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Documento alternativo para el XXVI Congreso

Por Jorge Altamira

La convocatoria al XXVI Congreso se ha hecho de una forma inadecuada e incluso irregular. El Comité Ejecutivo envió un texto de 50 mil espacios, aproximadamente, el miércoles 2 de enero por la tarde/noche, que debía ser discutido por el Comité Nacional tres días después, el 5 de enero, en un solo día. No dejó margen para un debate sobre posiciones escritas, que es, por otra parte, la única forma de deliberación realmente tal, en especial cuando se trata de la elaboración de la posición política de una dirección hacia un congreso de partido. En el curso de este año se han manifestado posiciones encontradas en torno de cuestiones de método, caracterización, consignas, política parlamentaria, que no podían ser ignoradas a la hora de convocar al debate congresal de todo el partido. A esto se añade la circunstancia de que en la agenda de actividades de comienzo de año se encuentra reunir una Conferencia Electoral, para el 23/24 de febrero próximo. Es claro que los textos para el congreso, que tendrá lugar en tres meses, no pueden ser considerados en la conferencia, que se reunirá en menos de un mes y medio. La conferencia de febrero necesita un texto específico relativo a la política electoral del partido, a partir de los desdoblamientos de elecciones en un número elevado de provincias.

El documento presentado por el Ejecutivo a la reunión del Comité Nacional no distingue los planteos para la etapa, por un lado, ni de los relativos a las elecciones, por el otro. Se trata, sin embargo, de aspectos distintos y envuelven particularidades propias de método y propaganda, aunque estén vinculados. En el curso de la reunión del Comité Nacional se registró otra anomalía, cuando se descubrió que el texto presentado no era tampoco la última versión elaborada por el Ejecutivo, que incluía numerosos agregados, en algunos casos sustanciales a la discusión y en otros contradictorios con el original. En la reunión, algunos destacamos que diversos agregados tenían más que ver con un informe de actividades que con un planteamiento político para la etapa. El nuevo texto más completo se repartió entre los asistentes a las 15:30 horas, que sería finalmente votado dos horas y media más parte. En la reunión participaron 21 de los 31 miembros del Comité Nacional. Quienes intervinieron acerca de este texto lo hicieron una sola vez, sin posibilidad de réplica, por falta de tiempo, salvo para los compañeros que se encontraban en la parte final de la lista de oradores. Es decir que no hubo debate en el sentido estricto de la palabra. Al final, se votó un procedimiento irregular, que es facultar al Ejecutivo a incluir planteamientos que hicieron diversos compañeros, algo que se puede admitir en las urgencias de la actividad corriente, lo cual no es el caso de un texto para el congreso. Me manifesté en contra de esta decisión, que fue aprobada con dos abstenciones.

El texto que sigue es entonces, obligadamente, una posición alternativa que no pudo ser tratada en el Comité Nacional o donde las observaciones que señalé de carácter estratégico fueron rechazadas. Pasa al debate precongresal por medio del boletín interno. Entiendo, de todos modos, que el Comité Nacional podría debatir los temas planteados en una reunión próxima, ahora ya con posiciones escritas.

La etapa

Todo planteo político estratégico o de conjunto debe ofrecer una caracterización de la etapa y del conjunto del régimen político. La bancarrota financiera de mediados de año, en el marco de luchas obreras y de luchas de otras clases que tuvieron lugar desde el mismo comienzo de 2016, ha abierto una crisis de régimen político. Las jornadas contra el 2x1 y contra la reforma previsional fueron los puntos más altos de esas luchas. Como lo expliqué en la acotada reunión del Comité Nacional, una crisis de régimen significa que el poder político (no sólo el gobierno) no puede gobernar como lo venía haciendo, lo cual inicia, forzosamente, un período de transición, que se impone a los protagonistas en presencia. Este cambio de régimen se manifiesta ya en el acuerdo que instala al FMI en la dirección de la política económica, lo que deteriora la capacidad de arbitraje del conjunto del régimen político, no solamente del gobierno, y en todo el aparato del Estado.

