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El presidente argentino Javier Milei y su ministra de seguridad Patricia Bullrich lanzaron desde el primer minuto de su mandato una feroz campaña contra la protesta social que pone en peligro las libertades democráticas. “Que sepan que si se toman las calles, habrá consecuencias”, amenazó la ministra a mediados de diciembre, cuando lanzó el llamado “protocolo antipiquetes” que pretende impedir las manifestaciones callejeras. El 20 de ese mismo mes, en el aniversario del “Argentinazo” (levantamiento popular de 2001), la movilización conmemorativa impulsada por el movimiento piquetero fue sometida a un despliegue monstruoso de las fuerzas de seguridad, y los propios Milei y Bullrich monitorearon en directo el operativo represivo.
Desde entonces, la campaña represiva ha ido creciendo. Este mes, se lanzó una represión brutal en las inmediaciones del Congreso cuando el Senado debatía la Ley Bases, que avanza en el ajuste, las privatizaciones y una reforma laboral. El gobierno denunció públicamente “sedición” y “terrorismo” y alrededor de 30 personas (manifestantes y, en algunos casos, simples transeúntes que pasaban por el lugar, o vendedores ambulantes) fueron detenidas, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, y estuvieron detenidas durante días enteros. Algunas, incluso, siguen encarceladas hasta hoy. En Mendoza, el dirigente del Polo Obrero, Martín Rodríguez, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión en suspenso por ocho causas abiertas en su contra por movilizaciones.
Uno de los aspectos más graves de la política represiva es el ataque contra el movimiento piquetero, que es el que organiza la lucha contra la desocupación, el hambre y la pobreza (que, en pocos meses, el gobierno de Milei llevó a casi el 60% de la población). Se abrieron causas judiciales contra compañeros del Polo Obrero (entre ellos, Eduardo “Chiquito” Belliboni, su mayor referente, quien también es dirigente nacional del Partido Obrero) y otras organizaciones piqueteras, bajo acusaciones falsas de manejo irregular de fondos y supuesta extorsión sobre beneficiarios de planes sociales. Decimos: el único extorsionador y corrupto es el gobierno de Milei y su ministra y amiga Sandra Pettovello (Capital Humano), que amenazan con quitar la asistencia social a quienes participen en manifestaciones, y cuyo ministerio de acción social se encuentra sacudido por escándalos de contrataciones irregulares de personal y no entrega de alimentos, que se vencen en los depósitos en lugar de ser entregados a quienes los necesitan.
Como parte de la campaña de persecución, debemos señalar un hecho de suma gravedad: el allanamiento de la sede central del Partido Obrero, acompañado de tareas de espionaje.
También se persigue a quienes son solidarios con la causa del pueblo palestino, como Vanina Biasi (diputada nacional del Frente de Izquierda por la ciudad de Buenos Aires y dirigente nacional del Partido Obrero), quien fue incriminada por el ya mencionado fiscal Stornelli por supuesta incitación al odio por criticar en sus redes sociales al gobierno de Israel, que lleva a cabo un genocidio contra el pueblo palestino.
Nos pronunciamos también en solidaridad con todos los compañeros que arrastran causas y han sufrido persecución por parte de los sucesivos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y reclamamos la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, condenados por su participación en las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la antiobrera reforma previsional macrista; de los compañeros de Córdoba encausados por “impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos”, tras una movilización (Emanuel Berardo, Soledad Díaz, Federico Giuliani, Agustín Nazar, Roxana Carezano, Marisa Cariddi, militantes de organizaciones obreras, piqueteras y de izquierda); de Sebastián Copello, Juan Chorolque y Verónica Urzagasti (del movimiento piquetero de Jujuy, que van a juicio el 18 de junio); Lorena Torres y Víctor da Vila (Polo Obrero y Partido Obrero de Mendoza); y rechazamos el pedido de sanciones contra el diputado provincial del Frente de Izquierda de Chubut, Santiago Vasconcelos.
¡Libertad a todos los presos políticos y cierre de las causas persecutorias de la justicia patronal de Milei y Bullrich! ¡Abajo la persecución al movimiento piquetero, a los sindicatos combativos y al movimiento popular!
