Golpe contrarrevolucionario en Bolivia

En Bolivia se produjo un golpe reaccionario, apalancado por el imperialismo yanqui con la complicidad y colaboración del presidente brasileño, Bolsonaro, y del gobierno de Macri. A la cabeza del golpe estuvo la derecha boliviana, concentrada en Santa Cruz de la Sierra, que sumó al Ejército y la Policía para imponer la renuncia de Evo Morales y todo su gobierno, así como de las principales figuras del masismo. El golpe tuvo el visto bueno de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana e incluso de partidos de la izquierda. 

El golpe obedeció a una combinación de hechos. Por un lado, el deterioro de la situación económica de Bolivia, como expresión de la propia crisis capitalista, y la necesidad de trasladar los costos de la misma a las masas bolivianas. Por otro, a avanzar en un control mayor por parte de los capitales internacionales de la actividad minera, fundamentalmente el litio, sin la necesidad de depender de un acuerdo con la burguesía “chola”. También imperó la necesidad del imperialismo y la burguesía de los países de Latinoamérica de quebrar la seguidilla de rebeliones populares que se fueron desenvolviendo en la región (y que están aún activas), desde Puerto Rico a Chile, pasando por Haití, Nicaragua, Ecuador y Colombia. Para el gobierno de Trump es fundamental controlar su “patio trasero” en el marco de la guerra comercial con China y, en particular avanzar en el desplazamiento de Maduro, sobre todo, luego del fracaso que está padeciendo la “vía Guaidó”. 

Un golpe en Bolivia allana ese camino, por ello, la golpista presidenta Añez decretó, como medidas de “emergencia”, la ruptura de relaciones con Cuba y Venezuela, el reconocimiento diplomático del Estado sionista de Israel y otras, lo cual fue respondido por Trump, entregando una modificación presupuestaria al Parlamento yanqui para levantar el boicot al suministro de asistencia al gobierno boliviano, considerándolo “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”. 

La conciencia de que Evo Morales no iba a ganar las elecciones con un resultado plebiscitario dio comienzo al operativo golpista en los meses previos, y un papel fundamental lo jugaron los llamados “Comités Cívicos”. Los Comités Cívicos de Bolivia son instituciones policlasistas regionales, una especie de multisectoriales, controladas por los partidos burgueses y los grupos capitalistas de cada zona. En un clima semiasambleario se debaten problemas regionales, predominando los intereses de los grupos capitalistas, con reclamos contra el gobierno nacional. De estos comités surgieron los Camacho y Pumarí, entre otros, figuras destacadas en el golpe.

El golpe ha tenido características sangrientas, reaccionarias, de profunda discriminación de la población indígena, y debió enfrentar una extraordinaria resistencia del pueblo boliviano oprimido, sobre todo del campesinado, que ha escrito una de las páginas más encomiables de su historia de lucha. 

La lucha por derrotar al golpe, de retomar la resistencia contra el mismo es la tarea principal de las masas bolivianas y de toda Latinoamérica; ello implica superar la política del MAS y de Evo Morales, que se han entregado al golpismo llevando la resistencia popular a un impasse. El presente artículo profundiza acerca de las razones del golpe, la conducta del MAS y de la izquierda, en la necesidad de estructurar una salida independiente de los explotados y una dirección revolucionaria de los trabajadores bolivianos. 

Bolivia, un episodio de la crisis capitalista mundial

De la misma manera que Chile era mostrado internacionalmente como modelo exitoso de desarrollo económico, usando los principios del llamado neoliberalismo, el régimen de Evo Morales en Bolivia fue tomado como ejemplo por las corrientes nacionalistas burguesas del continente.

El Chile pospinochetista mostraba tasas de crecimiento económico sostenidas año tras año, aunque a un costo social elevado (arancelización de la educación, privatización del sistema jubilatorio, pensiones paupérrimas, etc.).

La Bolivia del MAS se jactaba de haber vencido al liberalismo con su economía de capitalismo (o socialismo) andino. “El país que más crece en América Latina”, decían los propagandistas para explicar la estabilidad política que vivía el país del Altiplano.

Pero en los dos casos irrumpió la crisis capitalista mundial. En Chile, provocando un estallido revolucionario en curso. En Bolivia, la impasse y crisis del gobierno de Evo Morales y el estallido de un golpe reaccionario.

Algunos analistas afirman que Bolivia vivía un “milagro económico”, que comenzó a tener dificultades a partir de la inestabilidad política producida por el golpe que destituyó al gobierno de Evo. Pero el Producto Bruto Interno (PBI) boliviano venía retrocediendo, creciendo a menor velocidad. En 2013 creció un 6,83% y en 2019 -según la Cepal- bajó a 3,9%. 

La causa de esta ralentización económica hay que buscarla en el parate económico mundial, que lleva a una menor demanda de materias primas de los países atrasados. Bolivia es exportadora de hidrocarburos, minerales y soja. El precio del zinc, una de las principales explotaciones bolivianas, y el del estaño cayeron más de 20%, meses antes de las elecciones de octubre. La causa directa de la caída de precios de estos dos minerales estrella de la exportación boliviana reside, en primer lugar, en el freno al crecimiento económico en China, que demanda menos materias primas para sus industrias, y en el crecimiento de la oferta, que suma nuevos productores (Australia y otros). Los hidrocarburos, que eran hasta hace poco la principal fuente de riqueza por la exportación, han venido retrocediendo no solo en los precios sino también en volúmenes exportables. Argentina y Brasil compran menos gas a Bolivia, no solo por las recesiones que han estado atravesando, sino también a que trabajan por su autoabastecimiento (Presal, Vaca Muerta). El 80% de las exportaciones bolivianas son minerales e hidrocarburos. La relación entre estos dos tipos de productos era, en 2012, 40% minerales, 60% hidrocarburos. Hoy es al revés, pero en un marco de retroceso de conjunto. El crecimiento de la minería en el PBI de 2018 fue 1,87%, que contrasta con el aumento general del PBI, que fue del 4,2%.

Esto ha llevado a un aumento del endeudamiento externo, que pasó del 38% del PBI en 2014 al 53% en 2019 (30% de aumento), producto directo del fuerte deterioro de la balanza comercial. Por quinto año consecutivo Bolivia tiene déficit comercial. Las reservas monetarias del Banco Central cayeron de 15.100 millones en 2014 a 8.000 millones de dólares actuales, según el Banco Mundial. 

A esto hay que sumarle el déficit fiscal del Estado boliviano: es el más alto de América Latina, con la cifra récord de ¡8,9% del PBI! La aparente “estabilidad” macroeconómica está succionando los ahorros del Banco Central e incrementando el endeudamiento del país. 

Frente a este panorama, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) venía exigiendo al gobierno la implementación de medidas de “ajuste” para fomentar la actividad industrial manufacturera y enfrentar la desaceleración económica y la inseguridad jurídica. 

