A 100 años de que la huelga general reclamara un sistema jubilatorio basado exclusivamente en el aporte patronal

Desde que comenzó a organizarse, a fines del siglo XIX, el movimiento obrero argentino planteo propuestas para proteger a los trabajadores que debían retirarse de su etapa activa, por accidentes, invalidez o avanzada edad. En los gremios más fuertes (ferroviarios, bancarios, marítimos) se fueron logrando algunos avances en este sentido.

Desde 1922 se comenzó a debatir en el Congreso Nacional, pero fue en 1923, que el gobierno radical de Alvear decidió impulsar una ley de jubilaciones: la 11.289. Esta ley preveía la creación de cuatro cajas  de previsión social que garantizaran a sus afiliados, el derecho a un ingreso jubilatorio, incluyendo el derecho a una pensión para la familia del trabajador fallecido. Abarcaba a los trabajadores de comercio, marítimos, de la industria, del periodismo y los gráficos.

¿En qué consistía la ley 11.289?

Básicamente, establecía un régimen jubilatorio que era financiado con el descuento del 5% del salario a cargo de cada obrero y de otro 8% a cargo del empleador. La suma de los aportes debía depositarse mensualmente en una cuenta especial del Banco Nación. Las cajas estaban regidas por un directorio mixto integrado por representantes del Estado, de los afiliados a las cajas y de la patronal.

Pero el proyecto fue recibido por los trabajadores con gran desconfianza: se iniciaba con un descuento en los salarios del 5% y las cajas estaban administradas por una dudosa dirección con mayoría patronal/estatal e incluso sin garantías de que no se pretendiese paralelizar al movimiento obrero de lucha.

Encima, el salario real no estaba en su mejor momento, después de la represión de la Semana Trágica de 1919. Tomando una Estadística del Departamento Nacional del Trabajo (dependiente del Ministerio del Interior), en 1924 se encontraba en 84, tomando como base 100 para 1929. Los obreros veían en la ley una nueva reducción salarial (y tenían razón). La ley fue aprobada en noviembre de 1923 por el parlamento y entraba en vigencia a partir de marzo.

Oposición obrera

El conjunto de las direcciones del movimiento obrero (aunque con diversos ángulos), se opuso a la ley 11.289), especialmente al  descuento de los salarios a cargo de los obreros.

El 3 de febrero de 1924,30.000 trabajadores realizaron un acto frente al Congreso. El gobierno se vio entonces obligado a postergar por sesenta días la entrada en vigencia de la ley, en un momento en que arreciaban las huelgas obreras (textiles y otros). Pero a mediados de marzo el gobierno anuncia que se empezaría con los descuentos desde el 12 de abril.

La respuesta obrera no demoró: los diarios obreros (La Vanguardia, La Protesta, La Antorcha, etc.) van informando de las asambleas obreras que se desarrollan y que votan rechazar la ley. A fines de abril, ya hay numerosos gremios en huelga. Algunas tripulaciones de barcos obligan a las patronales a través de la huelga a devolver los aportes descontados. El congreso de la USA (Unión Sindical Argentina, central obrera donde activan el sector sindicalista y los comunistas) decide encabezar los actos del 1° de Mayo con este reclamo y declarar la huelga por tiempo indeterminado —si el gobierno no retrocede— a partir del 3 de mayo.

En el acto del 1° de Mayo que se realiza en la Plaza San Martín, participan más de 40.000 trabajadores. La FORA (central anarquista) inicia la huelga de inmediato. Varias empresas y sindicatos comienzan el 2; y el 3 de mayo se hace general. Sin mucha demostración de piquetes la huelga es masiva. Las crónicas de prensa cuentan, por ejemplo, que un barco alemán entra al puerto de Buenos Aires, pero que el remolcador esta manejado por personal de la Marina que actúa como rompe huelgas. El día 5 de mayo, sorprendentemente, las cámaras empresarias nucleadas en la Asociación Nacional del Trabajo, deciden decretar un lock out, en una acción que apunta a terminar de cuajo con el intento de establecer un régimen jubilatorio, ante la perspectiva de que los obreros pudieran imponer uno financiado exclusivamente por los patrones. Se corría una versión de que el Estado iba a cubrir el 5% de los obreros, sin descontarle a ellos.

