Venezuela en el callejón

La crisis en Venezuela se ha transformado, desde hace varios años, en uno de los centros políticos de Latinoamérica. 

El imperialismo buscó, con el golpe encabezado por Juan Guaidó, desbancar a Nicolás Maduro y encabezar una recolonización económica de Venezuela, utilizando, además, esta pretendida victoria para ir por Cuba y reforzar todas sus posiciones en América Latina. 

Por su parte, China, pero especialmente Rusia, han potenciado su política de colonización económica en Venezuela. La crisis venezolana está metida de lleno en la guerra comercial que sacude las relaciones internacionales. Venezuela se ha transformado en un botín codiciado en una disputa de alcance mundial.

El fracaso temporal del golpismo de Guaidó no implica ningún aspecto progresivo del régimen de Maduro. El régimen ha llevado a las masas de Venezuela a una situación desesperante.

Luego de representar, bajo el chavismo, el modelo para la izquierda nacionalista latinoamericana, la crisis y el posterior colapso económico venezolano pasaron a ser el caballito de batalla de la derecha continental contra los regímenes nacionalistas. La izquierda y el nacionalismo, que durante años se alinearon con el chavismo, guardan un vergonzoso silencio sobre la situación en Venezuela. 

En la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández se distanció rápidamente de Maduro, criticando el golpe parlamentario por medio del cual el régimen impuso a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2020. El gobierno de Fernández no abandonó el llamado “Grupo de Lima”, de los países que promueven una salida de Maduro. Dentro del mismo se ubica como partidario de una “negociación” para normalizar la política venezolana. El chavismo como tendencia continental fue enterrado por la crisis venezolana. 

Mientras tanto, el movimiento obrero y popular de Venezuela se ha dividido entre el campo nacionalista y el apoyo al golpismo proimperialista, sin desarrollar una posición política independiente. Sin embargo, el escenario de rebeliones en Latinoamérica y la crisis de la oposición derechista encarnada por Guaidó, sumado al impasse político del gobierno de Maduro para encontrar una salida a la crítica situación social que vive el país, abre un campo para desarrollar una perspectiva independiente de la izquierda. 

Para la izquierda latinoamericana, el desarrollo de una izquierda independiente en Venezuela sería un aporte fundamental, porque implica una delimitación a fondo de la debacle a la que ha conducido la experiencia nacionalista más audaz del continente en los últimos veinte años, por un lado, y una denuncia fundamental del rol del imperialismo en el país y, por lo tanto, en el continente, por el otro. La izquierda venezolana no ha pasado, por el momento, la prueba de los hechos que le impuso la férrea división del país entre el oficialismo y la oposición golpista. Ha oscilado y tendido a dividirse en el seguidismo a los dos campos patronales, en una expresión de las enormes presiones políticas que dividen al país. 

La crisis y sus orígenes

La economía venezolana se encuentra prácticamente paralizada. Con una hiperinflación que ya lleva más de dos años y medio, en 2019 el aumento de precios alcanzó la suma sideral de 7.343%, mientras que en 2018 fue de 1.000.000%. El salario mínimo de 450.000 bolívares alcanza los 6,7 dólares. Venezuela, potencia energética, se ha transformado en importador de combustibles y se destaca por sus apagones generalizados. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), los migrantes venezolanos alcanzan ya los 4 millones, poblando el conjunto de Latinoamérica. La migración alcanza a profesionales, técnicos y trabajadores calificados, significando un retroceso fenomenal para el país. La desnutrición y la destrucción de las condiciones de vida del pueblo venezolano avanzan. Se calcula que un 80 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza.

La recesión económica comenzó en 2014, incluso antes de la caída de los precios petroleros de ese año. La reducción de los índices de crecimiento se remonta a 2013, cuando la economía creció solamente un 1,3%. En 2014, el hundimiento de los precios petroleros arrastró a la economía venezolana. De un barril de petróleo del orden de los 100 dólares en el período precedente, el crudo se hundió a precios del orden de los 30 a 40 dólares. La recesión económica se profundizó en el período 2014, 2015 y 2016, durante el cual la economía retrocedió un 9%, 14,1% y 23,7% anual. Dentro de este cuadro ya catastrófico, 2017 representó un nuevo salto, porque las sanciones económicas impuestas por la administración de Donald Trump, en agosto de ese año, golpearon nuevamente a la economía venezolana en la capacidad ya limitadísima de refinanciación de deudas. Las sanciones financieras fueron un golpe de gracia para la crítica situación de PDVSA y empujaron a la economía venezolana a la hiperinflación. La política de sanciones norteamericanas se fue profundizando en 2018 y pegó un nuevo salto en 2019, cuando, reconociendo a Guaidó como presidente, Estados Unidos directamente aplicó un bloqueo a Venezuela, en la posibilidad vital de exportar petróleo y luego congeló el uso de todos los activos estatales y de empresas vinculadas con el Estado venezolano en Estados Unidos. 

Los orígenes de la crisis están directamente vinculados con la política del chavismo en materia petrolera y de endeudamiento. El chavismo utilizó a fondo la caja de PDVSA para financiar programas de viviendas y asistencia social para el pueblo venezolano. Para lograrlo, Hugo Chávez debió intervenir la empresa, lo cual estuvo en el centro del lock-out petrolero de 2002 y 2003, y del intento de golpe, derrotado por la movilización popular el 11 de abril de 2002. La derrota del paro petrolero contra Chávez otorgó al chavismo el control completo de la empresa, que utilizó además para extender el control estatal de la producción petrolera a través de una política de nacionalizaciones y redistribución de la renta petrolera contra el capital privado. 

