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Para la Resolución Política que discutirá el XXVI Congreso

Por Jorge Altamira

El derrumbe económico y financiero que se manifestó a partir de abril de 2018 ha provocado un rápido agotamiento político del gobierno macrista y una crisis del conjunto del régimen político, a saber, del sistema de “coalición a la carta” establecido con el peronismo y la burocracia de los sindicatos. El kirchnerismo formó parte de esa coalición en la práctica con su planteo de aguantar hasta 2019. La descomposición política del régimen presente constituye, en principio, una reversión de tendencia, del llamado “ciclo derechista” que arranca en las elecciones de 2015 y prosigue en las de medio término en octubre de 2017.

Se ha abierto, en consecuencia, una transición política que envuelve a todas las clases y fuerzas políticas en presencia. Es decir que se desarrolla una disputa para determinar el curso de esta transición, desde el capital financiero y la burguesía en su conjunto a la clase obrera. La gravitación de cada uno de los actores en conflicto deberá variar con el desarrollo de la misma crisis.

Asistimos a una transición política condicionada por el escenario latinoamericano e, incluso, internacional. Por un lado, tenemos las victorias del “correísmo” en las elecciones municipales de Ecuador, un cimbronazo considerable cuando han transcurrido solamente dos años del cambio de camiseta de Lenin Moreno. De otro lado, el gobierno de Bolsonaro atraviesa un impasse que puede ser catastrófico, si en verdad refleja en forma aguda, como lo presenta la prensa, un enfrentamiento del ala militar del gobierno con la camarilla fascistoide. El telón de fondo de la crisis brasileña, la acentuación del retroceso económico y los alcances explosivos del plan económico de la camarilla financiera, que lo mira en el espejo de la experiencia de Argentina. A este panorama se suman las grandes movilizaciones indígenas en Colombia, la rebelión popular en Haití, que plantea la caída del gobierno y las movilizaciones migratorias a México y Estados Unidos.

La ofensiva renovada del imperialismo contra Venezuela se inserta en este escenario de antagonismos sociales y políticos crecientes. Numerosos voceros del imperialismo, en Europa y Estados Unidos, dan por caduca la “operación Guaidó”. El ala Trump-Bolsonaro contraataca con la amenaza de una acción militar. La crisis ha asumido un carácter internacional aún más amplio al involucrar a Rusia y a China como alternativa al bloqueo financiero y petrolero del imperialismo contra Venezuela. La ofensiva iniciada por el imperialismo se encuentra condicionada por estas contradicciones explosivas, cuando al mismo tiempo está en la balanza la guerra económica contra China y la ofensiva “geopolítica” contra Rusia en los Balcanes y el Cáucaso. Por otro lado, la previsión de una recesión económica generalizada tendrá un impacto negativo sobre el manejo del defol y del plan del FMI en Argentina. Las crisis de los regímenes políticos, como es el caso ostensible de Gran Bretaña, Italia o incluso Alemania ponen de manifiesto la división más profunda de la burguesía mundial desde la última guerra; no se puede descartar un Brexit catastrófico o un descalabro de los partidos de gobierno en las elecciones europeas de mayo.

En esta transición política ocupa un lugar fundamental la bancarrota financiera e industrial. La perspectiva de un derrumbe del plan fondomonetarista ha sido señalada por todos los observadores; sólo se encuentra en debate su ritmo y los plazos. El FMI ya ha insinuado otro plan para 2020, ante la evidencia de que la amenaza de defol sigue planteada. La transición política opera dentro de una perspectiva de conjunto -o sea, de alcances sociales y políticos convulsivos.

El pago de los vencimientos de deuda pública con el dinero del FMI no ha disipado de ningún modo el defol. Lo demuestra la deuda que vence enseguida después de las elecciones, que cotiza en torno de los 80-85 centavos de dólar, con tendencia a la baja, y, la contrapartida, tasas de interés que superan el 15% anual.

