El chavismo: apogeo y declinación (Parte 1)

El 2 de febrero de 1999 –hace 25 años- asumió Hugo Chávez la presidencia de Venezuela. Había ganado las elecciones en diciembre de 1998, con más del 56% de los votos, siendo la primera vez que asumía un político no perteneciente a los partidos burgueses tradicionales, del llamado “pacto del punto fijo” acordado en 1958, por el cual se alternaban en el poder dos formaciones burguesas entreguistas.

El advenimiento del chavismo tiene su etapa preparatoria en la gran rebelión popular que tuvo lugar en Venezuela contra las medidas fondomonetaristas del presidente Carlos Andrés Pérez, quien entonces pactaba con el FMI y la gran banca un ajuste descomunal contra el pueblo caribeño, consistente en la devaluación del bolívar (moneda venezolana) un 100%, duplicando el precio de las tarifas y liberando los precios.

El ajuste al que hacemos referencia incremento la desocupación que llegó a un 20% y aumentó la pobreza que llegó a un 65%. Durante la rebelión popular, denominada popularmente como “el caracazo”, la represión del estado oligárquico presidido por Pérez dejó un saldo de 2.000 muertos, asesinatos ocurridos en el contexto de importantes huelgas y manifestaciones. Pérez, quien era amigo de presidentes contemporáneos de Argentina (Alfonsín y Menem) había suspendido las garantías constitucionales y las libertades democráticas. Del mismo modo que Alfonsín lo haría en Argentina, ese mismo año de 1989, -declarando el estado de sitio y allanando los locales del Partido Obrero y encarcelando a su dirección- para enfrentar las movilizaciones populares contra el ajuste hiperinflacionario.

El Caracazo fue el principio del fin del régimen de “democracia” oligárquica al servicio del gran capital financiero imperialista.

Cuando en 1992 tuvo lugar el levantamiento militar en el que Chávez tuvo destacado protagonismo, contó con una notable adhesión popular, en la medida en que estaba dirigido contra el régimen oligárquico y pro imperialista que lo hundía en la pobreza. Asimismo reflejaba el descontento de la baja oficialidad del ejército y de la suboficialidad, quienes también eran víctimas de un importante deterioro salarial. Este fue derrotado y Chávez termino en la cárcel.

Es de señalar que el Partido Obrero de Argentina, fue casi el único que apoyo el levantamiento militar nacionalista. Todo el progresismo (Alfonsín), el nacionalismo burgués (Menem) y hasta casi toda la izquierda (incluyendo a la dirección cubana de Fidel Castro), salieron a defender al gobierno “democrático” oligárquico, represor y proimperialista de Carlos Andrés Perez. Los “principios” de la (pseudo) “democracia” se ponían por encima de la defensa de los intereses del pueblo trabajador.

No obstante, el alzamiento militar carecía de un programa de salida antiimperialista consecuente. Se limitaba a reivindicarse como bolivariano y nacionalista  y a levantar una consigna general e imprecisa “contra la corrupción”. El alzamiento, liderado por Chávez tenía una fuerte base popular que encontró en él un canal para luchar contra la pobreza, las privatizaciones y la deuda externa. En este marco, el entonces coronel Hugo Chávez fue encarcelado, quedando liberado recién dos años después, sin que la crisis hubiera sido en absoluto superada, y aumentando en consecuencia el prestigio popular de Chávez. En efecto, Venezuela padecía de un 35% de déficit fiscal, había caído el precio internacional del petróleo, lo cual precipitó la caída de Carlos Andrés Pérez. Este fue destituido por un juicio político en el Senado, sin ofrecer mayor resistencia, ya que estaba garantizada la continuidad del régimen que él representaba, y el respaldo del imperialismo. Su sucesor iba a ser un integrante de su propio partido (Acción Democrática),  Octavio Lepage.