Esta redistribución de la renta petrolera, en un período de alza de los precios del petróleo a nivel mundial, permitió poner en pie el sistema de “misiones” chavistas, que aportaron al desarrollo de la alfabetización, la salud pública y especialmente la vivienda. Las misiones fueron una forma de movilizar políticamente el apoyo popular del chavismo, pero dejando intacto el viejo aparato de Estado “formal”, con el que convivieron.

En materia de vivienda, el chavismo construyó más de un millón de viviendas estatales. Recientemente, Maduro sostuvo haber alcanzado la entrega de dos millones de viviendas a través de la Gran Misión Vivienda. 

Paralelamente a la expansión de la construcción de viviendas estatales, el chavismo fue llevando adelante una política de nacionalizaciones. Las nacionalizaciones fueron extensas y en prácticamente todos los casos fueron pagadas por los fondos públicos venezolanos. En ciertos casos, las nacionalizaciones tuvieron el objetivo de intervenir para mediar frente a reclamos sindicales: fue, por ejemplo, el caso de la nacionalización de Sidor, del grupo argentino Techint. Abarcaron áreas industriales y también una gran cantidad de tierras que fueron puestas a disposición de cooperativas o pequeños productores agrarios. 

Las nacionalizaciones no solamente se destacaron por haber sido pagadas. Además, y como lo muestra especialmente el caso de Sidor, donde Chávez nacionalizó la empresa como respuesta a una lucha obrera, el régimen impidió cuidadosamente la gestión obrera, desarrollando una gestión burocrática que pronto llevó a las empresas nacionalizadas a la crisis y, finalmente, en muchos casos, a la parálisis. La gestión estatal no se propuso la industrialización ni la superación de la dependencia petrolera, sino una redistribución de la renta arbitrada por el Estado. La intervención estatal y las nacionalizaciones, lejos de alimentar la organización independiente del movimiento obrero, fueron un factor de regimentación de las masas por parte del Estado. 

La redistribución de la renta petrolera, la construcción de viviendas y la expansión de la inversión estatal, sin ningún tipo de control obrero y en manos del régimen, dio lugar al crecimiento de una capa empresarial vinculada con el régimen, la llamada “boliburguesía”, por vivir de los negocios montados por la “revolución bolivariana”. Esta boliburguesía tuvo un alcance internacional, involucrando sectores vinculados con los gobiernos nacionalistas de América Latina. Los negocios de los Antonini Wilson (que fue descubierto en el aeropuerto de Ezeiza con una valija con 750.000 dólares), despuntaron a la sombra de la intervención estatal chavista.

La boliburguesía utilizó todas las palancas provistas por la burocracia estatal en función de una acumulación de capital, en desmedro del pueblo de Venezuela. Las nacionalizaciones, incluso, fueron pagadas a precio de Bolsa (como en el caso de Verizon, de telecomunicaciones), por encima de su valor real. En el caso de Sidor, dejó a cargo del gobierno venezolano los pasivos ocultos de Techint. El doble régimen cambiario, con un cambio oficial muy por debajo del oficial, fue otra fuente de ganancias extraordinarias mediante la sobrefacturación de importaciones pagadas al precio oficial y otras mil maniobras.

Como resultado de esta política, pesando el endeudamiento para exportaciones, los negociados a costa del Estado y la necesidad de pagar las nacionalizaciones, Venezuela fue acumulando una deuda externa muy importante y, además, costosa. En 2013, luego de la muerte de Chávez, Venezuela tenía una deuda externa de 112.100 millones de dólares, cuyos intereses alcanzaban el 19,4% de los ingresos por exportaciones, cuando todavía los precios del crudo orillaban los 100 dólares el barril . El peso de los intereses de la deuda, a partir de 2013, llevó al régimen a recortar importaciones, recortando la venta de divisas y la provisión para las mismas. Sin embargo, la redistribución de la renta petrolera en ningún momento había significado una transformación de la estructura económica venezolana, caracterizada prácticamente por la monoproducción petrolera. La dependencia de la producción, especialmente de la producción industrial, de insumos importados, y la dependencia del país en general de la importación de bienes de consumo fundamentales para la población, como medicamentos y alimentos, hicieron que la restricción de importaciones tuviera un efecto duro y recesivo sobre el funcionamiento económico sobre las condiciones de vida de la población. Esta restricción tuvo además un efecto recesivo sobre el funcionamiento económico. En 2013, el valor de las importaciones se redujo un 13%. En 2014, la economía comenzó a entrar en recesión, inclusive con precios altos del petróleo. Ese año, los precios del petróleo en el primer semestre superaron los 100 dólares el barril. El desplome posterior llevó el precio a 50 dólares, y la caída y depresión de precios se prolongaron por varios años. 

El desplome de los precios petroleros sumió a Venezuela en una primera fuerte recesión, disparando la relación entre la deuda y los ingresos por exportaciones. La relación entre los intereses de la deuda y las exportaciones pasó del 19,4% en 2013 al 54% en 2015, hundiendo la capacidad de importar y llevando, bajo un mercado de cambios regulado, a la necesidad de recortar importaciones que, a su vez, se desplomaron de 57.300 millones en 2013 a 16.400 en 2016 (ver cuadro). Esta caída provocó un golpe brutal, no solamente a las condiciones de vida de las masas, sino además y fundamentalmente a la producción industrial y de combustibles, dependiente en gran medida de insumos importados. La prioridad de Maduro de pagar la deuda a costa del ajuste masivo contra el pueblo de Venezuela tuvo consecuencias catastróficas crecientes. 

