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Plan Cavallo, mito, expropiación y crisis

Por Pablo Rieznik
Carrera de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales. 11,12 y 13 de noviembre de 1996.
 
El denominado Plan Cavallo es un eufemismo para designar lo que fue, en realidad, un dispositivo sin precedentes de agresión contra la clase trabajadora sus conquistas, sus derechos, sus condiciones de vida e, inclusive, contra la Nación como un todo, si se considera el status semicolonial que corresponde a nuestro país en la economía y política mundiales.
 
El Plan Cavallo expresa, por lo tanto, no apenas una política económica, sino un régimen en su conjunto su configuración institucional, su forma de dominio, sus relaciones de clase, sus vínculos internacionales. Se estructuró como el núcleo duro, el contenido estratégico de un esfuerzo de la burguesía para salir de una situación de bancarrota en el final de la década pasada, que alcanzó las dimensiones de una crisis general que acabó, entonces, con el gobierno alfonsinista.
 
Ni plan, ni modelo
 
No se trató, sin embargo, de un plan ni de un modelo en la medida en que esto supone una integración de componentes diversos en una estructura común, con una jerarquía de niveles y secuencias determinadas, diseñada con el criterio propio de una disciplina rigurosa, mediante instrumentos y fines coherentes entre sí, etc. Esto es, en términos generales, imposible en una economía capitalista, que reposa en contradicciones sociales insalvables.
 
En la sociedad contemporánea, el desarrollo económico es un medio para la autovalorización del capital, no la vía del desenvolvimiento social de los productores-trabajadores. La expansión de la riqueza se realiza mediante una forma de producción que reclama el empobrecimiento y la explotación de la mayoría de la población, precisamente para hacer rentable al capital. No hay ningún plan que pueda resolver este conflicto que periódicamente estalla bajo la forma de crisis y convulsiones de diversas características.
 
Pero, además, la gestión de Cavallo en la economía nacional no estuvo precedida de ninguna idea intelectualmente elaborada de política económica y debió comenzar por contrariar lo que el propio hombre había establecido en tal materia en sus trabajos previos. Recordemos que el jefe de la "Fundación Mediterránea" se había hecho conocer en los medios académicos y periodísticos por su insistencia en fundar una política económica basada en un dólar "recontraalto" así lo popularizó uno de sus discípulos y amigos, que aún hoy habita el gabinete ministerial y una política de estímulo a las exportaciones.
 
Tampoco puede adjudicársele el mérito de seguir una doctrina determinada en los lineamientos más generales de su acción o, aun, respecto a objetivos más precisos en lo que a política económica se refiere. El llamado neoliberalismo, que supone, en principio, la compulsión doctrinaria a liberar las fuerzas del mercado a su propio impulso, fue violentado desde un inicio, cuando Cavallo impuso mediante una ley, sostenida por los tres poderes del Estado, uno de los principales, sino el principal, precio de la economía, es decir, el de la divisa norteamericana.
 
La pretensión de que, al menos, la gestión Menem-Cavallo persiguió con tenacidad el propósito de retirar al Estado del escenario económico, aparece desmentido por el hecho que acabamos de señalar; aunque, por supuesto, no se agota en el mismo. Toda la denominada arquitectura de la desregulación económica concluyó por llevar la natural arbitrariedad de la intervención estatal a límites extremos.
 
Las "privatizaciones", para tomar un ejemplo, ni siquiera pueden ser abordadas sin considerar esta cuestión clave, ya que se concretaron violentando todo tipo de relación de valor puramente mercantil, subvaluando discrecionalmente el precio de los activos transferidos y por procedimientos que vulneraron las disposiciones legales existentes y, también, las propias disposiciones administrativas fijadas en los pliegos de venta dispuestos por el propio gobierno.
 
