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Chile: del “milagro” al “estallido social”

Balance y desafíos de la rebelión popular
Por Pablo Giachello

Por su masividad y combatividad, por su extensión en el tiempo, por su desarrollo a escala nacional y por su virtud de cuestionar al conjunto del régimen imperante, la rebelión popular chilena se ha instalado en América Latina como el proceso de características revolucionarias más importante de todo el último período. Todas las medidas improvisadas por el gobierno de Sebastián Piñera durante las primeras semanas, luego de desatada la rebelión, desde el reforzamiento de la política represiva del Estado hasta la concesión absolutamente parcial e insuficiente de reivindicaciones mínimas de las masas, han fracasado en su objetivo de desactivar el estallido social. En respuesta al ‘salvajismo’ y la ira popular, todos los partidos del Parlamento chileno, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, suscribieron o tributaron al “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” pergeñado por Piñera y colaboraron en la aprobación en el Parlamento de una batería de leyes represivas. Por su parte, el imperialismo yanqui y todos los gobiernos regionales, desde los derechistas hasta los ‘nacionales y populares’, cerraron filas detrás del objetivo estratégico de sostener en el poder al gobierno asesino. 

En adelante, las maniobras institucionales montadas por los partidos del sistema, que apuntan a encorsetar la rebelión en un proceso Constituyente amañado, chocarán con la incapacidad del régimen para satisfacer las reivindicaciones motoras del pueblo rebelado. La rebelión chilena está muy lejos de haber dado su última palabra. Los choques de las masas con el régimen, las crisis políticas y económicas, y las crisis de poder seguirán siendo noticia durante todo 2020. 

Transcurridos más de cuatro meses de desatada la rebelión es necesario balancear su desarrollo y trazar las perspectivas que se abren, con el objetivo de delinear una política revolucionaria y colaborar con la lucha, para que el proceso abierto concluya con una victoria de las masas sublevadas. Asimismo, el análisis y el estudio del proceso chileno será un insumo fundamental para los revolucionarios de América Latina y del mundo. 

Dinámica de la rebelión 

El estallido de la rebelión popular estuvo precedido por la irrupción del movimiento secundario, que desde el 7 de octubre inició la evasiónmasiva de molinetes en protesta contra el tarifazo al metro. Las acciones de los jóvenes secundarios fueron masificándose y ganando la adhesión del conjunto de la población. Lo que comenzó como una rebelión juvenil contra el tarifazo al metro derivó en una rebelión popular, que el 18 de octubre se expresó con movilizaciones de masas en todo el país, cacerolazos y combates contra las fuerzas represivas. La respuesta de Piñera al estallido revolucionario fue decretar, el mismo viernes 18 por la noche, el estado de emergencia, suprimiendo las libertades civiles y el derecho de reunión; y el sábado 19, luego de declarar que “el país está en guerra”, el toque de queda en las ciudades de Santiago, Chacabuco y diferentes comunas. A la ofensiva represiva, que en el curso de una semana dejó como saldo 18 manifestantes muertos, 600 heridos y más de 2.000 detenidos, las masas respondieron con marchas y combates cotidianos, con un paro general de 48 horas y con una movilización de más de dos millones de personas en todo Chile, el 25 de octubre, que le asestó el golpe de gracia al toque de queda. Como fruto del proceso de radicalización política, las burocracias de la CUT y de los sindicatos agrupados en la Unidad Social, se vieron empujados a convocar a cuatro paros generales desde el estallido de la rebelión. Y si el primer hito de la rebelión chilena fueron los millones de movilizados el 25 de octubre, visto en perspectiva, es claro que el estallido social tuvo su segundo hito el 12 de noviembre, cuando la rebelión popular empalmó con un paro general activo que, por primera vez en décadas, logró paralizar completamente al país. El importante protagonismo de la Unión Portuaria, el sector más combativo del proletariado chileno, y de los obreros mineros, que participaron de numerosos piquetes, le dieron el toque distintivo a la jornada del 12 de noviembre. El año 2020 comenzó con un extendido proceso de ocupación de escuelas por parte de los jóvenes nucleados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que se levantaron contra la restrictiva Prueba de Selección Universitaria (PSU), por el fin de la educación privada y haciendo propio el conjunto de las demandas de la rebelión popular.

Desde el estallido de la rebelión, la lucha contra la represión y las denuncias por los crímenes cometidos por los carabineros han sido sistemáticas. Al despertar del pueblo chileno (#ChileDespertó), las fuerzas de seguridad respondieron con disparos a los ojos, dejando a centenares de manifestantes tuertos o con traumas oculares graves. Confirmando todas las denuncias realizadas por los manifestantes; elInstituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), presentaron informes denunciando la violación sistemática de derechos humanos por parte de las fuerzas represivas chilenas, las que han hecho uso y abuso de armamento letal, y han torturado y abusado sexualmente de manifestantes. La aparición de cada uno de estos informes suscitó nuevas jornadas de ira popular y ataques a comisarías. 

