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Argentina: Cortes de ruta, extranjerización económica, delincuencia política

Por Partido Obrero
En toda crisis de régimen está presente, de un lado, la exasperación de las masas con las condiciones de vida que este régimen les impone y, del otro, la descomposición creciente y aguda del gobierno y de los partidos que dirigen este régimen.
 
Ambos extremos se encuentran reunidos en la situación actual de Argentina. Con el agregado de que las masas exasperadas comienzan, además, a definir lo que quieren y a oponer al programa de este régimen, su propio programa.
 
Puebladas: la rebelión popular en marcha
 
En la provincia de Jujuy, en Cruz del Eje, como antes en Salta y en Cutral Co y Plaza Huincul, las puebladas y los cortes de ruta expresan un fenómeno de conjunto la desesperación de las masas ante las consecuencias del plan en curso; la disposición de lucha que se ha apoderado de esas masas desesperadas; la aparición, con carácter tentativo o incompleto, de verdaderas reivindicaciones transformadoras o revolucionarias; el surgimiento, por último, de hombres, mujeres y jóvenes que se ponen al frente de esas luchas con una conciencia cada vez más precisa del conjunto de la situación.
 
Repetimos lo que fuimos señalando a lo largo de estas puebladas: el pueblo lucha cada vez más; este pueblo que lucha se da cada vez mejores programas; con la lucha y la conciencia surge también una nueva generación de la clase obrera.
 
Ha transcurrido poco más de un mes desde la pueblada de Cutral Co a las de Jujuy y Cruz del Eje. En las puebladas jujeña y de Cruz del Eje, los trabajadores desocupados enfrentaron los planes Trabajar combinados con la desgravación impositiva para los empresarios. Los trabajadores que están luchando quieren compromisos firmes; no quieren planes baratos sino un verdadero seguro al desocupado de 400 ó 500 pesos; reclaman la reactivación de los centros productivos, e incluso la estatización de los monopolios azucareros, agrícolas, comerciales o energéticos que dominan en esas regiones.
 
Precisamente, por todo esto, la pueblada jujeña fue una victoria, o sea una plataforma para los demás sectores en lucha. No porque hubieran obtenido soluciones que el régimen menemista no puede dar.
 
Los explotados de Jujuy obligaron, con su movilización, al retiro de la gendarmería. En segundo lugar, organizaron decenas de comités a medida que crecían los cortes de ruta. En tercer lugar, establecieron "mantener la medida de fuerza con la libertad de acción que cada piquete disponga".
 
Ha quedado establecido un poder organizado de las masas, que permitirá ejercer una vigilancia popular sobre el poder del Estado y que servirá para impulsar movilizaciones futuras más profundas todavía, en la lucha por obtener una verdadera satisfacción a las reivindicaciones.
 
Un programa: renacionalizar YPF; confiscación de los monopolios
 
Las rebeliones populares de Cutral Co, de Tartagal, de Cruz del Eje, y el levantamiento del pueblo jujeño, pusieron al desnudo el carácter parasitario del monopolio capitalista.
 
Los compañeros de Cutral Co, de Plaza Huincul y de Tartagal plantearon que hay que meter mano en las petroleras. Se trata de un acierto descomunal.
 
Se estima que el 60% de YPF pertenece hoy a accionistas extranjeros; el grueso de sus acciones se comercializa en Nueva York. Mientras tanto, los supuestos beneficiarios de su privatización los jubilados y las provincias nunca estuvieron peor.
 
En el trienio posterior a su privatización, YPF se alzó con beneficios netos por más de 2 mil millones de dólares, lo que significa que el gran capital financiero recuperó de un saque toda su inversión inicial. Pero esos beneficios no se reinvierten, y menos en Argentina. Según informes de la propia empresa, las inversiones cayeron un 22% en 1996 (ya habían caído otro tanto en 1995), debido a la estrategia de beneficios crecientes para los accionistas, que obliga a desviar recursos del área de exploración y producción. La caída de la inversión de la empresa, dicen esos informes, seguirá en 1997 otro 27%. Pero el 20% de esas inversiones se realizará en el extranjero; la inversión en explotación y producción doméstica, por lo tanto, se reducirá casi el 40% en sólo dos años.
 