Las patronales aprovechan para decir que ellos tampoco querían pagar su porcentaje, porque si lo hacían se fundían. Usan el clásico argumento que la clase burguesa utilizado históricamente para negarse a la disminución de la jornada de trabajo, al aumento salarial y a cualquier conquista obrera ) y que fuera sencilla y brillantemente  desnudado por Carlos Marx como una “justificación” de la avaricia de la explotación patronal (Ver Salario, Precio y Ganancia de Marx). También que llevaría a la quiebra a las Pymes y a la “industria nacional”.

Los trabajadores rechazaron el lock out patronal y profundizaron la movilización. Hubo gran número de detenidos, choques entre huelguistas y policías, locales clausurados. El 8 de mayo, la USA levantó la huelga general — previa libertad de los detenidos— cuando el gobierno posterga la vigencia de la ley y propone al Parlamento que discuta su modificación.

¿Anti estatismo?

Ese lock out patronal, le ha servido a algunos historiadores como Julio Godio (ex PCR, devenido luego en menemista) para atacar a la USA: “La posición de la USA resultaba sumamente negativa porque estimulaba el ‘antiestatismo’…” dice (página 163 de su Historia del Movimiento Obrero Argentino, tomo 2). Para el mao-menemista, las ventajas del “estatismo” están fuera de discusión y hasta le resulta sorprendente que la USA no admita la reducción de los salarios.

Sólo el aporte patronal

Los Godio y Cía. presentan a la corriente sindicalista que dominaba el movimiento obrero de la época como “alocados”. “Se negaban… a que el Estado interviniese en forma permanente en las relaciones laborales” (página 156). Le parece una “locura” no permitir la intervención estatal y patronal en la vida de los sindicatos. Para estos “sensatos”, la cuestión jubilatoria debía servir para plantear la integración de los sindicatos al Estado (y de paso rebajar los salarios).

La USA no rechazaba la jubilación, sino solamente el descuento obrero. Sebastián Marotta, en su Historia del Movimiento Sindical Argentino (tomo 3, página 162), señala que la oposición de la USA “no está determinada por el repudio a la jubilación. La contribución a las Cajas, a costa de los salarios, significa reducir “la mezquina pitanza de los hogares proletarios”. Cuando el gobierno ofrece negociar “la USA declara que ya había manifestado cuáles eran las condiciones para aceptar la ley… No aceptarían los descuentos en los salarios, ni traba legal alguna, que menoscabe la personalidad sindical de los asalariados” (página 163).

Esto último, para impedir que los afiliados obreros a las Cajas fueran representados al margen de los sindicatos. La USA no se negaba a “discutir la ley”.

La Federación Obrera Marítima, uno de los sindicatos más importantes y que tenía discrepancias con la dirección de la USA, había declarado que “prepararía al gremio para que por sus propios medios obligase a los armadores a hacerse cargo de la contribución: trataría, además, que este principio estuviese expresamente consagrado por la ley orgánica” (Marotta, página 161). Esto fue aprobado en la Asamblea General del gremio del 20 de enero de 1924. Los obreros no eran, como se ve, “antiestatistas” en abstracto.

Ya en 1912, una Asamblea General de La Fraternidad (los conductores de trenes) había incorporado a su Estatuto un artículo que planteaba la necesidad de “El establecimiento de una Caja de Pensiones y Retiros, por parte de las empresas para los empleados y obreros, sin descuento del salario del personal” (Anuario de La Fraternidad, 1937).

Los Godio y Cía. no se definen frente a este problema crucial, avalan por lo tanto el descuento obrero en contra del movimiento obrero de la época.

