fbnoscript

A un año de gobierno macrista

Por Marcelo Ramal - Gabriel Solano
A un año de gobierno macrista, asistimos al completo impasse de una tentativa de rescate a manos del capital financiero internacional, en el marco de un agravamiento de todas las manifestaciones —políticas y económicas— de la crisis mundial. En la medida que ese viraje fue acompañado por todos los partidos y fracciones capitalistas, y que fue precedido por una tentativa de carácter nacionalista, el impasse del macrismo comporta una crisis de poder.
Como en toda América latina, el derrrumbe de las experiencias nacionalistas o centroizquierdistas no ha dado lugar a la consolidación de una salida derechista sino a una fase más aguda de la crisis política. En la Argentina se ha puesto de manifiesto que el macrismo no ha podido superar la crisis abierta x el Argentinazo, en términos de la bancarrota económica, de disgregación de los partidos tradicionales y de la tendencia a la rebelión popular. En este cuadro, las consignas y las tareas de la etapa deben apuntar a colocar a la clase obrera y a la izquierda como alternativa de poder, lo que exige una intensa agitación política en torno de un programa, esto es, “desarrollar una salida de los trabajadores”.
 
Escenarios y reagrupamientos
 
I. Impasse económico, crisis capitalista
 
El impasse económico del macrismo es el resultado de la crisis del cambio de frente que impulsó el conjunto de la clase capitalista, de cara al agotamiento del régimen de emergencia que rigió bajo el kirchnerismo. Este viraje estuvo fundado en un conjunto de incentivos excepcionales otorgados a la clase capitalista —en eso han consistido la devaluación, los tarifazos, la “normalización” de la deuda externa y las diferentes exenciones de impuestos y subsidios en favor de diferentes fracciones patronales. De resultas de este paquete, el balance exhibe un retroceso económico del 3,7% en su producto; una caída de la industria que superará el 5% respecto de 2015, y la construcción sufre un derrumbe de alrededor del 15%; se registra, además, un retroceso del consumo privado y de la inversión, y una caída de las exportaciones incluso después de una devaluación del 50%. El déficit fiscal, que alcanza los 5 puntos del producto, ya ha superado los guarismos kirchneristas. Pero el impasse actual no sólo interpela al macrismo: este viraje de la burguesía hacia un rescate financiero internacional era el hilo conductor que unía a Macri, Massa y también al kirchnerismo, el cual, por ese motivo, eligió a Scioli de candidato. Por los mismos motivos, y mucho antes del macrismo, los K ensayaron ese viraje desde el poder, pero carecieron de los recursos económicos y políticos para imponerlo. La crisis de la salida capitalista a la bancarrota capitalista pone de manifiesto; a) el peso de la quiebra anterior; b) el agravamiento de la crisis mundial; y c) los límites interpuestos por las masas a la tentativa de trasladarles las costas de la crisis.
 
La salida de Prat Gay del gobierno es una confesión por parte del macrismo de este impasse. El elogio de los “logros” del ministro de Hacienda (la salida del cepo, el acuerdo con los fondos buitre, el blanqueo) no puede tapar que el régimen montado sobre la base de esos logros ha agudizado la bancarrota precedente. La crisis política confirma nuestro pronóstico sobre el gobierno de Macri: cuando muchos creían ver una consolidación de la derecha, se pone de manifiesto que sus recursos políticos son exiguos respecto de la magnitud del ajuste que pretende aplicar.
 
El reemplazo de Prat Gay apunta hacia un ajuste mayor: coloca en carpeta, en primer lugar, un salto en el ajuste fiscal para reducir la inflación, un punto que chocará con la resistencia de las masas y profundizará, a su vez, las tendencias recesivas. El nuevo gabinete económico es partidario a ultranza de la agenda flexibilizadora defendida por el conjunto de la burguesía: la “productividad”, de la mano de la destrucción de los convenios, más una reforma laboral flexibilizadora, el aumento de la edad jubilatoria y la reforma de la ley de ART y de la Justicia laboral para terminar con la llamada “industria del juicio” (recortar derechos laborales).
 
Muchos analistas han señalado que el nuevo capítulo del ajuste no podrá ser aplicado en el año electoral, pues si lo hace el gobierno perdería irremediablemente las elecciones. El problema de este razonamiento es que desconoce que si sigue así la derrota podría alcanzarlo por igual. En cualquier caso el valor del planteo es que pone de manifiesto la fuerte tendencia al inmovilismo que anida en el régimen político, que no es consecuencia del proceso electoral sino del temor a una reacción general de los trabajadores. En ese sentido la designación del nuevo ministro de Economía, Nicolás Dujovne, no le aporta al gobierno ni un gramo de volumen político.
 
Un plan de ajuste de la magnitud del que se propone solamente es compatible con una derrota a fondo de los trabajadores, que no han sufrido todavía ninguna derrota decisiva. El fantasma de la rebelión de 2001 pesa fuertemente en todo el cuadro político. El desenlace de las presidenciales de 2015 no ha resuelto la crisis de régimen, y anticipa grandes choques políticos y una crisis de poder.
 
Crisis y cambio de frente
 
En las polémicas entre kirchneristas y macristas sobre la crisis actual, la cuestión de la “herencia recibida” es invocada en forma tan insistente como mistificada. En rechazo a la imputación de la “herencia”, los kirchneristas acusan al gabinete de Cambiemos de haber puesto en marcha un plan de ajuste sin que hubiera existido una crisis económica previa. De ese modo, atribuyen la política oficial a un capricho “ideológico” (neoliberalismo) o a los intereses personales que persigue el “gabinete de los CEO”. Esa interpretación oculta o disimula una crisis capitalista que emergió, precisamente, cuando se agotó el régimen económico del kirchnerismo. Las evidencias de esa crisis son claras: el estimador industrial del Indec ha caído ininterrumpidamente desde 2011 y acumula un retroceso del 10% entre ese año y 2015. La relación entre lo que los capitalistas invierten y el conjunto del producto —tasa de inversión— no ha superado el 15% durante el último lustro, cuando la relación histórica ha sido del 20%. De ese total, no más del 6% ha estado dirigido a la inversión en maquinarias y equipos. Ello significa que la acumulación capitalista apenas recupera el consumo de capital fijo aplicado a la producción de plusvalía, un síntoma inocultable de declinación de la tasa de ganancia. La razón de esta crisis debe buscarse en el agotamiento del régimen excepcional de rescate de la deuda pública, de las privatizaciones y de la burguesía nacional a cuenta de los fondos públicos y de los trabajadores. Significativamente, macristas, massistas y kirchneristas coinciden en ocultar el carácter capitalista de la crisis heredada, cuando, por ejemplo, coinciden en el supuesto “desendeudamiento” argentino. Esa caracterización común le ha servido al kirchnerismo, por un lado, para disimular sus compromisos con el capital internacional. Y al macrismo, por el otro, para justificar su política de reendeudamiento externo actual. A pesar del mito del desendeudamiento, la Argentina llegó a diciembre de 2015 con 235.000 millones de dólares de deuda pública, casi el 50% de su producto bruto, de los cuales unos 110.000 correspondían a deuda externa y el resto a la llamada deuda “intraestado”, con la Anses, el Banco Central y otros organismos oficiales. Bajo el kirchnerismo, el pago de la deuda pública a acreedores externos tuvo como contrapartida a la descapitalización del Banco Central, el envilecimiento del fondo de garantía de los jubilados y la captura de fondos del Banco Nación y otros organismos. Es evidente que el re endeudamiento macrista choca contra el peso de esta hipoteca anterior, lo que se pone de manifiesto ante todas y cada una de las contradicciones del programa económico oficial.
 
El peso de la deuda pública, en sus diferentes formas, pone de manifiesto las limitaciones insuperables del kirchnerismo como tentativa de autonomía frente al capital internacional. No hay que olvidar que la piedra fundacional de la “década ganada” la constituyó el rescate de la deuda pública caída en default en 2001, una vez que Duhalde- Lavagna-Kirchner, luego de una mega-confiscación a los trabajadores, hubieran creado las condiciones para reanudar su pago. En los años del kirchnerismo, y como resultado de las sucesivas refinanciaciones parciales, la deuda creció a razón de 10.000 millones de dólares por año —aun cuando las administraciones K cancelaron unos 200.000 millones durante sus gobiernos. La condición de “pagadora serial” (CFK dixit) de la Argentina delata otra cuestión, a saber: que el kir- chnerismo, con esa normalización financiera, intentó tempranamente un viraje hacia el capital internacional. Bajo las condiciones de la crisis mundial, sin embargo, ese viraje resultó incompatible con el régimen político y se frustró en varias oportunidades. En 2008, CFK incorporó al gabinete a los ucedeístas Boudou y Massa, con la misión de encaminar una “normalización” con el capital financiero. Pero el derrumbe desatado con Lehman Brothers interrumpió esos planes, y el kirchne- rismo nacionalizó los fondos de las AFJP para eludir una nueva crisis financiera y un posible nuevo default. La crisis mundial prolongó al régimen de emergencia montado en 2002/2003 más allá de sus posibilidades económicas, y signó el fracaso de los megacanjes de deuda de 2005-2010 como puerta de regreso de la burguesía argentina al finan- ciamiento internacional. El régimen de arbitraje personal instaurado en 2011, con La Cámpora en el ministerio de Economía, fue más lejos en el intento de un cambio de frente. Ese fue el sentido estratégico de la reprivatización de YPF, cuando Kicillof-Galluccio indemnizaron generosamente a Repsol y avanzaron en el acuerdo secreto con Chevron para la explotación del gas no convencional. Los términos de ese acuerdo —dolarización de tarifas y libre remisión de utilidades— anticiparon varios de los ejes del actual programa económico. Sin embargo el kirchnerismo, por su propia naturaleza de gobierno de arbitraje, no pudo extender esa prerrogativa dada a Chevrón al conjunto de la economía. Esto explica que una parte de la clase capitalista protestara por el pacto con Chevron, al ver en él un privilegio que sólo beneficiaba a un grupo económico en detrimento de otros.
 
Dicho esto hay que señalar, además, que el relanzamiento petrolero que se pretendió inaugurar con el pacto con Chevron fue un fracaso, porque la crisis internacional arrasó con los precios de los hidrocarburos y dejó a la “nueva” YPF gravemente endeudada. Kicillof también fue un precursor en la mega-devaluación de la moneda, que ensayó en enero de 2014 con resultados parecidos a los actuales —endeudamiento del Banco Central para evitar una “hiper”, elevación de la tasa de interés y acentuación de la crisis industrial. Mientras tanto avanzó en los acuerdos de normalización de deuda con el Club de París, el Ciadi y otros organismos internacionales. El “cepo” camporista, como las retenciones de Kirchner-Lousteau, fueron recursos extremos para asegurar el pago de la deuda pública, bajo las condiciones de la crisis mundial. Esta recapitulación importa, y no como un simple ajuste de cuentas con el “relato” K. Demuestra, sencillamente, que la experiencia macrista traduce una tentativa de fondo de la burguesía argentina, que el elenco político nacionalista no tuvo condiciones para llevar adelante.
 
