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América Latina vuelve a la escena

Por Osvaldo Coggiola
La continuidad de la crisis económica mundial (crisis de Europa, recuperación limitada y en gran parte ficticia de Estados Unidos, estancamiento crónico en Japón, desaceleración en China) penetró definitivamente en los “mercados emergentes”, incluida América Latina y sus “buques insignia” (Brasil, México, Argentina). Se señala como su factor esencial el retroceso de sus mercados de exportación, en especial China (lo que demuestra que estas economías continuaron siendo, básicamente, plataformas de exportación de productos primarios o semimanufacturados). Se olvida la fuga de capitales, que fueron atraídos por tasas de ganancias mundial sin paralelo, haciendo del continente el principal espacio de valorización ficticia del capital financiero internacional; el bajo o nulo nivel de inversiones; el hecho de que los “programas sociales” paliativos favorecieron principalmente el trabajo “en negro” o informal (el 30% de la fuerza de trabajo empleada en Argentina, por ejemplo) sin crear un fuerte y expansivo mercado interno; el crecimiento espectacular del endeudamiento público y privado, que compromete las inversiones públicas y hasta los programas sociales (consumiendo, por ejemplo, el 47% del presupuesto federal brasileño); la crisis y el retroceso de los variados proyectos de integración continental independiente. El Producto Bruto Interno regional creció 0,9% en 2014 (contra el 6% en 2010) y se prevé un desempeño insignificante en 2015, con crecimiento cero para Brasil, según su Banco Central. Ya se avizora una nueva “década perdida” para América Latina, como la década de 1980.
 
Contra ese telón de fondo se proyectan importantes crisis políticas que afectan, en mayor o menor grado, tanto a los regímenes “neoliberales” (de derecha) como a los nacionalistas o “progresistas”, hasta con la perspectiva de golpes civiles o cívico-militares puesta nuevamente en la agenda política. Paraguay (Lugo) y Honduras (Zelaya) fueron sólo las primeras manifestaciones de una tendencia mayor. El telón de fondo general es la crisis capitalista mundial, la crisis histórica del modo de producción del capital. Los países más “desarrollados” de América Latina son los más afectados por ella. La “periferia emergente” del capitalismo “global” enfrenta enormes pagos externos, una deuda contraída principalmente por las empresas multinacionales, superando, en algunos casos, las reservas internacionales. Se revela el espejismo de suponer que, en el ciclo económico 2002-2008, las naciones dependientes se habrían transformado en acreedoras en el mercado mundial: con el aumento de la deuda privada externa, se mantuvieron siempre como deudores netos; los superávits comerciales fueron la garantía financiera del endeudamiento privado. El capital financiero internacional se apropió del excedente comercial generado por el aumento de los precios y de los volúmenes exportados. La crisis mundial golpeó en América Latina debido a su fragilidad financiera y comercial, y a su débil estructura industrial. Los gobiernos de América Latina afirmaron inicialmente que se salvarían de la crisis debido a la solidez de las reservas de los bancos centrales. Sin embargo, la caída de las bolsas regionales, la salida de capitales y la desvalorización de las monedas dejaron sin base estos argumentos. Brasil, orgullosamente proclamado “la sexta economía del mundo”, es apenas el número 22 en el ranking de los exportadores (con un 3,3% del PBI mundial, tiene sólo el 1,3% de las exportaciones). La productividad total de los factores económicos, que creció un 1,6% en la primera década del siglo, se estancó a partir de 2010.
 
La posibilidad de que Estados Unidos presionase e interviniese abiertamente en el continente disminuyó al ritmo de su declinación económica y de la crisis de su intervención militar en otras regiones (Medio Oriente, Asia Central).
Limitados para recurrir a los clásicos golpes militares, Estados Unidos, ya con Bush, pasaron a usar en América Latina el llamado soft power -incluyendo la ocupación militar de Haití por tropas “latinoamericanas”, que realizan en la isla del Caribe el servicio policial que Estados Unidos, atrapado hasta el pescuezo en otros lugares, estaba imposibilitado de hacer. Barack Obama reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba y ordenó la desactivación de la prisión militar de Guantánamo (Cuba), centro de torturas del ejército imperialista, pero sin que esté en vistas la devolución del territorio de la base a Cuba, ni anular la reactivación de los ejercicios militares de la IV Flota, encargada del patrullaje de la costa atlántica de América Latina, sin hablar de quince bases militares yanquis en América Central y en el Caribe. Estados Unidos busca recuperar el protagonismo de la desprestigiada Organización de Estados Americanos y tiene el ojo puesto en las reservas de petróleo y gas natural del mar brasileño, que colocan a Brasil como detentor de la tercera mayor reserva del mundo. Esto, sumado a las reservas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, fortaleció momentáneamente la posición sudamericana en relación a las potencias económicas imperialistas.
 
