Fábricas ocupadas y gestión obrera

En la actualidad, según estimaciones oficiales, hay alrededor de 1.200 empresas vaciadas, ya sea porque han quebrado, están en convocatoria o fueron directamente abandonadas por sus dueños. Este dato es una medida de la caducidad del actual régimen social.

Frente a este cuadro de bancarrota han comenzado a florecer nuevas experiencias, que tienen a la clase obrera como fuerza motriz. Ante el abandono patronal los trabajadores tomaron en sus manos las conducción de la plantas, las pusieron a funcionar y garantizaron la continuidad de la producción.

Según la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina, “unas 1.800, de un total de 200.000 pequeñas y medianas empresas en el país, son manejadas por sus empleados, luego de haber quedado a la deriva cuando sus titulares las dejaron en bancarrota”.

Este fenómeno se viene extendiendo. A la reapertura de la Clínica Junín, en Córdoba, le ha sucedido la ocupación de nuevas clínicas como la Portuguesa o la Evangelista, enclavadas en los barrios de Flores y Almagro, respectivamente. Lo novedoso es que además de rechazar los despidos y reclamar por los salarios caídos, los trabajadores se ponen a discutir qué hacer ante el cierre de la empresa. Por otro lado, a la par de los trabajadores, los desocupados y vecinos, a través de las organizaciones de desocupados y asambleas populares, toman la iniciativa de recuperar empresas inactivas y se movilizan para ponerlas nuevamente en funcionamiento. La ocupación de Sasetru es la expresión más avanzada de ese proceso: centenares de trabajadores de la zona, con el apoyo del Polo Obrero, están en plenos preparativos para reabrir la planta de pasta que formaba parte de ese vastísimo complejo empresario y que ha permanecido inactiva durante 19 años.

Esto es apenas un anticipo de lo que se viene. Estamos en vísperas de una nueva ola de cierres, en primerísimo lugar, en el sistema bancario, donde funcionarios y voceros de las patronales señalan que sobran 60 u 80 bancos y alrededor de 80.000 trabajadores bancarios. Ni hablar del transporte público, cuyas empresas se encuentran en una crisis terminal. La reciente quiebra de la Río de la Plata es un ejemplo elocuente de ello.

El vaciamiento general de empresas que estamos enfrentando es una señal inconfundible del derrumbe de un orden social. Lo que antes era la excepción, ahora ha pasado a ser la regla. Los patrones huyen de las fábricas. Ni siquiera aparecen otros candidatos dispuestos a sustituirlos. En los contados casos en que surge un capitalista interesado, la operación no es más que una pantalla para algún negocio inmobiliario o especulativo, o un proyecto de brutal racionalización. Esto pone a la orden del día la necesidad de una transformación social, en la que los trabajadores están llamados a jugar un papel protagónico.

El principal obstáculo para la producción, como lo corroboran los centenares de empresas vaciadas, es el propio capital. Los costos laborales fueron reducidos a su mínima expresión (hay, incluso, trabajadores subsidiados por el Estado, con planes “trabajar”), mientras el ritmo fue llevado como contrapartida a su máximo nivel. Esta política de flexibilidad laboral extrema no sirvió, sin embargo, para que las empresas salieran a flote. Mientras los obreros ven reducir sus condiciones de vida a niveles inauditos, los patrones vacían las empresas y desvían los recursos y los invierten en otros negocios o los mandan al exterior.

Las más de 1.200 empresas abandonadas hablan de la incompatibilidad existente entre las posibilidades de producción y las relaciones de producción imperantes. Establecimientos enteros, con capacidad para emplear miles de obreros, parques de maquinarias modernos e instalaciones adecuadas, están abandonados, corren el riesgo de desaparecer, mientras millones de compañeros no tienen trabajo, con sus demandas alimentarias, de vestimenta y de vivienda desesperantes, sin satisfacer.

El problema no reside, por lo tanto, en el costo laboral sino en el “costo” empresario. Grissinópoli, Chilavert, Ghelco, Brukman, Zanón, así como las decenas de plantas en la misma condición, son “viables”; lo que las hace “inviables” es la voracidad y el parasitismo patronal. La mejor demostración de que esto es así la dan los propios trabajadores, quienes, en muchas empresas vaciadas, han reabierto las plantas o están en plenos preparativos para hacerlo. Los capitalistas cierran las fábricas, los trabajadores las ponemos nuevamente a producir.

Se destruye el mito que presenta a la propiedad privada como el medio excluyente y natural de organización de la producción.

Autogestión y movimiento de empresas recuperadas

Este movimiento, de un modo general, ha sido canalizado por el “Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas” (MNER), que nuclea a gran parte de las empresas que han pasado a ser conducidas por sus trabajadores.

El “Movimiento de Empresas Recuperadas” aboga por la “autogestión”, o sea que la perspectiva de los trabajadores de las fábricas ocupadas es convertirse en sus dueños. Bajo esta óptica, la competencia y el mercado capitalista no serían un obstáculo insalvable; los trabajadores podrían terminar comprando, si hiciera falta, los activos de la empresa. La autoexplotación hasta el extremo de no cobrar un peso (“vivir a pan y agua”), se justificaría en función de este objetivo. Consecuentemente con ello, lo que se privilegia de las leyes de expropiación es que frenen el desalojo (todo lo demás pasa a un segundo plano) pues, a partir de ello, los trabajadores tendrían la vía despejada para encarar “autónomamente” la reconstrucción de la empresa.

El programa de las “Empresas Recuperadas” plantea la reforma de la Ley de Quiebras y la creación de un fondo fiduciario; una vez decretada la quiebra, se pretende otorgarle a los trabajadores el manejo de la empresa por el plazo de dos años. Estamos frente a una medida que tira la pelota para adelante. Vencidos los dos años, se vuelve al punto de partida: la patronal retoma el control total de la empresa y tiene la facultad de desalojar a los trabajadores, quienes deberían comprar la planta si decidieran continuar con su actividad. Mientras tanto, en el curso de estos dos años, la empresa continúa bajo la tutela del juez y síndico de la quiebra, quienes están encargados de velar por los intereses de la masa de acreedores. Salta a la vista el carácter absolutamente precario de ésta pero, además, la reforma es funcional al rescate del capital: en caso de que la empresa saliera a flote, el esfuerzo obrero – expresado en la revalorización de los activos de la empresa – terminaría siendo apropiado por los acreedores.

El período de dos años coincide, por otra parte, con las expectativas que tiene cifradas el capital en una salida de la crisis actual y en una nueva expansión de los negocios. En este contexto, los dos años se convierten en el intervalo necesario para rehabilitar las empresas, cuyo costo y riesgo es cargado enteramente sobre las espaldas de los trabajadores.

La reforma circunscribe su acción a las empresas quebradas. El Movimiento de Empresas Recuperadas se detiene ante el altar del derecho de propiedad y no avanza un paso más, aunque nadie ignora que las empresas bajo esa condición son una minoría dentro del mapa de fábricas abandonadas. Pero, además, una vez que se decreta la quiebra ya es tarde, significa que el proceso de vaciamiento está avanzado o prácticamente consumado.

Es necesario avanzar en un programa que ofrezca una salida de conjunto. Planteamos el control obrero sobre las cuentas e inventarios de las empresas y extender dicho control al movimiento de fondos de las mismas, otorgándoles a los trabajadores capacidad de veto sobre el destino de esos fondos. En caso de atraso salarial o síntomas que indiquen un vaciamiento, desapoderar a los dueños y pasar la gestión a manos directas de los trabajadores, como un paso previo y una transición a la expropiación sin pago del capital.

La misma limitación se registra en relación al “fondo fiduciario”, cuyos recursos tendrán como contrapartida un reaseguro a cargo de las fábricas autogestionadas por sus trabajadores, quienes deberán ofrecer las garantías necesarias para asegurar la devolución de la deuda. No estamos frente a un subsidio no reintegrable sino ante un préstamo que condiciona el desenvolvimiento de la gestión obrera y cuya entrega está atada a una serie de restricciones. “Préstamo” –no es ocioso señalarlo– cuyo monto, condiciones de entrega y devolución y tasa de interés son desconocidas y quedan bajo el manejo discrecional del Poder Ejecutivo. Bajo estas condiciones, en lugar de apuntalar la gestión obrera, el fondo fiduciario puede llegar a transformarse en un arma letal que precipite su hundimiento, para no hablar de la posibilidad que abre, a través del financiamiento, a que el Estado meta mano y pase a tener una injerencia en los destinos de la empresa –un terreno que, hasta el momento, le estaba vedado. En oposición a los créditos atados, planteamos subsidios no reintegrables y la nacionalización de la banca para colocar los recursos al servicio de los emprendimientos de la clase obrera.