El crecimiento del PBI, que se logró entre julio 2018 y junio 2019 (3,38%), no alcanzó para que se pague el segundo aguinaldo (una conquista conseguida bajo el gobierno de Evo, que planteaba que si el PBI crecía un 4,5%, los trabajadores cobrarían doble aguinaldo).

La explicación del gobierno de Evo para el no pago del segundo aguinaldo era por la caída del precio de los hidrocarburos, del 20,11%, uno de los principales sustentos de la economía boliviana.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó en ese momento que “no tener que pagar el doble aguinaldo este año viene a ser un alivio para el sector empresarial”. En Bolivia, también, la crisis significa ajuste para los trabajadores.

Ya el FMI, en octubre de 2018, planteaba que, si bien Bolivia seguía siendo una de las economías que crecían en América Latina, “es necesario un cambio en la orientación de las políticas para restaurar el equilibrio externo, reducir los déficits fiscales y de cuenta corriente, y mejorar la competitividad”. Por lo tanto, no es que la “inestabilidad” política (como llaman al golpe) fuera la causa de la entrada de Bolivia en el campo de las crisis económicas, sino al revés, esta perspectiva de empantanamiento y crisis económica es la que explica por qué sectores de las clases patronales le iban soltando la mano a Evo Morales, reclamando “ajustes” diversos (devaluación monetaria y otras). 

Desde el punto de vista social también estamos frente a un empantanamiento y retroceso. A pesar de que se habla de que, gracias a una política redistribucionista de Evo, se ha reducido notablemente la pobreza, Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. Si bien la desocupación disminuyó, el ¡70%! del trabajo es en negro, “independiente” o precarizado: es decir, mal pago. La salud pública solo cubre poco menos que del 50% de la población.

El fracaso del planteamiento estratégico del MAS

Kirchner subió al poder, en 2003, no como protagonista del Argentinazo -en el cual no tuvo ningún papel- sino como recurso político del nacionalismo burgués para encauzar la crisis de 2001/2 y su irrupción de masas. En cambio, Evo Morales y el MAS fueron partícipes directos en los levantamientos campesinos-indígenas (la guerra del gas y otras). El MAS se estructuró como un movimiento nacionalista pequeño-burgués, con base principal en el campesinado indígena. Su reivindicación nacional central fue la nacionalización de los hidrocarburos, una medida anti-imperialista para utilizar la renta petrolera como impulsor del desarrollo económico nacional. Pero fue una “nacionalización” harto limitada, que incrementó el ingreso de impuestos y regalías, y siguió dejando en manos de las transnacionales el negocio de la exportación. Catorce años después de su ascenso, tenemos que casi el 90% de la exportación de este rubro está en manos de capitales imperialistas. El dinero que entró durante el auge de precios de las materias primas no fue utilizado para avanzar en un plan de industrialización del país. Una parte se redistribuyó bajo la forma de planes sociales (como en Brasil con el plan Hambre Cero o los planes Trabajar en Argentina) para mitigar la desocupación y la miseria. Otra fue a parar a obras públicas, una parte de ellas faraónicas, pero todas acusadas de altos índices de corrupción (algo común en todos los gobiernos latinoamericanos, sean nacionales y populares o neoliberales: Odebrecht y otros). El MAS propugnaba una alianza de clases nacional para trabajar junto al capital imperialista en planes de desarrollo nacional. Lógicamente, como el resto de los movimientos nacionalistas burgueses, su intención declarada era fortalecer la constitución una burguesía nacional incorporando a sectores indígenas. Algunas capas indígenas se enlazaron en sectores como el comercio, el transporte, las obras públicas y el agro (coca y otros). Pero la industrialización no avanzó y la base económica de Bolivia sigue siendo rentística, basada, esencialmente, en el extractivismo y la exportación de minerales e hidrocarburos. Las palancas centrales económicas están en manos imperialistas. La mina más importante de Bolivia, San Cristóbal, es propiedad de la japonesa Sumitomo. La riqueza minera de Bolivia ha sido históricamente saqueada por el capital imperialista. El descubrimiento de grandes yacimientos de litio, el nuevo mineral estrella -utilizado para celulares, autos eléctricos, etc.- encontró al gobierno de Evo Morales, en su caída, firmando contratos de entrega con capitales alemanes. (El gobierno de Añez ha abierto discusiones con la empresa germana ACI Systems para renegociar los mismos.)

Como variante pequeño-burguesa de los movimientos nacionalistas burgueses, el ascenso del MAS está por detrás de lo que fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en la mitad del siglo pasado, que expropió la minería y derribó al gobierno oligárquico valiéndose de la insurrección realizada por los trabajadores mineros en 1952. En cambio, Evo indemnizó a los monopolios petroleros y estableció una asociación con ellos, pactó con la derecha reaccionaria de Santa Cruz. El cierre del ciclo del MNR, que devino directamente, 50 años después, en gobiernos derechistas represores, entregados al capital extranjero, dio lugar al sucedáneo pequeño-burgués nacionalista con base en la masa indígena excluida de la vida política boliviana.

Como todo movimiento nacionalista burgués de un país atrasado oprimido por el imperialismo, el de Evo asumió formas de gobierno bonapartistas. Subió al poder apoyado en fuertes referéndums y votaciones plebiscitarias, sostenido fundamentalmente en las masas indígenas del campo y la ciudad. Parte importante de los trabajadores precarizados de las ciudades son de origen aymara. Evo fue el primer presidente aymara de la historia boliviana. Para sostenerse contra la derecha reaccionaria fuertemente racista anti-indígena y el imperialismo, el MAS buscó el apoyo popular pero a través de la regimentación de las organizaciones de masas. Lo que significó la represión y la cooptación sobre las tendencias independientes dentro de los trabajadores y sobre la oposición. Tratando de arbitrar entre las clases, fue abandonando crecientemente los postulados declarados al subir al poder. En lugar de defender al medioambiente (la Pachamama tierra) se convirtió cada vez más en extractivista, reprimiendo comunidades que se negaban a la minería contaminante a cielo abierto. Apoyando la extensión de la frontera agropecuaria de la oligarquía ganadera y sojera, haciendo la vista gorda ante la quema de bosques (Chiquitanía) o la fuerte resistencia indígena a la deforestación para construir una carretera en el Tipnis, etc.

También enfrentó las luchas obreras. Emblemática fue la de los obreros textiles de Enotex, que ocuparon la fábrica y se movilizaron contra su cierre y el despido de 800 trabajadores, siendo fuertemente reprimidos; también la de los mineros y otros. A principios de 2018 triunfó una huelga de 50 días de profesionales médicos contra reformas punitivas del Código Penal que -fuertemente reprimida- canalizó el apoyo de sectores de la clase media (camioneros, estudiantes, etc.). La huelga expuso a la luz el desastre de la salud pública que se intentaba ocultar, tomando como chivos expiatorios al personal médico y sanitario.

