El santiagueñazo de Raúl Dagoltz
Raúl Dargoltz, “El Santiagueñazo’ – Gestación y crónica de una poblada argentina, El Despertador Ediciones, 1994,240 páginas.
El libro ‘El Santiagueñazo"tiene el mérito de no considerar a la pueblada del 16 de diciembre de 1993, que significó la destrucción de la Casa de Gobierno, los tribunales de Santiago del Estero y el incendio y saqueo de las casas de los principales políticos burgueses de la provincia, sólo como la resultante de la política de 'ajuste' de Menem-Cavallo.
Para el autor de ‘El Santiagueñazo’, la gota que rebasó el vaso, fue la votación, por parte de todos los políticos patronales (algunos sin siquiera leerla), de la llamada ley1ómnibus’, que dejaba a diez mil trabajadores estatales en la calle y les rebajaba el 50 por ciento de los sueldos a los que quedaban en actividad, en una provincia que venía de tres meses de paros, huelgas, movilizaciones y ollas populares sin obtener respuesta alguna por parte del gobierno, el cual estaba sumergido en una profunda crisis y corroído por la brutal corrupción de sus funcionarios.
Además de defender la reacción de las masas santiagueñas, el autor logra mostrar que la pueblada de diciembre del '93 no fue el levantamiento de un pueblo improductivo contra la ‘iniciativa' del capital, sino al revés, fue la rebelión de las fuerzas productivas de la provincia contra 100 años de explotación y súper explotación de campesinos y trabajadores santiagueños, contra el parasitismo capitalista que destruyó una provincia que de ninguna manera puede ser considerada pobre “sino brutalmente empobrecida”.
El libro rastrea el origen de la destrucción de la economía de Santiago del Estero. No lo analiza desde el ángulo ' provincial1, lo coloca en el proceso de acumulación capitalista mundial.
Hay dos elementos fundamentales en esta destrucción provincial y en el brutal empobrecimiento de las masas. La destrucción del bosque santiagueño y el remate indiscriminado de las tierras públicas. El autordemuestra que alrededor de estas dos cuestiones centrales giró la vida de la provincia en los últimos cien años y, como los ingleses al principio, los conservadores después, y finalmente los radicales y peronistas, reventaron el bosque y el suelo destruyendo poblaciones e industrias, causando una catástrofe ecológica y el empobrecimiento brutal de Santiago del Estero.
La destrucción del bosque santiagueño
Santiago del Estero tenía, a comienzos del siglo, 10.792.000 hectáreas de bosques. En la actualidad se calcula, 'aunque no existe un inventario forestal, solamente setecientas mil’. Es decir que más de nueve millones de hectáreas fueron irracionalmente explotadas por la mal llamada 'industria' forestal.
Fue una depredación increíble, porque ya en 1941 se calculaba que se habían devastado 150 millones de quebrachos colorados, además de algarrobos y otras especies forestales. A su paso se habían creado y desarrollado pueblos enteros; el trazado ferroviario inglés estaba al servicio de este proceso de explotación.
La enorme riqueza comercial producida por esta devastación sin precedentes nunca volvió a la provincia y condenó a los trabajadores santiagueños a la miseria y denigración humanas, marchando detrás de la tala, con o sin familias, sin horizonte fijo alguno, explotados brutalmente en los obrajes. El autor denuncia que aún hoy, el sistema de explotación en los obrajes no se aparta mucho del implantado por la vieja La Forestal. Persiste aún en ellos un trato esclavista, siguen existiendo los vales; los contratistas y los comerciantes se llevan un 80 por ciento del sueldo de los trabajadores, con la complicidad de los distintos gobiernos.
Ligada a la brutal depredación del bosque se produjo, y aún hoy se sigue produciendo, lo que el autor considera la “mayor privatización” de la historia argentina, que fue la entrega de todas las tierras fiscales para la explotación del bosque, entrega que fue hecha por todos los gobiernos a distintos grupos capitalistas.
A principios de siglo, las principales familias del puerto de Buenos Aires formaron un “sindicato” que adquirió al precio vil de 23 centavos la hectárea, la friolera de cuatro millones de hectáreas de los mejores quebrachales del mundo, cuando el durmiente de quebracho se pagaba a 1,50 peso. Los capitalistas del sindicato, entre los que la Banca Tornquist figuraba como principal animador, compraban 5 hectáreas por el valor de un durmiente de quebracho, que vendían obteniendo una fabulosa ganancia.