Este programa estrecho y limitado conduce a reconstruir las empresas sobre bases capitalistas. Esta reconstrucción, a la corta más que a la larga, resulta incompatible con la gestión obrera. En el hipotético caso en que las empresas ocupadas, o al menos alguna de ellas, lograran sobrevivir a la crisis actual y se insertaran en un proceso de recuperación económica en términos capitalistas –lo que supondrá previamente la imposición de los planes del FMI–, esas empresas perderían su actual carácter para terminar evolucionando hacia formas de explotación capitalistas tradicionales. Asistiríamos a la degeneración o desaparición de la gestión obrera, ya sea a través de un proceso de diferenciación interior dentro del colectivo obrero o directamente a través del copamiento de la empresa por algún grupo capitalista, o a una combinación de ambas alternativas.

El nucleamiento de “Empresas Recuperadas” constituye una réplica, en el ámbito de las fábricas ocupadas, del lugar que ocupan la Ccc y la Cta en relación al movimiento piquetero. Así como el horizonte de ambas organizaciones es administrar los planes de empleo, es decir, un programa asistencialista, del mismo modo, el horizonte de MNER es la gestión de microemprendimientos en el marco del mercado y el sistema de explotación capitalistas. En este contexto, no puede sorprender el respaldo “oficial” que ha recibido el nucleamiento, empezando por el gobierno de Ibarra y siguiendo por el de la Provincia de Buenos Aires. La tendencia, que ya adelantó Felipe Solá, es reproducir a escala de las fábricas los “consejos consultivos de crisis”, como un mecanismo institucional que apunte a condicionar el desarrollo independiente del movimiento e integrar la gestión obrera y sus organizaciones al Estado.

La posición enarbolada por el Movimiento de Empresas Recuperadas es sostenida, con ligeras variantes, por el Ari y el centroizquierda pero también por la izquierda, que no plantea la más mínima delimitación respecto de los planteamientos centroizquierdistas. La mimetización de Izquierda Unida es total, hasta el extremo de convertirse en el vehículo y portavoz de los proyectos de expropiación truchos que se han aprobado en la Legislatura.

El punto de vista del Partido Obrero arranca de una caracterización diametralmente opuesta: las tendencias a la bancarrota capitalista y la incompatibilidad existente entre las necesidades de los trabajadores y el capital. La clase obrera sólo puede abrirse camino enfrentando la competencia capitalista, al capital y al Estado capitalista y preparando, a la par de esta lucha, las condiciones para acabar con el actual régimen e instalar un gobierno de trabajadores, entendido como la dictadura del proletariado. La gestión obrera debe ser entendida como un escalón en dirección al poder obrero. O la clase obrera pone fin al capitalismo, o éste termina con las fábricas ocupadas. A las expropiaciones truchas es necesario oponer un programa que conduzca a la expropiación efectiva del capital. A la atomización y “autonomía” de las cooperativas, es necesario oponer la unidad de todas las fábricas en lucha, la creación de una central única de fábricas bajo control de los trabajadores y la fusión con el movimiento piquetero y las asambleas para imponer una salida obrera a la crisis capitalista.

Estatización burguesa y burocrática

Así como constituye un grave error hacer un fetiche de la “autogestión”, constituye un error similar la “estatización”, y más aun convertirla en sinónimo de socialismo. Una empresa estatal constituye una forma de propiedad burguesa. El Estado reproduce las relaciones sociales de explotación y hasta lo hace en forma más exacerbada, por su condición de representante de conjunto de la clase patronal. El aparato del Estado es, en muchos casos, la avanzada contra las conquistas de los trabajadores. De la misma manera que asistimos al vaciamiento de las empresas privadas, enfrentamos el vaciamiento de escuelas, hospitales, centros culturales y asistenciales. El presupuesto estatal es una fuente de enriquecimiento para el capital privado. Una empresa estatizada no representa, por definición, una escalón superior de organización de la clase obrera frente al capital. Los atributos y cualidades de un emprendimiento obrero no pueden medirse por su forma jurídica sino por su contenido social y la perspectiva política que motoriza. El enfrentamiento entre cooperativas (en el marco burgués) y empresas estatales (burguesas) constituye un falso debate.

La “estatización” es un recurso de la burguesía para rescatar al capital. La estatización no es sólo una medida económica: es también una intervención política del Estado capitalista. Apunta a someter a los trabajadores y a reducirlos a la condición de mano de obra obediente. La “estatización” de Aerolíneas, los yacimientos del Turbio, los ferrocarriles, las comunicaciones o cualquiera de las empresas quebradas conduciría a su racionalización, a enchufar sus deudas al pueblo mediante impuestazos, a poner “en valor” a las empresas para re-privatizarlas y así pasar de un ciclo a otro con eje en la estafa patronal a sus trabajadores, al Estado y a toda la población.

La experiencia recorrida plantea impulsar la expropiación de las fábricas reivindicando la gestión obrera independiente como fase transicional del desarrollo de un doble poder.

La “estatización” está a contramano de la situación política revolucionaria creada a partir de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Mientras las masas plantean “que se vayan todos”, es decir, cuestionan al Estado burgués y sus instituciones, aunque aún de un modo genérico o formal, sería un contrasentido que esas mismas instituciones agotadas y desacreditadas a los ojos del pueblo “se queden” con las empresas y las concentren en sus manos.

Se plantea la expropiación de las fábricas vaciadas bajo la dirección de los trabajadores y la centralización de las fábricas ocupadas en un frente común para pelear por la expropiación de los bancos y el acceso al crédito y por el poder político y el gobierno de trabajadores. Este planteo no es el resultado de una delimitación general de carácter ideológico con la estatización burguesa y burocrática, sino que esa delimitación surge en forma concreta a partir del propio material que nos proporciona la lucha de clases que ha puesto en tela de juicio el conjunto del régimen político y social capitalista.

La lucha por la expropiación de las empresas vaciadas y quebradas sólo puede ser entendida como un escalón en la lucha por el poder. La gestión obrera independiente, en que la clase obrera sustituye a la patronal en el manejo de los medios de producción, constituye un desafío al orden social vigente. El control que ejercen los trabajadores de la fábricas plantea el control del país, qué clase social debe dirigir los destinos de la nación. De lo que se trata, entonces, es de impulsar la expropiación y la gestión obrera como órganos de doble poder, que serán el laboratorio a través del cual la clase obrera irá haciendo su experiencia de poder.

Programa de acción

Las flamantes gestiones obreras tropiezan con grandes condicionamientos, que pueden llegar a transformarse en trampas mortales contra las fábricas en manos de los trabajadores. Esos condicionamientos, que hemos denunciado sistemáticamente, salieron a la superficie, descarnadamente en algunos casos, en el último Encuentro de “Empresas Recuperadas”.

La primera cuestión consiste en la pretensión de que los obreros se hagan cargo de las deudas empresarias. Una extensión de este mismo tipo de propuestas es que los trabajadores pongan plata, renuncien a sus indemnizaciones o créditos laborales que la patronal les adeuda por atrasos y diferencias salariales, y por esa vía reúnan los fondos necesarios para poner en funcionamiento la planta.

Esto puede constituir una salida para los dueños, que se desembarazan de su deuda, pero no para los trabajadores, quienes pierden los pocos pesos que les corresponden legalmente por su trabajo y pasan a cargar sobre sus espaldas una hipoteca ilevantable.

La nueva Ley de Quiebras, presentada como una “solución” para preservar la “fuente” de trabajo, constituye una encerrona mortal para los trabajadores. La “continuidad” establecida por la nueva normativa vigente – que contempla la posibilidad de que los trabajadores asuman la conducción de la empresa – significa que los obreros heredan los bienes pero también las deudas. “Ciam arrastra la deuda dejada por Aurora” (ídem), y ése fue uno de los factores que incidieron para que se fundiera. Ni hablar del frigorífico Yaguane, que en los años que viene funcionando ya ha cancelado 3 millones de pesos, lo que apenas es una ínfima proporción de la deuda que debieron asumir por 80 millones de pesos, que convierte a la cooperativa en un virtual rehén de los acreedores.

Un segundo obstáculo es que los trabajadores cuentan apenas con el “uso precario” de la planta, de las instalaciones y la maquinaria, y encima deben pagar un alquiler por ese uso. Están sometidos por lo tanto al arbitrio del dueño o del juez. Las cooperativas tienen que soportar un canon o alquiler por el uso del edificio, las instalaciones y las maquinarias. Este dinero va a parar al bolsillo del dueño o al juicio de quiebra. La propiedad de la fábrica (maquinarias e instalaciones incluidas) sigue en manos de sus antiguos dueños o del síndico. En cualquier momento, éstos pueden exigir la devolución de los bienes, la restitución de la fábrica y dejar en la calle a los trabajadores. Para evitar ese desenlace, los trabajadores deberían tomar la decisión de comprar la fábrica, con lo cual la carga pasaría a ser mayúscula y prohibitiva.

