Entre la ofensiva de Trump y el colapso de los demócratas. ¿Qué política debe tomar la izquierda frente a la victoria electoral de Trump y el gobierno de ofensiva que prepara en Estados Unidos?
Por Guillermo Kane.
La masacre de los sin tierra en Brasil
“Cantá ahora el himno del MST!”. “¡Cantá las consignas!
“¡Vivá al Movimiento Sin Tierra!". No bien pronunciaron estas palabras, los policías militares esposaron, para después golpear, a Oziel Alves Pereira, también conocido como “Zumbí”, uno de los líderes de los cerca de 1.500 sin tierra que hacía dos días acampaban en la ruta PA-150. Dos policías arrastraron a Oziel de los cabellos hasta un vehículo de la Policía Militar, suspendiéndolo a media altura para que otro disparase a la cabeza del joven de 17 años. Los asesinos no se dieron por satisfechos, al día siguiente, cuando su cuerpo fue reconocido en el Instituto Médico Legal, “tenía dos perforaciones de bala en los ojos" (1).
De esta manera, fue asesinado por la Policía Militar de Pará, en el norte brasileño, el principal dirigente de la ocupación de la hacienda Macaxeira, ocurrida poco antes. En el Instituto Médico Legal de la ciudad más próxima fueron presentados otros 19 cuerpos de trabajadores sin tierra asesinados por la policía, cuyas autopsias no dejaban dudas acerca del salvajismo represivo: 10 de los cuerpos tenían huellas de golpizas; siete fueron ejecutados sin ninguna reacción y otros tantos cortados a golpes de hoz y estaban despedazados.
Aparte de los 51 heridos graves, decenas de trabajadores y sus familiares desaparecieron se trata de 15 niños desaparecidos, después que centenares de personas se internaron en la selva intentado huir de las ráfagas de ametralladoras, fusiles y pistolas y de la furia asesina de los 268 individuos que los cercaban con el pretexto de expulsarlos de la ruta.
Los sin tierra fueron tomados por sorpresa. Se encontraban caminando hacia Belém, capital del Estado, para realizar manifestaciones contra la demora del gobierno en promover las expropiaciones de hacienda prometidas.
La hacienda Macaxeira, ocupada por ellos, se encontraba en proceso de expropiación desde hacía casi un año y medio, en el que los ocupantes permanecieron en la mira de los matones y de la policía. Habían iniciado la marcha siete días antes y resolvieron acampar en aquel tramo del camino debido a la situación precaria de los manifestantes, muchos de los cuales, niños y mujeres, se hallaban cansados y con hambre. Bloquearon el tránsito para presionar al gobierno estadual la entrega de alimentos y transporte, a fin de poder arribar a la capital del Estado.
El gobierno insinuó que atendería el reclamo. El mayor José María de Oliveíra, comandante de un cuartel de la región, procuró establecer con los sin tierra un acuerdo. Estos dejarían la ruta libre.
Pasadas 24 horas, el acuerdo fue roto por el gobierno, evidenciando que se trataba de una maniobra para tratar de ganar tiempo y preparar una acción contra los sin tierra, que no tuvieron otra salida que no fuese restablecer el corte de ruta. El gobierno mandó los ómnibus, pero para cercar el campamento de los campesinos. De los mismos descendieron 268 policías fuertemente armados. En vez de alimentos, el gobernador del Estado ordenó la desocupación por las tropas militares.
No hubo tiempo siquiera para un nuevo acuerdo. Los soldados comenzaron a disparar indiscriminadamente en dirección a la ruta. Los que no caían, corrían hacia el campamento montado en los laterales de la ruta o hacia la selva.
El caso de Oziel, y otros, deja en claro que la operación de guerra tenía el objetivo de eliminar a sus líderes. Cuatro dirigentes estaduales del MST fueron ejecutados después de detenidos. Todo había sido previamente preparado.
La Policía Militar actuó, según innumerables testimonios, en forma unificada con los matones contratados por los hacendados de la región, que se ocultaban tras los uniformes militares.
En la matanza de los sin tierra, la Policía Militar reprodujo con lujo de detalles sus métodos de acción contra la población trabajadora e indefensa en las favelas, en las prisiones, en las ocupaciones de tierra, etc.
Estableciendo una falsa negociación, como ocurriera en la matanza de Corumbiara, en agosto pasado, procuró sorprender al ‘enemigo’ y evitar cualquier otra posibilidad que no fuera la matanza.
