capitalista sobre las masas que revisten las alternativas del nacionalismo.

De un modo general, el movimiento obrero y las masas están sufriendo los embates más directos de la crisis. Por un lado, las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017 mostraron que el macrismo, en su mejor momento tras la victoria en las elecciones intermedias, no reunió los recursos políticos necesarios para poder llevar adelante la totalidad de su plan antiobrero, que requiere un replanteo de fondo en la relaciones entre las clases en el país. Varias de las luchas libradas, incluso a pesar de las derrotas, sirvieron para marcar esos límites que inviabilizaron varios de los planes del macrismo. Por otro lado, sin embargo, esto no significa que las masas hayan podido hacerle frente en regla a una ofensiva patronal, que ha desvalorizado los salarios y aplicado despidos y suspensiones masivas, en especial en la industria. Ahora mismo se están ejecutando en áreas enteras suspensiones masivas y cierre de plantas, sin que se las enfrente con procesos de lucha. Prima la contención burocrática, que alcanza a todas las alas de la burocracia sindical. Pero no se trata sólo de la contención de los aparatos burocráticos, sino de la contención que ejerce el dominio político de las corrientes a las que esos aparatos burocráticos responden. Es interesante ver cómo el Smata, que ha permitido en los últimos meses suspensiones y despidos masivos y retiros voluntarios (despidos encubiertos) en la casi totalidad de las terminales automotrices, aparece ahora convocando un paro para el 30 de abril, junto con Moyano y las CTA, sin que tenga por propósito enfrentar a las patronales, sino con el planteo genérico de un nuevo modelo económico. Sucede otro tanto con la Ctera, que ha hundido como nunca la paritaria docente. Los principales conflictos de la etapa fueron protagonizados por la izquierda, y en particular por el PO, como es el caso de Fate, Interpack y Textilana, y más atrás, el Inti. En cambio, la burocracia sindical, salvo excepciones muy puntuales, ha dejado pasar la ofensiva patronal sin ofrecer ninguna resistencia. Esto incluye a la centroizquierda de la CTA degennarista. En los ingenios azucareros del norte entregó sin luchar a un sector clave del proletariado argentino, en combinación con los punteros locales del peronismo. En Foetra Buenos Aires, donde la conducción del sindicato está en manos de una alianza de la CGT y la CTA Yasky, habilitaron retiros voluntarios masivos, que superaron los 1.500 trabajadores, y permitieron la extensión de la jornada laboral. La Conadu también ha mandado al bombo la paritaria universitaria, a lo que se adapta la mayoría PCR-centroizquierda que conduce la Conadu Histórica.

La política de la burocracia consiste en pactar con el gobierno los fondos de las obras sociales e incluso algunas leyes que integran el paquete de la reforma laboral, mientras plantean “votar bien” en las elecciones, para reemplazar al gobierno de Macri por Cristina Kirchner u otra variante de recambio del pejotismo. El temprano “hay 2019”, lanzado por el kirchnerismo luego de las jornadas de diciembre de 2017, fue otro factor para viabilizar la tregua a Macri. Al igual que ocurrió en Brasil, donde la burocracia de la CUT y del PT presentaron el “hay 2018” para dejar pasar el golpe contra Dilma Rousseff y la ofensiva de Temer contra las conquistas obreras. Contra los que dicen que el proceso electoral carece de importancia, ignoran, antes que nada, el factor de desmovilización que implica para las masas, especialmente cuando éstas carecen de organizaciones autónomas para brindar batalla y de independencia política respecto de las fuerzas patronales. He ahí el valor del Frente de Izquierda como canal de independencia política de los trabajadores. Tanto la burocracia como el kirchnerismo-peronismo rechazan nuestro planteo de que “la crisis la paguen los capitalistas”, en nombre de que los empresarios son también víctimas del modelo económico del macrismo. La identificación del interés patronal con el de los trabajadores es el punto de partida de la conciliación de clases que pregona el nacionalismo burgués. El kirchnerismo hace punta con este planteo. En el Senado, Cristina Kirchner dedicó un discurso entero para demostrar que Arcor ganaba más plata con su gobierno que ahora con el macrismo. El otro punto que destaca la burocracia sindical, en particular el ala más opositora de Moyano y el kirchnerismo, es presentar su vuelta al gobierno como un retorno a un Ministerio de Trabajo activo, que sirva para mediar entre las patronales y los trabajadores. Aunque estamos ante un embellecimiento del Estado burgués, que se vale de las mediaciones e intervenciones para regimentar a la clase obrera y defender los intereses generales de la clase capitalista, en sectores amplios de los trabajadores existe la ilusión de que un Ministerio de Trabajo activo sirva, al menos, para amortiguar la ofensiva capitalista. En nuestra lucha política debemos prestar atención a estos aspectos y mostrar cómo la intervención estatal es un recurso de las patronales contra los trabajadores. Y es crucial mostrarle al activismo obrero cómo esa intervención termina siempre siendo utilizada por el Estado para apuntalar a la burocracia sindical, que es el principal factor de contención de las masas. Una prueba de ello fue cómo el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada bloqueó sistemáticamente el reconocimiento de los nuevos sindicatos, a pesar de que muchos de ellos tenían direcciones kirchneristas. En la lista están la CTA y el sindicato del Subte.