Las expropiaciones aprobadas hasta el momento en las Legislaturas no pasan de “declaraciones”. El Poder Ejecutivo no efectiviza la expropiación en el plazo autorizado, con lo cual los obreros se encuentran forzados a asumir la compra de los activos si quieren evitar el cierre.

En tercer lugar, la falta de capital de trabajo (materias primas, servicios, salarios) convierte a los trabajadores en rehenes del propio dueño o de otro grupo económico que adelanta los fondos para el pago de insumos. Bajo la fachada de una gestión independiente, se cae en una tercerización encubierta, con la pérdida y desconocimiento del convenio.

Los trabajadores que han tomado en sus manos las fábricas están soportando un verdadero ahogo. “Salvo casos aislados, no recibieron ningún tipo de ayuda por parte del Estado.” Los subsidios multimillonarios para los bancos y grupos capitalistas en crisis y no tan en crisis contrastan con la falta de fondos para las fábricas ocupadas por los trabajadores. “Los subsidios están cortados debido a la crisis.” (Declaraciones de uno de los titulares del Inaes, organismo oficial que controla las cooperativas) (Declaraciones de uno de los titulares del Inaes, organismo oficial que controla las cooperativas). Dichas fábricas tampoco cuentan con créditos ni siquiera por parte de los bancos oficiales. La ausencia de capital de trabajo (materias primas, insumos, mantenimiento de las instalaciones y maquinarias) para arrancar el proceso de producción coloca a los trabajadores entre la espada y la pared y compromete seriamente la posibilidad de poner en funcionamiento la planta. Tal es el caso de Papelera Platense, que a partir de junio del año pasado volvió a funcionar bajo control de los trabajadores. “La reapertura – según afirma Hechor Garay, presidente de la cooperativa que se hizo cargo de la planta – fue posible porque quedaba algo de materia prima, si no debería haber cerrado”. Otras empresas como La Baskonia o Panificación Cinco, se vieron forzadas a demorar varios meses su relanzamiento productivo – y aun hoy soportan grandes penurias – pues les faltan los insumos indispensables para mantener en el tiempo la actividad productiva.

Esta situación convierte a las cooperativas en fácil presa de los grupos capitalistas. Aparecen en acción estudios y asociaciones de profesionales que terminan haciéndose cargo del gerenciamiento de las empresas y que preparan las condiciones para su copamiento. La cooperativa Ciam, que en su momento tomó en sus manos el control de la fábrica Aurora Grundig en Avellaneda, cedió el gerenciamiento de la planta a la cooperativa Huella de Bilbao (nombre con que se dan a conocer en sociedad estos gerenciadores), que es la que absorbió la fábrica más que por la planta fabril en sí misma y sus posibilidades de producción, por el valioso predio que la rodea. Está en marcha un meganegocio inmobiliario, y no hay que descartar que en su ejecución el pato de la boda termine siendo la fábrica, con sus trabajadores dentro.

Los trabajadores de la fábrica de tractores cordobesa, Zanello, también recurrieron a una “alianza” para enfrentar los condicionamientos con que tropezaban. “Cuando el cierre se produjo, crearon un consorcio compuesto por la cooperativa, los concesionarios comerciales, algunos ex ejecutivos de la firma y el municipio de la zona. Así consiguieron el capital de trabajo para salir adelante.” Es decir, el peso gravitante en las decisiones pasa a manos de estos profesionales que actúan directa o indirectamente como representantes y testaferros de distintos capitalistas.

Frente a la situación expuesta, se plantea un conjunto de medidas cruciales, imprescindibles para la defensa y el porvenir de la gestión obrera:

a. Expropiación de los activos y su entrega gratuita a los trabajadores en un plazo no mayor de 30 días.

b. Las deudas deben ser asumidas por los dueños, quienes deben responder con sus bienes y patrimonio personal.

c. Otorgamiento de un subsidio no reintegrable, que permita a los trabajadores contar con el capital de trabajo necesario para hacer arrancar el proceso de producción y garantizar el cobro puntual de los salarios. La remuneración no debe ser inferior a la fijada por el convenio, para lo cual es necesario establecer una garantía salarial respaldada en un fondo compensador sostenido por el Estado. En lugar de rescatar al capital en quiebra, es menester rescatar a los trabajadores y apuntalar el emprendimiento obrero.

d. Transformación de todas las fábricas en manos de los trabajadores en proveedores privilegiados del Estado, de modo que los productos elaborados en ellas sirvan para abastecer las necesidades de hospitales, escuelas, asistencia social, vivienda y otras áreas públicas.

Zanello y los condicionamientos de la gestión obrera

Uno de los ejemplos quizás más ilustrativos de los condicionamientos a los que hicimos referencia lo constituye la experiencia de Zanello instalada en Córdoba.

Dicha fábrica, productora de tractores y una de las centenares de “fábricas recuperadas” por sus trabajadores, firmó, a principios del 2003, un convenio con el Banco de la Provincia de Córdoba, el principal acreedor de la firma, para comprar la deuda que ésta mantiene con la entidad financiera. “Se compró más del 50 por ciento del total de las acreencias y estamos en excelentes condiciones para esperar el trámite judicial y ofertar lo que resta de la quiebra cuando salga el remate”, explicó Luis Visconti integrante de la empresa.

Esta operación contó con el respaldo del gobierno de la provincia, particularmente de Schiaretti, en su condición de ministro de Producción y Finanzas. El Banco de Córdoba cedió a favor de la empresa el privilegio por los derechos sobre el inmueble afectado a la quiebra, cuyo acreedor era él mismo.

Zanello está en manos de una sociedad anónima especial (Pauny S.A.), en la que los trabajadores poseen el 33 por ciento de las acciones. Otro 33 por ciento lo tienen los concesionarios y el último 33 pertenece al personal jerárquico y superior. El l por ciento restante lo tiene el Estado municipal de Las Varillas.

Es decir, estamos en presencia de un consorcio donde los trabajadores son minoría. El capital de trabajo fue puesto por los concesionarios, que tienen un peso gravitante en la marcha de la empresa. Al día de hoy, desde el gerente general hasta el último operario ganan el salario de convenio más el laudo 29 de la UOM, en total 540 pesos.

La empresa ha tenido una expansión gigantesca en un breve lapso de tiempo. Proyectaba fabricar, en un principio, 120 tractores, pero ya vendió 260, de los cuales 200 ya fueron entregados, y proyecta armar 500 en 2003. En la actualidad, concentra el 80 por ciento de la producción nacional de tractores. Como resultado de ello, pasó de 60 a 240 trabajadores en marzo y tiene previsto, si se cumplen las proyecciones, incorporar 40 operarios más.

El consorcio venía pagando un alquiler al juez de la quiebra por el uso precario del establecimiento. Nunca se avanzó en la expropiación de la firma, medida que tropezaba, por otra parte, con la cerrada negativa de De la Sota y de la Legislatura provincial, que no querían sentar un precedente.

Es decir, los obreros venían sosteniendo el canon locativo y subsidiando a los acreedores. Pero, con la decisión de comprar la empresa, se da un salto. El acuerdo prevé, a cambio de la cesión de derechos a favor de la fabricante, la entrega inmediata de un millón de pesos y 60 cuotas mensuales con un interés del 15 por ciento anual. “La cuota se ubicaría en torno de los 150 mil pesos.”

El esfuerzo obrero, que ha sacado a flote y reconstruido a la empresa, ha ido a parar al pago de las deudas que la patronal vaciadora de Zanello mantenía con sus acreedores. El Banco Córdoba, que es el banco oficial de la provincia, actúa igual o peor que cualquier banco privado. No aportó un solo peso en estos meses críticos para el financiamiento del naciente emprendimiento obrero, actitud que contrasta con la generosidad con que el banco se manejó con los capitalistas de la provincia, incluidos, los antiguos dueños de Zanello. No sólo no pone un peso sino que ahora, a través de este acuerdo, les quita a los trabajadores el ahorro que habían logrado reunir. Tal como lo destacó el propio Schiaretti, la operación no es ningún regalo, constituye un “buen negocio para el banco”, que se alza con 6 millones de pesos y rescata un crédito que daba por perdido y que habría pasado a la lista de “incobrables”.

La cuota de 150 mil pesos es equivalente a la suma de salarios que los trabajadores cobran mensualmente. Los 150 mil pesos permitirían aumentar los salarios y dejar de percibir ingresos ubicados por debajo de la línea de pobreza. Esto nos da una medida de la sangría que este pago representa para los obreros de Zanello; para no hablar del desembolso inicial del millón de pesos. Este acuerdo – y esto es lo más grave – se prolonga en el tiempo, con lo cual los salarios han quedado condicionados para los próximos 5 años. El riesgo es que, en la búsqueda de superar este corset salarial, el consorcio se abstenga de tomar nuevos trabajadores y haga recaer la mayor producción entre el personal ya existente, es decir, pretenda superar este escollo apelando a una mayor autoexplotación de los trabajadores.