Las acciones de los bancos registran caídas sistemáticas en Wall Street, lo que advierte que las ganancias que rinden las Leliq son contables -o sea ficticias-, pues podrían convertirse en pérdidas fabulosas y en la quiebra al conjunto del sistema, en caso de una fuga de capitales y de una megadevaluación. Fue lo que ha ocurrido con el pasaje de las Lebac a la Leliq, cuando los 60 mil millones de dólares de las primeras se convirtieron en los 25 mil millones de dólares de las segundas. Los bancos rechazan, precisamente por este motivo, invertir sus fondos propios en estos instrumentos, y con la posibilidad que les ofreció el Banco Central de invertir en Leliq la totalidad de los depósitos. La caída de la cotización de los títulos públicos a mediano plazo -o sea, la venta de la deuda pública de Argentina a precios cada vez más bajos- provoca una desvalorización de las Leliq, como lo demuestra la obligación de ofrecer una tasa de interés descomunal para que sean aceptadas. La salida a este impasse financiero llevaría a una hiperinflación o a una confiscación parcial de depósitos; es lo que ha ocurrido con las Lebac (deuda con el Banco Central), que fueron convertidas parcialmente en deuda del Tesoro (Lecap).

En algunas oficinas internacionales se baraja la dolarización del sistema financiero, como recurso último. A este balance sucinto del estado de la deuda pública federal, debemos añadir la de las provincias, en especial la de Buenos Aires, y la deuda externa privada, que ha llegado a los 100 mil millones de dólares. La deuda externa del Banco Central es igualmente enorme, porque solamente se encuentran en libre disponibilidad 21 mil millones de dólares sobre un monto de reservas de alrededor de 70 mil millones.

La crítica que se dirige al FMI por no habilitar el uso de dólares para enfrentar corridas contra el peso es una admisión flagrante de una amenaza de defol. Si el FMI admitiera este uso, como lo acaba de hacer en una mínima parte, arriesgaría el cumplimiento del pago de la deuda externa, que es el objetivo central de todo el plan.

Como nunca antes, “la deuda externa” emerge como una cuestión nacional, que afecta al conjunto de la estructura social actual.

Es significativo que el derrumbe del fantasioso déficit fiscal cero sea consecuencia de la caída de la recaudación fiscal, porque demuestra que el llamado “ajuste” se come la cola. La exigencia del FMI de elevar impuestos a monotributistas y a consumidores, para compensar esa caída, en medio de un desplome industrial (consumo e inversión), muestra la inviabilidad del plan económico. De otro lado, la baja del déficit por medio de la supresión de los gastos públicos de capital es insostenible para el conjunto de la economía. Argentina no atraviesa una recesión sino un colapso. El macrismo no ha podido reemplazar el gasto público en inversión por el sistema de Participación Público Privado, que pretendía financiar obras por medio de financiamiento internacional, con un costo ruinoso a mediano plazo. El gobierno, luego de las pérdidas sufridas por los fondos internacionales por la devaluación de 2018, ha entrado en un impasse con su propia base social. Cuando un Grobocopatel insiste en que, a pesar de todo, volvería a votar al macrismo para evitar un retorno del kirchnerismo, simplemente da expresión al callejón sin salida en que se encuentra el gran capital en esta fase de la transición política.

Un ala de la burguesía vuelve a caracterizar a la crisis presente como un fenómeno explosivo pero de corto plazo, que oculta una salida estratégica que se encuentra en desarrollo. Vuelven a señalar las perspectivas que ofrece la expansión de la agroindustria, el gas no convencional y las nuevas tecnologías. Argumentan que una inserción internacional de estos sectores habrá de proveer las garantías necesarias para una gran corriente de inversión extranjera, lo cual en conjunto permitirá dejar atrás ochenta o noventa años de atraso. Este enfoque traduce las expectativas de un capital que ya se encuentra en movimiento, pero que no reconoce las limitaciones que le impone la crisis mundial. La expansión agroindustrial enfrenta el problema de mercados en reflujo, como el de China, que se manifiesta en la caída de los precios, pero también en el aumento de la industrialización de la materia prima agropecuaria por parte de China. El desarrollo de Vaca Muerta está condicionado a la instalación de grandes inversiones en regasificación en mercados internacionales que ya se enfrentan incluso a una guerra económica entre estados. La penalización de Tecpetrol por parte del FMI, que ordenó reducirle los subsidios del Estado con el argumento del “ajuste”, se inscribe en estos enfrentamientos. Ese desarrollo, por otro lado, opera como una succión de recursos, porque la internacionalización de la economía dejaría fuera del mercado a gran parte de la industria. Una suerte de dolarización económica dejaría afuera del cuadrilátero al Mercosur, una alternativa que cobra mayor fuerza. El impasse histórico de Argentina y América Latina sigue en pie y se profundiza, bajo todas las alternativas de salidas en discusión.