Bajo el peso de la crisis petrolera, el costo de la refinanciación del capital de la deuda fue creciendo. Las tasas de interés pagadas por el Estado fueron crecientemente en aumento, poniendo en crisis la orientación de pago a rajatabla de la deuda externa. Poco a poco, el crédito externo de Venezuela se fue reduciendo a su mínima expresión, agravando la necesidad de realizar pagos en efectivo para cumplir con los compromisos externos. Por ejemplo, en el canje de 2016, de bonos de PDVSA por bonos con vencimiento en 2020, la empresa asumió un 21% de interés en dólares, por bonos respaldados por las acciones de la petrolera venezolana Citgo, con sede en Estados Unidos . Maduro llegó a anunciar la formación de una comisión de reestructuración de la deuda en 2017, luego de las sanciones norteamericanas. Sin embargo, tampoco entró totalmente en default, sino en un default selectivo, en el cual los intereses de muchos de los bonos se siguen pagando y especialmente se pagan los vinculados con los negocios con Rusia y China. 

La crisis puso al rojo vivo los límites insalvables del nacionalismo chavista, que llevó adelante una política de nacionalizaciones pagadas que hundieron las finanzas públicas. El pago a rajatabla de la deuda, en base a postergar las necesidades populares más urgentes, llevó al pueblo venezolano a una situación crítica y solamente pudo imponerse sobre la base de la estatización de las organizaciones obreras y la represión pura y dura, no solo contra la oposición proimperialista sino, además, contra los reclamos populares.

El impacto criminal de las sanciones

Bajo estas condiciones, la oposición triunfó en los comicios para la Asamblea Nacional de 2015, lo cual implicó un viraje político al quitar al Parlamento del control gubernamental. La Mesa de Unidad Democrática obtuvo 95 escaños sobre 165. El triunfo en las elecciones parlamentarias, en un cuadro de crisis económica y con el respaldo del imperialismo, alimentó las perspectivas opositoras de un rápido recambio político. 

Es que el control de la Asamblea Nacional dio a la oposición atribuciones importantes. Por ejemplo, desde el punto de vista constitucional, la renegociación de la deuda pública debía pasar por el Parlamento. Maduro respondió a esta pérdida de atribuciones incrementando las tendencias bonapartistas ya presentes desde la última fase del gobierno de Chávez. El Tribunal Superior de Justicia prácticamente colocó a la Asamblea Nacional fuera de la ley, sancionando la presencia de cuatro diputados, a quienes se denunciaba por haber sido electos en forma fraudulenta. Contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, en 2017 convocó una Asamblea Constituyente, con el objetivo de concentrar atribuciones políticas. Bajo estas condiciones, la oposición lanzó una ofensiva de protestas callejeras que instalaron el reclamo de un cambio de gobierno. 

En este contexto, y teniendo como un motor central el reclamo de la oposición venezolana, la administración de Trump produjo un cambio de política en relación con Venezuela. Ocurre que, aunque la oposición venezolana había recurrido crónicamente al golpismo, boicoteando elecciones, recurriendo, en 2002 a un golpe de Estado y tratando de forzar un recambio político, Estados Unidos no había recurrido a sanciones económicas ni financieras. Hasta 2015, el centro de la política de la administración Obama en la zona fue el arbitraje en relación con el conflicto entre Colombia y las FARC, para integrar a estas últimas al régimen político democrático y desactivar la lucha armada. Un impulso abierto, mediante sanciones, a la oposición golpista en Venezuela, podría haber alterado esta ruta, que el gobierno norteamericano consideraba central. Por otro lado, en la medida que el gobierno venezolano aseguraba el pago de la deuda externa, una parte del abastecimiento petrolero al mercado norteamericano y, lo más importante, la convivencia en la explotación entre PDVSA y el capital privado que había quedado como socio minoritario en la explotación, el gobierno norteamericano no llevaba sus críticas al punto de imponer sanciones. 

Este equilibrio se quebró en 2017, cuando el gobierno de Trump impuso un embargo financiero a Venezuela, el primer paso de una política de sanciones que se fue profundizando . La política de sanciones terminó de empujar a Venezuela hacia el abismo. La producción petrolera en 2018 se derrumbó, pasando de cerca de 2 millones de barriles diarios a 1,2 millones, un retroceso de cerca del 30%, y las exportaciones disminuyeron en 6.000 millones de dólares. La inflación elevada que existía hasta el momento se transformó en hiperinflación. Se disparó la migración generalizada. La crisis humanitaria se potenció. 

Aunque la oposición aspira a discutir que las sanciones hayan sido el desencadenante del colapso económico, la realidad no puede ser tapada con la mano. La oposición sostiene que un desencadenante del colapso petrolero de 2018 fue el recambio en la cúpula de PDVSA, a cuyo mando fue colocado el militar Manuel Quevedo. Sin embargo, está claro que, a una economía altamente internacionalizada como la venezolana, la presión norteamericana la golpeó fuertemente. 