Lo que Godio no reconoce, sí lo hizo la gran patronal. En un boletín editado por la empresa Techint (año 1986) se reconoce que la ley 11.289 “debió ser derogada por la campaña de las principales centrales obreras que llegaron a declarar y realizar una huelga general para forzar su eliminación. Esta actitud no significaba un rechazo al beneficio jubilatorio sino a la idea del descuento salarial como fuente de financiamiento de la segunda social”.

Alvear y el papel de las Cajas

Los fondos recogidos por los aportes obreros y patronales estarían destinados –según la ley 11289- el 50% a ser colocados “en títulos de rentas nacionales u otros que tuvieran garantía subsidiaria de la nación, el otro 50% podría ser usado en préstamos hipotecarios” para los trabajadores (Marota).

El periódico de la USA, Bandera Proletaria (febrero de 1925), criticaba que la ley otorgara un destino a la mitad de los fondos para comprar títulos del estado.  Denunciaba: “Esta es una fuente maravillosa para los gobiernos. Tendrán dinero para muchos años. Tendrán dinero para campañas electorales, para chanchullos y porquerías. En cambio emitirán papeles, títulos asignados sin ningún valor… ”. Además, “el Estado siempre irá endeudándose y crecerán los intereses, aumentará la grandísima deuda externa y aquellos (títulos) se desvalorizarán porque se desvaloriza su garantía” (citado por Godio, página 161).

Esta es la verdadera causa del interés de Alvear por las jubilaciones, y no un rasgo de “paternalismo” estatal, como afirman aquellos que defienden la intervención del Estado sobre el bolsillo de los trabajadores y la cooptación y regimentación de las organizaciones sindicales: extraer una cuota extra de la plusvalía que genera la explotación obrera para financiar con el aporte obrero los déficits estatales y ofrecer capital para operaciones especulativas. Esto es lo que hicieron, luego, todos los gobiernos capitalistas de la Argentina: Menem privatizando el sistema previsional para que los aportes obreros sean fuente de saqueo directo de los bancos y aseguradoras; Cristina F. de Kirchner reestatizando las AFP (jubilación privada que ella y su marido Néstor Kirchner apoyaron en la época menemista) para poder “meter la mano” sin intermediarios/comisionistas, en los fondos de los jubilados, depositados en la ANSES. Macri y ahora Milei quieren llevar hasta el final este proceso de expropiación de los aportes obreros jubilatorios.

En 1924, lo decía textualmente Bandera Proletaria: “Necesitando dinero el Estado… entonces va a quitárselo al trabajo y, previo estudio largo y perseverante, produce la famosa ley de jubilaciones, el escamoteo más descomunal que se haya visto”.

El ingreso del debate del sistema jubilatorio en el Congreso Nacional en 1923 se debió a las dificultades que tenía el gobierno para pagar la deuda pública que había acumulado. Este oscilaba en torno a “los 200 millones de peso oro”. Ante las dificultades de obtener nuevos créditos y empréstitos, Alvear propuso el sistema jubilatorio de la ley 11.289. Quería usar los fondos que se recaudarían para consolidar la deuda pública.

Godio parece ignorar el contenido capitalista que tienen las Cajas en el sistema financiero del Estado.

Godio, no impugna esta política de saqueo gubernamental contra los trabajadores, plantea que lo “más lógico era exigir la participación de los sindicatos en la gestión del sistema jubilatorio”, pasando por alto, incluso, el tema del descuento de los salarios.

Bandera Proletaria acertó en su pronóstico, mientras que Godio se equivoca en su balance.

Las ganancias que puedan  generar los aportes de los trabajadores, en manos de los financistas capitalistas/estatales, no garantizan cubrir un ingreso digno para un jubilado hasta el fin de sus días.  No solo por la inestabilidad del sistema capitalista con sus alzas y bancarrotas que evaporan fantasiosas ganancias, dejando a la intemperie el ingreso de los trabajadores jubilados.