Las luchas parciales que se desarrollan en diversos gremios y provincias no alcanzan a reunir la masa crítica para que la crisis de régimen y la bancarrota capitalista se transforme en una situación prerrevolucionaria. Es decir, las masas no cuestionan activamente el poder establecido y, por ende, no hemos ingresado aún a una situación prerrevolucionaria. Pero las disputas por arriba, los choques entre las fuerzas del régimen, los permanentes ataques de los capitalistas a las conquistas y condiciones de vida de las masas, son un acicate permanente que convoca a la acción de los trabajadores. En las actuales condiciones no podemos descartar que la combinación de una serie de factores termine despertando una acción general de los trabajadores. El paro convocado por Moyano y las CTA para el 30 de abril y el de los gremios del transporte para el feriado del 1° de Mayo son una expresión distorsionada de esa necesidad, al servicio de la política de la burocracia, mediante sus métodos de regimentación, derrota y contención. Por un lado, convocan como forma de descompresión. Por el otro, es una acción limitada cuyo propósito es posicionar al peronismo de cara a las elecciones de agosto-octubre. Moyano lo dijo claramente al momento de expresar el propósito del paro: que Macri se vaya en octubre por medio de un triunfo del peronismo-kirchnerismo. En oposición a esta política, planteamos el paro activo de 36 horas y que la “lucha es ahora” por todas las reivindicaciones de los trabajadores. Contra el recambio patronal que pregona la burocracia sindical por la vía electoral, planteamos la intervención de las masas por el “fuera Macri y el régimen corrupto de kirchneristas, pejotistas y macristas, y por una Asamblea Constituyente con poder” para tomar las medidas de emergencia que permita satisfacer las necesidades populares fundamentales y evitar una nueva quiebra nacional. En la campaña electoral, el cuestionamiento general del régimen no puede, sin embargo, presentarse del mismo modo. Esto porque las elecciones colocan a todas las fuerzas de la burguesía en relativa paridad, sin importar quién ocupa la posición de gobierno.

Denunciamos los planteos de las constituyentes provinciales formulados por Alfredo Cornejo en Mendoza para formatear el Estado al servicio de las mineras, petroleras y pulpos vitivinícolas, como la que plantea el PS en Santa Fe para perpetuar el Estado narco-sojero, que estamos denunciando en la campaña electoral de esa provincia. En ese sentido, nuestro planteo de Constituyente contribuye a avizorar una salida y, por lo tanto, a desarrollar esa iniciativa histórica: la del “derrotemos a Macri, el FMI y los gobernadores”, planteamiento que ha sido una conquista en importantes escenarios de lucha política como el Plenario Sindical Combativo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, o el movimiento de la mujer.

La intervención política en toda esta fase de acciones limitadas de la burocracia revaloriza al Plenario Sindical Combativo, en tanto que ofrece una plataforma para una acción diferenciada de todas las alas de la burocracia sindical. El PSC fue un punto de reagrupamiento frente a luchas importantes en Neuquén, Córdoba o Santa Cruz, y ante las batallas como Interpack, Fate y otras. Es un reagrupamiento que no alternativiza las fracturadas centrales obreras pero, interviniendo en ellas lo hace delimitado de las fracciones de la burocracia opositora, lo cual contribuye a la ruptura de la vanguardia obrera con las expresiones del nacionalismo en el seno de los sindicatos y del movimiento piquetero. Las columnas independientes que hemos realizado, que asumieron distintas formas según las circunstancias, permitieron una diferenciación en la acción y no en la parálisis. Quienes sabotearon al Plenario Sindical Combativo terminaron como pata izquierda de la burocracia kirchnerista (aceiteros) o en la parálisis (el PTS no estuvo en la calle el 4 de abril pasado). El Plenario Sindical Combativo ha levantado otra cuestión importante, como es la unidad de los ocupados con los desocupados. Este planteo tiene un valor enorme, por un lado, porque el movimiento piquetero combativo se ha transformado en un factor de ruptura de la tregua y, por el otro, porque permite desarrollar en el seno del movimiento de desocupados una política obrera y socialista. Debemos defender a fondo su carácter de frente único de sindicatos y representaciones sindicales, y no de grupos de izquierda. Sin ultimatismos, libramos en este espacio político sindical la batalla por nuestros planteamientos estratégicos: el Congreso de delegados electos por las bases de todos los sindicatos y el gobierno de los trabajadores. Nos declaramos partidarios de la defensa del Plenario Sindical Combativo y llamamos a la unidad de toda la clase obrera para derrotar la ofensiva capitalista.