La primera manifestación de que el viraje debía entrañar también un nuevo timón político tuvo lugar en las elecciones de 2013, con la victoria del ex kirchnerista Massa. Una segunda manifestación tuvo lugar en la decisión kirchnerista de confiarle la candidatura presidencial a Daniel Scioli, un “amigo” del capital internacional. Este cambio de frente de la burguesía nacional es la base de la coalición “móvil” que, en este año de macrismo, ha garantizado la política de ajuste en el país y en las provincias. La recapitulación importa, también, para mostrar que el macrismo se topa hoy con los mismos límites que enfrentaron las tentativas anteriores —la crisis mundial de los “mercados” a donde acude la burguesía argentina, en busca de un rescate comercial y financiero; las poderosas tendencias centrípetas del régimen político y de sus partidos y, por último, pero lo más importante, la impronta de una clase obrera y un movimiento popular que pugna por abrirse un rumbo político propio.
 
Contradicciones de la política oficial
 
Es este escenario de fondo el que explica las inconsistencias y el empantanamiento de la política oficial. El gobierno debutó con un levantamiento del cepo al dólar que condujo a una devaluación del 50%, y la reducción de los impuestos a los exportadores agrarios. La continuidad de este “Rodrigazo” oficial planteaba dos alternativas. La primera consistía en un violento ajuste fiscal, el cual chocaba en primer lugar con las necesidades de sostenimiento estatal de la burguesía (eliminación de impuestos, subsidios). Con el llamado “gradualismo”, el macrismo recogió otra tendencia internacional: la negativa de los capitalistas a procesar sus crisis con una depuración de los capitales sobrantes. Por otro lado, el “gradualismo” fue impuesto por los límites que le colocó la clase obrera a la política de despidos estatales, liquidación del salario y de los gastos sociales.
 
En esas condiciones, el Banco Central absorbió la mayor emisión de moneda impuesta por la devaluación por medio de un endeudamiento cada vez más grueso y oneroso con los bancos privados. Los pagarés emitidos por el Banco Central para absorber circulante (Lebacs) se remuneraron durante buena parte del año a más del 30% anual, una tasa usuraria que agravó todas las tendencias preexistentes a la declinación industrial y comercial. La estabilización cambiaria, lograda con un salto astronómico de la tasa de interés, fabricó una bicicleta financiera que, a su turno, reforzó el ingreso de capitales especulativos bajo la forma de un nuevo reendeudamiento externo. El ingreso de capitales bajo la forma de deuda pública ya supera los millones de dólares, cuando se consideran los 10.000 millones que han contraído las provincias para cubrir su déficit corriente.
 
De este modo, la quiebra nacional —del Estado central, de las provincias y del Banco Central— se constituyó en una fuente de beneficios extraordinarios para el capital financiero internacional. Este cuadro fue favorecido por la sobre-liquidez mundial, signada por intereses bajos e incluso negativos en las principales plazas internacionales.
Las contradicciones explosivas de la salida oficial están a la vista. La renovación indefinida de los Lebacs condujo, en pocos meses, a que la deuda del Banco Central pasara a representar del 60% al 100% de la actual base monetaria, o sea del dinero circulante en poder del público más los billetes en manos de los bancos. El reciclaje de esta deuda es, por un lado, un filón para el capital financiero (lo que se revela en las utilidades astronómicas de los balances bancarios) y, por otro lado, una losa sobre el conjunto de la economía, en la medida que encarece el crédito privado.
Los intentos presentes de reducir los intereses de las Lebacs chocan con el fantasma de un vuelco masivo del circulante a la adquisición de dólares. A su turno, y en la medida que los aumentos de precios conviven con un dólar “planchado”, las tendencias inflacionarias se convierten de inmediato en una inflación en dólares. El blanqueo, que el gobierno ha concebido como un relanzamiento capitalista integral (“lluvia de inversiones”) se ha inscripto en este cuadro parasitario. Los capitalistas han blanqueado, pero optando por dejar en el exterior a sus capitales fugados. Aunque los ingresos fiscales previstos son importantes, no representarán más del 15 o 20% del déficit fiscal previsto para este año. Es significativo que, en noviembre, el crecimiento de la recaudación impositiva haya “emparejado” a la inflación sólo como consecuencia del blanqueo. O sea que los ingresos de este último están compensando un retroceso en la percepción de los principales impuestos. Las “inversiones” emergentes del blanqueo se han reducido a fondos comunes para la especulación inmobiliaria, lo que ha agravado los desequilibrios de precios —inflación en dólares de la propiedad, alza especulativa del suelo y los alquileres. Además, la reciente autorización del Banco Central al gobierno para endeudarse en dólares con los bancos locales es la vía libre para que parte de los fondos del blanqueo se conviertan en deuda pública, y contribuyan a paliar un déficit fiscal superior a los 500.000 millones de pesos.
 
Algunos han comparado el cuadro actual con la convertibilidad de los tiempos de Domingo Cavallo, en la medida que —como en aquel régimen— la estabilidad de la moneda depende del ingreso de dólares con fines especulativos y no del real equilibrio comercial y financiero del país con el mercado mundial. Pero si se mira bien, el esquema actual es aún más frágil y precario: la hipotética “conversión” actual entre la moneda circulante y las reservas existentes excederían por mucho al tipo de cambio actual, y la eventual corrida que podría resultar de esa disparidad se contiene a costa de endeudar al Central en una explosiva espiral. Por otra parte, de los actuales 40.000 millones de dólares de reservas internacionales apenas unos 11.000 corresponden a la formación genuina de divisas como resultado del comercio exterior o la inversión extranjera. El resto de los activos corresponde a la emisión de bonos de la deuda externa nacional y provincial. Parte de estos recursos han alimentado la llamada “formación de activos externos” (o sea, la fuga de capitales).
 
El cuadro anterior pone de manifiesto el completo fracaso de la devaluación de diciembre de 2015, ya que no contribuyó a la licuación de la deuda pública —que fue reciclada y convenientemente inflacionada— y mucho menos a mejorar la capacidad de competencia de la burguesía argentina frente al mercado internacional. En los primeros diez meses del año, y a pesar de la mega-devaluación, las exportaciones cayeron un 8% respecto del año anterior. El balance comercial no es deficitario solamente por la recesión industrial, que ha contenido mayores importaciones.
Los tarifazos sobre los combustibles, la electricidad y el agua han agravado todas estas contradicciones. Por un lado reforzaron todas las tendencias inflacionarias, acentuando la caída del salario y del consumo popular. Por el otro abrieron un nuevo frente de fractura en la burguesía, al neutralizar en buena parte los beneficios obtenidos con la devaluación. La cuestión se agrava con la dolarización dispuesta para los precios del gas en boca de pozo. El macrismo ha tropezado tempranamente con la contradicción insalvable que enfrentó el kirchnerismo toda vez que ensayó los tarifazos: los pasados y futuros aumentos de tarifas redoblarán todas las presiones devaluatorias pero, a su turno, una devaluación de la moneda, que licuaría los ingresos en dólares de las privatizadas, conduciría a un nuevo tarifazo. El carácter insalvable de esta contradicción lo ha expresado en estos días un directivo de Techint, al reclamar la plena dolarización de la tarifa del gas (en tanto productor de hidrocarburos y de tubos para su transporte) y a su turno un precio subsidiado del gas, en su carácter de consumidor industrial del fluido.
 
Crisis mundial, deliberación interburguesa
 
A la luz del escenario anterior, es una simplificación —o una concesión— atribuirle la temprana crisis del macrismo al mero “cambio de escenario” desatado por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Es claro, por un lado, que el plan de reendeudamiento, tarifazos y estímulos al capital chocaba con los límites de la propia bancarrota argentina. Pero, por otra parte, es la crisis mundial, que sirve de escenario a la experiencia macrista, la que ha parido la victoria del magnate derechista en los Estados Unidos. Las tendencias a la guerra comercial, financiera y monetaria que se avizoran con Trump estaban claramente presentes en el escenario previo a los comicios yanquis.
Ahora, la acentuación de esas tendencias colocan en la picota la tentativa de reendeudamiento macrista —por lo pronto, la suba de la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos han encarecido el costo de la deuda argentina, y varias provincias han frenado sus planes de endeudamiento. Junto con esto se agrava la crisis económica en Brasil, el principal socio comercial de la Argentina. Brasil arrastra una caída de la producción por tercer año consecutivo y muchos coinciden en señalar que la recesión se prolongará durante todo 2017. La devaluación brasileña, que se consumó luego del triunfo de Trump, acicatea las exigencias devaluacionistas de la burguesía exportadora argentina, que pierde competitividad en el mercado internacional. En la medida que se imponga una política proteccionista por parte del Estado norteamericano golpeará la balanza comercial de Brasil y se acentuará el reclamo devaluacionista de la burguesía de ese país, ya que el 12% de las exportaciones brasileñas tiene van a Estados Unidos. El cuadro internacional acentúa el desconcierto y las divisiones de la burguesía argentina y del gabinete macrista. Después del levantamiento del cepo y el acuerdo con los buitres, Macri apostó a un acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea, que se diluyó en medio de las presiones proteccionistas de Francia en favor de sus mercados agrícolas. La posibilidad de inversiones europeas se ha limitado a la oferta de financiamiento para licitaciones públicas, condicionado a la participación de empresas europeas —el mismo camino extorsivo que exigen los “inversores” chinos. Una tentativa posterior de acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que fue sugerida por fuera del Mercosur, tropieza ahora con los anuncios proteccionistas de Trump. En este cuadro, el gobierno enfrenta otro frente de división al interior de la burguesía, pues deberá definirse respecto de la declaración de China como “economía de mercado”. Si el gobierno avanza en este campo, en defensa de las actuales exportaciones agrarias a aquel país —y las promesas de financiamiento de la obra pública— ingresaría en un choque de proporciones con una fracción de la UIA, que teme una mayor penetración importadora china.
 
Algunos economistas del bloque oficial —y más claramente Lavagna desde el massismo— han salido a alertar sobre el “colapso” del programa económico, ello en relación con la revaluación del peso provocada por el plan de reendeudamiento masivo. Una fracción de la burguesía reclama una nueva devaluación que debería ser acompañada, en este caso, de un violento ajuste fiscal. Este ajuste devendría, por un lado, de una desvalorización de la deuda pública en pesos y del gasto; pero también de un programa más osado de despidos y de paritarias a la baja por el otro. La débil burguesía argentina, de este modo, aspira a mejorar su capacidad de competencia en el mercado internacional, el cual, en cualquier caso, está surcado de guerras monetarias y devaluaciones.
 
Una devaluación en regla, sin embargo, tendrá que pasar por varios choques y crisis políticas. Si el gobierno la promueve por la vía de bajar las tasas de interés, se expone a que la enorme masa de dinero “reprimida” a través de las Lebacs se vuelque en favor de una corrida cambiaria sin control. Ni qué decir que eso haría volar por los aires a la actual bicicleta financiera, fundada en una paridad “previsible” entre el peso y el dólar.
 
El recambio de gabinete apunta a una vía deflacionaria, a través de un ajuste fiscal y apuntando fuertemente al salario. A los partidarios de sostener el esquema actual no se les pasa por alto la emergencia de una crisis financiera, resultado del reflujo de capitales especulativos y de la escalada de la deuda argentina (el presupuesto 2017 prevé 15.000 millones de pago de intereses, en un país con balanza comercial neutra o probablemente negativa). Dujovne abogaba por un rescate del FMI, que vendría acompañado de una agenda improrrogable de ajuste fiscal y recolonización económica. Un rescate del FMI podría apuntar a generar un colchón de divisas capaz de amortiguar la salida de capitales producto del desmonte de la bicicleta financiera, vehiculizando una devaluación. De ese modo, y en menos de un año, el gobierno de Cambiemos iría de las expectativas de “lluvia de inversiones” a un nuevo concurso de acreedores. La pretensión de un ciclo consolidado de carácter derechista, que muchos progresistas o izquierdistas auguraban a comienzos del gobierno de Macri, ha mostrado su completa inconsistencia.
 