La crisis política quedó claramente registrada aquel domingo ‘escandaloso’ de septiembre pasado, cuando todos los políticos de turno pasaron por Olivos y cuando se anunciaba un gabinete diferente a cada hora. Se manifiesta, asimismo, en la crisis de Cambiemos y la pérdida de autoridad de su jefe político; en los golpes y contragolpes en la Corte Suprema; en los reveses sufridos por la política de “prisión preventiva” (excarcelación de Boudou y otros); en el desfile judicial de la patria contratista (que ahora incluye a la de la energía y a parte de la financiera) en la causa de los ‘cuadernos’, y en la puja de lobbies para que los procesamientos en la Justicia Federal no afecten los negocios en la obra pública de “participación privada”. Es la que se expresa ahora en las divisiones políticas y el desdoblamiento electoral.

La megadevaluación, en definitiva, hizo estallar al régimen político y económico que, desde diciembre de 2015, intentó llevar adelante una reorganización capitalista de la mano del capital internacional. El levantamiento del cepo tuvo como propósito habilitar al financiamiento internacional y a la repatriación de utilidades que debía tener lugar en la energía (Vaca Muerta), en un desarrollo inmobiliario fundado en la inyección del crédito hipotecario y en un relanzamiento del agronegocio, entre algunos sectores. Estuvo tan lejos de ser ‘un invento’ del macrismo, que enseguida fue puesta en práctica por Temer y es lo que promete hacer Bolsonaro. La acelerada fuga de capitales y la megadevaluación de mediados de 2018 pusieron de manifiesto, sin embargo, la supremacía de la crisis del capital sobre las elucubraciones del estado capitalista, así como la prevalencia de la decadencia del capitalismo y sus colapsos reiterados, por sobre las ideologías desarrollistas o neoliberales. Han sido otra demostración de la vigencia del materialismo histórico. El derrumbe económico ha obligado al macrismo a desandar una parte estratégica de su programa, como es el caso de las retenciones al agro, la minería y los servicios; el dirigismo cambiario o el impuesto a las rentas financieras. Los tarifazos van camino de una gran crisis, como consecuencia de la imposibilidad de pago de los usuarios. Veraz mediante, se desata una tendencia a la confiscación patrimonial de los usuarios industriales y residenciales. Además de la crisis de las PPP se asiste al derrumbe de la especulación inmobiliaria financiada con deuda externa o con créditos hipotecarios indexados. Las contradicciones de la acumulación capitalista, cuando llegan a cierto punto, se llevan puestos a los regímenes políticos mejor pintados.

La bancarrota del régimen macrista va acompañada por la bancarrota del capital que le sirvió de sustento. Ya ocurrió con la dictadura, cuando entró en defol en 1982; con Alfonsín, cuando devaluó el peso, en febrero del ’89; con De la Rúa, cuando retuvo la convertibilidad y luego estableció el corralito, y con CFK a partir del ‘cepo’. Un sector entero de la burguesía que promovió al macrismo le está dando la espalda, a partir de las enormes pérdidas que le provocó la devaluación. En la reunión del Comité Nacional advertí que grandes fondos internacionales habían perdido en consecuencia miles de millones de dólares. Las ya citadas retenciones a las exportaciones de mercaderías y servicios, el impuesto a la renta financiera, son otras tantas expresiones de medidas forzadas del macrismo, que lo colocan fuera de la ruta del capital financiero. Otro agravante ha sido el fallo de la Corte en favor del ajuste de las jubilaciones por el índice de inflación combinado y en contra del manipulado por la, ahora, Secretaría de Trabajo. La expresión ‘el imperialismo apoya a Macri’ es correcta, pero como una abstracción; por un lado, hay un sector que lo ha abandonado; por el otro, el propio imperialismo no puede ignorar la crisis de régimen político, el cual está obligado a transitar, para influir en él, e intentar condicionarlo.

