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Un balance crítico al informe de la Asamblea Nacional Parlamentaria

Por Daniel Blanco

El informe del plenario nacional parlamentario, del jueves 4 de octubre, plantea “…una labor parlamentaria que examinamos y ponemos a debate del partido. Como así también de la agenda del próximo período”.

En función de ello van mis aportes críticos al mismo.

La cuestión de la Asamblea Constituyente: el documento, en sus 19 páginas, enumera las iniciativas en los distintos escenarios donde han tenido que desenvolver su acción nuestros parlamentarios.

Sin embargo, si entendemos a la acción parlamentaria como un factor de agitación política, lo primero que salta a la vista es que nuestra acción parlamentaria adoleció de un planteamiento político de fondo y de conjunto frente a la crisis. Se señala que se ha incorporado el planteo de Asamblea Constituyente al sistema de consignas y en la página 2 se destaca que “no se debe perder de vista la necesidad de combinar cada reclamo reivindicativo con un planteo político de fondo, es decir, de poder para la clase obrera”. Esto es, precisamente, lo que estuvo ausente en toda nuestra acción parlamentaria. No sólo cuando el partido carecía de un planteo de salida política de conjunto frente a la crisis en desarrollo, sino también cuando decidió incorporar el planteo de la “Asamblea Constituyente con poder” al sistema de consignas.

El informe de la asamblea parlamentaria no da un solo ejemplo de que alguno de nuestros parlamentarios haya planteado en sus discursos o en los fundamentos de sus iniciativas legislativas esta salida. Es lo contrario de lo ocurrido en 2001/2, cuando nos valimos de la Legislatura porteña para llevar adelante el planteo estratégico del partido -“fuera De la Rúa, por una Asamblea Constituyente soberana”-, usando la tribuna parlamentaria como vector de nuestra política. En aquella experiencia, nunca abandonamos el impulso de una legislación concreta (el caso de las seis horas del subte, e incluso otras que pretendíamos que quedaran registradas para fijar nuestra trayectoria), pero primó la utilización del Parlamento como tribuna política y como usina de proyectos legislativos. La exposición de nuestra caracterización política en ese recinto debe concluir siempre con nuestra consigna estratégica -“Asamblea Constituyente soberana, gobierno de trabajadores”-, pues ¿de qué otro modo podemos popularizarla, explicar su contenido y función, llevarla al debate en todas las clases sociales?

Sobre el presupuesto: colocado como unos de los temas centrales de la intervención parlamentaria y de la agenda próxima a escala nacional y las provincias, se señala que “el debate en torno del Presupuesto en cada legislatura nos ofrece a los revolucionarios la posibilidad de intervenir con un programa socialista y desenvolver un planteo de salida de los trabajadores”. A la hora de explicitar cuál sería ese programa se plantea que “desde nuestras bancas debemos promover el rechazo al presupuesto fondomonetarista de guerra contra los trabajadores, como parte de una campaña política nacional, en el movimiento obrero y en todos los organismos legislativos. Pero es fundamental asociarlo a la reapertura de paritarias, al reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, a la duplicación de la jubilación mínima y los planes sociales, es decir a las reivindicaciones vitales de los trabajadores, que son motoras de su accionar” (pág. 5). ¿Qué hay aquí del programa socialista y de la salida política de los trabajadores? La denuncia del “plan de guerra” es una oportunidad magnífica para entrar en el terreno de la política socialista. Un presupuesto, bajo un gobierno de trabajadores, se confeccionaría de arriba-abajo, no al revés -desde los círculos financieros y el FMI hacia los punteros patronales del Parlamento-, y sería discutido por un Congreso de Trabajadores, que es una consigna histórica de nuestro partido.

El planteo del “Fuera Macri… por una Asamblea Constituyente” que reivindica el texto en este capítulo no tuvo correlato en el debate sobre el Presupuesto. En todo el informe no se dan ejemplos de una intervención en esta línea y del tiempo dedicado a su explicación; tampoco se dice cuál fue la repercusión. Las intervenciones se limitaron a desplegar la denuncia del carácter fondomonetarista y ajustador del Presupuesto -o sea, de un discurso nacionalista y sindical combativo. Lo que importa es decir lo siguiente: “nosotros, que estamos luchando por la reapertura de las paritarias, en contra de la burocracia que ustedes apoyan y subsidian, y que luchamos por el salario y jubilación mínimas, en contra de la política de miseria de ustedes y el gobierno, denunciamos que el capitalismo se encuentra en un impasse mortal y no dará satisfacción a las necesidades populares; planteamos ´fuera Macri y los gobernadores, por una Asamblea Constituyente con poder y un gobierno de trabajadores´”. Si los trabajadores son divididos y contenidos por la burocracia sindical, y no encuentran la salida que buscan, es tarea de la agitación política y la denuncia parlamentaria explicar las razones y ofrecer una salida obrera de conjunto.