La crisis de los gobiernos neoliberales (identificados con la estabilización monetaria basada en la ancla cambiaria o en la dolarización) es seguida, ahora, por la declinación de las bases económicas de las experiencias reformistas o nacionalistas basadas en concesiones sociales, que fueron posibles en la primera década del siglo XXI por una coyuntura económica internacional favorable. Esto también afectó a los gobiernos neoliberales sobrevivientes, agencias directas del capital financiero internacional. América Latina entró en una nueva etapa de luchas nacionales y de clases. La crisis mundial irrumpió en América Latina después de bancarrotas capitalistas, crisis políticas y levantamientos sociales. El escenario político latinoamericano estuvo dominado, en las últimas décadas, por crisis y movilizaciones de masas, en especial en los países andinos. Y también por los choques entre los gobiernos nacionalistas “radicales”, que surgieron de esas crisis, y Estados Unidos. La emergencia de la izquierda en América Latina es generalmente localizada en un período que se extiende desde 1998 (elección de Chávez para la presidencia de Venezuela) hasta 2008 (elección de Fernando Lugo para la presidencia de Paraguay, poniendo fin a seis décadas del gobierno del Partido Colorado), pasando por las elecciones de Lula, Michelle Bachelet, Evo Morales, Néstor Kirchner, Daniel Ortega, Rafael Correa y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, debidas al fracaso económico de los gobiernos neoliberales, seguidores de la cartilla del FMI.
 
El neoliberalismo, con sus privatizaciones masivas, la presión por la apertura de los mercados, especialmente los del ex “bloque socialista”, y la estrategia del “Consenso de Washington” fueron la expresión de la búsqueda de una salida para la masa del capital financiero internacional acumulado con la crisis de los años 1970. No era una “ofensiva”, sino una política de crisis, lo que explica las privatizaciones aventureras, como las de los servicios de agua de Perú y Bolivia, que desencadenaron rebeliones populares masivas. Fue el impasse del capital a escala internacional lo que dio la base para un viraje político de gran amplitud, con la emergencia de procesos de autonomía nacional, incluyendo (en especial en los países andinos) el papel inédito de las masas campesinas e indígenas. En la emergencia de esos procesos confluyó el derrumbe de los partidos políticos tradicionales, que fueron la garantía de estabilidad capitalista durante décadas en América Latina, con la crisis mundial de las relaciones económicas capitalistas.
Después de un período de enfrentamientos locales e internacionales, los regímenes más “radicales”, el venezolano-bolivariano y el indigenismo andino, llegaron a compromisos internacionales y con la burguesía local, disciplinando la rebelión popular. Las cancillerías de las metrópolis imperialistas y algunas latinoamericanas (Brasil y Argentina) desarrollaron una presión activa para que los “nacionalistas radicales” contuviesen los procesos populares. Esto fue también posible porque, a partir de finales de 2002, la reanudación del comercio exterior y de la producción local, junto con el crecimiento de los recursos fiscales, gracias a un ciclo comercial favorable a las materias primas latinoamericanas, sirvió al conjunto de los gobiernos de la región (incluyendo a los neoliberales) para atemperar los antagonismos sociales. Desde 2003-2004 se produjo, de conjunto, un reflujo en la movilización de masas. Los gobiernos nacionalistas consiguieron administrar y canalizar la presión popular para neutralizar la oposición de la derecha. La fase de relativo reflujo de las luchas populares latinoamericanas, a partir de 2004, condicionó la sucesión presidencial en México y el reinicio de grandes luchas estudiantiles y mineras en Chile y Perú.
 
Los éxitos económicos latinoamericanos del siglo XXI, denominados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) como una “gran fiesta macroeconómica”, fueron relativos. Hubo altas tasas de crecimiento, inflación reducida y presupuestos equilibrados o hasta con superávits. Al mismo tiempo, casi 50 millones de personas salían de la pobreza, por lo menos estadísticamente: según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza disminuyó del 43,9 al 28,1% en América Latina, entre 2002 y 2012. La población con ingresos de entre 10 y 50 dólares (llamados de “clase media”) creció del 20 al 30% en el mismo período; los “vulnerables” (entre 4 y 10 dólares diarios) pasaron del 30 al 40% Los índices de mejora de los más pobres se situaron, sin embargo, por debajo del aumento del PBI regional. La pobreza extrema (12%), por otro lado, viene creciendo en los últimos años. La concentración de renta (polarización social) se mantiene estable y hasta aumentó en países como México y Colombia. América Latina continuó siendo la región con mayor desigualdad social del planeta. Un dato notable es la caída del crecimiento demográfico, situado en hijos por mujer en países como Brasil o Chile (este índice es de en Estados Unidos), por debajo de la tasa de reposición de la población. En América Central, el índice de fertilidad femenina cayó de (en 1960) a 2,2 de la actualidad, una caída que Estados Unidos y Europa tardaron más de un siglo en alcanzar.
 
El retroceso de la pobreza fue especialmente importante en Brasil, donde los programas “focalizados” permitieron una disminución significativa de la pobreza absoluta, coexistente, mientras tanto, con una trayectoria poco modificada de la concentración de la renta y, al mismo tiempo, con una disminución de la renta media, de la remuneración media del trabajo asalariado y un gran incremento de las fuentes de renta no vinculadas al trabajo, en las camadas más pobres. Hubo una expresiva formación de reservas internacionales, como resultado de los saldos comerciales obtenidos por la suba de los precios de las commodities y también por la muy elevada tasa básica de interés (base de la remuneración de los títulos públicos). Esto hizo que hubiese interés, por parte de los inversores externos, en negocios con los papeles de la deuda pública. Entre 2003 y 2007, América Latina recibió un volumen récord de inversiones extranjeras, superior a los 300.000 millones de dólares. Las multinacionales se lanzaron a otros mercados comprando importantes activos, incluso en los países desarrollados. El proceso alimentó la especulación financiera: se volvió un excelente negocio captar recursos en el exterior a tasas más bajas y aplicar estos recursos a tasas más elevadas en la deuda pública latinoamericana. El gobierno de Lula exceptuó del impuesto a la renta a los fondos institucionales extranjeros que aplicasen recursos en títulos públicos. Con esto, aumentó la entrada de divisas haciendo que las reservas creciesen, pero con un costo financiero elevadísimo: la remuneración real de los acreedores es de 12% al año, una carga de intereses creciente e impagable.
 