Elecciones y crisis de régimen  

Como lo señaló correctamente un compañero en la sesión del Comité Nacional, el proceso electoral no constituye, de modo alguno, el cierre de la crisis de régimen. Las elecciones son el reflejo de esa crisis, a través de rupturas, recomposiciones y maniobras -de una pugna ciega de intereses particulares. Si nos remontamos a 2001, las elecciones de ese año sirvieron de plataforma parlamentaria a la coalición patronal que pretendía derribar la convertibilidad y a De la Rúa. Pero no puso fin a la crisis de régimen político, como se manifestaría en el fracaso del intento de Duhalde de sucederse a sí mismo y luego en la división radical y pejotista en la elección de 2003. Néstor Kirchner inicia una salida zigzagueante desde el gobierno de centroizquierda de Néstor Kirchner hasta el “bonapartismo tardío” de CFK que finaliza en 2013, con la derrota en la provincia de Buenos Aires y en las generales de 2015. En la transición, enfrenta una crisis política con el agronegocio y una derrota electoral humillante, en 2009, ante Francisco De Narváez.

En el Congreso del Partido Obrero, en 2002, todavía bajo un escenario signado por el Argentinazo, señalamos sin embargo que la crisis capitalista internacional iniciada en Asia había concluido, a partir de la recuperación económica que provocó la integración de China al mercado mundial. El proceso electoral de 2019, por el contrario, está precedido por señales de una nueva recesión internacional e incluso por un derrumbe financiero. Esta perspectiva determina, en principio, una acentuación de la crisis política, no una remisión. Es necesario advertir, de todos modos, contra una aplicación mecánica de la bancarrota económica a la política, sin verificar la mediación entre una y otra por la lucha de clases y, por sobre todo, por la calidad de la política de la vanguardia de la clase obrera.

En este cuadro, las elecciones de 2019 no constituyen ni podrían constituir, por sí mismas, una salida política a la crisis de régimen -son uno de los terrenos de su desenvolvimiento. Avanzando en las conclusiones, podemos decir que se ha abierto una etapa caracterizada por una nueva crisis de régimen político y, por lo tanto, de la posibilidad de que la intervención de las masas adquiera, más tarde o temprano, un carácter histórico. Es lo que vislumbran las movilizaciones y huelgas en Asia, Norteamérica y Europa.

La posibilidad de un desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires muestra la hondura de la división del macrismo. Hipotéticamente, este desdoblamiento en particular dejaría sin sustento a la candidatura nacional de Macri y habilitaría la construcción de una coalición potencial entre el macrismo disidente y el Peronismo Federal -precisamente quienes están discutiendo el desdoblamiento en una bicameral. El desdoblamiento en Mendoza condiciona el apoyo del gobierno provincial a una candidatura de Macri a una coalición paritaria con el radicalismo. Las maniobras provinciales, tomadas en su conjunto, no se limitan a preservar los intereses de las camarillas locales -insinúan, por el contrario, un intento de cambio de régimen de gobierno a nivel nacional, incluida la variante de un gobierno de “unidad nacional”. Mientras la camarilla de Macri-Peña fomenta la llamada ‘polarización’ con CFK (Cristina Fernández de Kirchner), dentro de Cambiemos y del peronismo se desarrolla una tendencia contraria: la convergencia entre el ala coalicionista de Cambiemos y el peronismo ajeno a los K. Esta tendencia apunta, asimismo, a una neutralización de la candidatura de CFK. El gran punto de acuerdo de todas esas corrientes es el mismo que los divide: los términos de una rediscusión del acuerdo con el FMI, entre una versión de ajuste financiero, por parte del macrismo, y otra ‘desarrollista’, como enarbola el Frente Renovador. Dentro de estos límites, es claro que no se puede atribuir a alguna corriente patronal un planteo capaz de sacar a Argentina de la crisis, porque eso depende de la marcha mundial de la crisis y de la lucha de clases -incluidas las guerras económicas como militares. Los planteos de Trump, el Brexit, la política intervencionista en India e Indonesia, las posiciones de López Obrador o la política económica ‘populista’, en Italia, dejan ver un cambio de tendencia en la orientación de sectores significativos de la economía mundial. La profundización de la crisis económica, incluido un estallido financiero, arrastraría a nuevos gobiernos y Estados a esta corriente.

