El 8 de noviembre, a casi dos años de la asunción de Joe Biden como presidente, tendrán lugar en Estados Unidos las elecciones de medio término, por las que se renueva un tercio del Senado y la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes. También están en juego gobernaciones y cargos locales.
Las encuestas más recientes indican que la oposición republicana tiene muchas posibilidades de hacerse con la Cámara Baja, mientras que están más divididas sobre el futuro del Senado. Existe la perspectiva cierta de que Biden podría perder el control de ambas cámaras del Congreso.
A menos de una semana de los comicios, los sondeos colocan a la oposición, predominantemente trumpista, con ventaja en lo que hasta ahora fueron feudos demócratas. En Rhode Island, se observa un electorado volcado hacia los republicanos, luego de 30 años sin que estos conquisten un diputado. En Oregon, California y Nueva York, los demócratas aparecían con cómoda ventaja para las elecciones a la Cámara de Representantes y en camino a un empate para el Senado; hoy, estarían perdiendo este y al filo de la navaja en cuanto a la Cámara Baja.
Ya hay analistas afines al gobierno de Biden abriendo el paraguas. Sean McElwee, director ejecutivo de la consultora Data for Progress, dijo al New York Times que creyeron por un tiempo poder “desafiar la gravedad”, pero que hoy “la realidad se está imponiendo” y “el objetivo debería ser ahora limitar las pérdidas del partido para poder intentar recuperar la Cámara en 2024″ (Infobae, 27/10). Mientras que los republicanos requieren apenas cinco escaños para hacerse de la mayoría en la Cámara Baja, los estrategas demócratas temen que el partido pierda entre 20 y 30 representantes. Los ligados a Washington marcan “un error estratégico importante: los demócratas no fueron a pelearle a los republicanos los escaños en sus propios distritos”, permitiendo que estos, “dominados por el ala trumpista del partido, concentraran el dinero recaudado en las campañas que parecían perdidas en territorio rival” (ídem).
A ello se suma una ofensiva legal extraordinaria por parte de los trumpistas, que ya denuncian por adelantado un posible “robo de votos” en distritos claves. El equipo de abogados de Donald Trump ya está trabajando en una estrategia concreta contra un supuesto fraude en estados de Pensilvania (Filadelfia) y Georgia -donde hace dos años atrás el expresidente aseguró que le habían robado la elección, empujando a sus seguidores más radicalizados a asaltar el Congreso.
Inflación y recesión
Este retroceso demócrata que se pronostica para las elecciones traduce el creciente descontento que anida en la población con respecto al gobierno de Biden, cuya popularidad ha ido cayendo en picada. Estamos frente a la inflación más elevada de los últimos 40 años, que está haciendo estragos en los hogares estadounidenses. Tras insinuarse una leve atenuación, ha vuelto a acelerarse y amenaza con llegar a los dos dígitos.
El fracaso de Biden es rotundo. Los aumentos de la tasa de interés dispuestos por la Reserva Federal no han servido para frenar la carestía, pero sí para empujar una recesión. En los primeros dos trimestres del año, los números de la actividad económica han sido negativos; apenas en el tercer trimestre se ha logrado un leve repunte, que no revierte el desinfle general de la economía. De modo tal que se ha ingresado a un escenario explosivo de estancamiento con inflación (stagflation). A la pulverización de los ingresos de los asalariados se le une un panorama de cierres y despidos. El aumento de la tasa de interés encarece el financiamiento a través de las tarjetas de crédito, al cual vienen apelando franjas importantes de los hogares estadounidenses, y los créditos hipotecarios, lo que está trayendo aparejados juicios y desalojos de las viviendas a medida que aumenta la morosidad y el incumplimiento en el pago de las cuotas. Ello sin mencionar que la suba de la tasa pone en jaque a las empresas altamente endeudadas y que sobreviven gracias al crédito barato.
La Casa Blanca asiste impotente -cual el gobierno de Alberto Fernández en Argentina- a la remarcación de precios de las grandes corporaciones, que están haciendo pingües ganancias. Es el caso de las petroleras, ante las que los pedidos gubernamentales de reducción de precios han caído en saco roto.