El movimiento de la mujer está recorrido por todas las tendencias políticas que se anotan en la oposición al macrismo. La extraordinaria lucha librada por el aborto legal, que fue anticipada por el movimiento del #NiUnaMenos, muestra la potencialidad de reivindicaciones democráticas cuando son dirigidas por acciones de masas contra los poderes públicos. La proyección del movimiento de la mujer también cuestiona el dominio de la burocracia sindical sobre las organizaciones obreras y, más en general, las relaciones laborales. Fue lo que denunció el colectivo de Actrices Argentinas en oportunidad del movimiento #MiraComoNosPonemos. La lucha política al interior del movimiento de la mujer coloca de un lado a quienes quieren llevar a fondo los reclamos más sentidos, sin temor a chocar con el orden vigente y las instituciones y partidos que lo sostienen, y quienes limitan el alcance de la lucha a maniobras de orden parlamentario o electoral. Esta lucha quedó demostrada en la jornada del último 8M, en la que batallamos junto a un sector de la izquierda, y logramos colocar la responsabilidad del ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI, y una denuncia a las centrales obreras por no convocar al paro el 8M y boicotear el acto, boicot que logramos superar con una colecta en el transcurso de la propia movilización.

Una cuestión crucial es la lucha contra la Iglesia, principalmente contra la católica, pero no sólo contra ella, ya que el evangelismo en particular juega un papel central en la contención de los sectores más explotados. El choque con el Parlamento en la lucha por el aborto legal ha sido un factor instructivo políticamente, pero de ningún modo se deduce de ese choque que el movimiento de mujeres haya agotado sus ilusiones parlamentarias. Una capa superior de este movimiento, vinculado con los partidos del régimen, pretende valerse de la derrota parlamentaria para hacer lobby al momento de la nominación de las listas de diputados y senadores, con la promesa de sumar más votos para una futura votación en el Congreso. El afán de este sector pequeño-burgués radica en solucionar su propia situación social, transformándose en burócrata del Estado. Se repite lo que vimos cuando se aprobó la ley de paridad de género en las listas. El ala kirchnerista del movimiento ha revelado una tendencia oportunista acentuada al tolerar la posición de Cristina Kirchner acerca de que debe haber “pañuelos celestes y verdes” en su movimiento. La superación de estas ilusiones parlamentarias está asociada a la derrota del ala K y feminista-burgués, y el desarrollo de un gran movimiento de mujeres trabajadoras. El planteo de la separación de la Iglesia del Estado se transforma en una consigna poderosa de politización, delimitación e incluso de atracción electoral para la campaña. Por este motivo debe ocupar un lugar central en la propaganda política y electoral. El Encuentro de la Mujer, que se realizará este año en La Plata, será otro escenario de movilización y delimitación, que coincidirá con el tramo final de la campaña electoral. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda tienen el desafío de desarrollar una propaganda especial sobre todos estos aspectos.