La estrategia revolucionaria, debemos concluir, siempre toma en cuenta el conjunto de las tendencias del capital, no las aísla del corto o largo plazo. La Revolución de Octubre, el gran paradigma histórico, fue el resultado, por un lado, de “un cambio de época” del sistema capitalista (guerras y revoluciones) y, por el otro, de situaciones revolucionarias a lo largo de los eslabones de la cadena de la economía y política mundiales de la etapa.

La crisis de conjunto del régimen político es una primera aproximación a la caracterización de la crisis en curso. El desfile de la patronal por Comodoro Py; la inculpación a los jueces federales por corrupción en el manejo del tema de los arrepentidos; la demostración del vínculo de los servicios de inteligencia con los fiscales y jueces en operativos de espionaje político y de extorsión económica; el descubrimiento de un sistema de espionaje montado por Patricia Bullrich contra María Eugenia Vidal; la caída, como consecuencia de estas revelaciones, de algunos juicios entablados contra el personal del kirchnerismo -alargando en el tiempo algunos casos contra CFK-; el acrecentamiento de la campaña mediática para imponer una prisión preventiva a CFK; todo esto demuestra un derrumbe extraordinario del aparato mismo del Estado, que no ha dejado de lado a la Corte Suprema. Este derrumbe del Estado ha creado un sistema de golpismo palaciego permanente. Explica, asimismo, el coqueteo de algunos políticos patronales y de algunos punteros con la propuesta de una reforma constitucional. La incapacidad para ofrecer una salida a la crisis del Estado -más bien la ha agravado en forma considerable, es la expresión más aguda del impasse del régimen en su conjunto.

La derrota del proyecto de derecho al aborto en el Congreso y la confirmación de una legislación anti-aborto en el proyecto de Código Penal han servido de experiencia al pueblo acerca de las limitaciones insalvables del parlamentarismo, como lo que ha ocurrido asimismo con los proyectos acerca de tarifas. En la crisis de régimen político y del aparato estatal, el Parlamento ocupa un lugar pleno. La lucha parlamentaria socialista para arrancar al Parlamento derechos para los explotados plantea el desarrollo de una lucha de clases enérgica y la denuncia, por lo tanto, del gobierno y del conjunto del régimen político.

La llamada “incompetencia” que varios gurúes del establishment patronal atribuyen a los planes del gobierno e incluso del FMI es otra manifestación de la crisis del Estado, incluso a nivel internacional. El entrelazamiento de la anarquía capitalista, por un lado, y la bancarrota económica de los Estados, por el otro, es la base material de la descomposición de los aparatos de Estado y de su función de árbitros últimos de la lucha de clases.

La aceleración de la crisis se encuentra entretejida con el desarrollo de la crisis política, y especialmente frente a un escenario electoral de desplome del macrismo. Las encuestas y los medios dan por descontado el fracaso de Macri -solamente se interrogan sobre las alternativas que puedan surgir desde el pejotismo para neutralizar a CFK. El macrismo atraviesa una crisis terminal, que se manifiesta en un sinnúmero de enfrentamientos: Peña-Vidal, UCR-Durán Barba, Macri-Lousteau, división del radicalismo en varias provincias. El ala más gorila de los intelectuales macristas acaba de publicar un manifiesto que reclama, nada menos, que “el cese de la grieta”, o sea un frente nacional con el pejotismo, que encontró una réplica en la escisión de Carta Abierta, que plantea lo mismo desde el lado opuesto. El plan fondomonetarista ha acentuado la fragmentación del macrismo y, bajo la presión de una crisis que amenaza romper los límites actuales, del kirchnerismo.

En la vereda de enfrente, CFK no ha hecho pie en las elecciones adelantadas y ha mostrado una vulnerabilidad estratégica al retirar, a dedo, a su candidato en Córdoba. Acostumbrada a ganar en primera vuelta, la jefa K llegaría al balotaje con viento a favor, según las encuestas, pero como una candidata estructuralmente débil, porque no cuenta con las condiciones económicas para una política de concesiones a los trabajadores. A partir de aquí hay una corriente de presión para que CFK se baje de la contienda, alegando que su presidencia enfrentaría un escenario económico e internacional desfavorable.

Todas las clases y partidos cabalgan sobre la transición política. La batuta la tienen todavía los partidos patronales; la formación de una conciencia de clase acerca de la crisis actual depende en gran medida de una campaña política socialista.