El "Estado de derecho" se reveló como el derecho del Estado a una actividad de ilimitado despotismo. Así quedaron establecidas para los "privatizadores", garantías "extraterritoriales" en materia de precios se les concedió la licencia de ajustarlos según el índice precios de los ... Estados Unidos y, también, de ganancias, que el Estado se compromete a cumplir si los nuevos dueños del patrimonio público no las obtienen en sus operaciones normales.
 
Por lo menos, se dirá, conforme el punto de vista de analistas y politicólogos que se juzgan críticos del oficialismo, debe atribuírsele al equipo de Domingo Cavallo un cierto "fundamentalismo" en materia fiscal, al cual quedarían subordinados otro tipo de metas económicas y desdibujado el fin último de la economía que sería "la gente" (concepto de dudosa filiación científica). Sin embargo, si hubiera un manual de cómo conseguir el desequilibrio y el desajuste en materia tributaria y de las finanzas públicas, el modelo del ahora ex-ministro sería difícilmente perfectible.
 
El ejemplo más bárbaro en este punto, y se verá que el calificativo no es gratuito, es el caso del vaciamiento de las cajas de jubilaciones públicas. Fueron masivamente desfinanciadas, en primer lugar, con el pasaje semicompulsivo de los aportes obreros a las AFJP y, en segundo lugar, con la reducción de los aportes patronales, que quedaron como su único sostén económico. Resultado: con los haberes de hambre que reciben los trabajadores pasivos, el sistema previsional registra en la actualidad un "déficit" del orden de los 7.000 millones de dólares anuales, superiores al déficit total del presupuesto nacional. ¿Ajuste fiscal?
 
Lo que queda del plan Cavallo es lo que es: un recurso improvisado y de emergencia para enfrentar una situación de quebrantamiento general con expedientes igualmente de emergencia, en función de las condiciones de la economía mundial (bajas tasas de interés, liquidez y sobreacumulación de capital financiero)y, por lo tanto, como premisa de un empantanamiento a plazo seguro y de una crisis más grave que la que se quiso resolver. Es este el significado de la actual coyuntura.
 
Acontecimientos recientes han puesto de relieve que la base del volatil boom económico que se extendió entre 1992 y 1994 estuvo determinado por algo más complejo y de alcances ciertamente delictivos que un plan económico: un gigantesco contrabando, un sistema de negociados y coimas incontrolado, un "viva la pepa" en materia de ingreso de capitales, que alimentaron todo tipo de circuito "negro" en la economía y que tuvieron como fuente los fondos provenientes, entre otros orígenes, del narcotráfico y del lavado de dinero de todo tipo de operación irregular.
 
Sobre este particular hay que tener en cuenta que las estimaciones relativas al movimiento en la "aduana paralela", descubierta semanas atrás, mencionan un volumen de mercancías contrabandeadas del orden de los 10.000 millones de dólares y una defraudación también millonaria en dólares, en lo que respecta al fraude fiscal. Cifras de esta envergadura revelan que las estadísticas oficiales relativas al comercio exterior y en lo referido a las cuentas públicas constituyen un encubrimiento de la realidad y una evidencia completamente distorsionada del proceso económico.
 
La ficción de la convertibilidad
 
El corazón mismo de la política económica de Cavallo, que no pocos especialistas y algún hombre público de la oposición (que declaró su arrepentimiento por no haberla votado) suponen una suerte de opera prima de características brillantes y hasta insuperables, es la célebre ley de convertibilidad citada más arriba, a pesar de no haberla mencionado por su nombre, porque fue la que fijó la paridad 1 a 1 entre el peso y la moneda estadounidense.
 
Esta norma legal tiene un alcance muy determinado, porque establece, en lo esencial, la intangibilidad de los fondos en dólares depositados en el Banco Central, con la excusa de respaldar al peso. Se trata, en verdad, de una hipoteca o garantía prendaria sobre fondos públicos, para retener la moneda fuerte de los inversores, asegurar sus negocios en pesos a tasas usurarias y su inmediata liquidez al momento de decidir su repatriación.
 