Repudiamos la causa abierta por el fiscal Carlos Stornelli contra Vanina Biasi (diputada nacional del Frente de Izquierda por la ciudad de Buenos Aires y dirigente del PO) como un claro intento por silenciar las voces críticas del Estado de Israel y su accionar genocida contra el pueblo palestino, que en poco más de ocho meses dejó en la Franja de Gaza cerca de 40 mil muertos y más de un millón de desplazados. Entre los objetivos de la aviación israelí se encuentran las escuelas, los hospitales y centros de refugiados. A esto se añade un bloqueo inhumano que desabasteció a la región de alimentos, combustibles y medicinas. Se trata de uno de los hechos más atroces de este siglo y ha merecido, por ello, el repudio del mundo, con manifestaciones y tomas de facultades, e incluso el rechazo de numerosos organismos internacionales.
A contramano de este sentimiento global, a fines de noviembre de 2023, Stornelli presentó una denuncia acusando a Vanina de infringir la Ley de Actos Discriminatorios (Ley 23.592) por un comentario en su cuenta de la red social X en que cuestionaba al gobierno israelí, que había dado por muerta a una rehén (la niña Emily Hand) del grupo Hamas que en realidad estaba viva y luego fue liberada. En el tuit, Vanina señalaba que al gobierno israelí no le importa realmente la vida de la gente y el sufrimiento.
Stornelli se montó en ese tuit para acusar a nuestra compañera de promover el odio y la discriminación religiosa contra la comunidad judía. Procede con la misma liviandad de criterio y animosidad con la que en junio de este año exigió la detención de decenas de personas por el mero hecho de manifestarse contra la reaccionaria Ley Bases, endilgándoles –siguiendo el libreto del gobierno de Milei- una supuesta “sedición” y “terrorismo”.
En la causa contra Vanina, a la que se sumaron como querellantes la Daia (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y la conductora televisiva Romina Manguel, Stornelli expresa su “clara convicción de que antisionismo es sinónimo de antisemitismo” (citado por LaNación.com, 29/11/23). Se trata de un argumento grosero y tendencioso para impugnar cualquier crítica al genocidio en curso. Antisionismo NO es equivalente a antisemitismo sino una crítica a la corriente política que reivindica la colonización de Palestina, y vale recordarle al fiscal que en muchos casos, como en Estados Unidos, organizaciones de la propia comunidad judía han salido a repudiar los crímenes en Gaza bajo el honroso lema “no en nuestro nombre”. No pasamos por alto, tampoco, que con su presentación, Stornelli empalma también en este caso con la orientación del gobierno nacional, férreamente alineado con Estados Unidos e Israel.
La denuncia contra Vanina se inscribe en un cuadro más general de campañas mediáticas, provocaciones, cientos de amenazas e intentos de censura contra quienes se solidarizan con el pueblo palestino. La Daia, que ahora querella a Vanina, estuvo a la cabeza de un intento por prohibir los recitales de Roger Waters en Argentina. A Stornelli, todos estos hechos parecen tenerlo sin cuidado.
Llamamos a impulsar pronunciamientos y una campaña internacional contra la causa contra Vanina Biasi y la persecución, y en defensa del derecho a la libertad de expresión.
El régimen de Erdogan sigue presionando sistemáticamente a las fuerzas de oposición de la sociedad. Hemos vivido uno de los últimos ejemplos de ello, y una de las mayores oleadas de detenciones de los últimos años, durante las protestas del 1 de mayo de este año.
Casi 200 personas fueron detenidas durante y después de los enfrentamientos del 1 de mayo. Esta situación se produce todos los años; los detenidos suelen quedar en libertad. Pero esta vez, entre los detenidos había 82 personas encarceladas, entre ellas 4 de nuestros camaradas. De los encarcelados hasta ahora, 30 personas han sido puestas en libertad, entre ellas 2 de nuestros camaradas. Nuestro compañero Demet es el líder de la sección de Estambul y también un trabajador profesional de DİSK (La Confederación de Sindicatos Revolucionarios de Turquía); y el otro compañero Burak es un trabajador ferroviario y miembro activo de BTS (Sindicato Unido de Empleados del Transporte).