Las sanciones se profundizaron en 2019 con la autodesignación como presidente de Guaidó, y su reconocimiento por el gobierno norteamericano. Estados Unidos dejó de comprar los 500.000 barriles diarios de petróleo venezolano, trabó un embargo comercial a Venezuela impidiendo cualquier tipo de compras al sector público y sus empresas vinculadas, y comenzó a amenazar a naciones extranjeras que podían comprar el petróleo venezolano. Como resultado de este golpe, la producción de petróleo venezolano potenció su derrumbe, llegando al piso de 750.000 barriles diarios, menos de la mitad de lo que se extraía antes de las sanciones y la cuarta parte de lo que extraía Venezuela antes del crash petrolero de 2014.

Bajo esta situación ya muy grave, el gobierno norteamericano incrementó la presión en agosto de 2019, decretando un bloqueo total de las propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela o a empresas estatales en Estados Unidos. Este bloqueo implica que dichas propiedades no pueden ser utilizadas, transferidas, vendidas ni utilizadas de ninguna forma por Venezuela . En el caso de Citgo, la petrolera que PDVSA controla en Norteamérica, el gobierno norteamericano reconoció como administradores a los designados por Guaidó.

De esta forma, el gobierno norteamericano busca, mediante sanciones que golpean especialmente al pueblo venezolano, ahogar al régimen y apalancar el recambio político encarnado por Guaidó. La oposición venezolana reclama y avala estas sanciones criminales, negando la realidad obvia de que ellas golpean a la propia población venezolana. Con este discurso, solamente busca encubrir su responsabilidad criminal en la situación crítica que viven las masas venezolanas.

La excepción a este cerco internacional es significativa: se trata de las autorizaciones, renovadas cada tres meses, a petroleras yanquis o asociadas para operar en Venezuela. Por ejemplo, Chevron, Halliburton Schlumbemberg tienen licencias que se van renovando para operar en Venezuela. Esto tiene que ver con el hecho de que, frente a la presencia del capital ruso y chino, Estados Unidos no quiere abandonar posiciones que podrían resultarle favorables, especialmente en el caso de que tuvieran éxito las maniobras golpistas. El gobierno venezolano, por otro lado, se cuida muy bien de no provocar la caída de estos acuerdos petroleros, que le sirven, por un lado, para ganar un mínimo de respiro económico y, por otro, para alimentar la idea de una salida concertada con el imperialismo, que permita terminar con las sanciones. 

Desguace económico y privatizaciones

De la mano del default de la deuda y, al mismo tiempo, como resultado de las demandas internacionales contra las nacionalizaciones chavistas, en los casos en los que no hubo acuerdo con las empresas nacionalizadas, se produjo una catarata de juicios contra Venezuela, que pone de manifiesto una política de desguace económico. El gobierno de Maduro, en relación con este desguace, tuvo en muchos casos la política de dejar correr, porque las privatizaciones de activos fueron utilizadas para el pago de deudas o juicios. 

Indudablemente, el caso más importante es el de Citgo. El 50,1 por ciento de las acciones de Citgo fue puesto en garantía de los bonos PDVSA 2020, que el gobierno venezolano ha defaulteado; el otro 49,9 está en garantía por un préstamo de 1,5 mil millones de dólares de Rusia a Venezuela. Por lo tanto, existe un pedido, en la Justicia, de ejecución del 50,1 por ciento de las acciones de Citgo que pertenecen a PDVSA para pagar dichos bonos. La empresa está valorizada entre 8 y 10 mil millones de dólares, pero figura en garantía por préstamos por menor cuantía, con lo cual podría ser embargada a precio vil. 

La falta de pago de Guaidó de los intereses de los bonos PDVSA 2020, a fin de 2019, y los litigios consecuentes, dieron origen a una medida extraordinaria del gobierno norteamericano, impidiendo el embargo de la empresa, en un intento por darle aire a la oposición venezolana. Dicha medida se renovó por tres meses en enero de 2020. El argumento del gobierno norteamericano fue que la emisión de dichos bonos, respaldados en las acciones de Citgo, fue ilegal, puesto que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional. 

Por otro lado, existe una orden de embargo anterior de Citgo, de 2018, del Juzgado Federal de la Corte de Delaware, producto de la sentencia por un fallo en el Ciadi contra Venezuela, debido al juicio iniciado por Cristallex, una minera canadiense que fuera nacionalizada por Chávez en 2009. Esta orden de embargo también está paralizada por la medida interpuesta por el gobierno norteamericano.

La empresa, por otro lado, ya venía en un proceso de desguace antes de estos intentos de embargo. Durante su período de gobierno, Chávez recurrió a la privatización de refinerías y venta de activos. Luego, en 2015, el gobierno de Venezuela recurrió a la venta de una refinería en Chalmette, Luisiana, por 322 millones de dólares, para el pago de una sentencia, producto del litigio iniciado por Exxon Mobile a PDVSA. 

En 2016, Citgo perdió la refinería Merey Seeney, en Texas, producto de los juicios iniciados por Conoco Phillips, por la quita de la concesión petrolera a la empresa por parte de Chávez. En el marco de los mismos juicios, la empresa obtiene un embargo por 2.040 millones de dólares en la Cámara de Comercio Internacional, una suma que fue luego convalidada por el Banco Mundial y que dio origen a juicios con embargos sobre activos de Venezuela. En 2018, Venezuela llegó a un acuerdo para el pago de 500 millones de dólares a la empresa.

Como resultado de este desguace impuesto por el imperialismo y de la política de privatizaciones del chavismo, Citgo pasó de ocho refinerías en 2006 en Estados Unidos a tres en 2019. 

