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La bancarrota a los fondos de pensión

Por Julio Magri
La Seguridad Social estatal o pública está en crisis en todo el mundo. En los países capitalistas más avanzados, en especial, esos sistemas son fuertemente deficitarios y están terriblemente endeudados. La deuda implícita o devengada de los sistemas de previsión públicos de los ocho países capitalistas más avanzados del mundo con los jubilados y los futuros jubilados y pensionados equivale al 152% del PBI anual. De ese total, 65% del PBI corresponde a la deuda con los que se encuentran jubilados, mientras que el 87% del PBI representa la deuda acumulada con los trabajadores que siguen en actividad. La burguesía mundial ya declaró que esa deuda es impagable. Por eso ha levantado un grito de guerra contra los trabajadores y los jubilados en EE.UU., Francia, Brasil, España...
 
Para la burguesía mundial, esa crisis sería el resultado del alargamiento de la esperanza de vida, del elevado número de personas que se está jubilando ahora, como consecuencia de la natalidad de postguerra ("baby boom") y de la baja fecundidad posterior. Todos estos cambios habrían alterado la relación de equilibrio previsional entre el número de trabajadores activos y la cantidad de jubilados y pensionados. En consecuencia, el sistema devino deficitario.
 
Así, según la burguesía mundial, la demografía y las mejoras sociales habrían roto la "solidaridad intergeneracional", ya que los aportes de los trabajadores activos ya no alcanzarían para financiar el pago de los haberes de los jubilados y se estaría acumulando una "deuda no registrada" (por los haberes devengados de los trabajadores en actividad) que ha hecho estallar o hará estallar por los aires, en un futuro cercano, los presupuestos públicos.
 
En el centro de esta crisis están los EE.UU. Al asumir la presidencia, hace dos años, George Bush planteó que "los gastos del Seguro Social son insostenibles a largo plazo, lo cual es dictado en gran parte por las tendencias demográficas. Los ciclos de vida más largos equivalen a más pagos de beneficios. Como resultado, las personas están pasando una mayor porción de sus vidas en jubilación. Además, una declinación a largo plazo en la tasa de fertilidad significa que habrá menos trabajadores disponibles para mantener a cada jubilado una vez que la generación del auge de la natalidad o baby boom comience a retirarse. Como resultado de la declinante tasa de natalidad y creciente expectativa de vida, se proyecta que la relación entre los trabajadores y los beneficiarios del Seguro Social se reduzca de 5,1 en 1960 a 3,4 actualmente y a 2,1 en 2030. En consecuencia, el sistema de Seguridad Social enfrenta una obligación no financiada a largo plazo de 8,7 billones de dólares".
 
Los mismos argumentos se repiten en España, Inglaterra, Francia o Brasil. La recomendación también es similar a la que lanzó Bush: "reformas basadas en cuentas personales privadas harían posible que las personas acumulen riqueza y seguridad financiera, al mismo tiempo que reduce los problemas paralelos de desequilibrio fiscal y disparidad generacional. Se crean así oportunidades para que los jóvenes trabajadores gocen de los frutos de tasas de rentabilidad más altas en los mercados de capital privado".
 
Sin embargo, mientras Bush ponderaba los supuestos beneficios de la jubilación y de los seguros de retiro privados, los fondos de pensión privados y de las compañías de seguros de retiro y vida se desplomaban en todo el planeta.
 
"La clase media británica cree que su jubilación privada está más protegida que la de los europeos del continente, que tienen un sistema estatal de reparto. Tres años de colapso de los mercados bursátiles los despertó de golpe. Esa confianza ahora es una simple ilusión. Los fondos de pensión privados no están más protegidos que la jubilación prometida por el Estado. Esto es así, tanto para los esquemas de contribución definida como para los "planes de oro" (gold standard) de contribuciones definidas ocupacionales"(1).
 
En EE.UU. está pasando lo mismo. El Fondo de Garantía de las Jubilaciones Definidas (PBGC) pasó "de un excedente de 7.700 millones de dólares en 2001 a un déficit récord de 3.600 millones el último año"(2). Y los planes jubilatorios de los Estados pasaron de "un superávit de 112.000 millones de dólares en 2001 a un déficit de 180.000 millones a fines de 2002"(3). Los más comprometidos son el Estado de Illinois, Ohio y Texas. Este déficit de los fondos de pensión representa "cerca del 36% de los ingresos impositivos de los Estados"(4).
 
Tanto o más golpeados se encuentran los fondos de jubilación y pensión de las empresas que cuentan con los llamados planes ocupacionales de "beneficios definidos". Esto significa que, al jubilarse, el trabajador recibe una jubilación definida (como porcentaje de su sueldo) al margen de los rendimientos o quebrantos de las inversiones financieras, realizadas con sus aportes por sus patrones durante su vida laboral activa.
 
Entre 1987 y 2001, según el Financial Times había 4.000 planes de jubilación de este tipo con enormes excedentes porque los papeles financieros estaban tan inflados que superaban los compromisos jubilatorios con los trabajadores, por lo que las patronales redujeron sus propias contribuciones.
 
Pero con el desplome de bonos y acciones, los "enormes excedentes" de los fondos de pensión no sólo se esfumaron, sino también los activos de las grandes empresas. Así, la calificadora de riesgo Standard and Poors puso "bajo vigilancia con perspectiva negativa la calificación de las deudas a corto y largo plazo de 10 grupos europeos, en relación a sus obligaciones con las jubilaciones de sus asalariados"(5). Los grupos que no pueden cumplir con los planes jubilatorios de sus trabajadores son nada menos que la siderúrgica alemana Thyssen Krupp, Arcelor, Michelin, Deustche Post, GKN Holdings, Linde, Pilkington, Portugal Telecom, Rolls Royce y TPG.
 
En EE.UU., "algunos de los grandes fondos de pensiones de empresas corren peligro de no tener dinero para hacer frente a sus compromisos. El desequilibrio asciende a 640.000 millones de dólares y afecta a 346 firmas entre las que figuran GM, IBM, Ford, SBC o Boeing", lo que "contrasta con los superávits del 2000 y 2001 situados en 215.000 y 500 millones, respectivamente"(6).
 
No se trata sólo de la jubilación. sino que abarca a todos los demás componentes de la Seguridad Social, como la salud. "La siderúrgica Bethlehem Steel anunció el sábado 8 de febrero, el cese de los pagos de ayuda médica y de seguro médico a sus 95.000 jubilados y sus familias"(7); y esto, luego que "el Fondo de Garantía de las Jubilaciones Definidas (PBGC) tomó a su cargo el pago de jubilaciones por 4.000 millones de dólares, que el grupo no era capaz de cumplir". La consecuencia es que ahora "los antiguos empleados del grupo siderúrgico tendrán un aumento explosivo de su cuota médica de 6 a 200 ó 300 dólares por mes. Para los mayores de 65 años, el programa estatal de ayuda médica (Medicare) tomará a su cargo algunos gastos, en especial los hospitalarios, pero no el descuento de los medicamentos, por ejemplo"(8).
 
En otros casos, el cierre o la quiebra de las empresas dejó a sus trabajadores sin los beneficios jubilatorios. El caso más patético fue lo que pasó con el fondo de pensión de Enron. Como los aportes de los trabajadores se capitalizaban en acciones de la compañía, al saltar el fraude, el precio de las acciones se fue a pique y con eso se esfumaron los ahorros acumulados de los trabajadores, administrados por la empresa. Así, los trabajadores se quedaron sin el sueldo y sin la jubilación.
 
Como cada año se ensancha la brecha entre lo que se le debe pagar a los jubilados y pensionados, y el valor de las inversiones de los fondos de pensión, la consultora Morgan Stanley estimó ese bache, para Inglaterra, en 85.000 millones de libras esterlinas. En algunos casos, ese déficit es tan grande como el valor de las propias empresas. "Por ejemplo, Rolls-Royce tiene un déficit previsional de 1.120 millones de libras esterlinas y el valor bursátil de la compañía es de 1.240 millones"
 
En otros casos, los trabajadores perdieron toda la jubilación privada. "Maurice Jones trabajó en una fábrica textil durante 42 años. Por el plan de jubilación de su empresa, Maurice esperaba recibir una jubilación anual de 32.000 libras esterlinas. Pero la empresa quebró justo 2 años antes de su retiro jubilatorio. Fue despedido sin recibir nada por todos los años de aportes"(9).
 
De este modo, el desfinanciamiento de la Seguridad Social abarca tanto a la previsión estatal como a la privada. Así como la deuda implícita con los jubilados y futuros jubilados arrasa los presupuestos públicos, en la jubilación privada arrasa con el patrimonio de las aseguradoras y empresas capitalistas.
 