El caso de Zanello es altamente instructivo pues nos brinda una radiografía de las contradicciones que se presentan en una de las empresas recuperadas “exitosas”, es decir, a la que “le ha ido bien”. Esas contradicciones se plantean y se agigantan, con más razón, en las restantes empresas bajo gestión obrera. La experiencia de Zanello pone de relieve la necesidad de pasar a una etapa superior de lucha para arrancarle al Estado el auxilio económico a los emprendimientos obreros y colocar, a través de la nacionalización de la banca, los recursos financieros al servicio de los trabajadores y sus necesidades.

Obra social, jubilación y afiliación sindical

Una medida de las ataduras a las que están sometidas las gestiones obreras es el estado de orfandad e indefensión en que se encuentran los compañeros que intervienen en estas empresas. A la ausencia de capital de trabajo, a la incertidumbre respecto del cobro de los salarios, se une el desamparo en materia sindical, previsional y de cobertura médica.

Los sindicatos en manos de la burocracia dan la espalda a las fábricas bajo gestión obrera. No reconocen a sus trabajadores como afiliados y, en esa medida, éstos no tienen acceso a sus beneficios, en primerísimo lugar de la obra social.

La legislación vigente, además, perjudica a los trabajadores asociados a cooperativas, a quienes toma como trabajadores “autónomos”, sujetos al régimen de monotributo. Esto constituye un gran atropello pues, en carácter de monotributistas, los trabajadores carecen de jubilación. La cuota mensual que pagan por ese tributo excluye el beneficio de la jubilación, de modo que si el trabajador quiere tener derecho a ella, debe hacer un pago adicional voluntario. Pero aun haciendo este pago “voluntario”, los beneficios en carácter de trabajadores autónomos son inferiores a los que les correspondería en carácter de trabajadores en relación de dependencia.

Como resultado de luchas y reclamos hechos por los trabajadores, la Afip-DGI autorizó, en ciertos casos, a aquellos trabajadores a quienes les estuviera faltando poco tiempo para jubilarse, a continuar realizando sus aportes en las mismas cuentas en que venían haciéndolo, y de ese modo que se puedan retirar, al momento de cumplir con la edad prevista en la ley, con los mismos beneficios que cualquier otro trabajador en relación de dependencia.

El problema ha pasado a estar más candente que nunca a partir de la proliferación de fábricas ocupadas, que reclaman el mismo tratamiento que el resto de la clase obrera.

Esta inquietud no ha pasado inadvertida en las esferas oficiales. Por lo pronto, el Inaes (Instituto que centraliza las cooperativas), que está más directamente sometido a la presión de los trabajadores envueltos en esta lucha, tiene en preparación un proyecto que otorgaría a los trabajadores cooperativizados los mismos beneficios que cualquier otro trabajador en relación de dependencia.

El trabajador, bajo el régimen de monotributo tiene derecho a una obra social, pero esa cobertura es inferior a la que sería acreedor bajo relación de dependencia. En primer lugar, porque las prestaciones a las que el monotributista tiene acceso son, de un modo general, menores y, además, la elección de obra social está circunscripta a una cartilla más restringida de entidades. Para tener derecho a un servicio superior, hay que pagar adicionales por encima de la cuota básica.

A través de lo expuesto, es fácil darse cuenta de que el trabajador de las fábricas ocupadas es considerado una suerte de paria. Los sindicatos se hacen deliberadamente los distraídos y rehúyen todo tipo de responsabilidad, pues no quieren tener en el interior de la organización a las fábricas que, por lo general, representan a los sectores más combativos del gremio. Existen antecedentes favorables en el pasado, en la historia del movimiento sindical argentino – como el caso del gremio gráfico – ,que, a contramano de esas tendencias de las direcciones sindicales, los trabajadores de las cooperativas fueron reconocidos como afiliados en iguales condiciones que el resto de los trabajadores asociados.

Privados del apoyo sindical y discriminados por la legislación vigente, la mayoría de las fábricas autogestionadas por sus propios trabajadores no tienen más remedio que trabajar en “negro”, más aún cuando están expuestos a condiciones súper-precarias de trabajo y a grandes penurias económicas.

Del panorama expuesto se desprende un programa que debe ser asumido como plataforma de lucha común por todas las fábricas ocupadas y bajo gestión obrera:

-Derecho a afiliarse libremente a los sindicatos, en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores.

-Reconocimiento de la obra social del sindicato, con la misma cobertura y prestaciones que el resto de los asociados.

-Respeto del convenio y garantía salarial por parte del Estado, quien debe asegurar por medio de un fondo compensador que los trabajadores bajo gestión obrera cobren mensualmente, al menos, el piso fijado por el convenio.

-Acceso a la jubilación, en las mismas condiciones y con los mismos beneficios que el resto de los trabajadores del gremio.

Existen iniciativas dirigidas a armar una atención médica mediante una suerte de obra social de las fábricas recuperadas. Estas iniciativas, totalmente legitimas para paliar transitoriamente la situación, no pueden reemplazar la lucha por este programa. Sería equivocado transformar en un “ghetto” a las fábricas recuperadas, lo que terminaría por aislar la lucha planteada – que es, en definitiva, a lo que aspira la burocracia – ; hay que luchar para fusionar a los trabajadores de las empresas ocupadas con el conjunto de los trabajadores del gremio. Es necesario ganar un lugar en los sindicatos y salir a disputarle a la burocracia sindical ese terreno.

Plan de acción

El rasgo distintivo de la actual situación es que los trabajadores están tomando la iniciativa sin esperar el visto bueno de ninguna autoridad de turno. De la experiencia recorrida surge un programa: ocupar toda fábrica que despida, o suspenda, o que esté en proceso de vaciamiento, y ponerla nuevamente a producir desafiando a la Justicia, al Ministerio de Trabajo, al Parlamento, al poder del Estado y todo el enjambre de leyes y reglamentaciones que están al servicio de la patronal.

La propia realidad plantea, inclusive, adelantarse a los acontecimientos. Los capitalistas no esperan ninguna autorización, actúan. Los “indicadores” económicos están hechos a medida de la patronal de la misma forma que los procedimientos legales que se ponen en marcha cuando se afectan los intereses del dueño o de sus acreedores. Los trabajadores son los convidados de piedra y el pato de la boda. Los mecanismos tradicionales previstos en los juicios de quiebra (los privilegios de los acreedores, la liquidación de los bienes), así como lo nuevos (como el cramdown que facilita que terceros se adueñen de la fábrica), pasan a tener como blanco principal a los trabajadores y las ocupaciones de fábrica y apuntan a quebrar la resistencia que ofrece la clase obrera a los planes patronales.

A esos indicadores y procedimientos patronales es necesario oponerles los “indicadores” y procedimientos obreros. En momentos en que estamos en presencia de una quiebra capitalista generalizada, que cada día una nueva empresa se funde, es menester exigir la apertura de los libros, cuentas e inventarios de todas las empresas y su supervisión por parte de los trabajadores. Cualquier atraso salarial, cualquier diferimiento en el pago de las cargas sociales debe ser una causa suficiente para que dicha supervisión se extienda al movimiento diario de fondos de la empresa. Esa fiscalización obrera debe tener como función principal garantizar que la recaudación vaya en primer lugar al pago de los salarios obreros. Gracias al control obrero de la recaudación, que conquistaron, hace nueve meses, los choferes de Transportes del Oeste, éstos han forzado a la patronal a dar prioridad al pago de los salarios de los trabajadores y a poner un límite a la fuga de fondos que venían haciendo los accionistas (quienes no pueden retirar más allá del monto equivalente al salario de un trabajador).

Cuando el atraso en el pago de las remuneraciones o las jubilaciones o la obra social se extienda por más de dos meses y en dos oportunidades en el año en forma discontinua, se suspenda o despida o haya manejos irregulares que hagan presumir un vaciamiento (traslado de maquinarias, falta de provisión de materia prima, etc.), estos hechos deben ser tomados como indicadores de la incapacidad empresaria para continuar al frente de la empresa. La patronal debe ser relevada de sus funciones y la gestión de la empresa debe ser asumida por los trabajadores como un punto de partida y un tránsito en la lucha por la expropiación.