Arrancaron sus nombres de los uniformes para dificultar su identificación, como en la prisión de Carandiru, en San Pablo, donde fueron asesinadas 111 personas, según los datos oficiales.
Para ocultar las huellas del crimen, los cuerpos fueron retirados del lugar, como en las masacres de las favelas cariocas, y muchos de ellos desaparecieron en lo que constituye un procedimiento habitual de la Policía Militar en este tipo de acontecimientos. Aunque en el momento en que los sin tierra estaban concentrados en un sector de la ruta, la Policia militar había tirado indiscriminadamente contra hombres, mujeres y niños, todos los cuerpos entregados eran de hombres adultos. La policía procuró, aparte de eso, impedir la cobertura de la prensa: periodistas fueron amenazados de muerte y un equipo de la TV Liberal, concesionaria local de la red O Globo, fue puesto en prisión, durante la confrontación, en uno de los ómnibus.
Una vez más, el régimen democrático demostró su carácter de férrea dictadura al servicio de los intereses de los grandes propietarios del campo y de la ciudad. Una dictadura que tiene, en la policía militar, a uno de sus principales instrumentos contra la mayoría de la población, por encima de la ley, intentando esparcir el terror y quebrar la resistencia de las masas explotadas a la política de hambre y miseria impuesta por el régimen democrático.
La reacción popular
La masacre del sur de Pará dio lugar a una ola de manifestaciones que se extendieron por todas las regiones del país.
Al día siguiente de la masacre, familiares de las víctimas y centenares de trabajadores rurales de la región de Curionópolis realizaron una protesta frente al predio del IML, exigiendo la entrega de los cuerpos de decenas de desaparecidos, entre los cuales se encontraban 15 niños. Demostrando un enorme coraje, frente a la carnicería ordenada por el gobierno local, los manifestantes portaban carteles denunciando la acción de la Policía Militar: "Policía Militar asesina de trabajadores", “Gobierno y policía matan a los sin tierra", entre otros.
En casi todas las capitales del país y en muchas ciudades del interior, se multiplicaron las manifestaciones. En ellas, se destacó la presencia de estudiantes al lado de activistas del movimiento obrero y popular. En Belém, los manifestantes ocuparon la sede de la Secretaría de Justicia del Estado de Pará, el día 19, rompiendo vidrios y puertas, después de participar en una movilización que reunió a cerca de 10 mil personas. “Las paredes de la Secretaría fueron pintadas con frases como ‘Fuera Almir’ y ‘Almir asesino"' (2).
El mismo día, en Río de Janeiro, una movilización que partió de la Candelaria, se dirigió hasta la sede de Incra, en Largo de San Francisco, en el centro, reuniendo a cerca de mil personas, en su mayoría empleados federales en huelga.
En el interior de Rio Grande do Sul, también el día 19, trabajadores rurales sin tierra bloquearon dos rutas, la BR-158 y la BR-116, para protestar contra la masacre, provocando un embotellamiento de 5 km.
El presidente Fernando Henrique Cardoso, que en las vísperas de la masacre, e incluso después, procuraba ocupar las páginas de los periódicos con la campaña a favor de su reelección, pasó a ser blanco, junto a sus ministros y asesores, de las hostilidades de las manifestaciones populares, por donde fuera que pasase.
Al participar de una reunión en Corumbá de Goiás, el día 18/4, el presidente fue recibido por una verdadera lluvia de tierra, en medio de una manifestación promovida por universitarios y estudiantes de las escuelas técnicas de Goiás y Brasilia.
Al día siguiente, trabajadores sin tierra de Minas Gerais, acampados frente al Ministerio de Agricultura desde hacía 11 días, realizaron una protesta quemando un muñeco del ministro dimitente, el banquero y latifundista Andrade Vieira, y soltando fuegos por su abandono de la cartera.
El Ouro Preto (MG), durante la conmemoración del Día de la Inconfidencia, cerca de 2 mil personas hostigaron y gritaron asesinos" durante los discursos del ministro de Educación, Paulo Renato Souza, y del gobernador mineiro, Eduardo Azeredo (PSDB).