Los sistemas privados obligatorios implantados en América Latina no escapan a este fenómeno por la sencilla razón de que esos fondos están invertidos en bonos de la deuda pública. El 56,3% de los 86.341 millones de dólares que administraban las administradoras privadas en América Latina al 31 de diciembre de 2002, estaba colocado en bonos de deuda pública, pero con extremos como el 90,1% en Costa Rica, 84,7% en El Salvador, 83,1% en México, 76,7% en Argentina y 69,1% en Bolivia (10). En el caso chileno, aunque sólo el 30% está invertido en bonos públicos, el 63,8% de la deuda del gobierno está tomada con las AFP(11). Otra parte -el 17,7%- está colocado en plazos fijos bancarios que, a su vez, los bancos tienen invertidos una parte en títulos públicos, por lo que en forma indirecta o directa los fondos de las Afjp latinoamericanas tienen más del 60% colocados en deuda pública de Estados en default (Argentina o Uruguay) o que pueden entrar rápidamente en cesación de pagos (Bolivia). En la Argentina bastó que el Estado cayera en "default" para que se desvalorizaran los fondos acumulados, que se redujeron a la mitad. Algo parecido sucedió en Uruguay.
 
Demografía
 
Es una enorme falacia adjudicar a los cambios demográficos la responsabilidad por la crisis de la Seguridad Social estatal. Primero, porque la relación previsional entre el número de trabajadores activos y de jubilados no es una cuestión demográfica, sino que depende de la tasa de empleo, del número de desocupados, de los años y de las alícuotas de los aportes sobre los salarios, del grado de evasión patronal en los pagos a la Seguridad Social y del crecimiento o no de la acumulación capitalista. Segundo, porque si fuera una cuestión demográfica afectaría por igual a la Seguridad Social estatal como privada.
 
Los regímenes jubilatorios públicos nacieron como sistemas de capitalización colectivos limitados, ya que no comprendía a los trabajadores rurales, domésticos, cuentapropistas o desocupados. Se estructuraron sobre la base de una contribución durante la vida laboral, que quedaba en un fondo, el cual sumado a sus rendimientos daba derecho a un beneficio definido como un porcentaje del salario. En todos los casos, la tasa de aporte era tal que aseguraba que las contribuciones capitalizadas sobraban para pagar los beneficios.
 
Desde el punto de vista previsional, se trataba de regímenes de contribuciones definidas (como porcentaje del salario) y beneficios también definidos (como porcentaje del salario), con independencia de los rendimientos de los aportes. En definitiva, para el capitalista, el salario del trabajador más el aporte jubilatorio constituía el valor de la fuerza de trabajo, mientras que para el trabajador la jubilación era un salario diferido. En base a este "ahorro obligatorio" o confiscación parcial del salario, la burguesía mundial financió gran parte del capitalismo de fines del siglo XIX y el posterior a la Segunda Guerra Mundial.
 
El carácter de capitalización de los sistemas públicos lo reconoce, incluso, el ex secretario de Seguridad de Domingo Cavallo, Walter Schulthess, quien introdujo en 1994 la jubilación privada en la Argentina. "La historia de la Previsión Social, que es relativamente reciente, observa que en su nacimiento, allá con Bismarck, a fines de siglo pasado (XIX), el sistema en realidad estaba conformado a través de un sistema de capitalización y también -creo que es muy importante esto- de fondeo. Esto es que las personas hacían sus aportes. Los mismos tenían un excedente por sobre los pagos que se realizaban y por lo tanto había un fondeo. Tal vez no había cuentas particulares en todos los casos, incluso por problemas administrativos, pero sí había esta situación de fondeo" (12).
 
Al comienzo, esos sistemas eran fuertemente superavitarios, ya que sólo recaudaban aportes y pagaban pocos beneficios, pues no había beneficiarios, como sucede actualmente con los nuevos sistemas privados. Con el tiempo, la masa de jubilados fue aumentando. Pero eso no provocó problemas de financiamiento, porque el Estado no solamente seguía recaudando los aportes de los trabajadores en actividad, sino que además contaba con los fondos acumulados que, aplicados al aumento de la producción o a la inversión pública, se capitalizaban para hacer frente al incremento del número de beneficiarios.
 
En el caso de la Argentina, una fuente tan insospechada de favoritismo a favor del sistema público, como Fiel, sostiene que "la acumulación de títulos públicos, por parte de los fondos previsionales, fue característica del sistema, hasta que en 1946 se consolidaron todos esos títulos bajo la forma de un bono único denominado Obligaciones de Previsión Social (OPS). En la década de 1950, la acumulación de esos títulos públicos en las "Cajas" de previsión representaba el 47% del producto bruto interno. Ya en la misma década, más del 50% del flujo de recaudación de las Cajas era colocado en OPS. Hasta mediados de la década de 1960, la organización básica del sistema respondió -desde el punto de vista legal- a un esquema de capitalización de aportes"(13). Para tener una idea de qué significa el 47% del PBI habría que decir que hoy, incluso después de la devaluación, equivale a 67.000 millones de dólares.
 
Pero lo más importante es lo que sigue, porque Fiel agrega que "hasta mediados de la década de 1960, la organización básica respondió -desde el punto de vista legal- a un esquema de capitalización de aportes. Sin embargo, desde fines de la década pasada, el sistema presentaba un notorio desequilibrio de flujos, de forma tal que el Tesoro General de la Nación debía hacer frente a los desequilibrios con fondos de rentas generales. La crisis del sistema desembocó en su reforma en el año 1968, en que se dictaron las leyes 18.037 y 18.038, que establecieron el reemplazo del sistema de capitalización vigente por un sistema de reparto. Con ello se modificaba la conexión entre los aportes realizados durante la vida activa y los beneficios en la pasividad"(14).
 
En consecuencia, hasta 1968, no se podría decir que la crisis de la Seguridad Social se debía a una cuestión demográfica ni al sistema de reparto sencillamente porque funcionaba uno de capitalización. ¿Pero qué pasó con los fondos acumulados?
 
"La reforma se completó un par de años después, al disponerse en 1970 el rescate de las OPS, haciéndose explícita una importante pérdida en términos reales para sus tenedores (las Cajas de Previsión). En efecto, si bien los títulos públicos en poder del sistema previsional superaban el 50% del PBI de la economía, el bajo nivel de ajuste incorporado en los títulos (a tasa fija, en una economía de alta inflación) determinó una deuda total de 273 millones de dólares. A esa reducción contable de la deuda del Gobierno nacional, se le sumó el hecho de que la nueva deuda se instrumentó en la forma de pagos iguales a lo largo de 10 años sin interés ni actualización"(15).
 
Evidentemente, ni la demografía ni la mayor expectativa de vida, ni el baby boom tienen algo que ver con esta confiscación de los ahorros previsionales de varias décadas por parte de la burguesía argentina. Según José Luis Machinea y Oscar Cetrángolo, "las múltiples actividades estatales contaron con los excedentes del sistema previsional entre sus principales fuentes de financiamiento"(16).
 
Los autores se refieren así a los colosales subsidios y promociones que recibió la clase capitalista por parte del Estado, que aquí se reveló plenamente "benefactor"... de la burguesía. Pero esta confiscación era una manifestación de la crisis financiera del Estado capitalista, que intentó ser resuelta mediante la licuación o confiscación de su deuda con los futuros jubilados.
 
En Chile pasó lo mismo. "En un comienzo funcionaba como un sistema de capitalización colectiva parcial, es decir, los imponentes activos financiaban las pensiones de los pasivos, pero a la vez, se constituía reserva con parte de los recursos recaudados. Aún cuando en un comienzo, los recursos recaudados permitían capitalizar parte de éstos; con el tiempo, los excedentes fueron desapareciendo (sic), transformándose en un sistema de financiamiento sobre la marcha"(17). En Perú, además, "las tasas de cotización debían ajustarse para mantener actuarialmente equilibrado el sistema. Sin embargo, estos parámetros no siempre fueron ajustados para cumplir su objetivo"(18).
 
A la confiscación de los fondos acumulados, en el caso argentino, se agregó que "en el período comprendido entre octubre de 1980 y setiembre de 1984, se eliminó el aporte patronal del 15%"(19). Luego, aunque fue restituido parcialmente, hasta setiembre de 1991 se ubicó por debajo de ese 15%.
 
Otro factor fue la tolerancia del Estado con la evasión patronal. "Los distintos organismos responsables de la recaudación de los aportes y contribuciones han demostrado, a su vez, graves deficiencias en cuanto a su capacidad de combatir la evasión, la cual llegaba, en 1990, a aproximadamente un 40% de los trabajadores en relación de dependencia y un 70% de los autónomos"(20).
 
A la evasión se sumó el trabajo no registrado, el aumento de la desocupación, la caída de los salarios, todo lo cual tuvo correlato previsional. Mientras tanto, el Estado aprobó jubilaciones de privilegio -menores requisitos y beneficios más altos- para toda la maquinaria política capitalista (jueces, diputados, senadores, concejales) y cargó sobre el sistema previsional los déficits de las Cajas militares, de Policía y Seguridad Social.
 