La situación del pueblo indígena tampoco se modificó sustancialmente. Obtuvo mayores libertades democráticas, ganadas con sus fuertes movilizaciones contra la burguesía oligárquica blanca y racista de la Media Luna de Santa Cruz, que Evo terminó frenando para pactar con ella un acuerdo de gobernabilidad sobre la base del respeto a sus posiciones sociales terratenientes. En forma más amplia, muchos funcionarios de la burocracia estatal surgieron de las filas indígenas -a veces como parte de un proceso de cooptación política- en detrimento relativo de la tradicional burocracia “blanca”. Socialmente, ya hemos planteado, que una política distributiva con subsidios y el reanimamiento económico disminuyó la desocupación y los niveles de pobreza, pero aumentó drásticamente la informalidad, la precarización y la superexplotación de los trabajadores. El gran problema del país latinoamericano con mayor proporción de población indígena autóctona es el de la tierra. En ese sentido, las reformas agrarias que llevó adelante fueron marginales, distribuyendo sobrantes de tierras fiscales, pero sin tocar las ricas posesiones de los terratenientes oligárquicos.

Este cuadro económico-social fue produciendo un desgaste político creciente del gobierno bonapartista regimentador de Evo Morales. Lo que se evidenció en que sus triunfos electorales plebiscitarios fueron siendo cada vez por menor margen. 

21F y crisis política

“¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos dos veces de manera continua?”

Bajo estos términos, Evo Morales convocó a un referéndum para que el pueblo lo habilitara a una nueva reelección. El referéndum fue convocado para el 21 de febrero de 2017: tres años antes que venciera el mandato de Evo, el 22 de enero de 2020.

¿Por qué tanto adelanto? Porque el propio Evo preveía las nubes negras que se estaban dibujando -producto de la crisis capitalista mundial en curso- sobre el futuro económico de Bolivia.

El resultado le fue negativo: 51% votó por el No a la reelección y 49% a favor.

Esto originó una crisis política fogoneada directamente por la iniciativa del MAS de convocar a referéndum y perderlo. 

¿No le bastaban catorce años continuos de gobierno? ¿Era fundamental que siguiera como presidente -si triunfaba tres años después en otra elección- hasta 2026? ¿No podía elegir otros dirigentes del MAS que eventualmente continuaran a su gobierno? 

Una de las características de un régimen bonapartista nacionalista burgués de un país atrasado es que su gobierno gira -sometido a las grandes presiones que recibe, tanto del capital financiero, por un lado, como de las masas en lucha, por el otro- en torno del arbitraje que ejerce un líder carismático, que funde su vigencia en una supuesta (o real) voluntad popular. La agudeza de la lucha de clases impide gobernar con métodos democráticos parlamentarios -aunque a veces haya conseguido incluso mayorías parlamentarias. Las clases dominantes resignan su poder directo y están dispuestas a tolerar la dominación semiarbitraria-autoritaria para ahuyentar el fantasma de la insurrección popular y la creación de nuevas situaciones revolucionarias. El bonapartismo se presenta como un “régimen personal” que parece elevarse por encima de la sociedad, conciliando entre diversas clases, aunque siempre, protegiendo los intereses de la clase económicamente dominante.

No es fácil transmitir la autoridad política del líder bonapartista al frente del gobierno y menos cuando van asomando signos de crisis e inestabilidad. Por eso, Evo no pudo elegir un sucesor y se tiró a la pileta del referéndum. Su salida acelerada por el golpe puede acelerar un proceso de divisiones y dispersión del movimiento sobre el que llegó al poder. Ahí tenemos la experiencia del nacionalista burgués Rafael Correa en Ecuador, que “transfirió” su apoyo electoral a Lenín Moreno y cuando este asumió llevó adelante una política abiertamente ajustadora, “apretado” por las condiciones de crisis económicas, “independizándose” de su mentor-antecesor.

Para prevenir esto es que Evo intentó obtener la reelección que la Constitución prohibía, y el referendo del 21F volvió a negarle, acelerando su desgaste y crisis política.

Contrariado por el cuadro creado, Evo forzó una declaración del Tribunal Constitucional (manejado por su régimen bonapartista) habilitándolo -en defensa del “derecho humano” de elegir y ser elegido- a presentarse en las elecciones del 20 de octubre de 2019, anulando, por lo tanto, la prohibición votada en el referéndum del 21F.

La posición del gran capital

El MAS en el poder evidenció su capacidad para encauzar el formidable ascenso revolucionario, iniciado con “la guerra del agua”, primero, con “la guerra del gas” después, y con las masivas y combativas movilizaciones en torno de la Constituyente contra los intentos golpistas-secesionistas de la oligarquía santacruceña.

Al mismo tiempo, estableció un modus vivendi tanto con la oligarquía terrateniente y capitalista de la Media Luna dirigida por Santa Cruz como con el gran capital. Se fueron armando los “negocios” en términos crecientemente favorables para el capital extranjero (privatizaciones y otras). Asimismo, las fuerzas de la derecha estaban divididas y atomizadas.

Esto llevo a que se “aceptara” el fallo del Tribunal Constitucional, que autorizaba la nueva postulación de Evo Morales. Luis Almagro, secretario general de la OEA, viajó especialmente a Bolivia y ungió la presentación electoral de Evo Morales, lo cual provocó fuerte escozor y hasta repudio en sectores de la derecha, pero que no pasaron de la protesta verbal. La OEA hablaba en nombre del imperialismo yanqui y la corte de gobiernos latinoamericanos.

Pero el avance creciente de la crisis capitalista y el desgaste del gobierno (incluso con fuertes movilizaciones como la de la huelga de los médicos) llevó a pensar que esta vez Evo no iba ganar o, por lo menos, no lo haría en forma plebiscitaria.

Hace once años que no hay embajadores entre Bolivia y Estados Unidos. Aún así, el movimiento comercial ha seguido desarrollándose y creciendo. Alineado el MAS con el ala chavista en política continental, su intervención pública se ha venido raleando. La polarización política y social en Latinoamérica, evidenciada en los estallidos de masas en Chile, Ecuador, Colombia y otras, y la derrota electoral de Macri, uno de los puntales de Trump en América Latina, han llevado a que éste, Bolsonaro y, hasta que se fue, Macri hayan alentado la organización de la derecha boliviana y una eventual perspectiva golpista. De acuerdo con encuestas previas, Evo ganaba las elecciones de 2019 por un margen reducido. La usina desestabilizadora giró en torno de que el masismo iba a realizar fraude electoral para dar ganador a Evo.

Fraude o triunfo electoral de Evo

Oficialmente, el resultado electoral de los comicios del 20 de octubre de 2019 dieron ganador al MAS de Evo Morales con el 47,08% de los votos, contra su oponente inmediato, el derechista, expresidente que había presentado su renuncia en la época de la guerra del gas, Carlos Mesa, que sumó 36,51%. La noche del escrutinio se cortó la información varias horas, lo que alimentó la agitación de la derecha de estar ante un fraude.