Los datos de la economía latinoamericana comenzaron a cambiar drásticamente con la crisis mundial. Su inicio, sin embargo, multiplicó las declaraciones optimistas de los gobiernos. América Latina encaraba la crisis mundial con más del 75% del PBI regional con clasificaciones de riesgo de crédito dentro del “grado de inversión”. En la región presentaba solvencia, con un 70% de su deuda cubierta por reservas internacionales -muy encima de los índices verificados en el Este europeo. Un factor alardeado fue la reducción de las deudas denominadas en dólares. Pero esto ocultó la naturaleza del proceso económico, embutido en la valorización monetaria propiciada por la “estabilización”. La deuda externa fue “anulada” porque las reservas internacionales superaban su monto, lo que creó la fantasía de la superación de la dependencia financiera externa. Pero el endeudamiento de un país con libre movimiento cambiario de empresas extranjeras y nacionales no puede ser medido sólo por la deuda externa en títulos y contratos del gobierno. Con la apertura financiera asistimos también a una acelerada desnacionalización de las empresas, cuyas ganancias y dividendos fueron crecientemente transferidos al exterior. Con el abaratamiento de las importaciones y con las exportaciones menos competitivas, los resultados de las cuentas externas comenzaron a presentar una inflexión importante ya en 2007. Brasil volvió a presentar déficit en las transacciones corriente en 2008, por un valor de 4.000 millones de dólares.
 
La deuda real, pasible de ser saldada con moneda convertible, debe ser evaluada en conjunto con la situación de la deuda interna en títulos públicos y con la deuda externa privada. Un título público brasileño, que vence en 2045, ofrece 7,5% de interés por encima de la inflación; el mismo título de Japón paga solamente 1 % o menos. Tomar prestado en Tokio para invertir en Sao Paulo se convirtió en un gran negocio para los bancos que operan en Brasil. Las caídas espectaculares que afectaron a la Bolsa de Sao Paulo fueron la manifestación de la vulnerabilidad financiera del país. La demolición de los “mercados emergentes” comenzó. La crisis mundial tiene mecanismos directos de transmisión vinculados con la contracción de la demanda mundial.
 
Incluso durante el boom comercial, la dependencia de la región con relación a Estados Unidos y Europa continuó siendo grande. Más del 65% de las exportaciones latinoamericanas se dirigen a estas dos regiones, con lo restante yendo a Asia y a socios regionales sudamericanos. Con la desaceleración china, se calcula que, en dos o tres años Estados Unidos volverá a ocupar el lugar de mayor importador de productos brasileños, desplazando a China de esa condición. Algunos países latinoamericanos están más expuestos al comercio unilateral: el comercio de México es totalmente dependiente de Estados Unidos (el cual consume más del 85% de sus exportaciones). En el caso brasileño, la economía más “independiente” del continente y la dotada del mayor parque industrial, su superávit comercial con el Mercado Común del Sur (Mercosur) (entre 2003 y 2013) fue de 46.000 millones de dólares; con Estados Unidos y la Unión Europea, casi el doble, millones (17.800 millones con Estados Unidos, 71.600 millones con la Unión Europea). Las economías latinoamericanas continuaron muy dependientes de la venta de materias primas, que representan más del 60% de sus exportaciones. Y la situación del mercado mundial consiente cada vez menos una salida basada en nuevo ciclo de endeudamiento. Los flujos de capitales, aplicaciones e inversiones directas están en caída.
 
Las experiencias nacionalistas fracasaron en la tentativa de estructurar un Estado nacional independiente y en iniciar un proceso de industrialización capitalista autónomo, destruyendo la supremacía del capital financiero. No crearon una burguesía nacional ni estructuraron una etapa de transición bajo la hegemonía del Estado. En lugar de eso, creó una “boliburguesía” (los “boligarcas” de Venezuela) o el “capitalismo de amigos” de los Kirchner, a través de la burocracia del gobierno (que desangró financieramente al Estado). En las nacionalizaciones, los capitalistas (externos e internos) recibieron compensaciones fuertes, aún mayores que el valor en Bolsa de los capitales “expropiados”. En ningún caso revolucionaron la gestión económica mediante el control o la gestión colectiva de la propiedad nacionalizada. Las nacionalizaciones no tocaron los bancos, la base de la gestión capitalista de la economía. El uso de recursos fiscales extraordinarios para compensar a los capitales nacionalizados acabó bloqueando la posibilidad de un desarrollo económico independiente. El capital extranjero, obligado a salir de la esfera industrial, regresó en forma de capital financiero, usando las indemnizaciones obtenidas para comprar deuda pública. En Venezuela, el petróleo se encuentra formalmente nacionalizado, pero Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PD-VSA) registra una crisis de costos y de endeudamiento, lo que lo hace dependiente de acuerdos de participación con los monopolios internacionales para explorar la cuenca del Orinoco. Venezuela sufrió, bajo Chávez, un retroceso industrial importante (disimulado por la renta petrolera diferencial del país) y actualmente importa el 70% de sus necesidades alimenticias.
 