Godio defiende la cogestión obrera en las Cajas. Pero igual que otros apologistas de la ley son incapaces de definir el carácter que debería tener esa gestión. La deficiencia no es casual, esto porque ese contenido debería ser anticapitalista. Los fondos de las Cajas deberían estar protegidos por una tasa de capitalización garantizada por el Estado a cubierto de la inflación. Una disposición semejante violenta a la larga el financiamiento capitalista, que está sujeto a fluctuaciones en la tasa de beneficios y en el valor de los capitales. Asegurar el “capital” obrero acumulado en las Cajas lleva, en última instancia, a un choque político entre la clase obrera y el Estado burgués.

Reformismo y estatismo

Algunos vieron con beneplácito el lock out patronal contra la ley jubilatoria. Pero la USA salió a denunciar esta pretendida “solidaridad patronal”. Bandera Proletaria (5/5/1924) denunció que “Los patrones combaten la ley porque en su concepto los trabajadores ya tienen de sobra”. Aclarando “que  si los trabajadores se oponen a la ley, no rechazan su derecho de amparo a la vejez”. “Pero éste debe concretarse sobre normas que no impliquen una merma de los mezquinos salarios y no limiten en la práctica las escasas libertades conseguidas y mantenidas por la acción sindical” decía la USA.

Para Godio, “El único partido que adoptó una posición justa fue el Partido Socialista” (página 163).

Juan B. Justo había propuesto compensar el descuento obrero del 5% con un aumento del 5% de los salarios. No se le había ocurrido, parece, proponer aumentar en cinco puntos el aporte patronal y liberar al trabajador de una nueva exacción a su salario.

Pero al dirigente socialista no podía escapársele que el aumento proporcional de los salarios no le quitaba en nada al aporte jubilatorio obrero el carácter de un impuesto sobre los salarios. Esto significa que, a la larga, el aumento salarial sería absorbido por una desvalorización directa (reducción) o indirecta (inflación) del salario, sin menoscabo de la continuidad del impuesto. La propuesta era un engaño, por eso Justo no propuso aumentar el aporte patronal.

El movimiento sindical no apoyó la propuesta de Justo sino que fue a la huelga reclamando la derogación de todo aporte obrero. El Partido Socialista se reubico: “el diputado socialista Augusto Bunge sostenía que la ley de jubilaciones era una ‘cataplasma’, una amenaza para la vida social del país, una frivolidad y estaba ‘malhadada’ desde su concepción” (“La ley de jubilaciones de 1924 y la posición del anarquismo en la Argentina”).

La crisis de la USA

A la vanguardia de la huelga general de 1924 contra la ley de Alvear estaban la USA y la FORA, con posiciones que fueron coincidiendo en colocar el centro en la eliminación del descuento a los obreros. Esta huelga fue levantada el 8 de mayo, cuando el gobierno se comprometió a postergar su aplicación para estudiar la colocación de reformas en la misma.

No se logro la derogación inmediata, como pedían la USA y la FORA, sino una propuesta de reforma. Pero, finalmente, en forma retardada, en 1926 —y ante amenazas huelguistas— el Congreso archivará el proyecto y votará devolver los aportes descontados a los obreros.

El fracaso del gobierno desatará una ofensiva para romper la USA. Rubens Iscaro, dirigente nacional del PC, en su Historia del Movimiento Sindical (tomo 4, página 19) acompaña la tesis de Godio: “La tendencia anarcosindicalista no bregaba, en consecuencia, por la modificación de los aspectos negativos de la ley, sino contra la ley misma, cosa que favoreció los propósitos patronales destinados a impedir el establecimiento de un cuerpo de leyes que beneficiara a la clase obrera argentina”. Justificaba así la crisis que “Orestes Ghioldi provocó, con su rotundo voto de desaprobación, la renuncia del Comité Central de la USA. Desde luego, la posición de dicho Comité Central frente a la ley 11.289 no había sido clara” (página 18). Pérez Leirós, dirigente de la Unión de Obreros Municipales y líder socialista, romperá con la central sindical el 24 de mayo de 1924, apenas unos días después de la triunfante huelga general. La dirección de la USA denunciará que Pérez Leirós recibió la felicitación del intendente por su política rompehuelgas. (El mismo dirigente reconocerá en sus “memorias” que “No existía fe en la legislación y nadie quería aceptar descuentos que iban a administrar otros…”). En los meses siguientes otros sindicatos romperán con la USA para terminar finalmente formando la divisionista Confederación Obrera Argentina (COA) dirigida por el PS.