La sucesión al interinato de Lepage estuvo corporizada en otro exponente de los partidos que representaban el régimen oligárquico venezolano, atado al negocio petrolero y al capital financiero, en especial al yanqui. Rafael Caldera, lideraba a la Democracia Cristiana, y llegaba al gobierno  por el movimiento de Convergencia Nacional, constituido por una ruptura del Copei, uno de los partidos del “punto fijo”, cuya política fue de carácter  neoliberal. Desenvolvió un ataque contra las masas, de apertura petrolera en el contexto de una baja en el precio internacional del petróleo, circunstancia que provocó su derrota electoral en 1998, a manos de la candidatura de Chávez, quien, encima, obtuvo mayoría parlamentaria.   En esta etapa quedo evidenciado el agotamiento de los partidos tradicionales de la burguesía “democratizante”. Chávez interrumpió el ciclo político iniciado en 1958 con la caída del dictador Perez Jimenez, en cuyo transcurso se alternaron en el poder el COPEI de Rafael Caldera y Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez. Que desenvolvieron una política basada en la renta petrolera, con una considerable penetración del imperialismo norteamericano, y aprovechando el ascenso del precio internacional del petróleo entre 1973 y 1983, que se cuadruplicó. No obstante, la burguesía nacional venezolana, de carácter parasitario, no uso las ventajas de la exportación petrolera y su superávit para impulsar un plan de desarrollo industrial, ni el desarrollo del mercado interno.  

El rotundo triunfo electoral de Hugo Chávez, por lo tanto, no era sorprendente. No obstante, cabe expresar que mientras agitaba contra la corrupción ante las masas empobrecidas, tenía un discurso conciliador con la clase capitalista. Ante la Cámara de Comercio venezolano-americana  se comprometió a “Respetar acuerdos con el capital privado nacional e internacional, no atacar la propiedad privada y pagar la deuda externa”. Y en ese mismo sentido declaraba a BAE: “Garantizamos 100% de las inversiones petroleras extranjeras, somos partidarios de la apertura a las empresas petroleras nacionales y extranjeras. El Polo Patriótico que dirigía el coronel Chávez no planteaba la nacionalización integral del petróleo.

Con Chávez en el gobierno, desde 1999, el petróleo seguiría siendo en Venezuela el eje exclusivo de la economía. Lejos de avanzar hacia la nacionalización de los hidrocarburos, consigna de los planteos nacionalistas venezolanos desde 1930 a 1960, su gobierno hizo ascender la participación privada que llegó a un 50%.

Cabe decir que, una vez que Chávez asumió en el Palacio de Miraflores, debió enfrentar la caída del precio del petróleo de 25 a 8 dólares el barril, circunstancia que iba a dañar el ingreso de divisas a Venezuela. La política para impedir que esta caída perjudique a PDVSA (Compañía estatal petrolera de Venezuela) consistió en convertir las concesiones privadas en licitaciones, de modo de reducir la inversión pública, obligando a las empresas privadas a hacerlo. En función de esta política, Chávez se asoció con grandes pulpos petroleros como Mobil, CONOCO, la francesa TOTAL, la alemana VEBA. Parte de los ingresos de divisas en virtud de las exportaciones de petróleo, Chávez las usó en una vasta política de asistencia social, mejorando condiciones de vida de la parte más empobrecida de la población (salud, vivienda, educación, etc.).

Tal como señalamos en un párrafo anterior, durante 1998 había bajado el precio internacional del petróleo. Se trataba de una cuestión decisiva en la coyuntura política que debía enfrentar Chávez. Ya no era suficiente agitar contra la corrupción de los funcionarios de PDVSA, el Poder Judicial y el Poder legislativo. Es que este descenso de los precios internacionales del petróleo, llevaba a Venezuela a la recesión y a la presión de sectores capitalistas por una devaluación monetaria que, a su turno, podía enfrentarlo a las masas que lo habían respaldado. Pero la OPEP (Organización de países productores de petróleo) decidió, monopólicamente, aumentar 100% el precio del barril de petróleo crudo. Lo cual permitió a Venezuela incrementar el ingreso de divisas en un 25%, aun con una reducción de la productividad del 9%.