Además, en el acta de acusación de la policía, la Sociedad de Pensamiento Marxista, que es nuestro trabajo juvenil en la Universidad del Bósforo, estaba en el punto de mira porque participó activamente en las protestas que tuvieron lugar en la universidad anteriormente.
Vemos estas detenciones como una señal de advertencia de que el régimen quiere dar un aviso contra las protestas callejeras que puedan surgir ante la profundización de la crisis económica y las medidas de austeridad que el régimen de Erdogan comenzó a imponer.
Además, los disidentes, especialmente los de la izquierda socialista, están sometidos a una presión sistemática debido a sus publicaciones o discursos en las redes sociales.
Otro caso político que ocupó la agenda pública en Turquía fue el que se saldó con fuertes sanciones contra políticos kurdos. Importantes políticos kurdos como Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, que son exco-líderes del pro-kurdo – HDP (Partido Democrático de los Pueblos), han estado en prisión desde 2016 debido a las Protestas de Kobane del 6 al 8 de octubre que tuvieron lugar en 2014 y resultaron en la muerte de 37 personas.
El mes pasado, el tribunal condenó a Selahattin Demirtaş a 42 años y a Figen Yüksekdağ a 30 años y 3 meses de prisión; y también muchos otros políticos kurdos fueron condenados a fuertes cargos de prisión.
En cuanto a los ataques contra el movimiento político kurdo, es necesario mencionar el nombramiento de síndicos en los municipios de las ciudades kurdas.
La legislatura pasada (después de las elecciones locales de 2019), el gobierno nombró síndicos en casi todos los municipios controlados por el movimiento nacional kurdo. Después de las elecciones locales de marzo de 2024, querían dar la elección al segundo candidato del AKP en lugar de Abdullah Zeydan, que fue elegido alcalde de Van, una de las ciudades donde el Partido DEM recibió más votos. Sin embargo, el régimen se vio obligado a dar marcha atrás debido a la fuerte reacción pública y a la falsedad de las acusaciones sobre Abdullah Zeydan.
El mes pasado, se nombró a un síndico del municipio de Hakkari, situado en la intersección de las fronteras de Irán, Irak y Turquía, y donde el PKK fue muy fuerte en el pasado. El alcalde también fue encarcelado.
Existe una gran posibilidad de que en el futuro el gobierno se haga con el control de los municipios bajo el control del movimiento nacional kurdo creando diversas excusas. El régimen de Erdogan, durante mucho tiempo, ha querido iniciar una operación en el territorio controlado por el PKK en Irak. Si encuentran una oportunidad, es probable que el régimen de Turquía se endurezca respecto a la cuestión kurda.
Otro caso político importante en Turquía es el de la Resistencia de Gezi. El diputado del TİP (Partido de los Trabajadores de Turquía) Can Atalay y otros presos políticos fueron condenados a 18 años de prisión acusados de derrocar al gobierno mediante el uso de la fuerza y la violencia.
Turquía no ha cambiado de puesto este año y ocupa el 10º lugar en la lista de los Peores Países para los Trabajadores publicada por la Confederación Sindical Internacional. Los diez primeros países son los siguientes: Bangladesh, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Filipinas y Túnez.
Una de las características comunes de estos países es que proporcionan mano de obra para sectores que no requieren mano de obra cualificada como el textil, la construcción y los servicios para el capital internacional. El capital en Turquía lleva mucho tiempo quejándose del alto coste de la mano de obra (el salario mínimo corresponde a una media de 500 dólares). Para destacar en la carrera de las exportaciones, exige que se abandone la valiosa política de la TL y se detengan los aumentos del salario mínimo. El gobierno anunció que no habrá un segundo aumento del salario mínimo este año.