El profundo carácter político de la rebelión se expresa en el lema que rápidamente patentizaron como propio las masas sublevadas: “No son 30 pesos, son 30 años”. De esa manera, se subraya que la lucha no se limita al simple rechazo de un tarifazo, sino que encierra un profundo hartazgo popular, que cuestiona a todo un régimen social, económico y político. Todas las iniciativas adoptadas por el gobierno de Piñera en la primera semana, con el objetivo de desactivar la irrupción popular -empezando por la profundización de la represión, siguiendo por la anulación del tarifazo al metro y el aumento irrisorio de jubilaciones y salarios, y llegando a la renuncia de todo el gabinete presidencial y al levantamiento del toque de queda- fracasaron. Sabiamente, el pueblo chileno incrementó su movilización, perfeccionó y radicalizó sus métodos de lucha, y puso en pie asambleas populares y territoriales. Colocó el “Fuera Piñera” como su consigna de mando, acompañándolacon la exigencia de que una Asamblea Constituyente avance en la elaboración de una nueva constitución, con el objetivo de proceder a una transformación de fondo que dé respuesta a los reclamos urgentes de las masas. 

Sus características

La rebelión chilena se caracteriza por no circunscribirse a las principales ciudades del país, sino por tener una extensión verdaderamente nacional. En todo Chile, las movilizaciones, los piquetes y los enfrentamientos con las fuerzas represivas son prácticamente cotidianos. Se destacan las barricadas y la acción defensiva de la llamada “primera línea” -la vanguardia combativa de la juventud estudiantil y trabajadora- que, enfrentando a un aparato represivo completamente criminal, permite la manifestación de las masas en las plazas de todo el país y en los centros del poder político. En forma conjunta se han puesto en pie brigadas de salud, compuestas por trabajadores hospitalarios y estudiantes de medicina, y establecido puntos de atención en edificios ocupados en el proceso de la rebelión, para atender a los sectores de la “primera línea” y a los manifestantes heridos por la represión.

El surgimiento de embrionarios órganos de auto-organización de las masas es otro de los elementos más importantes del proceso chileno. En Santiago y en las comunas aledañas se avanza en la coordinación de diversas asambleas populares y territoriales, lo que ha dado lugar a la Coordinadora de Asambleas Territoriales Autoconvocadas (CAT) y a un primer encuentro que agrupó a mil luchadores y luchadoras el 18 de enero; en Valparaíso se ha constituido un cordón de cabildos, que es la denominación que adoptó la coordinación de las asambleas populares independientes del poder oficial y los partidos del régimen; en Concepción se ha conformado una asamblea popular provincial, que aglutina a las numerosas asambleas territoriales y movimientos sociales que actúan en la capital provincial, en Talcahuano y alrededores; y fenómenos similares se desarrollan en el resto del país. Estos organismos tienen el gran valor de ser un canal de organización de la juventud y los sectores medios, y también de algunos sectores de clase obrera, que no encuentra un canal de intervención a través de sus organizaciones tradicionales. Un extendido proceso de ocupación de terrenos de alcance nacional da cuentas de la participación de las familias trabajadoras en los proceso de auto-organización de las masas. 

El movimiento de lucha de la mujer se instaló como otro de los actores centrales de la rebelión. La performance realizada por miles de mujeres en la Plaza Dignidad1, denunciando al Estado como el violador, recobró repercusión internacional y fue replicado en numerosas ciudades y países. Por su parte, el movimiento artístico y cultural ha dado innumerables muestras de apoyo a la rebelión. Roger Waters, Patti Smith, Mon Laferte (que denunció la represión al pueblo chileno en la entrega de los Grammy) y Wos, entre otros, se hicieron eco de la lucha librada por el pueblo chileno. El seleccionado de fútbol también expresó su solidaridad con el pueblo en lucha, llegando a forzar la suspensión del amistoso contra la selección de Perú. En la misma línea hay que anotar la participación y confraternización de las hinchadas del principal clásico del fútbol chileno en las concentraciones de los viernes en la Plaza Dignidad. Como se puede apreciar, es claro que la rebelión chilena ha penetrado por todos los poros de la vida social.

Sus antecedentes

Esta gigantesca y extraordinaria rebelión popular es el resultado de un largo proceso de preparación y de la profunda experiencia recorrida por diversos movimientos de lucha. Sería erróneo encasillar al estallido social como un fenómeno de características meramente espontáneas. Grandes gestas, a lo largo de los últimos catorce años, fueron forjando la combatividad de la actual rebelión y su impronta política. Es indudable que el proceso de recomposición del movimiento de masas data de 2006 cuando, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, los pingüinos2 se rebelaron contra la ley educativa heredada del pinochetismo. Cinco años después, en 2011, los estudiantes universitarios protagonizaron otra enorme gesta contra la privatización educativa, en esta oportunidad contra el mismísimo Piñera. Los cabros3, la nueva generación, vinieron a superar la experiencia frustrada de las generaciones revolucionarias de los ’60 y los ’70, que vieron en el fracaso y en la caída de la experiencia reformista y de colaboración de clases de la Unidad Popular la caída de su propio gobierno. La nueva generación, despojada de las derrotas, los fracasos y las traiciones del pasado, y de los temores al terror pinochetista, vino a retomar un hilo histórico, devolviéndole al pueblo chileno su carácter contestatario, combativo y solidario.