Nadie pone en cuestión que el MAS fue el partido más votado, pero se hizo correr la versión que habría “fraudeado” unos pocos miles de votos para descartar una segunda vuelta de elección presidencial. La Constitución boliviana plantea que se gana las elecciones en primera vuelta si se saca el 50,1% de los votantes o bien más del 40%, pero con una diferencia de más de 10 puntos respecto al segundo candidato. Y la diferencia -en el escrutinio oficial- era de 10,57, apenas unas décimas por arriba de las necesarias.

El ganador neto fue el MAS, con gran diferencia frente al segundo candidato. Pero un artilugio constitucional obliga a ir a un balotaje para forzar la formación de una mayoría: una medida no democrática. 

Según numerosos informes que se fueron conociendo, la agitación derechista fue siendo preparada hace tiempo -por una política aventurera de Trump y Bolsonaro (con el apoyo diplomático-logístico de Macri)- para debilitar electoralmente a Evo y forzar, de ser necesario, a la segunda vuelta. En una segunda vuelta, los partidos de derecha que fueron divididos en varias listas podrían llegar a unirse para derrotar al MAS, lo que sería burlar la voluntad popular mayoritaria en materia de elección presidencial, para crear una mayoría amañada y comprada.

Pusilanimidad

Frente a la campaña de la derecha, que se lanzó a organizar protestas callejeras, Evo planteó la intervención de la OEA para que auditara y certificara la corrección de los guarismos electorales con los que habría triunfado en la primera vuelta. Confió en que el apoyo preelectoral de la OEA a la presentación de su candidatura (por encima de la Constitución y del resultado del referéndum 21F) y el temor de la burguesía a que se abriera una nueva situación de inestabilidad y la amenaza de nuevas crisis revolucionarias, volvieran a manifestarse con un aval al escrutinio oficial. La OEA pidió, para aceptar, que su laudo fuera vinculante, de acatamiento obligatorio para los actores electorales. Evo, sin titubear, aceptó.

A tal punto la confianza de Evo era una posibilidad real, que los partidos de derecha al principio aceptaron la auditoria de la OEA. Pero casi inmediatamente -al ver que su protesta contra el “fraude” crecía- lo rechazaron en forma abierta, pidiendo, primero, la segunda vuelta electoral definitoria y, más tarde, la renuncia directa de Evo Morales y el gobierno del MAS.

Desde el Partido Obrero denunciamos la pusilanimidad de Evo de confiar en el papel imparcial de lo que el Che Guevara había llamado en su época “el ministerio de colonias del imperialismo yanqui”. La OEA iba a seguir -en definitiva- lo que dictaminara el Departamento de Estado norteamericano. Esto ya se había manifestado en declaraciones preliminares, donde Almagro, secretario de la OEA, planteaba que cualquiera fuera el veredicto final de la auditoría, el gobierno debería adelantarse y convocar a la segunda vuelta para “pacificar” y distender la situación.

El dictamen final de la OEA -que recién se daría a conocer después de que Evo fuera volteado- denunció algunas anomalías (menores incluso que las de un escrutinio “normal”) que, de todas formas, no alteraban el nítido triunfo del MAS.

La reacción “democrática” de la derecha

Mientras la derecha se lanzó a una agitación callejera contra el fraude y por la destitución del gobierno masista, Evo movilizó tímidamente a sus bases. Se sentó a esperar el fallo de la OEA, como si fuera un problema de auditorías y no de movilización y lucha en las calles. La derecha no estaba dispuesta a reconocer ningún fallo en favor de Evo, aunque ya la OEA estaba cambiando. La parálisis de Evo fue envalentonando cada vez más a la derecha, cuya propaganda iba prendiendo en sectores de clase media bajo consignas de la lucha por la “democracia”, contra el fraude, el autoritarismo y la “corrupción”.

La “corrupción” es intrínseca al sistema capitalista de producción, donde existe una competencia permanente entre los diversos capitalistas por conquistar los principales negocios. Apelan especialmente a la corrupción (y a la presión diplomática, guerras, etc.) para conseguirlos. La bandera contra la corrupción ha sido levantada por el imperialismo y las derechas burguesas contra los regímenes nacionalistas burgueses (Lula, Cristina, Correa, Evo, etc.) para desplazar a sectores de la burguesía nacional de importantes negocios (especialmente en la obra pública) y favorecer la penetración “honesta” del capital financiero imperialista. Odebrecht y su relación con diversos gobiernos latinoamericanos (Brasil, Argentina, Perú, etc.) es evidencia de esto. En la Argentina, la derecha macrista en el poder, apoyada por el imperialismo, ha hecho una cruzada contra la corrupción (en gran medida cierta) del gobierno kirchnerista, tratando de convertirla en una causa popular entre amplios sectores de clase media. Lógicamente, tapando su propia corrupción y negociados, muchas veces enlazados con las camarillas K. El ataque político a la corrupción de los gobiernos nacionalistas burgueses va acompañado y asimilado a la crítica a toda medida de intervención estatal sobre la economía, particularmente cuando esta establece alguna protección a los trabajadores o de limitado control al accionar depredador del capital, dando vía libre al accionar del capital financiero y los monopolios y sus latrocinios de “mercado”.

Sobre el MAS hay suficientes denuncias (obras faraónicas, con sobreprecios, etc.) de corrupción, tanto como con cualquier otro gobierno capitalista. Para eliminar la corrupción hay que terminar con el capitalismo e instaurar un gobierno obrero y campesino. Como transición, abrir los libros de los capitalistas y establecer el control obrero.

Algunas burocracias sindicales participan en los Comités Cívicos, buscando un denominador común con los grupos capitalistas locales. En lugar de impulsar la constitución de organizaciones autoconvocadas independientes de los trabajadores -tomando el ejemplo de las Asambleas Populares de la década del ’70 y otras, dirigidas por el movimiento obrero, que agrupen a todos los explotados de la zona (campesinos, indígenas, estudiantes, etc.) en defensa de sus intereses contra la explotación capitalista-, subordinan a las masas tras reclamos comunes con la burguesía. Algunos partidos de izquierda (el más importante es el Partido Obrero Revolucionario, POR) quisieron ver en estas instituciones un germen democrático movilizador de masas, que se podían transformar en especies de soviets, canales de movilización de los explotados. Tomar en cuenta que en estos Comités Cívicos no solo había trabajadores que confiaban políticamente en los partidos burgueses, sino políticos burgueses directamente, sin ningún límite a la derecha. En el caso de Santa Cruz, se nominó como presidente del Comité Cívico, a Luis Camacho, un fascista-bolsonarista redomado, clerical y racista. Estos Comités Cívicos fueron la base organizativa para movilizar a la derecha y sectores de la clase media ciudadana “contra la corrupción y por la democracia”, para derrocar a Evo Morales.