Una de las mayores víctimas del infierno de la mano de obra barata en Turquía son los trabajadores migrantes. Los trabajadores migrantes suelen trabajar sin estar registrados y en los empleos más inseguros. Últimamente, siempre que se produce un accidente laboral o un asesinato en el lugar de trabajo, es bastante habitual encontrarse con la muerte de un trabajador inmigrante ilegal. También algunos elementos de extrema derecha utilizan a los inmigrantes como chivo expiatorio de la crisis económica y en un futuro próximo aumentarán su popularidad.
Los datos oficiales dicen que el 14% de los trabajadores están sindicados, y la tasa de trabajadores que pueden hacer un convenio colectivo ronda el 8%. Esta situación revela lo indefensa que está la clase trabajadora en Turquía ante los ataques a los que se enfrenta.
También hay que decir que recientemente, especialmente después de las elecciones presidenciales del año pasado, con el régimen de Erdoğan iniciando medidas de austeridad, los datos de desempleo han alcanzado un máximo histórico. En la actualidad, el desempleo en sentido amplio alcanza el 27,2%, superando el periodo anterior a la pandemia.
En resumen, la popularidad de Erdogan, que lleva 22 años en el poder en Turquía, está a punto de derretirse debido a las contradicciones sociales y el régimen está aumentando su dureza contra las clases trabajadoras y la oposición. Hasta ahora, Erdogan consolidó su poder utilizando la polarización cultural y religiosa dentro de la sociedad; pero a medida que la crisis económica se profundiza su base social, que consiste principalmente en jubilados, trabajadores conservadores pobres y algún elemento liberal se está desintegrando.
Pero sabemos que sólo el movimiento de clase puede tener éxito para poner fin a la era Erdogan y evitar que las clases dominantes persuadan a la gente del “régimen moderado y normalizado de Erdogan”.
En continuidad con la escalada represiva que avanza en muchos países del mundo, también como medida preventiva contra las reivindicaciones de la clase obrera y en general de todo aquel que se oponga al actual estado de cosas, el gobierno Meloni retoma el asalto a las libertades sindicales, políticas y sociales intentando un nuevo endurecimiento represivo de 360 grados.
El nuevo decreto ley Ddl 1660, firmado por los ministros Piantedosi y Crosetto y que se debate en el Parlamento desde el lunes, introduce el delito de “revuelta en prisión”, endurece las penas en el marco de las “manifestaciones callejeras”, transforma el “bloqueo de carreteras” (por lo tanto, principalmente los piquetes de trabajadores en una huelga) en un delito penal, endurece las penas para los delitos de “ultraje y resistencia a un funcionario público” y, por último, pero no menos importante, hace posible que los agentes de policía y de seguridad pública lleven armas ilegalmente.
Así pues, más represión contra los que discrepan de las políticas del gobierno y de la patronal que quieren amedrentar aún más la legítima protesta de los trabajadores para conseguir salarios, salud, derechos y dignidad organizándose en los centros de trabajo: un giro autoritario más para atacar a los de abajo que se oponen a la economía de guerra para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de toda la clase obrera.
Por si fuera poco, algunas de las enmiendas presentadas por los miembros de la mayoría centran su atención en los piquetes de trabajadores, que hasta ahora rara vez han sido condenados como delitos penales si no se combinan con otros cargos (resistencia a un funcionario público, etc.), alegando que el delito de violencia privada se configura con la sola interposición de los propios cuerpos incluso cuando esto sucede para apoyar una acción de huelga.
La Lega Nord también propone la inclusión de una nueva circunstancia agravante para los delitos contra la seguridad pública que parece hecha a medida de la variada red de activistas que llevan años protestando contra las grandes obras, empezando por el TAV y el puente sobre el estrecho: de aprobarse, se prevería prisión de 4 a 20 años para quienes, incluso con actos simbólicos, se limiten a “amenazar con el bloqueo de obras de infraestructura”.
Contra esta enésima escalada represiva y liberticida, es más necesario y urgente que nunca iniciar una confrontación por la unidad de las luchas con todas las fuerzas genuinamente de clase, no sólo en Italia, sino a nivel internacional. De hecho, no es casualidad que la represión avance con instrumentos a menudo similares en países muy distantes entre sí.