Un papel central en este proceso lo están jugando las Asambleas Populares, que están llamadas a ser la red social de apoyo de las fábricas en lucha. Ese papel ya lo están jugando distintas asambleas, como lo revelan los ejemplos de Brukman, Chilavert y Grissinópoli. Son las asambleas las que contribuyen con la subsistencia de los trabajadores, reclaman al Estado bolsones de comida, arman redes solidarias – y lo más importante – ponen el cuerpo y encabezan e impulsan la movilización de todo el barrio formando verdaderos escudos humanos en las puertas de las fábricas ante cualquier tentativa de desalojo. La misma función la cumplen en Zanón las organizaciones de desocupados, sindicatos y corrientes sindicales combativas y organizaciones políticas, logrando por esa vía frenar la represión de la Gendarmería.

El fortalecimiento de este vínculo, generalizándolo a todas las fábricas ocupadas, pasa a cumplir un rol estratégico para el triunfo de la lucha planteada.

La reapertura de las fábricas inactivas y ociosas. La experiencia de Sasetru

La lucha por la reapertura de las fábricas debe extenderse a las plantas que han cerrado sus persianas y permanecen inactivas hace varios años. Este planteamiento ha pasado a ser patrimonio común del movimiento piquetero. El Bloque Piquetero, el Mijd y Barrios de Pie han encabezado este reclamo, planteando frente a las autoridades que se reabran diferentes fábricas y el auxilio del Estado a todas las empresas bajo gestión obrera, lo que concurrentemente con un plan de obras públicas, permitiría absorber la mano de obra desocupada. Es necesario incorporar al pliego de reclamos, el listado de establecimientos de cada zona que permanecen inactivos y que podrían volver a entrar en actividad. Este reclamo es una vía de salida para centenares de miles de desocupados y termina por fusionar a trabajadores ocupados y desocupados en un único movimiento común de lucha por la defensa y recuperación de puestos genuinos de trabajo.

El movimiento piquetero no ha esperado el visto bueno oficial para llevar a la práctica este programa. La ocupación de Sasetru es indudablemente pionera en la materia. Hasta ahora, la recuperación de empresas estuvo limitada a empresas que venían funcionando o que habían dejado de hacerlo hace muy poco tiempo, y fueron los trabajadores que revestían como parte del plantel de la fábrica quienes tomaron la iniciativa de volver a hacerla producir. El impulso, en cambio, aquí nace desde “afuera”. Ya no es obra de los directamente afectados, quienes, ante la amenaza de quedar en la calle, toman la determinación de tomar la fábrica y ponerla nuevamente a funcionar. Estamos en presencia de un salto extraordinario. La clase obrera no se circunscribe a defender los puestos de trabajo existentes sino que toma la ofensiva por nuevos puestos de trabajo. No espera a que el Estado o algún sector de la clase capitalista los conceda sino que toma en sus manos la tarea. En esto reside el enorme significado revolucionario de Sasetru, en la medida en que expresa la tendencia y disposición que anida en la clase obrera a reconstruir el país, bajo su liderazgo y sobre nuevas bases sociales.

La ocupación de Sasetru, por lo tanto, se inscribe en este proceso de maduración de la clase obrera, que tiene como exponentes al movimiento piquetero en general y al Polo Obrero en particular.

La ocupación de la planta no fue “un golpe de mano” o una acción conspirativa sino que expresa la voluntad de miles de explotados que habitan en la zona, quienes en múltiples asambleas, reuniones y corrillos venían reclamando una acción de esa naturaleza. No existe ningún misterio. No hay que bucear en otra parte para explicar por qué Sasetru se ha constituido en una causa inmensamente popular en Avellaneda, y en especial en las barridas cercanas a la planta.

Sasetru ha despertado una impresionante corriente de simpatía y solidaridad. Ha sido incesante el desfile de vecinos, incluidos ex trabajadores y técnicos de Sasetru, cuyo aporte ha sido decisivo en todos los preparativos que se están haciendo para reabrir la fábrica. También se han acercado profesionales, estudiantes, delegaciones de fábricas ocupadas, representantes de asambleas populares y de las organizaciones piqueteras.

Una primera evaluación realizada por un equipo, donde se destaca la presencia de ingenieros y técnicos de la ex fábrica Sasetru que, en su momento, intervinieron en el montaje de la planta, indica que la maquinaria está en buen Estado y puede ser puesta en funcionamiento con inversiones menores. La única excepción sería la caldera, que está sumamente deteriorada y debería ser reemplazada. De acuerdo a este relevamiento, la planta estaría en condiciones de producir perfectamente 40 ó 50 toneladas de alimentos por día si se pusieran en marcha todas sus líneas de producción (fideo corto, largo y nido).

Este informe técnico, por si solo, constituye un juicio lapidario sobre el comportamiento patronal, pues pone de relieve la existencia de un establecimiento apto para producir, con maquinarias e instalaciones en buen Estado que, sin embargo, permanecen ociosas, totalmente desaprovechadas mientras gran parte de la población tiene sus necesidades alimentarias básicas insatisfechas. Este triste espectáculo es el que sublevaba al pueblo de las barriadas de Avellaneda y es el que lo movió a tomar la decisión de ocupar la planta.

La dueña de la empresa sería una sociedad satélite de Molinos Río de la Plata que habría comprado la fábrica para impedir que fuera acaparada por algún grupo rival y le hiciera la competencia. Un dato más que confirma la conducta parasitaria del capital.

La batalla por la recuperación de Sasetru se viene librando en todos los planos. En el ámbito legal y legislativo, se está impulsando un proyecto de expropiación, al cual se le dio ingreso varias semanas atrás. A tales efectos, se conformó una cooperativa bajo la denominación de “Sasetru Gestión Obrera”, que será la beneficiaria de los bienes a ser expropiados. Dicho proyecto mereció el respaldo de los bloques y hubo un compromiso de ellos de sancionar con rapidez la expropiación. El proyecto plantea la expropiación de las maquinarias y demás bienes muebles y solicita a la Legislatura bonaerense que proceda en idéntico sentido, con el inmueble.

En ese ínterin, esta suerte de subsidiaria “fantasma” de Molinos, que se presenta como la propietaria de las máquinas y el predio donde está ubicada la ex fábrica de pastas de Sasetru, “resucitó” y se habría puesto al día con el municipio, abonándole, al contado, la totalidad de la deuda atrasada acumulada en concepto de impuestos municipales, que ascendía a varios centenares de miles de pesos. La sorpresiva “reaparición” de este cadáver satélite de Molinos Río de la Plata, se produjo en momentos en que estábamos en los umbrales de la sanción de la expropiación de la planta por parte del Concejo Deliberante del distrito.

Bastó que la patronal diera este paso para que comenzaran a aparecer en escena nuevas exigencias “técnicas” como condición para aprobar el proyecto. La Intendencia ha planteado la necesidad de hacer un relevamiento técnico de la planta que comenzó con la visita al establecimiento por parte del director de Producción del municipio. A la par de ello se ha reclamado documentación adicional, que será puesta a disposición del municipio por la cooperativa.

No es la primera vez ni será la última que las exigencias “técnicas” no son más que la pantalla para dilatar una definición, pedalear una ley y frustrar, finalmente, la sanción de la misma.

Está claro que el grupo capitalista que reivindica la titularidad de los bienes no da puntada sin hilo, y es obvio que está operando activamente para recuperar la planta. Pero este pulpo no tiene el menor interés en reabrir la fábrica ni ponerla nuevamente a producir. La “regularización” de la deuda impositiva que mantiene hace décadas con el municipio persigue como único objetivo cerrar el paso a los trabajadores y vecinos que sí están dispuestos a hacerlo y que están dando todos los pasos prácticos para concretarlo.

El problema sigue planteado, por lo tanto, en los mismos términos: bajo sus actuales dueños, el predio seguirá abandonado y ocioso, la maquinaria desperdiciada y el establecimiento inactivo. A lo sumo, el predio será caldo de cultivo para alguna operación inmobiliaria y las maquinarias serán vendidas como chatarra a precio de remate. La salida patronal, en síntesis, significa perpetuar la situación actual, es decir, es sinónimo de frustración y parasitismo.

La única perspectiva progresista es la que encarnan los trabajadores, quienes se proponen crear una fuente de producción, aprovechando los recursos disponibles en la planta, que se encuentran, de un modo general, aptos para ser utilizados productivamente.

La asamblea general de los compañeros que ocupan Sasetru acaba de resolver intensificar la movilización hasta doblegar la escalada patronal. Para eso los compañeros ocupantes saben que cuentan con un capital invalorable.

La ocupación de Sasetru, como lo señalaron distintos compañeros que intervienen en e sta lucha, “ha conquistado el corazón de los humildes, se ha transformado en una causa inmensamente popular. Si quieren desalojar Sasetru, van a tener que pasar por encima de todo un pueblo”.

La batalla por poner a punto la planta y volver a hacerla producir se viene librando con la misma energía y determinación que la cuestión legal.