Asamblea Constituyente                           

Una crisis de régimen político plantea a la izquierda revolucionaria la necesidad de ofrecer una respuesta política. Repetir el slogan que “la crisis la paguen los capitalistas” o que las masas “derroten el plan de ajuste” vacía de contenido la caracterización concreta de una “crisis de régimen político”. La respuesta de la izquierda revolucionaria tiene la finalidad de clarificar esta crisis ante el pueblo y servir de orientación a la clase obrera. Por eso, la consigna central, política debe ser “Fuera Macri y el FMI, por una Asamblea Constituyente soberana, por un gobierno de trabajadores”. En este planteo está el nudo de una posición política. En el documento presentado por el Comité Ejecutivo, la Constituyente ocupa una línea en 50.000 espacios, carece de un desarrollo y de toda centralidad. No puede ser, en esos términos, la base para una campaña política.

No solamente la crisis de régimen sino también la descomposición del Estado que esa crisis refleja, explica que sectores vinculados con el kirchnerismo y el mismo kirchnerismo estén hablando de una reforma constitucional -o sea, de convocar a una Asamblea Constituyente. A su modo, un sector de la burguesía y de la pequeña burguesía confirma que “el poder político no puede gobernar como lo venía haciendo”. Están advirtiendo la crisis de régimen antes que el proletariado, e incluso a una parte de la izquierda. Los comunicadores del macrismo han recogido la propuesta kirchnerista como un intento de ‘subversión de la República’, en especial por el propósito de poner en comisión al Poder Judicial o elegir al Consejo de la Magistratura por el voto popular. Urtubey plantea que el jefe de Gabinete sea designado por el Congreso, lo que convertiría a Argentina de presidencialista en semiparlamentaria -un enorme viraje político. La Constituyente que, según algunos, ‘nadie entiende’, se está haciendo entender por ella misma, porque la izquierda revolucionaria no ha hecho ninguna campaña para explicarla como transición hacia el gobierno de los trabajadores. D’Elía reclama, además, que la Constituyente nacionalice los bancos y el comercio exterior; cada clase presenta el contenido que es acorde a sus intereses. Lo “incomprensible” se abre paso en el debate popular, por iniciativa de nuestros enemigos, que parecieran advertir que “no se puede gobernar como lo veníamos haciendo, poniendo al desnudo la ausencia de una campaña por una Constituyente soberana, por parte de la izquierda revolucionaria. Esta es la cuestión que dominará el Congreso del Partido Obrero. Ningún partido de la patronal o de la pequeña burguesía aceptará una Constituyente soberana, que sólo habrá de imponerse por medio de una acción histórica independiente del proletariado.

La Constituyente soberana es un planteo revolucionario ante toda situación de impasse político-estratégico del régimen imperante, cuando las masas no han llegado todavía a una delimitación política independiente de la burguesía o la pequeña burguesía, ni qué hablar de la conciencia de la necesidad de una revolución proletaria. Es un planteo de transición entre una y otra, solamente si es levantada por un partido obrero revolucionario que lucha por la dictadura proletaria a nivel mundial. Es un puente hacia esa acción histórica y esa revolución.