La emergencia, en 2016, de un enorme movimiento de lucha contra el sistema de privatización de las pensiones, las AFP, planteó la entrada en acción de un amplio sector del movimiento obrero. Fue el principio de un proceso de reanimamiento del movimiento sindical, fuertemente golpeado por una enorme atomización. Este proceso se evidenció en un incipiente avance de la sindicalización, en la huelga de los mineros del gran yacimiento La Escondida en 2017 y en la huelga minera en junio de 2019 en el desierto de Atacama, en la de los obreros portuarios en Valparaíso a fines de 2018 y en la importantísima huelga de los profesores en junio y julio de 2019, que recibió el apoyo de mineros, portuarios, trabajadores de comercio, además del movimiento estudiantil y pobladores de las diferentes comunas. 
Como parte de este proceso de recomposición del movimiento de masas, en Chile hay que anotar especialmente al movimiento mujeres y disidencias, en sintonía con lo ocurrido en gran parte del mundo. La lucha contra la violencia y los femicidios, con el surgimiento del movimiento #NiUnaMenos en 2016; las tomas de dieciocho universidades en todo Chile, en 2018, contra los abusos sexuales protagonizados por un profesor ex integrante del Tribunal Constitucional; y la enorme movilización del 8 de Marzo de 2019, en el día internacional de la mujer trabajadora, marcan el desarrollo ascendente del movimiento de lucha de la mujer. Asimismo, en todos estos años se dieron fuertes acciones de lucha del pueblo mapuche contra la expulsión de sus tierras. En 2018, las fuerzas represivas del gobierno de Piñera se cobraron la vida del joven Camilo Catrillanca, que se ha transformado, junto con la bandera mapuche, en un símbolo de la rebelión. Más atrás, en 2017, el gobierno de Bachelet, junto al de Mauricio Macri, había reeditado una suerte de Plan Cóndor, es decir una operación conjunta de ambos Estados con el objetivo de criminalizar la lucha del pueblo mapuche y en defensa de la burguesía terrateniente.

Todos estos procesos, que se desarrollaron de manera más o menos atomizada, han ido preparando y jalonando el actual estallido social, que significó la unificación de todos ellos en un gran movimiento de lucha, de características políticas, y que encarna el cuestionamiento a todo un régimen.

El derrumbe del “milagro chileno” 

El llamado “milagro chileno” tuvo su base en la derrota histórica del movimiento obrero y popular, infligida por la dictadura pinochetista. Las reformas laboral, previsional y minera -pergeñadas por José Piñera, el hermano del actual presidente-; la privatización del agua y las reformas educativa y sanitaria fueron pilares de aquella ofensiva capitalista que pusieron fin a grandes conquistas de la clase obrera. En el mundo del trabajo se implementó el Plan Laboral, el que luego adoptó la forma de Código del Trabajo, que eliminó los convenios colectivos por rama de actividad y limitó el derecho a huelga y a sindicalización, avanzando en la negociación de convenios por empresa y en la consecuente generalización de la flexibilización laboral. Con la reforma previsional se crearon las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que derivó en la completa privatización del sistema de seguridad social. La ley minera, por su parte, habilitó la plena enajenación del cobre por parte de grandes monopolios internacionales, que fueron resguardados ante la eventualidad de cualquier tentativa expropiatoria. Ya en la década de los ’90, el sistema de concesión a privados, introducido por la ley minera, se extendió al desarrollo de la obra pública, privatizando la construcción de autopistas, aeropuertos y puertos. Tanto el sistema sanitario como el educativo fueron municipalizados por la dictadura pinochetista. Y el desfinanciamiento de la salud y la educación por parte del Estado nacional fue el principio de un acelerado y profundo proceso de privatización. Finalmente, en sintonía con esta avanzada del capital, se desarrolló un proceso de copamiento del suelo urbano y rural, que encareció hasta niveles exorbitantes el valor de la tierra. Todos los pilares económicos pergeñados por los “Chicago boy”, que dieron lugar a lo que Milton Friedman llamó “el milagro chileno”, lejos de haber sido cuestionados durante los gobiernos de la transición democrática, se consolidaron y profundizaron. A la par, se les garantizó la impunidad a los militares responsables de los crímenes de la dictadura. Quedó en evidencia el hilo de continuidad existente entre la dictadura militar y la república democrática, determinado por la orientación social capitalista del Estado. 