El que se acerque a la planta de Sasetru constatará el cambio que se está operando en la planta. Los compañeros, apenas en pocas semanas le han cambiado la cara. Contando con escasos y rudimentarios instrumentos de trabajo (palas, picos y algunas carretillas) los ocupantes de Sasetru se han dado maña para limpiar el predio y proceder al desmalezamiento del lugar. Este titánico esfuerzo de reacondicionamiento de la planta se ha redoblado notablemente a partir de la asamblea general, que tuvo lugar a principio de marzo. Ante la presencia de más de 200 compañeros y en un clima de entusiasmo que se sentía en el ambiente y que contagiaba a todos los presentes, tuvo lugar una asamblea que culminó con la votación de un plan de reapertura de la planta, que comenzó a ponerse en práctica inmediatamente a partir del día siguiente. Los compañeros se distribuyeron en turnos y se agruparon en función de las tareas que les fueron asignadas. A la par de la limpieza, comenzaron las llamadas tareas de “mantenimiento”, que incluyen la iluminación de la planta y el restablecimiento del agua en las diferentes áreas de la fábrica (baño, cocina, etc.). Apenas en dos semanas, se completó un primer nivel de trabajo previsto en el plan de reapertura y se entró en una segunda etapa de trabajos, ya más ambiciosos, en todas las áreas. En materia de electricidad, el plan incluye el armado y colocación del tablero general de una de las líneas de producción, de bombas de agua, mantenimiento y funcionamiento de compresores, limpieza de tableros y motores.

En materia de mecánica, el armado de bombas de agua y cañerías de alimentación general de planta, mantenimiento y prueba de bombas de harina. En el área de limpieza y perimetral a la planta, se comenzará con la limpieza de la parte superior del establecimiento y sótanos, depósitos de laboratorio y cuarto de compresores, así como la continuación de los trabajos para entrada de vehículos, arreglo de cloacas y limpieza exterior del predio.

Se ha mantenido una reunión con el ministro de Producción de la Provincia, Mariano West, y sus secretarios, reclamando el respaldo económico al proyecto, en especial para la compra de una caldera, cuyas especificaciones técnicas fueron elevadas, así como la solicitud de que “Sasetru Gestión Obrera” sea considerada por la gobernación como proveedor privilegiado de la provincia. A la par de ello, se está tramitando la colaboración del municipio, en particular, con la asistencia con maquinarias de mayor porte para acelerar la limpieza y el acondicionamiento del parque que rodea la fábrica.

La reapertura de Sasetru reviste un carácter estratégico para el movimiento obrero, porque terminaría de demostrar, a los ojos del pueblo, que el principal obstáculo para sacar adelante la producción es la gestión capitalista de los medios de producción. Sasetru es una empresa que pertenece al ramo alimentario, en particular al relacionado con la elaboración de aceites y de harina. Este detalle no es menor, es un dato emblemático de la situación política pues revela hasta qué punto la acción de la clase obrera está incursionando en los centros vitales de la economía capitalista. La puesta en marcha de una fábrica que ha permanecido cerrada casi por 20 años, enclavada en uno de los nervios centrales del aparato productivo, sería la mejor demostración de la superioridad de los métodos de organización y perspectivas sociales que encarna la clase obrera. La experiencia de Sasetru tiene los ribetes y los alcances de una epopeya, pero de este tipo de acciones se ha nutrido la historia al encontrarse en vísperas de alumbrar grandes transformaciones sociales.

La gestión obrera en las empresas de transporte

El transporte de pasajeros se encuentra en una crisis final. Diferentes líneas están al borde del colapso: adeudan salarios por varios meses; no reponen los insumos; disminuyen las frecuencias – en especial, las nocturnas – ; cancelan servicios por falta de combustible; a las unidades que salen a la calle no se le hace el mantenimiento elemental – para no hablar del deterioro que experimenta el parque automotor. La patronal pretende resolver la crisis sobre los choferes y el público usuario. El gobierno otorgó a las empresas un subsidio de 750 pesos por unidad. Este subsidio se financia con un aumento de la tasa al gasoil de 5 a 8 centavos por litro, o sea 22 millones de pesos mensuales y 260 millones al año. Los empresarios siguen, de todos modos, reclamando el aumento del boleto. El subsidio no ha detenido la caída, ni el default de las empresas. En los últimos meses se produjo el cese de una importante empresa de la zona oeste del conurbano, la Mariano Moreno, y La Río de la Plata cerró sus puertas, dejando en la calle a varios centenares de compañeros.

El colapso ha dado lugar al copamiento del transporte por parte de grandes grupos empresarios. Las “absorciones” de líneas se hacen a expensas de los trabajadores. En el caso de la Mariano Moreno, la mitad del personal quedó en la calle y los que quedaron sufrieron pérdidas de salarios. Ese “ahorro” no ha redundado, sin embargo, en una mejora del servicio. La política de las nuevas administraciones es aumentar los márgenes de rentabilidad sin invertir un peso o haciendo inversiones insignificantes. El servicio de la Río de la Plata o El Halcón se deterioró – y culminó con el cierre en el caso de la primera – , inclusive, desde el momento en que ambas empresas pasaron a manos de Colcan, concesionaria de Mercedes-Benz, uno de los pulpos que viene copando monopólicamente el mercado.

Un ejemplo claro de ello lo tenemos en TDO (Transportes del Oeste). La empresa está en convocatoria de acreedores y en estos días finaliza el plazo de suspensión de la ejecuciones, con lo cual se aceleran todos los tiempos. Los trabajadores han impuesto el control de la recaudación, que se mantiene desde hace 12 meses. Como resultado de esta conquista, los choferes de TDO han garantizado el cobro de sus sueldos (los directores y accionistas sólo pueden retirar una suma equivalente al salario de un operario). Los trabajadores, de todos modos, son conscientes de que se ingresa a una etapa de definiciones.

Lo que está en discusión es el futuro de l os puestos de trabajo. La burocracia de la Uta, al igual que la patronal, reclama subsidios, pero cuando de todos modos viene el cierre se limita a una protesta aislada y resignada, a la espera de que venga un comprador que se haga cargo de la línea. Este libreto es el que repiten también para el caso de TDO. La “solución” que proponen Palacios y Cía. puede llegar a constituir una “salida” para los dueños, que se desembarazan de sus deudas, pero no para los trabajadores, que pagan el costo de esta reorganización (tendal de despidos y superexplotación).

En TDO, al igual que en todas las empresas cerradas o con cierre inminente, hace falta una reorganización que dé prioridad a los intereses y aspiraciones de los trabajadores. La patronal debe ser apartada del manejo de la empresa. La función que ejercen los choferes – limitada hasta ahora a la fiscalización del movimiento de fondos – debe generalizarse a la gestión de la totalidad de la empresa. Los bienes que actualmente utiliza la empresa – vehículos, edificios e insumos – deben ser expropiados y pasar a formar parte del patrimonio y el servicio de la futura gestión obrera en un plazo perentorio de 30 días. El piso – la concesión de los recorridos – otorgado a la empresa debe ser traspasado a los trabajadores.

Los fondos públicos que en la actualidad van destinados al salvataje de la patronal en crisis, y no tan en crisis, es decir a financiar el vaciamiento, deben ir a sostener el emprendimiento obrero. En lugar de rescatar al capital, hay que resarcir a los trabajadores. Es necesario que el Estado suministre los recursos para garantizar la continuidad del servicio.

Los balances demuestran que, en la época todavía próspera de la firma, los socios retiraron cifras multimillonarias violando todas las disposiciones que reglan el funcionamiento de las sociedades comerciales. Ni hablar del hecho de que TDO tiene como uno de sus principales acreedores al propio Estado, a raíz de la falta de pago de sus obligaciones impositivas y previsionales. Los accionistas de TDO deben responder por las deudas que mantiene la empresa – que, en la actualidad, asciende a varias decenas de millones de pesos – con sus propios bienes y patrimonio personal. El ahorro de no pagarle la indemnización a las patronales, debería ser destinado a la creación de un fondo que permitiera una paulatina renovación de las unidades y el mejoramiento de la calidad del servicio.

En este marco, no es un secreto para nadie la desconfianza que despierta entre los trabajadores cualquier iniciativa de estatización. El Estado es el responsable de la catástrofe y de la desorganización económica actuales. La “estatización” le daría al poder político la fuerza para dislocar o destruir el control o gestión obrera y proceder a una reprivatización.

En lugar de una empresa administrada por el burócrata de turno, planteamos una empresa autónoma con una dirección responsable ante la asamblea de los trabajadores de la línea, elegible y revocable en cualquier momento.

Estos planteamientos están plasmados en un proyecto de expropiación que ha sido presentado a los diferentes bloques de la Legislatura bonaerense. Alrededor de este proyecto se está desenvolviendo una campaña de movilización que apunta a convertir la causa de TDO en una gran causa popular, y en especial, transformarla en una bandera general del gremio, en su carácter de “caso testigo”.