Mientras la inmensa mayoría de la izquierda mundial concibe a las elecciones como un tránsito apacible a la conquista de escaños, nosotros nos valemos de ellas para reforzar la organización independiente del proletariado, separarlo del dominio de la burguesía y la pequeño burguesía, y acumular fuerzas para la pelea por un gobierno propio. La campaña electoral que ya está en desarrollo en las provincias, y que comenzará con más peso en las próximas semanas a nivel nacional, está llamada a refractar todos los elementos de la crisis. Nuestro principal adversario al momento de captar el voto de los sectores de trabajadores, mujeres y jóvenes activos será el kirchnerismo y/o la fuerza que se estructure en torno del peronismo. Las consignas que desarrollemos deben apuntar, por un lado, a ofrecer una salida a la crisis, en tanto se trata de la principal preocupación de las masas, y del otro, que nos permita una delimitación que denuncie el carácter continuista del recambio político que se quiere operar. Obviamente, una campaña electoral con la consigna “Fuera Macri” no cumple esa función, ya que equivale a un llamado a votar por quien le pueda ganar a Macri. Si el eje electoral es sacarse a Macri de encima, un trabajador nos dirá: “el programa del FIT es mejor que el del peronismo, pero ustedes no le pueden ganar”. De ahí que nuestro programa y consignas deben subrayar el carácter de clase de nuestros planteos en oposición al conjunto del régimen y sus partidos. La consigna central debe ser “que la crisis la paguen los capitalistas”, porque plantea una salida anticapitalista a la bancarrota actual e introduce al conjunto de nuestro programa. Dentro del programa debemos destacar en la consigna central el “fuera el FMI”, ya que permite oponerse, otra vez, al conjunto del régimen y sus partidos, que tienen en común su decisión de mantener a la Argentina bajo la tutela del capital financiero internacional. La ruptura con el FMI va unida directamente a la cuestión del repudio a la deuda externa usuraria que, por los motivos señalados más arriba, se ha transformado en un punto que concentra todos los desequilibrios económicos del país. A la consigna “Que la crisis la paguen los capitalistas, fuera el FMI” la debemos completar con el planteo de “por una salida de los trabajadores y la izquierda”, para reforzar nuestro carácter de clase y la estrategia de poder, mostrando que sólo la izquierda identifica su programa con los trabajadores. “Por un salida de los trabajadores y la izquierda” establece un contrapunto con todas las salidas capitalistas en curso que vienen pergeñando, tanto el macrismo como la oposición patronal, y subrayar la necesidad de que la clase obrera se transforme en alternativa de poder, poniendo fin al régimen entreguista y corrupto de macristas, kirchneristas y pejotistas. Es la mejor formulación que expresa, en el terreno electoral, nuestro planteo de lucha por un gobierno de los trabajadores.

En 2011, con la constitución del FIT, valoramos como una recuperación de la política socialista en la campaña electoral la explotación de las reivindicaciones inmediatas como parte de un programa transicional -es decir, en conexión directa con la lucha por un gobierno de la clase obrera. Se trata una cuestión fundamental a tener en cuenta en los próximos turnos electorales. En las recientes elecciones neuquinas nos valimos de los planteos “reparto de las horas de trabajo sin afectación del salario” y “comités obreros de seguridad e higiene” para captar la atención del proletariado petrolero, fuertemente golpeado por la flexibilización laboral y las muertes obreras, y dominado políticamente por la burocracia sindical y los partidos patronales. Privarnos de la explotación de este tipo de planteos, en nombre de la crisis de régimen y la exclusiva enunciación de consignas de poder, representaría un crimen. En el momento más agudo de la bancarrota capitalista, el Programa de Transición cobra su mayor actualidad y saca a relucir todo su filo revolucionario. Es importante que en nuestra campaña dediquemos un esfuerzo para explicar nuestro programa, evitando quedarnos sólo en la divulgación de las consignas. La interesante minuta que presentaron los compañeros del Inti en el Boletín Interno da cuenta de que, incluso en un colectivo de trabajadores que luchó, ocupó su lugar de trabajo y luego consagró a nuestra agrupación Naranja como dirección de la Comisión Interna, hay mucha resistencia a respaldar salidas radicales, como la ruptura con el FMI o el no pago de la deuda. Se hace sentir la presión del gran capital y sus voceros, que amenazan con una desorganización económica generalizada si se afectan sus intereses fundamentales. Este hecho es el que explica también que, como lo señalaron los compañeros y compañeras del círculo de Músicos en el Boletín Interno o los telefónicos de la Naranja en un reciente plenario en Tigre, una parte mayoritaria de nuestra periferia sindical vote por el kirchnerismo. Esta lucha política determina la forma de exposición de nuestro programa, que debe ser pedagógico -es decir explicar en qué consisten nuestras consignas principales- y polémico -o sea formulado de modo tal que busque refutar los planteos de nuestros adversarios. En esta polémica debemos mostrar el carácter entreguista y confiscatorio del planteo de renegociación con el FMI que formula el kirchnerismo y una parte importante de la oposición peronista al gobierno. Como señalamos también en el capítulo de la mujer, la consigna de “separación de la Iglesia del Estado” debe ocupar un lugar central y requiere una explicación de qué alcance le damos. Nuestro planteo se distingue del que formulan sectores minoritarios de la derecha liberal, que se limitan a cuestionar los subsidios que recibe la curia en la actualidad. El sentido de nuestro planteo es otro: es la expropiación de los bienes de la Iglesia, con la excepción de aquéllos que se utilizan para la actividad religiosa específica. En particular, ponemos el foco en separar al clero de sus posiciones en el sistema educativo, ya sea por la educación confesional en los colegios públicos como en los privados, que son de su propiedad.