Se trata de una desinversión neta, pues supera a los beneficios, mediante un endeudamiento creciente de YPF, que pasó del 20% sobre el patrimonio, en 1994, al 39% en la actualidad.
 
Tenemos entonces una política de sistemático vaciamiento y saqueo de YPF. El boom exportador canaliza esa desinversión. Los pulpos se han lanzado a una política de vaciamiento económico, para servir a los intereses de un puñado de grandes capitalistas que opera en Wall Street.
 
Los principales proyectos de inversión de las petroleras son los oleoductos para exportar la materia prima en crudo a Chile, Brasil y Bolivia. Un proyecto que, como el plan Mega para Neuquén, "será la ruina para Cutral Co y Plaza Huincul ... va a ser una catástrofe", según reconoció el propio gobernador. YPF no quiere industrializar intensivamente el gas, con el argumento de que "el precio promedio (en el mercado interno) está muy por debajo del precio internacional, a la mitad de lo que cuesta en los Estados Unidos".
 
La privatización de YPF abrió la posibilidad de "transferir al extranjero la sede social, cambiar el objeto de la sociedad e incluso escindir a la sociedad en otras, cuando se transfiera a éstas el 25% o más de los activos". Pues bien, esto ya está ocurriendo: hace dos años YPF compró la petrolera Maxus, de Texas, lo que explica una parte sustancial del incremento de su endeudamiento. Ahora Maxus se asocia en los EE.UU. con Amoco, conformando una nueva sociedad, en la cual no quedan ya ni rastros de YPF.
 
YPF se ha transformado así en una plataforma de operaciones internacional, al punto que ya en la actualidad, casi un tercio de sus proyectos de inversión y de sus operaciones se realizan fuera del país, operando desde yacimientos hasta estaciones de servicio en Chile y Perú, y hasta en Indonesia.
 
Pero en Tartagal, por ejemplo, el 65 por ciento de la población está desocupada. No por la mayor productividad de las empresas, sino al revés, por su parasitismo: la materia prima no se industrializa y el beneficio de la exportación en bruto se destina a proyectos financieros especulativos. La mejor prueba de esto lo constituye la caída de las reservas comprobadas de petróleo, consecuencia de la baja actividad de exploración. Crecen, sí, las estaciones de servicio y los shoppings que las adornan.
 
Toda la situación descripta plantea la necesidad de la renacionalización de YPF, como una reivindicación imperiosa del patrimonio usurpado. Hay que poner a YPF bajo control de sus trabajadores, replanteando la política de dilapidación de las reservas, por un plan de industrialización de los recursos nacionales, por la ocupación en masa de todos los trabajadores despedidos y su reinserción laboral. Por la duplicación de las regalías e impuestos pagados por las petroleras.
 
Si en Salta y Neuquén, el pulpo YPF es el principal responsable del vaciamiento productivo y de la desocupación masiva de la población laboriosa, en Jujuy ese responsable es el pulpo azucarero Ledesma. En Libertador, Ledesma monopoliza la tierra de manera tal que no queda un pedazo libre para establecer otra fábrica o plantar un nuevo cultivo. La pueblada jujeña ha hecho evidente que hace falta una reorganización integral de la provincia que acabe con el monopolio y su correlato el monocultivo, para lo cual es necesaria la confiscación de los monopolios azucareros de Jujuy y de todo el NOA.
 
En la Argentina neoliberal de Menem, de las privatizaciones y de la extranjerización, las masas han puesto sobre el tapete la irracionalidad de la propiedad privada de los medios de producción.
 
Impasse política
 
Ninguno de los partidos del sistema puede ofrecer la más mínima salida a las provincias arrasadas; no es ninguna casualidad, entonces, que las direcciones sindicales que responden al arco justicialista-radical-frepasista hayan traicionado alevosamente la huelga docente de Neuquén.
 