Insuficiencia

El desenlace de esta gran lucha, a pesar de que hizo retroceder al gobierno capitalista, terminó poniendo en crisis a la propia USA. Esto se debe en gran parte a la insuficiencia del planteamiento de la corriente sindicalista. La USA centró su combate en el problema de la reducción del salario pero no daba una respuesta clara ante el problema jubilatorio. Producto de sus limitaciones políticas no pudo elaborar un programa de transición, un sistema previsional bajo control de los trabajadores, basado en el descuento patronal, cuyos fondos excedentes estuvieran destinados a resolver las necesidades sociales de los trabajadores. Esos fondos serían adelantados al Estado con una tasa de capitalización a cubierto de la inflación. El tema de las Cajas planteaba la cuestión de toda la gestión del Estado. La gestión obrera de las Cajas financiadas por los patrones debía servir no sólo para pagar las jubilaciones y pensiones sino para satisfacer necesidades del desarrollo nacional ligadas al bienestar de las masas trabajadoras (plan de viviendas, etc.). Y no, como fuente de recursos de los gobiernos para pagar una deuda externa usuraria con el FMI y el capital financiero. Esto, es inevitable, colocaba al movimiento obrero en un peldaño mayor. Frente a las tendencias rapiñosas del Estado a querer meter la mano en los fondos previsionales era necesaria no una política de integración al Estado sino de completa independencia.

Vigencia

La lucha de hace un siglo, es hoy enteramente actual. El conjunto de la clase capitalista nativa, apoyada por el FMI y el capital financiero, plantea que la “salida” a la crónica crisis nacional pasaría por esquilmar a fondo las jubilaciones. Se trata de “ahorrar” rapiñando lo que queda del Fondo de Garantía del ANSES y reduciendo al mínimo los gastos jubilatorios. No le alcanza con haber reducido arbitraria y drásticamente los ingresos de los jubilados por debajo de los niveles de subsistencia. El gobierno de Milei quiere ir a una mayor y más antiobrera reforma previsional aumentando la edad para el retiro jubilatorio de las mujeres a los 65 años y preparando para llevar la de todos a los 70 años, eliminando las conquistas asistenciales del PAMI, anulando el derecho a pensión de aquellos cónyuges que tienen una jubilación (cuando hoy en día no alcanza para parar la olla con la suma de los dos beneficios), derogando los regímenes jubilatorios especiales (docentes, judiciales, etc.) que obtienen un ingreso un poco mayor, por haber hecho los trabajadores aportes extraordinarios y los de los regímenes provinciales que están por encima de la media de miseria nacional. 

Los jubilados no son la casta. Como el 1° de Mayo de 1924 es necesario poner en pie de lucha al conjunto de la clase obrera y los explotados: No a la privatización del sistema jubilatorio, aumento de los aportes patronales, derogación de los aportes descontados a los obreros: por un  régimen jubilatorio basado exclusivamente en los aportes empresarios.  Administración obrero-jubilados del ANSES y las cajas previsionales. No al aumento de la edad jubilatoria, jubilación automática a los sesenta años. Aumento del 100% de emergencia para todos los jubilados. Haber jubilatorio del 82% del valor de la canasta familiar.

Preparemos la Huelga General, para que TODA la clase trabajadora defienda el derecho a la jubilación digna.