La cuestión de Venezuela ocupará también un lugar en la campaña electoral y, más en general, el desenlace de esa crisis que tendrá efectos determinantes en toda América Latina. El macrismo se vale del hundimiento del régimen de Maduro y de la miseria social pavorosa que ha generado para atacar al kirchnerismo y también al Frente de Izquierda. Además, las acciones represivas del gobierno de Maduro le permiten a la derecha continental agitar la bandera de los derechos humanos y las libertades democráticas. Para el macrismo, la crisis venezolana permite dividir a la oposición, ya que un ala importante del Peronismo Federal y del massismo se pronunciaron prontamente por el reconocimiento de Guaidó, mientras el kirchnerismo y Cristina Kirchner en persona no abren la boca para condenar la agresión yanqui y de los gobiernos latinoamericanos contra un país hermano. Para el PO y el Frente de Izquierda, la defensa de Venezuela debe ocupar un lugar central y debemos mostrar que el imperialismo y los gobiernos de la región quieren avanzar en el copamiento de Venezuela para apropiarse de sus recursos naturales, empezando por las reservas petroleras y, más en general, para viabilizar una salida de fuerza contra el conjunto de los obreros y campesinos de América Latina. La complicidad del kirchnerismo con esta salida se prueba en el hecho de que busca un acuerdo en la Argentina con los sectores que reconocen a Guaidó y, de modo general, con que su programa se inscribe en la órbita del FMI. Los movimientos de masas y rebeliones populares contra la ofensiva capitalista e imperialista en América Latina, como el de Haití, deben ser destacados para mostrar que hay una ruta de movilización popular y de acción directa presente, aunque no sea la que domina el escenario latinoamericano.

El Partido Obrero participa de todo el proceso político-electoral como parte integrante del Frente de Izquierda. A pesar de que las elecciones provinciales realizadas hasta el momento no han arrojado un giro a la izquierda, y que tampoco las encuestas de opinión que reflejan la intención de voto para las presidenciales de agosto-octubre muestran un crecimiento de nuestro registro electoral, el FIT sigue apareciendo como uno de los bloques políticos en presencia. Esto, a pesar de los bloqueos que le imponen al FIT sus propios componentes, que sabotean su acción política y su proyección como un polo político de la clase obrera, haciendo gala de una orientación alevosamente electoralista. Esto plantea, al interior del FIT, una divergencia de alcance estratégico que debemos explicitar. La plataforma del FIT claramente está basada en la independencia de clase y el gobierno de los trabajadores. Y tuvo el mérito adicional de formarse en franca oposición a un gobierno nacionalista, desarrollando la delimitación política con las alas más de izquierda del régimen burgués. Esto lo diferencia radicalmente de frentes de izquierda anteriores, como Izquierda Unida o el Frepu, que se constituyeron con planteos de defensa de la democracia. En el fondo, este programa rabiosamente democratizante (“socialismo con democracia”) explicó la negativa de los partidos que componían Izquierda Unida y el Frepu a incorporar al Partido Obrero a una alianza electoral y, en su momento, la ruptura del Frente de Trabajadores MAS-PO para formar el Frepu. El FIT votó en blanco en el balotaje entre Macri y Scioli, mientras IU quería apoyar a Menem en el colegio electoral de 1989. Este carácter progresivo del Frente de Izquierda, y su plataforma en defensa del gobierno de los trabajadores y la independencia de clase, entra en contradicción con la orientación electorera del PTS, que además es hermana siamesa del sectarismo, en tanto privilegia la competencia interna por el reparto de candidaturas sobre el frente único de acción, que requiere una acción sistemática de lucha por un gobierno de los trabajadores. De esta contradicción se deriva que el Partido Obrero debe presentarse como un defensor del Frente de Izquierda y como el partido que, por su programa y método, puede desarrollarlo de modo consecuente. Nuestra defensa del FIT radica también en la defensa del frente único de clase, que debe empezar por una acción unitaria del propio Frente de Izquierda. Para darle una forma política definida, debemos insistir en nuestro planteo de que se convoque un Congreso del Frente de Izquierda, para que sirva como instancia de movilización del activismo obrero, juvenil y de la mujer, y fortalecer una campaña basada en dicha movilización. De esta forma, también abordamos, enfrentamos y superamos el oportunismo del PTS que, mientras desarrolla una posición electoralista, paralizante y divisionista, ha propuesto un partido único de tendencias.