A los compañeros presentes en esta asamblea, queremos señalarles que desde hace años tanto los trabajadores de la SI Cobas como los parados del Movimiento de Lucha 7 de Noviembre de Nápoles (no pocas veces son también compañeros de la TIR) están siendo sometidos a un auténtico bombardeo de denuncias, juicios, una hoja de ruta, ataques policiales, para repeler los cuales es imprescindible vuestra solidaridad. Pero también queremos decir que nuestro compromiso contra la represión no tiene ninguna característica sectaria, hasta el punto de que en los últimos meses hemos participado en iniciativas de solidaridad con compañeros anarquistas o activistas ecologistas.
La creciente implicación de los gobiernos en un esfuerzo bélico generalizado plantea la necesidad vital de que estos gobiernos disciplinen a los proletarios para que participen en este esfuerzo, reduciendo cualquier tolerancia hacia quienes se resisten al empeoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Sólo la unidad de los trabajadores a nivel internacional para rechazar completamente la economía de guerra y la unidad “nacional” que impone, puede desbaratar el mecanismo de represión.
Apoyémonos pues mutuamente en los ataques que estamos sufriendo, con acciones y solidaridad para los compañeros afectados, y trabajemos sobre todo por la realización de futuras iniciativas internacionales contra la guerra capitalista, poniendo en el centro de nuestras reivindicaciones también el desencaje de esta espiral represiva.
¡QUIEN TOCA A UNO TOCA A TODOS!
¡UNIDOS GANAMOS!
Los gobiernos de Grecia no dudan en poner los beneficios de los bancos y del capital por encima de la vida de las personas y en embargar las viviendas de la gente, generalizando la pobreza y la miseria. Tras 15 años de acuerdos entre la UE y el FMI, los despidos, la mayor flexibilización de las relaciones laborales y los recortes salariales están llevando a miles de familias pobres a la imposibilidad absoluta de hacer frente a sus deudas crediticias. Al mismo tiempo, se está cumpliendo el objetivo de crear un nuevo campo de rentabilidad para el capital convirtiendo la vivienda en una mercancía y abriendo un nuevo mercado de viviendas de alquiler gestionado por grandes empresas. En Grecia hace años que no existe un programa de vivienda social y los alquileres (en proporción a los salarios) son los más altos de la UE. Las subastas y embargos de viviendas populares por parte de bancos y cajas son constantes, suprimiéndose el derecho a la vivienda incluso para familias con problemas de salud y cero ingresos. Las casas de miles de personas se convierten en un “producto financiero” de un sistema caníbal, ya que los fondos parásitos se alimentan de los bancos quebrados, que en Grecia han sido financiados repetidamente después de 2011 con 4 recapitalizaciones, pagadas con los impuestos del pueblo.
Lo único que detuvo el acaparamiento de las viviendas de la gente fue un fuerte movimiento que logró revertir la imposición de las ganancias de los bancos sobre el pueblo. Durante años, el movimiento en Grecia había retrasado el funcionamiento de las subastas ocupando notarías y juzgados. El Estado griego, para proteger los beneficios de los bancos, está llevando a cabo un exhaustivo proceso de persecución contra los militantes del movimiento. Entre ellos, el profesor Elias Smilios, miembro del Sindicato de Profesores, concejal municipal en Salónica y miembro de NAR y ANTARSYA, que ha sido acusado de cinco cargos diferentes por su participación en el movimiento. En uno de ellos fue condenado a 10 meses de cárcel con una pena suspendida de 3 años, mientras que en los próximos meses se enfrenta a otros procesos.
Lo que se juzga no son los militantes, sino la posibilidad misma de resistencia y acción colectivas. La persecución viene dictada por la política de represión y autoritarismo del gobierno, en un momento de ataque sin cuartel a los ingresos, los bienes sociales, las libertades y los derechos democráticos, mientras se multiplican los desahucios de viviendas en los barrios pobres. Organizar la resistencia es hoy más necesario que nunca para contrarrestar los feroces ataques del sistema contra los derechos y las libertades.