Al contrario de lo que postula toda la propaganda gubernamental, la ley de convertibilidad es el verdadero talón de Aquiles del diseño económico del Plan Cavallo, porque equivale prácticamente a la destrucción de la moneda nacional y a la automutilación de una de las funciones claves del Estado burgués moderno que es, precisamente, la de la gestión monetaria. Puso de relieve el completo agotamiento del peso como reserva de valor e instrumento de pago, y otorgó a las relaciones carnales establecidas con los Estados Unidos, según la vulgar definición del ministro de Relaciones Exteriores, el carácter de una dependencia monetaria típica de un enclave colonial. El diario de informaciones económicas de mayor circulación del país Ambito Financiero llamó entonces a la moneda nativa como peso-balboa, en referencia al signo monetario de ... Panamá.
 
Se ha dicho en numerosas oportunidades que la convertibilidad repetía una experiencia puesta en práctica por los hombres de la generación del 80 del siglo pasado, cuando estuvo en vigencia un régimen cambiario similar. Más allá de las analogías y el análisis comparativo riguroso, es la política cambiaria y monetaria establecida cuando Nicolás Avellaneda pasó a la posteridad al señalar que con este tipo de disposiciones "los tenedores de bonos argentinos deben reposar tranquilos: hay dos millones de argentinos que economizarían sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública" (se refería al pago de las obligaciones con los bancos ingleses).
 
Un aspecto poco señalado del mecanismo de la convertibilidad es que unió dos elementos de política económica formalmente contradictorios. Una "caja de conversión" no implica un tipo de cambio fijo, puesto que actúa simplemente como reflejo del aumento o de la caída de la masa de oro o moneda extranjera que sirve como reserva (dinero mundial) y cuyos flujos son la contrapartida del déficit o del superávit de la balanza de pagos, es decir, de los movimientos comerciales y financieros con el exterior.
 
Un saldo positivo, que incrementa la oferta de dólares, significa, en este sentido, un aumento de la oferta monetaria extranjera y deprime su precio, como es el caso de cualquier mercancía en una economía mercantil. Al revés, el signo monetario nacional se devalúa cuando se produce el efecto contrario, como resultado de las salidas de divisas del país, provocadas por los saldos negativos en la cuentas que registran las transacciones del país con el exterior.
 
Este, además, es el mecanismo clásico de ajuste de las economías nacionales al mercado internacional que preconiza la llamada "teoría clásica". De este modo, el ingreso de divisas resultante de un balance excedentario en el intercambio externo aumenta la masa monetaria circulante y provoca un ascenso en los precios nacionales que resta competitividad a la producción nativa, corrigiendo hacia el equilibrio la balanza de pagos superavitaria. Esto, en razón de que los precios incrementados estimulan la importación y desestimulan la demanda externa de productos del país (exportaciones). Al contrario, un déficit en las cuentas externas restringe el circulante nativo, deprime los precios y tiende a estimular las exportaciones y deprimir las importaciones. volviendo a impulsar el movimiento hacia el equilibrio.
 
La convertibilidad actual, en cambio, fijó el precio de la divisa y, en consecuencia, dejó como única variable de ajuste a la base monetaria que determina el circulante de pesos en la actividad económica. Una situación de esta naturaleza conduce al quebranto económico en caso de una baja significativa de las reservas, porque vaciaría de pesos a todo el circuito económico para subsidiar la venta de una demanda de dólares que fue previamente establecida a un precio fijo, y que no se modificaría siquiera en caso de una demanda muy violenta y drástica de la divisa extranjera.
 
La incoherencia se explica apenas por la función de este mecanismo que es, a la vez, la base misma de su existencia: asegurar el ingreso de capitales especulativos que puedan renovarse ilimitadamente, asegurando pingües negocios en la misma medida en que las condiciones de liquidez del mercado internacional se mantengan.
 