La ofensiva capitalista, con sus ‘reformas estructurales’, sentó las bases para el progreso de una profunda polarización social. La burguesía, a través de los voceros oficiales y de los grandes medios de comunicación, pretende presentar el cuadro recesivo en el que ha ingresado Chile en 2019 como una consecuencia del estallido social. Pero la crisis económica precede al estallido. En junio de 2019, el Banco Central bajó en 50 puntos básicos la tasa de política monetaria ante las proyecciones de un menor crecimiento económico. A la economía chilena la afecta la caída de las exportaciones y del precio de su principal producto de exportación: el cobre. La caída internacional del precio del metal rojo -que data desde 2013 pero que solo en 2019 cayó un 8% con respecto de 2018, como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China- no es más que un reflejo del desarrollo de la bancarrota capitalista internacional. El derrumbe del precio y de las exportaciones de cobre agudizó las tendencias recesivas, llevaron a un achicamiento de las arcas del Estado chileno y a una aceleración de su endeudamiento internacional. La deuda pública ha crecido ininterrumpidamente desde 2008 y la deuda externa chilena asciende a los 195 mil millones de dólares, lo que equivale al 71% del PBI. Sólo en 2020 habrá vencimientos en el orden de los 64 mil millones. La tentativa del Estado de pilotear su propia crisis y de la clase capitalista de apuntalar su tasa de beneficio ha terminado por extremar a fondo el proceso de polarización social. Así lo refleja el hecho de que la mitad de la población se reparta el 2,1% de los ingresos, mientras que el 1% más rico concentra el 26,5% de los mismos. En la Chile ‘milagrosa’, la mitad de los trabajadores cobra menos de 560 dólares (400 mil pesos chilenos), cuando el costo de la canasta familiar asciende a los 1.100 dólares (840 mil pesos). Los jubilados apenas reciben un tercio del ingreso promedio de su vida laboral, con pensiones que promedian los 200 dólares, y todo lo restante es expropiado por las AFP. Más del 26% de los chilenos, por hacer frente a los sistemas de educación y salud privados, se encuentran endeudados con los bancos o con el propio Estado. Coronando este cuadro social catastrófico, las patronales han despedido desde el comienzo del “estallido social” a 165 mil trabajadores.

Como se puede apreciar, es claro que las “reformas estructurales”, que fueron la base del llamado “milagro chileno”, son las que han dado lugar a las reivindicaciones motoras de la rebelión popular. A saber: poner fin a los salarios de miseria y al régimen de las AFP; poner fin al negocio privado de la salud y la educación y proceder a su gratuidad; acabar con la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso universal a la vivienda. Todas estas reivindicaciones mínimas constituyen una parte fundamental de un programa transicional en Chile, pues su simple formulación plantea un choque de fondo con todo el régimen imperante y la necesidad de la lucha por un gobierno de trabajadores. La conexión de la crisis chilena con la bancarrota capitalista internacionalplantea, asimismo, la necesidad de medidas económicas de fondo. La nacionalización sin indemnización de todo el sistema bancario y el comercio exterior, la investigación y el cese del pago de la deuda externa usuraria, acabar con la enajenación capitalista de los recursos naturales procediendo a su nacionalización sin pago ofrecen la posibilidad de volcar el ahorro nacional y los recursos estratégicos a la reactivación económica del país bajo la dirección política de la clase obrera. De esta manera, quedan formulados los trazos gruesos del programa que una Asamblea Constituyente libre y soberana está llamada a realizar y por el que deberán pelear en ella las fuerzas revolucionarias.

Estrategia contrarrevolucionaria

Si, como ya señalamos más arriba, es claro que el paro general activo del 12 de noviembre marcó un segundo hito de la rebelión chilena, también lo es que aquella jornada forzó al Presidente, a la burguesía y al conjunto del régimen a elaborar una maniobra de largo aliento. La tentativa inicial de Piñera, de declarar un nuevo estado de sitio el mismo 12 por la noche,fue descartada. Los militares pidieron carta blanca, es decir, contar con la impunidad necesaria para cometer todos los crímenes que fueran necesarios con el objetivo de cumplir su misión de poner fin a la rebelión popular. Pero el fracaso del estado de emergencia y el toque de queda durante la primera semana del estallido cuestionaba la efectividad de un nuevo toque de queda por más carta blanca que se les garantizara a las fuerzas represivas. Se optó, por ende, por el armado de una salida institucional reaccionaria, la que, para funcionar, debía aparecer como una respuesta de fondo al reclamo de las masas y, al mismo tiempo, contar con el apoyo de la totalidad del arco político nacional. Fue así que nació, en la madrugada del 15 de noviembre, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que contó con las firmas de Chile Vamos, lacoalición oficial; los partidos de la ex Nueva Mayoría, el principal bloque opositor; y el Frente Amplio, la coalición centroizquierdista surgida en 2011. 