¡Con la fuerza de la solidaridad lucharemos! ¡Fuera las manos de los militantes! ¡Alto a los juicios a militantes! ¡Fin a la toma de rehenes judiciales de los que luchan! ¡Llamamos a las fuerzas del movimiento obrero a tomar partido y librar la batalla de la solidaridad y la defensa del derecho a la lucha social por el pan, la paz, la salud, la educación, la democracia!
Reclamamos la liberación de los presos políticos cubanos condenados por participar en las protestas contra el hambre que vienen sucediendo desde el 11 de julio de 2021.
Los efectos del bloqueo no nos pueden hacer perder de vista la propia política de ajuste y ataque a las condiciones de vida del pueblo que viene llevando el gobierno cubano al servicio de la restauración capitalista. A medida que la restauración capitalista avanza en Cuba, la burocracia dirigente del PCC aumenta la represión para poder aplicar sus sucesivos paquetes de recortes sociales.
En el marco de esta situación respaldamos la visita oficial a la embajada cubana en Argentina de los partidos del Frente de Izquierda de los Trabajadores- Unidad para exigir la liberación de los presos condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Llamamos también a reclamar la independencia de Puerto Rico y las pequeñas naciones insulares del Caribe aún colonizadas por diferentes potencias europeas.
¡Lancemos una campaña internacional comunista para la liberación de los presos políticos cubanos por participar en las protestas contra el hambre!
¡Viva la Revolución socialista mundial!
Con el inicio de la guerra a gran escala, se han intensificado todas las prácticas represivas. Las nuevas leyes represivas sobre difamación contra el ejército y desinformación militar prohíben esencialmente cualquier información que difiera de la proporcionada por el Ministerio de Defensa. Muchos medios de comunicación han cerrado, han sido bloqueados o sometidos a una autocensura aún mayor. En los dos últimos años, se han abierto miles de causas penales, decenas de miles de procedimientos administrativos y cientos de personas y organizaciones han sido incluidas en la lista de agentes extranjeros. La cantidad de datos cuya difusión está prohibida (incluida la música y los memes) y de recursos bloqueados es colosal.
Cabe señalar que se han producido intentos de incendiar oficinas de alistamiento militar o sabotear material ferroviario en varias partes del país, la mayoría de ellos por medios fraudulentos. El gobierno se ha servido de esto para llevar a cabo una nueva criminalización contra los luchadores de izquierda y del pueblo.
El preso de conciencia más famoso entre la izquierda es el sociólogo y profesor marxista Boris Kagarlitsky, designado “agente extranjero” y catalogado como “terrorista”. Kagarlitsky fue detenido por primera vez a finales de la era Brezhnev en la URSS por cargos relacionados con el samizdat y el grupo “Jóvenes Socialistas”. Creador de “RABKOR”.
El anarcocomunista Azat Miftakhov, estudiante de posgrado en una destacada universidad y matemático de talento reconocido internacionalmente, sufrió torturas tras su detención, se negó a autoinculparse y pasó muchos años detenido. Volvió a ser detenido por nuevos cargos relacionados con el terrorismo tras permanecer libre sólo 30 segundos.
El organizador sindical y marxista Anton Orlov está encarcelado por cargos civiles inventados, considerado un preso político. Darya Kozyreva se encuentra en prisión preventiva acusada de desacreditar al ejército; anteriormente fue expulsada de la universidad con multas administrativas por el mismo cargo. También ella es una presa política. Hay decenas y centenares de izquierdistas en todo el país, apoyados por familias y equipos de apoyo.
Otro conocido “agente extranjero” izquierdista es Andrey Rudoi, miembro destacado del equipo mediático izquierdista “VestnikBuri” (Stormbringer). El equipo de redacción intenta elaborar una lista lo más completa posible de todos los encarcelados cuyas opiniones izquierdistas constituyen la base de las acusaciones y recaba apoyos para los presos izquierdistas.
La represión en el movimiento sindical está tan extendida que el Ministerio de Justicia ha catalogado a la IndustriALL Global Union (OIT) como organización indeseable, cuya cooperación puede acarrear el encarcelamiento.