En 1917, el bolchevismo exigía la convocatoria de la Constituyente al Gobierno Provisional, de ningún modo para diluir a los soviets, sino para agotar la expectativa de las masas campesinas de que una Constituyente les daría la tierra, como habría prometido, dilatoriamente el socialismo conciliador. Era un método para agotar la experiencia de los campesinos con el Gobierno Provisional; quedó superada después de la toma del poder por los bolcheviques -y ello la convirtió en reaccionaria. En 1918, la socialdemocracia alemana la convocó contra los soviets que comenzaban a surgir, como un punto de reagrupamiento de la democracia contrarrevolucionaria que apoyaba al gobierno provisional burgués. La victoria de este planteo de contención convirtió a la revolución alemana de noviembre de 1918 en contrarrevolución -al decir de Trotsky en su polémica con Preobrazhensky, en 1927. Más tarde, Trotsky acuñó la expresión “los soviets se esparcirán por Alemania antes de que aparezca una Asamblea Constituyente”, cuando intentó pronosticar una revolución en la caída del nazismo. Estaba discutiendo la posibilidad de una repetición. En 1926/8, la plantearon Gramsci, la oposición de izquierda italiana y Trotsky ante la supresión del parlamento por parte del gobierno de Mussolini, luego de la crisis política creada por el asesinato del diputado Matteotti. En Argentina, en ausencia de un movimiento de clase independiente, ella debe servir para la intervención política del proletariado en la crisis de régimen que afecta a todas las clases, opresoras y oprimidas, y a la preparación de la revolución proletaria. El chavismo también convocó una Constituyente, pero lo hizo desde el poder personal -no desde la lucha de clases ni desde un partido internacionalista. Obtuvo una Constitución a la medida de ese poder personal. Aún con esos límites extraordinarios y un contenido de clase reaccionario, desalojó del poder a los partidos pequeño-burgueses de la oligarquía y eliminó a la CIA de la dirección de PDVSA. Conclusión: sin el conjunto del planteo “Fuera Macri y el FMI, Asamblea Constituyente soberana (poder) y gobierno de trabajadores”, la izquierda revolucionaria no representa nada en términos de estrategia política y corre el peligro de desaparecer como fuerza política independiente en la etapa actual.

La hipótesis de una Constituyente soberana está fuera del radar de la burguesía; sólo podrá surgir contra ella por medio de una gran movilización obrera, y será entonces una plataforma de una revolución obrera. La consigna Constituyente soberana debe ser agitada, o sea en forma sistemática, por medio de una campaña política y en toda ocasión en que la lucha de clases se transforma en política. Debe ir acompañada de un programa: desconocimiento de la deuda pública con el gran capital; nacionalización de los recursos básicos, comercio exterior y banca, sin indemnización; control obrero de la producción; disolución de los aparatos represivos y judicial, por la elección popular de jueces y fiscales; salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; 82% móvil. Una plataforma electoral debe señalar, en forma bien precisa, la nacionalización de la salud, la dirección obrera de la Anses y la financiación exclusiva por medio de aportes patronales. La separación de la Iglesia del Estado supone la confiscación económica del clero, la estatización de la educación confesional y de la salud. Es un planteo revolucionario que solamente puede ejecutar una Constituyente convocada por la clase obrera y por un gobierno de trabajadores. La separación de la Iglesia del Estado plantea una Asamblea Constituyente, que para nuestro partido debe ser soberana. El bloqueo del Congreso Nacional al derecho al aborto es una excelente ocasión para discutir la necesidad de una Constituyente soberana por todos los derechos de la mujer -en especial el control por parte de las mujeres de todas las cuestiones de Estado que la involucran en forma directa.

La Asamblea Constituyente soberana es una consigna nacional; en un país federal, se plantea conjuntamente en todas las provincias. De lo contrario sería una Constituyente soberana junto a los gobernadores y legislaturas de provincia. El reciente Congreso del partido de Santa Fe colocó, en el manifiesto que aprobó, la cuestión de la Constituyente en función de una reorganización social y política “en la provincia y en el país”. Santa Fe concentra toda la crisis, por el narcotráfico, el enlace entre la policía y los narcotraficantes, la privatización de la hidrovía y puertos, la contaminación fabril, el comercio de exportación y la precariedad laboral, en el marco de una excepcional concentración obrera. El mismo gobierno busca pasar un proyecto constitucional provincial, con un objetivo reeleccionista. Es necesario agitar la Constituyente soberana en provincias, en estrecha relación con el país en su conjunto, y presentar un cuidadoso programa, que atienda a las particularidades de los distritos. En el Norte debería ir acompañada con planteos estratégicos sobre la tierra y la minería, por el desmantelamiento del aparato represivo; en el interior del país, la Constituyente soberana es fundamental como instrumento de lucha contra la oligarquía. En la provincia de Buenos Aires es fundamental para plantear la nacionalización del gran capital agrario-financiero. El planteo de una Constituyente en Santa Cruz ha cobrado actualidad ante la decisión de la Corte Suprema de referir la cuestión de la ley de lemas al Legislativo. Admitirla en estos términos en Santa Cruz, mientras es rechazada para el conjunto de las provincias, no sale del campo de intereses de los partidos patronales opositores -macrismo, radicalismo. La campaña por una Constituyente soberana en Santa Cruz debe integrar el reclamo por la derogación del régimen electoral reaccionario (ley de lemas y diputados por pueblo) a la nacionalización de la minería, la devolución a los trabajadores de la provincia de los fondos del desfalco de la obra pública y la autonomía real de los municipios. Si una explosión de masas reclamara la derogación constitucional del régimen de lemas y de mayorías absolutas por pueblo, deberíamos orientarla para acabar con el gobierno y convocar a una Constituyente soberana. La provincia de los Kirchner es la más preparada, por el largo y violento desarrollo de la crisis en el distrito, para la consigna de la Constituyente soberana.