En Puerto Seguro (BA) durante las conmemoraciones oficiales del Descubrimiento de Brasil, el presidente de la República, ministro y senador Antonio Carlos Magalhaes (PFL-BA), se confrontaron con una ‘ruidosa manifestación’ organizada por el Movimiento de los Sin Tierra (MST) delante del palco’ (O Estado, de Sao Paulo, 23/4/96), que contaba con estudiantes e indios entre los 500 manifestantes. Durante su discurso, el senador Antonio Carlos Magalhaes, intentó callar a la manifestación acusando a los jóvenes y trabajadores de “perturbar el orden”, y su discurso fue interrumpido varias veces a los gritos de “mentiroso" y asesino. Intentó en vano, enfriar los ánimos de los manifestantes con un show de Gal Costa, que fue llamada por manifestantes de “mercenaria”.
Nuevas ocupaciones
La masacre de Eldorado ocurre en un momento de intensa movilización de los sin tierra en todo el país.
En el día de la matanza, cerca de 10 mil personas ocuparon la hacienda Giacomet, en Río Bonito de Iguazú, en el oeste de Paraná, realizando la “mayor invasión del movimiento en el Estado en los últimos cinco años” (3). Ocupantes de la hacienda Barriguda, en Buritis (MG), a su vez, además de movilizarse por la desocupación de la misma, discutieron la ocupación de la hacienda vecina, perteneciente al presidente Fernando Henrique.
Estas y muchas otras ocupaciones se enfrentan con la organización de grupos de matones armados por los latifundistas (jaguncos), protegidos por la justicia, por la policía militar y demás organismos de represión del Estado.
La enorme revuelta contra la masacre abre el camino para una amplia movilización nacional en defensa de las ocupaciones de tierra y contra el gobierno pro-imperialista y sus reformas.
La matanza del Eldorado de Carajás fue un asesinato premeditado y frío, autorizado por el gobierno estadual del PSDB, de Almir Gabriel, y ejecutado por la Policía Militar.
“El diputado estadual Joao Batista Araújo (PT) acusó, por su lado a los policías de haber premeditado la muerte de por lo menos cuatro fueron muertos con tiros directos. O sea, las balas dirigidas al medio de la cabeza o al corazón. Y lo peor: los cuatro eran líderes del MST” (4).
Este modus operandi de la PM ya había sido visto en Corumbiara, conforme denunciamos en el periódico Causa Operaria, con los policías y matones procurando personas específicas en medio del campamento de los asentados. El mismo fenómeno ocurre en San Pablo, donde la cabeza del compañero Rihna fue puesta a precio por matones, policías e, inclusive, autoridades. Decenas de dirigentes de los sin tierra fueron asesinados – y muchos otros, casi – de esta misma manera.
Una tal esquematización de la acción de la PM — controlada durante décadas por el ejército, o sea, por el gobierno federal y sus servicios de información— en diferentes estados del país, evidencia la existencia de un operativo de liquidación física de las direcciones de los sin tierra, lo cual solamente puede existir, sea con la complicidad, sea directamente, a través de la acción del gobierno federal. Según revela la prensa, “el CIE (Centro de Informaciones del Ejército) acompaña hace varios años el conflicto agrario en el área del Bico del Papagaio y es quién viene abasteciendo al presidente con informaciones” (5).
La prensa, extraordinariamente caritativa con el gobierno y con las latifundistas, califica a los asesinatos de personas indefensas por hombres armados hasta los dientes, de “excesos". Nada podría estar más distante de la realidad. El asesinato de todos los dirigentes del MST presentes en Eldorado de los Carajás, confirma la existencia de una política consciente e intencional y excluye totalmente la idea de “descontrol” y “desorganización" que se procura inculcar a la población. Cuando el gobernador del PSDB dio la orden que estaba grabada en todos los periódicos — “obstruían la entrada’ — era plenamente consciente de lo que estaba ordenando. Según el mismo parlamentario petista arriba nombrado, “el gobernador Almir Gabriel hizo dos reuniones con hacendados y policías de la región”; la última “apenas dos días antes de la masacre” (ídem) y la prensa registró declaraciones del presidente del sindicatos de productores rurales, de Curionópolis, días antes de la matanza, de que los sin tierra serían retirados por la fuerza de la hacienda. La operación fue planeada entre el gobierno estadual, los latifundistas y la PM.