Crisis capitalista y “lluvia de inversiones”
 
La expresión más contundente del pantano oficial es el persistente hundimiento de la actividad económica y, principalmente, la ausencia de inversiones en capital productivo —o sea, el fracaso de la “lluvia de inversiones”. La capacidad ociosa de la industria, mientras tanto, se sitúa en el orden del 35 al 40%. Los economistas y portavoces del kirchnerismo atribuyen la parálisis económica y la falta de inversiones a la falta de consumo, debida a la caída del salario y al aumento de la desocupación. De acuerdo con esa visión, el macrismo le habría infringido un daño a la clase capitalista, de la cual debería salir con una recuperación general de los salarios. Es una postura puramente demagógica, en primer lugar porque el salario real cae en la Argentina desde 2008-2009 —eso después de que en el período 2003-2008 apenas hubiera recuperado el valor de los ya depreciados salarios de 1998. Luego, porque los consumistas K nada dicen de los violentos ajustes que llevan adelante en las provincias que gobiernan, comenzando por Santa Cruz.
 
Pero la clase capitalista no aboga por una “recuperación del consumo” o de “la actual capacidad ociosa” en general, sino de un consumo de capital que revierta el descenso de la tasa de ganancia, lo cual impone, por un lado, un aumento de la tasa de explotación del trabajo, sea por medios absolutos (reforma laboral) o relativos, o sea incorporando medios de producción que aumenten el rendimiento del trabajo. El primer objetivo está presente en todos los llamados —oficialistas u opositores— a “abatir el costo laboral” por medio de una reforma laboral (liquidación de los convenios colectivos), de paritarias a la baja y otras reformas antiobreras (ART). En relación con el segundo —aumento en el grado de explotación relativa— no pasa simplemente por la ocupación de la actual capacidad industrial ociosa, porque buena parte de ella es obsoleta frente a la competencia internacional. Debe operarse una limpieza de capitales y, sobre ella, una nueva escala de inversiones. Ni qué decir que la posibilidad de valorizar esas inversiones en el mercado internacional choca con la magnitud de la crisis internacional y continental (Brasil). Por ese motivo, no sorprende que las “inversiones” anunciadas por la diplomacia macrista se concentren en fusiones y adquisiciones, esto es en procesos de concentración que deben llevar a una “racionalización” (destrucción) de una parte del capital existente, y también de puestos de trabajo. Dada la magnitud de la crisis internacional, y el agravamiento de las disputas por los mercados, el “relanzamiento” capitalista que propugnan oficialistas y opositores exigiría un salto inédito en la tasa de explotación de la clase obrera, y una reestructuración general de las relaciones entre las clases sociales.
 
Un anticipo de tales tendencias son las tentativas del macrismo de avanzar sobre las industrias que juzga “improductivas” (electrónicas en Tierra del Fuego), y que conduciría a miles de despidos.
 
En este cuadro se inscribe asimismo el despido de Isela Constantini en Aerolíneas. Las “inversiones”, también en ese caso, vendrían en función de una reorganización general del negocio aeronáutico, de una mayor flexibilidad laboral y del vaciamiento de Aerolíneas. La entrada de las “low cost” implica directamente la destrucción de los convenios colectivos. El ingreso de LAN y Avianca apunta a grandes negociados del capital financiero internacional —comenzando por los sectores ligados al gobierno— a costa del vaciamiento de Aerolíneas, que implicará despidos y ajuste en la empresa. La nueva gerencia marcha a un plan de guerra contra los trabajadores, y esa será una batalla crucial de la etapa que se abre.
 
La salida a la crisis
 
Es de notar que el impasse actual ha instalado una deliberación respecto de la salida a la crisis, y es necesario intervenir en ella con un planteo socialista. La política oficial de pretendida “reestructuración productiva” apunta a una liquidación de capitales y de la fuerza laboral asociada a ellos, en nombre de que en una instancia ulterior esos empleos serían absorbidos por una reasignación hacia sectores “eficientes”. Los costos de esta reconversión industrial, que se impulsa en nombre de “terminar con el parasitismo”, no recae sin embargo en los “parásitos” (la burguesía subsidiada) sino en la clase obrera, por la vía de despidos masivos. Por otra parte, la teoría de los sectores inviables encubre a la inviabilidad general del capitalismo, que sobrevive en base a una acumulación subsidiada desde el Estado y que, a través de la deuda pública, ha trasladado despóticamente su costo a las masas. En la otra punta de esta deliberación se inscribe la burguesía proteccionista, que pretende sobrevivir a costa del encarecimiento de la canasta de consumo de la clase obrera —y que extorsiona a ésta con la competencia internacional para empujar a la baja de sus condiciones de trabajo. Es necesario oponer a las salidas antiobreras de la burguesía un programa obrero de salida a la crisis, que debe ser sistemáticamente explicado como un factor central de nuestra propaganda y agitación política.
 
II. Crisis de régimen
 
El triunfo de Macri fue una expresión aguda de la descomposición de los partidos políticos tradicionales, en especial del peronismo. Macri llega al poder al frente de una coalición que tiene por eje central al PRO, un partido insignificante, de tipo municipal, armado con el único propósito de servir de plataforma electoral primero en la Ciudad y luego en el país. La participación de la UCR fue (es) absolutamente secundaria, a diferencia de lo ocurrido con la Alianza, que tenía en el radicalismo a su fuerza principal. El armado del PRO se nutrió de retazos del pejotismo y del radicalismo, así como de CEO’s reclutados en las corporaciones capitalistas. Los defensores del nuevo oficialismo embellecen este proceso como la emergencia de una “nueva política”, pero de ser así tendría que haberse producido un nuevo reordenamiento político estable. Lejos de eso, Macri debió recurrir a una coalición política precaria con los gobernadores pejotistas, la mayoría del FpV-PJ y el massismo para asegurarse la aprobación de las leyes fundamentales. Al actuar de ese modo se ha transformado en un factor de sostén de los Insfrán, Gioja y Mansur, como así también del aparato de intendentes del peronismo.
 
La precariedad del armado macrista quedó aún más expuesta con la crisis de gabinete. La división del ministerio de Prat Gay en dos va en el sentido contrario a establecer un mando económico fuerte y centralizado, como reclamaba una parte considerable de los capitalistas. El hecho de que ese lugar los analistas se lo asignen al propio Macri habla de que asistimos a una crisis de envergadura. En los regímenes presidencialistas los ministros tienen la función de actuar como fusibles, que deben saltar para salvar la institución presidencial. La ausencia de un ministro de Economía con peso propio coloca a Macri en la primera línea de fuego.
 
Más precaria aún es la coalición armada en la provincia de Buenos Aires por María Eugenia Vidal, que cogobierna de hecho con el Frente Renovador, a quien le otorgó el manejo de la Legislatura provincial. El protagonismo del massismo es otra expresión de la descomposición de los partidos tradicionales. Al igual que el PRO, se trata de un partido improvisado para servir de andamiaje electoral de Massa, que está sustentado por punteros del peronismo y del radicalismo, y el apoyo de una parte del aparato de la burocracia sindical. Si llegase a consolidarse como tal sería a expensas del peronismo y del radicalismo, es decir que agravaría la crisis de los partidos tradicionales de la clase capitalista. Por otro lado, la absorción de Libres del Sur y la posible incorporación de Stolbizer pondrán otro clavo en el ataúd del centroizquierda. La derrota presidencial de Stolbizer no ha dado lugar a una reorganización de ese sector; por el contrario, ha agravado su disolución.
 
Esta descomposición es un proceso de largo aliento que tuvo varias manifestaciones en el último período. El Argentinazo del 2001 hirió de muerte al radicalismo, que ya había sufrido el fracaso del alfonsi- nismo y sólo pudo ganar luego en 1999 con la muleta del Frepaso. El peronismo luego de la década menemista se transformó en un lastre: el kirchnerismo renegó de él y ensayó variantes como la “transversali- dad” o la alianza con parte del radicalismo (la fórmula CFK-Cobos) y sólo decidió apoyarse en el PJ luego de la derrota sufrida en el conflicto agrario. Pero aun así buscó siempre preservar un margen amplio de independencia. El rechazo a presentarse ante las masas como representantes del PJ mostraba su conciencia sobre el alto grado de desprestigio del pejotismo ante las masas populares. Desprestigio que es el resultado de las permanentes crisis nacionales que han llevado a un retroceso en el nivel de vida del pueblo y afectado severamente el desarrollo nacional. Finalmente, el dato más contundente que muestra la descomposición irreversible del peronismo es el triunfo de Macri, un empresario derechista que con un partido improvisado no sólo ganó la presidencia sino también la estratégica provincia de Buenos Aires.
 
En ausencia de mayoría parlamentaria, Macri armó una coalición política con la oposición. El PO la caracterizó como una “coalición a la carta” para graficar su precariedad, dado que cada proyecto de ley requeriría una nueva negociación que seleccionara los eventuales aliados. La base de esta coalición estuvo dada por dos factores: 1) La necesidad de garantizar la gobernabilidad ante la debilidad de origen del macrismo para hacer frente a la crisis; 2) La relativa unanimidad en la clase capitalista sobre la necesidad de tomar una serie de medidas económicas de fondo (pacto con los fondos buitres, devaluación, endeudamiento, etc.). La fragilidad de esta “coalición a la carta” se debe tanto a la crisis de los partidos tradicionales como a las contradicciones explosivas de la salida ensayada a la bancarrota kirchnerista.
 
Este apoyo unánime de la clase capitalista al gobierno amenaza con romperse como resultado de la bancarrota económica. El surgimiento de un ala proteccionista y devaluacionista, que tiene su centro en la Unión Industrial, puede terminar de quebrar la “coalición a la carta” que sirvió para garantizar la gobernabilidad en los primeros meses del gobierno. Quien se postula para encabezar políticamente esta fracción burguesa es el Frente Renovador de Massa, que tiene como uno de sus escuderos a Lavagna, un representante de los intereses del grupo Techint. Massa ya ha había formulado la posición de prohibir las importaciones de ciertas mercancías para proteger a sectores de la burguesía nacional de la competencia internacional. El triunfo de Trump con sus planteos proteccionistas, pero especialmente el peligro de que Macri reconozca a China como economía de mercado, llevó a sectores enteros de la clase capitalista a coquetear con un punto de vista similar. Otra vez acá aparece el grupo Techint, que quiere evitar que el excedente de acero chino sea colocado en el país desplazando su propia producción.
 