En este contexto, en mayo de 2013, México, Chile, Colombia y Perú, países con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, pusieron en pie la “Alianza del Pacífico” (Costa Rica y Panamá son miembros observadores), eliminando el 90% de sus aranceles de importación mutuos (previendo la eliminación del 10% restante para 2020), y metiendo una cuña en los proyectos integracionistas continentales animados por Brasil (los cuatro “pacíficos” tienen una población de 210 millones, contra 200 millones en Brasil; un PBI de dos billones de dólares, contra 2,4 billones del brasileño). La iniciativa se inscribe en el marco de las negociaciones promovidas por Estados Unidos a favor de la Asociación Trans-Pacífico (TPP) con países asiáticos (no China), y de Oceanía y América, que poseen costas en el Pacífico, haciendo caso omiso de los acuerdos comerciales regionales de estos países. Los nueve países del proyecto TPP (que incluye a Chile y Perú) tienen un PBI de 18 billones de dólares (el 85% de Estados Unidos) que superarían los 28 billones en caso de que se incorporen México, Canadá y Japón.
 
La “movida” de inspiración yanqui aprovechó que los proyectos de “unión latinoamericana” agitados por el nacionalismo sudamericano no fueron muy lejos, e incluso retrocedieron. La Venezuela chavista abandonó la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 2006 -la CAN quedó restringida a Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador- y su posterior incorporación al Mercosur -concomitante con el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Lugo y produjo la exclusión temporal de Paraguay del bloque, que benefició principalmente a los contratistas brasileños, que ya obtuvieron un “Acuerdo de Complementación Económica” (octubre de 2014) exclusivamente favorable a Brasil, por encima de las instituciones y acuerdos del Mercosur. El ingreso de Venezuela sería interesante si permitiese acuerdos bilaterales, de intercambio de energía, sobre la base de precios más bajos a los internacionales, inversiones industriales a gran escala, con créditos baratos y de largo plazo. Esta es una perspectiva más allá del alcance de las burguesías nacionales, por sus rivalidades y por la presión del capital financiero internacional.
Los gobiernos bolivarianos se vanaglorian de una supuesta integración sin precedentes en la historia continental, pero su palabrerío carece de sustancia, como lo demuestra el retroceso del Mercosur, envuelto en disputas comerciales (desde 2011, Argentina aplica aranceles de importación no automáticos a 600 productos). El propósito del bloque creado en 1991 era negociar una mayor integración en el mercado mundial de sus países, lo que terminó en un fracaso (sólo se firmó un acuerdo de libre comercio... con Israel). Brasil y Argentina incorporaron a Venezuela al Mercosur, una medida sin contenido: la postulada integración energética del bloque resultó ser una ilusión. Las crisis mundiales son una oportunidad para los países de desarrollo atrasado, pero para eso se necesita una política independiente de la burguesía nacional, obligada a actuar bajo la presión de la crisis debido a su dependencia del capital internacional. Más que nunca las economías latinoamericanas dependen de un puñado de materias primas agrícolas y minerales. La integración latinoamericana, que propicia especialmente Brasil, refleja los intereses de las grandes contratistas de obras de infraestructura, vinculadas con las inversiones de capitales mineros internacionales y en estrecha relación con el capital de maquinaria pesada de Estados Unidos.
 
El nacionalismo no consiguió superar sus limitaciones localistas y la competencia entre las burguesías del continente. La propuesta de “integración de los ejércitos” es reaccionaria: las castas militares no dejan de ser un cuerpo ajeno a cualquier control social, e incluso a cualquier control real por parte de las instituciones dizque representativas. En los países favorecidos por las exportaciones de combustible (gas y petróleo), el nacionalismo usó a las nacionalizaciones, no para transformar a los trabajadores en clase dominante, sino para impedir su organización independiente y someter sus organizaciones a la tutela del Estado. La Central Obrera Boliviana se sometió al gobierno de Evo Morales, cuya estabilidad se basa en las ventas de gas a Brasil y Argentina, y en el aumento de 32% de las tasas y regalías que las empresas extranjeras productoras deben pagar al Estado desde 2006. En Venezuela, el gobierno se empeñó en estatizar el movimiento sindical. En general, las nacionalizaciones parciales y los aumentos de recaudación sirvieron como pretexto, en los sindicatos y la izquierda, para abandonar la independencia de clase y sumarse al Estado nacionalista. Sometidas al Estado nacionalista-caudillista, las nacionalizaciones y las “islas de autogestión” (que deben competir comercialmente con las empresas capitalistas) concluyeron reforzando el capitalismo y la explotación. La Venezuela post-Chávez, afectada por la caída de los precios del petróleo, se hundió con una inflación del 65%, acompañada de recesión, que proyecta la sombra de un defol financiero. El movimiento golpista de oposición tropieza con su división interna, que refleja la división misma del imperialismo yanqui (extremistas republicanos contra Obama y los demócratas) sobre la política a seguir, considerando la identidad chavista de las Fuerzas Armadas.
 