Chávez aprovechó el desprestigio de las instituciones, en especial del poder judicial y el poder legislativo para llamar a una Constituyente que declaró la emergencia económica y que le otorgó plenos poderes al gobierno por él presidido. La Constituyente bajo dominio político del chavismo no voto medidas trascendentales para transformar la economía del país adoptando medidas antiimperialistas y de desarrollo nacional (mucho menos anticapitalistas) de fondo. Tenía el 97% de los mandatos para realizarlo y las prerrogativas para disolver los dos poderes mencionados. Con estas facultades Chávez se proponía convertirse en el árbitro, instalando un régimen bonapartista sui generis. Que se apoyara en las masas obreras y populares para arbitrar entre las clases y con el capital imperialista. Con la ficción del ejercicio de la “democracia directa”, que consistía en una política de corte bonapartista, sobre la base de plebiscitos, no sobre la deliberación autónoma de las masas obreras y desposeídas y la resolución de sus propias organizaciones de un modo independiente respecto al gobierno. Para esto era necesario regimentar a fondo al movimiento obrero, campesino y de los explotados. Quitarle todo rasgo de autonomía y que sirviera de base de apoyo a las resoluciones del presidente Chávez. Por supuesto, la Constituyente no cambió esencialmente la naturaleza del estado venezolano. Así lo reconocía el Wall Street Journal: “las cláusulas que protegen la propiedad privada son esencialmente las mismas de la actual carta nacional”.

El ingreso de divisas como resultado de la exportación petrolera le permitió tener a Chávez una política de asistencia social en materia educativa, alimentación y sanitaria a partir de la organización de las llamadas “Misiones”. Lo que le iba a dar temporariamente oxigeno político, mientras los precios internacionales del crudo se sostuvieran.

Lejos de apoyarse en el movimiento obrero combativo, su política intervencionista se hizo sentir cuando el estado intervino la CTV (Central obrera) desplazándola a la vieja burocracia sindical por el intento de creación de una nueva adicta directa al régimen bonapartista. Esto fue acompañado por algunas concesiones como el incremento del monto de la indemnización por despidos. Pero también, en ese contexto, impuso normas de flexibilidad laboral, atacando condiciones  de trabajo de la clase obrera para imponer crecientes ritmos de trabajo.

En noviembre de 2001 el gobierno chavista anunció una reforma agraria, que recibió la tenaz oposición de FEDECAMARAS (la representación del gran capital nacional y extranjero) y de la Iglesia venezolana, que llegaron a desarrollar una huelga patronal con el apoyo de la embajada yanqui. El 1% de la población se oponía a la entrega de tierras a los más desposeídos. Se trataba de una minoría propietaria del 60% de la tierra, que impidió la entrega de tierras del estado (en eso consistía la reforma) a los campesinos. También establecía impuestos extraordinarios a los predios inexplotados de más de cinco mil hectáreas. En líneas generales, la reforma fracaso: Chávez cedió ante la presión de los latifundistas, bloqueando el accionar de las organizaciones campesinas que pretendían ocupar las tierras. El bonapartismo chavista, bloqueaba  la intervención independiente de los explotados.

Aplico un plan de ajuste que fue saludado por  el FMI y el Tesoro Norteamericano. El mismo incluía un impuesto al consumo popular, la reducción del gasto público, la devaluación del bolívar en un 30%, lo cual derivó en una escalada inflacionaria que afectó el poder adquisitivo de los trabajadores.

Pero entre fines del 2002 y primeros meses del 2003, se desarrollo una política de lock-outs (cierre de empresas por las grandes patronales), impulsado por la central empresaria Fedecámaras y la plana mayor gerencial de PDVSA. Chávez había destituido a la dirección de PDVSA, que actuaba como una casta privilegiada corrompida y asociada a los pulpos petroleros imperialistas. Nombró en su lugar a un nuevo equipo que levantaba planteamientos más nacionalistas. El lockout patronal, movilizo a masas de clase media contra la pretendida decisión “corrupta” de Chávez, de dejar de lado la “meritocracia”, y colocar al frente de PDVSA a sectores “políticos”: defendían a la gerencia que oficiaba de entreguista del petróleo venezolano. La Guardia Nacional (policía) acompañaba este movimiento golpista.