El alcance de esta operación leonina puede medirse en el hecho de que durante la convertibilidad, el alza de los precios internos superó el 60%, un lucro completamente excepcional que se dolarizó por la arbitraria disposición de mantener el valor de la divisa norteamericana anclada en este mismo lapso. Esto significa que un inversor extranjero que simplemente almacenara durante algún tiempo un conjunto de bienes, que reflejaran la inflación promedio del período, podría acumular una ganancia de la misma magnitud por la discrecionalidad de una medida cambiaria que constituye, además, el fundamento de toda la política diseñada por el ahora ex-ministro Domingo Cavallo.
 
La convertibilidad, en consecuencia, constituye un subsidio completamente descomunal al capital especulativo y a la fuga de capitales del país que sólo pasa desapercibido en la medida en que la bicicleta continúa rodando. Con el objetivo de mantener este verdadero saqueo, la ley de convertibilidad previó los términos de su propia violación, si el propósito fuera cumplir con la función aquí descripta. Por eso se permitió que las reservas en dólares pudieran ser sustituidas, en un porcentaje nada despreciable, por títulos del gobierno nominados en dólares, lo cual constituye una suerte de estafa dentro de la estafa.
 
Con estos títulos emitidos por el propio Banco Central (al cual, al mismo tiempo, se le prohibió emitir moneda argentina), se permitió la salida de capitales sin la contrapartida de pesos absorbidos por la autoridad monetaria, como sería el caso si se cumpliera a rajatablas con el mecanismo de la pura convertibilidad.
 
Esto equivale a una emisión de moneda formalmente prohibida, pero permitida al fin, si se trata de una prebenda para el gran capital.
 
El fin natural y previsible de esta experiencia corresponde exactamente al agotamiento de las posibilidades excepcionales que se le ofrecieron al capital financiero para mantener la calesita de la expropiación especulativa de los trabajadores y la Nación Argentina, que es la única base real del mentado Plan Cavallo. Al final del proceso, entonces, el Plan se autodestruye, como sucedía con el mensaje de aquella célebre serie televisiva que, no casualmente, tenía el mote de misión imposible. La estación terminal de la convertibilidad coincide, por lo tanto, con el vaciamiento de las reservas que quedaron retenidas como garantía previa, y que se evaporarán con la fuga de capitales que ya se ha iniciado, como ha sucedido en otras oportunidades en nuestro país y en otros vecinos, tal el caso de Brasil y México en un pasado no demasiado distante.
 
Ni siquiera puede decirse que haya en esto alguna originalidad. Como lo recordara algún tiempo atrás un especialista en historia económica del país (Manuel Fernández López) la Argentina tuvo papel moneda convertible cuatro veces en toda su historia: ninguna resistió una gran crisis externa 1873, 1884, 1913, 1929 y de todas estas "convertibilidades", el país salió con violentos ajustes de la actividad económica interna.
 
Disparen contra el salario
 
Los efectos de esta política económica sobre el tejido de las fuerzas productivas de la Nación y en materia de condiciones de subsistencia de su población constituyen un paquete cuya dimensión todavía no fue evaluada en sus alcances más amplios. De conjunto, constituyen una expropiación sin precedentes del resultado del trabajo de los obreros argentinos, no sólo de la actual generación sino de las generaciones pasadas, cuyas consecuencias en el tiempo serán duraderas, dado el nivel de latrocinio cometido.
 
La expropiación del trabajo ajeno constituye la esencia misma de la relación social capitalista cuyo origen es precisamente la separación-confiscación del trabajador de sus condiciones de trabajo, de modo de convertirlo en un trabajador libre, esto es, desprovisto de todo otro recurso que el de la capacidad de gastar su propia energía laboral. No es ésta, evidentemente, una peculiaridad de una u otra variante de la política económica capitalista, sino lo que constituye el elemento común a todas ellas, lo que significa que no es un elemento específico del mal llamado modelo neoliberal. Lo revela el hecho de que lo que la política de Cavallo tiene de esencial, contó con el apoyo explícito del conjunto de las fracciones opositoras, que tempranamente aprobaron o dejaron pasar en el Parlamento las leyes que permitieron el desguace de las empresas estatales y la propia ley de convertibilidad, y que aún hoy no vacilan en afirmar que "no se puede volver atrás" en la materia.
 