La represión en Rusia bajo Putin implica la violación de derechos y libertades políticas y civiles básicas, incluso formalmente garantizadas por la Constitución. Apoyamos los esfuerzos de la Izquierda Revolucionaria y del movimiento obrero y popular contra Putin y por la libertad sindical y política, sin transigir con Occidente ni con la OTAN, uno de los bandos de la guerra. ¡El enemigo principal está en nuestro propio país!
Repudiamos las políticas represivas del gobierno de Gabriel Boric contra el pueblo mapuche, las familias sin vivienda, los estudiantes y la comunidad migrante.
A más de dos años de asumido su mandato Boric demostró su carácter de enemigo del pueblo chileno en toda la línea avanzando en una profundización de las políticas represivas. El Wallmapu está militarizado al igual que en el gobierno de Piñera, las familias trabajadoras que viven en campamentos son desalojadas y criminalizadas por luchar por el derecho a la vivienda, secundarios que siguen reclamando por la educación pública, gratuita y de calidad apresados a diario y la prisión política es una herramienta largamente utilizada como lo demuestran las condenas a dirigentes mapuche como Héctor Llaitul.
Las fuerzas represivas fueron dotadas de más recursos fiscales y facultades legales para descargar su fuerza contra quienes levantan su voz. Ninguna de las demandas de la rebelión tuvieron respuesta, solo palos, gases y balas a las luchas populares.
La experiencia de frente popular encabezada por Gabriel Boric se tradujo no solo en una experiencia política de contención sino que viene a representar un intento de cierre represivo del ciclo político que abren las masas trabajadoras que protagonizaron la rebelión que se alza en octubre del 2019.
Reclamos la libertad de todos los presos por luchar, el fin de la criminalización de pobladores, el fin de los desalojos y la derogación de la ley antitomas y la ley Naim Retamal (de gatillo fácil), fuera los milicos del Wallmapu y nos pronunciamos por el acceso al derecho a la educación, la salud, la vivienda y salarios y pensiones suficientes para vivir.
El 7 de diciembre del 2022 se impuso un golpe de estado cívico militar pro yanqui contra el gobierno del profesor Pedro Castillo desconociendo la voluntad popular. Castillo no tomó ninguna medida antiimperialista, pero en un contexto de crisis y guerra comercial con China, el Imperio del Norte necesitaba un gobierno alineado y fuerte. El golpe estuvo dirigido por las mafias políticas ultraderechistas parlamentarias. Esto produjo una rebelión popular inédita de las provincias andinas (en menor medida amazónicas) por la defensa del voto popular y contra el golpe.
La rebelión fue inspiradora, pero las políticas colaboracionistas de la izquierda formal apoyando el golpe (solo 6 parlamentarios –de 46- votaron contra el golpe), las centrales sindicales tomándose fotos con la golpista Dina Boluarte, etc. Y toda la campaña de terruqueo del golpismo, aislaron la rebelión popular en Lima. De esta forma, la rebelión entró en un estado de reflujo.
Ha pasado mas de un año, y los crímenes por el asesinato de 49 manifestantes sigue sin resolverse. Castillo y decenas de activistas siguen presos acusados falsamente de sedición y terroristas respectivamente. Hay otro tanto de cientos de procesados judicialmente.
Por estas razones, planteamos la libertad de los presos políticos de la rebelión popular así como el sobreseimiento de los procesados judicialmente y llamamos al activismo a sumar fuerzas para las jornadas de lucha que se avecinan en un marco de profunda crisis del régimen político que solo puede ser resuelta a través de un gobierno de los trabajadores.
Nos oponemos a las tácticas de represión sindical de las empresas públicas y privadas chinas en Namibia y apoyamos la lucha de los mineros y trabajadores del uranio en las minas de Husab y Rossing, donde los dirigentes sindicales y los trabajadores han sido despedidos. Apoyamos y exigimos su reincorporación y la nacionalización de estas minas bajo control obrero junto con la contratación de mano de obra en Namibia, Sudáfrica y el resto de África.
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