Ejecuciones planificadas
Después de la masacre fue montada una amplia operación de encubrimiento de la responsabilidad de las autoridades gubernamentales, desviando la atención hacia los ‘cadetes’ de siempre, como este miserable coronel Pantoja. Fernando Henrique hizo un juego de escena diciendo que, “esta vez “(I) los responsables serán juzgados. Almir Gabriel tuvo el descaro de aparecer llorando en la televisión. La prensa nacional, a coro, procuró ocultar la responsabilidad tanto de uno como de otro. Al recibir las primeras noticias de la mayor masacre de trabajadores rurales ocurrida en el país, FHC declaró con el desprecio de un digno representante de la clase dominante, que lo ocurrido era una expresión del “Brasil arcaico". Ante ia revuelta popular, que llevó a la invasión de la secretaría de Seguridad por una manifestación en Belém bajo el mirar asustado de la PM, y de la gigantesca repercusión internacional, cambió el discurso y declaró que lo que ocurrió era “inaceptable”.
Las promesas de averiguación de responsabilidades no son más una farsa claramente transparente: “El fiscal público de Curinópolis. Marco Aurelio Nascimento, nombrado por el Ministerio Público para averiguar responsabilidades de la masacre, dice hoy que inicia su trabajo con dos certezas: no cree en la sanción de ninguno de los 200 policías que participaron de la operación y no cree que el gobernador Almir Gabriel (PSDB) vaya a ser procesado por la “responsabilidad” del crimen (6).
Algunos días después de la masacre, sin embargo surgió una denuncia que hizo público lo que ya se había evidenciado en todas las oportunidades anteriores: “el gerente de una hacienda hizo una declaración al ministro de Justicia, Nélson Jobim, informando que hacendados de Pará contribuyeron financieramente, a pedido de la Policía Militar del Estado, con la operación que resultó en la masacre de los 19 sin tierra el día 17” (7), cursivas nuestras).
Según el testimonio, “El coronel Pantoja había pedido una coima de 100.000 reales, que era para ayudar al desplazamiento hacia el lugar de la Policía Militar, porque no tenía condiciones para hacerlo, que precisaría armas y municiones" (8). El mismo informante declaró además que varios cuerpos fueron retirados del local y enterrados en fosas comunes como indigentes. Una semana después, el 10 de mayo, uno de los 20 hacendados señalados como mandantes de la matanza confirmó las denuncias, agregando “no entiendo por qué hicieron todo eso y sólo mataron 19 y no unos cien de una vez” (9). Según el mismo reportaje, “el hacendado dice que por lo menos seis personas murieron en la última semana en haciendas de la región. El motivo de las muertes sería "la quema de archivos (testigos y pruebas)”. “Yo supe de eso conversando con hacendados amigos míos. Eran sus empleados”. El hacendado dice desconocer la identidad de los muertos. (…) “Los cuerpos nunca van a aparecer. Son enterrados en cementerios clandestinos por ahí", dice. El hacendado dice, además, que había un 'pacto de silencio’ entre los propietarios rurales, los funcionarios de las haciendas y las autoridades locales. "Ninguno va a decir la verdad. Si habla muere", afirmó.
Estas denuncias traen a la superficie que el asesinato de los líderes del MST fue premeditado y no por los hacendados locales, sino por la PM. Diputados estaduales del PT revelaron un eslabón más de la cadena de acontecimientos al hacer público un video donde los hacendados, en una reunión con el gobernador del Estado, le entregan al secretario de Seguridad Pública, Paulo Sette Cámara, una lista con nombres de personas que deberían ser "apartadas” pocos días antes de la masacre. La prensa denunció también que el servicio secreto de la PM, la P2, estuvo en el lugar recogiendo informaciones algunos días antes de la masacre.
La Policía Militar no es, sin embargo, un cuerpo represivo autónomo. Fue creada por el régimen militar establecido por el golpe del 64 en sustitución de la antigua Fuerza Pública, originaria de la época de la emancipación de los esclavos. La PM profundizó las características de su antecesora de guardia pretoriana destinada a controlar por medio de la violencia a la población más pobre de los centros urbanos, organizada como una fuerza militar, con cadena de mando, disciplina y entrenamiento militar. Sus crímenes son juzgados en un fuero privilegiado, un tribunal militar, que absuelve 100 de cada 100 de los millares de asesinatos perpetrados por los sanguinarios escuadrones de exterminio conocidos como ROTA en los centros urbanos de San Pablo y cuyo emblema es una calavera, responsables de cerca de 1.500 asesinatos por año en la ciudad de San Pablo.