A este vaciamiento de la Seguridad Social pública se agregó la elevación de la edad para jubilarse y el aumento de los años de aportes. Por ejemplo, en el caso argentino, en pocos años, la edad mínima para jubilarse se extendió en 10 años, muchos más que el incremento de los años de expectativa de vida. En 1970, la edad jubilatoria de los hombres pasó de 55 a 60 años y en 1994 de 60 a 65 años, y la de las mujeres de 50 a 55 y luego a 60 años. Por otra parte, se aumentó en 10 años -de 20 a 30 años- los años de aportes mínimos para obtener el beneficio.
 
Todo esto demuestra que la crisis de la Seguridad Social pública no es un fenómeno demográfico ni una consecuencia del mejoramiento social bajo el capitalismo, sino una tendencia propia de la explotación y crisis capitalista, y de la confiscación previsional de los trabajadores por parte de la burguesía.
 
Privatización
 
A comienzos de los años 90, el Banco Mundial lanzó la propuesta de eliminar la jubilación como un beneficio definido con relación al salario, transformándolo en indefinido, asociado a las vicisitudes de la explotación y acumulación capitalistas.
 
En 1994, "el Banco Mundial atribuyó públicamente a los esquemas oficiales de beneficios definidos en sistemas de reparto las altas y crecientes tasas sobre los salarios, el mal empleo de los recursos públicos, las oportunidades perdidas de aumento del ahorro de largo plazo, la inexistencia de redistribución a los grupos de bajos ingresos, el crecimiento de una gran deuda pública previsional oculta e implícita e inviabilidad fiscal"(21).
 
Las repetidas crisis financieras, el aumento de la desocupación y el bajo crecimiento de la economía mundial hacía tiempo que habían liquidado el llamado estado de bienestar que, a fines de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo impulsó para hacer frente a la marea revolucionaria en Europa. A la vez, la caída de la tasa de ganancia y las recurrentes crisis llevaban a los Estados capitalistas y a las grandes corporaciones a aumentar la explotación obrera mediante la reducción del valor de la fuerza de trabajo.
 
Los manuales en Seguridad Social explican "cuando surgen problemas imprevistos, los jubilados con beneficios definidos en general no son obligados a absorber todo el impacto de los ajustes. En los planes de beneficios definidos, las alteraciones imprevistas en las condiciones económicas y demográficas llevan al inicio, más a un desequilibrio entre ingresos y gastos que a una alteración de los beneficios prometidos. Más temprano o más tarde, el desequilibrio es eliminado mediante alguna combinación de ajustes en las tasas de beneficios o de aportes. El impacto de la corrección del desequilibrio se distribuye entre los jubilados actuales, futuros jubilados y otros contribuyentes, cada uno de los cuales absorbe una fracción del impacto total. Al contrario, en los sistemas de capitalización y contribuciones definidas, todas las alteraciones económicas imprevistas se reflejan plenamente en alteraciones de los valores destinados a las jubilaciones y en el valor de las futuras jubilaciones de cada participante"(22).
 
Como se puede apreciar, al dejar incierto el monto jubilatorio, la característica central de los sistemas privados de capitalización consiste en que el trabajador absorbe sobre su futura jubilación, de manera más brusca, todo el impacto de las crisis financieras, de la desocupación y hasta de la evasión patronal que con la jubilación definida. En esos regímenes "indefinidos" el trabajador no sabe a cuánto ascenderá su jubilación al momento de jubilarse porque dependerá de sus aportes, de los años de aportes, de la comisión que le sustrajo la Administradora privada, de los rendimientos o quebrantos del fondo, de la expectativa de vida al momento de su jubilación, y hasta de las edades y composición del grupo familiar. Así, la jubilación deja de ser un salario diferido para transformarse en una confiscación obligatoria del trabajador con resultado incierto. La llamada previsión social capitalista se transforma así en un régimen de imprevisión permanente.
 
En resumen, el Banco Mundial planteó que ni los grandes pulpos capitalistas ni los Estados capitalistas podían garantizar el pago de beneficios jubilatorios definidos, por lo que propuso eliminar esos planes a cargo de los Estados y las patronales, y privatizar los sistemas previsionales públicos, siguiendo el modelo chileno. Para maquillar esta privatización y ocultar que su objetivo era reducir las jubilaciones y pensiones, el Banco Mundial bautizó su propuesta de "sistema de pilares múltiples"(23).
 
Esa propuesta consiste en que el aporte obligatorio del trabajador deja de ingresar al Estado y pasa a una Administradora privada que, por la administración de esos fondos cobra una suculenta comisión del orden del 25 al 35% del aporte. El Estado se responsabiliza de pagar un mínimo en caso que la jubilación privada sea menor a ese mínimo (caso Chile) o se hace cargo del mínimo a lo que se le adiciona la jubilación privada (caso argentino con la PBU de 200 pesos, a cargo del Estado más lo que surja de la Afjp).
 
Entonces, el sistema múltiple o de tres pilares consiste en que el Estado garantiza con el Presupuesto Nacional una jubilación mínima asistencial de pobreza -del orden de los 30 a 100 dólares- y el resto, si es que hay algún resto, corresponde a la jubilación que surja de cuentas individuales manejadas por Administradoras privadas. Si el trabajador quiere aumentar su jubilación debe hacer aportes adicionales, voluntarios, reduciendo aún más su ingreso salarial. En esta variante, se reduce o desaparece la contribución patronal que se destina sólo a garantizar el mínimo estatal.
 
De este modo, el trabajador activo sigue realizando un aporte definido (como porcentaje del sueldo), pero su jubilación pasa a ser indefinida porque dependerá de lo que pase con su jubilación privada. Lo único que estaría garantizado sería el piso jubilatorio a cargo del Estado de 30 ó 100 dólares mensuales.
 
Todo esto, lógicamente, fue presentado por el Banco Mundial como una reforma que debería inducir a un aumento de la cobertura jubilatoria, un mayor blanqueo de la economía y del empleo, un impulso del mercado de capitales y un aumento del ahorro interno, lo cual, a su vez, redundaría en una nueva fase de crecimiento del capitalismo mundial, lo que a su turno mejoraría las futuras jubilaciones. Además, proseguía el Banco Mundial, al vincular las jubilaciones a los fondos privados y tornando el beneficio indefinido sujeto a los rendimientos del fondo desaparecería la posibilidad de cualquier desfinanciamiento por el aumento de la expectativa de vida de la población u otras causas demográficas.
 
Esto, que el Banco Mundial presentó como una panacea, dejaba sin resolver el financiamiento de los ya jubilados, puesto que el Estado dejaba de recaudar los aportes de los trabajadores que pasaban a la Administradora y se reducían o desaparecían las contribuciones patronales. La propuesta del Banco Mundial, que el FMI hizo suya, era combinar la privatización con "un importante ajuste fiscal para que las autoridades compensen la disminución de las contribuciones a la Seguridad Social. Dicho ajuste podría lograrse conjugando de alguna forma un aumento de los impuestos, una reducción del gasto o un recorte de las prestaciones"(24). En otras palabras, la base para la privatización es congelar los haberes de los ya jubilados, aumentar la edad de jubilación para postergar el pago de los nuevos beneficios o aumentar los impuestos sobre la población trabajadora de manera de financiar la privatización. En otras palabras, la privatización debería ser la oportunidad para desconocer la deuda con los futuros jubilados que aportaron hasta ese momento y dejar en la incertidumbre previsional a los que comiencen a trabajar a partir de la privatización. Este es el grito de guerra capitalista que recorre Europa, EE.UU. y Brasil desde hace 10 años, y que enfrenta la resistencia de los trabajadores, como lo muestran las huelgas masivas en Francia, Italia o Alemania.
 
Este dictado del Banco Mundial/FMI fue lo que se hizo en la Argentina, primero, con la reforma que elevó en 5 años la edad jubilatoria y, luego, en 1995, con la llamada ley de "solidaridad previsional", que eliminó la movilidad de los haberes estatales. Algo similar pasa en Brasil, donde la reforma previsional de Lula se basa en la reducción de las jubilaciones de los empleados públicos y en un recorte de las jubilaciones ya otorgadas. O en Francia con el aumento de los años de aportes.
 
Acumulación capitalista
 
La burguesía mundial presenta a la privatización previsional como un paso decisivo para insuflarle nuevos aires al capitalismo. Pero se trata de una ilusión. Con la privatización, en un comienzo, los precios de los bonos y acciones privados o públicos suben por la demanda de los fondos privados, al margen de su solvencia, creando así un mercado de capitales ficticio. "Este comportamiento conduce a que los primeros jubilados (privados) obtengan haberes relativamente altos, porque como sus ahorros se capitalizan por la variación de los precios, se beneficiarán con el alza". Pero superada esa fase inicial, el fondo "tendrá que liquidar papeles para hacer frente a los compromisos asumidos... Esto implica que los siguientes jubilados se perjudicarán con la caída... Es evidente, entonces, que el Fondo deberá comenzar a liquidar parte del patrimonio. Esta situación se reflejará en el mercado en el hecho de que el Fondo pasará de una posición compradora (demandante) a otra vendedora (oferente de papeles)"(25).
 