En este sentido, hay que admitir que el régimen cavallo-menemista tuvo la capacidad de unificar tras de sí al conjunto de sectores de la burguesía nativa, con la idea de que la adaptación sin límites a los requerimientos del capital financiero podría abrir una salida al colapso económico crónico, que tuvo su punto culminante en la hiperinflación de finales de los 80 y comienzos de la década actual. Recordemos que en los tres lustros que culminan en el 90, el retroceso fue de características excepcionales: el producto nacional per cápita cayó casi una cuarta parte en tal período.
 
Lo que debe sorprender, por lo tanto, luego de un retroceso de semejante magnitud, no es la primavera de reactivación económica que se dio entre 1992-94, sino la brevedad del fenómeno, determinada por las características profundamente parasitarias del planteo y su naturaleza irrestrictamente capitalista. Marx definió alguna vez al capital financiero como el que tiene el modo de explotación del capital pero no su modo de producción. La fórmula puede ser aplicada al Plan Cavallo precisamente por su manifiesta tendencia a la pura superexplotación del trabajo, sin que esto conlleve a una expansión del mercado, a una ampliación del horizonte productivo y a una renovación de activos fijos e innovación tecnológica que derive en el aumento de los valores de uso.
 
Es el aumento realmente bárbaro de la explotación de los trabajadores y la confiscación de su salario y aun de su limitadísimo patrimonio personal, lo que constituye el rasgo más notable del régimen Menem-Cavallo. Está pendiente una investigación que ponga de relieve la masa de recursos convertida en plusvalía o ganancia por esta vía. En primer lugar por la caída del salario directo, es decir, de los ingresos de bolsillo del productor. Si se contabiliza una moderada caída del 5% al 10% en este rubro, la traslación de ingresos a la clase propietaria de los principales medios de producción suma, en un lustro, un promedio del orden de los 15.000 millones de dólares, una cantidad equivalente al financiamiento de todas las universidades del país por un período de 10 años consecutivos.
 
Pero el salario está también integrado por lo que se denomina el jornal indirecto, constituido por las contribuciones patronales y los aportes obreros a las obras sociales, programas de vivienda, educativos, etc. ... así como por las transferencias que puedan determinarse por la vía de mecanismos impositivos y presupuestarios de los impuestos directos que son los que afectan al capital para asegurar servicios gratuitos o subsidiados al trabajador.
 
Ahora bien, como es sabido, el sistema impositivo nacional ha sido progresivamente convertido en una carga que recae exclusivamente sobre el salario directo; esto por la eliminación prácticamente completa de lo que el gobierno denomina impuestos al trabajo, hipocresía con la cual se designa a una parte integral de los ingresos de los trabajadores. Cualquier estimación de las pérdidas salariales en este sentido multiplicaría varias veces la cifra anteriormente estimada.
 
Un tercer elemento de la remuneración obrera está constituido por el salario diferido, que es el que debe sostener al sistema previsional. La exacción en esta materia constituye un verdadero récord en la historia económica argentina. Con la implantación de la denominada jubilación privada fue, además, expropiado el fondo acumulado por todas las generaciones de trabajadores para el pago de sus haberes cuando pasaran a la condición de pasivos. Este solo acto suma, según cálculos efectuados por los especialistas, una confiscación equivalente a 150-200.000 millones de dólares.
 
Con todo, lo que indicamos hasta aquí es sólo una parte del problema. Con la excusa de la productividad, el régimen de Cavallo promovió una política de intensificación de los ritmos de trabajo, al extremo de no reparar en eliminar de hecho casi un siglo de legislación laboral: la arbitrariedad patronal no ha conocido límites, estimulada por una legislación que ha permitido las formas más diversas de precarización del trabajo, la extensión de la jornada, la eliminación consecuente del pago de horas extras, la supresión de la indemnización por despido, la eliminación de hecho del período vacacional, la desprotección de tareas insalubres, el desconocimiento de categorías y calificaciones, la eliminación de las indemnizaciones correspondientes a accidentes de trabajo, etc.
 