Ninguno de los partidos patronales, sin embargo, incluido el kirchnerismo, plantean cambio de frente en la orientación actual. Ni ruptura con la política fondomonetarista ni con la movilización de las masas para respaldar roces o choques con el imperialismo. La burguesía descarga la crisis sobre los trabajadores con despidos y desvalorización de la fuerza de trabajo, y miles de concursos preventivos de crisis. Pero esta política no la saca de la crisis actual; no alcanza con hacer pagar la crisis a los trabajadores, simplemente porque está agotado su sistema de acumulación y porque la perspectiva de remodelarlo requiere crisis aún mayores. Esta contradicción que consiste en descargar la crisis sobre los explotados, sin por eso abrir una salida al impasse, es la base última que lleva a situaciones prerrevolucionarias o revolucionarias. La salida capitalista reclama, en última instancia, una derrota estratégica de los trabajadores, un retroceso histórico de las masas.

La tendencia de fondo de la burguesía nacional es integrar a Argentina al mercado mundial de capitales; no un cambio de frente nacionalista. Contra lo que cuenta el relato oficial, bajo el gobierno K se trabajó en esta dirección en forma muy clara. Ahora, oficialistas y opositores, incluso el FMI, plantean una reestructuración de deuda sin pasar por una declaración de defol. La burguesía sucumbirá a la necesidad de un cambio de frente solamente en el caso de que la transición desemboque en una crisis política generalizada y a una amenaza revolucionaria. En un escenario de recesión internacional y choques económicos y militares entre las potencias protagónicas, la bancarrota económica se va a acentuar, las alternativas en presencia se agotarán con la velocidad de la crisis mundial, y el desarrollo de situaciones prerrevolucionarias y revolucionarias se irá perfilando en medio de estos zigzagueos de la crisis. La revolución proletaria, que es en esencia el auto-movimiento de los explotados por su emancipación, para un partido y para una fuerza política consciente es esencialmente una estrategia.

Para una mayoría de observadores, el cuadro de las Paso, que se definirían en junio próximo, dejaría despejada la perspectiva de la crisis hacia octubre. Especulan con la posición que finalmente adopte el kirchnerismo; un éxito de la candidatura de Macri es descartado por todas las consultoras -y, por sobre todo, por el nivel de bronca de las masas. La intención de poner a Lavagna como candidato único del peronismo no K choca con la falta de arrastre que genera en el electorado. CFK tiene en la manga la oferta de una interna a todo el peronismo. Las especulaciones acerca de una candidatura alternativa de Vidal no han cesado, ni una coalición general entre un macrismo desgajado y el Peronismo Federal, que ya probó suerte en la cogobernación en la provincia de Buenos Aires. Vidal ya ha comenzado a maniobrar frente al macrismo de paladar negro de Peña y Durán Barba. La oferta salarial a los docentes produjo un choque con Peña y ha abierto una grieta en el gabinete; ha puesto al gobierno a la defensiva -lo mismo ocurre con diversos fallos de la Corte favorables a las reivindicaciones sociales, que contaron con el voto de Rosenkrantz. Este impasse acentúa la presión por un retiro de CFK -a cambio de garantías y candidaturas legislativas nacionales. Si esto no ocurre, la candidatura kirchnerista se convertiría en un factor de desestabilización política. En lugar de que las elecciones encaucen la crisis, ocurriría lo contrario. Se plantearía una cuestión de poder (salida anticipada de Macri) dentro del proceso electoral. El tratamiento de estas variantes por la prensa demuestra el impasse de conjunto del proceso electoral.

En la actual fase de la crisis y la transición política se destacan dos factores. Por un lado, la amenaza de explosión financiera, el desplome industrial y el incremento de la miseria de las masas como consecuencia de la carestía, la desvalorización de los salarios, los despidos y la desocupación. Por el otro lado, la crisis de régimen y del Estado en todas sus dimensiones, a la que se añade la dificultad de la patronal y del imperialismo para armar una salida electoral confiable, a poco más de dos meses de las Paso. El factor más importante es, sin embargo, la lucha de las masas.