La crisis y los aparatos

Argentina es uno de los países que más ha desarrollado un régimen de contención de las masas, desde los movimientos bonapartistas, la Iglesia, los sindicatos, las redes de control barrial, la propia educación y, por último, una pseudo-democracia tardía. Es la nación dependiente que más ha desarrollado una “sociedad civil”. Las funciones de estos aparatos están bastante diseñadas y sólo bajo circunstancias excepcionales podrían salirse del libreto de contención y cooptación. Tienen el objetivo, en circunstancias como las actuales, de llevar a las masas a resignarse a aceptar condiciones que ellas no toleran. No lleva a ningún lado protestar por el rol que tienen objetivamente asignado. Sólo pueden ser superados por la experiencia concreta de las masas, que necesita de la intervención y orientación de un partido revolucionario. La crisis capitalista ejerce una acción disolvente sobre la capacidad de contención de los aparatos, que debe ser suplementada por la experiencia de lucha de las mismas masas, y la política del partido revolucionario. La política de este partido es, al final de cuentas, el factor decisivo. La experiencia del Argentinazo es ilustrativa, porque fue precisamente la crisis capitalista (corralito y devaluación) la que volcó a la clase media más contenida del mundo, políticamente, a la calle; dio un alcance político nacional al movimiento piquetero y pavimentó el terreno para un desarrollo político de la “extrema izquierda” que se ha manifestado desde entonces. Esto por el lado que podríamos llamar “objetivo”. Por el lado subjetivo, intervino en forma decisiva la política de nuestro partido de unificar al movimiento piquetero, establecer un frente único con el PCR  (Partido comunista Revolucionario) y Tierra y Vivienda, y concretar la Asamblea de Trabajadores Ocupados y Desocupados con alcance nacional. ”Las leyes de la historia son más fuertes que los aparatos”, no al revés. Los diques de contención han sido colocados en la pica de nuevo, ahora por los llamados “chalecos amarillos”. La cuestión no es la mayor o menor capacidad de contención de los aparatos, sino el efecto disolvente de la crisis sobre ellos, la indignación de las masas y la política del partido.

El movimiento por el aborto legal condujo a un choque masivo -y probablemente definitivo- de millones de mujeres y jóvenes con el más poderoso aparato de “contención” secular contra la libertad y la conciencia independiente de los explotados, que es la Iglesia. Las conclusiones de esa experiencia deben ser abonadas ahora con una intensa lucha política en el movimiento de la mujer, en especial contra las tendencias que quieren separar a la lucha de la mujer de la lucha de clases en general, y que pretenden servirse del ascenso de la mujer para introducir una cuña entre los trabajadores. Antes de la entrega de la huelga universitaria por parte del sindicalismo kirchnerista, la rebelión educativa sacudió a miles de jóvenes de universidades y colegios -dejó planteado la posibilidad de organizar una juventud revolucionaria de masas.