El desguace y las privatizaciones no se limitan a Citgo, sino que involucran a todos los activos del amplio sector público venezolano. Recientemente, por ejemplo, se ha denunciado la situación de CVG Aluasa, la empresa de aluminio que Venezuela posee en Costa Rica y que se abastecía del producto de las minas de bauxita venezolana. La empresa está paralizada hace al menos un año por falta de materia prima. Los pasivos que se acumulan, en primer lugar, salariales, son enormes y la situación de la empresa y los trabajadores es crítica. En este marco, en marzo de 2019, la empresa reactivó su producción con un embarque de aluminio llegado desde Venezuela. Sin embargo, ya no lo hizo enteramente como empresa pública, sino en el marco de un acuerdo comercial con Metallik LTD, vinculada con empresarios del sector. Se ha denunciado que, en este marco, la reactivación implica una privatización encubierta de la empresa . 

Desguace a la rusa

El marco impuesto por las sanciones y la crisis habilitó el ingreso de la petrolera rusa Rosneft en la industria petrolera venezolana. Rosneft y Rusia operan como prestamistas para el gobierno venezolano, poniendo como garantía la producción y los activos petroleros del país. Así, el gobierno de Maduro se entrega a una política de privatizaciones y desguace en manos del capital ruso y, en menor medida, chino. Ya hemos mencionado la garantía leonina del 49,9% de las acciones de Citgo por un préstamo de 1.500 millones de dólares. A esto se suma, por ejemplo, el ingreso de la petrolera rusa a la explotación de campos petroleros en Venezuela, en forma directa. Rosneft adquirió parte de la propiedad de varios campos de crudo venezolanos: Petromonagas (40%), Petromiranda (32%), Petroperijá (40%), Boquerón (26,6%), Petrovictoria (40%) y Junín 6 (más del 30%). Y en medio de una asfixia financiera, Venezuela le otorgó la licencia para la explotación del 100% de dos campos gasíferos, Mejillones y Patao, hace poco más de un año . 

De acuerdo con versiones, fue la presión de Rusia la que forzó a Maduro a realizar el golpe, imponiendo en la Asamblea Nacional a Parra, contra Guaidó, para lo cual necesitó impedir por la fuerza el ingreso de los diputados opositores al recinto de la Asamblea, y sesionar sin quórum. Ocurre que las concesiones y créditos otorgados por el gobierno venezolano son puestos en duda judicialmente, por haber sido dispuestos sin autorización parlamentaria. La inestabilidad consecuente, que el imperialismo norteamericano está dispuesto a hacer valer hasta el final, preocupa al régimen de Putin, que apunta a una colonización económica de la industria petrolera venezolana. La situación de desguace de Venezuela en los tribunales internacionales, las sanciones y, fundamentalmente la crisis institucional, son un bloqueo para el desarrollo de una política a fondo de privatizaciones, dado que no existen garantías legales para que las concesiones o ventas no sean luego embargadas o desconocidas.

En cuanto a China, también ha jugado un papel en el sostén del régimen de Maduro. Sin embargo, la asociación con el capital chino fue más golpeada por las sanciones. La petrolera estatal china anunció, en septiembre, el final de sus operaciones en Venezuela, acatando el embargo impuesto por Estados Unidos. Asimismo, en agosto de 2019, China suspendió los embarques de crudo provenientes de Venezuela, también producto del bloqueo. China actúa bajo la presión de la guerra comercial, y aunque el retiro de la petrolera estatal de la producción en Venezuela no implica un cese total de operaciones en común, ha sido un golpe al gobierno de Maduro.

La asociación con el capital ruso es uno de los factores que estaría impulsando una limitada recuperación de la producción de crudo venezolano, que no alcanza aún, en enero de 2020, a un millón de barriles diarios. Pero la aproximación con Rusia y China está lejos de dar una salida a la situación desesperante del país. El hecho de que Rusia y China tomen el control, en lugar del imperialismo norteamericano, no desmiente el carácter confiscatorio y opresivo del operativo. No hay una defensa del patrimonio nacional, sino que es la convalidación de una política de privatizaciones y entrega. 

El apoyo de las burocracias restauracionistas rusa y china tiene límites muy precisos; los intereses petroleros y económicos que tienen Putin y Xi Jinping en Venezuela son prenda de canje y negociación en la disputa que Moscú y Pekín mantienen con Washington.

El régimen de Maduro y sectores nacionalistas caracterizan la presencia de Rusia y China como un contrapeso a la penetración imperialista, e incluso, como un factor de impulso a las luchas antiimperialistas. Se trata de una confusión brutal, por un lado, porque las relaciones que se desarrollan son de tipo colonial, con venta masiva de activos por debajo de su valor, contrapartes leoninas y tasas de interés usurarias. Por otro lado, no se puede ignorar el carácter restauracionista y contrarrevolucionario de la burocracia china y del Kremlin a la hora de evaluar su papel en América Latina.

La boliburguesía sigue facturando

Este cuadro de desguace económico, como se ve, no se restringe al imperialismo norteamericano. La presencia rusa también aporta su cuota en el mismo. El vehículo central, sin embargo, sigue siendo el propio gobierno venezolano. Incluso angostándose mucho en sus negocios en el marco del colapso económico, las camarillas empresariales vinculadas con el régimen chavista siguen teniendo una injerencia determinante en aspectos fundamentales de la vida de Venezuela. 