A esto hay que agregar que cualquier aumento de la desocupación o del trabajo no registrado hará disminuir los flujos de aportes a los fondos privados, mientras las Administradoras deberán seguir pagando los beneficios, viéndose obligadas a vender los papeles acumulados. En Chile, por esta razón, desde 1998 los fondos de la AFP están estancados en torno de los 35.000 millones de dólares, a pesar de que reciben todos los meses aportes de los trabajadores activos, porque ya cuentan con un número relativamente alto de beneficiarios. En los próximos años, los fondos acumulados, seguramente, irán disminuyendo a medida que nuevos trabajadores se jubilen provocando una caída en el rendimiento de los fondos.
 
Este circuito, que muestra los límites y contradicciones de los fondos de pensión privados, no toma en cuenta el déficit fiscal que origina el traspaso de los aportes del Estado a las Administradoras privadas. Por ejemplo, la Argentina entró en colapso mucho antes, porque la privatización de las jubilaciones tuvo un peso decisivo en la bancarrota económica que explotó entre el 2000 y 2002.
 
Ante todo, porque es falso que la privatización implica un aumento del "ahorro nacional", porque el volumen de los fondos no varía sino que sólo cambia de mano, del Estado a las Administradoras privadas. El mayor "ahorro privado" es igual al mayor "desahorro público", con lo que se crea un mercado de capitales de deuda pública que acelera la bancarrota estatal. Ese traspaso de fondos, sin bien disminuye la deuda pública de largo plazo, no registrada con los futuros jubilados, implica un déficit fiscal de caja que lleva al incremento de la deuda pública y a mayores tasas de interés, potenciando el endeudamiento.
 
Fiel reconoce que "la mayor astringencia fiscal que se requiere durante el período de transición, puede generar un impacto al alza sobre las tasas de interés. El aumento transitorio en las tasas de interés afecta positivamente, por un lado, la percepción pública de los resultados de la reforma: los rendimientos altos, al comienzo, colaboran en apoyo de la popularidad del nuevo esquema. Sin embargo, las mayores tasas (en tanto no sean compensadas por una reducción pari passu -equivalente- del riesgo país, y por actitudes compensadoras en la demanda de ahorro privado) desplazan proyectos de inversión y pueden afectar negativamente el crecimiento en el corto plazo"(26). Hay que aclarar que lo que Fiel denomina período transitorio puede llevar 20 ó 25 años, que es el lapso en que el Estado sigue haciendo frente al pago de los beneficios de los ya jubilados al momento de la privatización.
 
En consecuencia, al costo de la deuda ya acumulada con los ya jubilados, se debe agregar el mayor costo que surge del aumento de la tasa de interés y del encarecimiento de la inversión.
 
En el caso argentino, "los números indican que por la reducción de las contribuciones patronales y la derivación de los aportes personales a las Afjp, entre 1995 y 2001, la Anses dejó de recaudar 75.353 millones de pesos (a valores capitalizados). Esta cifra supera en más de 30.000 millones el déficit que había previsto el equipo de Domingo Cavallo -"costo de transición"- cuando se diseñó la reforma previsional en 1993. La diferencia se debe a que esas proyecciones se hicieron con un aporte patronal del 16% y se consideraba que el número de aportantes iría en aumento por el crecimiento de la economía. La realidad fue distinta: se redujo el aporte patronal, creció el desempleo y casi todo el aumento del empleo fue "en negro". Por eso, el desequilibrio es creciente. Además, la Anses estima que "los montos no ingresados por evasión rondan más de 7.000 millones de pesos anuales"(27).
 
Debido a la creación de las Afjp, "el 65,2% del aumento que registró la deuda pública entre 1995 y 2001 -57.362 millones de dólares- se explica por la decisión del Gobierno de permitir que los aportes previsionales pasaran al sistema de jubilación privada. Hasta mitad de 1994 los recaudaba el Estado"(28).
 
De los ocho países latinoamericanos donde se pusieron en práctica esas privatizaciones, en seis de ellos, más del 70% de los fondos invertidos por las Administradoras privadas están colocados en bonos de sus gobiernos y casi todo el resto en bancos que los recolocan en títulos públicos. Tanto en Uruguay como en Argentina, esos títulos están en default. En Chile, el 63% de la deuda pública está contraída con las AFP. La jubilación privada depende así de la "insolvencia" de los Estados aplastados por la deuda pública creciente generada, entre otras razones, por la privatización de la seguridad social.
 
Una serie de autores han planteado que la constitución de los fondos previsionales con los aportes de los trabajadores crea una oportunidad única para el control obrero de las empresas capitalistas. Como esos aportes son invertidos en bonos, acciones u obligaciones negociables, los fondos de pensión se convierten en accionistas de los grandes grupos capitalistas y así ingresan en sus directorios, y hasta pueden determinar la política de esos pulpos.
 
Se trata de una completa mistificación. Los fondos de pensión están en manos de los bancos y grandes aseguradoras que centralizan los aportes de los trabajadores. Los que deciden qué hacer con esos fondos y ocupan un lugar en los directorios de los pulpos en representación de los fondos de pensión, son sus accionistas, que no son otros que los propios banqueros. Los fondos de pensión no son una cuña obrera en el sistema capitalista, sino una confiscación del salario obrero en beneficio de los bancos, que refuerzan su dominio sobre todo el proceso capitalista.
 
Los dueños de los fondos de pensión son el Citibank, el Deustche Bank, el HSBC, el Grupo Santander, el Bilbao Vizcaya. En la Argentina, el 80% de las Afjp está en manos de los banqueros.
 
Conclusión
 
La privatización de la seguridad social forma parte de la tendencia del capitalismo hacia una mayor degradación social, al alargamiento de la jornada y los años de trabajo, a la reducción salarial y jubilatoria, y a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y los jubilados. La propuesta del Banco Mundial no es "envejecer sin crisis" sino trasladar con más fuerza la crisis sobre la vejez. Por eso en todo el mundo la clase trabajadora se moviliza de manera tan masiva y contundente contra las reformas previsionales.
 
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La Reforma privatizadora de Kirchner
 
En 1994, cuando Menem y Cavallo lanzaron la "reforma previsional" que creó las Afjp, plantearon desconocer los aportes hechos al Estado por los trabajadores, que en ese momento tenían menos de 45 años. La razón era simple: como la privatización agrandaba el déficit estatal -por los aportes que se derivaban a las Afjp- las cuentas fiscales sólo podrían cerrar si se desconocía una gran parte de la deuda previsional con los futuros jubilados.
 
Aunque la reacción popular obligó a la burguesía a desistir de ese propósito, la clase capitalista siempre buscó retomar ese objetivo. En la "Bolsa o la Vida" (noviembre de 1992) alertamos que "aunque no desconoce los aportes realizados por los trabajadores en actividad menores de 45 años, como sí lo hacía el precedente, el nuevo proyecto no prevé un financiamiento adecuado para cumplir con las jubilaciones prometidas"(29). Y agregamos: "¿Cómo harán las Cajas oficiales, que no están abonando el 82% a los actuales jubilados, para pagar en el futuro un porcentaje similar a los nuevos contingentes de trabajadores que se jubilen, si al mismo tiempo se le restan a las Cajas esos 8.000 millones de dólares? (por los aportes derivados a las Afjp). El ministro Cavallo no se ha tomado ni siquiera el trabajo de explicarlo, sencillamente, porque no piensa cumplir lo que establece su propio proyecto de ley. Lo único que pretende es que se apruebe la reforma previsional para inyectar el dinero compulsivamente sustraído a los trabajadores en la Bolsa"(30).
 
Este objetivo, que Cavallo no pudo cumplir acabadamente, pretende llevarlo adelante Néstor Kirchner con la propuesta de reforma previsional que elaboró su secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand.
 
En esta propuesta, "desaparecen tanto la Prestación Básica Universal (hoy de 200 pesos) como la Prestación Compensatoria por los aportes hechos antes de la reforma de 1994, a las que tienen derecho hoy, tanto los trabajadores afiliados al Estado como a las Afjp... En su lugar, el Estado se hará cargo de una jubilación asistencial para los mayores de 70 años sin ingresos o con menos de seis años de aportes, de un haber mínimo para los que no alcancen esa suma porque tuvieron pocos aportes o salarios muy bajos y de un haber garantizado proporcional a los años de aportes durante toda la vida laboral (y no sobre los últimos 10 años como se calcula ahora). A esto habrá que agregar la jubilación que obtenga el trabajador por sus aportes a las Afjp, cuyo valor dependerá del valor acumulado en su cuenta individual". Pero la jubilación privada será más baja aún porque "es muy probable que disminuya la parte del aporte del trabajador que ingresa en su cuenta personal"(31).
 