El autor demuestra con citas precisas que esta “privatización” de las tierras se realizó con los mismos argumentos de Alsogaray, Martínez de Hoz, Sourrouille y Menem-Cavallo. Se remató todo para dar paso a la “inversión privada”, para “abrir nuevas fuentes de trabajo", para “movilizar la riqueza pública". Estos son “los famosos planes de ajuste” o “reformas del Estado" que destruyeron las economías regionales en nombre de la “modernización del Estado" (textual, pág. 63).
Poco antes del ascenso de Perón al poder, según un censo del Ministerio de Economía, 20. familias poseían 1.407.318 hectáreas, lo que da una idea clara del proceso operado y de los grandes latifundios existentes. La asunción del peronismo no cambió sustancialmente este cuadro de remate de las tierras públicas, sólo adquirió otras formas.
La primera medida del gobierno peronista provincial, en 1946, fue conceder en arrendamiento 40.000 hectáreas de tierras públicas al precio de 10 pesos la hectárea, para “fomento” de las fábricas de tanino (un derivado del quebracho utilizado industrialmente). Estos “fomentos industriales” no hicieron otra cosa que encubrir una nueva entrega de tierras fiscales; en realidad, los beneficiados fueron los mismos capitalistas de siempre, porque se hizo cargo de la monopolización del comercio y la producción del tanino la tristemente conocida 'Forestal del Chaco’.
Con distintas variantes la depredación continuó bajo la dictadura de Onganía y con el nuevo advenimiento del peronismo en el 73.
El autor cita, a manera de ejemplo de la continuidad de la depredación de los bosques y la entrega de tierras, el ejemplo de Monte-Quemado, que es la última población forestal del Chaco santiagueño, casi en el límite con Salta. Allí, el intendente peronista, Hazam, entregó miles de hectáreas a razón de 50 hectáreas por hachero, con el “compromiso" de que sólo podían ser desmontadas 5 hectáreas de las 50, utilizando las otras 45 para tareas agríca-las. En poco tiempo, los arrendatarios empobrecidos habían arrasado cada una de las 50 hectáreas y rematado los quebrachos talados, haciendo un fabuloso negocio los acopiadores, en tanto los hacheros pasaron rápidamente de minifundistas a parias, al quedarse sin valor alguno las tierras otorgadas.
“Destruido el bosque y sus riquezas, rematadas las tierras públicas, los grandes latifundistas comienzan la retirada de los obrajes en busca de otras formas de explotación. Atrás de ellos, como herencia, quedaron el fachinal y el desierto, y la fama de una provincia pobre, de grandes salitrales, de un clima tórrido que obliga a trabajar poco y dormir largas siestas provincianas” (pág. 69).
En suma, el parasitismo y la voracidad sin límites de los capitalistas habían empobrecido a una provincia que contenía una de las riquezas más importantes del mundo desde el punto de vista económico y ecológico.
Los antecedentes políticos del santiagueñazo
Santiago del Estero estuvo dominada siempre políticamente por el peronismo. Tuvo, como en la mayoría de las provincias argentinas, un caudillo provincial: Juárez, que al igual que Menem en La Rioja, Saadi en Catamarca o Saá en San Luis, gobernaron tres períodos, designando luego a dedo a sus 'delfines'.
Juárez eligió como su ‘sucesor’ a Itúrrez, que al poco tiempo de gobernar rompió la tutela de Juárez, haciendo su propio juego político. Itúrrez, consciente del desgaste del juarismo provincial y de la importante suba de votos del radicalismo, fundamentalmente en la capital y en La Banda, se planteó una política de “unidad provincial" que le evitara la confrontación política con Zavalía, un caudillo radical en pleno ascenso, que se postulaba como casi seguro candidato a ganar las elecciones provinciales.
Bajo los nombres de la nueva “santiagueñidad”, del "nuevo estilo" de gobierno, haciendo gala de “antipersonalismo", Itúrrez designó a su vez a dedo a Mujica como "sucesor” de esta política de “unidad provincial”. Mientras los dirigentes políticos tejían sus alianzas, repartiéndose cargos provinciales y las bancas en el congreso nacional, la provincia se desangraba entre el saqueo de las cajas provinciales, el cierre indiscriminado de las pocas industrias y las luchas de los empleados públicos de todas las reparticiones, ante los atrasos en los pagos y los sueldos miserables.