Esta defensa del Frente de Izquierda también determina el abordaje que debemos tener hacia el resto de la izquierda que solicita una alianza electoral con el FIT. El Congreso del Partido Obrero reafirma la posición que ya ha fijado el Comité Nacional en los meses previos: somos partidarios de una lista única de la izquierda para enfrentar a todas las fuerzas del régimen, pero no a una incorporación al Frente de Izquierda de fuerzas cuyo programa es abiertamente democratizante. Una incorporación del MST, el MAS, y ni qué decir de Zamora, agudizaría la contradicción que señalamos más arriba, entre la plataforma progresiva del FIT y el carácter electoralero, democratizante e incluso intrigante de sus partidos. Una alianza con la izquierda debe hacerse sobre una plataforma clara de independencia de clase y con un armado de listas que respete la relación de fuerzas que ha quedado plasmada en las elecciones previas. Concesiones en las listas a estas fuerzas implicarían otra vía de liquidación del FIT y relegamiento de nuestro partido.

La campaña de movilización política que le planteamos al FIT vale, en primer lugar, para el propio Partido Obrero. La crisis excepcional en la que se desarrollará la campaña requiere una movilización también excepcional de todo el partido. En una primera fase, las charlas deberán ocupar un lugar importante, porque posibilitan explicar nuestro programa, incorporar nuevos compañeros y planificar iniciativas. Para esto, organizaremos cursos de propaganda, charlas y actividades públicas en base al Manifiesto votado por el Congreso del partido. El reclutamiento es una prioridad de la campaña y, hasta cierto punto, su evolución será un termómetro incluso de las chances electorales que tendremos. Experiencias anteriores han marcado que la campaña electoral facilita el reclutamiento, al colocar en el centro tareas esencialmente políticas. La candidatura central de Romina nos permitirá desarrollar una acción especial sobre la mujer, ya que será, en principio, la principal vocera nacional del FIT sobre la lucha general de la mujer. Esto debe plasmarse en iniciativas de campaña en todo el país, explotando a fondo la participación destacada de Romina en el movimiento de la mujer. En la juventud, que es donde se concentra el voto mayoritario del Frente de Izquierda, tendremos que estructurar una campaña específica, con una especial atención en el reclutamiento. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, la campaña electoral nos facilita una delimitación directa con el kirchnerismo, con quien disputamos políticamente la dirección de la Fuba. El crecimiento explosivo del Polo Obrero en las barriadas ofrece una plataforma espectacular para la propia campaña y para llevar adelante un plan de reclutamiento al partido. Los comités de base en los barrios para apoyar las candidaturas del FIT pueden ser un recurso adecuado para movilizar a los compañeros y compañeras. Debemos estudiar en las listas provinciales y municipales introducir candidatos que participan directamente de la lucha del Polo, que incluso podrían ser votados por sus asambleas. El valor de plataformas locales será importante, ya que permitirá vincular a nuestros compañeros con problemáticas más amplias y jugar un papel organizador de los barrios. Por último, y clave, estará la campaña en el movimiento obrero, también con candidatos obreros cuidadosamente discutidos. Al menos en una primera fase de la campaña, organizaremos actos en las fábricas y los candidatos deberán participar activamente de todos los conflictos. El registro audiovisual de esas participaciones permitirá difundir esa participación entre sectores más amplios. Una campaña para que la crisis la paguen los capitalistas debe ser una campaña vinculada con las luchas del momento.

El próximo 1° de Mayo será la oportunidad de un lanzamiento nacional de la fórmula presidencial del Frente de Izquierda en un acto en la Plaza de Mayo. Ahí tendremos la posibilidad de la primera gran movilización de campaña. Previamente, le plantearemos al Frente de Izquierda una propuesta de manifiesto programático votado por nuestro congreso.

Aprobada en plenario general (sobre 311 delegados al momento de la votación obtuvo 239 votos a favor; abstenciones, 2)