El día de la concentración en el Congreso, la columna del Partido Obrero debería haber ingresado con un cartel gigante que planteara “Fuera Macri y los gobernadores, peones del FMI, por una Asamblea Constituyente con poder”.

Corrupción: en la caracterización sobre la cuestión de la corrupción (página 6) se señala que “Se trata de una guerra de bandas capitalistas que tiene origen, como en Brasil, en un movimiento continental del imperialismo norteamericano, en particular para desplazar a sectores como los chinos y forzar a los grupos locales a asociarse a las empresas yanquis”. El planteo del texto no hace referencia a la aplicación persecutoria de la prisión preventiva, como medio de extorsión política, ni a la corruptela del sistema de “arrepentidos” y la consecuente amnistía de los capitales procesados. No hace a la radiografía marxista del capitalismo ni le opone el gobierno de los trabajadores. Más allá de la discrepancia metodológica que pongo en evidencia, se percibe aquí la ausencia de un trabajo de preparación sistemática de los planteos a llevar, y el recurso rápido hacia las consignas cotidianas.

La crisis de los “cuadernos” iluminó como nunca que no sólo al personal político de los partidos que dominan la política en el país, sino el papel de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros -los mismos que ejercen el espionaje y la infiltración contra la izquierda. El involucramiento de la llamada burguesía nacional deja la mesa servida para desplegar una crítica implacable al régimen político y a su base social. El informe, en este sentido, no registra que se hayan desplegado nuestros planteamientos de poder desde la tribuna parlamentaria.

Los acuerdos con el PTS: en el informe se reivindica el acompañamiento al proyecto del PTS de impulsar una “consulta popular para denunciar la política colonial de endeudamiento, sin por ello compartir sus fundamentos democratizantes”. Este distanciamiento de los planteos democratizantes no ha aparecido ni se ha manifestado en la prensa y tampoco en algún boletín interno, solamente en la crítica de Altamira: tomamos conocimiento de ella, incluido el propio Comité Nacional por una nota publicada en La Izquierda Diario, que enseguida tampoco se empeñó en seguir difundiendo el planteo. No sólo eso. El informe parlamentario no brinda ningún balance de la suerte de esa iniciativa ni de por qué la iniciativa nunca figuró y tampoco ahora en la agenda de campañas que se propone en el informe. El proyecto de ley ha quedado efectivamente confinado al archivo del Parlamento, lo cual es un contrasentido lógico. Cuando se acordó esta iniciativa con el PTS, existía una oposición a caracterizar una crisis de régimen político y al planteo de “Fuera Macri…. por una Asamblea Constituyente soberana. Por un gobierno de trabajadores”. El replanteo en la caracterización y las consignas muestra el paso en falso de que nos sumáramos a un planteo del PTS, que reivindica un método democratizante, cuando más hay que llamar al desarrollo de los métodos históricos de lucha de la clase obrera. Hemos introducido una confusión en la delimitación con un partido centrista, que ahora agita en forma faccional un partido único, alegando la coincidencia de programa y métodos. El proyecto del PTS se presentó cuando el acuerdo con el FMI ya estaba firmado y el descontento popular iba in crescendo.

La Asamblea no abrió una discusión acerca de la polémica iniciada por las críticas de Altamira publicadas en boletines internos a esos proyectos. En esa crítica hay una cuestión metodológica valiosa para todo nuestro trabajo en el Congreso de aquí en adelante. Por caso, la denuncia de que la deuda “no pasa por el Congreso” es válida como agitación contra el Estado, mostrando su carácter conspirativo, despótico, etc. Otra cosa es hacer -como hicimos- un proyecto para “que pase por el Congreso”; o sea, reclamar para el Parlamento la función de árbitro de la crisis política.

En su gira por Tucumán, Altamira denunció en los medios que el principal opositor al tratamiento del acuerdo con el FMI por el Congreso era el mismo peronismo, que no quería delatarse ante los trabajadores votando a favor.

Otros acuerdos con el PTS: el informe, en su página 9, informa de otro acuerdo de ley impulsado por el PTS, al que critica por su alcance limitado. ¿El Comité Nacional tuvo conocimiento de este nuevo acuerdo? La dirección del partido aparece completamente ausente en la responsabilidad de fijar la estrategia parlamentaria. ¿Esto representa, por sí mismo, un desvío estratégico fundamental? ¿Apoyamos el proyecto y sus fundamentos? ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Cuál era la necesidad de apoyarlo y, si se justificaba, qué campaña se impulsó a partir de ello? ¿O los acuerdos con el PTS son intramuros?

Sobre la lucha por el aborto legal: en la página 7, que hace referencia a la lucha por el aborto legal, se plantea que “la intensa movilización y el debate abierto en estos meses mostró enormes potencialidades de cuestionamiento a un régimen social de conjunto, que el Partido Obrero y sus parlamentarios hemos explotado desde un primer momento”. Es cierto, ciento por ciento, que no hemos perdido ninguna ocasión para intervenir en ese movimiento, en todos los aspectos, incluso el parlamentario. Sin embargo, no hay señalamientos concretos del contenido socialista de esa explotación. Es un tema para otro documento, porque desde hace tiempo hay una discrepancia manifiesta en el tema de la opresión de la mujer, como se expresa en las tendencias a presentarla como un tema de género y no de la historia del antagonismo y la lucha de clases. No tengo dudas que la utilización del Parlamento para desarrollar una propaganda y agitación socialista sobre la cuestión de la mujer habría puesto claridad a la estrategia de la “sororidad”.