Es necesario un balance a fondo de las luchas obreras del último período y caracterizar la conciencia de lucha y los métodos empleados por los trabajadores, y su comprensión de la crisis política. La conquista del Sutna (Sindicato único de Trabajadores del Neumático de la Argentina) por una dirección clasista ha sido el mayor avance revolucionario del movimiento obrero en este último período, y por eso, reitero el planteo que hice al XXIV Congreso acerca del rol que debe jugar como polo de atracción de los activistas y delegados en su conjunto. Este rol no puede ser sustituido por combinaciones minoritarias con fuerzas vacilantes, que no favorecen ninguna preparación política de la vanguardia obrera, como lo prueba el fracaso del Plenario Sindical Combativo. Para alcanzar un Congreso de Bases, la vanguardia obrera debe hacer congresos de bases allí donde desempeña un rol de autoridad y dirección, y exhibirlo como ejemplo para el conjunto de la clase obrera. Este papel lo jugó el Sutna San Fernando en sus convocatorias a plenarios obreros, incluso antes de que conquistara la dirección del sindicato nacional. En un cuadro de luchas numerosas y tenaces es necesario una política para unirlas, coordinarlas y ligarlas a un movimiento común.

El kirchnerismo es presentado como un dique de contención, al menos en el campo electoral o en los movimientos sociales y parcialmente de la mujer. Políticamente, sin embargo, se encuentra en retroceso: perdió las últimas dos elecciones y tiene poco peso en un número elevado de provincias. No influye en el movimiento obrero, salvo por delegación, cuando pacta con la burocracia sindical. En la etapa actual se ofrece como una variante de rescate del capital, incluido un ajuste del acuerdo con el FMI, e incluso dispuesto a rodearse (o incluso a dejarse rodear) por un conjunto de fuerzas del pejotismo. Ahora se presenta como el partido electoral del Vaticano, en un esfuerzo de adaptación a las fuerzas reaccionarias con presencia internacional. No impulsa ninguna lucha política de masas e incluso retrasa su postulación electoral con maniobras con destino indefinido. El Frente de Izquierda, ni hablar del Partido Obrero, no puede ni debe atenuar la separación política que simbólicamente representó el voto en blanco en 2015 y, políticamente, durante doce años de lucha política implacable contra los gobiernos y corrientes K y pro-K, en especial en la lucha política por imponer la condena a Pedraza y su patota. La propuesta de una discusión política de CFK con la dirección de la Fuba (Federación Universitaria de Buenos Aires), como ha sido propuesta, desdibuja esa delimitación. La co-presidencia de la Fuba no tiene el carácter de un frente político con el kirchnerismo. La dirección de la Fuba no es una coalición política “en disputa”, ni nace como “unidad de acción”. Es necesario movilizar a la juventud estudiantil por medio de un programa y de asambleas y plenarios de delegados con mandato. Caracterizar una derrota de la Franja (Morada)ante La Cámpora como una victoria popular es un error estratégico, que hemos superado desde que Héctor Cámpora ganara las elecciones de 1973.

Las características de la obligada polémica con CFK, en la campaña electoral, dependerán del programa que presente y de las alianzas políticas que procure realizar o realice. Todos sus ensayos tienen una dirección clara: consumar un frente capitalista con políticos podridos. En todos los casos demostraremos que la movida K representa una operación antiobrera de rescate del capital, e iremos modificando los ángulos de esta polémica a la luz de la experiencia con su desarrollo.

El Frente de Izquierda

Se ha señalado, en nuestros debates, que el FIT no llega siquiera a la condición de cooperativa electoral, porque no coopera ni en elecciones. Esto significa que no es un canal revolucionario de la clase; un frente que funciona en ocasiones electorales es oportunista. Esto ya lo habíamos planteado en 2011. El Partido Obrero debe intervenir en el FIT, no con una política electoral sino revolucionaria, es decir programática y de principios. Es el método para formar una vanguardia obrera socialista. De lo contrario, la presión electoral del FIT puede desnaturalizar al Partido Obrero. Es necesario entonces abrir el debate sobre la Constituyente soberana en el FIT, como eje de la estrategia de la etapa; por otro lado, es necesaria una lucha ideológica y programática permanente contra los planteos democratizantes y el oportunismo. La Constituyente soberana, sin embargo, no figura como planteo del FIT en Neuquén, donde acaba de alcanzarse un acuerdo electoral... Es, sin embargo, la cuestión política central de la provincia donde se encuentra Vaca Muerta, la cuestión mapuche, la contaminación ambiental, el conjunto de las relaciones sociales de explotación en la provincia. El candidato del kirchnerismo, Rioseco, ha privatizado por un par de décadas los yacimientos de Huincul-Cutral-Có.