No fue una “insurrección democrática”, fue golpe reaccionario

Envalentonada por el apoyo imperialista y la pasividad del gobierno de Evo, la derecha comenzó a lanzar grupos de choque para atacar a funcionarios y a sectores de las comunidades indígenas. Luis Camacho fue la figura relevante de esta ofensiva derechista, que amenazaba con linchar a los funcionarios gubernamentales si no renunciaban (se divulgaron, a través de las redes, videos mostrando cómo una patota arrastró varios kilómetros por el fango a una alcaldesa del MAS, etc.). Llamando a ganar las calles para imponer la segunda vuelta electoral contra el “fraude” primero y, luego, directamente por el derrocamiento del gobierno del MAS. Camacho reconoció, ahora, públicamente que envió emisarios que se entrevistaron con las cúpulas policiales y lograron el compromiso de no reprimir las movilizaciones contra el gobierno ni los ataques fascistas contra las masas que quisieran resistir. Evo Morales intentó romper este cerco golpista convocando a nuevas elecciones, con nuevo Tribunal Electoral. Esto fue desechado por la derecha que reclamaba, ahora directamente, su renuncia. El dirigente del Comité Cívico de Potosí, Antonio Pumari, pidió al Ejército “que salgan de una vez por todas y, si no tienen la capacidad de hacerlo, que nos den las armas a nosotros”. Con el pacto con la cúpula policial armado, Camacho viajó a La Paz a pedir públicamente la renuncia de Evo Morales, colocándose como líder público de la asonada golpista que estaba en marcha. El diario argentino La Nación publicó: “Camacho reconoció que pactó y coordinó las protestas con la policía y el ejército para forzar la salida de Morales del poder… el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz explicó en un video que fue su padre, José Luis Camacho Parada, quien ‘cerró’, con la mediación del ahora ministro de Defensa, Fernando López, un pacto con policías y militares”.

Es en este cuadro que el alto mando militar planteó públicamente a Evo Morales que renuncie para “pacificar” el país. La Policía y el Ejército ya estaban en las calles protegiendo el accionar de las bandas derechistas y manifestaciones antigubernamentales, reprimiendo las marchas y bloqueos que empezaban a desarrollarse en defensa del gobierno. 

Acatando el ultimátum militar, presentan su renuncia Evo Morales, su vicepresidente García Linera, su gabinete de ministros y toda la línea de dirigentes del MAS que encarnaban la sucesión constitucional. El diario Página Siete (Bolivia) acaba de publicar declaraciones de la senadora Adriana Salvatierra, que es la que constitucionalmente debía asumir la presidencia de Bolivia y que también presentó su renuncia, provocando una situación de acefalía: “Mi renuncia verbal a la presidencia de la Cámara de Senadores no se debió a motivos personales sino a razones políticas. Esta decisión fue asumida de manera conjunta con el presidente Evo Morales y con el vicepresidente, García Linera”. 

La renuncia de Evo Morales y su séquito de funcionarios de primer nivel no fue solo un acto de cobardía política, sino que fue pautado con las Fuerzas Armadas, de manera de crear un “vacío constitucional de poder” y permitir la imposición directa de la senadora Jeanine Añez, quinta en la lista del orden constitucional, como presidenta interina.

Está claro que no estamos ante una insurrección de masas, sino ante un golpe cívico-militar, impuesto en forma cruenta.

Entrega del MAS e irrupción de las masas

Ante el avance de la derecha, la dirección burocrática y masista de la Central Obrera Boliviana (COB) sacó una declaración pidiéndole al “hermano Evo” que renunciara. Juan Carlos Huarachi, dirigente de la COB, llamó públicamente al “compañero presidente” a reflexionar y asumir la “responsabilidad de renunciar si es necesario para pacificar el pueblo boliviano”.

Esta declaración pública de la COB fue la garantía de que las direcciones burocráticas del MAS no iban a impulsar la movilización de las masas organizadas en las centrales obreras y campesinas contra el golpe. Eso fue lo que decidió intervenir al Ejército en forma abierta. Hasta ese momento había vacilado, intentando presentarse con una posición de supuesta neutralidad, por temor a que una irrupción de masas -como ha sucedido en otros procesos históricos de Bolivia- hiciera fracasar la tentativa golpista y dividiera al Ejército. “Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, afirma el comunicado leído por el comandante Williams Kaliman.

Evo Morales y la plana mayor de su gobierno presentaron de inmediato sus renuncias, anunciaron -poco después- que se iban del país y llamaron a “pacificar”, es decir a que las masas que habían iniciado un fuerte proceso de movilización no enfrentaran el golpe. La actitud facho-racista de Camacho con la Biblia en la mano, quemando la wiphala (bandera de unión de las comunidades indígenas) enervó y radicalizó más la reacción antigolpista de las masas indígenas del campo y las ciudades. Con eje en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, se desarrollaron fuertísimas movilizaciones y choques. Bajando multitudinariamente decenas de miles de manifestantes. Al tiempo que en numerosas zonas (Cochabamba y otras), masas campesinas indígenas bloqueaban las rutas y cercaban a las ciudades impidiendo todo movimiento, incluido el abastecimiento de las mismas. Los choques fueron creciendo y la represión muy fuerte. Se informa más de 40 muertos, miles de heridos y centenares de presos. A pesar de la militarización represiva del país (se sacó un decreto extraordinario autorizando todo tipo de excesos en la represión), los choques hicieron más de una vez retroceder a las fuerzas policiales-militares y los grupos fascistoides. La prensa progolpe -que era la única que tenía “libertad de prensa”- acusaba a los manifestantes de “bandas terroristas”, “hordas del masismo”, llamando a imponer “el orden”. Las masacres represivas de Senkata en El Alto y de Sacaba en Cochabamba son de las más fuertes y conocidas.

En grandísima medida, las movilizaciones de masas contra el golpe se desarrollaron sobrepasando a las direcciones del MAS y desoyendo sus llamados a la “pacificación”. A pesar de estas masacres represivas, la COB no convocó a la huelga general ni siquiera a un plenario de las direcciones sindicales burocráticas.

La dirección burocrática de la COB evidenciaba así su fuerte tendencia a la integración al Estado. No es una burocracia que apoyaba a Evo Morales solo por afinidad política-ideológica, sino porque rechaza un accionar sindical independiente y no concibe su existencia sin la búsqueda de una política de colaboración de clases y de integracionismo estatal. Bajo el gobierno de Evo, uno de los dirigentes de la COB estaba al frente de Ministerio de Trabajo. Ahora, bajo el gobierno golpista de Añez, otro dirigente de la COB fue nominado viceministro de Trabajo.

Sin embargo, no fue la represión la que hizo refluir a las masas. Faltas de una dirección estratégica, las masas fueron recontrapresionadas por Evo Morales y las dirigencias del MAS para abandonar la calle y aceptar la “pacificación”.

Los diputados y senadores del MAS, con mayoría en las dos cámaras parlamentarias, habilitaron la instalación del gobierno golpista de Jeanine Añez. Se ha establecido un acuerdo de cogobierno sui generis -con fuertes cooptaciones del golpismo- que permite el libre accionar de Añez, bajo la promesa de convocar a elecciones el 3 de mayo próximo.