Está definido así, de una manera muy simple, el contenido reaccionario y privatizador de la reforma kirchneriana, de clara inspiración fondomonetarista y del Banco Mundial, que marca una clara continuidad con los planes de Menem, Cavallo y De la Rúa. Porque desde que en 1994 se reformó el sistema previsional, el objetivo de la burguesía fue reducir las jubilaciones y desconocer los aportes hechos por los trabajadores hasta ese momento, de manera tal que los jubilados y la clase obrera financiaran la reducción de los aportes patronales y el desvío de los aportes a las Afjp que, entre 1995 y 2001, sumaron 75.000 millones de pesos.
 
En 1995 Cavallo logró hacer pasar la ley de "solidaridad previsional" que eliminó el ajuste de las jubilaciones y pensiones, la movilidad de la Prestación Básica Universal (PBU) y le puso un tope a las jubilaciones del Estado. Luego tanto Roque Fernández como Machinea intentaron sin éxito hacer pasar una reforma previsional que aumentaba la edad jubilatoria de las mujeres y reducía la Prestación Básica para las jubilaciones menores de 800 pesos, y la eliminaba por completo para las superiores a esa cifra.
 
La reforma que empezó a delinear la ex ministro de Trabajo, Graciela Camaño, pareció que transitaría por otros carriles porque criticó en varias oportunidades a las Afjp. Luego, también Lavagna admitió el fracaso de la reforma previsional de 1994. Pero con esas críticas lo que ambos buscaban era un crédito o un cheque un blanco para hacer una "reforma integral" que ayudara a resolver el desfinanciamiento provocado por la jubilación privada, reduciendo las jubilaciones y no confiscando a las Afjp. El eje de esa "reforma integral" es justamente la eliminación de la PBU y de la Prestación Compensatoria, que reconoce los aportes hechos al Estado.
 
Pero el propósito reaccionario no se limita a esto. "Las contribuciones patronales seguirían ingresando en las arcas del Estado pero sobre la totalidad del sueldo, sin topes. Y todos los trabajadores activos aportarían a las Afjp, también, sobre la totalidad del sueldo (y no hasta 4.800 pesos como es ahora). Así quedaría eliminada la opción entre el sistema público y el régimen privado"(32). En otras palabras, los que hablan de fortalecer el papel del Estado, completarían la privatización jubilatoria con el pase de todos los trabajadores a las Afjp.
 
El negocio para las Afjp es redondo. "Las Afjp cobrarán sus comisiones sobre una mayor cantidad de afiliados -por el traspaso de los trabajadores activos que hoy están afiliados al Estado- y sobre el total del fondo administrado y, eventualmente, sobre la rentabilidad. Pero no sobre los aportes mensuales que rige ahora. De esta manera, también pagarán comisión los afiliados que no aporten regularmente (por estar desocupados o no registrados), ya que el importe se descontará de sus cuentas"(33).
 
El PO denuncia esta reforma reprivatizadora y plantea la confiscación de las Afjp, la creación de un sistema previsional estatal único, bajo control de los trabajadores y jubilados en base al 82% móvil, y financiado exclusivamente con aportes patronales.
La Seguridad Social estatal o pública está en crisis en todo el mundo. En los países capitalistas más avanzados, en especial, esos sistemas son fuertemente deficitarios y están terriblemente endeudados. La deuda implícita o devengada de los sistemas de previsión públicos de los ocho países capitalistas más avanzados del mundo con los jubilados y los futuros jubilados y pensionados equivale al 152% del PBI anual. De ese total, 65% del PBI corresponde a la deuda con los que se encuentran jubilados, mientras que el 87% del PBI representa la deuda acumulada con los trabajadores que siguen en actividad. La burguesía mundial ya declaró que esa deuda es impagable. Por eso ha levantado un grito de guerra contra los trabajadores y los jubilados en EE.UU., Francia, Brasil, España...
 
Para la burguesía mundial, esa crisis sería el resultado del alargamiento de la esperanza de vida, del elevado número de personas que se está jubilando ahora, como consecuencia de la natalidad de postguerra ("baby boom") y de la baja fecundidad posterior. Todos estos cambios habrían alterado la relación de equilibrio previsional entre el número de trabajadores activos y la cantidad de jubilados y pensionados. En consecuencia, el sistema devino deficitario.
 
Así, según la burguesía mundial, la demografía y las mejoras sociales habrían roto la "solidaridad intergeneracional", ya que los aportes de los trabajadores activos ya no alcanzarían para financiar el pago de los haberes de los jubilados y se estaría acumulando una "deuda no registrada" (por los haberes devengados de los trabajadores en actividad) que ha hecho estallar o hará estallar por los aires, en un futuro cercano, los presupuestos públicos.
 
En el centro de esta crisis están los EE.UU. Al asumir la presidencia, hace dos años, George Bush planteó que "los gastos del Seguro Social son insostenibles a largo plazo, lo cual es dictado en gran parte por las tendencias demográficas. Los ciclos de vida más largos equivalen a más pagos de beneficios. Como resultado, las personas están pasando una mayor porción de sus vidas en jubilación. Además, una declinación a largo plazo en la tasa de fertilidad significa que habrá menos trabajadores disponibles para mantener a cada jubilado una vez que la generación del auge de la natalidad o baby boom comience a retirarse. Como resultado de la declinante tasa de natalidad y creciente expectativa de vida, se proyecta que la relación entre los trabajadores y los beneficiarios del Seguro Social se reduzca de 5,1 en 1960 a 3,4 actualmente y a 2,1 en 2030. En consecuencia, el sistema de Seguridad Social enfrenta una obligación no financiada a largo plazo de 8,7 billones de dólares".
 
Los mismos argumentos se repiten en España, Inglaterra, Francia o Brasil. La recomendación también es similar a la que lanzó Bush: "reformas basadas en cuentas personales privadas harían posible que las personas acumulen riqueza y seguridad financiera, al mismo tiempo que reduce los problemas paralelos de desequilibrio fiscal y disparidad generacional. Se crean así oportunidades para que los jóvenes trabajadores gocen de los frutos de tasas de rentabilidad más altas en los mercados de capital privado".
 
Sin embargo, mientras Bush ponderaba los supuestos beneficios de la jubilación y de los seguros de retiro privados, los fondos de pensión privados y de las compañías de seguros de retiro y vida se desplomaban en todo el planeta.
 
"La clase media británica cree que su jubilación privada está más protegida que la de los europeos del continente, que tienen un sistema estatal de reparto. Tres años de colapso de los mercados bursátiles los despertó de golpe. Esa confianza ahora es una simple ilusión. Los fondos de pensión privados no están más protegidos que la jubilación prometida por el Estado. Esto es así, tanto para los esquemas de contribución definida como para los "planes de oro" (gold standard) de contribuciones definidas ocupacionales"(1).
 
En EE.UU. está pasando lo mismo. El Fondo de Garantía de las Jubilaciones Definidas (PBGC) pasó "de un excedente de 7.700 millones de dólares en 2001 a un déficit récord de 3.600 millones el último año"(2). Y los planes jubilatorios de los Estados pasaron de "un superávit de 112.000 millones de dólares en 2001 a un déficit de 180.000 millones a fines de 2002"(3). Los más comprometidos son el Estado de Illinois, Ohio y Texas. Este déficit de los fondos de pensión representa "cerca del 36% de los ingresos impositivos de los Estados"(4).
 
Tanto o más golpeados se encuentran los fondos de jubilación y pensión de las empresas que cuentan con los llamados planes ocupacionales de "beneficios definidos". Esto significa que, al jubilarse, el trabajador recibe una jubilación definida (como porcentaje de su sueldo) al margen de los rendimientos o quebrantos de las inversiones financieras, realizadas con sus aportes por sus patrones durante su vida laboral activa.
 
Entre 1987 y 2001, según el Financial Times había 4.000 planes de jubilación de este tipo con enormes excedentes porque los papeles financieros estaban tan inflados que superaban los compromisos jubilatorios con los trabajadores, por lo que las patronales redujeron sus propias contribuciones.
 
Pero con el desplome de bonos y acciones, los "enormes excedentes" de los fondos de pensión no sólo se esfumaron, sino también los activos de las grandes empresas. Así, la calificadora de riesgo Standard and Poors puso "bajo vigilancia con perspectiva negativa la calificación de las deudas a corto y largo plazo de 10 grupos europeos, en relación a sus obligaciones con las jubilaciones de sus asalariados"(5). Los grupos que no pueden cumplir con los planes jubilatorios de sus trabajadores son nada menos que la siderúrgica alemana Thyssen Krupp, Arcelor, Michelin, Deustche Post, GKN Holdings, Linde, Pilkington, Portugal Telecom, Rolls Royce y TPG.
 
En EE.UU., "algunos de los grandes fondos de pensiones de empresas corren peligro de no tener dinero para hacer frente a sus compromisos. El desequilibrio asciende a 640.000 millones de dólares y afecta a 346 firmas entre las que figuran GM, IBM, Ford, SBC o Boeing", lo que "contrasta con los superávits del 2000 y 2001 situados en 215.000 y 500 millones, respectivamente"(6).
 