Es lo que ocurre, por ejemplo, con las cajas CLAP, que son las cajas de alimentos que reparte el gobierno y que alcanzan al menos a 2,9 millones de familias (el gobierno de Maduro sostiene que llegan a 6 millones). Las cajas CLAP vienen devaluando su contenido alimentario en el marco de la crisis, pasando de 19 a 10 kg de alimentos, una baja muy grave en el marco de la crisis alimentaria venezolana. Análisis científicos muestran, en tanto, que se estira incluso la leche en polvo que se reparte, disminuyendo su contenido nutricional, especialmente de calcio. 

La distribución de cajas CLAP es un negocio a cargo de empresarios históricamente vinculados con el chavismo: Alex Saab y Alvaro Pulido Vargas. Ambos, actualmente en la mira del Departamento de Estado norteamericano, armaron una red de provisión de alimentos sobre la base de triangular con empresas en Hong Kong, Turquía y otros países. 

La importación de las cajas CLAP se realiza en los buques de la empresa náutica estatal venezolana, Venevega. Las empresas de Saab y Pulido están enjuiciadas en México, Colombia, Italia y otros países por la sobrefacturación en los programas de exportación de alimentos y productos de primera necesidad a Venezuela, y por lavado de activos. Bajo la presión judicial, los empresarios fueron mutando la fachada empresarial, abriendo nuevas empresas en nuevos destinos, por ejemplo, Emiratos Arabes Unidos.

En el caso de Uruguay, se han denunciado los sobreprecios en las entregas de arroz por parte de empresarios vinculados con el gobierno del Frente Amplio, Damboriarena y Ecosteguy, uno de los proveedores centrales de arroz a Venezuela que siguen operando en la actualidad.

El peso de esta boliburguesía es importante en la política venezolana. Hasta tal punto, que Saab y Pulido han sido una pieza central en la ruptura de la oposición en la Asamblea Nacional, que dio origen a la fracción de Parra, al que Maduro encumbró en el golpe parlamentario de enero. En efecto, Parra y su grupo de diputados debutaron como fracción enviando notas a diferentes países donde Saab y Pulido están siendo investigados por la Justicia, utilizando su rol como diputados opositores para “blanquear” a los empresarios. Estos pretendidos certificados de buena conducta fueron denunciados antes de la asamblea de enero y dieron origen a la ruptura de los bloques parlamentarios vinculados con Guaidó, golpeando a la oposición proimperialista en su conjunto.

El Ejército, la clave de la situación

La ruptura de la oposición agrupada en torno de Maduro fue un eslabón más de la crisis de esta oposición, producto del fracaso de la tentativa golpista durante 2019. Desde la autoproclamación de Maduro en la Asamblea Nacional, el 5 de enero, el respaldo internacional a la intentona golpista, el reconocimiento de Estados Unidos y el endurecimiento de las sanciones contra Maduro hasta el operativo por el cual Guaidó ingresó a Venezuela auxiliado por paramilitares colombianos y luego el intento de golpe del 30 de abril, el imperialismo y la oposición se jugaron a fondo en derrocar a Maduro. 

La “resistencia” del régimen no tuvo nada que ver con una movilización popular, que el gobierno venezolano no tiene ninguna condición para promover, pagando salarios de 6,7 dólares al mes. Por el contrario, el arbitraje clave en la situación fue el del Ejército. Con Maduro, el Ejército maneja el principal presupuesto del país, el de PDVSA. El general de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, maneja los destinos de la empresa desde 2017. Asimismo, la posición del Ejército en puestos de mando clave en la administración civil y en las empresas estatales es muy destacada. El copamiento del gobierno de Maduro por parte de los militares refleja la transición en el equilibrio político del país. El respaldo activo de las masas que otrora caracterizó al chavismo se fue desdibujando hasta desaparecer. El encorsetamiento de las organizaciones populares por parte del Estado ahogó su iniciativa autónoma. El férreo control de la economía y la sociedad por una burocracia estatal vinculada con la boliburguesía excluyó cualquier participación popular en el régimen. El Ejército, que siempre fue fundamental en el desarrollo del chavismo, fue ganando espacio, de la mano de la dependencia del régimen respecto de los militares.

El régimen democrático en Venezuela está quebrado, bajo la presión de la iniciativa golpista opositora y los autogolpes oficialistas. Existen una Asamblea Constituyente funcionando junto a dos asambleas nacionales, dos presidentes, dos fiscales generales del Estado (una de ellas en el exilio). El golpe de Maduro contra la Asamblea Nacional, decretando a Parra como presidente, es solamente el último escalón, por el momento, de esta situación. Bajo estas presiones también se han quebrado las libertades democráticas básicas, aplastadas por el peso de la represión gubernamental estatal y paraestatal, las detenciones arbitrarias y otras. Este quiebre del régimen democrático alimenta en todos los planos el arbitraje del Ejército en la vida política nacional. 

El apoyo del Ejército a Maduro quebró la iniciativa golpista. A su vez, el golpe parlamentario obliga a barajar y dar de nuevo. El liderazgo opositor de Guaidó está cuestionado, objetivamente, y se apoya crecientemente en el reconocimiento internacional, quebrado su frente interno. Un sector minoritario de la oposición ha ingresado en un “diálogo” con Maduro, sin demasiadas perspectivas de prosperar, mientras que otro promueve una intervención militar que, por el momento, está fuera del radar del imperialismo.