La institucionalización del golpe

Una tendencia estratégica del imperialismo no es tratar de imponer dictaduras militares, sino desplazar a los regímenes nacionalistas burgueses en crisis por gobiernos derechistas más declaradamente sumisos a abrir las economías nacionales al capital financiero y alinearse internacionalmente con él. Con los golpes destituyentes pretende cambiar la correlación de fuerzas para imponer, con elecciones amañadas -con proscripciones: Lula, Evo Morales, etc., represión y persecución política, campañas mediáticas financiadas por el imperialismo y sus instituciones “democráticas”, etc.-, equipos derechistas. Esa ha sido la experiencia contemporánea de los triunfantes golpes de Estado en Honduras, Paraguay, Brasil y ahora en ejecución en Bolivia (no logrado en Venezuela). Romper el orden institucional para crear un “nuevo orden institucional”, alineado directamente con la política guerrerista de Trump. La dictadura militar abierta (a lo Pinochet o Videla) queda como último recurso ante un fuerte avance revolucionario de masas. La burguesía prefiere manejar su Estado con el ropaje democrático-parlamentario, que le permite cooptar, maniobrar y eventualmente desplazar, a través de procesos pseudoconstitucionales y electorales, a gobiernos que no respondan más directamente a la realidad y a sus orientaciones del momento. En Bolivia tampoco están dadas las condiciones para instalar una dictadura cívico-militar, dado que las masas no han sufrido una derrota histórica y mantienen un alto grado de belicosidad. Un intento de avanzar en ese sentido volcaría seguramente, a sectores de la clase media que apoyaron el golpe, hacia la oposición al mismo.

El saludo de Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump, a la colaboración entre el Parlamento dirigido por los masistas y el Poder Ejecutivo golpista evidencia que ninguno de estos golpes hubiera podido triunfar sin la complicidad de sectores del destituido gobierno nacionalista burgués. La destitución golpista parlamentaria de Dilma Rousseff como presidenta en Brasil, por su vicepresidente Temer, contó con la parálisis cómplice del PT, la Central Obrera (CUT) y demás organizaciones de masas dirigidas por el lulismo. Y lo mismo pasó en Paraguay con la destitución de Lugo. Y ahora en Bolivia.

La izquierda no fue (es) alternativa

La izquierda boliviana no un tuvo papel protagónico durante el desarrollo de la crisis boliviana. Una parte de ella fue cooptada y/o tiene políticas seguidistas, justificadas en un supuesto anti-imperialismo de Evo y el MAS.

La otra tuvo un rol lamentablemente más nefasto, haciendo causa común con el golpe derechista. Gran parte de este sector considera al día de hoy que no ha sido un golpe sino una “revolución” popular contra la tiranía de Morales, contra “el sátrapa en el poder”. Afirman que fue una insurrección popular usurpada por la derecha.

Confunden movilización de masas con revolución. No analizan el carácter de clase de las movilizaciones. El de Evo Morales era un gobierno nacionalista burgués. Pretendía desarrollar una burguesía “chola” en alianza con oligarquías tradicionales y sectores imperialistas. Como todo movimiento nacionalista burgués se empeñó en cooptar y regimentar las organizaciones de masas. Reprimió las tendencias de lucha obrera-popular.

Frente a estas circunstancias, la izquierda revolucionaria debe combatir la política regimentadora y represiva del gobierno nacionalista burgués, denunciar el abandono de banderas anti-imperialistas con las que coqueteó en el pasado para recibir apoyo de masas y llegar al poder y constituir una oposición obrera, anti-imperialista, por un gobierno obrero-campesino.

Si una derecha fascistoide, abiertamente proimperialista, intenta un golpe de Estado usando banderas de democracia política formal, no hay que dejarse engañar. El triunfo de un golpe de ese tipo significa un reforzamiento de las medidas represivas, no una mayor democratización; un mayor alineamiento con el imperialismo, no un avance por la “liberación nacional”. Se trata de aplastar ese golpe. Sin apoyar al gobierno nacionalista burgués, criticándolo por sus inconsecuencias y capitulación que alientan a la derecha. Reclamando y organizando las masas para derrotarlo (milicias obreras, huelga general, etc.). Denunciando la pusilanimidad del nacionalismo burgués, que no moviliza por temor a una irrupción de masas que abra un cauce revolucionario.

Es la táctica elemental a aplicar en estas circunstancias, particularmente en los países atrasados. El Partido Obrero Revolucionario (POR) no fue neutral en este choque, sino que estuvo abiertamente del lado de la derecha. ¡Y de qué manera!

La lucha contra el golpe derechista es la táctica que llevó, en 1917, el partido bolchevique en Rusia cuando estalló el golpe de Kornilov. A pesar de que el gobierno Kerensky había puesto presos a sus dirigentes y los perseguía ferozmente en esos momentos, los bolcheviques llamaron a luchar contra el golpe; a realizar un frente común de lucha, sin dar ningún apoyo político al gobierno kerenskista. Estuvieron en primera fila de la lucha antigolpista, ganaron la confianza de las masas que seguían a los sostenedores políticos de Kerensky (mencheviques y socialrevolucionarios) y crecieron organizativa y políticamente. Derrotaron al ala derecha de la reacción burguesa y criticaron al gobierno impotente que no se animó a enfrentar consecuentemente el golpe, por temor a abrir paso a la insurrección obrera.

El centro del POR, en cambio, estaba colocado en la posición de derribar al gobierno del MAS, sin analizar procesos en marcha, lo que los llevó a buscar el frente con derechistas de todo pelaje. Luchar por el poder, por el derrocamiento de un gobierno burgués y por la instauración de un gobierno obrero y campesino es imperativo para un marxista revolucionario. Pero es necesario analizar, a quién favorece concretamente, en cada momento, ese derrocamiento: ¿abre el camino a un gobierno obrero y campesino o a la culminación de un golpe derechista reaccionario? 

El POR tomó los Comités Cívicos, con predominancia de fuerzas burguesas (no proletarias), como un terreno del frente único, donde hipotéticamente podía dar batalla para convertirse en dirección de una insurrección contra el gobierno del MAS. En su caracterización, las masas habían superado las ilusiones en el parlamentarismo burgués y en el MAS, evidenciando una clara tendencia insurreccional. El POR adoptó una posición de cretinismo anti-electoral y antiparlamentaria. Pronosticó un récord de ausentismo y votó en blanco, lo que sería la evidencia de la evolución de la conciencia política las masas, abandonando sus ilusiones democráticas y su abrazo al programa socialista revolucionario. Pero sucedió lo contrario: ¡la cantidad de votantes fue récord comparada con elecciones anteriores! Y el MAS obtuvo alrededor del 47% de los votos (casi la mitad del electorado), a gran distancia del derechista Mesa. El ultrismo abstencionista del POR lo marginó más aún, bloqueó una lucha por conquistar a obreros y campesinos para un voto a la izquierda revolucionaria, entregándolos a la demagogia de los partidos burgueses.