En este contexto, tuvo lugar, el 11 de abril, el golpe de estado que derrocaba  a Chávez, organizado por Fedecámaras, que terminó con la destitución de Chávez y su encarcelamiento (por 48 horas). Siendo sustituido por el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, quien disolvió la Asamblea Nacional (parlamento) y el Tribunal Supremo de Justicia,  suspendiendo a alcaldes y gobernadores electos. Este mostro ante las cámaras la renuncia firmada por Chávez a la presidencia de Venezuela.

La mayoría de las fuerzas armadas se mantuvo expectante, con varias unidades actuando en el marco golpista. Fue la reacción de la Brigada de Paracaidistas de Maracay y, fundamentalmente, la de los trabajadores y pobladores de las barriadas plebeyas de Caracas, la que –sin dirección convocante- salió a las calles, inundándolas con decenas de miles de manifestantes que rodearon el Palacio de Gobierno y pusieron en fuga, en combates abiertos, a las bases golpistas. El golpe fracaso de plano y Chávez, liberado, reasumió su cargo presidencial.

Nuevamente, el Partido Obrero, en Argentina, convoco a un masivo acto público en contra del golpe, en el momento en que este se estaba protagonizando.

Sin embargo, Chávez -apoyado por una movilización de 200.000 manifestantes que se habían declarado en huelga- en su discurso de reasunción, convoco a un “diálogo nacional” y llamo a los movilizados a retirarse e irse a sus casas. No quiso profundizar un curso antiimperialista más firme y temía el desborde de la movilización de masas.

Chávez realizaría algunas expropiaciones pero indemnizando (y  con creces) a algunos empresarios saboteadores.

Declaró a las mismas de “interés público”, permitiendo que los capitalistas que provocaron los lock-outs, pudieran recuperar su capital y fugarlo o reinvertirlo. Agotaba así las arcas del fisco perjudicando al país (y a los trabajadores  venezolanos) que sin esos recursos no tenían la posibilidad de desarrollar la actividad industrial y agraria sobre la base de un plan de desarrollo planificado nacional. Chávez procedió  con las empresas cerradas, luego del pago de la indemnización, a desenvolver una cogestión con los trabajadores, que adoptó diversas formas. Una de ellas fue la cogestión entre el estado y los trabajadores, en la que el estado tenía el 51% de la participación y los trabajadores el 49%. Pero ocurría algo más grave y perjudicial para los trabajadores: debían  pagar su parte de la participación  con un porcentaje de la producción, de forma tal que verían reducidos sus escasos salarios. Las patronales  cobrarían su indemnización con el sudor de los trabajadores. Y de paso, los convertía en patrones/cooperativistas (como se intento hacer en la Argentina con las privatizaciones menemistas y la llamada Propiedad Participada).Había otras formas de cogestión, entre  los trabajadores y las empresas privadas, bajo condiciones igualmente gravosas para los primeros. El gobierno chavista, aun habiéndose derrotado el golpe, lejos de desmantelar a los golpistas, expropiándolos y encarcelándolos, los sostuvo financieramente, penando la situación social de la clase obrera. Apaño a los conspiradores, que luego continuarían intentando desalojarlo para imponer un gobierno directamente afín al imperialismo. Termino destituyendo a parte del nuevo directorio que había designado y reintegrando también a parte del viejo directorio de PDVSA acusado de corrupto y entreguista. Paralelamente, Chávez otorgaba subsidios al capital y asociaba a los negocios petroleros a una nueva burguesía que le era adicta (la creación de la famosa boliburguesía) que se dedicó a enriquecerse y a fugar capitales. Chávez, al igual que Kirchner, Lula y otros dirigentes nacionalistas burgueses de América Latina, tenía como objetivo ayudar a crear y fortalecer a una burguesía nacional. Y lo hacían a costa del incremento de la explotación del pueblo trabajador.

La política chavista, estuvo muy lejos de lo que luego su líder proclamó como el socialismo del siglo XXI. Destituyo a directivos de PDVSA, que conspiraban contra el gobierno chavista, acusados de corrupción. Pero en forma simultánea disolvió las iniciativas de control obrero tomadas por los trabajadores de PDVSA en ocasión del lockout patronal. Las medidas progresivas, impuestas por Chávez, tenían su contracara antiobrera y regimentadora ya que anulaban la intervención independiente de los trabajadores.