No se trata sólo de la jubilación. sino que abarca a todos los demás componentes de la Seguridad Social, como la salud. "La siderúrgica Bethlehem Steel anunció el sábado 8 de febrero, el cese de los pagos de ayuda médica y de seguro médico a sus 95.000 jubilados y sus familias"(7); y esto, luego que "el Fondo de Garantía de las Jubilaciones Definidas (PBGC) tomó a su cargo el pago de jubilaciones por 4.000 millones de dólares, que el grupo no era capaz de cumplir". La consecuencia es que ahora "los antiguos empleados del grupo siderúrgico tendrán un aumento explosivo de su cuota médica de 6 a 200 ó 300 dólares por mes. Para los mayores de 65 años, el programa estatal de ayuda médica (Medicare) tomará a su cargo algunos gastos, en especial los hospitalarios, pero no el descuento de los medicamentos, por ejemplo"(8).
 
En otros casos, el cierre o la quiebra de las empresas dejó a sus trabajadores sin los beneficios jubilatorios. El caso más patético fue lo que pasó con el fondo de pensión de Enron. Como los aportes de los trabajadores se capitalizaban en acciones de la compañía, al saltar el fraude, el precio de las acciones se fue a pique y con eso se esfumaron los ahorros acumulados de los trabajadores, administrados por la empresa. Así, los trabajadores se quedaron sin el sueldo y sin la jubilación.
 
Como cada año se ensancha la brecha entre lo que se le debe pagar a los jubilados y pensionados, y el valor de las inversiones de los fondos de pensión, la consultora Morgan Stanley estimó ese bache, para Inglaterra, en 85.000 millones de libras esterlinas. En algunos casos, ese déficit es tan grande como el valor de las propias empresas. "Por ejemplo, Rolls-Royce tiene un déficit previsional de 1.120 millones de libras esterlinas y el valor bursátil de la compañía es de 1.240 millones"
 
En otros casos, los trabajadores perdieron toda la jubilación privada. "Maurice Jones trabajó en una fábrica textil durante 42 años. Por el plan de jubilación de su empresa, Maurice esperaba recibir una jubilación anual de 32.000 libras esterlinas. Pero la empresa quebró justo 2 años antes de su retiro jubilatorio. Fue despedido sin recibir nada por todos los años de aportes"(9).
 
De este modo, el desfinanciamiento de la Seguridad Social abarca tanto a la previsión estatal como a la privada. Así como la deuda implícita con los jubilados y futuros jubilados arrasa los presupuestos públicos, en la jubilación privada arrasa con el patrimonio de las aseguradoras y empresas capitalistas.
 
Los sistemas privados obligatorios implantados en América Latina no escapan a este fenómeno por la sencilla razón de que esos fondos están invertidos en bonos de la deuda pública. El 56,3% de los 86.341 millones de dólares que administraban las administradoras privadas en América Latina al 31 de diciembre de 2002, estaba colocado en bonos de deuda pública, pero con extremos como el 90,1% en Costa Rica, 84,7% en El Salvador, 83,1% en México, 76,7% en Argentina y 69,1% en Bolivia (10). En el caso chileno, aunque sólo el 30% está invertido en bonos públicos, el 63,8% de la deuda del gobierno está tomada con las AFP(11). Otra parte -el 17,7%- está colocado en plazos fijos bancarios que, a su vez, los bancos tienen invertidos una parte en títulos públicos, por lo que en forma indirecta o directa los fondos de las Afjp latinoamericanas tienen más del 60% colocados en deuda pública de Estados en default (Argentina o Uruguay) o que pueden entrar rápidamente en cesación de pagos (Bolivia). En la Argentina bastó que el Estado cayera en "default" para que se desvalorizaran los fondos acumulados, que se redujeron a la mitad. Algo parecido sucedió en Uruguay.
 
Demografía
 
Es una enorme falacia adjudicar a los cambios demográficos la responsabilidad por la crisis de la Seguridad Social estatal. Primero, porque la relación previsional entre el número de trabajadores activos y de jubilados no es una cuestión demográfica, sino que depende de la tasa de empleo, del número de desocupados, de los años y de las alícuotas de los aportes sobre los salarios, del grado de evasión patronal en los pagos a la Seguridad Social y del crecimiento o no de la acumulación capitalista. Segundo, porque si fuera una cuestión demográfica afectaría por igual a la Seguridad Social estatal como privada.
 
Los regímenes jubilatorios públicos nacieron como sistemas de capitalización colectivos limitados, ya que no comprendía a los trabajadores rurales, domésticos, cuentapropistas o desocupados. Se estructuraron sobre la base de una contribución durante la vida laboral, que quedaba en un fondo, el cual sumado a sus rendimientos daba derecho a un beneficio definido como un porcentaje del salario. En todos los casos, la tasa de aporte era tal que aseguraba que las contribuciones capitalizadas sobraban para pagar los beneficios.
 
Desde el punto de vista previsional, se trataba de regímenes de contribuciones definidas (como porcentaje del salario) y beneficios también definidos (como porcentaje del salario), con independencia de los rendimientos de los aportes. En definitiva, para el capitalista, el salario del trabajador más el aporte jubilatorio constituía el valor de la fuerza de trabajo, mientras que para el trabajador la jubilación era un salario diferido. En base a este "ahorro obligatorio" o confiscación parcial del salario, la burguesía mundial financió gran parte del capitalismo de fines del siglo XIX y el posterior a la Segunda Guerra Mundial.
 
El carácter de capitalización de los sistemas públicos lo reconoce, incluso, el ex secretario de Seguridad de Domingo Cavallo, Walter Schulthess, quien introdujo en 1994 la jubilación privada en la Argentina. "La historia de la Previsión Social, que es relativamente reciente, observa que en su nacimiento, allá con Bismarck, a fines de siglo pasado (XIX), el sistema en realidad estaba conformado a través de un sistema de capitalización y también -creo que es muy importante esto- de fondeo. Esto es que las personas hacían sus aportes. Los mismos tenían un excedente por sobre los pagos que se realizaban y por lo tanto había un fondeo. Tal vez no había cuentas particulares en todos los casos, incluso por problemas administrativos, pero sí había esta situación de fondeo" (12).
 
Al comienzo, esos sistemas eran fuertemente superavitarios, ya que sólo recaudaban aportes y pagaban pocos beneficios, pues no había beneficiarios, como sucede actualmente con los nuevos sistemas privados. Con el tiempo, la masa de jubilados fue aumentando. Pero eso no provocó problemas de financiamiento, porque el Estado no solamente seguía recaudando los aportes de los trabajadores en actividad, sino que además contaba con los fondos acumulados que, aplicados al aumento de la producción o a la inversión pública, se capitalizaban para hacer frente al incremento del número de beneficiarios.
 
En el caso de la Argentina, una fuente tan insospechada de favoritismo a favor del sistema público, como Fiel, sostiene que "la acumulación de títulos públicos, por parte de los fondos previsionales, fue característica del sistema, hasta que en 1946 se consolidaron todos esos títulos bajo la forma de un bono único denominado Obligaciones de Previsión Social (OPS). En la década de 1950, la acumulación de esos títulos públicos en las "Cajas" de previsión representaba el 47% del producto bruto interno. Ya en la misma década, más del 50% del flujo de recaudación de las Cajas era colocado en OPS. Hasta mediados de la década de 1960, la organización básica del sistema respondió -desde el punto de vista legal- a un esquema de capitalización de aportes"(13). Para tener una idea de qué significa el 47% del PBI habría que decir que hoy, incluso después de la devaluación, equivale a 67.000 millones de dólares.
 
Pero lo más importante es lo que sigue, porque Fiel agrega que "hasta mediados de la década de 1960, la organización básica respondió -desde el punto de vista legal- a un esquema de capitalización de aportes. Sin embargo, desde fines de la década pasada, el sistema presentaba un notorio desequilibrio de flujos, de forma tal que el Tesoro General de la Nación debía hacer frente a los desequilibrios con fondos de rentas generales. La crisis del sistema desembocó en su reforma en el año 1968, en que se dictaron las leyes 18.037 y 18.038, que establecieron el reemplazo del sistema de capitalización vigente por un sistema de reparto. Con ello se modificaba la conexión entre los aportes realizados durante la vida activa y los beneficios en la pasividad"(14).
 
En consecuencia, hasta 1968, no se podría decir que la crisis de la Seguridad Social se debía a una cuestión demográfica ni al sistema de reparto sencillamente porque funcionaba uno de capitalización. ¿Pero qué pasó con los fondos acumulados?
 
"La reforma se completó un par de años después, al disponerse en 1970 el rescate de las OPS, haciéndose explícita una importante pérdida en términos reales para sus tenedores (las Cajas de Previsión). En efecto, si bien los títulos públicos en poder del sistema previsional superaban el 50% del PBI de la economía, el bajo nivel de ajuste incorporado en los títulos (a tasa fija, en una economía de alta inflación) determinó una deuda total de 273 millones de dólares. A esa reducción contable de la deuda del Gobierno nacional, se le sumó el hecho de que la nueva deuda se instrumentó en la forma de pagos iguales a lo largo de 10 años sin interés ni actualización"(15).
 