El presidente de EE.UU. acusa a esas compañías de “sacar provecho de la guerra”, en relación con los beneficios récord que han obtenido por la suba del petróleo resultante del conflicto bélico en Ucrania. “Según datos recopilados por fuentes de la Casa Blanca, solo en los dos últimos trimestres ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips y TotalEnergy obtuvieron más de 100.000 millones de dólares de beneficios, más de lo que ganaron en todo el año pasado. Además, los márgenes de refinación también han aumentado”, lo que “lleva a aquellas fuentes a afirmar que ‘las petroleras están cobrando de más a las familias estadounidenses en el surtidor’ (…) El presidente ha estado proclamando repetidamente que las petroleras no deben destinar sus beneficios récord a más dividendos y recompras de acciones, sino a invertir en más exploración y producción de crudo y en capacidad de refinación. Además, les ha urgido una y otra vez a trasladar a los consumidores con rapidez cada rebaja en el precio del petróleo” (El País, 31/10). Recién ahora, cuando apenas falta una semana para las elecciones, Biden amenaza con un impuesto a los beneficios corporativos si no bajan el precio de la gasolina -algo que muy probablemente quede en la nada, sobre todo si, como se vaticina, pierde el control del Congreso.
El choque con las petroleras pone de relieve que estamos en presencia de una marcada “huelga de inversiones”, que se constata de un modo general en toda la economía mundial. La retracción de la inversión energética, que ya se venía registrando en la última década, ha provocado un achicamiento de la oferta, que está en la base de la actual disparada de los precios. Este proceso es anterior a la guerra y ha sido potenciado por esta.
La guerra
La elección, como no podía ser de otra forma, se ve atravesada por la guerra.
La gestión demócrata se ha revelado más guerrista que su antecesora. La guerra de Ucrania tiene a Biden como uno de sus principales artífices e instigadores. La Casa Blanca está empeñada en prolongar la guerra, aunque esto implique un baño de sangre y el riesgo de una conflagración mundial. Biden se aferra a la guerra en la búsqueda de un éxito internacional que le permita contrarrestar su pérdida de capital político en el frente interno. Pero la guerra no deja a nadie indemne y ha terminado convirtiéndose en un búmeran para EE.UU. y otras grandes metrópolis capitalistas, que también acusan el golpe de la catástrofe energética y alimentaria. Es necesario tener presente que los desembolsos a favor de Ucrania ascienden en la actualidad a 66.0000 millones de dólares.
Los republicanos, en primer lugar el propio Trump, no se han privado de explotar demagógicamente esta circunstancia, haciendo gala de pacifismo. Joseph McCarthy, actual líder del bloque republicano por la minoría en la Cámara de Representantes y candidato a reemplazar a la demócrata Nancy Pelosi en la presidencia del órgano parlamentario, ha anticipado que una de sus primeras medidas de resultar victorioso sería recortar la ayuda a Ucrania. La prédica republicana es que hay que darle prioridad a las necesidades populares y demandas del pueblo norteamericano. Ya en su momento, la asistencia de los primeros 40.000 millones de dólares no fue aprobada por 11 senadores y 57 representantes republicanos. A medida que las cifras de asistencia militar se han ido elevando, la resistencia y el rechazo se han ido extendiendo a la opinión pública.
Esta demagogia tiene margen para prosperar pues el contraste entre los recursos destinados a rescatar al capital y aquellos a dar satisfacción de las necesidades populares es abismal. Los paquetes de ayuda a los más necesitados durante la pandemia han sido insignificantes en relación con los recursos volcados a favor de las corporaciones, bancos y fondos de inversión. Frente a la inflación desenfrenada actual, el gobierno demócrata se ha limitado a medidas muy timadas, como permitir que Medicare negocie algunos precios de medicamentos y un límite en el pago de insulina para los ancianos.
Más de conjunto, Trump ha señalado que buscaría entablar una negociación y procurar arribar a un acuerdo de las partes involucradas en la contienda. Habrá que ver hasta qué punto el trumpismo está dispuesto a desescalar el conflicto, en el que hay en juego muchos intereses estratégicos. Pero entre tanto agita este tipo de propuestas, que dejan al descubierto el belicismo de los demócratas y le permiten aparecer como opositor a la guerra.
Lo que está a la vista es que en sus dos años de mandato Biden no solo ha mantenido las sanciones y la guerra comercial dispuestos por Trump -en primer lugar contra China-, sino que las ha profundizado. Por otra parte, las tensiones con sus socios occidentales siguen en pie, aunque hoy se vean disimuladas por la revitalización de la OTAN en el marco de la guerra de Ucrania. La pretensión del imperialismo norteamericano es avanzar en su penetración y sometimiento económico y militar de Europa y colocarla bajo su tutela, sacando provecho de que el viejo continente se ha visto empujado a cortar su dependencia energética con Rusia.