El planteamiento a favor de la expropiación no excluye otras instancias de reclamo y lucha. Una cuestión fundamental es el reclamo al Poder Ejecutivo de que intervenga y garantice la continuidad del servicio arbitrando los medios para que éste siga siendo prestado por los propios trabajadores de la empresa. El gobierno normalmente procede en sentido contrario, cediéndole provisoriamente el piso (concesión) a otra empresa privada de transporte mientras los trabajadores de la empresa en desgracia se quedan en la calle. Esta llamada cesión “transitoria” no es más que el punto de arranque de una salida patronal definitiva, que culmina con la desaparición y desguace de la línea y el despido masivo de los trabajadores. La legislación plantea, sin embargo, otra alternativa, que deliberadamente es obviada en la medida en que es un obstáculo para una reorganización capitalista. “Cuando una empresa se encuentra imposibilitada para asegurar continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias fuera de su control () en estos caos o en los de notoria incapacidad o contumacia de la empresa, paralización por cualquier causa o abandono del servicio, la Dirección (de Transporte) podrá disponer la prestación por gestión directa, mediante la incautación de los bienes de la empresa responsable, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario”¹Artículo 31. Ley Orgánica de Transporte de Pasajeros. Decreto-Ley 16.378-57 de la provincia de Buenos Aires.. No aceptamos la paralización ni el desguace de la empresa. Reclamamos que el gobierno se valga de las facultades que le otorga la ley y garantice transitoriamente la continuidad del servicio por gestión directa por medio de los actuales trabajadores de TDO, mientras se avanza en una solución definitiva. Este planteamiento es clave, máxime si se precipita un desenlace, como resultado de una quiebra de la empresa.

El programa que sostienen los trabajadores de TDO constituye un punto de partida para una salida obrera a la crisis actual, es decir, una transformación integral de la producción, sobre nuevas bases sociales. Esta transformación incluye una reorganización general del transporte, integrando armónicamente en un plan único todos los medios de transporte (automotor, ferrocarriles, etc.) que permita una reasignación y ampliación (plan de inversiones) de los recursos, la reprogramación de los recorridos y su aprovechamiento en función de las necesidades de la población explotada. Este plan único plantea terminar con las privatizaciones y proceder a la expropiación de los pulpos de transporte. Cualquier reorganización del transporte, por otra parte, es impensable sin afectar los intereses de los pulpos petroleros. Una parte de la ganancia ha pasado a manos de las petroleras a través del aumento sideral experimentado en los precios del gasoil. El Estado, a través del subsidio a las empresas, ha salido a financiar esta renta extraordinaria. Estamos en presencia de una hipoteca insostenible que coloca a la orden del día la expropiación sin pago de los distintos grupos capitalistas de la energía y su estatización bajo gestión mayoritaria de los trabajadores.

Análisis de las leyes de expropiación de Ghelco, Chilavert y Grissinópoli

Este trabajo no puede soslayar el análisis de las leyes de expropiación votadas en la Legislatura porteña.

Los proyectos de expropiación aprobados, al declarar los activos de “utilidad pública” evitan el remate de los bienes de estas fábricas que se practicaría como resultado de la quiebra y frenan el riesgo de un desalojo, que pendía como una amenaza sobre las espaldas de los trabajadores. Pero más allá de ese hecho incuestionable, ¿las leyes en cuestión ofrecen una salida a las necesidades que se le plantea a la naciente gestión obrera? ¿Es cierto que “la clase obrera va camino al paraíso”, como lo señaló eufóricamente Página/12 en su tapa? ¿En qué situación se encuentran las fábricas luego de la sanción de las leyes?

Los trabajadores no son dueños de los activos de las plantas. Los inmuebles están sujetos a su “ocupación transitoria”, es decir, siguen en manos de sus antiguos propietarios o acreedores, bajo el arbitrio del juez y del síndico, quienes administran el juicio de quiebra. En el caso de Grissinópoli, la limitación es mayor puesto que la “ocupación transitoria” se extiende también a las maquinarias. El Gobierno de la Ciudad está obligado a pagar un alquiler a los dueños y acreedores. Vencido el plazo de dos años de “ocupación transitoria”, los dueños pasan a disponer nuevamente del bien y pueden destinarlo al uso que se les antoje. Estamos en presencia de una sentencia a plazo fijo. Los trabajadores son colocados entre la espada y la pared y están forzados, si quieren continuar con sus actividades, a comprar el inmueble – o a renegociar el contrato de alquiler – en las condiciones de mercado (en el caso de Grissinópoli se agregan las máquinas). Bajo estas condiciones, los trabajadores pierden por partida doble: pierden, por un lado, al no cobrar sus indemnizaciones y salarios adeudados, y pierden nuevamente al abonarle a la patronal o sus acreedores el valor del bien, asumiendo el pago de sus propios bolsillos, ya sea capitalizando los créditos laborales provenientes del juicio de quiebra o cediendo los fondos que hayan logrado acumular en la nueva etapa bajo la gestión obrera. En definitiva, el esfuerzo obrero va a parar a rescatar al capital en quiebra.

Las leyes de expropiación aprobadas plantean, pasados los dos años, otorgarle “prioridad” a la cooperativa para la compra del inmueble; pero esto no es más que una expresión de deseos, pues para efectivizar dicha prioridad haría falta una ley especial que, encima, requiere un intrincado proceso parlamentario y una votación favorable de dos tercios de los miembros de la Legislatura.

Aun en el caso de Ghelco y Chilavert, los trabajadores tampoco son dueños de las maquinarias. Estas, y otros activos (marcas, insumos, etc.), con excepción de los inmuebles, pasan a ser propiedad del Gobierno de la Ciudad, quien, a su turno, los cede en comodato a los trabajadores. Asistimos a una suerte de “estatización” muy curiosa y peculiar, pues el Estado no asume esa condición cuando se trata de asegurar los salarios y condiciones laborales. Los activos son “estatales” pero no los obreros que trabajan en ellos. Importa destacar que, en este aspecto, las leyes porteñas están por detrás de las de sus pares de la provincia de Buenos Aires, porque al menos éstas plantean la “donación” a los trabajadores de los bienes expropiados (incluido el inmueble). Al no ser dueñas de sus medios de producción, las cooperativas porteñas de las plantas “expropiadas” no alcanzan ni siquiera la estatura de una “cooperativa de producción”. Estamos frente a una cooperativa de “trabajo” pero, inclusive, en este plano, corre con cierta desventaja con respecto a muchas cooperativas truchas, que encubren una relación de dependencia o constituyen una tercerización encubierta, pues, al menos estas últimas, cuentan con un patrón que asegura el suministro de los insumos o adelanta los fondos necesarios para producir. Los trabajadores de las fábricas expropiadas se encuentran, por el contrario, abandonados a su propia suerte: no son propietarios de nada, no tienen asegurado un salario a fin de mes, aunque sea mínimo, y encima de todo carecen de capital de trabajo.

Bajo estas condiciones, a nadie se le puede escapar que estas leyes lo único que hacen es “patear la pelota para adelante”, cuestión que fue expresamente admitida por distintos diputados al momento de respaldar ambos proyectos.

La ausencia de capital de trabajo fue señalada insistentemente en el Encuentro (de “empresas recuperadas”) de La Baskonia y de Gip Metal como una de las principales responsables de las penurias que venían atravesando las cooperativas. Esa ausencia de fondos abre el peligro, para los trabajadores, de terminar como rehenes de algún grupo capitalista, quien adelanta los fondos y bajo esa circunstancia, en su calidad de principal proveedor y cliente, pasa a ejercer una influencia gravitante en las decisiones de la empresa. La otra variante es que la gestión obrera termine fundiéndose, como ha pasado con tantas experiencias cooperativas en el pasado.

El hecho de suprimir la distribución de dividendos, y erradicar los sueldos siderales de directores, gerentes y personal jerárquico, todos ellos atributos de la gestión obrera, es un indicador de la superioridad de los métodos de la organización de la clase obrera frente al derroche patronal. Pero esto solo no alcanza para revertir el ahogo y las penurias con que tropiezan las cooperativas. Tampoco puede resolver el problema la autoexplotación a la que muchas veces recurren desesperadamente los trabajadores, sacrificando sus propios salarios y su salud, para intentar reunir los fondos necesarios que hagan posible la continuidad de la producción. La lucha actual plantea arrancar el auxilio estatal, capaz de sostener la gestión obrera y enfrentar la fuerza superior del capital.