Repuesto Chávez en el gobierno, siguió con su política de arbitraje bonapartista. Cedió, parcialmente, ante las presiones de los funcionarios de PDVSA golpistas despedidos. Llamaba a las empresas petroleras privadas a participar en nuevos emprendimientos. Impulso algunas privatizaciones, en especial en las telecomunicaciones.

El imperialismo norteamericano tenía interés en sus negocios. El gobierno de Chávez, en definitiva un gobierno burgués, armo un nuevo esquema de asociación con el capital financiero, sobre la base de concesiones de explotación de gas en el acuerdo denominado Plataforma Delta que tuvo como protagonistas al Departamento de Estado yanqui y la “boliburguesía” nacional venezolana, que planteaba la expansión de PDVSA, ya que la producción de gas necesitaba de petróleo. El negocio era enorme. Había 18.000 millones de barriles de petróleo de reservas.

La cuestión agraria era y es en Venezuela central. Pero ni antes los partidos burgueses tradicionales representantes de la oligarquía terrateniente, ni tampoco Chávez, tuvieron una política que permitiera resolver ese problema, y con él la cuestión alimentaria. En Venezuela el 75% de la tierra estaba y está en manos del 5% de los que habitan el campo. En ese contexto, apenas un 14% de la población total vive en el campo, teniendo Venezuela una enorme extensión de tierra apta para la agricultura y la ganadería. Así las cosas, el 70% de los alimentos que se consumen en Venezuela son importados y más caros.

En 2005, Chávez impulsó una reforma agraria, que no afectaba en forma considerable a los grandes propietarios latifundistas. Decidió la expropiación de propiedades improductivas de más de 5.000 hectáreas,  a condición  de que sus dueños no pudieran acreditar títulos de propiedad. Como vimos en un párrafo precedente Chávez se ocupó de desalentar y disolver la iniciativa de ocupación de tierras por parte del Movimiento campesino Ezequiel Zamora.

Algo de fundamental importancia esta constituido por el aspecto financiero y bancario de la política chavista. Los bancos existentes en Venezuela continuaron siendo privados, tanto los nacionales como los extranjeros. Y es allí donde iba a parar el dinero superavitario de la renta petrolera, dinero que estaba fuera del control soberano de la nación venezolana, lo cual permitía  la fuga de capitales y el vaciamiento de Venezuela. Al mismo tiempo, y esto no es poco, la deuda pública venezolana se pagaba con el 8% de la renta petrolera.

La economía venezolana bajo la tutela de Chávez vio aumentar el mercado negro, y en consecuencia se incrementó la inflación.

El socialismo del siglo XXI no eran más que palabras para encubrir algo muy lejano al socialismo. Al no expropiar a la burguesía nacional e imperialista y a los terratenientes sin compensación, al sostener la propiedad bancaria en manos privadas, al subsidiar e indemnizar al capital que saboteaba la economía y fugaba capitales y en forma concomitante empobrecía a las masas laboriosas, fortalecía al capital, arbitrando entre este y los trabajadores, mientras reprimía a estos últimos y sus tendencias de lucha para enfrentar los ataques de la clase capitalista. Con ello enfrentaba a la única clase capaz de luchar por la liberación de la nación expoliada por el imperialismo y por el socialismo en forma consecuente.