Más allá de estos puntos de choque, esta burguesía nacional comparte con el gran capital internacional la necesidad de un ataque a fondo a las conquistas históricas de los trabajadores. La modificación de la ley de ART para bajar el costo patronal es apoyada por el conjunto de la clase capitalista y cuenta por ello con el apoyo de Massa y también de la burocracia sindical de la CGT. En relación con los convenios colectivos de trabajo, Macri ha hecho suyo el reclamo de toda la clase capitalista de avanzar en una nueva reforma de flexibilidad laboral, ya sea por medio de una ley de empleo joven o lisa y llanamente por medio de la revisión de los actuales convenios. Massa no se ha pronunciado al respecto pero con seguridad terminará avalando una posición de esta naturaleza. Por lo pronto ya lo ha hecho el bloque de diputados del socialismo de Binner. En nuestra agitación es importante poner de manifiesto la unidad antiobrera de la clase capitalista, porque sirve para enfrentar los intentos de la burguesía nacional de ganarse el apoyo de los trabajadores bajo banderas como la “defensa del mercado interno” o del “trabajo argentino”. La burocracia de la UOM, por ejemplo, ha lanzado una campaña con este tipo de planteos postergando los reclamos directos de los trabajadores. La unidad con los capitalistas bajo estas banderas conduce siempre a resignar los reclamos obreros en pos de la “defensa del trabajo”.
 
De prosperar una fractura en la clase capitalista en relación con una orientación proteccionista, podría desarrollarse un proceso parecido al surgimiento de la Alianza bajo el menemismo, que también fue auspiciada directamente por el grupo Techint. La diferencia es que la Alianza surgió a los ocho años de gobierno menemista, y acá podría suceder cuando el gobierno de Macri recién está dando sus primeros pasos. La importancia de advertir esta alternativa en su grado larvario es que los planteos nacionalistas, incluso cuando éstos carecen de profundidad, pueden atraer la atención de los trabajadores, especialmente cuando la clase obrera carece de conciencia de clase y organización política independiente. Se plantea una lucha programática de fondo, en la que es necesario mostrar la política antiobrera de la burguesía nacional, sus lazos con el capital financiero internacional, y poner de manifiesto que detrás de su demagogia se esconde la pretensión de defender sus propios privilegios a costa de los trabajadores y los consumidores (precios para sus mercancías mucho más altos que en el mercado internacional y/o subsidios estatales bajo la excusa de defender los puestos de trabajo). El devaluacionismo y la deflación de costos laborales, son las dos puntas del proteccionismo capitalista que tenemos que desnudar sistemáticamente.
 
Escenarios y reagrupamientos
 
El resultado que arrojó el debate sobre el impuesto a las Ganancias es indicativo de las tendencias de fondo de la situación política. El macrismo tuvo que pagar un costo muy caro para neutralizar los proyectos de la oposición e imponer su versión en acuerdo con la burocracia de la CGT y los gobernadores. Ese triunfo final no eliminó la sensación de que es necesario un viraje en el método de gobierno comenzado el 10 de diciembre del 2015. La “coalición a la carta” está en terapia intensiva y ya no garantiza la aprobación de las leyes fundamentales sin pasar antes por una crisis. Ante esto ha crecido, desde un sector del gobierno y de la clase capitalista, el reclamo de pasar de la “coalición a la carta” a un gobierno de coalición, al menos con un sector del peronismo o del Frente Renovador de Massa. Sin embargo la camarilla gobernante se resiste por ahora a dar ese paso, porque implicaría una pérdida de su propio poder. En un régimen presidencia- lista como el de la Argentina, los gobiernos de coalición son resistidos por el Ejecutivo porque significan compartir el poder con la oposición y darle un lugar destacado al Parlamento. Por eso ha sucedido que los presidentes suelen rechazar las convocatorias a establecer ese tipo de gobiernos, con la expectativa que podrán ellos mismos manejar la crisis. Cuando, en cambio, ven que la situación ha llegado a un nivel extremo y formulan la propuesta, ya no encuentran en la oposición a quien esté dispuesto a aceptar el convite.
Del lado de la oposición, el resultado de la mini-crisis generada por el impuesto a las Ganancias fue una mayor fragmentación. El massismo, que había tenido un gran protagonismo en la aprobación del proyecto en Diputados, sufrió un revés en el Senado, donde los gobernadores presionaron para bloquearlo especialmente por los nuevos impuestos que se creaban. Políticamente, el acuerdo de Macri con los gobernadores del PJ fue un golpe a Massa para restarle protagonismo y evitar que se erigiera en el jefe de la oposición y del peronismo. Dentro de los gobernadores del PJ tampoco existe unidad de intereses. En primer lugar, cada uno representa a las camarillas capitalistas instaladas en sus provincias; en segundo lugar existe una competencia por la candidatura presidencial de 2019. Estas disputas alejan la “unificación del peronismo” que muchos anunciaron sin fundamento. De hecho, el resultado de la crisis de la convocatoria a extraordinarias (derrota inicial en Diputados, traba de la ley de ART) arrojó otra división no menor el presidente del PJ, el sanjuanino Gioja, quien, en función de los intereses de la Barrick, rompió con el FpV a la hora de la votación final. El papel inusitado de la CGT en la resolución de la crisis de Ganancias refleja dos realidades: el potencial de crisis con el movimiento obrero y un nuevo escalón en la crisis del peronismo. Macri, al brindar en Olivos con la burocracia sindical, los consideró “los mejores interlocutores del peronismo”.
 
Ante la ausencia de un gobierno de coalición, propuesta aún minoritaria dentro del macrismo, y las divisiones en la oposición, adquieren una importancia particular las elecciones de 2017, ya que en ellas se delinearán nuevos agrupamientos, y sus resultados determinarán la forma del régimen político y el futuro del oficialismo, cuya eventual derrota podría derivar en una salida anticipada del gobierno. La elección de la provincia de Buenos Aires será una expresión concentrada de esa disputa, no sólo por su peso numérico sino porque allí se enfrentarán los principales dirigentes de las fuerzas políticas. Es el caso de Massa, que a la postre sigue dirigiendo un partido provincial y parece poco probable que se lo incluya en una lista peronista. Si finalmente anuda su alianza con Stolbizer se colocará claramente en oposición al kirchnerismo y, en buena medida, al peronismo. Stolbizer es, además, un elemento de conciliación con el macrismo.
 
Según sea el escenario que se presente será también la suerte del kirchnerismo. Si bien es cierto que se encuentra en un estado avanzado de descomposición, sería erróneo considerar que ha dejado de ser un factor activo en la situación política. Una agudización de la bancarrota económica y de la situación de las masas podría favorecer, por ejemplo, las posibilidades electorales de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, sobre todo si Massa mantiene una posición conciliadora con el macrismo. Es exactamente ese escenario el que llevó a la crisis de las extraordinarias. El retroceso del kirchnerismo durante este periodo ha asumido una forma contradictoria, porque si bien sufre una desagregación como corriente de Estado, por el otro hay una “kirchnerización” de sectores activos de las masas, con un peso especial en la pequeña burguesía. La posiciones kirchneristas en la izquierda son un reflejo de ese proceso, a la vez que delatan que su seguidismo histórico al nacionalismo burgués está lejos de haberse superado.
 
En el kirchnerismo existe también una lucha interna sobre a quién va dirigido el llamado a constituir el Frente Ciudadano. El acto previsto para diciembre en Ferro, que iba a tener a Cristina Kirchner como única oradora, se levantó como resultado de discrepancias internas, referidas a su relación con el peronismo. La pata centroizquierdista del kirchnerismo empuja en dirección a una presentación que subordine al peronismo o prescinda de él, mientras La Cámpora y la propia Cristina Kirchner buscan un acuerdo político con el PJ e incluso con Massa. Si esos acuerdos no prosperan y CFK resuelve una presentación independiente, estará obligada a recurrir a una demagogia nacionalista para enfrentar tanto a Macri como a los que pactan con él. Claro que tendrá en contra la hipoteca de su gobierno, que concluyó con salarios de miseria, millones de pobres, estancamiento económico y corrupción generalizada. Pero así y todo sería una simplificación triunfalista considerar que una presentación de Cristina Kirchner no sería un obstáculo para el Frente de Izquierda en la disputa por la atracción de un sector de las masas. La delimitación del partido respecto del kirchnerismo, imprimiendo al FIT su sello, debe ser implacable en cada conflicto y en cada lucha política. La crisis de Ganancias, el conflicto del Conicet y el tema Milagro Sala son los últimos episodios de una lucha política cotidiana.
 
El cuadro de crisis de los partidos tradicionales ya señalado, condiciona sin embargo los posibles escenarios y la forma que adopte en cada provincia. Ningún partido político o sector tiene la cohesión necesaria para presentarse como fuerza unificada en todas las provincias. Cristina Kirchner, por ejemplo, podría presentarse en la provincia de Buenos Aires pero difícilmente pueda hacerlo como parte de un armado nacional cohesionado. En el resto de las provincias, con excepción de Santa Cruz, el kirchnerismo no pasa de pequeños grupos de La Cámpora o fuerzas centroizquierdistas marginales. Otro tanto le ocurre a Massa, pues el Frente Renovador carece de proyección en todo el país. En este punto deberá considerarse lo que hagan los gobernadores del PJ. El macrismo coquetea con muchos de ellos, pero difícilmente eso pueda derivar en listas comunes. Además, si tal cosa ocurriera provocaría una crisis con el radicalismo, que reclama el apoyo del gobierno nacional para reforzar sus chances en las provincias gobernadas por el peronismo. Según sea la evolución de la crisis más general, el macrismo oscilará entre la tendencia al compromiso con el aparato de gobernadores del PJ y el choque, apelando a la UCR y a armados improvisados del PRO.
 
El centroizquierda ingresa en esta fase de la crisis política carente de toda independencia política. Su ala derecha (Stolbizer) oscila entre un acuerdo con Massa o un entendimiento con Macri, algo que ya ocurrió por ejemplo con Luis Juez. Otro sector (Libres del Sur y PS) ya declararon que se presentarían con Massa. En el caso del PS está quebrada su alianza con la UCR en Santa Fe, lo que los llevará a buscar un frente centroizquiedista y también con Massa, para defender sus posiciones en la provincia. El bloque de izquierda del centroizquierda, como Patria Grande o Lozano-De Gennaro, podría buscar una alianza con el Movimiento Evita y sectores del peronismo, y sobre todo Patria Grande podría integrarse a una lista kirchnerista. Sólo si fracasan todas estas tentativas de integración este centroizquierda se presentaría de manera independiente. La tendencia predominante es hacia la derecha y a la asimilación política por los bloques principales de las fuerzas capitalistas.
 
Crisis de poder
 
Quienes se apuraron en presagiar que el triunfo de la coalición derechista de Macri significaba que el ciclo abierto por el Argentinazo estaba definitivamente cerrado actuaron, como mínimo, de manera impresionista. Esto porque:
1. El protagonismo de formaciones improvisadas, como Cambiemos-PRO o el Frente Renovador, ha sido a expensas de los partidos tradicionales, es decir que han sido un factor de equilibrio coyuntural a costa de un mayor desequilibrio histórico de la clase capitalista;
 
2. El retroceso del kirchnerismo, cuya reconversión como fuerza “nacional y popular” fue una expresión distorsionada de la crisis de poder abierta por el Argentinazo, plantea las dificultades de la burguesía para volver a jugar la carta nacionalista ante la nueva bancarrota económica que se está gestando. Este proceso, además, tiene un alcance continental, como lo prueba la caída del PT brasileño o el derrumbe del chavismo. La descomposición del peronismo sigue siendo el factor más dinámico, que no logra ser superado por la burguesía con formaciones políticas sólidas;
 
3. Desde el punto de vista de las masas populares la Argentina sigue siendo un país soliviantado, un dato por completo insoslayable del proceso subjetivo del país, al punto que no han podido ser aplicados ninguno de los protocolos represivos anunciados recurrentemente por el gobierno pasado y por el actual;
 
4. Le “emergencia social” y las mesas de concertación con la CGT y los movimientos sociales apadrinados por el Papa, apuntan a la contención vía cooptación, mientras se intenta una nueva política de “reconciliación” y reforzamiento represivo del Estado, tras la caída del kirchnerismo y Milani;
 
5. Durante este largo período de 15 años los trabajadores no sólo no han sufrido derrotas políticas significativas, sino que, aunque lentamente, han surgido nuevas direcciones combativas y hasta clasistas en el movimiento obrero, identificadas o referenciadas políticamente con la izquierda que se declara revolucionaria.
 