Según algunas estimaciones, casi una cuarta parte de la fuerza de trabajo se encuentra, en la actualidad, desempeñando su actividad bajo diversas formas contractuales que eliminan de hecho las disposiciones de los convenios colectivos. El gobierno ya ha anunciado su intención de dar un marco legal general a la eliminación de las convenciones de trabajo y permitir la extensión generalizada de los contratos individuales, imponiendo así la atomización de la clase obrera y su indefensión total frente a las organizaciones colectivas de la patronal y del Estado.
 
La masa salarial ahorrada por esta vía, como consecuencia de lo que en economía política se conoce como incremento de la plusvalía absoluta, es una prueba del avance enorme de la superexplotación de los trabajadores y no de la modernización de la economía. Todos los estudios, incluidos los oficiales, admiten que el aumento del rendimiento del trabajo no es consecuencia de lo que se conoce como incorporación de tecnologías duras (es decir, renovación de maquinaria y equipamiento, con la consecuente introducción de mejoras técnicas y procedimientos innovadores), sino al revés, del avance de las tecnologías llamadas blandas que, en lo fundamental, se vinculan a racionalizaciones operativas, reordenamientos en la gestión y organización social de la tarea productiva, que se resume, esencialmente, en la mayor explotación de la mano de obra.
 
Un proceso de demolición social y nacional
 
Que todo esto haya contribuido al aumento del desempleo de una forma que no conoce antecedentes en la historia económica del país, y no a la expansión conjunta de la producción, el mercado y el consumo, es una demostración del carácter parasitario de este proceso, de su propensión a elevar la ganancia capitalista a costa de un mero desarrollo de fuerzas destructivas y de la mutilación de buena parte del aparato productivo nacional.
 
Un cuarto de los establecimientos industriales y un 27% de los puestos de trabajo en el sector manufacturero, desaparecieron bajo la modernización impulsada por la administración menemista y la vía libre para el tráfico del capital especulativo, los negociados financieros y bursátiles, el estímulo al fraude y al contrabando. Un reciente informe oficial revela que sólo con la estafa cometida con las exportaciones de oro (un movimiento de importación de monedas y exportación de barras con el material fundido, por el cual el gobierno premiaba a la empresa respectiva con un subsidio equivalente a un valor del orden del 30% del monto declarado de los envíos al exterior), se habrían evaporado 400 millones de dólares.
 
El mayor contingente de desempleados parece provenir de la masiva expulsión de trabajadores de las empresas estatales y de las administraciones públicas, que dejaron sin ocupación a una población laboriosa que se calcula bordeando el millón de trabajadores, si se toma la órbita nacional, provincial y municipal como un todo.
 
En conjunto, la desocupación abierta ha crecido entre tres y cuatro veces durante la vigencia del Plan Cavallo, siendo en la actualidad apenas inferior al 20% de la población económicamente activa (PEA). Si se le suma el llamado desempleo encubierto, en el que las estadísticas incluyen a todo aquel que trabaja aunque sea un hora por semana, el total de la población sin trabajo bordea un tercio de la PEA. Pero, además, no se incluye aquí el llamado desempleo oculto, que es el que no aparece registrado, porque las estadísticas categorizan como población económicamente no activa, es decir, no desocupada, sino que no quiere trabajar, a aquel que simplemente desistió de buscar empleo, desmoralizado o quebrado por la falta de oportunidades, las filas interminables en la búsqueda de la quimera de una ocupación miserable y hasta la depresión o enfermedad mental que se extiende en proporción directa con la miseria social dominante.
 
Tampoco se incluye en la penosa serie hasta aquí enumerada a los contingentes de trabajadores subutilizados en relación a su capacidad profesional, condenados a alguna tarea descalificada y al desperdicio de su formación educativa y cultural.
 