Una prueba de la condescendencia con las grandes empresas  lo puso de manifiesto la rápida marcha atrás en referencia a la expropiación de la CNTV (Compañía de Teléfonos de Venezuela) y de la Compañía de Electricidad  de Caracas, que tuvo como rebote la caída de la Bolsa (una expresión de la disconformidad y rechazo del capital) y que dio lugar, de inmediato, al pago de una indemnización por parte del estado venezolano, lo cual, también con absoluta rapidez, hizo subir las cotizaciones bursátiles. Estas nacionalizaciones tuvieron lugar en gran medida en la necesidad de rescatar a sectores de la burguesía en crisis y/o evitar la fuga de capitales. En rigor no hubo expropiación, sino compra del 28, 51% de las acciones a la compañía norteamericana Verizon, lo que por otra parte recibió elogios de un asesor del Deutsche Bank. Cabe añadir, que para que una expropiación sea tal corresponde estatizar toda la propiedad. Lo positivo para el Deutsche Bank y para la empresa Verizon, es que podía seguir cotizando en Bolsa, ya que los accionistas minoritarios serian respetados. Cabe decir que uno de los accionistas minoritarios era nada menos que –la conocida para el pueblo argentino- Telefónica de España. Esta medida, que no fue más que una compra de acciones, habilitaba a la realización de negocios fuera de la esfera de influencia del estado chavista y, por lo tanto, mantenía la continuación del negocio capitalista. Nada que se parezca a una expropiación, y menos aun, a una expresión de socialismo, ya que además la clase obrera venezolana estaba ausente por completo de estas decisiones y del control de la medida.

Ocurrió lo mismo con la “nacionalización” del petróleo en 2007. Se trató de una nueva asociación, con empresas privadas, cuya implementación estaba relacionada con el bajo precio del crudo. La elevación del mismo a 100 dólares el barril, hizo que cambiara la posición, del mismo modo que el cambio de relación de fuerzas a partir de la gran movilización de masas que derrotó el golpe de 2002. Bajo estas condiciones las empresas extranjeras Exxon y Total aceptaron solo un 40% de participación  en razón de  que aun así les permitía arrancar enormes beneficios. De todos modos el estado venezolano iba a pagar una importante compensación por el 60% con el que se quedaba.

Algo similar ocurrió con la “nacionalización” de SIDOR, propiedad de Techint de Paolo Rocca de la Argentina, mediante la cual el estado venezolano compraba el 80% de sus accione. Quedándose Techint con el 20%. Lo que fue consumado mientras los trabajadores de SIDOR eran reprimidos en su lucha por el salario y el convenio colectivo, negándoseles el pase a planta a 9000 contratados con salarios por debajo de los obreros permanentes. La “nacionalización” se realizó en el marco de negar a los trabajadores la satisfacción de sus demandas. Y el gobierno de Kirchner intervino como “mediador” para que la indemnización a Paolo Roca que pago el estado venezolano, fuera más que jugosa.

La nacionalización del Banco de Venezuela, en 2008, cuyas acciones pertenecían al capital español, fue saludada por el rey Juan Carlos y el gobierno de Zapatero. Fue un rescate realizado por el estado venezolano  de una entidad en situación de bancarrota, debido a la crisis inmobiliaria que atravesaba España y que tenía carácter internacional.

Todas las nacionalizaciones de Chávez fueron con indemnización y realizadas sin la intervención de los trabajadores. Peor aún, usadas para regimentación de los laburantes  y en el contexto de un ataque a las condiciones de existencia de los mismos. Y debemos añadir: recurriendo a la represión a la clase obrera que luchaba.  Es que mientras estas compras de acciones de bancos y empresas industriales se llevaba a cabo, el estado venezolano incrementaba su deuda pública, cuyo pago implicaba el uso de parte  la renta petrolera, y aumentaba la inflación, lo cual planteaba la disminución real de los salarios.

La política bonapartista de Chávez pretendía controlar al movimiento obrero mediante la ratificación de su liderazgo y la realización de elecciones y plebiscitos. En 2006,  Chávez fue ratificado en la presidencia venezolana por amplio margen. Pero en 2007, perdió  el referéndum en el que pretendía hacer aprobar su reelección  indefinida, extender el mandato presidencial a siete años y la apertura de nuevas regiones militares. Estas reformas reaccionarias estaban acompañadas por promesas atractivas para los trabajadores, como la reducción de la jornada laboral a seis horas… en forma paulatina, desde el 2025.