Del lado del régimen, la apuesta es adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional, concurriendo a elecciones amañadas, de manera tal que permita presentar un triunfo que cierre totalmente la iniciativa golpista. Esto permitiría allanar las condiciones para perpetuar en el poder a Maduro, especialmente si el Ejército continúa su respaldo. A partir de allí es previsible que Maduro apueste a rearmar un diálogo con el imperialismo, sobre la base de privatizaciones masivas como prenda de cambio, un escenario que viene anticipado por lo que está ocurriendo hoy con Rusia. Cualquier intento, sin embargo, estará condicionado por un escenario internacional de convulsiones, guerra comercial y enormes choques internacionales. 

El papel del Ejército, que fue clave hasta el momento para sostener al chavismo, puede transformarse de un momento a otro en quien defina un recambio político. La lealtad del Ejército es con el Estado y con la clase social que dicho Estado representa. Colocar la resistencia antigolpista en manos de un puñado de generales, sin apelar a las masas, es darle, a término, un pasaporte al poder a los golpistas.

De la regimentación a la represión generalizada

El cuadro descripto muestra la descomposición de un régimen nacionalista. El chavismo surgió bajo un fuerte impulso de la movilización popular, abierta en la etapa posterior al Caracazo contra la IV República. Esta movilización tuvo un fuerte impulso con la respuesta popular contra el golpe de 2002 y el paro patronal impulsado ese año contra el gobierno de Chávez. Frente a este proceso, el chavismo hizo lo posible e imposible por estatizar y regimentar a las organizaciones obreras y populares. En este proceso tuvo un rol central, junto al control de las organizaciones sindicales, la creación del PSUV, como partido único del chavismo, con el objetivo de regimentar a las organizaciones populares que apoyaban al régimen. 

Bajo el gobierno de Maduro, y con la evolución de la crisis económica, las condiciones de vida de las masas se fueron deteriorando y la represión se fue volviendo masiva, no solamente contra la oposición derechista sino también contra el movimiento obrero que lucha por sus reclamos. Mediante el Memorándum 2792, el régimen eliminó los convenios colectivos, dándole atribuciones laborales enormes a las patronales privadas. La liquidación del salario, en el marco de una política de privatizaciones, es obviamente un bocado de cardenales para ofrecer al capital privado por parte del régimen.

La miseria social generalizada, sostenida por una asistencia estatal totalmente insuficiente, es también un mecanismo firme de regimentación de las masas. La entrega de millones de cajas CLAP, mientras se destruyen los salarios y las fuentes de trabajo, coloca al régimen como el árbitro entre quién come y quién no en las barriadas populares. En ausencia de organizaciones populares independientes que controlen la entrega de alimentos, se organiza la asistencia estatal con la finalidad de garantizar el apoyo al gobierno. 

La represión gubernamental contra la oposición es brutal e involucra a los trabajadores. En el país hay 400 presos políticos. La ONU denunció la existencia de 7.000 muertos en represión estatal y paraestatal en el país en los últimos años. Mientras Guaidó, el responsable número uno del golpismo y la sedición, se desplaza libremente por el país, se instala un clima de persecución política y amedrentamiento que busca golpear fundamentalmente a los trabajadores. 

Un ejemplo es la persecución a José Bodas, dirigente de la Federación de Petroleros, por sus posiciones opositoras a la burocracia sindical. O, en el día del maestro de 2020, la agresión de una patota oficialista contra los docentes que llevaban adelante un reclamo en defensa de sus salarios y de las condiciones de la educación. Las movilizaciones docentes han sido fuertemente perseguidas desde el Estado. También se denunció la prisión y persecución contra Rodney Alvarez, dirigente obrero de la estatal Ferrominera, acusado de un crimen para encubrir que fue realizado por un militante del PSUV.

La persecución contra trabajadores y activistas es una muestra de la descomposición del régimen. En una situación de emergencia, la movilización de masas para encarar la resolución de los problemas que atraviesa Venezuela es absolutamente imprescindible. Durante los grandes apagones, el gobierno no se propuso ni fue capaz de movilizar a los trabajadores para poner en pie una solución a la crisis energética. Ni hablar de enfrentar la amenaza golpista. La historia muestra que la vía para derrotar los golpes de Estado es la movilización de las masas. El gobierno, sin condiciones políticas ni apoyo para recurrir a ella, recurre a la represión y al amedrentamiento contra los trabajadores, atando su supervivencia a la camarilla militar y los pactos con los sectores capitalistas que perviven por fuera del bloqueo. La vieja base que sostuvo al chavismo mediante la movilización está desmoralizada. La descomposición del régimen nacionalista se pone de manifiesto especialmente en su relación con los trabajadores.

La defensa del derecho de organización, de movilización y de huelga es fundamental. Esto implica, además, levantar el reclamo del cese de todo tipo de persecución y la libertad de los presos políticos de la clase trabajadora. Una deliberación obrera independiente para poner en pie una salida propia a la crisis, comenzando por el reclamo de la reconstitución de los salarios y jubilaciones, sería un gran paso adelante. El planteo de un congreso de delegados de base del movimiento obrero, para discutir un programa y un plan de acción, tiene una vigencia enorme en la situación política venezolana. 