El “Acuerdo por la Paz Social” logró colocar a la reforma constitucional, tan aclamada por las masas en lucha, como el mascarón de proa de una estrategia contrarrevolucionaria. Sucede que la Convención Constituyente pactada entre oficialistas y‘opositores’ parte de colocar el restablecimiento del ‘orden público’ -entiéndase la continuidad de Piñera- como el condicionante para que se lleve adelante cualquier reforma. Es decir, habilita una eventual reforma constitucional siempre y cuando esté tutelada por el Presidente, jaqueado por la movilización popular. Pero incluso se reserva la posibilidad de que ni siquiera se llegue a realizar esa Constituyente tutelada, ya que establece la realización de un plebiscito para abril de 2020, encargado de definir si se procede o no a la reforma. En ese plebiscito se definiría, a su vez, si los representantes de la Convención Constituyente serán electos en su totalidad o si la mitad de ellos serán los actuales parlamentarios. Y de imponerse en el plebiscito de abril el sí a la reforma, la convención recién comenzaría a sesionar en octubre de 2020 y se desarrollaría a lo largo de nueve meses, con la posibilidad de tres meses más de extensión. Además, en esta Constituyente amañada se le ha reservado a la derecha el derecho a veto, estableciendo que el quórum y cualquier modificación de fondo debe contar con el aval de dos tercios de la Convención. Y como si todos estos artilugios no alcanzaran para asegurarse que la Constituyente no sea una expresión de soberanía popular, las reformas que surjan de la convención serán sometidas primero a un referéndum ratificatorio y luego al actual Parlamento. Es decir, los partidos del régimen se reservan la posibilidad de vetar las reformas eventualmente progresivas que emanen del proceso constituyente.

Luego de la firma del “Acuerdo”, los partidos de Chile Vamos y de la ex Nueva Mayoría -que con la firma del Frente Amplio se creyeron estar custodiados por izquierda- en vano se entusiasmaron con haber puesto fin a la rebelión. Las masas respondieron, ese mismo viernes 15 de noviembre, con concentraciones y movilizaciones de masas en todo el país, denunciando una nueva “cocina parlamentaria” a espaldas del pueblo. Para el Frente Amplio, la firma de la “paz social”representó su desprestigio definitivo frente a la vanguardia del movimiento de lucha. Al instante comenzó a padecer una sangría por izquierda, con la ruptura abierta de todas las organizaciones sociales que integraban la coalición. El día después de sellado el pacto, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, fue funada4 por manifestantes en las calles de Santiago. Desde el punto de vista de la vanguardia del estallido social, la firma del “Acuerdo por la Paz” representó el fin de una experiencia que emergió como la expresión política de la rebelión estudiantil de 2011 y que se presentó como la alternativa por izquierda a las dos grandes coaliciones que se alternaron en el poder desde el inicio de la llamada“transición democrática” a esta parte. Quienes nacieron presentándose como una alternativa a lo que denominaron “el régimen del duopolio”, terminaron integrados a él. La rebelión chilena puso las cosas en su lugar: escindió a la casta pequeño-burguesa que se hizo de la dirección del Frente Amplio -imprimiéndole a este un programa conservador en algunos aspectos y directamente reaccionario en otros- de las bases populares que supieron acompañarlo, e incluso integrarlo, con la expectativa de desenvolver una alternativa al “duopolio neoliberal”.

Por su parte, el Partido Comunista, que cuenta con una bancada parlamentaria, no firmó el “Acuerdo por la Paz Social”. Pero su presidente y diputado nacional, Guillermo Teillier, el mismo 15 de noviembre se encargó de aclarar que lo convalidaban. El PC criticó que, en la Constituyente emanada del “Acuerdo por la Paz Social”, no se contemplaba la paridad de género, un cupo de representación para los pueblos originarios y otro para los sectores independientes. Fue así que, a fines de diciembre, la Cámara de Diputados accedió a los reclamos del PC. Y probablemente también el Senado convalide la propuesta. Sucede que, de conjunto, las reformas planteadas por el PC son medidas cosméticas que sólo apuntan a barnizar de democrática una Constituyente que nace amañada y regimentada por las instituciones y partidos del régimen. El PC, al no firmar el “Acuerdo por la Paz Social”, aunque convalidándolo desde afuera, pretende evitar un mayor desprestigio ante las masas, ya que carga con el descrédito de haber sido parte del gobierno de la Nueva Mayoría, encabezado por Bachelet. Así, el PC busca colocarse como la carta última de la burguesía contra la rebelión popular. Pero el rol del PC dentro del Parlamento ha sido complementado con el rol que jugó fuera de él. Sucede que como dirección de la Central Unica de Trabajadores (CUT), que integra a su vez la Unidad Social, se ha encargado de evitar la consigna “Fuera Piñera” y la organización de la huelga general indefinida, que sería el método más efectivo para conquistar todos los reclamos de las masas y para forzar la salida del gobierno. Esta orientación, contraria al clamor popular, fue camuflada con la presentación, por parte del PC, de un proyecto de acusación constitucional (juicio político) contra Piñera, en un acto de cretinismo parlamentario nada inocente. Como era de esperarse, la iniciativa se reveló estéril para acabar con el gobierno y no fue más que una maniobra para llevar la lucha de las masas al callejón parlamentario. La Unidad Social, que logró reagrupar, luego del estallido social, a centenares de organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles, estuvo muy lejos de funcionar como un verdadero frente único de lucha. Como tempranamente lo denunciaron los jóvenes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y más tarde la Coordinadora feminista 8 de Marzo, la burocracia del Bloque Sindical de la Unidad Social monopolizó todas las decisiones y, luego del último paro nacional del 26 de noviembre, empezó un proceso de negociaciones con el gobierno de Piñera y una virtual tregua. Bien mirado, el gobierno de Piñera solo ha logrado sostenerse por el papel colaboracionista de la burocracia del Bloque Sindical, que de esa manera se constituyó en un sostén fundamental del régimen. 