La nacionalización integral de los recursos naturales y energéticos es la precondición para una integración latinoamericana que no sea un instrumento de la competición entre los monopolios -como la fallida Area de Libre Comercio de las Américas (Alca) y el Mercosur-. Sin esa condición, los proyectos unificadores (como el gasoducto del sur) no saldrán del papel. Las nacionalizaciones fueron condicionadas favorablemente por el aumento de los precios del combustible y de los minerales; o sea, por la posibilidad de distribuir la renta diferencial entre el capital externo y el Estado. Había (hasta sobraba) dinero para satisfacer a todo el mundo. Pero no sirvió para modernizar la explotación de los recursos naturales, consumiendo improductivamente el capital invertido. Con base en los recursos extraordinarios, Venezuela y Bolivia impulsaron importantes campañas de salud y educación, pero no avanzaron en sentar las bases económicas de la autonomía nacional, para sustentar en el largo plazo los planes y programas sociales. Concluyeron dilapidando la renta extraordinaria (diferencial) de la producción minera, en la creencia de que los precios internacionales no caerían nunca. Sin embargo, el precio internacional del petróleo, que llegó a alcanzar los 150 dólares el barril, se despeñó a poco más de 50.
 
La caída de los precios de los hidrocarburos, como consecuencia de la crisis mundial, hizo entrar en crisis a las nacionalizaciones parciales y abrió la vía para una nueva etapa de concesiones a los monopolios multinacionales. El ciclo de grandes recaudaciones fiscales está concluido. Las limitadas reformas fiscales, con aumento de los impuestos sobre el petróleo y el gas extraídos por las multinacionales, ofrecieron una ventaja pasajera en el marco de precios internacionales elevados. La crisis mundial amenaza en especial al gobierno nacionalista de Ecuador, cuyo petróleo financia, no sólo a la economía nacional sino también la dolarización, mantenida hasta ahora. Ante la crisis del nacionalismo, la burocracia sindical latinoamericana carece de independencia política, subordinándose a las políticas de salvación del capital practicadas por los gobiernos. No defiende un programa independiente, proponiendo, por ejemplo, la nacionalización o el control obrero de las empresas quebradas. Las centrales sindicales sudamericanas apenas pidieron a los jefes de Estado de la región que exigiesen, a las empresas que reciben apoyo estatal, que mantengan los empleos.
 
En los países andinos, donde el movimiento “bolivariano” tuvo la mayor repercusión internacional, la peculiaridad del nacionalismo es el indigenismo, el protagonismo de las masas rurales desplazadas a las ciudades, donde ocuparon el lugar ocupado del proletariado industrial. Las ideologías indigenistas comprenden un vasto arco, desde el retorno al Inkario, hasta la preservación de las comunidades rurales originarias a partir de su base productiva (la pequeña propiedad). Pero fue la pequeña burguesía urbana la que impuso a la masa indígena su programa, el llamado “capitalismo andino”, que postula el entrelazamiento del medio agrario pre-capitalista con el capitalismo “global”, a través de la mediación del Estado. Así, se frustraron las promesas de una revolución agraria.
Divididos, y hasta enfrentados, los proyectos capitalistas “latinoamericanos” entraron en crisis. La moneda común Brasil-Argentina no pasa de un recurso contable para compensar saldos de pagos externos. La autonomía del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) es desmentida por los compromisos simultáneos de sus países con otros acuerdos internacionales. El proceso capitalista opera en favor de la desintegración de América Latina. Brasil reforzó su alianza financiera con Estados Unidos y redujo el consumo y el precio del gas boliviano. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es un proyecto de la burguesía brasileña para “integrar” una industria militar regional bajo su control y para impulsar gastos en infraestructura para sus empresas constructoras privadas. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) es un ámbito de parloteo que ni siquiera consigue pronunciarse contra los golpes (Paraguay, Honduras), contra el bloqueo a Cuba o por el retiro de las tropas extranjeras de Haití, ni hablar del retiro de las bases militares o el fin de las maniobras navales norteamericanas. Las banderas “integracionistas” fueron convirtiéndose en ficción política. El nacionalismo burgués fracasa nuevamente, como en el pasado, ahora en el marco de una crisis mundial inédita.
 