Inmigración
El gobierno demócrata tampoco ha variado la política implementada por los republicanos en los que se refiere a los migrantes. La Casa Blanca se propone restringir los cruces fronterizos, así como prevenir que los solicitantes de asilo puedan llegar a suelo estadounidense, donde entra a regir la Constitución de EE.UU. A inicios de octubre, los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentaron que el gobierno de Biden había expulsado, en el año fiscal 2021, a 2,8 millones de inmigrantes del país -más que en cualquier otro año en la historia del EE.UU. Los datos revelaron que más de un millón de ellos fue expulsado en virtud del “Título 42”, la disposición antidemocrática que permite al gobierno prohibir la inmigración debido a una emergencia de “salud pública”.
La administración demócrata acaba de romper las tratativas que se venían registrando con los representantes legales de los inmigrantes, respaldando la anulación de Trump del Estatus de Protección Temporal y amenazando con deportar a cientos de miles de personas. No olvidemos que Biden mantuvo el acuerdo rubricado por su antecesor con el gobierno del mexicano de López Obrador, que ha convertido al país azteca en una suerte de estado tapón que bloquea la llegada de los migrantes a las fronteras con EE.UU.
El giro retrógrado en la materia expresa la adaptación de los demócratas a las presiones de la derecha trumpista y republicana, que va más allá de su relato tradicional contra los inmigrantes. Los gobernadores republicanos de Texas y Florida (Greg Abbott y Ron DeSantis, respectivamente) han pasado los últimos meses enviando a más de 11.000 inmigrantes por bus y avión a grandes ciudades gobernadas por demócratas, en una serie de ardides publicitarios para presentar a los trabajadores inmigrantes como criminales.
Escalada ultraderechista
La escalada ultraderechista está creciendo en vísperas de las elecciones. Pocos días atrás, ha tenido lugar un atentado violento contra Paul Pelosi, el esposo de Nancy Pelosi. Todavía no está claro quiénes serían los autores intelectuales del atentado, ni si había un vínculo del autor material Trump o con algunos de sus acólitos. Pero lo que no ofrece dudas es el significado político de ese intento de homicidio, que se inscribe en el marco de la violencia fascista que está escalando en Estados Unidos, azuzada por el anterior presidente y el Partido Republicano.
Tras el complot fallido para secuestrar y asesinar en 2020 a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el posterior ataque del 6 de enero en el Capitolio, este atentado potencialmente letal contra los Pelosi es el preludio de más violencia durante y después de la jornada electoral este año (SWS, 1/11)
Pero si el Partido Republicano es el instigador político de este tipo de movidas, el Partido Demócrata es el que permite que se lleven a cabo. Sus dirigentes han buscado minimizar la amenaza de la violencia fascista, mientras que la investigación sobre el atentado al Capitolio se ha circunscripto a imputar a una serie de manifestantes que estuvieron presentes en los incidentes. Los responsables políticos e intelectuales han quedado impunes, e incluso parte de ellos figuran como candidatos en las presentes elecciones.
Ya se han registrado miles de amenazas de muerte contra candidatos, oficiales públicos y funcionarios electorales, la gran mayoría procedentes de la derecha fascista. Desde la elección de Trump en 2016, el número de amenazas de muerte solo contra miembros del Congreso ha aumentado diez veces (ídem).
El trumpismo y los grupos fascistizantes que lo apoyan se han ido envalentonando en forma proporcional a la pusilamidad, la política de encubrimiento y el manto de impunidad que le otorgan Biden y los demócratas. El autor del ataque a los Pelosi, David DePape, es un ferviente partidario de Trump y promotor de la campaña “Detengan el robo”, que plantea que al exmandatario le usurparon su triunfo.
El gobierno de Biden ha hecho lo imposible en estos dos años por no agitar las aguas e impedir que los movimientos sociales o reivindicativos ganaran las calles. Existe un temor fundado en los círculos de poder norteamericano de que se pueda recrear la ola de protestas que estremeció en años recientes a la vida política norteamericana y sus instituciones y partidos. La movilización desatada en respuesta al asesinato de George Floyd se transformó, aunque con un programa difuso y en forma confusa, en un cuestionamiento más general al régimen político. Estas circunstancias jugaron un papel determinante para precipitar la derrota de Trump y lo juegan hoy condicionando al gobierno de Biden. El fantasma de la rebelión popular está latente en cada paso de los demócratas.