En este sentido amplio, el desempleo o inutilización de los recursos productivos humanos está próximo al 50% de la PEA, lo cual es el retrato más cabal de la verdadera lacra de lesa humanidad que significa esta moderna política capitalista y del completo agotamiento de sus posibilidades en todos los sentidos. Y es en nombre de la eficiencia que los prohombres del Plan Cavallo pretenden pasar a la historia como reconversores del sistema productivo nacional. ¿No está claro, por lo tanto, que no es el costo laboral sino el costo capitalista de esta obra de demolición humana y material, el principal problema que enfrenta la economía y la sociedad argentinas?
 
El número uno de los costos nacionales de esta transformación ha sido una hipoteca en materia de deuda externa que deja reducido a un juego de niños los problemas del endeudamiento del pasado. La deuda externa total del país creció en 100% durante el proceso de saneamiento económico y financiero del gobierno del presidente Menem. Su volumen actual supera los 130.000 millones dólares, una estimación moderada que incluye la deuda privada, difícil de precisar, y que se acumuló hasta este nivel a pesar de los 20.000 millones de dólares capitalizados como parte del negocio de las privatizaciones.
 
En verdad, el cálculo de la duplicación de la deuda se basa en criterios oficiales, pero no en la realidad. La deuda real que encontró el equipo de Cavallo era mucho menor a lo que revelaban las estadísticas del gobierno. Era un capital que los propios bancos habían amortizado previamente mediante el cobro de tasas y comisiones usurarias de todo tipo, y que en sus propios balances había sido eliminado con provisiones para créditos irregulares desde mucho tiempo atrás. Lo prueba el hecho de que los tenedores de los títulos argentinos de deuda llegaron a vender los mismos como títulos basura, por un valor que tocó la banda del 10% al 20% del monto nominal de la acreencia. Lo cierto es que la operación de rescate financiero de la banca acreedora se consumó bajo el actual régimen de una manera que pasará a la historia como una evidencia exacerbada de la sumisión nacional al capital financiero.
 
Este operativo puede cuantificarse para tener una noción de lo que significa. Cuando Cavallo inició la renegociación de los pagos de la deuda heredada con la banca privada, el total de la deuda incluía, entre capital e intereses atrasados, un total nominal aproximado de 30.000 millones de dólares. El valor real de estos pasivos del país con los bancos extranjeros podía oscilar, con un cálculo rentable para los acreedores, en torno a un monto cercano a los 8.000 o 10.000 millones de dólares. Después de las negociaciones, en lo que vino a llamarse el Plan Brady, por el nombre del entonces secretario del Tesoro norteamericano, el resultado fue que Argentina admitió pagar en un plazo de 30 años ... 54.000 millones de dólares.
 
En 1997, los vencimientos del Brady y de otras obligaciones de la deuda sumarían unos 18.000 millones de dólares. Si a esto le sumamos los más arriba mencionados 7.000 millones de dólares del déficit del sistema previsional, dirigidos a financiar el negocio de las AFJP, tenemos comprometido el 60% del monto total del presupuesto nacional. El Plan Cavallo estaba condenado, por lo tanto, a hundirse en la bancarrota de sus propias contradicciones. Es ésta la base del proceso de descomposición que envuelve en la actualidad al conjunto del régimen político.
 
La salida que indica esta caracterización es muy simple, y consiste en el viejo planteo de expropiar a los expropiadores: desconocimiento y repudio de la deuda externa, anulación e investigación de las operaciones leoninas con las privatizaciones, financiamiento de un masivo seguro al desempleo para revertir el panorama desolador de la mayoría nacional, restituir el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, al mantenimiento de sus conquistas y a un salario mínimo igual a la canasta familiar. Son las medidas elementales que corresponden a la reconstrucción nacional y social de un país devastado por la política del capital financiero. Otra cosa es verso, aunque revista lenguaje académico y resuma sapiencia aparentemente económica.
 

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