El desmontaje de las puebladas se ha convertido en la preocupación estratégica de los capitalistas y de sus agentes. Por eso, Terragno y el Cavallo Alvarez dedican el espacio principal de sus campañas electorales a pregonar la necesidad de crear trabajos comunitarios, que no son otra cosa que un horrible plagio del plan Trabajar del menemismo o de los contratos precarios que reclama el Banco Mundial, pero aplicados a la obra pública.
 
La misma receta reclama la CTA, aunque desde mucho antes que ahora: subsidios a los capitalistas que ofrezcan contratos precarios a los desocupados. La dirección de la CTA se ha opuesto con reiteración al seguro al desocupado, de 400 pesos; ni hablar de que los fondos de la deuda externa se apliquen a la creación de trabajo en lugar de dilapidarlos con los banqueros acreedores. Hay que remarcar que ese seguro ya aparece como reivindicación en todas las puebladas.
 
En cuanto a la CGT empresaria, por su parte, ha establecido un acuerdo con el gobierno que consagra los contratos precarios, los convenios por empresa y la liquidación de la indemnización por despido. El visto bueno del Banco Mundial que recibió el acuerdo CGT-gobierno confirma, además, que en la cuestión clave de las obras sociales, la burocracia sigue el libreto del Banco Mundial.
 
El acuerdo entre la CGT y el gobierno también recibió la bendición del clero, que se empeña en oponer el acercamiento al conflicto social, sin importarle que el acercamiento implique la liquidación de conquistas sociales y más desocupación, y el conflicto social haya obligado al gobierno a contemplar una parte de los reclamos de los desocupados. El planteo de la Iglesia ha oficializado la estrategia de toda la burguesía para contener la posibilidad de nuevas puebladas y para aislar las que no pueda evitar. O para contener y derrotar a las grandes luchas en la industria, como Atlántida, como Fiat, como Celulosa, como las fábricas del pescado en Mar del Plata, como Ford, Siderca o las metalúrgicas de Tierra del Fuego.
 
Descomposición política
 
La contrapartida de la fenomenal impasse del conjunto del régimen político frente a las puebladas que cruzan el país es la abierta descomposición del gobierno menemista.
 
La incorporación de Yabrán al expediente judicial profundiza un violento enfrentamiento político, como se manifiesta en el pedido de juicio político al juez Bernasconi (un hombre de Duhalde) y en las investigaciones sobre el contrabando de armas en el que se encuentra involucrado Emir Yoma, un miembro clave de la camarilla menemista y contacto de Yabrán con el gobierno.
 
Si se incrimina a Yabrán, la posición de la camarilla menemista (a la cual se lo vincula) se haría insostenible. Si no se lo incrimina, la posición de Duhalde para la sucesión presidencial quedaría liquidada. Dijimos a fines de enero que si el crimen se esclarecía, el régimen se caía; y que si eso no ocurría, se caería también.
 
Con el involucramiento macizo de Yabrán, el manejo de los arrepentidos, de los alcahuetes, de los infiltrados y de los sobornados, ya no le deberá alcanzar a Duhalde para contener el desborde político de la causa.
 
Pero al lado de Yabrán, aunque en otro banquillo, está Cavallo, quien se enfrenta a la posibilidad de la prisión preventiva en las causas que le abrió el menemismo. El peligro de un vacío político en el campo patronal crece con el correr del tiempo.
 
El nombramiento de la mujer de Duhalde para encabezar la lista de candidatos bonaerenses del PJ, es una expresión de debilidad. Duhalde cree que lo que no podría su aparato, sus conexiones económicas, su dominio comunicacional o los fondos de la reparación histórica, lo podrá el carisma de su mujer.
 
Los malabarismos de Duhalde para sobrevivir ahora incluyen la alianza con Cavallo y con Roberto Alemann; la entrega de Eseba en beneficio de la misma patria privatizadora que ha gobernado con Menem, y también ha anunciado la progresiva privatización del Banco Provincia. Esta política acentúa el hipotecamiento nacional y agrava las condiciones ya gravísimas de las masas.
 