Esta fuerza represiva estuvo, controlada durante dos décadas directamente por el Ejército, teniendo formalmente como comandante en jefe al general de la región militar en la que estaba situada. Luego de la constitución de 1988, las PMs pasaron a ser comandadas formalmente por los gobernadores estatales, aunque extraoficialmente continuaron bajo la orientación de los comandantes militares, formados ideológicamente y entrenados desde el punto de vista técnico por el Ejército. La región de Pico del Papagayo, donde está situada la hacienda Macaxeira, donde están localizados también los mayores yacimientos de mineral de hierro del mundo (Carajás) y el de la zona aurífera de Sierra Pelada es un área de conflictos (allí se dio la guerrilla de Araguaia en la década del '70) y es considerada desde hace décadas por los estrategas geopolíticos del Ejército como área fundamental para la seguridad nacional. Creer en la autonomía de la PM de aquella región, en particular tratándose de un asunto de enorme repercusión nacional como el Movimiento de los Sin-tierra, es creer en una fantasía. No hay duda de que la masacre y el asesinato de las principales líderes combativas del MST forman parte de una política de conjunto.
Perspectivas:
En el interior de las direcciones del movimiento de masas, incluidas las del propio MST, reina la más completa confusión. Acusan a Fernando Henrique de ser responsable porque no asentó a las familias, piden la exoneración de Nélson Jobim, ministro de Justicia, porque dejó impunes los asesinatos de los trabajadores de Corumbiará y, al mismo tiempo, reivindican una intervención federal en Pará. El presidente de la República, claramente respaldado por el estado mayor de las fuerzas armadas, por su parte, ya intervino en Pará a su manera. Frente al completo desmoronamiento político de la PM que, siguiendo la declaración del propio gobierno federal, ‘perdió autoridad ante la población, y no sólo con los sin tierra' (10) envió tropas del Ejército para "pacificar" la región, o sea, para impedir que el sentimiento de revuelta se transformase en una revuelta abierta. En el Sur y el Sudeste, el gobierno colocó al Ejército en estado de alerta para "contener el movimiento de los sin tierra en Sao Paulo y en Paraná" (11), lo que da una medida de la crisis política abierta en el régimen y las masas rurales a partir de la masacre.
La política de esperar del gobierno una solución es un callejón sin salida. La lucha en el campo crece en función de los despidos masivos y del verdadero éxodo urbano que la crisis capitalista esta produciendo. Los gigantescos latifundios formados en la regiones de colonización más reciente —así como el latifundio en general— y que en muchos casos llegan a millones de metros cuadrados de extensión, son una verdadera tabla de salvación para la masa de explotados desesperada con la falta de alternativas. La política de FHC —60 mil asentamientos en un año— que de ninguna manera será cumplida— es una gota de agua en el océano. La lucha por la tierra es la lucha contra el latifundio, sea productivo o improductivo, no importa, porque a causa de la existencia de 10 millones de sin-tierra —y creciendo— es el monopolio privado de la tierra por los grandes propietarios capitalistas, como reserva de valoró, eventualmente, para el monocultivo o una gran empresa agraria.
La política oficial responde a presiones contradictorias de diferentes sectores de la burguesía. Estas presiones se han agudizado y encontrado expresión en la crisis permanente de los ministerios ligados al campo. En el inicio de este año, frente al agravamiento de las movilizaciones de los sin Tierra, se impuso en el gobierno el ala representada por el economista Francisco Graziano, ligado a los sectores favora es a una reforma agraria, contra el ala representada por el ministro de Agricultura Andrade Vieira, dueño del banco amerindus y gran propietario de tierras de Paraná, al sur e país, expresión de los latifundios y grandes capitalistas que predican un inmovilismo frente a la reforma agraria.
La reforma agraria predicada por el ala de Graziano ( derribado de la cartera de Reforma Agraria por una denuncia de que pinchaba teléfonos) tiene como base la idea de que la que dirige la economía agraria es la gran empresa capitalista rural, en especial para exportación, consideraba productiva, en oposición al latifundio 'improductivo'. Este sector considerado, inclusive, que la acción del MST es, dentro de determinados límites, “positiva” y “necesaria” porque abre camino para las desapropiaciones frente a la resistencia de los latifundistas. En realidad, esta política también constituye un callejón sin salido frente al hecho de que todo emprendimiento agrario, sin excluir a la agro-industria, es "improductivo” en el sentido de que no realiza un rendimiento compatible con las exigencias del mercado mundial y necesita ser subsidiado por el Estado o por la superexplotación de la población.