Todos estos elementos, que superponen etapas distintas de la situación política, algunos coyunturales y otros más o menos permanentes, trazan los contornos concretos que asume la crisis de poder en el país. (Cuando hablamos de crisis de poder nos referimos a que la burguesía no tiene condiciones para establecer un dominio político estable para hacer frente a la bancarrota capitalista y que por ello provoca de manera permanente crisis políticas. Muchas veces se impugna el concepto de crisis de poder porque las masas no están en una situación de franco ascenso, pero es un error. Las crisis de poder existen con independencia de la conciencia que las distintas clases sociales tengan de ella. La conciencia suele ser conservadora e ir detrás de los acontecimientos. Ahora bien, el aprovechamiento de una crisis de poder requiere tener conciencia de su existencia y de las tareas que se desprenden de ella. En eso consiste la dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo. Cuando ello ocurre, asistimos a un salto cualitativo: pasamos de una crisis de poder a una crisis revolucionaria).
 
La crisis de poder tiene un alcance continental, más allá de las formas y especificidades que asuma en cada país. Es la envergadura de la crisis capitalista la partera directa de esta crisis, frente a la cual los sucesivos gobiernos que se han sucedido en América latina, sean nacionalistas o de derecha, se revelan frágiles. Lo prueba la simultaneidad de la crisis venezolana, con el agravamiento de la situación en Brasil, y también el impasse de Macri en la Argentina.
El abordaje político de una situación caracterizada por una crisis de poder no puede reducirse a poner de manifiesto su existencia. Actuar así implica un error de método, pues transforma la caracterización en “la” política, y no, como debe ser, que de la caracterización se desprenda una política adecuada para cada etapa de la crisis. En las condiciones que hemos analizado, una tarea fundamental es actuar sobre la base de un programa que enfrente el intento de polarizar la situación política a través de planteos nacionalistas, ya sean de un armado pejotista o massista, o del propio kirchnerismo. Se trata de una cuestión fundamental, porque en momentos donde la bancarrota económica cobra la forma de despidos y caída del consumo la atracción de los planteos nacionalistas en las masas pueden ser muy fuertes. La cuestión del programa debe popularizarse en la agitación por medio de denuncias que muestren el compromiso de todos los partidos patronales con los objetivos ajustadores y explotadores de los capitalistas. Estos planteos de agitación deben combinarse con consignas políticas, que prefiguren el planteo de gobierno de los trabajadores.
 
En las actuales circunstancias, cuando aún los trabajadores no actúan bajo una orientación independiente pero están sacudidos por el peso de la crisis, la consigna central debe ser “desarrollar una salida de los trabajadores y la izquierda”, lo que implica hacer que avance la ruptura con los partidos patronales por medio de una confrontación programática de fondo. La cuestión de la “salida” es lo contrario a la autoproclamación de la izquierda o del FIT, que aún es una fuerza claramente minoritaria en el país. Su elevación a una fuerza poderosa sólo puede lograrse mediante una confrontación programática que muestre la capacidad de la izquierda revolucionaria de impugnar las falsas salidas capitalistas, en especial las de tipo nacionalista, que buscan atraer a los sectores más activos de las masas, por su carácter confiscatorio de las masas en beneficio del capital.
 
III. El movimiento obrero y los explotados
 
La necesidad de proceder a un ajuste en regla contra los trabajadores ha colocado a las organizaciones del movimiento obrero en el centro del escenario político nacional. La expresión distorsionada de esta caracterización lo constituye el protagonismo político que juega la burocracia sindical, que se ha transformado en un factor fundamental para asegurar la gobernabilidad del país. La realidad desmintió a una velocidad inusitada a todos aquellos que vieron en la “unidad” de la CGT la intensión de la burocracia sindical de enfrentar a Macri. Por el contrario, se probó que se trataba de una medida defensiva para negociar en mejores condiciones sus propias prerrogativas con el gobierno, y por sobre todas las cosas enfrentar la posibilidad de una emergencia de luchas de los trabajadores.
 
La transición que vive el movimiento obrero hacia una nueva dirección entra en una nueva fase. El pacto de la CGT con Macri expresa un salto simbólico en la descomposición de la burocracia. Aparece como una necesidad incontrastable que para derrotar el ajuste resulta necesario expulsar a los burócratas y recuperar a los sindicatos como órganos de la lucha de clases de los trabajadores. La escalada del gobierno contra la clase obrera, que aún no se ha desplegado en todo su alcance, debe hacer que este proceso dé un nuevo salto.
 
El gobierno desencadenó desde su primer día una ofensiva antiobrera. Miles de despidos y suspensiones, paritarias por debajo de la inflación, devaluación, tarifazos y la continuidad del impuesto al salario, marcaron una profundización de la línea de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores iniciada en el último tramo del gobierno kirchnerista, que además dejó de “herencia” un vasto universo de precarización —tanto en el Estado como en la industria— que allanó el ajuste. Según las cifras oficiales, 2016 dejó 180.000 despidos (70.000 en el ámbito estatal y 142.000 en el privado), 32.000 suspensiones, paritarias a la baja con una pérdida de entre 10 y 15 puntos, tarifazos, el reforzamiento del impuesto al salario y un mayor cuadro de precariedad y flexibilidad laborales. La mitad de la clase obrera cuenta con salarios inferiores a los 8.000 pesos. El desangre de despidos contabilizando el sector informal es muy superior aún. La construcción encabeza los despidos con más de 60.000, petroleros (5.400), UOM (5.000), alimentos y bebidas (5.000), Smata (2.800 más 1800 en autopartes), textiles (20 mil según la cámara empresarial), electrónica (amenazado ahora con miles de cesantías en Tierra del Fuego), entre otros datos. Esta situación se complementa con el despido por goteo en sectores fabriles de menor concentración.
 
Como agente de la patronal en el movimiento obrero, la burocracia sindical ha acompañado a fondo el cambio de frente de la burguesía hacia el capital internacional. Nosotros tuvimos una clara percepción de ello cuando, en ocasión de la campaña electoral de 2015, nos entrevistamos con la Federación de sindicatos del transporte. Allí, sus direcciones no hicieron sino recitarnos el programa que auspiciaban sus patronales de cara a la nueva etapa, y que empalmaba con el de Macri, Scioli o Massa: tarifazos, apertura al capital extranjero, desregulación laboral. El compromiso de las cúpulas sindicales con el ajuste macrista da cuenta de este acuerdo de fondo, que a lo largo de 2016 ha dejado a la clase obrera librada a la suerte de luchas de enorme intensidad y combatividad, pero que resultaron aisladas por sus direcciones.
 
Con lo importante que han sido los ataques del macrismo a la clase obrera, éstos se encuentran muy por atrás de las necesidades del capital en favor de una reestructuración social a costa de la clase obrera. Cuando se dice que el “macrismo carece de los recursos políticos para llevar adelante esa escalada”, ello no sólo refiere a la debilidad política de la coalición gobernante sino a la tradición, la histórica y la reciente, de la clase obrera que debe enfrentar. De un modo general, la etapa del Argentinazo, signada por el derecho de los explotados a defender sus reivindicaciones mediante la acción directa, demostró en este año hasta qué punto sigue vigente. Casi con la asunción de Macri esa tendencia obrera se puso de manifiesto en la lucha de Cresta Roja, que su cuerpo de delegados llevó adelante en oposición al sindicato de la alimentación y que enfrentó, muy tempranamente, la represión del gobierno entrante. Los trabajadores desafiaron la tentativa inicial de cierre de la planta y su reapertura posterior con un tercio del personal y la reducción de salarios, es un escenario permanente de escaramuzas y luchas al interior de la planta. Lo mismo puede decirse de la combativa acción de los choferes de Ecotrans contra el desguace del grupo, de la huelga de Línea Este y la 176, expresando las tendencias que ya había expresado la gran huelga de la 60. Con contadas excepciones —como el caso de La Bancaria— las luchas de toda esta etapa, que han sido numerosas e intensas, se desenvolvieron en oposición a las cúpulas sindicales y sus acuerdos de fondo con el gobierno. Por eso mismo ha sido un escenario de desarrollo del activismo antiburocrático. Entre los estatales, las luchas docentes —que obligaron al gobierno a cruzar la mezquina barrera inicial del 25% de aumento salarial— tuvieron a los Suteba combativos, al pujante activismo de Santiago del Estero, Río Negro y a otros bastiones del clasismo como principales animadores, frente a la pasividad de la burocracia kirchnerista. Entre los estatales, las principales acciones contra los despidos fueron encabezadas por las internas antiburocráticas de ATE, en cierta medida por ATE Mendoza y, sobre el fin del año, los investigadores del Conicet le asestaron un golpe a Macri.
 
Lo mismo vale para la docencia universitaria, que arrancó —al calor de su fracción clasista y de las rebeliones educativas contra el ajuste— un aumento salarial muy por encima de las iniciales pretensiones oficiales, con el método de la huelga y una movilización que reunió a 40 mil personas, con la mitad de ellas ganando la Plaza de Mayo de la mano de la izquierda. En el interior se vivieron huelgas y movilizaciones de masas de gran alcance, como las desarrolladas por la Unión de Gremios de Tierra del Fuego, a la postre derrotada, o los paros de la Mesa de Unidad Sindical de Santa Cruz que se han extendido hasta el fin de 2016.
 
Entre los petroleros, los choques por arriba entre el gobierno y los pulpos en torno de la crisis de precios y los reclamos por subsidios estatales por un lado, y la ofensiva general contra el derecho al trabajo y los convenios por el otro, han dado lugar a un escenario de puebladas (Comodoro) y choques entre el activismo combativo y la burocracia. La nueva generación de activistas enfrenta ahora una ola de despidos y ataques a los cuerpos de delegados. Esa ofensiva antiobrera está poniendo todos los recursos del Estado y de la burocracia sindical, incluidas las patotas tipo Pedraza, para enfrentar la resistencia a los despidos y al convenio flexibilizador que se quieren imponer.
 
La burocracia sindical ha “administrado” sus acciones de modo de evitar por todos los medios un paro general, y en el caso de los paros estatales (impulsados por las CTA), sólo para contener las acciones de lucha locales y evitar un verdadero plan de lucha de alcance nacional.
 
El vínculo de fondo entre la burocracia sindical y los partidos del régimen (gobierno y oposición patronal) se puso de manifiesto en torno del episodio de la “ley antidespidos”. La burocracia depositó el reclamo en manos de la oposición patronal, que parió una ley defectuosa, aun así vetada por Macri, un veto que la CGT nunca desafió. De ese modo la burocracia evitó el expediente de una lucha de conjunto contra las suspensiones y despidos, y dejó al movimiento obrero librado a la suerte de las luchas parciales. Lo mismo puede decirse de la cuestión paritaria y, más recientemente, del impuesto al salario. Contradictoriamente, denunciando la “parlamentarización” de los reclamos, ha sido la oportunidad para una intensa agitación política desde el Parlamento, desenvolviendo proyectos propios y denunciando, en las diferentes instancias del debate del Congreso, la perfidia de la burocracia y la oposición patronal.
 