Como no podía ser de otra manera, la llamada “paz social” tenía al garrote como su complemento fundamental. El famoso “Acuerdo” le otorgó a Piñera el consenso político necesario para avanzar contra “las expresiones anarquizantes” inherentes a toda la rebelión popular, con el objetivo de reestablecer el “orden público”. Fue así que Piñera envió un paquete de leyes represivas al Parlamento y, denominando a una de ellas como “ley antisaqueos”, apuntó a meter una cuña al interior del movimiento de masas. Pero la ley, claramente, apunta a criminalizar la protesta social, ya que prohíbe el derecho a huelga en los llamados “servicios de primera necesidad”; prohíbe la “ocupación de edificios industriales, comerciales o agrícolas”, en un claro ataque a las ocupaciones de tierras y a cualquier tentativa de ocupación de fábricas; y penaliza la realización de piquetes. Entre el 4 y 5 de diciembre se aprobó la ley. El Frente Amplio aportó algunos votos positivos y, junto al PC, otras abstenciones. La ‘izquierda’ parlamentaria volvió a dar señales inequívocas de fidelidad al régimen. En Chile hay más de dos mil presos políticos, encarcelados por participar de alguna de las infinitas movilizaciones y acciones que se desarrollaron en todo el país desde el comienzo de la rebelión.

Tácticas y estrategia revolucionarias

Como ya hemos señalado más arriba, el proceso chileno está muy lejos de haber concluido. Aunque el cuadro general de movilización no se equipare a los niveles máximos alcanzados en el primer mes, es evidente e innegable la vitalidad de la rebelión. Todo el régimen se ha aferrado al calendario del “Acuerdo por la Paz Social” como su tabla de salvación. Pero como se evidenció con la concentración de masas en la Plaza Dignidad, el 31 de diciembre por la noche para recibir el año nuevo; en la rutilante lucha librada por los estudiantes secundarios contra la PSU en pleno enero, y con la puesta en pie de coordinadoras de asambleas populares y territoriales a tres meses de desatado el estallido social, el proceso está abierto. Las masas reconocen en su propio despertar un cambio histórico y un punto de no retorno. El gobierno, antes de celebrar la realización del plebiscito del 26 abril, deberá atravesar a salvo un verano que arrancó caliente y que tenderá a recalentarse en marzo, cuando se conmemore el día internacional de la Mujer trabajadora y los secundarios retornen a las escuelas. En un escenario alternativo, en donde el régimen logre viabilizar el plebiscito de abril y la Constituyente amañada, las reivindicaciones motoras de la rebelión popular seguirán jugando un papel clave, planteando el choque objetivo de las masas con el conjunto del régimen. La agitación revolucionaria deberá insistir en remarcar la incompatibilidad de la satisfacción de esas reivindicaciones con el dominio del capital y sus partidos. Se revelará rápidamente el carácter estéril, desde el punto de vista de los intereses de las masas, de una Constituyente amañada y tutelada por Piñera y sus cómplices. 

Pero al momento, la gran tarea planteada es el impulso de un Encuentro Nacional de asambleas y organizaciones populares. Un Encuentro nacional, que logre reagrupar a todas las fuerzas vivas de la rebelión popular,sería clave para preparar las grandes jornadas de lucha que se vislumbran para marzo, para darle continuidad y para definir una táctica común frente al plebiscito de abril. Debería proclamar abiertamente que su tarea fundamental es liderar la lucha por el “Fuera Piñera”, contra el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, por una Asamblea Constituyente libre y soberana, porel conjunto de las reivindicaciones de las masas y para derrotar en forma organizada y colectiva la represión estatal. Se erigiría, de esta manera, como la dirección del movimiento de masas y como un potencial órgano de poder alternativo, ante la vacante dejada por la Unidad Social, fruto del papel colaboracionista de su dirección, el Bloque Sindical. Debería impulsar un plan de lucha unificado a escala nacional, en la perspectiva de la huelga general indefinida, hasta que caigan el gobierno y el “Acuerdo”, ya que sólo existirá una Asamblea Constituyente realmente libre y soberana en tanto esta sea convocada por las organizaciones de las masas en lucha.

La Coordinadora de Asambleas Territoriales de Santiago (CAT), en su manifiesto fundacional, plantea la lucha por una Asamblea Popular Constituyente, es decir, por una Constituyente verdaderamente libre y soberana protagonizada por las masas. Pero para que esta perspectiva sea posible es necesario derrotar primero al gobierno y al Estado capitalista, de otra manera, sólo existirá una Constituyente amañada. Por eso es clave que los Encuentros zonales, comunales o regionales de asambleas populares que ya están teniendo lugar -ni hablar de un eventual Encuentro nacional- no se circunscriban al intercambio de experiencias y a la unificación de programas y pliegos reivindicativos, sino que avancen en la unificación de los planes de lucha. No se trata de plasmar en un calendario las agendas propias de cada asamblea popular, sino la proyección de movilizaciones o manifestaciones de masas lideradas por los órganos de coordinación de las asambleas populares.