La situación económica
 
Aunque los capitalistas rebosen de optimismo, un incidente reciente demuestra lo precario de tanta alegría.
Una calificadora de riesgos alemana, seguida luego de dos norteamericanas, acaban de descalificar la solvencia de los principales pulpos capitalistas nacionales. Su argumento fue que la salud de esas empresas no podía ser calificada por encima de la que se atribuía al país en su conjunto. Si el gobierno no llegara a poder pagar la deuda externa creciente, dijeron, arrastraría con él a la mayoría, si no a la totalidad, de los florecientes grupos nacionales.
La posibilidad de esa bancarrota está formalmente planteada, porque con 18.000 millones de dólares en el Banco Central, Argentina debe garantizar la convertibilidad de los pesos que circulan por el mismo valor y, al mismo tiempo, garantizar el pago de los 17.000 millones de dólares que, subiendo, vencen cada año en concepto de deuda externa e intereses; debe cubrir, asimismo, los 64.000 millones de dólares en depósitos bancarios.
Esta crisis potencial explica el derrumbe de la mayoría de los capitales nacionales ante la absorción extranjera. Alpargatas fue absorbida por una financiera norteamericana; Antelo por Renault; Macri fue desplazado por Fiat, primero, y próximamente por Peugeot; Blanco Villegas vendió la mitad de Philco a Daewoo; a Soldati, de Comercial del Plata, sólo le queda vender la camisa. Antes, ya habían caído los principales pulpos alimenticios.
 
Sin embargo, en ningún otro sector ha sido tan evidente y fulminante el retroceso de la burguesía como en el bancario. Con la venta del Banco de Crédito Argentino al Francés-Bilbao Vizcaya, del Río al Santander, del Roberts al Hong Kong & Shangai Banking Corp (HSBC) y del Quilmes al canadiense Nova Scotia, nueve de los diez bancos privados más grandes son extranjeros, con la única excepción del Galicia.
 
Esta fuga obedece a la necesidad de cubrir quebrantos en otros negocios, como ocurre con Soldati y Blanco Villegas, en relación al Tren de la Costa o a Philco; o a la incapacidad de mantenerse en varios negocios, como sería el financiero y el energético (Pérez Companc).
 
En el Informe Político al Vº Congreso, en enero de 1992, el PO refutó la tesis de que la convertibilidad y las privatizaciones de empresas públicas por parte de los pulpos nacionales, implicaban un fortalecimiento de la burguesía nacional. Puntualizamos que esos grupos se habían desplazado de lugares estratégicos, como Macri en automotores o Techint en siderurgia, a negocios como el cobro de peajes en rutas o el manejo de una línea ferroviaria, o sea, un retroceso industrial. Y que habían ganado las privatizaciones endeudándose, y abriendo su capital a la Bolsa. Pronosticamos que "al menor problema financiero, los bancos meten la mano en el capital de la burguesía nacional ..." (pág. 20).
 
Es lo que estuvo sucediendo y lo que ahora culmina. Explican este derrumbe la fuga de 8.000 millones de dólares durante el tequilazo de 1995 y la impresionante morosidad de la cartera de créditos bancarios.
 
Las compras y fusiones de bancos no alteran este cuadro de crisis. Por ejemplo, de la fusión entre el Francés y el Crédito Argentino, a manos del Bilbao Vizcaya, "surge un banco con menor calidad patrimonial si se observan los ratios de calidad de cartera y la incidencia de la cartera anormal no cubierta con previsiones en relación con el total del patrimonio. La cartera anormal en relación con el total de financiaciones alcanza a 7,9%... Este tipo de consideraciones sobre la calidad de los activos resultantes de la fusión de los bancos es lo que lleva a las compañías calificadoras de riesgo a anunciar una revisión del rating asignado a los bancos involucrados" (1).
 
A su vez, la calificadora de riesgos norteamericana Standard & Poors, le bajó la calificación, de "estables a negativas", al Banco Santander, "tras la adquisición por parte del Santander del 35% de las acciones del Banco Río, el principal motivo de la evaluación" (2).
 