La victoria en el Sutna y el frente único de clase
 
La escalada macrista y las maniobras paralizantes de la burocracia han sido el escenario para el desarrollo y la recuperación de sindicatos y comisiones internas por parte del clasismo, que echa raíces en la experiencia de la etapa anterior. La conquista del Sindicato del Neumático debe ser caracterizada en ese terreno: en un sindicato industrial nacional, estratégico, la clase obrera ha asimilado una experiencia decisiva respecto de una dirección asociada al nacionalismo burgués — los obreros del Sutna, en definitiva, le dieron la espalda a los agentes sindicales del Frente Ciudadano y la “nueva mayoría” cristinista. La recuperación del Sutna muestra, por lo tanto, el hilo que une a la transición que recorre los sindicatos con la superación del nacionalismo en el plano político, y que tiene su canal en el Frente de Izquierda.
 
En conexión con esto último, la victoria del Sutna es la del método político con el cual el PO impulsó el desarrollo de una nueva vanguardia —el frente único de clase en torno de una agenda definida de reclamos y por la independencia política, como se expresó en las sucesivas convocatorias del Sutna San Fernando al activismo antiburocrático. También se ha desarrollado un intenso proceso de recuperación de comisiones internas en la Alimentación, que ha sido la base para la conformación de una lista antiburocrática de peso en las recientes elecciones de la Federación. Este método se expresa de manera más compleja, pero tal vez más clara todavía en las experiencias de construcción de una fracción clasista en ATE Mendoza, atravesado por una crisis de cooptación de antiguos sectores que no se asimilaron en el pasaje de ATE y la CTA Mendoza al campo antiburocrático. También en el Sitraic, donde el desarrollo del sindicato a escala nacional plantea la permanente lucha política por elevar a fracciones de activistas defraudados de la Uocra a una construcción clasista, y delimitarse de sectores que siguen adheridos al peronismo y sus métodos.
 
Estas experiencias contrastan con el faccionalismo que se practicó en el pasado reciente en las luchas metalmecánicas de la zona norte, o lo ocurrido con el FURA neuquino y la frustrada convocatoria al “encuentro combativo” del 5 de marzo. En oposición a ello, la Coordinadora Sindical Clasista luchó por agrupar al clasismo en columnas independientes y con un programa de lucha en todos los episodios o convocatorias del movimiento obrero de este año, desde el acto de las cinco centrales del 29 de abril a la Marcha Federal, pasando por los paros de las CTA y, naturalmente, las convocatorias propias como la del 9 de agosto y el 20 de diciembre. La convocatoria a la lucha, con una delimitación en términos de programa y de estrategia, se opone a la línea del acompañamiento a las “direcciones existentes”, un planteo de disolución del activismo en la burocracia y que expresa, en el plano sindical, el seguidismo general de la izquierda hacia las variantes de la oposición patronal, y en particular al kirchnerismo. Esta delimitación se ha operado en medio de un escenario de maniobras y desplazamientos de la burocracia, que debe ser caracterizado.
 
Abajo el ajuste. Congreso de Bases del Movimiento Obrero
 
Es muy claro, a esta altura, que la “unidad de la CGT” no ha tenido otro objetivo que el de reforzar la posición de la burocracia ante el gobierno en la lucha por sus prebendas, por un lado, y, por el otro, el de acentuar el cordón sanitario contra las luchas obreras y el activismo antiburocrático. Aun así, la unidad sindical refracta todas las fragmentaciones políticas del peronismo y, por lo tanto, su propia precariedad. El “cristinismo” sindical (Corriente Sindical Federal) ha reiterado el carácter declamativo de sus jefes políticos, que despachan verborragia contra el ajuste mientras reclaman un frente con los Massa o Insfran. La Corriente Sindical Federal no ha dado un paso de autonomía en términos de lucha, y subordinó cualquier iniciativa en este sentido a la parálisis general de la CGT. La CTA, que amagó con una tentativa de reunificación “antimacrista”, se encuentra hoy sacudida por las divisiones del centroizquierda, que hace de segundo violín en los realineamientos patronales. Yasky, detrás de los K; Micheli, vaciado de representación real, va detrás de los sectores asociados a la “economía popular” y al frente vaticano.
 
El impasse de las direcciones burocráticas y el fraude de la “unidad” cegetista replantea la lucha por una unidad del movimiento obrero fundada en un programa frente al ajuste de Macri y los gobernadores, a través de un Congreso de Bases del movimiento obrero de todas las centrales. Este planteo, que tiene un valor propagandístico general, debe cobrar —y ya lo hizo— vigencia inmediata en la emergencia de crisis provinciales, como la que se vive en Santa Cruz y otras que podrán tener lugar ante el agravamiento de la crisis, de las fracturas interburguesas y de los nuevos intentos de ofensiva sobre la clase obrera.
 
A la luz de todo lo anterior es necesario caracterizar la situación del movimiento obrero en todos sus matices y contradicciones. Está claro, por un lado, que el compromiso de la burocracia con el ajuste le permitió al gobierno atacar al salario y arremeter contra miles de puestos de trabajo. La recesión y la tregua han presionado sobre la capacidad de lucha el movimiento obrero. Las duras luchas que se sucedieron sin parar —Aluar, Cresta Roja, El Tabacal, Ecotrans, La Plata, la 60, docentes universitarios, petroleros, docentes, estatales, médicos, Sitraic— fueron aisladas pero demostraron: 1) que los trabajadores son un hueso demasiado duro de roer aun en las actuales condiciones; no ha habido derrotas significativas pero sí, como en el caso de El Tabacal, retrocesos transitorios ante la ofensiva patronal; y 2) que las reservas combativas se extienden a todos los sectores.
 
La iniciativa obrera —principalmente desplegada en oposición a la burocracia— le puso límites a la ofensiva patronal-estatal y le indicó al gobierno que ese rechazo podía llegar mucho más lejos en caso de un ajuste mayor. En esas condiciones, el gobierno interrumpió su plan de despidos estatales y, en el plano del movimiento obrero industrial, los despidos se concentraron en la franja más precaria de los trabajadores. La burocracia, en ese cuadro, prolonga su tregua, a la expectativa de que una reactivación económica le ahorre los costos de una lucha. Nuestra caracterización, sin embargo, debe partir del conjunto de la experiencia macrista, cuya sobrevivencia depende, en última instancia, de su capacidad para imponerle a la clase obrera un retroceso histórico en sus conquistas. El impasse político del gobierno no sólo no ha interrumpido sus anuncios antiobreros: muy por el contrario, los ha reforzado, porque en torno de esa agenda el oficialismo confía en sostener un frente patronal amplio en su apoyo, y mantenerlo a flote por encima de las disidencias y choques que se abren como consecuencia del empantanamiento económico y de la crisis internacional. La primera cuestión que resulta necesario definir ante ello es un programa de reivindicaciones obreras que deberá servir, también, como gran factor de delimitación frente a una burocracia que, en aras de los “puestos de trabajo”, está dispuesta a sacrificar conquistas históricas. En torno de ello es necesario definir un conjunto de campañas que deben servir de factor de clarificación, reagrupamiento y movilización en los grandes sindicatos: contra la reforma laboral que implica la revisión de convenios colectivos, contra la reforma reaccionaria de las ART, contra la extensión de la edad jubilatoria y por el aumento de emergencia y el conjunto de reivindicaciones de los jubilados, por la reapertura de las paritarias, por el reparto de horas de trabajo sin afectar el salario y la acción directa contra los suspensiones y despidos. El Encuentro de Racing marcó una perspectiva que hemos reivindicado en Atlanta, al igual que el Luna Park, como hitos en la fusión del movimiento obrero y la izquierda, a la altura de los cuales no están los grupos facciosos, conservadores y oportunistas de la izquierda. La oportunidad de una convocatoria a un encuentro del clasismo debe ser considerada a la luz de la situación general de los trabajadores, y siempre como un factor para motorizar la inquietud y la movilización al interior de las grandes organizaciones obreras.
 
El Polo Obrero contra la estatización del movimiento piquetero
 
El movimiento de desocupados se ha reactivado al calor de la escalada de despidos y del agravamiento de la miseria social, un proceso ya tenía lugar desde los últimos años del kirchnerismo. Las movilizaciones en reclamo de asistencia social, y la respuesta preventiva del gobierno con la concesión de planes sociales, han reforzado la capacidad de movilización de las llamadas organizaciones sociales o ligadas históricamente al movimiento piquetero. Como hemos señalado en más de una oportunidad, el gobierno pretende curarse en salud respecto de la experiencia de los años 90, cuando la polarización social y los despidos alumbraron a un movimiento de desocupados independiente y de lucha contra el Estado.
 
Para su acción preventiva, el macrismo no ha partido de cero: se ha valido de una ya prolongada historia de integración al Estado que recorre a buena parte de las llamadas organizaciones sociales, y que tuvo lugar bajo el kirchnerismo. En definitiva, la década “nacional y popular” consolidó la precarización laboral y la pobreza, y cooptó a buena parte del movimiento piquetero a un régimen permanente de trabajo precario sostenido con el presupuesto estatal. Milagro Sala y la Tupac Amaru son solamente el caso más elocuente de toda una política. El macrismo ha recogido en este punto la “herencia recibida”, y la ha asimilado a su propio régimen de contención social. La “emergencia social” recientemente aprobada en el Parlamento apunta precisamente a consolidar una estructura de trabajos comunales y obra pública sostenida con ingresos que no llegan a la línea de indigencia, y administrada por una burocracia “piquetera” generosamente recompensada. En este cuadro, el avance reciente del Polo Obrero debe destacarse no sólo por su masividad y capacidad de movilización, sino porque ella se ha desarrollado en oposición a la integración al Estado y a la tregua practicada por las grandes organizaciones piqueteras (CCC, Evita, Libres del Sur).
 
Asimismo, “este” Polo Obrero surge de las barriadas bajo condiciones diferentes a las que vivimos a finales de los años 90. Es el resultado de una implantación previa del Partido y del Polo, que ha tenido lugar bajo experiencias políticas diversas —trabajo de locales, luchas barriales por la vivienda y otras reivindicaciones, e incluso por nuestra labor parlamentaria. En ese cuadro, y en comparación con la etapa anterior del Polo Obrero, arrancamos con una influencia política mayor sobre los miles de compañeros que estamos agrupando, donde se destacan las mujeres y los jóvenes. Así como es cierto que una parte importante de la izquierda democratizante, chavista o estalinista, ha hecho de su desarrollo piquetero un factor de integración al Estado (y hasta de descomposición social), asistimos, en otro flanco de la izquierda, al desprecio por la organización revolucionaria de los desocupados o preca- rizados. Un planteo de esta naturaleza es antagónico al desarrollo de una alternativa de poder de los trabajadores, y no sólo porque la masa de compañeros en esas condiciones representa hoy al 30 o 40% de la clase obrera argentina. Es que la lucha del movimiento desocupado reviste, por sus características, un carácter esencialmente político, en la medida que sus reivindicaciones se dirigen inmediatamente contra el Estado. Es necesario retomar nuestras conquistas metodológicas de la etapa anterior (documentos fundacionales del Polo Obrero) y replantearlas en el nuevo cuadro político y en el actual desarrollo del Partido Obrero, el cual, en relación con el pasado, debe facilitar la integración y el reclutamiento de sus mejores activistas.
 