Frente a esta situación, el MST también está dividido. De un lado, el ala mayontaria en el aparato del MST (que controla empresas rurales y cooperativas), dirigida por intelectuales pequeño-burgueses como Joáo Pedro Stédíle e Gilmar Mauro proponen una táctica de presión que no se instancia mucho de la política defendida por Graziano. Este sector procura actuar en íntima relación con la Iglesia católica y con los sectores 'reformistas' de la burguesía e incluso innumerables conexiones con la burocracia estatal el área de la reforma agraria (Incra). Del otro lado, crece en as ases del MST una tendencia que propone ampliar cada vez más las ocupaciones para conquistar la posesión de la (erra Esta ala, que también profesa la intención de desapropiar a latifundio improductivo tiene fronteras inciertas, yen-desde sectores de la misma dirección nacional del MST como José Rainha, originario de las bases de la Iglesia, líder e innumerables ocupaciones realizadas en el Pontal de aranapanema (Estado de San Pablo), hasta sectores que se encuentran fuera del MST, como los ocupantes de la acienda Santa Elína en Corumbiara, Rondónia. Esta última a creció debido a la enorme radicalización de los sin tierra y al verdadero éxodo urbano provocar un espectacular crecimiento del desempleo urbano.
La única salida para la actual impasse del movimiento de los sin-tierra es el establecimiento de una estrategia política, o sea, de denuncia del carácter improductivo de toda la gran producción rural y del monopolio de la tierra. No se trata de servir como una tropa de choque para una reforma apoyada en la idea de que el problema está concentrado en el latifundio improductivo. En ese sentido, se impone una lucha por la ampliación de las ocupaciones de tierra y la organización de un frente nacional obrero-campesino para defender la lucha de los trabajadores rurales, un frente independiente del régimen político y de sus partidos y representantes “conservadores”, y también de los ‘progresistas’ como Almir Grabriel y FHC, del PSDB y el ‘democrático’ Vladimir Raupp. Este programa se debe completar con la reivindicación de la estatización del sistema financiero, acreedor de la deuda agraria y fuente de financiamiento de cualquier reestructuración de la producción rural, con crédito accesible y condiciones de distribución de las cosechas.
El régimen político solamente puede enfrentar la situación a través de una política que equilibre concesiones puramente paliativas al MST y la represión de sus sectores más combativos, a través de las masacres sistemáticas y del asesinato de los dirigentes más combativos y una reforma limitada de la propiedad productiva que no podrá abrir ninguna perspectiva de solución del problema del campo.
Las masacres evidencian las inmensas dificultades del gobierno para controlar la situación y dar una salida que solamente puede ser realizada a través de crisis agudas como ésta.
La solución real de la cuestión de la tierra depende de la resolución de la cuestión del poder político en el país, o sea, de la lucha por un gobierno obrero y campesino, único capaz de poner en práctica este programa a través de la alianza de los obreros de la ciudad, de los campesinos pobres y del proletariado rural del sudeste.
La única vía para derrotar a los latifundistas, a la política de gobierno y a la saña asesina de la PM es la movilización en todo el país. Vicentinho, presidente de la CUT, declaró que es necesario hacer una campaña como la de "directas ya" contra esta situación. Reclamamos al presidente de la CUT que transforme sus palabras en actos. Esta es la hora de ir a las calles en defensa de las ocupaciones de tierra, llamando a los trabajadores que reivindican solo un medio de subsistencia a ocupar inmediatamente toda la tierra disponible, exigiendo la expropiación del latifundio, el asentamiento inmediato de todos los asentados, el castigo de los asesinos y de los responsables, la disolución de las PMs y el fin de los gobiernos de ladrones y asesinos como Raupp, Almir Gabriel y Fernando Henrique.
Notas:
1. Veja. 24/4/96.
2. Folha de Sao Paulo. 20/4/96).(Almir Gabriel es el gobernador de Pará.
3.Folha de S. Paulo, 18/4.
4. O Globo, 20/4/96).
5. Folha de Sao Paulo, 20/4/95).
6. O Globo, ídem.
7.Folha de Sao Paulo. 3/5/96.
8. ídem.
9.Folha de Sao Paulo. 10/5/96.
10. Folha de Sao Paulo, ídem. i I .Follia de Sao Paulo. ídem.
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