Los pulpos extranjeros remiten todos los años más de 2.000 millones de dólares a sus casas matrices, lo que deberá aumentar aún más, debido a la mayor extranjerización de la economía. Estos mayores giros de fondos al exterior profundizarán el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que ya tiene un rojo de 4.000 millones por año. Estos bancos tomarán los fondos locales y los invertirán en función de los movimientos especulativos que decidan sus casas matrices. La función de la compra de bancos no es acrecentar el ingreso de capitales, sino tomar los fondos en circulación y reciclarlos en función de los intereses de los accionistas extranjeros. La extranjerización abre un mayor canal para la fuga de capitales del país, y el peligro de que la cuenta de capitales también pase a ser negativa.
Todo este proceso, lejos de reforzar la convertibilidad, es un factor de deterioro de las cuentas externas. Ante una nueva corrida o fuga de capitales, ahora los bancos extranjeros tendrán más peso que el propio Banco Central para determinar la suerte del peso. Es lo que está sucediendo en varios países del Sudeste asiático, donde los bancos extranjeros apuestan a la devaluación y libran una lucha contra los bancos centrales. Al mismo tiempo, en su nueva condición de rentista, y debido a sus negocios de exportación, la burguesía nacional, ahora con menos deudas, podría pasarse al campo devaluacionista.
 
La ola de compras bancarias, que va más allá de la Argentina, ya que también involucra a Brasil y a México, forma parte del proceso de especulación que tiene lugar a escala internacional. Debido a la enorme inyección de moneda que impulsan todos los principales bancos centrales (en particular, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Tokio, el Bundesbank alemán y el Banco de Inglaterra), y a los Fondos de Retiro a los que son forzados a entrar la mayoría de los asalariados, se ha producido un colosal abaratamiento de la financiación derivada a adquirir empresas, lo cual ha llevado a las Bolsas a batir récords de cotización bursátil. Lo que el titular de la Reserva Federal yanqui llamó "la burbuja irracional de los mercados".
 
Este financiamiento inflacionario del movimiento de capitales financieros significa que los grandes bancos pueden tomar abundantes fondos en forma casi gratuita, recurriendo a la emisión de acciones e incluso de bonos privados. Por otro lado, existe una guerra entre los distintos sectores imperialistas por la colonización de América Latina. Que la banca española haya salido a jugar tan fuerte y con tantos riesgos, forma parte de ese proceso de rivalidad.
"El debilitamiento de la burguesía nacional torna más frágil al gobierno nacional de turno, al reducir sus posibilidades de equilibrio frente a las presiones de los trabajadores y del capital extranjero", señalaba el Informe al Vº Congreso, de enero de 1992. El gobierno nacional se ha convertido en una mera oficina del FMI y del Banco Mundial; el debilitamiento de la burguesía nacional disminuye la capacidad del Estado para arbitrar los conflictos sociales; las decisiones se han trasladado a las casas matrices del exterior. La burguesía nacional se bate en retirada.
 
Presión comercial y política del imperialismo
 
En este cuadro, la lucha comercial de las distintas potencias imperialistas para monopolizar el país es un factor adicional de crisis.
 
Desde 1990 en adelante, Estados Unidos formó el NAFTA con Canadá y México, y emprendió una gran ofensiva comercial y financiera en toda América Latina con las privatizaciones. América Latina se ha convertido en el continente donde más han crecido las exportaciones norteamericanas en el último período. Ahora pretende profundizar esta penetración mediante la conformación de un bloque comercial americano (ALCA), que relegue a un segundo plano a las potencias europeas y al Japón.
 