La instauración de milicias populares no es el armamento del pueblo. En rigor, las milicias populares no eran en absoluto la creación genuina de las masas en lucha para terminar con el régimen capitalista y destruir el estado burgués, sino que se trataba de la formación de una fuerza paraestatal del régimen estatal burgués dirigido por el chavismo para fortalecer el poder militar. Estas supuestas milicias no eran más que una copia de  una especie de Guardia Nacional bajo el control del ejército profesional burgués.

Lo mismo la llamada instalación del “Poder Popular en los barrios”, que algunos izquierdistas quisieron ver como una especie de proto soviet. Es un viejo planteo del Foro de San Pablo, que fue usado, demagógicamente en la Argentina por sectores de la centroizquierda para discutir el destino de una parte mínima de los presupuestos municipales. Se reducía a una ficción que no tenia ninguna incidencia en la decisión del presupuesto que, seguía siendo decidido por la institución burguesa, por la Asamblea Nacional, cuyo monto mínimo era distribuido entre los barrios, para que los vecinos decidan que hacer (pintar los bancos de una plaza, colocar hamacas, etc.). Una forma de entretener al pueblo, que ha ido cayendo en un desuso total.

Chávez perdió  el referéndum por escaso margen, debido a la enorme abstención popular que no concurrió a votardebido a la falta de entusiasmo que provocó la convocatoria y el rechazo a sus medidas.

Lugo del referéndum perdido, la clase obrera no dejo de intervenir mediante la acción directa. Lo hicieron los obreros del aluminio, de la industria básica,  de la energía eléctrica, del metro, a quienes Chávez amenazó con intervenir militarmente.

De esta forma Chávez y su régimen estaban cavando su propia fosa, en la medida en que atacaban a quienes lo habían salvado, en defensa propia, del golpe de 2002 y lo había recolocado en el gobierno.

En un nuevo referéndum uno de cuyos objetivos era garantizar la reelección de Chávez, no hubo abstención masiva, lo cual le permitió a Chávez un 55% de aprobación contra un 45% de desaprobación impulsado por la oposición derechista. Los sectores más desplazados y empobrecidos de las masas le dieron el triunfo a Chávez. Sin embargo, un dato a destacar, es que una parte de ese 45% estuvo constituido por una franja de la clase obrera industrial, que expresó de este modo su disconformidad con el ataque a sus condiciones salariales y de vida y a la regimentación y represión que sufría. Este fenómeno expresaba dos problemas fundamentales, a saber: que los explotados y oprimidos venezolanos  estaban sometidos políticamente a sendas fracciones de los partidos burgueses y que no habían logrado su independencia organizativa y política. En gran parte por el seguidismo de la izquierda al chavismo durante una etapa y, luego, cuando la izquierda rompe con Chávez, la mimetización con la oposición derechista, una rémora del viejo régimen oligárquico, que en nombre de la defensa de la democracia y la libertad pretendía el retorno a ese viejo régimen. Los explotados venezolanos estaban frente a un aparente callejón sin salida.

En este cuadro, Chávez, que era un defensor del estado burgués y de la propiedad capitalista, continuó con su finalidad de regimentar al movimiento obrero en un contexto histórico en que el régimen bolivariano obraba entre una potencial resistencia de las masas y las presiones del gran capital imperialista. En el 2009 presentaba un proyecto de Ley Orgánica de Trabajo que establecía la supresión  de federaciones y confederaciones sindicales para sustituirlos por “Concejos de fábrica”. Pero la apariencia ocultaba la esencia, ya que no se trataba de ninguna manera de organismos fabriles de lucha. Estos “concejos” carecían de poder de decisión y su acción estaba subordinada a las decisiones de la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo establecía el fortalecimiento de la Procuraduría del Trabajo para intervenir en los conflictos sindicales, es decir una acción estatal decidida, tendiente a sofocarlos. En forma complementaria actuaba el poder judicial: 85 trabajadores estaban siendo procesados por haberse puesto a la cabeza de luchas sindicales.

Lo que estaba ocurriendo es que el atraso tecnológico, la dirección  burocrática del estado bolivariano y la ausencia de control obrero de la industria petrolera al “nacionalizarse” PDVSA, la convirtieron en ineficiente e improductiva, y solo estuvieron al servicio de la boliburguesia y de la burocracia sindical bolivariana, que se beneficiaron con ella.