Evidentemente, ni la demografía ni la mayor expectativa de vida, ni el baby boom tienen algo que ver con esta confiscación de los ahorros previsionales de varias décadas por parte de la burguesía argentina. Según José Luis Machinea y Oscar Cetrángolo, "las múltiples actividades estatales contaron con los excedentes del sistema previsional entre sus principales fuentes de financiamiento"(16).
 
Los autores se refieren así a los colosales subsidios y promociones que recibió la clase capitalista por parte del Estado, que aquí se reveló plenamente "benefactor"... de la burguesía. Pero esta confiscación era una manifestación de la crisis financiera del Estado capitalista, que intentó ser resuelta mediante la licuación o confiscación de su deuda con los futuros jubilados.
 
En Chile pasó lo mismo. "En un comienzo funcionaba como un sistema de capitalización colectiva parcial, es decir, los imponentes activos financiaban las pensiones de los pasivos, pero a la vez, se constituía reserva con parte de los recursos recaudados. Aún cuando en un comienzo, los recursos recaudados permitían capitalizar parte de éstos; con el tiempo, los excedentes fueron desapareciendo (sic), transformándose en un sistema de financiamiento sobre la marcha"(17). En Perú, además, "las tasas de cotización debían ajustarse para mantener actuarialmente equilibrado el sistema. Sin embargo, estos parámetros no siempre fueron ajustados para cumplir su objetivo"(18).
 
A la confiscación de los fondos acumulados, en el caso argentino, se agregó que "en el período comprendido entre octubre de 1980 y setiembre de 1984, se eliminó el aporte patronal del 15%"(19). Luego, aunque fue restituido parcialmente, hasta setiembre de 1991 se ubicó por debajo de ese 15%.
 
Otro factor fue la tolerancia del Estado con la evasión patronal. "Los distintos organismos responsables de la recaudación de los aportes y contribuciones han demostrado, a su vez, graves deficiencias en cuanto a su capacidad de combatir la evasión, la cual llegaba, en 1990, a aproximadamente un 40% de los trabajadores en relación de dependencia y un 70% de los autónomos"(20).
 
A la evasión se sumó el trabajo no registrado, el aumento de la desocupación, la caída de los salarios, todo lo cual tuvo correlato previsional. Mientras tanto, el Estado aprobó jubilaciones de privilegio -menores requisitos y beneficios más altos- para toda la maquinaria política capitalista (jueces, diputados, senadores, concejales) y cargó sobre el sistema previsional los déficits de las Cajas militares, de Policía y Seguridad Social.
 
A este vaciamiento de la Seguridad Social pública se agregó la elevación de la edad para jubilarse y el aumento de los años de aportes. Por ejemplo, en el caso argentino, en pocos años, la edad mínima para jubilarse se extendió en 10 años, muchos más que el incremento de los años de expectativa de vida. En 1970, la edad jubilatoria de los hombres pasó de 55 a 60 años y en 1994 de 60 a 65 años, y la de las mujeres de 50 a 55 y luego a 60 años. Por otra parte, se aumentó en 10 años -de 20 a 30 años- los años de aportes mínimos para obtener el beneficio.
 
Todo esto demuestra que la crisis de la Seguridad Social pública no es un fenómeno demográfico ni una consecuencia del mejoramiento social bajo el capitalismo, sino una tendencia propia de la explotación y crisis capitalista, y de la confiscación previsional de los trabajadores por parte de la burguesía.
 
Privatización
 
A comienzos de los años 90, el Banco Mundial lanzó la propuesta de eliminar la jubilación como un beneficio definido con relación al salario, transformándolo en indefinido, asociado a las vicisitudes de la explotación y acumulación capitalistas.
 
En 1994, "el Banco Mundial atribuyó públicamente a los esquemas oficiales de beneficios definidos en sistemas de reparto las altas y crecientes tasas sobre los salarios, el mal empleo de los recursos públicos, las oportunidades perdidas de aumento del ahorro de largo plazo, la inexistencia de redistribución a los grupos de bajos ingresos, el crecimiento de una gran deuda pública previsional oculta e implícita e inviabilidad fiscal"(21).
 
Las repetidas crisis financieras, el aumento de la desocupación y el bajo crecimiento de la economía mundial hacía tiempo que habían liquidado el llamado estado de bienestar que, a fines de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo impulsó para hacer frente a la marea revolucionaria en Europa. A la vez, la caída de la tasa de ganancia y las recurrentes crisis llevaban a los Estados capitalistas y a las grandes corporaciones a aumentar la explotación obrera mediante la reducción del valor de la fuerza de trabajo.
 
Los manuales en Seguridad Social explican "cuando surgen problemas imprevistos, los jubilados con beneficios definidos en general no son obligados a absorber todo el impacto de los ajustes. En los planes de beneficios definidos, las alteraciones imprevistas en las condiciones económicas y demográficas llevan al inicio, más a un desequilibrio entre ingresos y gastos que a una alteración de los beneficios prometidos. Más temprano o más tarde, el desequilibrio es eliminado mediante alguna combinación de ajustes en las tasas de beneficios o de aportes. El impacto de la corrección del desequilibrio se distribuye entre los jubilados actuales, futuros jubilados y otros contribuyentes, cada uno de los cuales absorbe una fracción del impacto total. Al contrario, en los sistemas de capitalización y contribuciones definidas, todas las alteraciones económicas imprevistas se reflejan plenamente en alteraciones de los valores destinados a las jubilaciones y en el valor de las futuras jubilaciones de cada participante"(22).
 
Como se puede apreciar, al dejar incierto el monto jubilatorio, la característica central de los sistemas privados de capitalización consiste en que el trabajador absorbe sobre su futura jubilación, de manera más brusca, todo el impacto de las crisis financieras, de la desocupación y hasta de la evasión patronal que con la jubilación definida. En esos regímenes "indefinidos" el trabajador no sabe a cuánto ascenderá su jubilación al momento de jubilarse porque dependerá de sus aportes, de los años de aportes, de la comisión que le sustrajo la Administradora privada, de los rendimientos o quebrantos del fondo, de la expectativa de vida al momento de su jubilación, y hasta de las edades y composición del grupo familiar. Así, la jubilación deja de ser un salario diferido para transformarse en una confiscación obligatoria del trabajador con resultado incierto. La llamada previsión social capitalista se transforma así en un régimen de imprevisión permanente.
 
En resumen, el Banco Mundial planteó que ni los grandes pulpos capitalistas ni los Estados capitalistas podían garantizar el pago de beneficios jubilatorios definidos, por lo que propuso eliminar esos planes a cargo de los Estados y las patronales, y privatizar los sistemas previsionales públicos, siguiendo el modelo chileno. Para maquillar esta privatización y ocultar que su objetivo era reducir las jubilaciones y pensiones, el Banco Mundial bautizó su propuesta de "sistema de pilares múltiples"(23).
 
Esa propuesta consiste en que el aporte obligatorio del trabajador deja de ingresar al Estado y pasa a una Administradora privada que, por la administración de esos fondos cobra una suculenta comisión del orden del 25 al 35% del aporte. El Estado se responsabiliza de pagar un mínimo en caso que la jubilación privada sea menor a ese mínimo (caso Chile) o se hace cargo del mínimo a lo que se le adiciona la jubilación privada (caso argentino con la PBU de 200 pesos, a cargo del Estado más lo que surja de la Afjp).
 
Entonces, el sistema múltiple o de tres pilares consiste en que el Estado garantiza con el Presupuesto Nacional una jubilación mínima asistencial de pobreza -del orden de los 30 a 100 dólares- y el resto, si es que hay algún resto, corresponde a la jubilación que surja de cuentas individuales manejadas por Administradoras privadas. Si el trabajador quiere aumentar su jubilación debe hacer aportes adicionales, voluntarios, reduciendo aún más su ingreso salarial. En esta variante, se reduce o desaparece la contribución patronal que se destina sólo a garantizar el mínimo estatal.
 
De este modo, el trabajador activo sigue realizando un aporte definido (como porcentaje del sueldo), pero su jubilación pasa a ser indefinida porque dependerá de lo que pase con su jubilación privada. Lo único que estaría garantizado sería el piso jubilatorio a cargo del Estado de 30 ó 100 dólares mensuales.
 
Todo esto, lógicamente, fue presentado por el Banco Mundial como una reforma que debería inducir a un aumento de la cobertura jubilatoria, un mayor blanqueo de la economía y del empleo, un impulso del mercado de capitales y un aumento del ahorro interno, lo cual, a su vez, redundaría en una nueva fase de crecimiento del capitalismo mundial, lo que a su turno mejoraría las futuras jubilaciones. Además, proseguía el Banco Mundial, al vincular las jubilaciones a los fondos privados y tornando el beneficio indefinido sujeto a los rendimientos del fondo desaparecería la posibilidad de cualquier desfinanciamiento por el aumento de la expectativa de vida de la población u otras causas demográficas.
 