En la página 8, sobre el mismo tema, pero haciendo referencia al planteo sobre la Consulta Popular Vinculante, se destaca que “No obstante, la negativa de las dirigentes de la Campaña y sus partidos ha hecho entrar la campaña en un impasse. La presentación de un proyecto por la Consulta Popular Vinculante en el Congreso y las legislaturas en este marco no tendría mayores chances. No obstante, sigue estando en agenda la posibilidad de avanzar con la presentación de un proyecto sobre la consulta, que sirva para una agitación política parlamentaria, como complemento de la campaña en los lugares de estudio, trabajo y las barriadas -y que dé cuenta de la seriedad de nuestra lucha por conquistar sin dilaciones el aborto legal”. Este planteo requiere una discusión política urgente, pues se arriesga a promover en forma faccional un asunto político que requiere antes obtener un acuerdo de los sectores más avanzados del movimiento de la mujer. Estaríamos aquí ante un caso de “apresuramiento parlamentarista”, que empeoraría el parlamentarismo mismo.               

La parte final del texto de este capítulo de la asamblea parlamentaria del partido hace, a modo de conclusión, un conjunto de planteos, pero desliga la lucha por el aborto legal y seguro de una lucha por una salida de conjunto: “Fuera Macri… por una Constituyente con poder”. Este planteo nuestro adquiere una relevancia mayor a partir del acercamiento del kirchnerismo verde al Vaticano, por intermedio de Grabois y compañía.

Llegado a este punto, ¿cuáles conclusiones se imponen?

Primero: el Comité Nacional tiene la responsabilidad de establecer la política parlamentaria, por escrito, y discutir en forma regular su desarrollo.

La asamblea parlamentaria del partido debe tener un carácter periódico. Desde el congreso partidario es la primera y va a ser la única asamblea nacional parlamentaria en el año (la próxima está convocada para febrero de 2019). El documento de su convocatoria fue enviado sin discusión previa en el Comité Nacional, sin tiempo para la discusión y la elaboración de textos alternativos, por parte de los equipos parlamentarios del conjunto del país. Las conclusiones y agenda que fueron publicadas en el BI N° 34 tampoco fueron debatidas y aprobadas por el Comité Nacional. De nuevo, un método intramuros. La asamblea duró medio día.

Segundo: el trabajo parlamentario y su vinculación con los comités. El partido no tiene un balance de si se ha valido o no de la acción parlamentaria desplegada para su desarrollo. La acción legislativa debe tener como norte impulsar campañas de agitación política, precisar los objetivos políticos organizativos a alcanzar y balancear sus resultados. El informe da cuenta de numerosas iniciativas que no dieron lugar a ninguna campaña de agitación -o sea, que quedaron encerradas en cuatro paredes.

El informe señala, en la página 14, en el capítulo sobre “La ligazón con el movimiento obrero y popular” que “nuestro punto más débil ha sido la incapacidad en muchos casos de dar continuidad a varias campañas en función de reforzar los frentes de trabajo partidario en cada sector. En parte por el desborde de un equipo pequeño de trabajo en el Parlamento, cuyos miembros a su vez toman otras tareas -empezando por la diputada y secretaria general del Suteba Matanza- pero también por la falta de un mecanismo más aceitado de colaboración con el trabajo legislativo de muchos frentes del partido”. No se trata de dificultad de colaboración de los frentes del partido con el trabajo legislativo, sino al revés, de cómo las iniciativas parlamentarias se vinculan con la estrategia política y desechan la improvisación, y salen anticipadamente a su presentación, para encarnar en campañas partidarias. Un planteo parlamentario que no puede ser convertido en agitación política, es un contrasentido metodológico para cualquier bolchevique. Las iniciativas particulares o específicas deben partir de los equipos parlamentarios, sí, pero sobre la base de una política parlamentaria de conjunto votada por el Comité Nacional.

El capítulo “Participación de legisladores en las luchas y reclutamiento” plantea que “hemos logrado en muchos casos convertirnos en voceros y representantes de importantes luchas, tal como se deriva de este documento. Sin embargo, no tenemos sistematizado informes sobre el resultado proselitista de estas luchas…”. Se pregunta, concretamente, si hemos reclutado o no, con una respuesta obvia. Esto demuestra que la actividad parlamentaria debe involucrar la intervención de todo el partido, a partir de los documentos de política parlamentaria votados por el Comité Nacional y de la agenda parlamentaria que deben presentar con tiempo los equipos respectivos.

Con saludos socialistas a toda la militancia.

21/11/18

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