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Unidos y dominados

(Acuerdan inviolabilidad de fronteras con el gobierno del Plan Colombia)
Por Jorge Altamira
América Latina asistió, el viernes 7 de marzo pasado, a una espectacular batida en retirada, cuando no a una capitulación abierta, de parte de los gobiernos de Ecuador y Venezuela frente al gobierno colombiano de Uribe (y de hecho frente al propio Bush), quien a principios de mes había perpetrado la masacre de Sucumbios, en territorio ecuatoriano, asesinando al líder de las FARC, Raúl Reyes. La base del acuerdo político al que se arribó en Santo Domingo, en la reunión del grupo de Río, había sido sentada 48 horas antes en Washington, en la reunión de la OEA para tratar el conflicto. La resolución limita el contenido y el alcance de la masacre a un caso de violación territorial y deja de lado su finalidad política de quebrar cualquier posibilidad en favor de una salida negociada al conflicto armado en Colombia. La resolución, confeccionada por los gobiernos de Colombia y de Ecuador, ni siquiera condena lo ocurrido como un crimen de lesa humanidad contra un campamento indefenso, ni tampoco explícitamente al gobierno de Uribe. El mismo hecho, con un par de kilómetros de diferencia, no habría suscitado la menor objeción por parte de los sacrosantos custodios de la democracia de América Latina. Con posterioridad, los defensores de la resolución alegaron que ella había detenido el peligro de guerra, el que nunca había existido ni podía existir, ni era el objetivo de los masacradores. En las actuales condiciones políticas de América Latina, una guerra impulsada por Uribe y Bush habría resultado en una movilización popular sin precedentes en la historia y se habría llevado puesto al imperialismo yanqui en Latinoamérica. Pensar que Bush quiere una guerra en este lado del mundo desconoce dos cosas fundamentales: 1) que está empantanado en Irak y en Afganistán, y que enfrenta una crisis financiera devastadora; 2) que le resulta mucho más barato y efectivo operar por medio de los Lula, en primer lugar, y de los Calderón, Alan García, Bachelet y Tabaré, e incluso Kirchner (como lo prueban sus andanzas contra la revolución boliviana).
 
La reunión de Santo Domingo tiene una importancia considerable porque luego de escenificar un choque de características irreversibles, culminó con un claro retroceso, incluso en relación con la de la OEA, que dejó completamente al desnudo el contenido político real de todo el operativo montado. La declaración que aprobó el grupo de Río, añadió a la resolución aprobada antes en la OEA el compromiso de "combatir las amenazas a la seguridad de todos los Estados provenientes de grupos irregulares (sic) o de organizaciones criminales (sic) vinculadas al narcotráfico".1 Como se ve, los países política y militarmente agredidos se avienen, a partir de este compromiso, a colaborar con el propósito estratégico fundamental del gobierno agresor y de su tutor del norte. So pretexto de rechazar el concepto de 'terrorismo' que fogonea Uribe, sus contrincantes nacionales y populares aceptaron combatir incluso a los 'grupos irregulares', sin respetar en absoluto la eventual o hipotética legitimidad de esos grupos para combatir una situación o un régimen de opresión. De la misma manera, Uribe se evita calificar de terroristas a los grupos paramilitares y se compromete con sus 'colegas' a reprimir solamente a aquellos que sean "criminales" o que manejen un negocio ilegal como el narcotráfico. Para reforzar este compromiso, los signatarios de Santo Domingo rechazan el carácter unilateral de la acción de Uribe, la misma 'doctrina' que usaron varios gobiernos de Europa para rechazar la invasión de Irak y respaldar la de Afganistán o la de la ex Yugoslavia. 
 
Ningún país puede violar la soberanía territorial de otro, dicen los demócratas que supimos conseguir, pero sí podemos hacerlo en el marco de la OEA o la ONU; o sea, cuando exprese una voluntad mayoritaria de los opresores del mundo. Los presentes en la Dominicana ni siquiera repararon que su multilateralismo incluye al mismísimo Bush, miembro pleno de la OEA, ni que se trata de un compromiso con el Plan Colombia, que no es solamente un programa de contrainsurgencia interno sino que se proyecta más allá de sus fronteras, hacia Ecuador, Brasil y Venezuela. 
 
Un acuerdo para no violar fronteras en el futuro con el gobierno que hace de cabeza del Plan Colombia es un contrasentido no registrado por ninguno de los ilustres diplomáticos que fatigaron los conciliábulos de la cumbre, ni menos por los centenares de columnistas oficiales que manejan los medios de comunicación de la región. El bochorno del progresismo latinoamericano quedó rotundamente al desnudo con la ausencia de Lula, que no se atrevió a poner la cara en una operación que piloteó su cancillería, y con el seguidismo de la mandataria argentina al libreto del multilateralismo imperial. 
 