Desde antes del estallido de la crisis, en el período de iniciativa política de la coalición a la carta, tuvieron lugar luchas importantes -unas de carácter general, otras parciales. La huelga de las mujeres (que prefiguró el futuro movimiento por el derecho al aborto), la rebelión educativa, los paros generales unánimes, la victoria de la movilización sin precedentes del 2x1 -todo esto debe ser caracterizado como un límite extraordinario a cualquier ataque histórico o estratégico contra las masas. Hay que destacar también las ocupaciones de AGR-Clarín y Pepsico y de los pozos petroleros en Comodoro, y las luchas de azucareros en el norte. El macrismo no desarrolló su plan antiobrero sobre masas inertes sino activas. El giro económico del gobierno a finales de 2017, que detonó la presente crisis con un afloje del torniquete financiero y la caída al final de Sturzenegger, fue provocado por la movilización contra la reforma previsional, aunque se haya combinado con una crisis en Wall Street. Ha crecido el odio de las masas, no la resignación, por eso hay una crisis política. 2018 fue el año extraordinario de la lucha de la mujer, con perspectivas de nuevas peleas; ha habido un cambio en la relación de fuerzas entre los movimientos sociales papistas, de un lado, y los movimientos combativos del otro, y un cambio, en consecuencia también, en la presión de los trabajadores desocupados sobre el gobierno y el Estado. En estos momentos se desarrollan las luchas de Interpack y Fate; en Fate, el gobierno pone en práctica una discusión reciente en el gabinete, a favor de atenuar los preventivos de crisis mediante subsidios a las patronales, acompañado de treguas precarias. La cuestión estratégica que plantea esta situación es el contenido político que debe introducir en la vanguardia de estas luchas y en las masas, la izquierda revolucionaria. En oposición a esta alternativa, la política patronal está empeñada en moldear la conciencia de los explotados en sus propios términos, recurriendo al desvío electoral.

La función principal de un partido revolucionario es orientar a las masas en el meandro de la crisis política del sistema de dominación. El planteo de “Fuera Macri, Fuera el FMI, Que la crisis la paguen los capitalistas, Constituyente soberana, gobierno de trabajadores”, tomado en forma integral se convierte, en estas condiciones, en el ordenador de toda la política socialista. Debe ser el eje de la agitación política y la vía para verificar en las masas su propia comprensión de la situación y de la etapa. Las reivindicaciones inmediatas transicionales deben integrarse al planteo político de conjunto -de lo contrario, se adaptan a los límites de las luchas parciales. La cuestión del poder es siempre la base de cualquier delimitación política con los partidos patronales y pequeño burgueses. Este planteamiento de poder debe ser contrastado con el desarrollo de la crisis política de aquí en más, en especial porque se avecinan episodios políticos importantes, incluso estallidos financieros.

La cuestión de la Constituyente soberana, es decir que asuma el poder del Estado, ocupa un lugar central en el momento presente. Se vincula con la descomposición del Estado, por un lado, y al carácter nacional de la reivindicación del no pago de la deuda externa. La Constituyente realmente soberana sólo puede ser convocada por un gobierno de trabajadores, desarrollando en la clase obrera la necesidad de interesarse por esta lucha y luchar por una posición dirigentes en ella. En oposición a quienes esgrimen consignas democráticas y nacionales para establecer un frente de conciliación de clases con la burguesía, destacamos la necesidad de la organización independiente de los trabajadores y la lucha por sus reivindicaciones contra los explotadores nacionales. La burguesía se opone en forma visceral a la Constituyente soberana porque entiende perfectamente que va dirigida contra el Estado, su burocracia e instituciones. Para la clase obrera consciente es una transición hacia la dictadura del proletariado.

La aparición de consignas constituyentes de variado tipo en Sudán, Turquía y Haití es la expresión de que las masas movilizadas entienden perfectamente que deben barrer con el viejo estado. Aunque en Haití y Sudán, por ejemplo, las rebeliones fueron detonadas por aumentos de precios, enseguida adquirieron un carácter político. En Haití se han convertido en sublevación a partir de la denuncia de desfalcos en PetroCaribe. En Argelia la rebelión tomó de entrada un carácter político, ante el intento de perpetuación del gobierno. Han emergido reivindicaciones Constituyentes en Turquía, luego de la derrota de Erdogan y de su intento de desconocer los resultados en Estambul. La cuestión del estado se encuentra planteada en un número creciente de países, incluidos los “chalecos amarillos” de Francia. Todo esto ya ocurrió en la Revolución de Febrero del ’17: la protesta contra la carestía fue el pretexto para ir por el derrocamiento de la monarquía.

En todos lados, la rebelión la dirige la pequeña burguesía e incluso fracciones patronales -por ejemplo, las Asociaciones Profesionales. Las reivindicaciones del Programa de Transición, sea el control obrero, la escala de salarios o la Constituyente, son un puente hacia la dictadura del proletariado -no se neutralizan condicionándose recíprocamente. No solamente esto: reclaman que un gobierno ajeno al poder actual convoque a la Constituyente, con la gran limitación de que no dice que debe ser un gobierno revolucionario, es decir, de quienes lideren la lucha para derrocar al gobierno actual, sino de elementos burgueses e incluso militares opositores. Nosotros planteamos una Constituyente soberana convocada por los trabajadores que lideren la lucha por su implantación.