El imperialismo norteamericano redobló justamente su apuesta por el ALCA a partir de la gran presencia de los capitales europeos en las privatizaciones de América Latina, las cuales provocaron también en Europa una explosión de exportaciones hacia Latinoamérica. El imperialismo norteamericano vio, y además con bastante desagrado, la firma de un preacuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
 
En una reciente reunión de ministros de comercio de toda América (con excepción de Cuba, que fue excluida), los concurrentes, sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo por una sencilla razón. Estados Unidos propuso que hasta el año 2000 todos los países bajaran aún más los aranceles de importación, y que se incluyan en la baja los servicios y los derechos de patentes. Con esto, EE.UU. se quiere asegurar un nuevo boom de exportaciones hacia América Latina. Brasil, liderando una posición común a todo el Mercosur, retrucó que Estados Unidos baje los llamados para-aranceles, que son restricciones no arancelarias como las cuotas, o topes de importación. El argumento brasileño es que EE.UU. tiene aranceles bajos pero muchas cuotas.
 
Tanto los brasileños como los norteamericanos coinciden en un punto. El objetivo que Estados Unidos persigue con el ALCA es, prioritariamente, el mercado brasileño. "Para los EE.UU., dice el conocido Henry Kissinger, el éxito económico del ALCA significa, básicamente, el acceso al mercado brasileño y, no olvidemos, a las franjas de los mercados latinoamericanos hoy ocupados por Brasil". Esto significa que un ALCA a la hechura de EE.UU. debería llevar a un desmantelamiento de las posiciones de mercado de la burguesía brasileña en una serie de ramas.
Argentina está criticando a Brasil dentro del Mercosur, y hay quienes ya se interrogan "si la comunidad de intereses en el Mercosur justifica una política de bloque frente a los Estados Unidos".
 
En las condiciones actuales del comercio mundial, sin embargo, una zona de libre comercio de las Américas ofrecería a los capitales europeos instalados en el sur, un acceso privilegiado al mercado norteamericano, aunque este privilegio sólo beneficie a un sector reducido del conjunto de la burguesía europea y japonesa. Esto explica la negativa del Congreso norteamericano a votar la "vía rápida", que es un procedimiento de negociación que autoriza al presidente a arreglar todos los aspectos de un tratado de comercio y restringe al parlamento a rechazarlo o aprobarlo en bloque. "Por primera vez en más de dos décadas, la rama ejecutiva carece de autoridad para buscar ya la expansión del NAFTA o las negociaciones comerciales con otros grupos regionales emergentes", reconoce Kissinger.
 
Las burguesías latinoamericanas sufrirán toda la demoledora presión del imperialismo yanqui. En este punto, la burguesía argentina podría ser seducida fuertemente para romper el Mercosur. Los yanquis también se valdrán de la crisis financiera de Brasil para obligarlo a aceptar sus condiciones.
 
Se pone de manifiesto, otra vez, la inviabilidad de las tentativas de unión latinoamericana, lideradas por las burguesías nacionales.
 
Asamblea Popular Nacional
 
Los dos polos fundamentales de cualquier crisis política que merezca plenamente ese nombre, ya se encuentran presentes: la veloz descomposición del régimen menemista, de un lado; la lucha popular, con levantamientos parciales incluidos, del otro. Cualquier política revolucionaria, en una situación de estas características, es ofrecer una perspectiva de conjunto, o sea de poder, para las masas que viven la crisis del poder oficial. Para eso, el Partido Obrero, junto con un conjunto de organizaciones obreras, ha llamado a convocar a una Asamblea nacional de las organizaciones populares en lucha, sean partidistas o no.
 
Una asamblea nacional tendrá como tarea generalizar las experiencias y reivindicaciones populares, reunirlas en un planteo de conjunto. Pero no tiene que inventar nada; debe fecundar lo que la experiencia y la lucha ya van convirtiendo en conciencia política común de los trabajadores.
 
El destinatario natural de esta convocatoria son las organizaciones obreras en lucha y los partidos de la izquierda. Pero esa izquierda, por sus limitaciones políticas, no está en condiciones de protagonizar un papel político eficaz en la próxima etapa. Esto es lo que se puso de manifiesto en el acto del 1º de Mayo.
 