La política de Itúrrez entró en una gran crisis, porque a raíz de este nuevo 'estilo', un sector del viejo juarismo empezó nuevamente a levantar cabeza, lo que llevó a una división abierta del peronismo provincial, que fue resuelta con el parche de la llamada “ley de lemas". Esto permitió finalmente que saliera airosa la fórmula Mujica-Lobo, sumando los votos de las distintas fracciones peronistas, a costa del radical Zavalía, quien a partir de allí inició una campaña de gran “radicalización” verbal, que llegó hasta el planteo de "levantarse en armas" contra Menem y realizar 27 marchas a caballo por la provincia.
La elección estuvo teñida de fraude, con votos de muertos, doble documentación y votos de policías en ejercicio, sumado a esto que no coincidían los escrutinios con los datos consignados por ENCOTEL. La fórmula Mujica-Lobo asumió en medio de esta crisis, donde se sumó a las luchas ya en curso el repudio a la corrupción política de los candidatos al gobierno.
La asunción de la fórmula Mujica-Lobo se hizo a escondidas y a medianoche; desde el primer minuto fue un gobierno débil, surgido de un precario acuerdo que se rompió el mismo día de las elecciones. A los seis meses ya no se pagaban los sueldos, y los que se pagaban se hacían con considerable retraso. Comenzaron los reclamos al gobierno de préstamos a la provincia, y a su vez el reclamo aún más firme del gobierno nacional de hacer votar la llamada 'ley ómnibus', que rebajaba a la mitad los salarios estatales y despedía a 10.000 empleados públicos, como condición para dar los créditos para el pago de sueldos.
La crisis se desató con esta ley. Se produjo entonces la renuncia de Mujica y la asunción de Lobo, 45 días antes de que se produjera el santiagueñazo.
El gobierno sumó al reclamo de la votación de la ley 'ómnibus' un nuevo chantaje, el de la intervención federal. La posibilidad de la intervención federal 'decidió' a todos los políticos patronales a votar la ley. El más perjudicado, y también el que más lejos fue en la perfidia política, fue Zavalía, que veía en la posibilidad de una intervención federal la pérdida de su casi seguro cargo de gobernador. Así dejó de lado el planteo de “levantarse en armas" contra Menem y vino en persona a negociar a Buenos Aires su voto a la ley 'ómnibus', a cambio de que no se interviniera a la provincia.
La característica central de esa crisis política fue que la ley salió aprobada tal como venía de Buenos Aires. El autor reconstruye la sesión de la aprobación de esa ley, demostrando que algunos ni siquiera la habían leído y que todos pusieron sus huellas digitales, o dando quórum o directamente llamando a votarla en todos sus términos. Mientras se votaba esta ley nefasta para los trabajadores, afuera, en las calles de Santiago, comenzaba 'otra' votación: estallaba “el santiagueñazo”.
Quiénes hicieron el santiagueñazo
Aun cuando el gobierno haya argumentado que el santiagueñazo fue obra de 'infiltrados' y de agitadores 'profesionales', es importante determinar quién efectivamente tomó por asalto los poderes públicos y las casas de los políticos burgueses de Santiago.
Para el autor, fue una explosión de los “subocupados", caracterizando como tales a los empleados públicos de la provincia. Con cifras, demuestra que bajo Juárez, Itúrrez, Mujica (Lobo no llegó ni a nombrar un gabinete estable) los empleados públicos aumentaron de 31.000 a 40.000. Los gobiernos peronistas buscaban afanosamente impedir de ese modo el triunfo de Zavalía, con el compromiso de voto del 'nombrado' y de su familia, entrando en un 'clientelismo político' feroz.
“Los gastos de las provincias aumentaron notablemente en los últimos diez años como consecuencia del ‘subsidio de desempleo’ que significa el empleo público, ante el creciente proceso de desindustrialización y la ausencia total de fuentes de trabajo" (pág. 88).
Fueron los empleados públicos los protagonistas fundamentales del santiagueñazo. En primer lugar, los trabajadores de la educación, la cual había llegado a colapsar en el '93. Durante ese año se dictaron algo más de 60 días de clase; desde el comienzo del año pararon los docentes primados de AESYA, los secundarios de CISADEM, los docentes privados de SADOP, los técnicos de AMET y los no docentes de SOEME. Los paros fueron continuos durante todo el año. Durante todo el 93 nunca hubo 72 horas seguidas de clase. Los maestros reclamaban 500 pesos de básico, que nunca obtuvieron; negociaron hasta obtener 330 pesos, que nunca se los efectivizaron. Así se creó una situación insostenible para los docentes, grandes protagonistas del 16 de diciembre.