Por una cuestión de método y de principios debemos abordar la crisis del FIT por el debate programático; lo contrario, validar su carácter electoralista, atenta contra la construcción revolucionaria marxista del Partido Obrero. Es necesario desarrollar una crítica al programa que acaba de aprobar una conferencia especial del PTS. Lo mismo con el “partido único” al que convoca a Zamora, Poder Popular y el MST, entre otros, como un remedo del NPA francés y los llamados ‘partidos amplios’. Izquierda Socialista ha planteado una agenda de discusión -con temas nacionales e internacionales- a través de un boletín entre los tres partidos. No podemos calificar a estas propuestas de “charca discutidora”, sino precisar el método y el alcance de la “discusión”. Al mismo tiempo, una campaña política integral, un programa -encabezado por la Constituyente soberana.

La lucha parlamentaria

Esta etapa de crisis de régimen político, por un lado, y desarrollo de luchas y experiencias de una gama amplia de explotados y oprimidos, por el otro, necesita una vigorosa lucha parlamentaria, que dé pie a una agitación política de masas. El debate parlamentario sirve para la confrontación directa con los diversos partidos anti-socialistas y se transforma en medio de agitación cuando llega a las masas por diversos medios extra-parlamentarios. Es, entonces, un gran factor de educación política.

La agitación política es el objetivo fundamental de la acción parlamentaria socialista; sólo sobre la base de ella y de la movilización que produzca en el pueblo puede servir para alguna reforma social. Varios boletines internos han tratado las divergencias en el partido sobre la acción parlamentaria. Sostenemos que el Parlamento debe ser, por sobre todo, una tribuna de denuncia, que se transmita a las masas, por medio de la agitación... En un texto reciente, Guillermo Kane caracteriza a este planteo como una suerte de charlatanerismo: “pedir votos para ir a un parlamento burgués a hacer declamaciones socialistas no es revolucionario”. “Pedir votos” reemplaza a la conquista política de los trabajadores y la juventud; la tribuna de denuncia se descalifica como una “declamación”. Estamos ante un planteo antirrevolucionario. Es con esta premisa que presentó el proyecto de juicio político a Vidal y la de Educación Sexual IntegraI (ESI). El juicio político a Vidal no respondió ni canalizó un reclamo popular. La sanción solamente podía prosperar mediante un frente con el massismo y el kirchnerismo en la Legislatura, un bloque patronal. Hipotéticamente, podía ser funcional a una maniobra del pejotismo y el massismo contra Vidal. No es lo mismo que lo que ocurre cuando una lucha popular impone, por la presión de la calle o de la huelga, un planteo a los partidos patronales, por ejemplo el derecho al aborto en Diputados. La doctrina del charlatanerismo pone en ese lugar a la denuncia del Estado y del capital, por parte del tribuno parlamentario, que es llevada a las masas por el partido. En el Congreso Nacional hemos sumado, recientemente, nuestro voto, junto al PTS, por un proyecto de ley del macrismo, la llamada “ley Micaela”, que ordena al mismo Estado que ampara y organiza al régimen social de la violencia permanente a la mujer a que “capacite” en el tema de género a la burocracia estatal -todo lo cual fue fuertemente denunciado, en un comunicado, por nuestra propia diputada Romina. La etapa política que se ha abierto requiere como nunca un parlamentarismo revolucionario, o sea de “charlatanes”y una agenda política que prepare su desarrollo.

La etapa que se ha abierto nos exige una fuerte acción parlamentaria de denuncia del gobierno, el Estado, el FMI y los partidos patronales; de denuncia de las acciones antiobreras y antipopulares, que deben ser relevadas por la agitación del partido, y por “Fuera Macri, fuera FMI, por una Asamblea Constituyente soberana, por un gobierno de trabajadores”.

8/1/19

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