Con el impacto de la crisis mundial (y con la elección de Obama) se reclamó insistentemente el “fin de la guerra fría en América Latina”. El apaciguamiento entre Estados Unidos y Cuba, la normalización de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, sirvieron para estabilizar políticamente a América Latina, oponiendo la integración política de Cuba a la revolución latinoamericana, ofreciendo el fin del aislamiento de Cuba. El destino de Cuba está, más que nunca, inserto en el contexto latinoamericano, y también en su propia crisis política interna, contextos que el gobierno de Raúl Castro intenta “navegar” proponiendo una especie de “vía china”, con un papel central de las Fuerzas Armadas (que controlan más del 60% de la economía cubana). El contexto para una transición al capitalismo, como la ocurrida en Rusia y China, cambió internacionalmente: el mercado mundial se volvió demasiado estrecho como para admitir a un nuevo competidor (aunque pequeño, como Cuba). El contexto ideológico internacional no es más el del “fin del comunismo”, como en 1989-1991. Reivindicar el fin del bloqueo norteamericano y el reconocimiento incondicional de la autodeterminación nacional cubana (comenzando por la devolución de Guantánamo y la salida de las tropas yanquis de la isla) pondría a Cuba en contacto directo con la lucha social latinoamericana, no sólo con el capital mundial.
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se transformaron en un factor de crisis política internacional y de movilización bélica regional. Chávez, antes de su muerte, apoyó el “intercambio humanitario” de rehenes y el reconocimiento del carácter de fuerza beligerante a las Farc para después invitarlas a desarmarse y liberar incondicionalmente a sus rehenes, reconciliándose con la derecha, una presión para el desarme unilateral de la guerrilla. La experiencia de lucha armada de las Farc (las cuales llegaron a controlar casi un tercio del territorio colombiano) está políticamente agotada, pero esto está siendo usado para dar una victoria política a los paramilitares colombianos, que entraron al gobierno para borrar su pasado criminal y reciclarse en el “Estado de derecho”. Las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Cuba, bajo el patrocinio del gobierno castrista, se integran en este marco político reaccionario. En América Central, las guerrillas -Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y FMLN- abandonaron las armas para sumarse a la “política institucional” (burguesa) y administrar el Estado capitalista.
 
En el gigante de América del sur, el cuarto mandato presidencial del PT brasileño, comenzó bajo el signo: a) de la crisis económica y política; b) de la tentativa de orquestar un ataque estructural contra las conquistas laborales y las condiciones de vida de los asalariados, con vistas al “equilibrio fiscal” y la rebaja del “costo Brasil” (recuperación de la tasa de ganancia), para generar una nueva corriente de inversiones externas e internas. Las exportaciones de manufacturas (base principal de la producción industrial) se situaron, en 2014, en millones, por debajo de 2008, un retroceso absoluto del 17%. La balanza comercial tuvo un déficit de 3.930 millones de dólares, el primero en 14 años. El déficit comercial en bienes industriales (importaciones/exportaciones de bienes manufacturados) subió 150% en cinco años (sólo Arabia Saudita estuvo peor en la economía mundial). La reprimarización de la economía brasileña está cobrando su precio, económico y también ambiental: la extracción sin freno de minerales, la producción de soja y pollo están dañando sin retorno a los ecosistemas, en especial a los acuíferos. Los indicadores industriales de producción (facturación, uso de la capacidad instalada, etcétera) se dirigen hacia abajo. La industria automovilística brasileña va a operar este año, y también en 2016, con un 50% de su capacidad instalada. En el balance económico de los primeros cuatro años de Dilma Rousseff, el crecimiento acumulado del PBI cayó de 19,6 a 7,4% (una reducción del 60% con relación a Lula I y II), la tasa de inflación acumulada aumentó del 22 al 27% (un aumento del 20%); el déficit acumulado en cuenta corriente pasó de 98.200 millones a 268.000 millones -un aumento de 170%.
 
Dilma Rousseff buscó absorber la presión de los “mercados”, cuya principal preocupación es que el país tenga capacidad de honrar el pago de la deuda externa y aumentar los “incentivos” para que el capital especulativo no escape. Entre los “incentivos” no figuran solamente el congelamiento de salarios y la reducción de los gastos sociales. Un lugar importante es ocupado por la liberalización del comercio exterior y el cambio de la política petrolera. Los esfuerzos del gobierno para firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, para debilitar el Mercosur y “liberar” la política brasileña de Argentina, fueron hasta ahora bloqueados por los gobiernos de Argentina y Uruguay. En la cuestión del petróleo, el gobierno de Dilma cedió a la presión para que Petrobras atendiese los intereses de sus accionistas privados (aumento del precio de la nafta y una política de mayores ganancias y distribución de dividendos). La deuda pública de Brasil supera el 60% del PBI; peor es la situación de la deuda privada, que está cerca del 100% del PBI. Pese a los superávits primarios, que totalizaron, entre 2002 y 2013, en valores corrientes, 1,082 billones de reales, la deuda externa ascendió a casi tres billones de reales (1,2 billones de dólares). En este cuadro, la entrada del capital especulativo, para aprovechar la diferencia de las tasas de interés brasileñas con respecto a las de los mercados internacionales, fue fuerte en los últimos años, pero ahora enfrenta una reversión de la tendencia. La fuga de capitales ya resultó en una significativa devaluación del real -alrededor del 30%.
 