Los términos de la declaración de Santo Domingo no representan solamente un artificio jurídico; son, antes que nada, la expresión de una decisión política. El asesinato de Reyes dejó en claro que para los llamados gobiernos progresistas la política de liberación unilateral de rehenes ha tocado un límite y que ella no tiene ninguna posibilidad de avanzar hacia el intercambio humanitario, menos hacia un arreglo negociado del conflicto armado. La masacre, respaldada por todos los candidatos a las próximas elecciones en Estados Unidos, lleva el sello de un veto político irreversible. La declaración de Santo Domingo establece que ese objetivo debe ser alcanzado por el desmantelamiento unilateral negociado de las FARC. Las ampulosas pretensiones de que el conflicto colombiano nunca tendrá una salida militar y hasta la fantasía de que esto podría servir para extorsionar a Uribe al apaciguamiento, ha dado lugar a un piadoso recule que transfiere esa tarea a una acción colectiva de los gobiernos de la región.
 
La longevidad de un grupo armado no depende de la topografía en la cual actúa ni de la capacidad que tenga para financiarse, ni tampoco incluso de la convicción de sus integrantes: depende de las condiciones políticas prevalecientes y de la orientación política de los insurgentes.
 
El agotamiento de las posibilidades de la guerrilla se manifiesta en su aislamiento y en los síntomas de su disgregación política, como se ve en su recurso a los secuestros prolongados o indefinidos, irremediablemente incompatibles con una organización o políticas revolucionarias. Si fuera cierto, además, que las FARC se encuentran complicadas con el narcotráfico, como lo denuncian numerosas organizaciones y personalidades de izquierda de Colombia y del Caribe, el cuadro de descomposición política sería irrefutable.
 
La declaración de Santo Domingo es producto de esta situación. Maquillar las cosas no lleva a ningún lado. La afirmación de que el arreglo del viernes 7 evitó una guerra, constituye al mismo tiempo la admisión de la necesidad de una política de desarme internacional de las FARC. Una representación antiimperialista en las reuniones de Washington y Santo Domingo habría reclamado la condena del gobierno de Colombia y de Bush por una masacre de lesa de humanidad que pretende poner fin al intercambio humanitario y a la salida negociada del conflicto armado, y por otro lado, hubiera llamado a las FARC a abandonar una política que no tiene vigencia y se encuentra en descomposición, y a adoptar una estrategia de lucha para el desarrollo político independiente de los obreros y campesinos de Colombia por los medios de la propaganda, de la agitación y de la organización.
 
El desenlace de la crisis suscitada por la masacre cierra una etapa en América Latina, y de ello son conscientes los gobiernos que se agrupan en el campo bolivariano. En Santo Domingo quedaron expuestos los límites insalvables de su política de unidad de América Latina. El proceso de la crisis ha sido, en este sentido, muy instructivo, pues partió de la convocatoria a Chávez para mediar en la liberación de rehenes y, de este modo, desactivar la presión internacional y poder agotar la experiencia mediadora.
 
En Santo Domingo, Uribe tocó la fibra estratégica de toda su política cuando dijo que hablaba como "combatiente", o sea sin consideración por formalidades jurídicas o apelaciones históricas. Uribe, sin embargo, no recibió la respuesta o la refutación de nacionalistas e izquierdistas; los derrotó sin atenuantes en el terreno de una discusión política abierta. Los progresistas que poblaban la reunión prefirieron, ostensiblemente, seguir oficiando de advenedizos a la función gubernamental y terminaron estrechando la mano del jefe de los paramilitares colombianos.
Los resultados de Santo Domingo refuerzan las tendencias al recule de los procesos bolivarianos que se iniciaron con anterioridad a la reciente crisis. En Bolivia, Evo Morales está buscando sin disimulos un pacto con la derecha oligárquica, ofreciéndole incluso modificar la reciente Constitución fundacional u originaria, sin consideración por la Asamblea que la aprobó. Hugo Chávez, por su lado, ha logrado montar a la llamada "derecha endógena" en la dirección del PSUV, el cual ha fracasado en todos los sentidos imaginables: es un aparato, no una fuerza movilizadora; no es único, reclama ahora la formación de un frente patriótico; no es democrático, pues la dirección política fue digitada por el Presidente.
 
Al mismo tiempo, el PSUV ha librado una ofensiva enérgica contra los trabajadores de Sidor, la siderúrgica de Techint, en la que el Estado venezolano tiene una participación minoritaria, apelando tanto a la represión contra la base obrera como a la cooptación sin disimulo de su dirección sindical.
 
Luego de haber sido el primero en reconocer en la masacre perpetrada por Uribe una amenaza objetiva a la estabilidad política de Venezuela, Chávez decidió hacer virtud de necesidad y defender esa estabilidad pactando con la reacción política continental. Para hacer frente al desafío de las elecciones regionales que tendrán lugar en noviembre próximo, Chávez ha optado por reforzar su aparato burocrático tradicional.
 
Pero en América Latina, más que en cualquier otro lado, "todo lo sólido se desvanece en el aire". Los regímenes de la región compiten en cuál de ellos ha hecho la mejor performance económica, pero todos enfrentan contradicciones insalvables, en especial de cara a la tempestuosa crisis internacional.
 
De la crisis reciente es necesario sacar las conclusiones adecuadas: el nacionalismo burgués o pequeño burgués es más inadecuado que nunca para resolver las tareas históricas pendientes de nuestras naciones. Cuanto más se 'aggiorna' más vetusto queda, porque la descomposición del capitalismo avanza con mayor rapidez y porque el abismo con las necesidades sociales de las masas es más hondo que nunca.

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