Desde el 30 de agosto, los trabajadores de ATE comenzaron un paro "por tiempo indeterminado", acompañado de movilizaciones y “batucadas” y la quema de cubiertas, unidos a los docentes, municipales y a otros protagonistas fundamentales del santiagueñazo; los jubilados. Estos realizaron infinitas marchas enfrentándose con la policía provincial, tres huelgas de hambre. Denunciaron también con mucha claridad el vaciamiento de las cajas provinciales por parte del Estado, las jubilaciones de privilegio, la caotización ex profeso de las cajas provinciales para dar paso a la “jubilación privada”.
Fueron esos trabajadores los que dijeron ‘basta' el 16 de diciembre, a los que se sumaron en la pueblada centenares de estudiantes. En los momentos decisivos desaparecieron de escena los dirigentes de los gremios estatales. El mismo 16 de diciembre se comenzaron a realizar asambleas, no convocadas por los dirigentes gremiales, se auto-convocaron los maestros, los enfermeros del hospital regional, que cuestionaron severamente al secretario general de ATSA, integrante de la CGT, quien durante todo el año hizo buenas migas con el oficialismo. Mientras se formaban las columnas para marchar a la Casa de Gobierno, un trabajador de Vialidad decía: “Estábamos cansados del manoseo. Salimos ya dispuestos a todo. No teníamos para comer y el desprecio del gobierno a los trabajadores era visible" (pág. 181).
“Nosotros nos conocíamos todos por haber estado frente a la Casa de Gobierno, o en la Legislatura, ahí hemos vivido horas y horas, días y días, hemos estado 50 ó 60 veces manifestando;… éramos los principales activistas. Delegados de los gremios, representantes de las oficinas, maestros, jubilados, estudiantes. No vi ningún tipo extraño” (pág. 185).
Una imagen que recorrió el mundo, la que puso el sillón del gobernador en el balcón, es contada por un municipal de esta forma: “Un empleado público, un ordenanza a quien conozco, puso el sillón en el balcón y se subió él sostenido por otros dos compañeros. Otro le alcanzó un palo que remedaba el bastón de mando y levantando los brazos saludaba como el nuevo mandatario provincial. Aplaudimos y lo vivamos como locos. El estaba, al igual que todos, hinchado de alegría y decía entusiasmado, riéndose y burlándose de nosotros: 'No les voy a pagar nada los sueldos’” (pág. 185).
Los trabajadores santiagueños buscaron destruir los símbolos del poder corrupto. Quemaron las bancas de los diputados que enterraron la provincia, quemaron los tribunales, desvalijaron las casas de los representantes de ese poder. No hubo en medio de la destrucción y del saqueo un solo incidente entre los manifestantes, no se saquearon comercios, se buscaba, sin saberlo a ciencia cierta, un escarmiento ejemplar a los políticos patronales. Sólo se salvó la casa de Zavalía, esto porque un grupo de decenas de matones con amias de guerra impidió que la multitud hiciera también justicia con uno de los más demagogos de las reivindicaciones de las masas.
Para el autor, el santiagueñazo fue como el 'cordobazo', fue la respuesta a la destrucción de las economías artesanales del interior del país, a la destrucción irracional de los bosques, al remate de las tierras públicas, a la explotación inhumana del hachero, a la desocupación, al levantamiento del “Estrella del Norte” y del “Tucumano", y por último, la ley 'ómnibus'.
Su relato termina una conclusión política. Elípticamente señala una salida que no es tal, que el pueblo, a través del fuego, buscó “purificar” tanta corrupción y tanta entrega.
Seis días después del santiagueñazo, Prensa Obrera lo caracterizó como el "cordobazo de los ’90", señalando que el santiagueñazo superaba al cordobazo en un aspecto fundamental: a saber, que apuntó no a una dictadura, sino a una 'democracia'. Sólo por este motivo se puede decir con certeza que fue una manifestación superior de soberanía popular, ya que corrió el velo engañoso y fraudulento del sistema representativo burgués" (Prensa Obrera, 22/12/93).
Cuatro años antes del “santiagueñazo”, sólo el Partido Obrero había alertado sobre la necesidad de “pasar de largo" los supermercados para ir a tomar los poderes públicos. En el santiagueñazo esto se produjo; los trabajadores no ejercieron el poder ni pretendieron hacerlo, porque no estaban políticamente preparados para ello. Es por eso que debe ser una inevitable conclusión política de la lectura del libro, la necesidad imperiosa de una dirección revolucionaria, para que a través de un partido obrero se desarrolle y complete la tendencia histórica que se abrió con el “santiagueñazo".
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