El escándalo de corrupción de la mayor empresa del país, Petrobras, adquirió dimensiones imprevistas, afectando inclusive a las cuentas públicas: la empresa (cuyo valor de mercado cayó de 410.000 millones de reales en 2011 a 160.000 millones actualmente) es responsable del 10% de la recaudación de impuestos del país. Según Merril Lynch, el escándalo va a costar un 0,86% del PBI. El esquema de propinas multimillonarias para la concesión de contratos públicos envuelve a las nueve mayores empresas constructoras del país (Camargo Correa, Engevix, Galváo, Mendes Júnior, IESA, OAS, Odebrecht, Queiroz Galváo y UTC). El Banco Morgan Stanley calculó que las pérdidas de la petrolera, debido al esquema, serían de 21.000 millones de reales (aproximadamente 8.000 millones de dólares). En torno de Petrobras gira la industria de la construcción naval, la construcción pesada y otros segmentos de la economía brasileña. Las nueve empresas participantes del esquema corrupto (el “cartel”) facturaron, en 2013, 33.000 millones de reales con contratos públicos, financiaron candidatos a diputados con 721 millones, y candidatos a senadores con 274 millones: el 70% de los congresistas electos en 2014 recibieron donaciones de las grandes empresas. Más de la mitad de los miembros de la comisión parlamentaria de investigación (CPI) del petrolao recibieron donaciones millonarias de las empresas sentadas en el banquillo de acusados. El “club” tenía 16 socios fijos y seis empresas “ocasionales”. En una demostración de “soberanía”, el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot (amenazado de muerte), fue a buscar ayuda para las investigaciones al FBI norteamericano. Las voces que reclaman la completa privatización de Petrobras ya se hacen oír. Pero todavía no las que reclaman su completa estatización bajo control obrero.
 
La caída de los precios internacionales del petróleo sería, para algunos analistas, la gran oportunidad para una reactivación de la economía mundial, pero en realidad lo que se anuncia es un período catastrófico para los países que sobreviven gracias a las ganancias de la extracción mineral. El barril de petróleo había subido hasta 150 dólares -con una caída muy fuerte en 2009, que llevó a una cotización media de 100 dólares, antes de la caída actual hasta 50-55 dólares. La caída de los precios internacionales repercute poco en los precios internos, siendo inocua para reactivar el consumo final. La mayor parte de los gobiernos del mundo precisa de los impuestos a los combustibles para hacer frente al pago de la deuda pública y el rescate de los bancos.
 
Mientras el precio actual continúa elevado, su impacto negativo sobre la tasa de ganancia de las compañías petroleras es muy fuerte, debido al aumento de costos que acompañó la elevación de los precios, por la distribución de la renta entre todos los sectores que intervienen en la producción, por la incorporación de yacimientos que exigen procesos más caros o por el incremento de las inversiones. La caída mundial del precio del petróleo replica la de todas las materias primas, de los minerales y de los alimentos. Esto modifica el curso de la crisis económica mundial, porque pega de lleno en la periferia, en el mismo momento en que la crisis se hace más aguda en Europa y Japón.
 
La caída del precio internacional del petróleo fue atribuida a la caída de la demanda de China y Europa, al fuerte aumento de la producción de combustibles no convencionales en Estados Unidos y a una recuperación de la producción en Libia e Irak. La crisis de sobreproducción en China es decisiva, porque este país es un factor fundamental en la expansión del mercado mundial. La ganancia del sector petrolero había abierto espacio para la producción costosa de gas y petróleo no convencionales en Estados Unidos. En el mercado norteamericano, el precio del gas cayó hasta el límite de la rentabilidad de su explotación. La disminución del precio de la nafta -y el del gas para la industria y la calefacción- es anulada por el cierre de yacimientos cuya productividad es declinante. El boom de combustibles en Estados Unidos fue impulsado por las bajas tasas de interés, las cuales permitieron financiar inversiones que con tasas mayores hubieran sido prohibitivas. Los eslabones débiles de la crisis petrolera internacional son Brasil, Rusia y Venezuela. Los costos de Petrobras y de PDVSA superan los precios internacionales actuales del petróleo; en estos niveles, ambas empresas son inviables. El problema es que, además de eso, poseen deudas gigantescas y son fuentes de financiamiento de Estados con deudas aún mayores. Las acciones de Petrobras cotizan a menos de la mitad de su media histórica.
 
En Brasil, el déficit público alcanzó el 5% del PBI en 2014, el mayor nivel desde 2003. El déficit comercial y en cuenta corriente son los peores de los doce años de gobierno del PT. El déficit de las cuentas externas alcanzó el 3,7% del PBI, 83.560 millones de dólares, un nivel que no era alcanzado desde 2001-2002 (cuando la crisis de Argentina). Gruesos sectores del gran capital brasileño comenzaron por esto a proponer un cambio del eje económico externo. Luiz Alfred Furlan, representante del agronegocio (y ex ministro de Lula), propuso abiertamente la salida de Brasil del Mercosur y la firma de acuerdos bilaterales con Estados Unidos y la Unión Europea.
 
El 10% más rico de la población continúa teniendo el 60% de los ingresos; el 0,5% de la población tiene el 20% de la renta nacional. La desigualdad social se mantuvo estable durante la era Lula-Dilma, presentando una ligera tendencia a aumentar. Sin hablar de que basta mirar alrededor para constatar las pésimas condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población brasileña, que en las últimas décadas no avanzó; por el contrario, en materia de saneamiento básico, salud y educación, vivió un deterioro que fue el detonante de las jornadas de lucha masivas de junio de 2013.
 