La izquierda

Las variantes principales de la izquierda venezolana han tendido al seguidismo a las variantes patronales en pugna. En el caso del PSL, vinculado con la UIT-CI (en la Argentina, Izquierda Socialista), impulsa la consigna “Fuera Maduro”, orientando todos sus cañones contra el régimen. Fundamentan esto en la caracterización de que la autodesignación de Guaidó como presidente no fue un golpe de Estado. Caracterizan las movilizaciones contra el régimen como progresivas, incluso cuando son acaudilladas por variantes del imperialismo. Por lo tanto, se coloca, objetivamente, en un campo común con la oposición patronal al gobierno, más allá de la delimitación verbal que realiza de Guaidó y de la acción del imperialismo. 

Pero en un cuadro en el cual Guaidó formó un gobierno paralelo con el apoyo del imperialismo, la idea de que “no hay un golpe” en marcha no tiene sustento. La denuncia del golpe de Estado, del bloqueo y del embargo no implica ninguna solidaridad con Maduro. Pero una salida de fuerza en favor del imperialismo sería una vía para una confiscación en regla del patrimonio de Venezuela, a precios de remate por la crisis actual. En un choque entre el imperialismo y una nación oprimida, el respaldo directo o indirecto al imperialismo es contrarrevolucionario. La delimitación y la denuncia del gobierno nacionalista deben poner de manifiesto su inconsistencia para enfrentar la ofensiva imperialista.

En el caso de Marea Popular, el grupo vinculado con el MST argentino, tuvo una larga evolución dentro del chavismo. Marea Popular caracteriza la degeneración y clausura de la revolución bolivariana por parte de Maduro. Pero está totalmente ausente un balance de la experiencia chavista y las posiciones de Marea Popular en ella , ni qué hablar de una reflexión sobre los aspectos de la experiencia de Chávez que originaron la situación actual en Venezuela: la regimentación de las organizaciones populares, el carácter del pago de las nacionalizaciones, el control burocrático de las mismas, el sostén del viejo aparato de Estado. 

Integrantes de Marea Socialista participaron de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, una agrupación que impulsaba un referéndum consultivo para “evitar una guerra civil” en Venezuela, y que con ese objetivo se reunió con Guaidó y reclamó reunirse con el gobierno de Maduro. Posteriormente, Marea Socialista denunció que ese espacio fue copado por variantes derechistas. El carácter democratizante y de conciliación con variantes patronales del planteo original, sin embargo, es inocultable. 

Otros sectores de la izquierda han sido arrastrados a un campo común con Maduro. En el caso de Opción Obrera, de Venezuela, desarrolla una posición de apoyo vergonzante al régimen, sosteniendo que “no se puede ser neutral entre los dos campos burgueses en lucha”. La posición de Opción Obrera ignora cualquier delimitación con el gobierno de Maduro y la responsabilidad del gobierno en la situación crítica de los trabajadores de Venezuela.

Las posiciones de la izquierda en Venezuela son, en parte, el resultado de la falta de consistencia política y teórica de sus planteos y, por supuesto, reflejan la enorme presión, producto de la situación política. La tarea de crear un campo independiente, una oposición de clase al régimen descompuesto de Maduro y al imperialismo, es una tarea pendiente. 

Un planteo

A la luz de lo anteriormente expuesto, quedan claros los intereses en juego. El imperialismo disputa con Rusia y el régimen una reorganización general de la producción petrolera, que tiene como precondición el desguace de PDVSA y de todas las empresas públicas venezolanas. A la luz de la crisis, Rusia interviene en una perspectiva similar, aunque sobre la base de la alianza con el régimen. Maduro, apoyado en el Ejército, viabiliza el ingreso del capital ruso y chino y habilita los recursos estatales para ganar aire políticamente. La base de apoyo popular del régimen se ha reducido a su mínima expresión, y el sostén pasa por el Ejército y los sectores remanentes de la boliburguesía, que siguen parasitando la caja del Estado. 

El rechazo al golpe de Guaidó es una precondición para una política revolucionaria en Venezuela, porque ninguna salida progresiva puede partir del imperialismo y los responsables del bloqueo. El fin del bloqueo y los embargos contra Venezuela, el retiro de todas las demandas de las empresas buitre, avaladas por el Ciadi y la Cámara de Comercio Internacional, el desconocimiento de los fallos, son otra consigna necesaria. El inviable pago de la deuda externa debe ser rechazado, la deuda debe ser investigada y repudiada por su carácter confiscatorio y fraudulento. 

Este programa anti-imperialista es incompatible con un gobierno como el de Maduro. La reconstrucción económica de Venezuela requiere, en primer lugar, de una deliberación popular, de carácter político, y, luego, del control obrero de la producción y la distribución, un planteo que choca de frente, tanto con el control de la boliburguesía de sectores clave de la economía como con la burocracia estatal y, sobre todo, el Ejército. Es necesario un congreso de delegados de base del movimiento obrero y promover la discusión para desarrollar una posición independiente de los bloques patronales en pugna. La consigna del control obrero de la industria petrolera es fundamentalmente una consigna contra el control de la misma por la camarilla de oficiales que aseguran el control del Ejército por parte de Maduro. 

Por supuesto que estos planteos van de la mano con la denuncia de la persecución por parte del gobierno a los activistas obreros, la liberación de los presos políticos, la libertad de organización sindical y la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero, contra la burocracia colaboracionista. 

La confianza en el Ejército es suicida, por un lado, porque entrega el país al alto mando, y por otro, porque la oposición derechista pretende conquistarlo y, tarde o temprano, el Ejército tenderá a sacarse de encima al régimen de Maduro.