La Constituyente y Fuera Macri son herramientas fundamentales en la diferenciación política del kirchnerismo y en la lucha ideológica con el nacionalismo burgués. Sirve para darle contenido a la denuncia del pseudo anti-macrismo K -subordinado a una sustitución electoral con los pejotas colaboradores del gobierno macrista y un nuevo acuerdo con el FMI. Dejar al kirchnerismo el monopolio del slogan “fuera Macri” sería una gran concesión política.

En el cuadro histórico de la presente crisis, el Partido Obrero participa en un frente errático, electoral y contradictorio, el FIT. Es un frente democratizante; no se ha cumplido la expectativa de que el reclamo común al programa de la IV Internacional y una experiencia común de lucha política pudiera convertir al FIT en socialista y revolucionario. En el caso de IS, tenemos a una corriente que, más allá del frente sojero de 2008, hoy, en Venezuela, repite su vieja política de apoyo a las movilizaciones contrarrevolucionarias que se disfrazan de democráticas, incluso cuando cuentan con el apoyo del imperialismo; o cuando pone en el mismo plano al imperialismo yanqui y a Rusia y China restauracionistas, en medio del bloqueo yanqui y amenazas militares. El PTS ha abrazado una política electoral y mediática; construye un liderazgo en torno de la eficacia electoral, no un liderazgo estratégico y revolucionario. Se ha definido en favor de una política electoralista, con el pretexto de un conservadurismo de las masas y la ausencia de una perspectiva de intervención histórica independiente. Su planteo de Constituyente soberana se confina a la posibilidad de modificar la totalidad del esquema constitucional vigente, al amparo del Estado y del gobierno de turno.

A diferencia de otros partidos revolucionarios, el Partido Obrero no rechaza la posibilidad de participar en frentes democratizantes, en la medida en que se presenten con independencia de los partidos patronales y sean, en esa medida, un canal de independencia obrera. Siempre con nuestro programa y la libertad de una campaña independiente. Fue el caso del Frente del Pueblo y de Izquierda Unida, que rechazaron siempre, sin embargo, nuestra incorporación. Tanto en uno y la otra participaban los activistas que protagonizaban la recuperación de los sindicatos de la burocracia sindical. En 2013, presentamos al FIT un Manifiesto Político claramente socialista.

En la campaña electoral que se inicia, el acento principal debe ser puesto, en lo que tiene que ver con el FIT, en el programa. Deben quedar claras las diferencias de caracterizaciones, métodos y programas entre unos y otros; la confusión democratizante es letal para reclutar a los obreros avanzados y construir un partido revolucionario. Esto por un lado. Al lado de las acciones en común, imprescindibles en una campaña electoral, debemos intervenir con nuestro programa y destacar nuestra estrategia, porque la campaña electoral importa, por sobre todo, como factor de concientización y reclutamiento de los obreros más avanzados -un crecimiento de votos y de representación parlamentaria que no esté acompañado por la formación de una vanguardia obrera revolucionaria no tiene futuro.

La campaña electoral debe poner énfasis en la actividad autónoma del partido, con una fuerte agitación propia, para evitar que el cartel común del frente no adultere el carácter socialista de nuestros objetivos. Mediante la intervención propia deberíamos impulsar la formación de comités de trabajadores en apoyo a los candidatos del FIT y del Partido Obrero en el FIT. La primacía de cartel que ocupa el PTS no se reduce a lo mediático: esa primacía tiene un carácter político no revolucionario, es el lado negativo del frente democratizante. Este es el contenido que tiene el desplazamiento de la centralidad del Partido Obrero hasta 2015.

Los ejes de la campaña electoral son el programa y las consignas, y el reclutamiento. Es necesario que el reclutamiento ocupe un lugar inmediato en los planteos de campaña, sobre la base de una discusión política con la periferia combativa del partido.

Debemos condensar las conclusiones a las que arribe el Congreso en un Manifiesto Político.

Propuesta de Resolución Política presentada por Jorge Altamira para el XXVI Congreso, abordada por Comisión Política del Congreso y el plenario general del mismo donde sometida a votación fue rechazada (sobre 314 delegados, presentes al momento de la votación, obtuvo 70 votos a favor)

8/4/19

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