El anuncio del equipo económico del nuevo gobierno recibió las bienvenidas del gran capital. Joaquim Levy fue, entre 2010 y 2014, el presidente de Bradesco Asset Management, el cual administra más de 130.000 millones de dólares. En la Universidad de Chicago fue discípulo del equipo de Milton Friedman, jefe de los “Chicago Boys” y padre declarado del neoliberalismo mundial. Como responsable político del Fondo Monetario Internacional (entre 1992 y 1999), Levy fue abogado y ejecutor de programas de austeridad en los más diversos países. Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Levy actuó como estratega económico, envuelto en la privatización de empresas públicas y en la liberalización del sistema financiero, que facilitó la fuga de 15.000 millones de dólares anuales. Levy es un miembro eminente de la oligarquía financiera de Brasil. En otra pasta estratégica, Kátia Abreu, en el Ministerio de Agricultura, sostiene que el latifundio no existe en Brasil. Fue dirigente de la Confederación Nacional de Agricultura y, desde Tocantins, es agente del lobby de la soja, otro sector en caída libre internacional.
En el área laboral, el seguro de desempleo, la pensión por muerte y otros beneficios sociales básicos serán mucho más difíciles de conseguir. Los privilegios fiscales a las empresas, practicados desde 2008, no revirtieron la política de despidos; al contrario, la acentuaron. Un cruzamiento de datos demostró que 5.500 millones de reales (el 23,1% de un monto impositivo sobre la industria de 23.800 millones) dejaron de ser pagados por sectores empresariales que despidieron más de lo que contrataron desde 2012. Y Levy propone no sólo mantener las rebajas, sino también profundizar las facilidades para despedir. La capacidad instalada de la industria está en su peor nivel de utilización media desde siendo que las siderúrgicas, con un 68,6% de uso de su capacidad productiva, son los que más empujan el índice para abajo.
 
Se abrió en Brasil una nueva fase de la lucha de clases. En el alba del nuevo año, los trabajadores de Volkswagen del ABC paulista entraron en huelga por tiempo indeterminado por la reincorporación de 800 despedidos. La empresa incumplió el acuerdo firmado en 2012, que preveía la estabilidad de los empleados hasta 2016. Otros 244 trabajadores fueron despedidos en Mercedes Benz. El 12 de enero, los metalúrgicos del ABC realizaron una gran manifestación: más de personas ocuparon los carriles de la ruta Anchieta, con trabajadores de Volkswagen, Mercedes y Karmann Ghia. Los metalúrgicos de Volkswagen mantuvieron el movimiento hasta que la patronal reculó con los despidos (el sindicato admitió, sin embargo, un plan de retiro voluntario). En Sao José dos Campos, una huelga de seis días de los obreros de General Motors también barrió con los despidos.
 
En México, la masacre de 43 estudiantes de entre 18 y 21 años, confesado por traficantes de drogas detenidos (revelación que los padres de las víctimas se niegan a creer hasta que haya pruebas) en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, cuando policías locales atacaron alumnos de la combativa Escuela de Magisterio de Ayotzinapa, por orden del ahora intendente detenido, para evitar protestas durante un acto oficialista, suscitó un amplio movimiento de repudio nacional, que la represión no consiguió hacer retroceder. Después de casi un mes y medio, la Fiscalía General mexicana quiso cerrar el asunto basada en la confesión de tres chivos expiatorios ofrecidos por el narcotráfico, pese a la clara implicación de la policía y hasta del ejército en la masacre. La movilización no se detiene y puede llevar a la crisis al gobierno del PRI (Peña Nieto) y su complaciente oposición, llevando a la desestabilización política a este inmenso país que tiene frontera con todo el sur de Estados Unidos, donde la mayoría de la población es de origen mexicano o latinoamericano. El salario mínimo de México, país integrado a la economía de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), es el más bajo del continente. En junio habrá elecciones parlamentarias: la crisis política mexicana recién comienza, con una proyección internacional explosiva. Inclusive sobre su vecino del sur, la Guatemala gobernada por el general genocida Otto Pérez Molina, quien gobierna sobre la base de estados de sitio regionales (o de asesinatos de líderes campesinos e indígenas) para mantener el 60% de las tierras cultivables del país en manos de empresas extractivas multinacionales.
 
En el otro extremo de América Latina, en Argentina, la muerte (probablemente asesinado) del fiscal de la causa Amia (el atentado de 1994 contra la asociación mutualista judía, que dejó más de 400 víctimas, 85 mortales), sistemáticamente encubierta por los gobiernos de los últimos veinte años, está exponiendo la descomposición asesina de los servicios secretos heredados de la dictadura militar, intocados por la “democracia”, y su complicidad con los servicios de inteligencia extranjeros (principalmente la CIA y el Mossad), configurando una crisis en la propia columna vertebral del Estado. En el medio de la crisis política e institucional, se proyecta políticamente el Frente de Izquierda encabezado por el Partido Obrero, una alternativa de carácter clasista y revolucionaria, proyección confirmada por las elecciones de Mendoza (las elecciones generales serán en octubre de este año). Argentina refleja una situación en que las condiciones objetivas (económicas, sociales y políticas) del continente, en el marco de la crisis mundial, abren la posibilidad para la construcción de una alternativa de izquierda revolucionaria.
 
 
* Osvaldo Coggiola es militante del Partido Obrero y activista del sindicalismo universitario de Brasil. Historiador y profesor de la Universidad de San Pablo; es autor, entre otros libros, de Historia del trotskismo argentino y latinoamericano, El capital contra la historia (génesis y estructura de la crisis contemporánea) y La revolución china.
 

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