Otro de los aspectos fundamentales de una estrategia revolucionaria es dotarse de una política para interesar al movimiento obrero en la realización de un Encuentro nacional, para que se pliegue con sus propias demandas y con sus propias organizaciones. Al interior del movimiento obrero se procesa una enorme efervescencia que es necesario seguir de cerca y explotar revolucionariamente.

ecientemente, un congreso de la CUT votó por cambiar el método de elección de la dirección de la Central, pasando del voto indirecto, por parte de los dirigentes de los distintos sindicatos que integran al organismo, al voto directo de todos los afiliados.Una intervención en el movimiento sindical plantea desenvolver una agitación por un Congreso de delegados de base de todas las organizaciones sindicales, en oposición a la burocracia del Bloque Sindical, para promover la deliberación del movimiento obrero y la preparación de la huelga general. Del mismo modo, es necesario interesar a las organizaciones de mujeres y a las organizaciones estudiantiles en la necesidad de que se sumen a la pelea por un Encuentro nacional de asambleas y organizaciones populares.

Por un partido revolucionario

La lucha por esta estrategia, que no es otra que la de la lucha por un gobierno de trabajadores, pone en el orden del día la necesidad de estructurar un partido revolucionario de la clase obrera. Pues lo que hace falta es una organización política que trabaje metódica y sistemáticamente por estas iniciativas políticas y objetivos estratégicos por medio de la agitación, la propaganda y la organización de la vanguardia y las amplias masas. La ausencia de una organización de este tipo quedó claramente expuesta en el curso de la rebelión, en la misma medida en que se evidenció la magnitud del estallido social y sus características revolucionarias. Sucede que las diversas organizaciones o partidos de la izquierda que se reclaman revolucionarias en Chile mantienen posiciones frentepopulistas y foquistas, movimientistas y autonomistas, electoralistas, o combinaciones entre ellas. 

Muchas organizaciones revolucionarias de Chile hablan del inicio de una “revolución democrática”. Confunden la llamada “crisis de representatividad” -es decir, la impugnación de las masas al conjunto de los partidos e instituciones del régimen y la lucha por una democracia superadora- con el inicio de una “revolución democrática”. Pero desde el punto de vista de las categorías de análisis clásicas del marxismo, hablar de una “revolución democrática” equivale a hablar de una “revolución burguesa”, lo que de ningún modo encaja con el proceso chileno. Las revoluciones de 1848, primero, y la revolución rusa de 1905, después, dieron por concluida la etapa histórica en la que la burguesía podía jugar un papel revolucionario. A su turno, la revolución de Octubre de 1917 resolvió, con la instauración de la dictadura proletaria, las tareas democrático-burguesas no realizadas, combinándolas con tareas socialistas. Se materializó, de esa forma, la tesis permanentista formulada por León Trotsky en 1906. Un siglo después, lo que está cuestionado son los antagonismos sociales emanados de la dominación del capital y su régimen de dominación política. Es lo que determina que en Chile no esté planteada la lucha por una revolución democrático-burguesa sino la lucha por una revolución socialista. La llamada “crisis de representación” no es más que una consecuencia de la incapacidad de la democracia burguesa, en la era de la declinación histórica del capitalismo, de dar una salida a las reivindicaciones más elementales de los explotados. Detrás de la “crisis de representación” subyace, en definitiva, la crisis del sistema capitalista. La democracia capitalista solo encuentra su superación histórica en la dictadura del proletariado, es decir, en el gobierno de trabajadores. 

En Chile existe una plétora de organizaciones que se reclaman de filiación mirista (en referencia al MIR -Movimiento de Izquierda Revolucionaria) o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Con independencia del heroísmo y la honestidad revolucionaria de la militancia de aquellas organizaciones, una estrategia revolucionaria para Chile reclama un balance crítico de aquellas experiencias. Pues la política del MIR se basaba en el pronóstico de que la ofensiva burguesa empujaría al ala izquierda de la Unidad Popular (UP), la izquierda del PS y al Movimiento de Acción Popular Unitaria (Mapu), al campo revolucionario. Sin embargo, la izquierda de la UP avaló toda la orientación de Allende de ‘diálogo’ con la Democracia Cristiana y los sucesivos gabinetes con las Fuerzas Armadas. El MIR, bajo el gobierno de Salvador Allende, se privó de desarrollar una crítica implacable al gobierno de colaboración de clases encarnado en la UP, con el objetivo de que los trabajadores superaran políticamente esa experiencia. Muy por el contrario, detrás de la lógica del giro revolucionario del ala izquierda de la UP, su política redundaba, en concreto, enpresionar por izquierda al gobierno para que radicalice sus medidas, sin denunciar su carácter de clase. Como consejero izquierdista del gobierno frentepopulista, el MIR quedaba inhabilitado para proyectar a los cordones industriales y comunales como potenciales órganos de doble poder de la clase obrera y para proyectarse a sí mismo como la dirección política de esos órganos. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por su parte, nace como el brazo armado del Partido Comunista. El PC chileno, el partido comunista más proletario de América Latina en aquel entonces, intentaba dar respuesta de esta manera a los cuestionamientos de su propia base, resolviendo por medios militares un problema de pura estrategia política. Pues la derrota de 1973 no era el fruto de la debilidad organizativa o militar del proletariado chileno, sino de su entrampamiento político detrás del frente popular de colaboración de clases, que había tenido al PC como su más acérrimo defensor. 