El movimiento de la mujer en la lucha de clases
 
Una expresión de la tendencia a una intervención popular de carácter generalizado es el desarrollo del movimiento de lucha de la mujer. Las enormes movilizaciones por Ni Una Menos son la manifestación de una rebelión general contra el Estado, en la medida que combinan una reacción contra la violencia que la explotación capitalista extiende a todas las manifestaciones de la vida social (y a la vida familiar en primer lugar), junto a la lucha contra la descomposición de ese régimen social, sus instituciones estatales y represivas, que trasunta en la desaparición de mujeres y el desarrollo de las redes de trata. Al mismo tiempo, la presión del clero —y la subordinación de los partidos del régimen al Vaticano— han frustrado todas las aspiraciones relacionadas con el derecho al aborto legal y gratuito. Las variantes del “aborto no punible”, en ese marco, están siempre cuestionadas por la presión de la Iglesia y sus agentes políticos y judiciales. Por este mismo desarrollo masivo, el movimiento de la mujer ha sido escenario de una batalla política encarnizada.
 
Los partidos del régimen se han empeñado en que el movimiento de la mujer no coloque en el centro de su lucha al Estado. Los femicidios, en ese cuadro, deberían situarse en el campo de la responsabilidad o las conductas individuales, y sustraídos del cuadro social general en el cual se desarrollan. La respuesta política, a partir de ello, ha consistido en medidas difusas de asistencia estatal a las víctimas, que el Estado desfinancia o sencillamente terceriza. O, en otro orden, en un reforzamiento de la legislación represiva, que refuerza la capacidad coercitiva del mismo Estado que ampara todas las formas de violencia a la mujer. La tentativa más grosera de disolución del movimiento de lucha de la mujer ha consistido en las disposiciones de “paridad de género”, que han intentado enmascarar una reforma política reaccionaria y que subordinan las reivindicaciones de la mujer a su representación formal en las listas electorales —ello, con independencia de las orientaciones sociales y políticas de los partidos que amparan esas listas. También en este campo la izquierda se ha adaptado profundamente a las maniobras del Estado y de los partidos del régimen. Incluso al interior del Frente de Izquierda, se han esgrimido a la cultura machista para pregonar la tesis de que las cuestiones de género podrían ser abordadas con independencia de la lucha de clases y de las condiciones del régimen social vigente, un planteo que conduce a una lucha de “género” sustraída de la lucha por una transformación social. Esta batalla política se ha expresado con toda su fuerza en el Encuentro de Mujeres y en todos los episodios recientes de movilización. A contramano de la filiación burocrática y parlamentarista que pretende imprimirle el feminismo vulgar o adaptado al Estado, el movimiento de mujeres produce todo el tiempo episodios de rebelión callejera de carácter masivo. Es en este cuadro que debemos desarrollar al Plenario de Trabajadoras: el próximo 8 de marzo debería ser la oportunidad para un proceso de plenarios previos que sirvan de balance y delimitación de los grandes episodios de lucha de 2016, y hacer de la convocatoria al 8 un gran campo de reclutamiento de las activistas que nos vienen acompañando en el último período.
 
IV. Programa
 
La crisis del “cambio de frente” ha instalado una intensa deliberación política, y exige que intervengamos con un programa. La burguesía, en sus foros, clama contra el “costo argentino”, que atribuye a la clase obrera y a sus conquistas históricas. Pero el “costo argentino” es, en primer lugar, el peso de la bancarrota capitalista descargada sobre trabajadores y consumidores, y que se expresa cotidianamente en la carga intolerable del capital financiero, en los tarifazos, en la confiscación impositiva a trabajadores y contribuyentes. Frente a ese parasitismo, planteamos: en primer lugar, investigar al conjunto de la deuda pública, y establecer el desconocimiento de todas sus refinanciaciones usurarias —lo que caracteriza a todo el “empapelamiento” de títulos actualmente vigente. Frente al costo explosivo y creciente de la refinanciación de la quiebra del Banco Central (Lebacs) planteamos su recapitalización a través de un impuesto extraordinario al capital financiero y la creación de una banca estatal única (nacionalización de la banca). Los planteos “proteccionistas” de la burguesía nacional sólo tienen efectividad a la hora de extorsionar a los trabajadores para que declinen sus reclamos —ello, en aras de “mejor enfrentar a lo que viene de afuera”. Los capitalistas, sin embargo, son los primeros en asociarse a los esquemas de producción o intercambio global y volverse importadores, o, en su defecto, si se arrancan medidas proteccionistas, castigan al consumo popular con sobreprecios. Un planteo de defensa de los trabajadores y de los intereses nacionales exige la nacionalización del comercio exterior, y una planificación del mismo en función de la reindustrialización del país y de la defensa del derecho al trabajo. Rechazamos las “reconversiones” a costa de los trabajadores: ningún despido, apertura de los libros de todos los monopolios industriales, y comerciales. Por una reconversión industrial dirigida por un congreso de trabajadores, y a costa de la clase capitalista.
 
El macrismo ha presentado a la actualización de los convenios laborales como una exigencia tecnológica o de “modernización”. Se trata de una completa impostura, pues la derogación de los convenios no persigue otro objetivo que facilitar una mayor explotación absoluta de los trabajadores e imponer un retroceso histórico en sus condiciones de trabajo. Es lo que está en juego en San Martín del Tabacal y lo que la burocracia ha entregado en la industria petrolera. La tecnología, por el contrario, debería ser la premisa para una actualización de conquistas fundada en la reducción de la jornada laboral y de los ritmos de trabajo. Es necesario desarrollar una campaña en regla contra la reforma laboral reaccionaria; por la defensa de las conquistas históricas de los convenios colectivos; por la jornada de seis horas en los trabajos insalubres o sensibles (transporte, enfermería).
 
La nueva escalada devaluatoria, y los tarifazos ya anunciados, incorporan la carestía y la desvalorización del salario en la agenda permanente del gobierno. La política de la “inflación por expectativas” y la pauta del 17% para este año es un claro intento por avanzar en una nueva reducción del valor de la fuerza de trabajo. Junto al reclamo de paritarias sin techo, es necesario colocar la cuestión de la indexación mensual de los salarios, e integrarla a la campaña salarial de nuestras agrupaciones.
 
La agenda de la corrupción tomada por el macrismo para acorralar el kirchnerismo resulta una operación quirúrgica con potencial de crisis de conjunto como se aprecia en la situación de Brasil. Debemos denunciar a todas las fracciones involucradas en una corrupción que es de carácter sistémico y que abarca desde el kirchnerismo al macrismo, a todas las fracciones de la burguesía. Ligarla a sus fundamentos: la patria contratista, las privatizaciones, la deuda usuraria, los subsidios del Estado a los grupos económicos, la Justicia de clase y del poder y la conexión de las instituciones de todo orden con el delito organizado y el lavado de dinero. Los revolucionarios denunciamos desde el dietazo hasta el negociado con los fondos buitre, desde la perspectiva de un gobierno de trabajadores y no de reforma del Estado. El planteo del “contrato moral” del centroizquierda ha terminado en el gobierno offshore en reemplazo de las valijas de López y Lázaro Báez.
 
El planteo del salario igual a la canasta familiar vuelve a ocupar un lugar central en el programa, no sólo contra la carestía; también ante el intento de establecer, mediante la “emergencia social” un salario de tipo asistencial, que alcance a una porción significativa de los trabajadores.
 
La pulseada en torno de los despidos aún no ha librado sus grandes batallas, pero la situación es grave en muchos sectores industriales. Los retiros voluntarios son la modalidad en boga para achicar los planteles, pero tarde o temprano encontrará su límite. La agitación por el reparto de las horas de trabajo debe unirse al planteo de la ocupación de fábricas que suspendan o despidan, una campaña que debe ser preparada con debates y reagrupamientos sindicales y zonales.
 
La cuestión de la abolición del impuesto al salario adquiere un nuevo alcance después del fraude del Senado, puesto que dejará como saldo una salida cosmética, y con 2 millones de trabajadores afectados por el impuesto si contamos a los jubilados. La agitación en torno de nuestro proyecto debe servir para alimentar todo un debate sobre la política impositiva de la clase capitalista, que utiliza al Estado para confiscar a la fracción de la clase obrera que llega a la canasta familiar y, de paso, interviene para presionar hacia abajo sobre el valor de la fuerza de trabajo. Si los trabajadores sostienen al Estado con sus impuestos, deben ser ellos los que lo gobiernen. La clase capitalista se desprende de su responsabilidad en sostener al Estado, por lo cual la cuestión impositiva debe ser planteada de forma transicional, en base a impuestos progresivos a las rentas y fortunas, lo cual, a su turno, plantea la cuestión del poder.
 
Otro punto clave será la cuestión previsional. Con la “reparación histórica” el gobierno dio el primer paso para avanzar con una nueva reforma previsional, cuyo eje será la elevación de la edad jubilatoria. Ya el FMI manifestó que las mujeres deben jubilarse a los 65 años, lo que llevaría la de los hombres a los 70. Por otro lado es probable que se avance en una restitución parcial de las AFJP al menos como jubilación complementaria, de modo tal que restituya un negocio a los bancos, y que convierta la jubilación estatal en un ingreso mínimo. Nuestro planteo es no al aumento a la edad jubilatoria, restitución de los aportes patronales en los niveles previos a Cavallo, aporte único patronal, administración de la Anses por los trabajadores y los jubilados, 82% móvil.
 
V. La izquierda y el Frente de Izquierda
 
El nuevo cuadro político creado con el triunfo del macrismo y el pasaje de un ala del kirchnerismo a la oposición influyó decididamente sobre la izquierda. Muchos sectores que durante la década pasada se mantuvieron independientes kirchnerismo y rechazaron la cooptación estatal giraron hacia posiciones favorables a alianzas políticas con los K, bajo el postulado de constituir “un frente único contra Macri”. Ciertamente, muchos de estos grupos carecían de una delimitación estratégica con el kirchnerismo. Se alejaban de él empíricamente, ante el rechazo que les generaban los atropellos cometidos por el aparato del Estado, pero sin oponerles una crítica de fondo a los gobiernos que se declaran de la burguesía nacional. Cuestionaban, por ejemplo, el pacto con Chevron pero presentaban como pasos positivos la expropiación de YPF o medidas estatizantes similares. Esa inconsistencia se delataba en el hecho de que esos grupos de izquierda coincidían con el kirchnerismo en su política exterior, pues ambos se declaraban aliados de los gobiernos de Venezuela y Bolivia, aunque esta izquierda iba más lejos al presentarlos como variantes de regímenes socialistas. Aunque no era fatal, estaba inscripto en estas limitaciones programáticas que un pasaje del kirchnerismo a la oposición los llevaría a moverse en su órbita. Este proceso de “kirchnerización” no sólo se dio con grupos políticos más o menos cristalizados. También una parte de sectores independientes que se declaran de izquierda y que han votado por el FIT en todas o en algunas de las últimas elecciones adoptaron posiciones similares.
 