Inmediatamente después de las elecciones del 20 de octubre, la postura antielectoralista del POR se transformó en una histérica campaña contra “el fraude electoral”, en beneficio del respeto al voto, a la democracia abstracta, que ayudó el acceso antidemocrático de la derecha al poder. Se sumó plenamente a la agitación y movilización de la derecha. Según cuenta el propio POR, infantilmente pensaba que en la lucha “contra el fraude” y la “tiranía” se podía producir una revolución que llevara al POR a encabezar la lucha por el poder. 

En los inicios de las manifestaciones “contra el fraude”, la derecha pedía que se realizará la segunda vuelta, pero el POR más “consecuente” reclamaba el derrocamiento de Evo. “Todo el pueblo a las calles hasta expulsar a Evo ahora y no en la segunda vuelta” llamaba una declaración del POR, 48 horas después de las elecciones y cuando aún no se sabía el resultado del escrutinio. Sí, el POR fue vanguardia en la lucha por el golpe.

Con escasa fuerza en el movimiento obrero, por la presencia dominante del MAS, el POR se inclinó hacia los Comités Cívicos donde intervenían sectores de las capas medias. Se esforzó por organizar la marcha de los Comités Cívicos sobre La Paz para derrocar a Evo. Incluso criticó a sectores fachos de estos comités (Camacho) por cortarse solos y romper la unidad de acción. Todavía el POR está rumiando un balance. Pero dice el refrán: “Dios ciega a quien quiere perder”. Ha sacado centenares de páginas explicando que el proceso revolucionario estaba en marcha pero que a la cita faltó el proletariado, que se quedó en su casa, neutral, o apoyando a Evo. La caravana de los Comités Cívicos del sur, que el POR se adjudica haber organizado, tuvo que retroceder por el enfrentamiento con trabajadores y campesinos que bloqueaban las rutas. Y por el sabotaje de Camacho, que no salía desde Santa Cruz, y se cortaba solo viajando a La Paz a pedir la renuncia de Evo.

El POR denigró las movilizaciones de protesta al golpe: “terroristas”, “hordas del MAS”, etc. En cambio, el amotinamiento policial, de neto carácter golpista, lo considera parte del proceso insurreccional. El POR no estaba con las masas movilizadas de El Alto ni con la resistencia al golpe, porque consideraba que no era un golpe.

Esta posición no fue -en el campo de la izquierda- solo del POR. Fuerza Revolucionaria Socialista Antiimperialista -hermanada con Izquierda Socialista (IS) de la Argentina en la UIT-CI- también consideró que estábamos frente a un levantamiento popular y no un golpe. Aunque IS, sí denunció y se movilizó contra el golpe en Argentina. 

El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de Bolivia tiene una posición similar a la del POR. Considera que “las masas obreras, campesinas, indígenas y populares utilizaron a los Comités Cívicos para expresar su protesta”, aunque reconoce que “las direcciones policlasistas llamaron a fortalecer a los Comités Cívicos, lo que produjo una representación mezclada: Camacho, de Santa Cruz, y Pumarí, de Potosí” (esta es ahora la fórmula fachista para las elecciones). Plantea que los ataques terroristas del MAS llevaron a que “la población pidiera ayuda a los militares que salgan a las calles”. La represión militar no sería producto de su represión golpista, sino una medida de defensa del pueblo contra el “terror” del bandidaje.

Para esta corriente, “el gobierno de Añez surge de una insurrección que generó un prolongado vacío de poder (…) es kerenkista, es decir, extremadamente débil”. Tenemos así un extremo de la política del POR, una corriente que defiende a Añez, surgida de una insurrección contra la derecha. Por eso su consigna es: “¡Fuera Camacho, Mesa y todos los liberales!”, y no Añez. Como salvaguarda, el MST plantea: “no podemos tenerle ninguna confianza a Añez, es necesario preparar lo más pronto la alternativa de poder obrero, campesino y popular, con la COB a la cabeza”.

¿Está acabado el MAS?

El MAS ha demostrado sus límites, después de catorce años en el poder y de su capitulación frente al golpe. Ha perdido progresividad y se ofrece como parte del andamiaje del orden capitalista.

El POR y estos grupos de izquierda han caído en el replay de la experiencia “democrática” de 1946, cuando una movilización con eje en la clase media, usando banderas “democráticas”, derrocó al presidente Gualberto Villarroel, un nacionalista burgués, y lo ahorcó en la Plaza central de Murillo.

El POR fue entonces, también, “vanguardia” de este levantamiento golpista que llevó a la oligárquica “rosca” al poder. En Cochabamba, un miembro de la dirección del POR formaba parte del “Comité Tripartito” golpista: “fue el primero que salió al balcón de la prefectura para hablar en nombre del Comité Tripartito” (El trotskismo boliviano, Sandor John). En La Paz, el secretario general del POR fue integrante activo del movimiento golpista. En una respuesta “a las calumnias” del PIR (PC boliviano que participó activa y conscientemente en las jornadas contrarrevolucionarias de 1946) se defendía “que el POR estuvo presente en la lucha contra el nazifascismo”, que los militantes del POR estuvieron “en las barricadas, arma al brazo, dirigiendo la acción popular” durante el levantamiento del 21 de julio, a diferencia “de los ‘revolucionarios del 22 de julio’ que llegaron al otro día para buscar puestos”. El POR sacó un manifiesto que saludaba el derrocamiento del nazifascismo encarnado en el régimen de Villarroel y el MNR.

El POR se dejó arrastrar por la presión de la pequeño-burguesía democratizante, que era masa de maniobra de la derecha oligárquica proimperialista. El cuco del nazifascismo y la defensa de las libertades.

En la Argentina, hubo una situación similar un año antes: el PC integró la Unión Democrática junto al embajador yanqui y la derecha oligárquica, contra el llamado nazifascismo del movimiento nacionalista burgués en gestación en torno de Perón. El “golpe” que llevó a Perón a la cárcel de Martín García fue deshecho por la movilización política de la masa obrera del 17 de octubre. Parte de la izquierda argentina acompañó la alianza derechista oligárquica-yanqui bajo la bandera de la defensa de las libertades.

Los de Oruro fueron los únicos dentro del POR que se salvaron en la Bolivia del ’46 de la debacle política que significó el apoyo a la asonada golpista contra Villarroel. Ligados al trabajo político sobre los mineros -que repudiaban el sangriento golpe contra Villarroel-, adoptaron una posición de neutralidad. El trabajo obrero salvó al POR, una autocrítica por el papel asumido en el golpe lo llevó a producir un giro y centrar a fondo su actividad sobre el proletariado minero, jugando un papel histórico (Tesis de Pulacayo, bloque parlamentario minero, etc.).

El POR, con 73 años de diferencia, vuelve a repetir los “errores”. ¿Sacará ahora una autocrítica que lo rescate para la acción revolucionaria? Parece difícil: el primero fue un error ultrista de juventud, ahora es el signo de una orientación ultrista-oportunista senil cristalizada.

Tanto el POR como estas sectas de izquierda proclaman que ahora sí el MAS está liquidado y que se trata de organizar su sepultura.