La ausencia de un balance crítico de fondo de la experiencia de la Unión Popular y de los partidos de la izquierda de aquel entonces es lo que ha empujado a todo un sector de la vanguardia a confundir el rechazo a la estrategia levantada por esas organizaciones con el rechazo a los partidos en general y a la necesidad de una dirección política revolucionaria. Han procedido a refugiarse en el movimientismo o en el autonomismo, elevando a los órganos de democracia directa o de auto-organización de las masas a condición suprema, con independencia de sus direcciones políticas. Pero incluso esos órganos, como lo pueden ser las asambleas populares o los soviets, pueden ser inhibidos por los sectores centristas y vacilantes para evitar que se proyecten como órganos de lucha y, a su turno, de poder alternativo; o directamente ser utilizados por la reacción para engañar a la vanguardia y encarrilarlos en un sentido contrarrevolucionario. El Partido Obrero ha sostenido importantes polémicas en torno de este problema, no solo con las corrientes autonomistas pequeño-burguesas surgidas luego de la rebelión popular de 2001 en Argentina. También con partidos de izquierda, en especial con el PTS, que revisando la tradición bolchevique ha hecho propio un planteo “sovietista”. Lenin fue contundente sobre esta cuestión, cuando luego de las jornadas de julio de 1917 reconsideró la actualidad de la consigna “todo el poder a los soviets”, ante el papel contrarrevolucionario de los mencheviques y los eseristas al frente de esos organismos, para considerar que los órganos del poder obrero podrían llegar a ser los comités de fábrica. Los bolcheviques retomaron la agitación de la consigna “todo el poder a los soviets” en septiembre, una vez que ganaron la mayoría en el soviet de Petrogrado. El PTR de Chile, que tiene al PTS como su ‘partido madre’, no sólo ha “heredado” el “democratismo sovietista” sino también el electoralismo. El PTR fue sorprendido por el estallido social con una caracterización completamente conservadora, que fue fijada en su Conferencia Nacional veinte días antes de que se desate la rebelión popular. En esa conferencia, el PTR estipuló que en Chile primaba una “estabilidad relativa” y que el escenario electoral tomaba “cada vez más peso, no solo hacia las municipales de 2020, sino también sobre las figuras presidenciales de 2021”. Sobre esa base, colocaban la intervención electoral como su principal tarea. El PTR reproducía así la orientación del PTS, que ha reducido su intervención en el movimiento de masas de la Argentina a la propagandización de sus figuras electorales. 

En una palabra, la lucha por la puesta en pie de un partido revolucionario en Chile sigue planteada. De este problema político fundamental han tomado nota numerosos activistas y núcleos revolucionarios. Por eso mismo, el Frente Anticapitalista de Concepción, el Comité por un partido de trabajadores de Santiago, la organización Alternativa Socialista de Valparaíso y el Partido Obrero de Argentina han fundado la Fuerza 18 de Octubre, que cuenta además con relaciones en Temuco, Pucón, Chiloé y Arica, en pos de avanzar en la estructuración de un partido revolucionario. El concurso del Partido Obrero en este proceso es consecuencia, por un lado, del pedido expreso realizado por el Frente Anticapitalista de Concepción, que cuenta con una extendida intervención política y social, y que reconoce en el PO una coherencia revolucionaria y una gran capacidad organizativa. Y del otro lado, del internacionalismo del propio Partido Obrero, que envió más de una decena de brigadas militantes a apoyar la rebelión, a aprender de ella y a colaborar con la puesta en pie de una organización revolucionaria.

El método político para poner en pie este Comité de Enlace ha sido el único método posible para encarar una tentativa de este tipo: la elaboración de un documento político-programático. Es decir, un documento que traza una caracterización de conjunto y establece las principales líneas tácticas y estratégicas para intervenir en la rebelión chilena. El documento no será, simplemente, el inicio de un “proceso de militancia común” entre las organizaciones firmantes del mismo. Será también un factor de reclutamiento, con el objetivo de reagrupar a los centenares de activistas y luchadores que se han destacado en todo el país como organizadores de la rebelión y que han roto con los partidos patronales, particularmente con el Frente Amplio. Existen enormes condiciones para avanzar en esta dirección. Es, justamente, el desafío planteado.

Notas

1. Plaza Dignidad: es el nombre que popularmente adoptó la Plaza Italia de Santiago de Chile, haciendo referencia a la pelea del pueblo por dignidad. 
2. Los pingüinos: así denominaron a los jóvenes estudiantes secundarios movilizados, por el color de su vestimenta.
3. Los cabros: es la denominación popular que recibe la juventud en Chile. 
4. Funada: escrachada.


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