Esto, que el Banco Mundial presentó como una panacea, dejaba sin resolver el financiamiento de los ya jubilados, puesto que el Estado dejaba de recaudar los aportes de los trabajadores que pasaban a la Administradora y se reducían o desaparecían las contribuciones patronales. La propuesta del Banco Mundial, que el FMI hizo suya, era combinar la privatización con "un importante ajuste fiscal para que las autoridades compensen la disminución de las contribuciones a la Seguridad Social. Dicho ajuste podría lograrse conjugando de alguna forma un aumento de los impuestos, una reducción del gasto o un recorte de las prestaciones"(24). En otras palabras, la base para la privatización es congelar los haberes de los ya jubilados, aumentar la edad de jubilación para postergar el pago de los nuevos beneficios o aumentar los impuestos sobre la población trabajadora de manera de financiar la privatización. En otras palabras, la privatización debería ser la oportunidad para desconocer la deuda con los futuros jubilados que aportaron hasta ese momento y dejar en la incertidumbre previsional a los que comiencen a trabajar a partir de la privatización. Este es el grito de guerra capitalista que recorre Europa, EE.UU. y Brasil desde hace 10 años, y que enfrenta la resistencia de los trabajadores, como lo muestran las huelgas masivas en Francia, Italia o Alemania.
 
Este dictado del Banco Mundial/FMI fue lo que se hizo en la Argentina, primero, con la reforma que elevó en 5 años la edad jubilatoria y, luego, en 1995, con la llamada ley de "solidaridad previsional", que eliminó la movilidad de los haberes estatales. Algo similar pasa en Brasil, donde la reforma previsional de Lula se basa en la reducción de las jubilaciones de los empleados públicos y en un recorte de las jubilaciones ya otorgadas. O en Francia con el aumento de los años de aportes.
 
Acumulación capitalista
 
La burguesía mundial presenta a la privatización previsional como un paso decisivo para insuflarle nuevos aires al capitalismo. Pero se trata de una ilusión. Con la privatización, en un comienzo, los precios de los bonos y acciones privados o públicos suben por la demanda de los fondos privados, al margen de su solvencia, creando así un mercado de capitales ficticio. "Este comportamiento conduce a que los primeros jubilados (privados) obtengan haberes relativamente altos, porque como sus ahorros se capitalizan por la variación de los precios, se beneficiarán con el alza". Pero superada esa fase inicial, el fondo "tendrá que liquidar papeles para hacer frente a los compromisos asumidos... Esto implica que los siguientes jubilados se perjudicarán con la caída... Es evidente, entonces, que el Fondo deberá comenzar a liquidar parte del patrimonio. Esta situación se reflejará en el mercado en el hecho de que el Fondo pasará de una posición compradora (demandante) a otra vendedora (oferente de papeles)"(25).
 
A esto hay que agregar que cualquier aumento de la desocupación o del trabajo no registrado hará disminuir los flujos de aportes a los fondos privados, mientras las Administradoras deberán seguir pagando los beneficios, viéndose obligadas a vender los papeles acumulados. En Chile, por esta razón, desde 1998 los fondos de la AFP están estancados en torno de los 35.000 millones de dólares, a pesar de que reciben todos los meses aportes de los trabajadores activos, porque ya cuentan con un número relativamente alto de beneficiarios. En los próximos años, los fondos acumulados, seguramente, irán disminuyendo a medida que nuevos trabajadores se jubilen provocando una caída en el rendimiento de los fondos.
 
Este circuito, que muestra los límites y contradicciones de los fondos de pensión privados, no toma en cuenta el déficit fiscal que origina el traspaso de los aportes del Estado a las Administradoras privadas. Por ejemplo, la Argentina entró en colapso mucho antes, porque la privatización de las jubilaciones tuvo un peso decisivo en la bancarrota económica que explotó entre el 2000 y 2002.
 
Ante todo, porque es falso que la privatización implica un aumento del "ahorro nacional", porque el volumen de los fondos no varía sino que sólo cambia de mano, del Estado a las Administradoras privadas. El mayor "ahorro privado" es igual al mayor "desahorro público", con lo que se crea un mercado de capitales de deuda pública que acelera la bancarrota estatal. Ese traspaso de fondos, sin bien disminuye la deuda pública de largo plazo, no registrada con los futuros jubilados, implica un déficit fiscal de caja que lleva al incremento de la deuda pública y a mayores tasas de interés, potenciando el endeudamiento.
 
Fiel reconoce que "la mayor astringencia fiscal que se requiere durante el período de transición, puede generar un impacto al alza sobre las tasas de interés. El aumento transitorio en las tasas de interés afecta positivamente, por un lado, la percepción pública de los resultados de la reforma: los rendimientos altos, al comienzo, colaboran en apoyo de la popularidad del nuevo esquema. Sin embargo, las mayores tasas (en tanto no sean compensadas por una reducción pari passu -equivalente- del riesgo país, y por actitudes compensadoras en la demanda de ahorro privado) desplazan proyectos de inversión y pueden afectar negativamente el crecimiento en el corto plazo"(26). Hay que aclarar que lo que Fiel denomina período transitorio puede llevar 20 ó 25 años, que es el lapso en que el Estado sigue haciendo frente al pago de los beneficios de los ya jubilados al momento de la privatización.
 
En consecuencia, al costo de la deuda ya acumulada con los ya jubilados, se debe agregar el mayor costo que surge del aumento de la tasa de interés y del encarecimiento de la inversión.
 
En el caso argentino, "los números indican que por la reducción de las contribuciones patronales y la derivación de los aportes personales a las Afjp, entre 1995 y 2001, la Anses dejó de recaudar 75.353 millones de pesos (a valores capitalizados). Esta cifra supera en más de 30.000 millones el déficit que había previsto el equipo de Domingo Cavallo -"costo de transición"- cuando se diseñó la reforma previsional en 1993. La diferencia se debe a que esas proyecciones se hicieron con un aporte patronal del 16% y se consideraba que el número de aportantes iría en aumento por el crecimiento de la economía. La realidad fue distinta: se redujo el aporte patronal, creció el desempleo y casi todo el aumento del empleo fue "en negro". Por eso, el desequilibrio es creciente. Además, la Anses estima que "los montos no ingresados por evasión rondan más de 7.000 millones de pesos anuales"(27).
 
Debido a la creación de las Afjp, "el 65,2% del aumento que registró la deuda pública entre 1995 y 2001 -57.362 millones de dólares- se explica por la decisión del Gobierno de permitir que los aportes previsionales pasaran al sistema de jubilación privada. Hasta mitad de 1994 los recaudaba el Estado"(28).
 
De los ocho países latinoamericanos donde se pusieron en práctica esas privatizaciones, en seis de ellos, más del 70% de los fondos invertidos por las Administradoras privadas están colocados en bonos de sus gobiernos y casi todo el resto en bancos que los recolocan en títulos públicos. Tanto en Uruguay como en Argentina, esos títulos están en default. En Chile, el 63% de la deuda pública está contraída con las AFP. La jubilación privada depende así de la "insolvencia" de los Estados aplastados por la deuda pública creciente generada, entre otras razones, por la privatización de la seguridad social.
 
Una serie de autores han planteado que la constitución de los fondos previsionales con los aportes de los trabajadores crea una oportunidad única para el control obrero de las empresas capitalistas. Como esos aportes son invertidos en bonos, acciones u obligaciones negociables, los fondos de pensión se convierten en accionistas de los grandes grupos capitalistas y así ingresan en sus directorios, y hasta pueden determinar la política de esos pulpos.
 
Se trata de una completa mistificación. Los fondos de pensión están en manos de los bancos y grandes aseguradoras que centralizan los aportes de los trabajadores. Los que deciden qué hacer con esos fondos y ocupan un lugar en los directorios de los pulpos en representación de los fondos de pensión, son sus accionistas, que no son otros que los propios banqueros. Los fondos de pensión no son una cuña obrera en el sistema capitalista, sino una confiscación del salario obrero en beneficio de los bancos, que refuerzan su dominio sobre todo el proceso capitalista.
 
Los dueños de los fondos de pensión son el Citibank, el Deustche Bank, el HSBC, el Grupo Santander, el Bilbao Vizcaya. En la Argentina, el 80% de las Afjp está en manos de los banqueros.
 
Conclusión
 
La privatización de la seguridad social forma parte de la tendencia del capitalismo hacia una mayor degradación social, al alargamiento de la jornada y los años de trabajo, a la reducción salarial y jubilatoria, y a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y los jubilados. La propuesta del Banco Mundial no es "envejecer sin crisis" sino trasladar con más fuerza la crisis sobre la vejez. Por eso en todo el mundo la clase trabajadora se moviliza de manera tan masiva y contundente contra las reformas previsionales.
 

 

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