Derecho al aborto
Un caso muy ejemplificador de las tendencias en curso ha sido la revocación del derecho al aborto por parte del Tribunal Supremo (el equivalente a la Corte Suprema de Argentina), al dejar sin efecto la sentencia Roe contra Wade de 1973. La decisión del máximo tribunal, que tiene una mayoría conservadora (tres de sus actuales miembros fueron nombrados bajo el mandato de Trump) tiene cola, porque tras este fallo se preparan otros oscurantistas y clericales contra el matrimonio igualitario y en favor de la enseñanza religiosa en los establecimientos educativos del Estado.
La reacción contra esta sentencia, sin embargo, fue muy reducida, si tenemos en cuenta la amplitud que ha adquirido el movimiento de la mujer en EEU.UU., como es el caso del Me Too y otras manifestaciones populares. El relativo quietismo no obedece ni mucho menos a una complacencia con el fallo (basta señalar que incluso en distritos conservadores con mayoría republicana, como Kansas, el derecho al aborto ha triunfado en el referéndum que tuvo lugar recientemente). En la ausencia de una respuesta más general ha tenido mucho que ver la política de apaciguamiento de la Casa Blanca. Recién ahora el gobierno promete enviar una ley; un movimiento que tiene mucho de maniobra, por parte de un partido que no lo hizo cuando tenía mayoría parlamentaria y se acuerda del tema cuando está con altas probabilidades de perderla.
El derecho al aborto se ha transformado en eje del discurso demócrata. Ante el creciente descontento con la inflación y el riesgo de una recesión que socavan las chances de éxito electoral, Biden se aferra como tabla salvadora a la indignación causada por la decisión del Tribunal Supremo, con miras a captar votos de franjas de la población, que se extienden incluso más allá del campo progresista.
La cuestión del derecho al aborto se está instalando en forma creciente en la recta final de los comicios, con más razón cuando la elección va a ir acompañada de referendos al respecto en diversos estados como Michigan, California, Kentucky, Montana y Vermont.
Por lo pronto, un funcionario señaló que “‘hubo un aumento en el número de mujeres que se registraron para votar en varios estados disputados y creemos ‘que es extremadamente importante llevar a estos votantes recién movilizados a las cabinas de votación en noviembre’. El tema del aborto está desempeñando ‘un papel clave’ en al menos media docena de elecciones competitivas al Senado, aseguran los oficialistas” (Infobae, ídem). Habrá que ver, de todos modos, si este viraje tardío de los demócratas es suficiente para remontar la declinación política que pesa sobre el gobierno.
Conflictividad laboral
Una medida del potencial de la rebelión popular que condiciona la vida política y social del país la da la creciente conflictividad laboral. En el primer semestre, fueron a la huelga 78.000 trabajadores, cuadruplicando las cifras de 2021. Esto se combina con un ascenso de la sindicalización en grandes cadenas como Amazon o Starbucks, un fenómeno que nace en especial por impulso de la nueva generación, llamada Generación U (por “Union”, sindicato). Es un principio de radicalización en la base de los trabajadores, desafiante de las patronales y de la burocracia que dirige las organizaciones gremiales estadounidenses.
El gobierno de Biden ha coqueteado e incluso alentado este proceso de sindicalización. En los círculos de poder, al menos en una parte de ellos, son conscientes del creciente malestar que anida entre los trabajadores, y entienden que es preferible adelantarse y encauzar los reclamos antes que se abran paso por medio de “huelgas salvajes” y explosiones “descontroladas”. De todos modos, el actual presidente ha sido muy cuidadoso en sus pasos, dejando trunca su promesa de una nueva legislación que remueva las enormes trabas y condicionamientos existentes para la sindicalización. La Casa Blanca ha privilegiado no entrar en un choque con las corporaciones y tampoco con la dirigencia sindical que políticamente se alinea con los demócratas.