Otro error sectario ultrista: el agotamiento histórico del MAS no significa su desaparición política automática. Guillermo Lora, dirigente del POR, analizó lo que llamó “el mito de Villarroel” (Contribución a la Historia Política de Bolivia, tomo II, pág. 56). El derrocamiento del agotado gobierno de Villarroel por un levantamiento de derecha en lugar de hundirlo, lo revitalizó. A diferencia de lo que esperaban entonces los poristas, en lugar de suplantar el POR a los nacionalistas burgueses en la dirección política de las masas trabajadoras, fueron desplazados por el MNR. El ataque del gobierno golpista a las conquistas y condiciones de vida de las masas trabajadoras recrea, en estas, ilusiones sobre el papel defensivo y progresivo de los derrocados. Lora explica: “Los obreros mineros, primero, y después los explotados de las ciudades, se aglutinaron instintivamente para defender sus conquistas sociales (…) frente a la inminente amenaza de la política antiobrera de la rosca en el poder. En este proceso levantaron como su propio estandarte al presidente colgado (…) Las masas parecían recordar únicamente la prédica antiimperialista y obrerista del nacionalismo y no que en la práctica tal prédica fue olvidada y traicionada…”.

Contribuyó a esto, sin duda, que no tuvieron alternativa política frente al golpe rosquero. El POR no fue vanguardia de la lucha contra el golpe, sino parte del golpe derechista.

Lora analiza que “30 años después, en 1976, volveremos a chocar con un fenómeno similar. No bien se conoció el asesinato del general Torres, que fue cabeza de un gobierno débil y dubitativo, los opositores y los obreros, en general, lo levantaron como su insignia de combate…”.

No se trata de un cadáver insepulto. Para sepultar políticamente al nacionalismo burgués, su enterrador -el proletariado- debe ser ganado por el partido marxista revolucionario a una posición de independencia política, a la organización de su propio partido. Para ello debe no solo denunciar al nacionalismo burgués, sino competir con él a través de una fuerte lucha política.

Al villarroelismo le siguió el MNR, luego el nacionalismo militar y después Lechín, hasta que la corriente nacionalista se transmutó en el MAS, un movimiento de base indigenista.

El MAS no está liquidado políticamente y todo hace perfilar que volverá a estar en el centro de la lucha política, recreando ilusiones en las masas. Pero a diferencia de su ascenso combativo en 2003/6, montado sobre una irrupción revolucionaria de masas, ahora se esforzará fuertemente por aparecer como un factor de “pacificación” para hacerse potable frente al imperialismo.

Las recientes declaraciones de Evo Morales en Argentina de impulsar la formación de milicias populares -de las cuales se rectificó inmediatamente ante el llamado de atención del imperialismo y del gobierno de Fernández- indican las maniobras que desarrollará. No olvidemos la experiencia de Perón en Argentina, cuando apoyó a la organización guerrillerista Montoneros para presionar y negociar con la dictadura, y apenas llegó al poder la persiguió como parte de la represión general que desató contra las luchas de masas.

Evo que durante catorce años en el poder no distribuyó armas entre los obreros y campesinos, sino que se dedicó a fortalecer al Ejército -que terminó ejecutando el golpe que lo destituyó-, no lo va a hacer ahora. Su política es “pacificar”, contener la lucha de clases, no impulsarla.

Elecciones

La convocatoria a elecciones para el 3 de mayo es parte del reclamo del propio imperialismo. El secretario de Estado yanqui, Mike Pompeo, viene de alabar al gobierno golpista de Añez por armar la salida electoral, no solo contra Evo sino también contra aquellos que pretendían colocar un régimen abiertamente fascistizante. Un comunicado vertido en la reciente cumbre latinoamericana contra el terrorismo, realizada en Bogotá, subrayó “el fuerte apoyo del gobierno de Estados Unidos a elecciones libres, justas, transparentes e inclusivas y destacó las áreas de cooperación internacional para apoyar las elecciones de Bolivia”. Pompeo elogió la colaboración del “gobierno de transición” con la Asamblea Legislativa de Bolivia -donde el MAS liderado por Morales es mayoría- para establecer un nuevo tribunal electoral.

Es decir, que las elecciones no vienen a desarmar el golpe sino a hacerlo efectivo. Y ello se revela por varios hechos. Primero, se darán en un marco de represión al movimiento popular, con masacres incluidas, como las de Sacaba y Senkata, que dejaron más de 36 muertes y decenas de heridos, además de la militarización de zonas del Chapare; es decir, el establecimiento de un clima de terror pero, además, se encarcela a luchadores populares y se persigue a figuras prominentes del MAS; la candidatura de Evo Morales a senador no está aún autorizada, lo que revela que las elecciones, de darse, no serán libres, sino que estarán maniatadas para lograr el objetivo de afirmar a la derecha en el gobierno. 

La continuidad del golpe a través de la convocatoria a elecciones es lo primero que debe ser denunciado, y es lo que Evo Morales y el MAS no están haciendo. La denuncia del carácter regimentado del proceso electoral debe ser un impulso a la intervención popular para derrotar al golpe.

El MAS confía en que la división de la derecha entre varios candidatos es la garantía de un triunfo electoral, por ello se adapta a los condicionamientos de todo el proceso y llama a “acuerdos de paz”. Pero la derecha no dio un golpe para luego perderlo en las elecciones, de ser así hubiera aceptado el resultado electoral de octubre. La persistencia de llegar a un acuerdo también se ve plasmada en la fórmula elegida por Evo para encabezar la campaña. El nombramiento de Luis Arce, su exministro de Economía, es una señal dirigida a los monopolios con los que este viene trabajando desde hace más de una década. Atrás del golpe está el interés por el litio, por las reservas petroleras, etc. La división de la derecha no responde a una “disonancia” con esos intereses sino al mejor aprovechamiento para cada fracción de la situación. Añez aparece respaldada por Bolsonaro y Pompeo. Camacho estaría anunciando el levantamiento de su candidatura para “unificar” detrás de Añez. Mesa agrupa a la derecha liberal de los partidos tradicionales. La división de la derecha condiciona la propia convocatoria a elecciones, tanto en su realización como en las formas, pero lo que está claro para todos ellos es que el MAS no debe volver al gobierno. Por ello, la salida electoral que el MAS pactó con los masistas, como alaba Pompeo, debe ser denunciada sin mediaciones.

La tarea central es organizar la lucha contra el golpe, defender las libertades públicas, hoy cercenadas, así como todas las reivindicaciones del pueblo explotado boliviano, de sus campesinos, de sus trabajadores, de los indígenas. 

Sobre estas tareas será altamente progresivo y revolucionario que la vanguardia obrera y de la izquierda del Altiplano, haciendo un balance político de su intervención en la lucha de clases, llegué a las conclusiones de cómo superar la debacle histórica del nacionalismo burgués, colocándose en la primera línea contra el golpe. La experiencia histórica indica la necesidad de la formación de un partido obrero socialista revolucionario. Hay que desarrollar las políticas de intervención en la lucha política y de clases para lograrlo.