La mayoría de estos agrupamientos tiene una estructura peculiar. Sus núcleos dirigentes suelen ser grupos pequeñoburgueses estudiantiles, con posiciones de tipo foquista-nacionalista, pero su acción política cotidiana suele limitarse a tareas barriales y asistenciales. En su función de operar como mediadores entre el Estado y un sector de la población extraen los recursos económicos para la subsistencia de su grupo y de ellos mismos. Bajo esa presión material varios de estos grupos fueron más allá del seguidismo a los K y apoyaron la “emergencia social” pactada entre Macri y el triunvirato piquetero amparado por el Papa, del que fueron marginados una parte considerable de los grupos K. Aunque en el movimiento sindical tienen una fuerza escasa, allí donde logran alguna influencia sostienen posiciones de conciliación con la burocracia, especialmente con las CTA, también con el argumento del “frente único anti-Macri”. Al PO en particular le endilgan que, al promover columnas independientes, “dividimos” la lucha contra el macrismo.
 
El frente MST-MAS repite a su modo varias de estas características. Ambos partidos defendieron el 24 de marzo pasado la realización de una movilización común con el kirchnerismo, postura rechazada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. En el caso del MST, que actúa dentro de la CTA-Michelli, acompañó el giro de éste hacia un acuerdo con Yasky y su CTA. Tomar nota de esa convergencia de posiciones no debe ocultar que por sobre todas las cosas este frente es una maniobra desesperada para sobrevivir e intentar trasponer el piso proscriptivo de las PASO, pero permite mostrar que hasta los manotazos de ahogado tienen un contenido político determinado.
 
Estas divergencias políticas tuvieron su expresión también dentro del Frente de Izquierda. En el caso del PTS, sin embargo, esas diferencias se manifestaron aún antes del triunfo Macri. Su campaña en las PASO contra los “hijos de Menem” fue armada conscientemente para franelear con el kirchnerismo, que veía al PO como el enemigo principal en el campo de la izquierda. Pasadas las elecciones esta orientación se profundizó. La participación en manifestaciones reivindicatorias de Milagro Sala y Hebe de Bonafini, sus posiciones en el Congreso favorables a entendimientos con los K (votación sobre la deuda junto con Kicillof y compañía) y la ruptura del acto del 1° de Mayo del FIT por seguir al PT de Lula, fueron todos jalones que ilustran un seguidismo al kirchnerismo. Aquí se combinan dos cuestiones: su falta de delimitación estratégica del nacionalismo burgués y las especulaciones de aparato de que pueden recibir en las próximas elecciones el apoyo de un sector del kirchnerismo, que como ya señalamos también ha tomado nota (¡y partido!) de las divergencias en el Frente de Izquierda. En el caso de Izquierda Socialista, una corriente que abreva como nadie en la fuente morenista, su seguidismo histórico al nacionalismo burgués ha quedado relativamente difuso como resultado de su cues- tionamiento al kirchnerismo, incluso aliado en varias circunstancias con la derecha. Por el carácter de su crítica, IS tampoco puede oponer un planteo estratégico al nacionalismo. Cuestionaron, por ejemplo, las estatizaciones kirchneristas por su carácter limitado, y no desde el punto de vista de oponer la gestión obrera a la gestión capitalista. Su planteo de “reestatización” de las empresas privatizadas es la variante más extrema de esta política, porque coloca como su horizonte estratégico la vuelta al estatismo burgués (YPF, ENTel, Segba, etc.) que le permitió a la clase capitalista saquear al Estado en su beneficio. A los ojos de las masas esta política es rechazada por una larga experiencia que mostró que este estatismo burgués es una fuente inusitada de corrupción y de ineficiencia. El “control obrero” que habitualmente se le agrega al reclamo de estas reestatizaciones no pasa de un simple lema, ya que no se trata del control obrero aislado en una empresa sino de oponer a la gestión capitalista del país la gestión de los trabajadores. La crítica socialista debe concentrar sus dardos en el Estado burgués, para ofrecer una estrategia de poder alternativa.
 
Durante el 2016 el Frente de Izquierda profundizó su parálisis y la acción escindida de los partidos que lo integran. Sin embargo, la masividad lograda en el acto de Atlanta mostró que sigue siendo un canal para un sector importante aunque minoritario de los trabajadores y de la juventud que evolucionan hacia posiciones de independencia de clase. Fue para defender este lugar del Frente de Izquierda en la situación política que decidimos avanzar en la convocatoria del acto, incluso a riesgo de que fuera usado como coartada para ocultar la acción paralizante y faccional realizada en especial por el PTS. Los términos de la convocatoria al acto fueron un triunfo del PO, pues expresaron una delimitación estratégica con el kirchnerismo y el nacionalismo burgués. El PTS se avino a suscribir un texto de ese tenor por un motivo de conveniencia, ya que buscó diluir su seguidismo a los K, pero también como reflejo de que deben actuar en el marco de la referencia creada por el Frente de Izquierda. Este es un punto importante, ya que el boicot al 1° de Mayo unitario del Frente de Izquierda expresó potencialmente el intento de romper el FIT.
 
Nuestra propuesta de que Atlanta fuese preparado por una campaña de actos fue rechazada, tanto por el PTS como por IS. Lo mismo vale para que del acto el Frente de Izquierda saliera un plan de agitación política común. En ese sentido, el valor del acto, que por su masividad superó todas las previsiones y las convocatorias previas del FIT desde su constitución en 2011, vale como registro de la potencialidad de la acción de la izquierda revolucionaria, pero no rompe la parálisis y el faccionalismo imperantes. La caracterización que surge, por lo tanto, es que las divergencias previas siguen vigentes y que primarán en la próxima etapa nuevas maniobras de tipo faccional, todos hechos contrarios a una acción del FIT como frente único de clase. Esto vale también para las elecciones próximas, donde la variante más probable es que se repita la competencia de las PASO, que sólo podrían ser evitadas por una conveniencia sobre la conformación de las listas pero no por una homogeneización de posiciones.
 
Las posiciones desarrolladas por cada partido en Atlanta mostraron el alcance de estas divergencias. En el caso del PTS, su posición se resumió en la necesidad de meter más diputados. La reivindicación que hizo Del Caño sobre la actividad del FIT durante el año confirmó que no piensan modificar su accionar faccional. Y el planteo de “batalla central” en la provincia de Buenos Aires, en este cuadro, no indica que sea la batalla central contra la burguesía, siquiera en el plano electoral, sino la batalla central del internismo democratizante al interior del FIT. La crítica de IS a las PASO, por boca de Giordano, fue realizada desde el punto de vista de la defensa de la “unidad de la izquierda”, pero sin nunca conectar la posición divisionista con la posición pro- kirchnerista realizada por el PTS dentro y fuera de Congreso.
 
Nuestro Partido debe tomar nota de la situación contradictoria que se ha creado. Por un lado el FIT realizó su acto más masivo, y por el otro el divisionismo paralizante ha tomado mayor dimensión que en el pasado. Esta contradicción debe ser enfrentada con una campaña de partido, que tome en sus manos la agitación política que debiera realizar todo el Frente de Izquierda sobre los temas políticos más relevantes y las cuestiones más acuciantes de las masas, y a la vez llamar a desarrollar y defender al Frente de Izquierda con el método del frente único sobre la base de un programa de independencia de clase. El método de esta campaña política debe ser integral, incluyendo la acción de los voceros distritales y provinciales. Esta tarea debe empezar de inmediato, mientras se desarrolla el proceso de debate pre-congresal.
 
VI. Debate y acción
 
Con la publicación de este documento anticipamos la apertura del debate pre-congresal, que estatutariamente comienza el 15 de enero —90 días antes del Congreso. Mediante el debate colectivo en los equipos, plenarios y direcciones queremos reforzar la intervención inmediata del conjunto de la militancia. Las caracterizaciones, conclusiones y tareas que se señalan en el texto deben ser verificadas en la práctica mediante la acción colectiva del partido. El método del Congreso sintetiza la unidad de teoría y práctica en una praxis militante, donde el debate y la acción se nutren mutuamente para alcanzar síntesis superiores.
 
La caracterización central que guía el documento es la siguiente: durante su primer año de gobierno se ha puesto de manifiesto que Macri no reúne las condiciones políticas necesarias para pilotear una crisis que combina una bancarrota capitalista sistémica, una descomposición de los partidos tradicionales de la burguesía y una clase obrera que se resiste a pagar la factura de la crisis, pues si bien no vive un cuadro de ascenso tampoco ha sufrido derrotas decisivas, y le ha puesto límites a la ofensiva antiobrera. Los nuevos saltos que ha dado la crisis mundial agudizan esta situación y los choques internos en la clase capitalista, que pueden conducir a una fractura. La situación oscilará entre el compromiso para defender la gobernabilidad y la tendencia a los choques y fracturas. De conjunto están reunidos los elementos que caracterizan una crisis de poder. La ofensiva que necesariamente los capitalistas y el gobierno deberán emprender contra los trabajadores plantea un escenario de intensificación de la lucha de clases.
 
A partir de esta caracterización están determinadas las tareas del partido durante el próximo período. La clave es realizar una fuerte campaña de agitación política sobre la base del programa desarrollado en el documento. Para evitar que la misma asuma una forma doctrinaria es necesario aprovechar todas las situaciones que crea la crisis política para desarrollar una denuncia contra los partidos del sistema y el Estado, oponiendo un programa de medidas y la necesidad de la organización de los trabajadores en un polo político independiente. La campaña política debe ser desarrollada también por nuestros voceros en todos los distritos del país, para proyectar nuevos tribunos y también preparar por una vía de lucha nuestra participación en las elecciones. La acción parlamentaria en el Congreso Nacional, las legislaturas y los concejos debe estar integrada a esta tarea de agitación política de partido, siendo tribunas privilegiadas para ello. Llevaremos adelante este plan de agitación en nombre del Frente de Izquierda, mostrando en la práctica cómo entendemos debe ser su desarrollo, lo que a la vez equivale a una delimitación política de los otros partidos del FIT. Con esta campaña de agitación política queremos interesar en primer lugar a la clase obrera, para lo cual es necesario un plan especial sobre las fábricas y los sindicatos.
El proceso de debate pre-congresal se combinará con la agenda misma que surja de la situación política. Junto con la campaña de agitación general deberemos enfrentar tareas centrales: la cuestión de las paritarias en el movimiento obrero durante el verano, en especial en el gremio docente; la preparación del 8 de Marzo que en 2017 será seguramente masivo; y el 24 de Marzo, que requerirá de una gran preparación política y organizativa. En ese marco, organizaremos conferencias provinciales a principios de marzo, con vistas a la táctica electoral en cada distrito.
En todo el país el Partido está en una campaña de reclutamiento de nuevas relaciones, tal como se debatió en profundidad en la Conferencia de Organización realizada a comienzos de diciembre. Los compañeros que concurrieron a Atlanta con nosotros son la mayor movilización realizada por el PO en toda su historia. Es necesario aprovechar el proceso pre-congresal para desenvolver a fondo el reclutamiento, interesando a los compañeros con nuestras conclusiones y con nuestro método de funcionamiento. Lejos de meternos “hacia adentro”, el Congreso debe servir para reforzar la acción política del Partido y el reclutamiento de nuevos contingentes de trabajadores, jóvenes y mujeres.
 
29/12/2016
 
* El texto fue discutido y aprobado por el Comité Nacional del Partido Obrero
 

Compartir

Comentarios