La mayoría de los partidos convocantes con la excepción del PO se negó a que el lugar protagónico del acto lo jugaran las organizaciones de fábrica o sindicales que promovieron las principales luchas de los últimos meses. Lo más grave, sin embargo, fue que se dejó pasar una oportunidad sin precedentes para establecer el principio de la acción común de las organizaciones obreras combativas, sean de partido o no sean de partido. Tal unidad habría servido para desarrollar la conciencia de clase de las organizaciones no partidistas y para romper el aislamiento pequeño burgués de la izquierda democratizante. Esa acción común es una respuesta a la bancarrota del MTA y de la CTA, en su pretendida oposición a la burocracia cegetista, porque apunta a construir un movimiento obrero políticamente independiente de la burguesía y de toda suerte de aparatos antiobreros.
 
La salida a esta situación de impasse la ofrece la propia situación. Muchos trabajadores y jóvenes fueron a la Plaza a buscar a la izquierda, ignorando que la izquierda no se encuentra a la búsqueda de los trabajadores y de sus organizaciones. Es necesario encontrar los medios para desarrollar esta tendencia popular. Por eso llamamos a una Asamblea Nacional de todas las organizaciones obreras, partidistas y no partidistas, para discutir un programa que enfrente el conjunto de la situación actual. Por un lado, la necesidad de extender la organización de los desocupados, de preparar un congreso nacional de organizaciones de desocupados, de multiplicar los cortes de ruta, de romper el aislamiento en que se encuentran las luchas fabriles, lo que afecta al conjunto del movimiento obrero. De otro lado, la respuesta a dar al pacto inminente entre la CGT y la UIA, que consagra la flexibilidad laboral con el acuerdo de los propios sindicatos y la complicidad de la CTA y del MTA. Por último, la cuestión electoral, para que la clase obrera combativa se defina políticamente de cara a la masa de los trabajadores y a todas las clases sociales oprimidas, frente a los planteos de la oposición, incluido el duhaldismo.
 
La mejor vía para llevar adelante esta Asamblea Nacional es que sea convocada por representantes de todas las organizaciones y tendencias que sí quieren dar una respuesta política a los problemas populares y que sí quieren dar una salida genuina al movimiento de las masas.
 
Es indudable que la burguesía ha empezado a correr contra el tiempo, porque el ritmo al que crecen las luchas populares le puede abortar una salida al menemismo, dominada por los intereses económicos que lucraron bajo el gobierno actual. A través de la campaña electoral y de las propias elecciones, los partidos patronales buscan seleccionar el programa y el personal encargado de suceder al menemismo o de reemplazarlo, si éste se va al pozo antes de los plazos constitucionales.
 
Se esboza un escenario similar al proceso político general que caracterizó al último año de Alfonsín. La burguesía necesita poner en pie un personal político de confianza que conquiste a la mayoría popular.
 
La movilización de las masas no ha alcanzado, ni habría podido hacerlo en tan breve período de tiempo, la madurez necesaria como para rechazar de plano cualquier tentativa de planteamiento popular que emane de los partidos del régimen o de una variante recauchutada de ellos. Esa tentativa debe ser desenmascarada si se la quiere hacer fracasar. En esto reside la importancia de una clara política electoral desde la clase obrera, o sea desde el campo de sus intereses históricos. La cuestión de la participación electoral es prioritaria, porque es el terreno del que pretende valerse la burguesía para enfrentar al movimiento obrero que combate contra una mayoría electoral de la opinión pública. Esa participación es prioritaria, porque es un terreno fundamental para desenmascarar la política y las falsedades de los partidos patronales, y para desarrollar una conciencia de clase frente a la política oficial en su conjunto. Es fundamental, para luchar por imprimirle un sello estratégico, e incluso ideológico, al actual momento nacional, que se caracteriza por el derrumbe de la experiencia y del régimen menemistas y el ingreso a una etapa de transición.
 
Una asamblea nacional deberá servir para revolucionar la calidad de la política de la vanguardia de los trabajadores, en todos los terrenos de la lucha contra los explotadores.
 
 
Notas:
1. Ambito Financiero, 19/5
2. La Nación, 29/5
 

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