La izquierda demócrata
Están claros los límites insalvables de la gestión demócrata. En muchos planos, este gobierno no ha roto con su antecesor, mientras que lo ha superado en otros estratégicos como el del belicismo. Se hace claro que el partido demócrata no puede ser la base ni un punto de apoyo para llevar adelante una transformación social o acumular fuerzas en esa dirección. Por el contrario, es uno de los pilares del sistema imperialista.
Esta evidencia no puede soslayarse a hora de trazar un balance en las filas de la izquierda estadounidense, algunos de cuyos exponentes principales están integrados al Partido Demócrata – empezando por los Demócratas Socialistas (DS). En estos dos años, el DS ha terminado tristemente subordinado a la cúpula del partido y votando en el Congreso leyes reaccionarias como la de los fondos destinados a la guerra de Ucrania.
La gota que colmó el vaso acaba de producirse en estos últimos días. Treinta de los 100 miembros del caucus progresista demócrata en la Cámara de Representantes enviaron una carta a la Casa Blanca, dada a conocer este lunes, en la que pedían un giro de la política hacia Ucrania, para propiciar más una solución negociada y favorecer el diálogo directo del gobierno estadounidense con Moscú. La misiva del ala más izquierdista del partido -en la que figura, entre otras, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez- reclamaba a Biden que acometiera “esfuerzos diplomáticos vigorosos” para un “acuerdo negociado y alto el fuego” en Ucrania, al considerar que el fin “rápido” de la guerra debía ser la gran prioridad para Washington. El pedido se apoyaba en “los altos precios del combustible y de los alimentos” en Estados Unidos y el aumento, como resultado del conflicto, de la pobreza y el hambre en todo el mundo. Y sugería proponer “incentivos para poner fin a las hostilidades, incluido algún tipo de alivio a las sanciones” impuestas a Rusia desde que ese país lanzó su invasión a Ucrania en febrero. (El País, 27/10).
El documento, suscrito por congresistas, recibió de inmediato críticas de su propio partido, incluidas las de miembros del propio caucus progresista. En Twitter, el legislador de Arizona Rubén Gallego -que no figura entre los firmantes- escribía: “¿El modo de poner fin a una guerra? Ganarla rápido. ¿Cómo se gana rápido? Dándole a Ucrania las armas para derrotar a Rusia” (SWS, 27/10). Finalmente, la carta se retiró horas después de enviada, ante la presión que vino desde arriba.
Lejos de constituirse en un canal para la creación de una alternativa superadora a la dirigencia demócrata, esta izquierda ha acentuado su dependencia con aquella y se ha convertido en un factor de freno y desmovilización de la juventud y del activismo sindical combativo que se ha integrado a sus filas.
Importa destacar que Trump no tiene la vaca atada y habrá que ver si el combustible le alcanza para lograr ser ungido como candidato. La ultraderecha, de todos modos, es la fuerza dominante del Partido Republicano: si no es él será otro de esta ala, como el actual gobernador de Florida.
Pero mientras el trumpismo y los republicanos no se quedan en el molde y toman resueltamente la iniciativa, ocurre exactamente lo contrario con la izquierda demócrata, que no saca los pies del plato.
Comentario final
La experiencia recorrida pone a la orden del día la defensa de la independencia política de los trabajadores. Es necesario romper con las ataduras con el Partido Demócrata y avanzar en la construcción de una fuerza política revolucionaria que tome en sus manos la batalla estratégica por una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales, lo que solo puede ir de la mano de un gobierno de trabajadores.
El desafío de la izquierda y las tendencias combativas de EE.UU. es ponerse a la cabeza de esta tarea, que cobra más urgencia en momentos de agotamiento de la actual organización social y de descomposición de su régimen político, instituciones y partidos. A las penurias potenciadas por la crisis energética y alimentaria se une la calamidad y los horrores de la guerra. La tendencia dominante es descargar el peso de esta hipoteca sobre los hombros de la población. Con más razón cuando todo indica que vamos a una profundización del escenario de la guerra y a una fase más agravada de la crisis capitalista.
El desenlace de las elecciones muy probablemente refuerce esta tendencia. Si se confirman los pronósticos y el gobierno de Biden pierde el control del Congreso, estará más a merced de las presiones ultraderechistas, y se valdrá de la “correlación de fuerzas” desfavorable como excusa para no avanzar en ningún reclamo social.
El seguidismo al partido demócrata es un callejón sin salida y solo augura derrota y frustraciones. Es necesario abrir una nueva perspectiva política de y para los trabajadores norteamericanos.