Chávez nunca dejo de intentar avanzar en la regimentación del movimiento obrero. En 2012 insistía con un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Trabajo (LOTT), en la que había varias concesiones beneficiosas para los trabajadores (licencia por maternidad a seis meses pre y post parto para la madre y catorce días para el padre; indemnización por despido equivalente al último salario del trabajador por cada año trabajado, doble indemnización por despido injustificado). Pero lo fundamental, era la regimentación del derecho de huelga estableciendo como esenciales la producción de ciertos bienes y servicios, prohibiéndose para los trabajadores de esas empresas la realización de huelgas. Y se establecía el arbitraje estatal en los conflictos obrero-patronales. En rigor, lo esencial eran las medidas antihuelga, debido a que Chávez y la clase patronal venezolana eran conscientes de que anulada la huelga, la clase obrera estaría privada de un instrumento fundamental para arrancar sus reivindicaciones, e incluso para convertirlo en una herramienta política revolucionaria.

En 2012, en medio de la reducción  del precio del barril de petróleo, que endureció la política antisindical de Chávez, éste triunfó en las elecciones presidenciales que lo enfrentaban al candidato derechista Henrique Capriles por una diferencia del 12%, ganando puntos porcentuales respecto a las parlamentarias de 2010, pero perdiendo un 6% en relación a las de 2006. Capriles realizó su campaña electoral poniendo énfasis en la inversión petrolera y en la apertura económica al imperialismo, pero esencialmente atacando la asistencia social, y privilegiando la renta petrolera para el pago de los acreedores externos. Lo cual le impidió superar a Chávez, quien sobre la base de la existencia de las Misiones y de la asistencia social de las mismas mantuvo el apoyo de los barrios populares, pero con incipientes signos de retroceso.

Su gobierno fue una expresión de la ineptitud del nacionalismo burgués de un país atrasado, en este caso sostenido en las Fuerzas Armadas, de dar satisfacción a las necesidades de las masas, pero en especial de dar una salida independiente para sacar a la nación del atraso. No logró salir del laberinto y la subordinación a la renta petrolera, no expropió al capital agrario, ni industrializó el campo, de forma tal que fue incapaz de resolver el problema alimentario de las grandes masas. No usó el superávit de la renta petrolera para industrializar agresivamente el país y fortalecer su mercado interno. Mostró acabadamente la incapacidad de la burguesía nacional por realizar reivindicaciones democráticas y continuó sometido al capital imperialista, sosteniendo a la banca privada. Se empeño en controlar  a las grandes masas en una época de crisis y decadencia mundial del régimen capitalista.

Los acontecimientos posteriores a la muerte de Chávez agravaron el cuadro de crisis en Venezuela, siempre sometido a los vaivenes del precio del petróleo. A su muerte (marzo de 2013), Maduro, su sucesor, derrotaba a Capriles por escaso margen en abril de 2013. Pero el análisis de ese proceso será realizado en una segunda, próxima, nota.

La reciente elección del 28 de julio de este año, ha colocado nuevamente a las masas explotadas venezolanas ante una tragedia consistente en choques sangrientos entre dos fracciones de la burguesía en el que las víctimas son los oprimidos que ocupan las calles: la de Maduro que disfrazándose de socialista viene  aplicando un ajuste inaudito contra el pueblo trabajador y la oposición derechista heredera del viejo régimen oligárquico, proimperialista que ha promovido incluso la intervención del ejercito norteamericano en Venezuela.

Los trabajadores venezolanos, la izquierda en especial, no deben dejarse arrastrar por ninguna de las fracciones patronales, ni por las maniobras del imperialismo que está jugando  a dos puntas, con la mira en su interés de enriquecerse con la explotación petrolera de la cuenca del Orinoco. Es necesario sacar una conclusión sobre el agotamiento del chavismo y cualquier expresión política de la burguesía. Es preciso poner en pie un partido de la clase obrera independiente de toda fracción de la burguesía y preparar el camino a la lucha por un gobierno de los trabajadores.