Entramos en una nueva etapa

Los operativos represivos han fracasado hasta ahora para quebrar este movimiento ascendente de lucha. Las tentativas de desalojo de esas fábricas, bajo la acción conjunta de jueces, del Ministerio de Trabajo y del aparato policial, tropezaron con la resistencia de los trabajadores, respaldados por las asambleas, el movimiento piquetero y las organizaciones populares. Lavalán, que constituyó el globo de ensayo más ambicioso y la pulseada más fuerte en la materia, terminó con un revés para la patronal y el Estado. A pura fuerza de piquetes se barrió con la cruzada represiva. Esto no significa que el expediente represivo haya sido descartado. La burguesía y en especial los sectores más comprometidos por las expropiaciones, vuelven a la carga con la represión en toda circunstancia que consideren favorable, apuntando a imponer una salida de fuerza que ponga fin a las ocupaciones. Lo prueba la irrupción policial y posterior causa penal contra los trabajadores de Brukman, así como la reciente orden del juez, que entiende en el caso de Zanón habilitando al síndico a retomar el control de la fábrica.

Tomando en cuenta la explosividad de la situación, el gobierno ha debido ceder frente a la presión obrera. Las leyes votadas en las legislaturas y concejos deliberantes al declarar la expropiación u ocupación transitoria de los establecimientos, protegen a los trabajadores contra una tentativa de desalojo. Ahí se agotan estas leyes, que no pasan de ser expropiaciones truchas que no ofrecen ninguna solución a las necesidades de los trabajadores. El Estado se desentiende de cualquier sostenimiento y auxilio a los trabajadores, quienes quedan librados a su propia suerte, en una situación absolutamente precaria.

En cambio, las patronales son recompensadas generosamente. Mientras los trabajadores están suspendidos en el aire, no sabiendo si van a cobrar un sueldo y a cuánto va a ascender el mismo, sometidos a una autoexplotación, los dueños o sus acreedores pasan a tener un ingreso fijo asegurado, ya sea a través de una indemnización o mediante el reconocimiento de un alquiler.

Las ocupaciones de fábricas ponen en tela de juicio y desafían el derecho de propiedad de los capitalistas. Los trabajadores, a través de su acción directa, mediante la gestión obrera y poniendo las fábricas nuevamente en funcionamiento, están desconociendo a los viejos propietarios y ponen al rojo vivo la necesidad de expropiar al capital. Enfrentadas con esta perspectiva, para las patronales estas leyes (cuyo punto de partida es el reconocimiento de su titularidad sobre los medios de producción y el derecho a un resarcimiento económico) constituyen un mal menor.

Estas leyes truchas han podido prosperar, y hasta conquistar una viva adhesión entre los trabajadores, como resultado de la escasa estructuración del movimiento de fábricas ocupadas, la no entrada en acción de las grandes concentraciones proletarias, la dispersión entre las diversas empresas en lucha y su débil fusión, todavía, con el movimiento piquetero y las asambleas. A esa atomización ha contribuido la acción de la centroizquierda y de la Pastoral Social, pero también de la izquierda, quienes conspiran con la tarea de poner en pie un movimiento de conjunto de las fábricas en lucha y su unidad con el resto de la clase obrera.

En este cuadro, los trabajadores son colocados ante la disyuntiva de aceptar este producto adulterado mal llamado “expropiación” o, de lo contrario, asumir las consecuencias de un desalojo. Se trata de una extorsión q ue es instrumentada arteramente por el Estado pero que además cuenta con el respaldo de un amplio arco político que va desde el PJ a la Ucr, y que se extiende al Ari e Izquierda Unida. La centroizquierda y la izquierda no sólo no denunciaron esa extorsión sino que han intervenido activamente en el diseño y redacción de los proyectos de ley truchos y en el armado del dispositivo que ha culminado en su aprobación. Se pretende justificar esta conducta sosteniendo que no se ha hecho otra cosa que ser “portavoz” de lo que los trabajadores reclamaban al gobierno cuando, en realidad, han obrado en sentido inverso, como correa de transmisión del gobierno sobre los trabajadores; planteando que había que circunscribir los reclamos en función de lo que el Estado patronal estaba dispuesto a aceptar. Los proyectos de los que son artífices tanto el Ari como Izquierda Unida no se apartan del libreto pergeñado por el gobierno de Ibarra. Presentadas así las cosas, el menú que ofrece el gobierno porteño emerge como el único disponible: o se lo toma o se le deja. No cabe la menor duda de que estamos en presencia de un grosero chantaje. Los trabajadores no son los responsables de esta situación, sino sus víctimas. Izquierda Unida, y en especial el Mst, hacen caso omiso de todas estas evidencias y no tienen el menor empacho en camuflar este proceso extorsivo, presentándolo como un “paso adelante” (acompañado, por supuesto, de la frase ritual, adaptada a la circunstancia, de que esto “no es suficiente” y de que “seguiremos peleando en el futuro por el resto de los reclamos”).

El desenlace provisorio que ha tenido el movimiento de lucha de las fábricas ocupadas no nos debe hacer perder de vista el carácter precario de la salida urdida por el gobierno. Todos los acuciantes problemas que enfrentan los trabajadores, empezando por el de la subsistencia, siguen en pie y no están resueltos. Las fábricas en manos de los trabajadores están en absoluta orfandad, libradas a su propia suerte sin capital de trabajo, sin fondos ni financiamiento. Salta a la vista la encerrona que representan estas expropiaciones truchas. Estas contradicciones se pusieron claramente de manifiesto en las deliberaciones del reciente Encuentro de Gip Metal. La Baskonia o Panificación Cinco, cuyos trabajadores ni siquiera alcanzan a retirar un sueldo a fin de mes, son un testimonio de este proceso. Esto así no tiene futuro, están destinados a fracasar. El porvenir de las gestiones obreras está vinculado a su capacidad para superar esta política funesta que ahoga sus perspectivas y abrir paso a la expropiación efectivas y sin indemnización de las fábricas, obligando al Estado al auxilio y sostenimiento económico de los emprendimientos obreros. Las salidas impuestas por el gobierno tienen patas cortas y esta destinada a agotarse rápidamente, más aun si tenemos presente la bancarrota capitalista que tiende a agravarse. Ingresamos en una nueva etapa de lucha donde estará a la orden del día la necesidad de puesta en pie de una central de fábricas ocupadas capaz de darle una estatura nacional a la lucha de los trabajadores y enfrentar de conjunto al capital y al Estado capitalista.

La cuestión del poder

La situación plantea que las fábricas e n manos de trabajadores se federen, se unan al movimiento piquetero y a los sindicatos clasistas, y elaboren en común un plan de lucha para promover la ocupación de toda fábrica en proceso de vaciamiento, que adeude salarios o que suspenda o despida y crear, de esta forma, un polo centralizador de la acción de los trabajadores para luchar contra el capital y contra el Estado capitalista.

No se nos puede escapar que cualquier comienzo obrero, aún centralizado, no puede sustraerse a la competencia capitalista y está sometido a la presión del capital nacional e internacional que, de persistir en el tiempo, termina por asfixiarlo económicamente y por destruir cualquier iniciativa obrera independiente.

Una federación de fábricas ocupadas y en lucha permitirá librar a otra escala la lucha contra la presión capitalista y darle una dimensión nacional a la lucha por el auxilio económico del Estado a las fábricas bajo gestión obrera, lo que plantea la nacionalización de los bancos y la creación de una banca estatal única, capaz de facilitar el acceso al crédito a las fábricas autogestionadas y en cuyo directorio deberían incorporarse representantes de las fábricas ocupadas, elegibles y revocables en cualquier momento por el colectivo de trabajadores. Esto supone un plan económico independiente de los trabajadores y plantea la cuestión de quién gobierna la Argentina: si la clase obrera o la clase capitalista. La expropiación y gestión obrera nos conduce a la cuestión del poder y al gobierno de trabajadores.

Estamos en presencia de un fenómeno de un alcance gigantesco. El hecho de que los trabajadores tomen la conducción de las fábricas, sustituyan a los patrones y pongan las fábricas nuevamente a funcionar – y que este hecho pase a tener un carácter generalizado – es una manifestación del alto grado de conciencia y determinación de la clase obrera sobre la función histórica que está llamada a jugar. Frente al abandono y huida de los capitalistas, la clase obrera aparece, en la práctica, en el escenario vivo de los acontecimientos, como la clase capacitada para hacerse cargo de la reorganización del país, sobre nuevas bases sociales. La cuestión del poder está colocada a la orden del día. El control de las fábricas plantea el control del país. Los destinos de la nación deben pasar a manos de los trabajadores. La propia crisis que ha llegado a un estadio terminal reclama desplazar a la clase capitalista, que se vayan todos y que gobiernen los trabajadores.

Nota:

1. Artículo 31. Ley Orgánica de Transporte de Pasajeros. Decreto-Ley 16.378-57 de la provincia de Buenos Aires.